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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00080-01

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00080-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2023-00080-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

1 de junio de 2023

Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00080-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., primero (1.°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00080-01
Demandante: NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
Demandados: JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Tema: Tutela para proteger el derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandada
contra el fallo proferido, el 20 de abril de 2023, por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander que resolvió:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor
NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA, identificado con la cédula No.
1127912973, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: ORDÉNESE a la Juez de Familia de Oralidad del Circuito
Judicial de Cúcuta, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a dar una
respuesta de fondo, de manera clara, precisa y congruente, a la petición
presentada por el señor NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA el día
nueve (09) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), mediante la cual
solicitó copia de las resoluciones de nombramientos realizadas en
provisionalidad, vigentes entre el 21 de junio de 2022 al 09 de marzo del
año en curso y copia de las funciones de cada cargo de esos
nombramientos en provisionalidad.

Adicionalmente a ello, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes al
recibo de la constancia de notificación, la autoridad accionada deberá

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
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enviar los soportes que den cuenta del cumplimiento a esta Corporación,
comprobando la notificación efectiva a la parte accionante. (…)1

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

El señor Nerio Alexander Bastidas Padilla, en nombre propio, interpuso un recurso
de insistencia2 ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander contra la
decisión de la juez Segunda de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
que, mediante oficio del 24 de marzo de 2023, negó la solicitud de expedición de
las resoluciones de nombramientos realizados en provisionalidad, vigentes entre el
21 de junio de 2022 y el 09 de marzo de 2023 proferidas por ese despacho, para
que se determinara si los mismos eran reservados o no.

En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con
auto del 10 de abril de 2023, precisó que en la respuesta dictada por la autoridad
judicial no se alegó que los documentos solicitados fueran reservados y que no se
cumplía con la radicación de la insistencia ante el mismo juzgado, requisitos
establecidos en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011.

En consecuencia, como no se encontraron configurados los presupuestos del
procedimiento del recurso de insistencia, el despacho sustanciador de primera
instancia modificó el trámite a una acción de tutela respecto del mismo derecho y
con base en los hechos expuestos.

2. Hechos

El señor Nerio Alexander Bastidas Padilla radicó el 9 de marzo de 2023, ante el
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta, una
petición con el fin de que se le remitieran las copias de las resoluciones de los
nombramientos realizados en provisionalidad vigentes entre el 21 de junio de 2022
y el 9 de marzo de 2023 en ese juzgado y las correspondientes funciones de cada
cargo.

En el escrito mencionado señaló que el 22 de junio de 2022 fue desvinculado del
cargo con ocasión de la lista de elegibles conformada por el Consejo Seccional de
la Judicatura y, que la nominadora le explicó que no había vacantes para ser
reubicado pese a que se encuentra en un estado de salud delicado.

Explicó que las copias solicitadas fueron pedidas con el objeto de probar la
omisión en la que incurrió el Estado a los tratados y convenios internacionales

1 Transcripción literal del texto original, puede contener errores.
2 El memorial fue presentado el 27 de marzo de 2023 mediante mensaje de datos enviado al buzón

de correo electrónico del Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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suscritos por este.

Mediante oficio 624 del 24 de marzo de 2023 la juez titular del Juzgado Segundo
de Familia de Oralidad de Cúcuta señaló que como el objeto de su petición era
probar un hecho que iba a alegar en un proceso judicial, esta prueba debía ser
decretada en ese trámite judicial y una vez sea solicitado por el juez de la causa al
despacho.

Esta decisión fue notificada al correo electrónico señalada por el demandante en
su solicitud.

3. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito
Judicial de Cúcuta negó su solicitud de expedición de copias sin que señalara su
carácter de reservado.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 12 de abril de 2023, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander admitió la solicitud de amparo y ordenó
notificar esa decisión a la jueza Segunda de Familia de Oralidad del Circuito
Judicial de Cúcuta.

5. Contestaciones e intervenciones

Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta

La titular del despacho demandado rindió el informe solicitado en los siguientes
términos:

Señaló que era necesario analizar la competencia funcional del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander para conocer de la acción de tutela, luego
de que se adecuó el recurso de insistencia al procedimiento de ese medio de
control constitucional, esto en virtud de que se trata de un exempleado de la
jurisdicción ordinaria y que el acto acusado se expidió en cumplimiento de
funciones administrativas y no judiciales.

Precisó que no se invocó la violación de algún derecho fundamental y si lo que se
pretende es la protección de la garantía constitucional de petición, el despacho dio
respuesta de fondo y de manera concreta y clara a su solicitud mediante el oficio
624 del 24 de marzo de 2023.

Sostuvo que no se podía desconocer que uno de los requisitos del derecho a
presentar solicitudes respetuosas y a que estas sean contestadas es manifestar el
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interés que le asiste al solicitante y, en atención a esto, la petición interpuesta se
resolvió en los términos expuestos.

