Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2023-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2023-00136-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ALEXIS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTOS QUE
CIERRAN INCIDENTE DE DESACATO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO VULNERÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL INVOCADO.
LA ACTORA PRETENDE QUE SE EXTIENDA EL AMPARO A ASPECTOS
QUE NO FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO DENTRO DE LA
ACCIÓN DE TUTELA ORIGEN DEL ASUNTO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 27 de julio de 2023, proferida en primera instancia por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER1
que denegó el amparo solicitado.
1
En adelante el TRIBUNAL.
2
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora ALEXIS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por
el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA2 al proferir las providencias de 6 y 17 de julio de 2023,
dentro del incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 540013333006-2016-00105-00.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante fallo de tutela de 24 de junio de 2016, el
JUZGADO ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas3 dar una
respuesta de fondo a la petición presentada, informándole fecha
2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante la UARIV.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
cierta, razonable y oportuna en la cual se realizaría el pago de la
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.
Sostuvo que al estimar que la UARIV omitió dar cumplimiento a la
anterior orden de tutela, promovió incidente de desacato contra esa
entidad.
Manifestó que el JUZGADO mediante auto de 21 de junio de 2023,
requirió a la UARIV con el fin de que rindiera informe respecto del
cumplimiento del fallo de tutela de 24 de junio de 2016, para lo cual
la entidad informó que la mencionada indemnización fue cobrada el
15 de junio de 2023 en un 7.14%.
Precisó que mediante providencia de 6 de julio de 2023, el JUZGADO
dio por terminado el incidente de desacato, absteniéndose de
sancionar a la UARIV, comoquiera que se realizaron las gestiones
orientadas a dar cumplimiento al fallo de tutela.
Explicó que la anterior decisión fue reiterada en providencia de 17 de
julio de 2023 proferida por el JUZGADO, al estimar que la
inconformidad de la actora es ajena a lo ordenado en la tutela, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
lo que para controvertir la legalidad de la resolución por medio de la
cual se efectuó el pago cuenta con los medios de control establecidos
para el efecto.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al dar por terminado el
incidente de desacato y no sancionar a la Directora Técnica de
Reparaciones de la UARIV, toda vez que es evidente que no se ha
dado cumplimiento integral al fallo de tutela de 24 de junio de 2016.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora solicitó que se dejen sin
efecto las providencias de 6 y 17 de julio de 2023, proferidas por el
JUZGADO y, en su lugar, se ordene continuar con el trámite
incidental con el fin de garantizar el pago total de la indemnización
administrativa reconocida por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.
I.5.- Defensa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
I.5.1.- El JUZGADO anotó que no hay lugar a sancionar a la UARIV,
por cuanto se dio cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela,
pues se le dio fecha cierta para el pago de la indemnización
administrativa.
Ahora, indicó que la inconformidad de la actora es referente al monto
otorgado, lo cual debió controvertirse una vez notificado el acto
administrativo que dispuso dicho monto, por lo que no es válido que
a través del trámite incidental se controvierta la legalidad de un acto
administrativo que no ha sido objeto de control por los medios de
control ordinarios, lo cual desnaturaliza la acción de tutela.
Por lo anterior, solicitó denegar el amparo solicitado, comoquiera
que, contrario a lo manifestado por la actora, ha garantizado el
debido proceso.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 27 de julio de 2023, denegó
el amparo solicitado al considerar que no existe vulneración alguna
de los derechos fundamentales de la actora, en la medida en que la
decisión adoptada en los autos de 6 y 17 de julio de 2023, por medio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
de los cuales se abstuvo de sancionar a la señora ANDREA
NATHALIA ROMERO FIGUEROA, en su condición de Directora
Técnica de Reparaciones de la UARIV, estuvieron debidamente
respaldados en el material probatorio aportado en el trámite
incidental.
Así las cosas, destacó que se dio efectivo cumplimiento al fallo de
tutela, toda vez que a la actora se le dio respuesta a su solicitud del
otorgamiento de una fecha cierta de pago de la indemnización
administrativa, tan es así que el 15 de junio de 2003 se realizó dicho
pago a través de la Resolución núm. 04102019-986911ROM de 30
de marzo de 2023.
