Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2023-00076-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de octubre de 2023
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01
Accionantes: Claudia Isabel Lasprilla Toro
Accionados: Presidencia de la República y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00076-01
Accionante: CLAUDIA ISABEL LASPRILLA TORO
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Cumplimiento del parágrafo 1.° del artículo 52 de la Ley 489
de 1998 – Subrogación de obligaciones contractuales de la
E.S.E. Francisco de Paula Santander – Inexistencia de cosa
juzgada – legitimación en la causa por pasiva
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el
Departamento Administrativo de la Función Pública contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 4 de mayo de 2023, que
accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el cumplimiento del parágrafo
1.°1 del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. Mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2023, la señora Claudia
Isabel Lasprilla Toro ejerció la acción de cumplimiento contra el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del
1 «PARÁGRAFO 1.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas,
la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen
aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de
los servidores públicos».
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Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo
de la Función Pública, con el fin de obtener el acatamiento del parágrafo 1.° del
artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
2. Del escrito de la demanda se deriva que lo pretendido es que se le ordene
a las accionadas que en cumplimiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley
489 de 19982, se establezca qué entidad subrogaría las obligaciones
contractuales de la E.S.E. Francisco de Paula Santander liquidada.
1.2. Hechos probados y/o admitidos
3. Mediante el Decreto 810 de 2008 el Gobierno nacional ordenó la supresión
y liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula Santander, pero «no dispuso que
entidad subrogaría en sus obligaciones contractuales de la entidad liquidada,
toda vez, que el Patrimonio Autónomo de Remanente de la ESE Francisco de
Paula de Santander ni la Fidupopular S.A., en su condición de vocera y
administradora del citado fideicomiso, no son continuadores del proceso
liquidatario de la citada entidad liquidada, ni subrogatorios a ningún título de la
extinta entidad».
4. Según la ciudadana, el Gobierno nacional lo hizo cuando expidió el
Decreto 415 de 2022, que reguló lo relacionado con la subrogación de
obligaciones en materia de condena de sentencias contractuales y
extracontractuales, el cual se emitió en cumplimiento del fallo del 29 de abril de
2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, expediente n.º 54001-23-33-
000-2020-00616-01. En concreto, la demandante puntualizó:
Que en una situación similar el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, confirmada a través de
sentencia de 29 de abril de 2021, proferida por la Sala Contencioso
Administrativa- Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de la acción de
cumplimiento No. 54001-23-33-000-2020-00616-01 estableció que el Gobierno
Nacional deberá dar cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 52 de la Ley 489 de
1998, en el sentido de disponer sobre la subrogación de las obligaciones de la
extinta ESE Francisco de Paula Santander, en materia de condena de sentencias
contractuales y extracontractuales, al considerar que dicha materia no fue
reglamentada dentro del decreto que ordenó la liquidación de la mencionada
empresa social del estado y por ello el Gobierno Nacional profirio al Decreto 415
del 24 de marzo de 2022 pero se guardó silencio sobre las obligaciones
netamente contractuales las cuales tambien deben ser subrogadas conforme el
Parágrafo 1º del Articulo 52 de la ley 489 de 1998 (el texto transcrito corresponde
al original de la demanda, por lo que puede tener errores).
2 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.»
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5. El 15 de febrero de 2023, la señora Lasprilla Toro le envió a las accionadas
un requerimiento para que cumplieran lo dispuesto en el parágrafo 1.º del artículo
52 de la Ley 489 de 1998 en relación con las obligaciones de carácter contractual.
6. Con Oficio n.º 202311700422001 de 2 de marzo de 2023, el Ministerio de
Salud y Protección Social le contestó que aquella obligación se cumplió con el
Decreto 415 de 2022. En igual sentido respondió la cartera de justicia y del
derecho con el Oficio n.º MJDOF123-0007122GDJ10400 de 1.º de marzo de
2023.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
7. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto del 28 de
marzo de 2023, admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante, a las
demandadas3 y al agente del Ministerio Público. Además, vinculó como tercera
con interés a la Fiduciaria Popular S.A. – Patrimonio Autónomo de Remanentes
de la E.S.E. Francisco de Paula Santander.
1.3.1. Contestaciones de la demanda
8. En la siguiente tabla se incorpora la síntesis de las respuestas recibidas.
Entidad Síntesis de la respuesta
Presidencia de la Se opuso a las pretensiones. En primer lugar, explicó que la entidad no
República es competente para atender los requerimientos de la actora, tampoco es
la destinataria de las normas presuntamente desacatadas. En ese orden,
advirtió que carece de legitimación en la causa por pasiva porque la
Presidencia de la República es un departamento administrativo diferente
del presidente de la república. Además, conforme a los artículos 115 de
la Constitución y 159 del CPACA, la representación de los actos que
expide el Gobierno nacional está en cabeza del ministro o director
correspondiente y no del primer mandatario.
En segundo lugar, señaló que existe cosa juzgada y, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción, porque se expidió el Decreto 415
de 2022, que reguló la subrogación de obligaciones en materia de
condena de sentencias contractuales y extracontractuales, a partir de la
orden del fallo del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, exp. 2020-00616-01.
Ministerio de Afirmó que existe cosa juzgada porque mediante sentencia del 29 de abril
Hacienda y de 2021, exp. 2020-00616-01, el Consejo de Estado se pronunció sobre
Crédito Público las mismas pretensiones.
3 En el auto del 28 de marzo de 2023 se indicó que el extremo demandado estaba conformado
por «PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO –
MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCIÓN SOCIAL – MINISTERIO DEL INTERIOR –
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA».
