Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00082-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00082-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2023-00082-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
8 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta
Tesis: No vulnera los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración judicial por mora judicial, si
al despacho que le corresponde la sustanciación ha dado
trámite al proceso dentro de un término razonable.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la parte actora
en contra del fallo de 20 de abril de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander.
I. SÍNTESIS DE LA TUTELA
Álvaro Manosalva Guevara, por intermedio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela en contra del Juzgado Séptimo Administrativo
de Cúcuta, para que se le amparen sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, al debido proceso, y a la defensa; como
consecuencia de lo anterior pretende que se “acepte” la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable causado
por la mora judicial en que ha incurrido el Juzgado al no haber admitido
la demanda de nulidad y restablecimiento dirigida en contra de la
Resolución número 22244 del 15 de septiembre de 2015, proferida por la
Secretaria de Tránsito y Transporte del Norte de Santander.
Pretende se declare la nulidad del acto administrativo 22244 del 15 de
septiembre de 2015, notificado por aviso el 30 de diciembre del mismo
año; asimismo, se ordene a la Secretaría de Tránsito indemnizar al señor
Manosalva Guevara, por los perjuicios causados al no renovar la licencia
de conducción, y que se declare la nulidad del acto administrativo 2021-
320-032413-01 del 17 de noviembre de 2021, por medio del cual la
entidad se negó a prescribir la multa.
Señaló que, el 9 de mayo de 2022, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Resolución número 22244
del 15 de septiembre de 2015, proferida por la Secretaría de Tránsito y
Transporte del Norte de Santander, por medio de la cual se dio inicio al
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
trámite coactivo con el fin de que se efectuara el pago de la multa de
tránsito impuesta al accionante el 25 de marzo de 2014.
Manifestó que han pasado 30 días sin que el juzgado se pronuncie sobre
la admisión de la demanda.
El 18 de noviembre de 2022, fue inadmitida la demanda, para que
subsanara los siguientes puntos: i) constituir apoderado judicial titulado,
por cuanto el actual presento licencia temporal, ii) allegar los actos
administrativos demandados con su respectiva constancia de notificación
y ejecutoria. Decisión que fue recurrida por el accionante, al considerar
que el segundo requerimiento se encontraba satisfecho, ya que dichos
actos fueron solicitados como pruebas de oficio en la demanda.
Refirió que, mediante derecho de petición presentado el 15 de septiembre
de 2021, solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Norte de
Santander prescribir la multa de tránsito, por lo que con esta prueba da
cuenta del cumplimiento de lo solicitado por el juzgado.
Señaló que el Juzgado, el 17 de marzo de 2023, decidió no reponer la
decisión recurrida y conceder el término de 10 días para subsanar la
demanda. Por todo lo anterior, considera que existe una omisión por parte
del Juzgado al no proferir auto de admisión.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
El 31 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación a la accionada.
Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta- Norte de Santander,
la titular del despacho rindió informe sobre los hechos y pretensiones de
la acción de tutela, en donde manifestó que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el núm. 54001-33-33-007-
2022-00232-00, adelantado por el accionante en contra de la Resolución
número 22244 del 15 de septiembre de 2015, proferida por la Secretaría
de Tránsito y Transporte del Norte de Santander, se encuentra en etapa
de admisión, ya que, mediante auto del 18 de noviembre de 2022, fue
inadmitida la demanda, decisión que fue recurrida. El 17 de marzo de
2023, el juzgado decidió no reponer la decisión y concedió los términos
de conformidad con el artículo 118 del CGP, para que se subsanara la
demanda.
Consideró la titular del despacho que no se ha vulnerado ninguno de los
derechos invocados por el accionante, pues se ha procedido conforme a
derecho y respetando los términos, así como en atención al orden de
reparto y organización dispuesta por el despacho debido a la carga laboral
del mismo.
Por lo que solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El 20 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
negó el amparo solicitado, al considerar que, revisado el expediente, no se
advierte una conducta omisiva, negligente o moratoria por parte del
Juzgado accionado, pues el 18 de noviembre de 2022 inadmitió la demanda,
contra esa decisión la apoderada del accionante presentó recurso de
reposición el cual fue resuelto mediante auto del 17 de marzo de 2023,
concediéndole al accionante los términos para subsanar la demanda,
término que feneció el 11 de abril de 2023 e ingresó al despacho para el
estudio de la subsanación, el 12 de abril del presente año.