Comentó que no existen motivos para inferir que la decisión del
JUZGADO haya vulnerado el derecho fundamental al debido proceso
de la actora, pues el fallo de tutela se encuentra cumplido, razón por
la que resultaba imposible fáctica y jurídicamente continuar con el
incidente de desacato, máxime cuando los anteriores incidentes de
desacato adelantados por la actora fueron debidamente tramitados.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
La actora impugnó la sentencia proferida en primera instancia
argumentando que el a quo debió tutelar su derecho fundamental al
debido proceso y ordenar al JUZGADO dar trámite al incidente de
desacato, toda vez que este mediante sentencia de 24 de junio de
2016, ordenó el pago de la indemnización administrativa a su favor.
Destacó que su actual hogar está conformado por 5 personas, por lo
que el 100% de la indemnización, esto es, los 27 SMLMV, debieron
ser distribuidos entre cada uno de estos, lo que evidencia que no se
dio cumplimiento al fallo de tutela.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
dictadas dentro del trámite incidental
La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela
contra providencias que resuelven incidentes de desacato o
solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera
excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos
fundamentales del sancionado”4.
Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos
requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al
momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia
SU- 034 de 20185, esa Corporación señaló:
4
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.
5
M.P. Alberto Rojas Ríos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efecto las providencias 6 y 17 de julio de 2023
proferidas por el JUZGADO, por medio de las cuales se abstuvo de
sancionar con desacato a la Directora Técnica de Reparaciones de la
UARIV, dentro del incidente de desacato identificado con el número
único de radicación 2016-00105-00.
La controversia tiene origen en el fallo de tutela de 24 de junio de
2016, por medio del cual el JUZGADO ordenó a la UARIV dar una
fecha cierta, razonable y oportuna en la cual se realizaría la entrega
efectiva a la actora de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
La actora al considerar incumplida la anterior orden de amparo,
promovió incidente de desacato contra la UARIV, para lo cual, el
JUZGADO mediante autos de 6 y 17 de julio de 2023 dio por
terminado el trámite incidental y se abstuvo de sancionar por
desacato a la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV al
considerar que la entidad acató la orden impartida.
A juicio de la actora, el JUZGADO vulneró su derecho fundamental
al debido proceso al dar por terminado el trámite incidental y al
abstenerse de sancionar por desacato a la allí incidentada, toda vez
que es evidente que no se ha dado cumplimiento integral al fallo de
tutela de 24 de junio de 2016.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que denegó el amparo solicitado al considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la señora MÉNDEZ
ROJAS, comoquiera que la decisión adoptada por la autoridad
judicial accionada estuvo debidamente respaldada en el material
probatorio obrante en el expediente, por lo que se demostró el
cumplimiento de la orden de tutela.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
quo, para lo cual adujo que la primera instancia debió amparar su
derecho fundamental al debido proceso, pues no se ha dado
cumplimiento integral a la orden de amparo emitida el 24 de junio
de 2016.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de
ser así, ii) determinar si el JUZGADO vulneró el derecho fundamental
invocado dentro del incidente de desacato identificado con el número
único de radicación 2016-00105-00.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de
procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión
cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la
parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los
incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra
ejecutoriada
En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con
la providencia de 17 de julio de 2023, por medio de la cual se reiteró
la decisión dictada en auto de 6 de julio de 2023 por el JUZGADO,
por lo que este requisito se encuentra cumplido.
(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo
planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en
tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó
nuevas pruebas.
La actora alega que se debió seguir con el trámite incidental y
sancionar por desacato a la Directora Técnica de Reparaciones de la
UARIV, toda vez que no se ha dado cumplimiento a la orden de
amparo emitida en providencia de 24 de junio de 2016.
Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite
incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos
para la procedencia de la acción de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales
Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales
y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-
590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.
Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de
relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en
que incurrieron las providencias por medio de las cuales se dio por
terminado el trámite incidental y se abstuvo de sancionar por
desacato; la parte actora identifica los hechos y derechos que estima
lesionados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos; la
acción de tutela se interpuso en un plazo razonable6; y la solicitud no
se dirige contra una sentencia de tutela.