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Ministerio de Se opuso a lo pedido en la demanda porque aquello fue satisfecho con el
Salud y Decreto 415 de 2022, a través del cual se dio cumplimiento a la sentencia
Protección Social del 29 de abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp.
2020-00616-01.
Ministerios del En primer lugar, señaló que en el presente caso existe cosa juzgada
Interior y de porque lo pedido ya fue objeto de pronunciamiento en el fallo del 29 de
Justicia y del abril de 2021 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-
Derecho 00616-01, en virtud del cual se expidió el Decreto 415 de 2022.
En segundo lugar, solicitaron la desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, en tanto que esas carteras no tienen competencia
para adoptar lo pedido en la demanda.
Departamento En primer lugar, afirmó que no existe el incumplimiento denunciado en la
Administrativo de demanda porque las obligaciones y el pago de las providencias judiciales
la Función Pública contractuales y extracontractuales está a cargo del Ministerio de Salud y
Protección Social, autoridad que, en virtud de la orden judicial del 29 de
abril de 2021, exp. 2020-00616- 01 del Consejo de Estado, se expidió el
Decreto 415 de 2022.
En segundo lugar, formuló la excepción de inepta demanda por
incumplimiento de los requisitos formales, dado que no se formuló
ninguna pretensión.
Finalmente, solicitó que se declaren probadas las excepciones de cosa
juzgada y de falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo similares
argumentos a los que expusieron las entidades demandadas.
Fiduciaria Popular Se opuso a las pretensiones de la demanda porque no se ha incumplido
S.A. – Patrimonio el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en tanto que se
Autónomo de expidió el Decreto 415 de 2022.
Remanentes de la
E.S.E. Francisco En esa medida, propuso la excepción de cosa juzgada porque la misma
de Paula cuestión fue estudiada en la sentencia del 29 de abril de 2021 de la
Santander Sección Quinta del Consejo de Estado, exp. 2020-00616-01. Finalmente,
adujo que existe carencia actual de objeto por hecho superado porque lo
pedido está incorporado en el Decreto aludido.
1.3.2. Fallo de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante fallo del 4 de
mayo de 2023, i) declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva y de cosa juzgada, ii) consideró que las accionadas no
habían cumplido el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y iii) les
ordenó a las autoridades que, en el plazo de dos meses, contados a partir de la
ejecutoria de ese proveído, dispongan la subrogación de obligaciones de la
extinta E.S.E. Francisco de Paula Santander «en materia de obligaciones
contractuales».
1.3.3. Impugnaciones
10. El Ministerio del Interior, con memorial enviado el jueves 11 de mayo de
2023 a las 4:50 p. m., reiteró que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada y
que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que en las funciones
de esa cartera no se encuentra «la obligación de establecer o determinar cuál o
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cuáles deben ser la entidad(es) que subroguen a las entidades prestadoras de
salud cuya liquidación ha sido ordenada en sus obligaciones contractuales».
11. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de escrito radicado el
viernes 12 de mayo de 2023 a las 4:35 p. m., solicitó que se le reconociera
personería a su apoderado por cuanto en el numeral «TERCERO» de la decisión
controvertida no se hizo mención a ello, a pesar de que presentó el poder y los
anexos correspondientes.
12. En cuanto a sus argumentos de inconformidad, insistió en que se cumple
con los presupuestos para declarar la cosa juzgada y que «le corresponde
establecer, proponer, adoptar, ejecutar, y evaluar la política pública del sector
administrativo de justicia y del derecho y no del sector administrativo de salud y
protección social».
13. El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorial remitido
el martes 16 de mayo de 2023 a las 3:15 p. m., reitero que se expidió el Decreto
415 de 2022, según el cual es competencia de esa cartera «asumir el pago de
las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas de las
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada Empresa
Social del Estado Francisco de Paula Santander».
14. De otra parte, explicó que el régimen aplicable a la liquidación de la E.S.E.
Francisco de Paula Santander es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
en virtud del cual, todos aquellos que consideren que tienen una acreencia,
debían presentar la reclamación y le correspondía al liquidador calificar y graduar
la deuda. En este punto, explicó que las obligaciones contractuales,
generalmente son quirografarias, dependiendo de la prelación de créditos
establecida, y su pago depende de la disponibilidad de recursos.
15. Agregó que todas las obligaciones de la E.S.E. Francisco de Paula
Santander debieron reclamarse en el proceso liquidatorio y «las únicas
obligaciones que a hoy no hacen parte del proceso liquidatorio son las sentencias
contractuales o extracontractuales», pues ya se «graduaron y calificaron las
acreencias u obligaciones».
16. Para finalizar, insistió en que «hoy únicamente pueden ser exigibles a
través de un proceso judicial, que termina con una sentencia judicial de origen
contractual y extracontractual», lo cual fue resuelto con el Decreto 415 de 2022,
por lo que concluyó que el Gobierno nacional «cumplió con su obligación y en el
presente caso, es claro que existe cosa juzgada».
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17. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
con escrito enviado el martes 16 de mayo de 2023 a las 4:40 p. m., cuestionó que
se considerara que se le constituyó en renuencia, por lo siguiente:
En efecto, la accionante, seguramente en un acto de confusión, demandó a la
Presidencia de la República, cuyo director la representa, de manera que no se
cumplió con el requisito de procedibilidad de constitución en renuencia frente al
director de la entidad, que, repito, fue a quien se demandó y frente a quien se
admitió la demanda, entonces, en los términos del artículo 8º de la Ley 393 de
1997 y, aunque se hubiera elevado petición al director de la entidad, en todo caso,
la demanda es improcedente en su contra, porque el director de la Presidencia
de la República no es la autoridad competente para atender el requerimiento de
la accionante.