Indicó que, si en gracia de discusión, se aceptara que este requisito se encuentra
satisfecho, lo cierto es que la petición solo podría basarse en la situación
administrativa del cargo de citador que el señor Bastidas Padilla ocupó en
provisionalidad por vacante transitoria y hasta cuando fue provisto en propiedad
con la correspondiente lista de elegibles.

Explicó que la vinculación del demandante se encuentra disuelta desde el 21 de
junio de 2022 y ha sido revisada vía constitucional por el Consejo de Estado con
los radicados 11001031500020220314700, 11001031500020220505100,
11001031500020220552700, 11001031500020220394201,
110010315000202300123300, entre otros.

Añadió que el demandante ya cuenta con la resolución mediante la cual se
nombró en propiedad al señor Francesco Armando Pisciotti en el cargo de citador.

Precisó que, en relación con los manuales de funciones, como el señor Bastidas
Padilla fue empleado del despacho los conoce ya que se remitieron mediante
correo electrónico el 30 de agosto de 2021.

Posteriormente, adicionó su respuesta a la demanda y en ese memorial informó
que el demandante ya había presentado peticiones similares a la radicada el 9 de
marzo de 2023, los días 24 de mayo y 1.° de noviembre, ambas de 2022.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 20 de
abril de 2023, amparó el derecho fundamental de petición del señor Bastidas
Padilla con base en el siguiente análisis:

Advirtió que, de las pruebas allegadas al proceso, la respuesta proferida por el
Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta vulnera la
garantía constitucional de presentar solicitudes respetuosas y a que estas sean
contestadas por cuanto no resuelve de fondo la petición elevada por el
demandante, toda vez que pretende condicionar la entrega de los documentos a
que estos sean solicitados por un juez, bajo el argumento de que fueron
solicitados con el fin de probar un hecho dentro de un proceso judicial.

Consideró que los actos de nombramiento de servidores públicos son actos
administrativos expedidos en ejercicio de funciones administrativas, los cuales al
ser dictados por una autoridad pública se convierten en documentos públicos, por
lo cual opera para ellos la regla general de acceso a los mismos por parte de
cualquier ciudadano, la cual se encuentra establecida en la Ley 1755 de 2015 y en
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esta no se incluyen estos como de carácter reservados.

Resaltó que la actividad administrativa es de dominio público y que toda persona
tiene derecho a obtener copia a su costa de los documentos que conforman la
actuación administrativa, salvo expresa reserva legal, esto de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.° y 5.° de la Ley 1437 de 2011.

Explicó que si, en gracia de discusión, se tuviera en cuenta el interés que alega el
demandante para acceder a los documentos solicitados, era importante considerar
lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso, el cual establece
que el juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que directamente o
a través del ejercicio del derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que
las solicite, salvo cuando la solicitud no hubiese sido atendida.

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por la señora jueza en la respuesta dictada
en virtud de la petición elevada por el actor, el señor Bastidas Padilla se encuentra
facultado para acceder en ejercicio de su derecho fundamental a las pruebas que
a través de ese mecanismo pueda obtener y que a futuro intente hacer valer en un
proceso judicial.

Mencionó que, analizados los documentos aportados por el juzgado demandado,
se pudo constatar que la solicitud elevada el 1.° de noviembre de 2022 no se
refería a la copia de los actos de nombramiento de los empleados del despacho y
que la presentada el 24 de mayo de 2022 hacía alusión a las resoluciones en las
que se otorgaba licencias no remuneradas y las de los nombramientos de los
cargos de escribiente, oficial mayor, auxiliar judicial y secretario que se
encontraban vigentes desde el 30 de julio de 2021 al 24 de mayo de 2022 y la
copia de las funciones de estos.

Expuso que, de lo anterior, era claro que el demandante ha solicitado en otras
oportunidades los documentos requeridos, pero que la petición objeto de este
trámite señalaba los suscritos entre el 21 de junio de 2022 y el 9 de marzo de
2023, por lo que no se trata de las mismas situaciones fácticas analizadas dentro
de las acciones constitucionales conocidas por el Juzgado Tercero Civil Municipal,
Sexto Administrativo de Cúcuta y el Consejo de Estado.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente3, la parte demandada impugnó el proveído de
primera instancia, memorial en el que indicó que reiteraba los argumentos
expuestos en los informes rendidos dentro del trámite judicial.

3 El recurso fue interpuesto el 27 de abril de 2023 y la sentencia de primera instancia fue notificada

el 25 del mismo mes y año.
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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el 20 de abril de 2023, de conformidad con el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
con el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que amparó el derecho fundamental de petición y ordenó al Juzgado
Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta entregar la copia
de las resoluciones de nombramientos en provisionalidad realizadas por el
despacho entre el 21 de junio de 2022 y el 9 de marzo de 2023 y el manual de
funciones de cada cargo.

