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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00162-02

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00162-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Confirmar la sentencia de 28 de junio del 2024 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad en contra de la elección de Dora Clemencia Villada Castillo40, Doris Amparo Parada Rico41, Laura Yolima Moreno Rozo42, Johanna Milena Mogrovejo Andrade43 y Erika Alejandra Maldonado Estevez44 como decanas de la Universidad Francisco de Paula Santander, por las razones expuestas en la presente providencia. 40 Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. 41 Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 42 Decana de la Facultada de Ciencias Básicas. 43 Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. 44 Decana de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y otras, como decanas de la Universidad Francisco de Paula Santander Radicado: 54001-23-33-000-2023-00162-02 SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 54001-23-33-000-2023-00162-02

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de septiembre de 2024

Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y
otras, como decanas de la
Universidad Francisco de Paula Santander
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00162-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 54001-23-33-000-2023-00162-02
Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandadas: Dora Clemencia Villada Castillo y otras, como decanas de la
Universidad Francisco de Paula Santander

Temas: Infracción de las normas en que debía fundarse – autonomía
universitaria - quorum especial para la designación de
decanos - control por vía de excepción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 28 de junio del 2024, dictada por Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Jorge Heriberto Moreno Granados1 solicitó que se anulara el Acuerdo 083 de
29 de junio de 2023 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad
Francisco de Paula Santander (UFPS), que contiene la elección de Dora Clemencia
Villada Castillo2, Doris Amparo Parada Rico3, Laura Yolima Moreno Rozo4, Johanna
Milena Mogrovejo Andrade5 y Erika Alejandra Maldonado Estévez6 como decanas
de la Universidad Francisco de Paula Santander, porque, en su criterio, incurrió en
infracción de las normas en que debía fundarse.

2. Fundamentos fácticos, normativos y concepto de la violación

2. La parte actora mencionó que el 29 de junio de 2023 se llevó a cabo reunión
ordinaria del CSU de la UFPS, con el fin de designar a los decanos de las facultades
de Ciencias de la Salud, Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Agrarias y del
Ambiente, Ciencias Básicas y Ciencias Empresariales.

1 En nombre propio.
2 Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.
3 Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
4 Decana de la Facultada de Ciencias Básicas.
5 Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales.
6 Decana de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades.

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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y
otras, como decanas de la
Universidad Francisco de Paula Santander
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00162-02

3. Indicó que a dicha reunión asistieron únicamente 67 de los 9 miembros del
CSU con derecho a votar, lo cual representa el quorum mínimo para sesionar, de
conformidad con el artículo 168 del Acuerdo 19 de 19949.

4. Manifestó que el representante del presidente de la República Carlos Alberto
Bolívar Corredor se retiró de la reunión por estar en desacuerdo con la designación
de Patricia Adelina Vélez Laguado como representante de las directivas
académicas ante el CSU10 realizada por el Consejo Académico de dicha institución.

5. Afirmó que Carlos Alberto Bolívar Corredor, al haberse retirado de la reunión,
desintegró el quorum deliberatorio y decisorio, razón por la cual, quien presidía la
reunión debió levantar la sesión, pues no se contaba con los miembros necesarios
para su desarrollo, esto es, más de la mitad de los integrantes con derecho a votar,
tal y como lo establece el artículo 16 del Acuerdo 19 de 1994.

6. Explicó que el número de miembros del CSU con derecho a votar es 9, por
lo que la mitad corresponde a 4.5, cifra a la que debe sumársele el representante
adicional para que se cumpliera con lo descrito en el artículo citado previamente
(más de la mitad), lo que daría un total de 5.5. No obstante, por tratarse de un valor
fraccionado, debe acercarse al dígito entero siguiente, es decir 6, cifra que
representa la cantidad mínima de integrantes del órgano de gobierno para sesionar.

7. Al respecto, citó la sentencia C-784 de 201411 de la Corte Constitucional en
la que se calculó el quorum deliberatorio y decisorio de las comisiones primera de
la Cámara y Senado del Congreso de la República que concluyó que las
operaciones matemáticas, para determinar el quorum respectivo, deben
aproximarse al número entero siguiente en caso de que su resultado sea
fraccionado.