18. Por otra parte, aseguró que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no se pronunció sobre la excepción de falta de legitimación en la causa
que propuso respecto del director de ese departamento administrativo, con
fundamento en el artículo 115 de la Constitución, por lo que insistió en ella.
19. Igualmente, aseguró que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada y
que, en cumplimiento de las decisiones de los jueces, se expidió el Decreto 415
del 24 de marzo de 2022.
20. El Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante
memorial remitido el 16 de mayo de 2023 a las 10:48 p. m., indicó que en el fallo
controvertido no se indicó que recursos procedían contra esa decisión, por lo que
se vulneró el derecho al «debido proceso administrativo».
21. En cuanto a la controversia de fondo, reiteró que se emitió el Decreto 415
de del 24 de marzo de 2022 y que no es de su competencia «tal iniciativa» por lo
que le resulta «imposible modificar lo modificado, aclarar lo aclarado, adicionar lo
adicionado, en nuevo Decreto, que modifique, aclare y/o sustituya» la referida
norma.
22. Además, estimó que se cumplía con los presupuestos para que se
declarara la cosa juzgada.
23. En consecuencia, solicitó expresamente4:
1. Pretensión principal:
Revocar en su integridad la sentencia apelada de fecha 04 de mayo de 2023,
dictada por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar,
declarar que el Gobierno Nacional no incurrió en el cumplimiento del parágrafo
1° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, al expedir el Decreto 810 de 2008, “Por
4 Se hace esta aclaración, comoquiera
que el memorial que se presentó tiene como asunto
«RECURSO DE APELACIÓN Y SOLICITUD DE ACLARACIÓN».
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el cual se suprime la Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander y
se ordena su liquidación”, en tanto existe plena claridad sobre la subrogación de
obligaciones en materia de condena de sentencias contractuales y
extracontractuales.
2. Pretensión subsidiaria:
En caso de que no se acceda a la revocatoria integral del fallo, se solicita a la H.
Corporación excluir al Departamento Administrativo de la Función Pública de las
cargas de reglamentación impuestas a las accionadas en el numeral 3° de la
parte resolutiva del fallo apelado, en tanto que si bien suscribió el Decreto 810 de
2008, por estar tangencialmente vinculado a un tema de “estructura” de una de
las entidades enlistadas en el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 (art. 13 Decreto
430 de 2016), lo cierto es que mi representada carece de competencia en torno
a los temas de subrogación, administración o pago de las obligaciones y
derechos de las entidades suprimidas o liquidadas del sector salud (arts. 6° y 121
Superiores), asunto que material y funcionalmente compete a otras autoridades
administrativas; declarando, por consecuencia, la falta de legitimación en la
causa por pasiva de mi representada, propuesta en la contestación o, en su
defecto, de manera oficiosa, la indebida integración por pasiva del contradictorio.
1.3.4. Actuaciones posteriores
24. La oficial mayor de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander,
el 17 de mayo de 2023, envío el expediente al despacho del magistrado
sustanciador del Tribunal y suscribió el siguiente informe:
25. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través de auto del 19
de mayo de 2023, sostuvo y dispuso:
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En sentencia del día 04 de mayo de 2023 se accedió a las pretensiones de la
demanda, en el caso bajo estudio, conforme a las consideraciones expuestas en
esa providencia. Decisión que [fue] notificada el día 09 de mayo de 2023 y contra
la cual se presentó recurso de impugnación, por parte del MINISTERIO DEL
INTERIOR, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el DEPARTAMENTO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, remitiéndose y pasándose al Despacho para proveer sobre su concesión
el día 17 de mayo de 2023.
Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 393 de 1997, por ser
procedentes los recursos interpuestos y haberse presentado estos dentro de la
oportunidad consagrada por el legislador para tal efecto, habrá de concederse los
mismos en efecto suspensivo, ante el Honorable Consejo de Estado, previo las
anotaciones secretariales de rigor.
1.4. Trámite de la acción de cumplimiento en segunda instancia
1.4.1. Sentencia de segunda instancia
26. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de
junio de 20235, confirmó el fallo dictado el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
27. En esta providencia únicamente se resolvió la impugnación que interpuso
el Ministerio de Salud y Protección Social.
1.4.2. Solicitud de adición
28. El 21 de junio de 2023, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República solicitó adición de la sentencia del 8 de junio de 2023, por cuanto
«se omitió darle trámite a la impugnación» que presentó.
1.4.3. Sentencia de segunda instancia complementaria
29. La Sala de Decisión, con sentencia complementaria del 6 de julio de 2023,
se pronunció sobre la petición del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y decidió:
PRIMERO: ADICIONAR el numeral 1° de la sentencia del 8 de junio de 2023
proferida por la Sección Quinta de esta corporación, en el sentido de que se
5 La sentencia fue notificada por correo electrónico el 13 de junio de 2023 y enviada a los buzones
web clauditalasprilla@hotmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co, notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co,
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co, notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co,
notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co y servicioalcliente@fidupopular.com.co.
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confirma en su integridad el fallo de 4 de mayo de 2023, proferido por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión (Negrita propia del texto).
1.4.4. Actuaciones secretariales relevantes
30. El 10 de julio de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
electrónicamente la sentencia de segunda instancia complementaria y la envió
únicamente a los buzones web clauditalasprilla@hotmail.com,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co y dsalinas@funcionpublica.gov.co.