En ese orden, la Sala procederá a estudiar si las providencias de 6 y
17 de julio de 2023, proferidas por el JUZGADO, vulneraron el
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora al dar por
terminado el trámite incidental y abstenerse de sancionar por
desacato a la Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV.
La controversia planteada por la actora tiene como antecedente
relevante la sentencia de 24 de junio de 2016, a través de la cual fue
resuelta la acción de tutela promovida por la aquí accionante contra
la UARIV, con ocasión a la falta de respuesta a la petición por medio
de la cual solicitó que se le informara fecha exacta del pago de la
indemnización adminisrativa.
Mediante la sentencia aludida, el JUZGADO dispuso el amparo de los
derechos fundamentales y ordenó lo siguiente:
“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, para que a través del
funcionario competente, y dentro del término de 48 horas
siguientes a la notificación de la presente providencia, procesa a
dar una respuesta de fondo a la petición presentada por la señora
ALEXYS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS identificada con la C.C. No.
37.370.935, el día 14 de octubre de 2015, informándole una fecha
cierta, razonable y oportuna, en la cual se realizará efectivamente
el pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado […]”.
Ante el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo
de tutela transcrito en precedencia, la actora formuló incidente de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
desacato, el cual fue decidido por el JUZGADO que, mediante auto
de 6 de julio de 2023, decidió no imponer la sanción por las
siguientes razones:
“[…] Una vez revisado el expediente, se observa que la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, informa al despacho que
mediante comunicación Radicado No. 2023-0130566-1 de fecha 21
de enero de 2023, se dio respuesta a lo solicitado y se informó que
el pago de la indemnización reconocida se llevará a cabo en el
transcurso del mes de junio de 2023, oficio que fue debidamente
notificado a la accionante.
Aunado a lo anterior, la Representante Judicial de la Unidad para
las Víctimas, en respuesta al incidente de desacato a través de
memorial de fecha 22 de junio de 2023, informó que, la solicitud
de indemnización administrativa por el hecho Victimizante de
Desplazamiento Forzado, en el marco de la Ley 387 de 1997, fue
pagada a la parte accionante, dado que de acuerdo con el reporte
entregado por la entidad financiera el cobro fue realizado por
ALEXYS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS en un 7.14%, el día 15 de junio
de 2023, y aplicando la normativa vigente para el momento en que
se presentó la solicitud o la norma más favorable, ello teniendo en
cuenta lo resuelto en la RESOLUCIÓN No. 04102019-986911ROM
del 30 de marzo de 2023 (Debidamente notificada y en firme),
allegando como soporte de lo expuesto:
[…]
De acuerdo a lo reseñado, este despacho se abstendrá de sancionar
a la entidad accionada, habida cuenta que se acreditó durante el
trámite incidental, haber realizado las gestiones administrativas
pertinentes y de acuerdo a su competencia, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el fallo de tutela proferido por este despacho
judicial el 24 de junio de 2016, el cual conforme se indicó en forma
precedente, dispuso “dar una respuesta de fondo a la petición
presentada por la señora ALEXYS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS
identificada con la C.C. No. 37.370.935, el día 14 de octubre de
2015, informándole una fecha cierta, razonable y oportuna, en la
cual se realizará efectivamente el pago de la indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
Y dentro del sub lite se acreditó por la entidad accionada que ya
efectuó el pago de la indemnización, conforme a los porcentajes
establecidos en la Resolución 04102019-986911ROM del 30 de
marzo de 2023, sin que sea dable por medio del presente incidente
controvertir los montos reconocidos en dicho acto administrativo,
contando la parte accionante en caso de inconformidad con otros
mecanismos idóneos para tal efecto, ante la jurisdicción.
Así las cosas, resulta pertinente dar por terminado el trámite del
incidente de desacato de la referencia, ante la eficacia de las
órdenes proferidas en el respectivo fallo de tutela.
[…]”.