8. En consecuencia, al no existir el número mínimo de miembros del CSU para
deliberar, por el retiro del concejero Carlos Alberto Bolívar Corredor, no se podía
aprobar el Acuerdo 083 de 29 de junio de 202312, mediante el cual se designó a las
demandadas, situación que denota la vulneración de los artículos 16 y 24, literal C

7 «1. CARLOS ALBERTO BOLIVAR CORREDOR. En representación del presidente de la República. Con

derecho a voto. Particular. 2. LUIS EDUARDO TRUJILLO TOSCANO. En representación del estamento
profesoral, con derecho a voto. Servidor público. 3. PEDRO AVILIO ONTIVEROS. En representación de los
exrectores con derecho a voto. Particular. 4. CLARA MARCELO ANGULO SANTANDER. En representación
del señor Gobernador del departamento Norte de Santander. Con derecho a voto. Servidora pública. 5. JOSÉ
LEONARDO SÁNCHEZ QUINTERO. Representante de los egresados de la UFPS ante el CSU. Servidor
Público. 6. JESUS ALBERTO MANZANO CAÑIZARES representante de los estudiantes» (sic a toda la cita).
8 «El Consejo Superior Universitario solo podrá sesionar con la presencia de más de la mitad de los miembros

con derecho a voto».
9 Por el cual se establece el reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula

Santander.
10 Contenida en el Acuerdo 078 de 29 de junio de 2023 expedido por el CSU.
11 «33. Según el artículo 2 de la Ley 3 de 1992, tal como fue modificado por el artículo 1º de la Ley 754 de 2002,

la Comisión Primera de Senado está integrada por 19 miembros, y la de Cámara por 35 Representantes. El
quórum deliberatorio en esta célula, que es de una cuarta parte de sus miembros, es de 5 en la Comisión
Primera de Senado, y de 9 en la Comisión Primera de Cámara. El quórum decisorio está conformado por la
mayoría de los integrantes de cada una, y se constata por separado: la Comisión Primera de Senado está
integrada por 19 miembros, y el quórum decisorio es entonces de 10 integrantes; La Comisión Primera de la
Cámara está integrada por 35 Representantes, y el quórum decisorio es de 18 integrantes».
12 «Por el cual se designa decanos para el Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de Educación, Artes y

Humanidades, Facultad de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Empresariales y Facultad de Ciencias
Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander Sede Central».

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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y
otras, como decanas de la
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del Acuerdo 019 de 1994, que dispuso un quorum especial para la designación del
rector y los decanos, consistente en la participación de dos terceras partes de los
miembros con derecho a votar.

9. Por otra parte, manifestó que mediante los Acuerdos 078 y 079 de 29 de junio
de 2023 el CSU de la UFPS designaron a Patricia Adelina Vélez Laguado y Leidy
Viviana Umbarila Vélez, como miembros del CSU en representación de las
directivas académicas y del sector productivo13 ante ese órgano de gobierno,
respectivamente.

10. Sin embargo, dado que contra dichos actos procedía el recurso de reposición,
de conformidad con el artículo 128 del Acuerdo 044 de 2007, concordante con los
artículos 76, 87 numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), ellas no podían actuar, como miembros de
este órgano, hasta que se posesionaran o se encontraran en firme aquellos actos.

11. En consecuencia, Patricia Adelina Vélez Laguado y Leidy Viviana Umbarila
Vélez, no podían participar en la reunión de 29 de junio de 2023, a través de la cual
se eligieron a las decanas demandadas, pues los actos que las reconocieron como
miembros del CSU, al ser de carácter particular y concreto, no se encontraban en
firme.

3. Trámite inicial

12. En auto de 30 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la
suspensión provisional de los efectos del acto demandado14 porque: i) en el plenario
no obraba el acta de la reunión, lo que impidió la valoración del quorum requerido;
ii) según certificación de la Secretaría del CSU quedó constancia de que dicha
autoridad sesionó con la mayoría necesaria y; iii) la falta de firmeza del
nombramiento de Patricia Adelina Laguado carecía de relevancia pues no participó
en las designaciones demandadas.

13. El 15 de noviembre de 2023, la magistrada instructora del proceso dispuso,
entre otras decisiones15, admitir la reforma de la demanda al concluir que no se
formularon cargos nuevos, pues únicamente tuvo por objeto incluir algunos hechos,
pretensiones y pruebas.

4. Contestaciones

4.1. Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)

13 Dicha afirmación fue incluida en la reforma de la demanda.
14 Esta decisión fue recurrida y confirmada por esta Sala de lo Electoral, mediante providencia de 30 de
noviembre de 2023, debido a que no existían pruebas ni argumentos suficientes para revocar la decisión, ya
que no se aportó el acta de la sesión en donde se eligieron las demandadas.
15 En aquella oportunidad, también se concedió el recurso de apelación presentado en contra del auto de 30 de

noviembre de 2023 que negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional.

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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y
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14. A través de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, para lo cual indicó que esta carece de presupuestos fácticos,
jurídicos o probatorios que la sustenten.