31. La referida dependencia, a través del Oficio PAP 00624 del 18 de julio de
2023, envío el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander por
ser la entidad de origen.
32. La Secretaría General del Consejo de Estado, mediante Oficio No. PAP
00624 del 13 de septiembre de 2023, le indicó al secretario del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander:
Con toda consideración y de la manera más respetuosa me permito solicitar su
amable colaboración en el sentido de que se haga caso omiso de la devolución del
expediente de la referencia, que fue efectuada mediante oficio PAP 00624 de 18
de julio de 2023.
Lo anterior, en atención a que se advierte que la notificación de la providencia de
fecha 6 de julio de 2023, no fue realizada a todos los sujetos procesales.
33. El 13 de septiembre de 2023, se notificó electrónicamente la sentencia de
segunda instancia complementaria y fue enviada a los buzones web
notificacionesjudiciales@funcionpublica.gov.co,
notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co,
notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co,
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co y
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co.
1.4.5. Incidente de nulidad
34. El 14 de septiembre de 2023, el Ministerio de Justicia y del Derecho
propuso incidente de nulidad y aseguró que:
6. Por parte del Honorable Consejo de Estado, solamente hasta el día 13 de
septiembre de 2023 a las 3:54 p.m. se tuvo conocimiento de la segunda instancia
notificando la providencia del 6 de julio de 2023 mediante la cual se complementó
la sentencia de esa instancia, de fecha 8 de junio de 2023, que no fue ni ha sido
notificada al Ministerio de Justicia y del Derecho.
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7. Revisado el buzón del correo electrónico institucional del Ministerio de Justicia y
del Derecho, a través de su administrador, se ha encontrado que evidentemente
desde el 16 de mayo de 2023 hasta el 12 de septiembre de 2023 no se recibió
notificación alguna de este proceso y, menos aún, proveniente del Honorable
Consejo de Estado referente a esta causa o a la accionante.
35. Igualmente, como razones que sustentan la nulidad expuso las siguientes:
Respetuosamente, se solicita a la Honorable Corporación se deje sin efecto y/o se
anule la sentencia del 8 de junio de 2023 y se declare la nulidad de la misma por
indebida o falta de notificación, y, por ende, de la sentencia complementaria del 6
de julio de 2023, al no haberse notificado tal a este Ministerio, tal como lo dispone
el artículo 22 de la ley 393 de 1997, puesto que es evidente la vulneración del
debido proceso y del derecho de defensa de esta cartera ministerial, en principio
por no haberse notificado de la sentencia de segunda instancia y, en segundo lugar,
porque una vez revisada la misma, se encuentra que no se estudió, y ni siquiera se
hizo mención, al recurso de apelación que este apoderado había interpuesto en
contra de la decisión del a quo, lo que ostensiblemente quebranta el ordenamiento
jurídico al no haberse revisado la impugnación (mecanismo defensivo en esa
instancia de la entidad) y al no haberse notificado la decisión de la segunda
instancia para poder impugnar en este mismo sentido; se solicita la declaratoria de
la nulidad, amparado en el artículo 133, 134 y 135 del Código General del Proceso,
estando legitimado en la causa por pasiva para ello por estar reconocido como
apoderado de la demandada Ministerio de Justicia y del Derecho en el presente
proceso y ser afectada con la falta de notificación de la sentencia que por este
medio se ataca, tal como fue señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia,
Sala Civil, Sentencia SC-8202020 (52001310300120150023401) del 12 de marzo
de 2020.
De otro lado, en caso de no prosperar la nulidad, respetuosamente solicito a su
señoría proceder de la manera más adecuada con el fin de subsanar el yerro
acaecido, aclarando, adicionando, modificando o complementando la sentencia,
pues es de suma importancia que el medio defensivo empleado por esta entidad,
para la defensa de la misma, sea estudiado y, por supuesto, sea esbozado el
argumento que el Honorable Consejo de Estado considere para, de esa manera,
conocer la decisión final y que los efectos de tal fallo se den en el momento
adecuado y correcto.
1.4.6. Intervención de la demandante
36. El 19 de septiembre de 2023, la señora Claudia Isabel Lasprilla al
«descorrer traslado de la solicitud» sostuvo que el artículo 133 de la Ley 1564 de
2012 no contempla como causal de nulidad la falta de notificación de la sentencia
y, además, ello se puede corregir practicando el acto procesal correspondiente.
37. Por otra parte, en cuanto a la omisión de pronunciamiento de la
impugnación que presentó el Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que, «si
el despacho lo considera procedente», adicione de manera oficiosa la sentencia.
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1.4.7. Auto que resolvió el incidente de nulidad
38. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto del 12 de octubre
de 2023, declaró la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 8 de junio
de 2023 y la del 6 de julio de 2023 que la complementó, al concluir:
47. De conformidad con las precisiones hechas, resulta claro que en el
trámite del vocativo de la referencia se configuró la causal de nulidad
establecida en el numeral 2 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012,
comoquiera que no se tramitaron las impugnaciones que presentaron el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
48. Ahora bien, como se trata de una causal insaneable, la Sala deberá
declarar la nulidad de la sentencia de segunda instancia del 8 de junio de
2023 y la del 6 de julio de 2023 que la complementó, pues fue allí en donde
se concretó el desconocimiento del principio de la doble instancia y se
vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Por lo anterior y
atendiendo al estado actual del proceso, no es posible realizar la adición
que la señora Claudia Isabel Lasprilla Toro planteó al «descorrer traslado
de la solicitud.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
39. Esta Sala es competente para resolver las impugnaciones interpuestas por
el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública contra la
sentencia proferida el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de la Ley
393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20116, y el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la
competencia de la Sección Quinta de la corporación para conocer de las
«apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten
por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
6 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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2.2. Cuestión previa
40. Esta judicatura observa que, una vez revisado íntegramente el link de la
aplicación SharePoint7, que compartió el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander con los documentos que componen el proceso en primera instancia,
se advierte que la impugnación que interpuso el Departamento Administrativo de
la Función Pública es extemporánea.