La actora mediante memorial de 12 de julio de 2023, solicitó
modificar la anterior decisión, por cuanto, a su juicio, la
indemnización debe ser subsanada y modificada a indemnización
individual a la señora ELIDA MARÍA ROJAS PALLARES y por
aparte a su favor, cada una al 100% 27 smlmv.
El JUZGADO mediante proveído de 17 de julio de 2023, reiteró la
anterior decisión.
De la lectura del auto de 6 de julio de 2023, la Sala observa que la
autoridad judicial accionada luego de efectuar el análisis del material
probatorio advirtió que el fallo de tutela de 24 de junio de 2016 fue
debidamente acatado por la UARIV, dado que mediante Radicado
núm. 2023-0130566-01 de 21 de enero de 2023, se dio respuesta a
lo solicitado por medio de la cual se informó a la actora que el pago
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
de la indemnización administrativa se llevaría a cabo en junio de la
presente anualidad, lo que fue debidamente comunicado a la señora
MÉNDEZ ROJAS.
En ese mismo sentido, encontró que la entidad acreditó el pago de la
indemnización, de conformidad con los porcentajes establecidos en
la Resolución núm. 04102019-986811ROM de 30 de marzo de 2023,
para lo cual adujo que no era dable por medio del incidente de
desacato controvertir los montos reconocidos, por lo que la actora
contaba con los medios de control ordinarios para el efecto.
Por lo tanto, el JUZGADO consideró que pertinente, dar por
terminado el trámite incidental, ante el cumplimiento del fallo de
tutela.
La Sala advierte de lo expuesto en precedencia, que la autoridad
judicial accionada no vulneró el derecho fundamental al debido
proceso de la actora, comoquiera que la decisión contenida en las
providencias de 6 y 17 de julio de 2023 fue proferida de conformidad
con los elementos probatorios obrantes en el expediente y, además,
efectuó una interpretación razonable de conformidad con los
fundamentos fácticos que se lograron probar al momento de resolver
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
el trámite incidental.
Por otra parte, para la Sala es importante precisar que la
jurisprudencia constitucional ha indicado que la finalidad del
incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí
misma, sino que debe considerarse como una de las formas de
buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia.
Al efecto, en la sentencia T-652 de 30 de agosto de 20107, la Corte
Constitucional destacó que:
“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es
el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de
amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del
incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta
Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la
orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del
mencionado incidente no es la imposición de una sanción en
sí misma sino una de las formas de buscar el cumplimiento
de la respectiva sentencia […]”. (Resaltado fuera del texto).
Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de
desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden,
para lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién
7
Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, reiterada en la sentencia T-606 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
o quiénes debían cumplirla y dentro de qué término y (ii) si existió
responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para
acatarla.
En el presente caso, como ya se explicó, el JUZGADO
razonadamente concluyó que la orden de tutela sí se cumplió, pues
la entidad accionada dio respuesta a la señora MÉNDEZ ROJAS, por
medio de la cual se le informó que el pago de la indemnización
administrativa se efectuaría en junio de 2023, conforme se ordenó
en el fallo de tutela.
Ahora, debe indicarse que tal como lo dispuso la autoridad judicial
accionada, las inconformidades respecto de lo pagado resultan
ajenas a lo ordenado en el fallo de tutela, por lo que para ello la
actora cuenta con medios de control ordinarios, en la medida en que
la facultad del juez de tutela en el estudio del trámite incidental se
ciñe al cumplimiento de la orden de tutela, por lo que no resulta
procedente formular la apertura de un incidente de desacato
incorporando hechos nuevos y pretendiendo extender el amparo
constitucional respecto a circunstancias fácticas que no fueron objeto
de estudio en el proceso de origen.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
Así las cosas, la Sala concluye que la decisión del JUZGADO de no
declarar en desacato a la entidad accionada fue acertada y razonable,
por lo que el hecho de que la actora no comparta la decisión allí
dispuesta no implica la vulneración del derecho fundamental alegado,
ni la ocurrencia de algunos de los defectos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En ese orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que denegó el amparo solicitado, como en efecto lo
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Número único de radicación: 540012333000-2023-00136-01
Actora: ALEXIS TRINIDAD MENDEZ ROJAS
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.