Por lo anterior, concluyó el Tribunal que se deben respetar los términos en
que ingresan los procesos a despacho para tomar una decisión, así como el
orden de reparto de los procesos.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte actora, a través de la apodera judicial, impugnó el fallo de primera
instancia, al señalar que no está de acuerdo con la decisión del Tribunal al
no declarar en mora al Juzgado para resolver sobre la subsanación de la
demanda, ya que el escrito fue presentado el 27 de marzo de 2023 y solo
hasta el 12 de abril de 2023 pasó el proceso a despacho para proveer,
infringiendo en su sentir el artículo 901 del CGP, ya que han transcurrido
más de 26 días hábiles entre la presentación del escrito de subsanación y
el paso a despacho para que se pronunciará sobre la admisión o el rechazo.
Señaló que no está de acuerdo con la motivación de la sentencia, “se
denuncia la motivación como falsa, indebida e insuficiente”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia.
De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021 numeral 5, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
VI.2. Análisis de la sala.
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“En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá
notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el
auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término
señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a
la fecha de presentación de la demanda”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
Corresponde a la Sala determinar si procede revocar la decisión de
primera instancia y en su lugar declarar la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
con ocasión de la presunta mora judicial por parte del Juzgado Séptimo
Administrativo de Cúcuta – Norte de Santander, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado núm. 54001-
33-33-007-2022-00232-00, instaurada por el accionante en contra de la
Resolución número 22244 del 15 de septiembre de 2015, proferida por la
Secretaria de Tránsito y Transporte del Norte de Santander.
El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental
al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el
artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.
La jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la
resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…](i)
el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el
cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del
funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv)
el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.[…]”,2
en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial
injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica
el retardo.
Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en
los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.[…]”3
Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de
justicia, la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 20184,
al estudiar también un caso sobre mora en la adopción de una decisión
judicial, estimó que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se
encuentra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo
exige de la autoridad judicial un pronunciamiento respecto del asunto
sometido a su definición, sino, además, que esa respuesta de la judicatura
sea oportuna; de allí que el artículo 228 de la Constitución Política
establezca que “los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado”.
2
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
3
Op. Cit. T-803 de 2012.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-
15- 000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
En el presente asunto, la accionante aduce que el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cúcuta – Norte de Santander, ha incurrido en mora
judicial injustificada comoquiera que a la fecha no ha decidido sobre la
admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
radicada bajo el núm. 54001-33-33-007-2022-00232-00.
Consultado el expediente digital a través del aplicativo SAMAI5, la Sala
advierte que se han surtido las siguientes actuaciones:
1) El 10 de mayo de 2022, el accionante, a través de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Resolución número 22244 del 15 de septiembre de 2015, proferida por la
Secretaría de Tránsito y Transporte del Norte de Santander.
2) El 18 de noviembre de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Cúcuta – Norte de Santander, inadmitió la demanda. Decisión que fue
recurrida.
3) El 14 de marzo de 2023, el apoderado allega sustitución de poder.
4) El 17 de marzo de 2023, el Juzgado decide no reponer la decisión
recurrida y concede al demandante el termino de 10 días para subsanar
la demanda.
5) El 21 de marzo de 2023 se notificó por Estado la decisión.
6) El 12 de abril de 2023, el proceso ingresó a despacho para decidir sobre
su admisión.
De acuerdo con el recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada por parte
del Juzgado accionado que configure mora judicial y como consecuencia
de ello la vulneración de los derechos fundamentales reclamados por el
accionante.
Contrario al sentir del accionante, el recuento de las actividades surtidas
en el proceso evidencia que el actuar del juzgado ha sido diligente, pues
ha atendido prontamente las etapas procesales dispuestas para la
admisión de una demanda.
Adicionalmente, debe recordarse que las autoridades judiciales deben
garantizar el cumplimiento de los respectivos turnos para resolver, que
están dados por la fecha en que los procesos pasan al despacho.
Finalmente, no se debe olvidar que los términos procesales deben
cumplirse atendiendo también a la carga laboral que tienen los despachos
judiciales, pues, además de los procesos ordinarios, tienen a cargo
procesos con prelación, tales como acciones de tutelas y otras acciones
constitucionales.
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https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=5400133330072022002320
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00082-01
Accionante: Álvaro Manosalva Guevara
Acorde con lo anterior, la Sala confirmara la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo del Norte de Santander, al negar el amparo
solicitado, por no advertir la configuración de una mora injustificada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2023, dictado
por el tribunal Administrativo del Norte de Santander.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA
Consejero de Estado GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO
Consejero de Estado VALDÉS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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