41. En efecto, el escrito de oposición no se radicó dentro del término
establecido en el artículo 26 de la Ley 393 de 1997 -3 días siguientes a la
notificación de la providencia-, comoquiera que la sentencia del 4 de mayo de
2023 fue notificada de manera electrónica el martes 9 de mayo de 2023 a las
9:19 a. m. y, por ello, los recurrentes tenían hasta el martes 16 de mayo de 2023
a las 5:00 p. m. para presentar la alzada. Sin embargo, el referido departamento
administrativo remitió el respectivo documento el martes 16 de mayo de 2023 a
las 10:48 p. m.
42. Ahora, si bien la autoridad judicial de primera instancia concedió la
impugnación, lo cierto es que al resultar extemporánea no es posible que la Sala
la analice y estudie de fondo.
43. En ese orden de ideas, no se tendrán en cuenta los argumentos que
expuso el Departamento Administrativo de la Función Pública en la alzada que
radicó.
2.3. Problemas jurídicos para resolver en la presente acción de
cumplimiento
44. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia proferida el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda. Para lo cual se
resolverán los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿La accionante cumplió con la constitución en renuencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y
del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997?
7 http://eybcsj-
my.sharepoint.com/:f/g/personal/stectadminnstecd_cendoj_ramajudicial_gov_co/EuDjrsHM4pFN
pSfP8PGWViwBonvykMh9e3Tj29jm81raNA
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45. De ser afirmativa la respuesta, deben resolverse los siguientes
interrogantes:
(ii) ¿Se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la sentencia
proferida el 29 de abril de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en el trámite del proceso con radicado 2020-00616-01?
(iii) ¿Hay lugar a ordenar a las autoridades accionadas el cumplimiento del
parágrafo 1° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
46. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se estudiarán los
siguientes temas: (i) la naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) la renuencia;
(ii) los requisitos de procedencia; y, de superarse lo anterior, (iv) el caso concreto.
2.4.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
47. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un
actoadministrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido».
48. En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «Toda
persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer
efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
49. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines
esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2.° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.
50. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
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51. Como lo señaló la Corte Constitucional «el objeto y finalidad de esta acción
es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos,
la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo»8 (Subrayado fuera del
texto).
52. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (art. 1.º)9.
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acciónu omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente
peligro de sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser
sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda
el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(art. 9.º).
8 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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53. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio de fondo del asunto se circunscribe a determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la autoridad pública
o del particular, en ejercicio de funciones públicas, y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, (artículos 5.° y 6.°).
En ese orden, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de las
pretensiones de este mecanismo.
2.4.2. Renuencia
54. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 de ese mismo cuerpo normativo, estableció
como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la
demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a las entidades
accionadas en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el
cumplimiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido por
aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará acreditada la renuencia de
la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de
cumplimiento.
55. Al respecto esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se
funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el
contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el
demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual
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versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos [10] (Negrita fuera de texto).
56. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la
demanda.
57. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»11, ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando
la petición «tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
58. Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse
como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea
emitida en tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»12.
59. Para satisfacer este requisito, el 15 de febrero de 2023 la parte actora
elevó una petición ante las accionadas con el objetivo de constituirlas en
renuencia frente al acatamiento del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de
1998.
60. Encontrándose dentro del término legal del artículo 8.º de la Ley 393 de
1997, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante el Oficio del 1.º de marzo
de 2023, contestó en forma negativa el requerimiento de la señora Lasprilla Toro.
Frente a las demás accionadas, el término venció sin que se hubiere recibido
respuesta, por lo que se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia.
10 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia
del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio
Torres Cuervo.
12 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre
de 2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección
Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-
01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016,
radicación n.º 15001-23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
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2.4.3. Requisitos de procedencia
61. En el presente caso, la demanda está dirigida a que se ordene a las
entidades accionadas cumplir el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de
1998, cuyo texto es el siguiente:
ARTICULO 52. DE LA SUPRESIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
ENTIDADES U ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES. El
Presidente de la República podrá suprimir o disponer la disolución y la
consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden
nacional previstos en el artículo 38 de la presente ley cuando:
(…)
PARÁGRAFO 1o. El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación,
dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o
entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas,
los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de
conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores
públicos.
62. La norma transcrita se encuentra vigente y surtiendo plenos efectos, ya
que contiene un mandato expreso y exigible. En este punto, es preciso reiterar
las consideraciones de esta corporación en la sentencia del 29 de abril de 2021,
en la que se concluyó:
Frente a la norma que se dice incumplida, la Sección Quinta del Consejo13 de
Estado9 ha indicado que todos los elementos antes descritos se encuentran
satisfechos, es decir, determinó que el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489
de 1998 sí contiene un mandato imperativo e inobjetable.