Para ello, deberá analizarse si en el caso en estudio se presenta temeridad y en
caso negativo si la parte demandada vulneró el derecho fundamental de petición al
no entregar los documentos solicitados mediante la petición del 9 de marzo de
2023.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) las
generalidades de la acción de tutela, ii) los aspectos generales del derecho de
petición, iii) el fenómeno de la temeridad y iv) el fondo del asunto.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política''.
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existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo
se eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y
cuando las circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.

4. Aspectos generales del derecho de petición

Los artículos 13 y 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituidos mediante la Ley 1755 de
2015, establecieron que toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades, y a obtener una respuesta pronta, completa y de
fondo sobre la misma.

En ejercicio de dicho derecho, se pueden solicitar, entre otras, el reconocimiento
de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una
situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y reclamos e interponer recursos.

En principio, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su
recepción, pero si se trata de peticiones de documentos o de información, deberá
proferirse decisión de fondo dentro de los 10 días siguientes a la radicación,
término que, si no se cumple, se entenderá que dicha solicitud es aceptada y ya
no podría negarse la entrega de los documentos solicitados y, como
consecuencia, las copias se entregarán dentro de los 3 días siguientes.

5. Fenómeno de la Temeridad

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad
en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:

Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.

La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra
acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción”5.

5 Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la Sentencia T-151 de 2010.

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El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito se
deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo pronunciamiento
por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde identidad jurídica con
otro que haya sido decidido, pues la sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa
juzgada.

Esta Sala de Decisión6 ha precisado que la actuación temeraria tiene una relación
directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de
la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra temerariamente se vulnera
este principio, en la medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor
instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y
como la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las
autoridades públicas, corresponde al juez de tutela demostrar su existencia
mediante un análisis profundo de las pretensiones de las demandas, de los
hechos y de los derechos en que éstas se fundan7.

Frente a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa juzgada
constitucional ha expresado la Corporación de cierre en materia de derechos
fundamentales:

La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado
el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los
cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la
presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que
presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho
tránsito a cosa juzgada.8

6. Fondo del asunto

Para resolver el problema jurídico planteado la Sala dividirá el estudio en los
siguientes temas:

6 Sentencia del 23 de mayo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00813-00, con ponencia

de la Dra. Rocío Araújo Oñate.
7 Posición que ha sido adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y

T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012.

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6.1. Temeridad

La jueza Segunda de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta indicó
que el demandante ya ha interpuesto otras demandadas en ejercicio de la acción
de tutela para controvertir su desvinculación como citador del despacho que
preside, las cuales han sido dirimidas por el Consejo de Estado mediante los
procesos con radicados 110010315000202203147-00; 11001-03-15-000-2022-
05051-00; 11001-03-15-000-2022-05527-00, 11001-03-15-000-2022-03942-01,
11001-03-15-000-2023-00123-00, entre otros.

Al revisar los radicados mencionados y las sentencias allegadas al proceso por
parte de la autoridad judicial demandada, se pudo constatar que en los radicados
110010315000202203147-00; 11001-03-15-000-2022-05051-00; 11001-03-15-
000-2022-05527-00 y 11001-03-15-000-2023-00123-00 se refieren a la
desvinculación del señor Bastidas Padilla como citador en el Juzgado Segunda de
Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta.

En relación con el proceso 11001-03-15-000-2022-03942-01, este tiene como
objeto la presunta vulneración del derecho de petición en relación con una petición
elevada por el demandante el 24 de mayo de 2022 en la que solicitaba la copia de
i) las resoluciones de nombramientos, ii) los actos que conceden licencias no
remuneradas y iii) las hojas de vida de los empleados que ocupaban dichos
cargos.

En atención a lo anterior, la Sala considera que en el asunto en examen no se
presenta la figura de la temeridad porque las otras demandas interpuestas en
ejercicio de la acción de tutela no cumplen con los elementos determinados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sección para constatar la
ocurrencia de esta figura jurídica, ya que no tienen identidad fáctica, de objeto y de
pretensiones.

6.2. Presunta vulneración del derecho fundamental de petición

Mediante petición radicada el 9 de marzo de 2023, el señor Nerio Alexander
Bastidas Padilla solicitó, al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito
Judicial de Cúcuta, la siguiente información:

1. Copias de las resoluciones de nombramientos realizadas en
provisionalidad, vigentes entre el 21 de junio de 2022 al 09 de marzo
hogaño en el Juzgado de la referencia.
2. Copia de las funciones de cada cargo de esos nombramientos en
provisionalidad, realizados en el Juzgado de la referencia.9

9 Transcripción literal del texto original, puede contener errores.

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Con respuesta del 24 de marzo de 2023, la autoridad judicial demandada contestó
la petición elevada por el señor Bastidas Padilla indicándole que como el objeto
de esa solicitud era probar una omisión a los tratados internacionales suscritos
por Colombia, la documentación necesitada debía ser decretada por un juez
dentro del proceso al que se refería.