En efecto, la simple lectura de la norma que se dice incumplida, se desprende
que aquella impone al Gobierno Nacional la obligación de disponer sobre la
subrogación de las obligaciones y derechos de las entidades suprimidas,
disueltas y/o liquidadas. Sin embargo, lo anterior no significa que, de forma
automática, deba ordenarse el cumplimiento de la norma, pues previo a emitir
una orden en ese sentido es deber del juez determinar si aquella, en el caso
concreto, se encuentra insatisfecha o si es exigible para las autoridades
demandadas.
63. Además, la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial efectivo
para obtener el cumplimiento de la norma aludida. Tampoco se genera algún
gasto, puesto que lo pedido está relacionado con una obligación de hacer que se
concreta con la expedición de un acto administrativo.
13 Ob. Cit. «Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación Nº 76001-23-33-000- 2015-01089-01 CP. Rocío Araujo Oñate, Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, radicación Nº 25000-23-41-000-2016-
01613-01 CP. Alberto Yepes Barreiro, entre otras.»
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2.3.4. Caso concreto
64. Para resolver el asunto bajo examen, la Sala se pronunciará en primer
lugar, sobre la excepción de cosa juzgada que reiteraron las entidades
impugnantes y, finalmente, se procederá a establecer si existe un mandato
imperativo e inobjetable que no ha sido satisfecho por el Gobierno nacional ni con
el Decreto 810 de 2008 ni con el Decreto 415 de 2022.
65. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República aseguraron que existe cosa juzgada porque
mediante la sentencia del 29 de abril de 2021, la Sección Quinta del Consejo de
Estado se pronunció sobre lo pedido en esta demanda e, incluso, en
cumplimiento de la orden judicial se expidió el Decreto 415 de 2022 que reguló
la materia.
66. Frente a lo anterior, debe señalar la Sala que esta cuestión fue advertida
al juez de primera instancia que decidió resolverla en forma negativa y esta
Sección prohíja lo señalado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
67. Esto, porque en la sentencia del 29 de abril de 2021, proferida en el
proceso con radicado N.° 2020-00616-01, esta Sala se pronunció sobre una
demanda con identidad de parte accionada y de causa, sin embargo, perseguía
un objeto distinto.
68. Es decir, ambas acciones están dirigidas contra la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Función Pública y los Ministerios
del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del Derecho, y de Salud
y Protección Social. Esto porque tanto en la primera como en la segunda se
consideró que el Decreto 810 de 2008 que ordenó la liquidación de la E.S.E
Francisco de Paula Santander omitió aplicar el parágrafo 1.º del artículo 52 de la
Ley 489 de 1998.
69. Sin embargo, en el primer caso, se solicitaba el acatamiento de la norma
aludida en punto de la subrogación de obligaciones derivadas de sentencias
contractuales y extracontractuales, mientras que, en este asunto, se reclama el
cumplimiento de la norma legal en punto de la subrogación de las obligaciones
contractuales.
70. Para la Sala se trata de dos objetos sustancialmente distintos por razón de
su origen, pues la fuente de la primera obligación es una decisión judicial,
mientras que la segunda emana de «las obligaciones contractuales de la entidad
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liquidada». Esto es suficiente para concluir que no existe identidad de objeto, por
lo que mal podría declararse la existencia de cosa juzgada.
71. Por si lo anterior fuera poco, vale traer a colación la decisión del 29 de abril
de 2021 que confirmó la decisión de primera instancia del 16 de diciembre de
2020 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que dispuso lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por Ministerio de Salud y Protección Social y
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que la Presidencia de la República, los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social, Interior, Justicia y del
Derecho y los Departamentos Administrativos de la Función Pública y de la
Presidencia de la República han incumplido el mandato contenido en el artículo
52 parágrafo 1o de la Ley 489 de 1998.
TERCERO: ORDENAR al Gobierno Nacional conformado en esta oportunidad
por la Presidencia de la República y los Ministros de Hacienda y Crédito Público,
Salud y Protección Social, Interior, Justicia y del Derecho y los Departamentos
Administrativos de la Función Pública y de la Presidencia de la República, el
cumplimiento del parágrafo 1o del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el sentido
de que se disponga sobre la subrogación de las obligaciones de la extinta ESE
Francisco de Paula Santander, en materia de condena de sentencias
contractuales y extracontractuales, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, teniendo en cuenta la complejidad del tema.
72. Frente al fallo aludido en el ítem anterior, el entonces demandante «solicitó
aclarar que la obligación que se debe cumplir por parte del gobierno nacional no
es solo en relación con las obligaciones judiciales contractuales y
extracontractuales, si no todas las que tenía la ESE ya liquidada». Tal petición
fue negada, mediante providencia así:
De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que al confirmar la orden de primera
instancia se ordenó a las accionadas subrogar las obligaciones de acuerdo con
lo pretendido y las razones en que sustentó el incumplimiento el accionante, por
lo que la aclaración de la sentencia no es el escenario para reformar o modificar
la demanda de cumplimiento, por tanto la tesis que expone implica reabrir un
debate frente argumentos nuevos y no expuestos. En consecuencia, se negará
la solicitud de aclaración formulada por el señor Juan José Yáñes García.
73. En cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social
expidió el Decreto 415 del 24 de marzo de 2022, según el cual:
Artículo 1. De la competencia para la asunción del pago de las sentencias
derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia
del Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas de las obligaciones
contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada Empresa Social del
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Estado Francisco de Paula Santander. Para estos efectos, el valor de las
obligaciones a que hace referencia el presente artículo, será pagado con cargo a
los activos líquidos y no líquidos transferidos por el liquidador al momento de
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil No. 062 de 2009, por medio del cual se
constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes de la ESE Francisco de Paula
Santander hasta que se hayan descontado la totalidad de estos recursos, en
cumplimiento de las normas vigentes sobre liquidación de entidades públicas;
una vez se agoten estos recursos, la Nación, por intermedio del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público realizará la asignación presupuestal en el
Presupuesto General de la Nación, respecto a los rubros correspondientes al
Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la liquidada
Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander que esté determinada
o pueda determinarse.
74. Las transcripciones evidencian que la orden judicial, ya cumplida,
apuntaba a que se expidiera la reglamentación relacionada con la subrogación
de las obligaciones contractuales y extracontractuales derivadas de sentencias
debidamente ejecutoriadas, situación jurídica diferente de la que reclama la
señora Lasprilla Toro que persigue que se establezca la entidad qué subrogará
las obligaciones contractuales de la extinta E.S.E. Francisco de Paula Santander.
75. Por lo anterior, la Sala negará la solicitud de declaratoria del fenómeno de
cosa juzgada, en tanto que lo pretendido en esta acción de cumplimiento no fue
estudiado en la sentencia del 29 de abril de 2021 de esta corporación, ni tampoco
se subsume en el Decreto 415 de 2022.
76. En segundo lugar, el Ministerio de Salud y Protección Social argumentó
que el mandato del parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 se
encuentra cumplido porque la liquidación de la E.S.E. Francisco de Paula
Santander se encuentra enmarcada no solo en el Decreto 810 de 2008 sino en
las normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en virtud de las cuales,
los acreedores debieron presentar la respectiva reclamación ante la entidad en
liquidación para que su obligación fuese graduada y, posteriormente, cancelada.
77. En este punto, es preciso mencionar que lo discutido no es el trámite de
reclamación y obtención de pago de las acreencias de la extinta empresa social
del Estado, sino que se pretende que se señale la entidad que subrogará las
obligaciones contractuales.
78. De la revisión del Decreto 810 de 2008, «por el cual se suprime la Empresa
Social del Estado Francisco de Paula Santander y se ordena su liquidación», se
observa que el Gobierno nacional ordenó la supresión y liquidación del centro
asistencial por lo que en ese acto normativo se debió disponer sobre la
subrogación de derechos y obligaciones de tal entidad. Al efecto, se establecieron
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las funciones del liquidador, la prohibición de iniciar nuevas actividades, el deber
de realizar los inventarios, la venta de activos, el paso de las obligaciones
laborales y pensionales, así como a la subrogación de los contratos de salud;
pero nada se dijo acerca de la subrogación de las obligaciones contractuales, tal
y como exige el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
79. Además, como se explicó líneas atrás, tal obligación tampoco se satisfizo
con la sentencia del 29 de abril de 2021 ni con el Decreto 415 de 2022 por medio
del cual el Gobierno nacional dio cumplimiento a la orden judicial de esta Sección.
80. Lo anterior también se sustenta en el parágrafo del artículo 1.° del Decreto
415 de 2022, que dispuso:
Artículo 1. De la competencia para la asunción del pago de las sentencias
derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia
del Ministerio de Saludo y Protección Social asumir el pago de las sentencias
judiciales debidamente ejecutoriadas, derivadas de las obligaciones
contractuales y extracontractuales a cargo de la liquidada Empresa Social del
Estado Francisco de Paula Santander.
Para estos efectos, el valor de las obligaciones a que hace referencia el presente
artículo, será pagado con cargo a los activos líquidos y no líquidos transferidos
por el liquidador al momento de suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil No. 062
de 2009, por medio del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de
Remanentes de la ESE Francisco de Paula Santander hasta que se hayan
descontado la totalidad de estos recursos, en cumplimiento de las normas
vigentes sobre liquidación de entidades públicas; una vez se agooten estos
recursos, la Nación por intermedio del Ministerio de hacienda y Crédito Público
realizará la asignación presupuestal en el Presupuesto General de la Nación,
respecto a los rubros correspondientes al Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo. Esta asunción excluye cualquier otra obligación de la liquidada
Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander que esté
determinada o pueda determinarse. (Negrita y subrayado fuera del texto)
81. Así las cosas, la Sala encuentra que en el acto que suprimió y ordenó la
liquidación de la E.S.E Francisco de Paula Santander omitió hacer un
pronunciamiento expreso sobre la subrogación de las obligaciones contractuales,
pese a que el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 así lo exige.
82. Finalmente, en cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva reiteradas por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia
y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, la Sala reitera lo que sobre este punto precisó en la sentencia del 29
de abril de 2021, a saber:
Finalmente, en cuanto a las solicitudes de desvinculación propuesta por las
impugnantes, en que no tenían la capacidad para comparecer al presente
proceso. La Sala concuerda con la autoridad judicial de primera instancia y colige
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que no es posible acceder a la peticiones planteadas, porque las entidades de
acuerdo con el Decreto 810 de 2008 tienen indistintamente interés con el proceso
de liquidación de la ESE Francisco de Paula Santander bien sea porque
suscribieron el decreto que suprimió y ordenó la liquidación de la empresa en
comento y porque las previsiones a que se refiere la falta de determinación de la
subrogación corresponde a un asunto en el que intervienen aquellas, lo que ocurre
respecto de las carteras del Interior y de Justicia y el Derecho en virtud que el
referido artículo 21 al señalar en el proceso de inventario de las obligaciones
contractuales al aquel entonces Ministerio del Interior y de Justicia, razón por la
que en virtud del principio de colaboración armónica entre las autoridades y que
como se ha indicado el mandato que se concluyó inobservado compete al
Gobierno Nacional, deberán concurrir a subsanar la omisión que, a juicio del
demandante, se presentó en el Decreto 810 de 2008.