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como juez de primera instancia
amparó el derecho fundamental de petición al considerar que la respuesta
proferida por la autoridad judicial demandada no era de fondo toda vez que
condicionaba la entrega de la documentación a la existencia de un proceso y a
que la misma sea ordenada por un juez, lo cual menoscaba la garantía
constitucional mencionada.

Resaltó que la actividad de la administración es de dominio público, salvo
aquellos documentos que tengan carácter reservado por expresa disposición de la
ley y como los nombramientos de los servidores públicos son actos
administrativos estos tienen carácter de públicos y no se encuentran señalados
entre las excepciones contempladas en la normatividad.

Inconforme con la decisión, la parte demandada impugnó el fallo y señaló que
reiteraba los argumentos expuestos en el informe rendido dentro de este trámite.

6.2.1. Competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para
conocer de la presente acción de tutela

Como se precisó en los antecedentes de esta providencia, inicialmente lo
interpuesto por el señor Bastidas Padilla era un recurso de insistencia, pero como
este no reunía los requisitos necesarios para ser tramitado, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander decidió adecuar la solicitud a la acción de
tutela.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015
“[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia
y del Derecho”, modificado por el artículo 1.º del Decreto 333 de 2021, las
acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento
corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y como el señor
Bastidas Padilla era empleado del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del
Circuito de Cúcuta, la competencia estaba radicada en los tribunales de la
jurisdicción contenciosa administrativa.

Ahora bien, es del caso precisar que las normas contenidas en el Decreto 333 de
2021 son reglas de reparto y no de competencia y la Corte Constitucional ha sido
enfática en indicar:

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Radicado: 54001-23-33-000-2023-00080-01

La aplicación o interpretación de las reglas de reparto no autorizan al juez de
tutela a declararse incompetente, ni mucho menos a declarar la nulidad de lo
actuado por falta de competencia. En lugar de ello, el juez debe tramitar la
acción o decidir la impugnación, según el asunto puesto a su conocimiento.
Lo anterior también se relaciona con el principio perpetuatio jurisdictionis,
según el cual, desde el momento en el que un despacho judicial avoca
conocimiento de una acción de tutela la competencia no puede ser alterada ni
en primera ni en segunda instancia, pues una conclusión contraria afectaría,
de manera grave, la finalidad de la acción de tutela frente a la protección de
los derechos fundamentales.

Por lo expuesto, para esta Sala, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
garantizó el derecho de acceso a la administración de justicia y tramitó en debida
forma la acción de tutela de la referencia.

6.2.2. Documentos solicitados

La Ley 1712 de 2014, [p]or medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones, establece que la información pública es aquella generada,
obtenida, adquirida o controlada por los sujetos obligados, los cuales están
definidos en el artículo 5 de la norma mencionada que textualmente establece:

ARTÍCULO 5o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta ley
serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del
Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional,
departamental, municipal y distrital.

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o
autónomos y de control.

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función
pública, que presten servicios públicos respecto de la información
directamente relacionada con la prestación del servicio público.

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que
desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información
directamente relacionada con el desempeño de su función.

e) Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y
sociedades en que este tenga participación.

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00080-01

En atención a lo anterior, todos los documentos proferidos en virtud de las
funciones administrativas del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del
Circuito Judicial de Cúcuta son documentos públicos.

En el caso en estudio, las resoluciones de nombramiento en provisionalidad de
los cargos del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de
Cúcuta y sus funciones son documentos públicos ya que fueron generados por
una entidad pública perteneciente a la Rama Judicial.

Igualmente, es del caso precisar que la Ley 1437 de 2011 señala que las
peticiones deberán contener como mínimo:

1. La designación de la autoridad a la que se dirige.

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y
o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de
la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el
número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona
privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica.

3. El objeto de la petición.

4. Las razones en las que fundamenta su petición

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.

En atención a lo anterior, al revisar la petición radicada por el señor Bastidas
Padilla se constató que la misma cumple con los requisitos mínimos consagrados
en la ley y, como se trata de documentos públicos, no hay razón para negar su
acceso. En consecuencia, se evidencia que la autoridad judicial demandada sí
vulneró el derecho fundamental de petición al exigir que la solicitud debía ser
presentada en virtud de una orden judicial.

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia del 20 de abril de 2023 que amparó
el derecho fundamental de petición del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla y
ordenó, al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de
Cúcuta, que profiriera una respuesta de fondo, de manera clara, precisa y
congruente a la petición presentada el día 9 de marzo de 2023, con base en las
consideraciones presentadas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Juzgado Segundo de Familia de Oralidad del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00080-01

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 20 de abril de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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