En este mismo sentido, frente a la petición del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República es importante recordar que, de conformidad con el
artículo 115 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional está conformado,
para cada negocio particular, por el Presidente de la República y el Ministro o
Director de Departamento correspondiente. Así pues, si la norma que se dice
incumplida sostiene que corresponde al gobierno y en especial al Presidente de
la República proceder a la supresión y liquidación de entidades y determinar lo
relativo a la subrogación de las obligaciones, no cabe duda que el DAPRE
representa en esta acción judicial al primer mandatario (artículo 159 del CPACA)
y, por ende, su desvinculación no es posible.
83. Tales consideraciones son aplicables al trámite del vocativo de la
referencia, toda vez que las autoridades accionadas también fueron demandadas
en esa oportunidad y se advirtió que habían omitido cumplir íntegramente lo
dispuesto en el parágrafo 1.° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
84. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada, pues los
argumentos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y del Derecho,
del Ministerio de Salud y Protección Social y del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República no son suficientes para revocar lo decidido por el
Tribunal Administrativo de Norte Santander, que determinó incumplido el
mandato contenido en el parágrafo 1.º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
2.4.4. Otras consideraciones
85. En la impugnación, el apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho
manifestó:
Antes de ahondar en la argumentación, en primer lugar, respetuosamente solicito
el reconocimiento de la personería jurídica al suscrito, dentro del presente asunto,
puesto que en la sentencia que se impugna, en la parte resolutiva numeral
“TERCERO” (que por demás quedó repetido y se entiende debería ser
“CUARTO”), al referirse a los reconocimientos de las personerías jurídicas de los
demandados, no se hizo mención al apoderado del Ministerio de Justicia y del
Derecho - el suscrito -, a pesar de haberse arrimado el poder con sus anexos
junto con el escrito que se nominó “Contestación Acción de Cumplimiento” y del
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que sí hizo mención el Honorable Tribunal en la providencia de marras en el punto
4.5 al referirse a la posición de las accionadas, por lo que, en mi opinión, quedó
reconocida tácitamente la personería jurídica del suscrito apoderado, pero en
aras a la transparencia procesal reitero me sea reconocida de manera expresa
personería jurídica para actuar.
86. En el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 4 de mayo
de 2023, se indicó lo siguiente:
TERCERO.- RECONOZCASE personería:
Al abogado FELIX EDUARDO BECERRA para actuar como apoderado de la
FIDUCIARIA POPULAR S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
DE LA E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, en los términos y para los
efectos del poder conferido y anexos.
Al abogado JUAN CARLOS PÉREZ FRANCO para actuar como apoderado del
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, en los términos y para los
efectos del poder conferido y anexos.
A la abogada KAREN LORENA GONAZALEZ DIAZ para actuar como apoderada
del MINISTERIO DEL INTERIOR, en los términos y para los efectos del poder
conferido y anexos.
Al abogado JUAN CARLOS PÉREZ FRANCO para actuar como apoderado del
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, en los términos y para los
efectos del poder conferido y anexos.
Al abogado VICTOR HUGO CALDERON JARAMILLO para actuar como
apoderado del DEPARTAMENTO ADMINISTRTAIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA, en los términos y para los efectos del poder conferido y anexos.
A la abogada MARTHA ALICIA CORSSY MARTINEZ para actuar como
apoderada del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, en los términos y para los efectos del poder conferido y anexos.
A la abogada JENNY MARITZA CAMPOS WILCHES para actuar como
apoderada del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en los
términos y para los efectos del poder conferido y anexos.
87. La Sala observa que, en efecto, no se le reconoció personería al
apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho y que, probablemente, ocurrió
un error de transcripción, pues al abogado Juan Carlos Pérez Franco se le
reconoció como representante judicial del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en dos oportunidades.
88. En ese sentido, en la parte considerativa de esta providencia, se le
reconocerá personería al abogado Jorge Alonso Bustos Robles, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.749.719 de Bogotá y tarjeta profesional N° 131.170,
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como representante judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho, conforme el
poder14 que se aportó con la contestación de la demanda.
2.4. Conclusión
89. Los argumentos expuestos en las impugnaciones interpuestas por
Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de
Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República no tienen la entidad suficiente para que se revoque la sentencia
proferida el 4 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
En mérito de lo expuesto, la Sala, en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 4 de
mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de
conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.3.4. de la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Jorge Alonso Bustos
Robles, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.749.719 de Bogotá y tarjeta
profesional N° 131.170, como representante judicial del Ministerio de Justicia y
del Derecho, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.4.4.
de la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
14 En el poder que se aportó, se indicó: « OSCAR MAURICIO CEBALLOS MARTÍNEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.094.890.577 de Armenia, en su condición de Director
de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con la Resolución
de nombramiento No. 1815 del 30 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión 0094 del 03 de
octubre de 2022, en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución 0679 del 05 de
septiembre de 2017, teniendo en cuenta que el asunto relacionado en la referencia, debe ser
adelantado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en razón a su naturaleza, objeto o sujeto
procesal según lo dispuesto en el artículo 8º. del Decreto 1427 de 2017, manifiesto conferir
PODER especial, amplio y suficiente al doctor JORGE ALONSO BUSTOS ROBLES, identificado
con cédula de ciudadanía No. 79.749.719 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional No. 131.170 del
C. S. de la J., para que defienda los intereses de la Nación dentro de la actuación relacionada»
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
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