15. Afirmó que para el momento de la elección demandada se encontraban
presentes 7 de los 9 miembros del CSU de la UFPS con derecho al voto y contrario
a lo afirmado por el accionante, aunque no se contó con la asistencia de la
representante de las directivas académicas Patricia Adelina Vélez, pues manifestó
y se aceptó su impedimento, se siguió respetando el quorum especial requerido por
el artículo 24 del literal C del Acuerdo 019 de 1994 para deliberar y decidir.

16. Adujo que el acto de designación de la representante de las directivas
académicas no ha sido demandado ni suspendido, motivo por el cual goza de
presunción de legalidad, además, en el ordenamiento jurídico no existe disposición
que prevea la figura de la posesión para materializar su designación como miembro.

17. Consideró improcedente cuestionar la legalidad del acto de elección de las
directivas académicas, a través del presente medio de control, pues en este se
debate otra designación, la cual no es acumulable a la presente demanda, así pues,
Patricia Adelina Vélez Laguado tenía pleno derecho a ejercer su función ante el
CSU, sin exigirse el cumplimiento de requisito adicional.

18. Por otra parte, indicó que la demanda resulta inepta dado que el actor
acumuló pretensiones de nulidad electoral contra diferentes designaciones y
demandados, pues esta se formuló contra 5 decanas distintas.

19. En tal sentido, de conformidad con los artículos 162 numeral 2, 281 y 282 del
CPACA no es posible acumular pretensiones de nulidad contra diversas
designaciones que, además, recaen sobre personas diferentes en los supuestos
fácticos del asunto, pues aunque se trata de un mismo acto administrativo, los
efectos son independientes y en el caso del medio de control de nulidad electoral
«la litis se traba con cada uno de los designados que tienen la calidad de
demandados», razón por la cual requirió se proceda al saneamiento del proceso.

4.2. Departamento de Norte de Santander

20. Por medio de apoderado judicial indicó que el acto administrativo
demandado, fue expedido conforme al ordenamiento jurídico, para lo cual, afirmó
que las censuras planteadas por el actor se basan en interpretaciones subjetivas
contrarias al ordenamiento jurídico.

21. Manifestó que la forma en que se integra el quorum está protegida por la
autonomía universitaria en el marco de la libertad de configuración interna de dichas
instituciones académicas, en tal sentido, de conformidad con el artículo 16 del
Acuerdo 019 de 1994, el CSU puede sesionar con más de la mitad de los miembros
con derecho a votar, razón por la que, para la sesión del 29 de junio de 2023, se
contaba con quorum deliberatorio, ya que estaban presentes siete de los nueve
integrantes que podían votar.

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22. Por otra parte, respecto del quorum decisorio especial necesario para la
elección de los decanos o el rector de la institución, el ordenamiento interno exige
las dos terceras partes de los miembros con derecho a votar, es decir 6 de los 9
integrantes, el cual, de conformidad con el número de participantes en la elección,
también se cumplió, pues, aunque se hubiera excluido a Patricia Adelina Vélez
Laguado como representante de las directivas académicas, cumplía con el mínimo
requerido para adoptar la decisión.

23. Finalmente, argumentó que, actualmente, se debate la elección de los
decanos elegidos en la sesión de 29 de junio de 2023, sin que sea posible
controvertir la legalidad del acto que designó a Patricia Adelina Vélez Laguado,

24. Además, indicó que la firmeza de los actos administrativos nunca ha sido un
presupuesto de validez de los mismos, sino que es únicamente un presupuesto de
eficacia «en la medida que supone no el fundamento sobre el cual se adopta la
decisión, ni la sustancialidad de la misma sino una condición para hacerlos
oponibles o exigibles».

5. Trámite posterior

25. En auto 18 de marzo de 2024, el magistrado conductor dispuso el trámite de
sentencia anticipada, declaró no probadas las excepciones formuladas16, se
decretaron las pruebas aportadas por las partes, se negaron las requeridas17 y se
corrió traslado para alegar. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:

¿La designación de las decanas durante la sesión del Consejo Superior Universitario
llevada a cabo el día 29 de junio de 2023 y contenida en el Acuerdo No. 083 del 29
de junio de 2023, contó con la votación mínima requerida de acuerdo al quórum
exigido para votaciones de tal naturaleza de conformidad con lo establecido en el
Artículo 24 del Acuerdo 019 de 1994?

16 Con relación a la caducidad de la reforma de la demanda formulada por la UFPS, indicó que tal y como se

indicó mediante el auto de 15 de noviembre de 2023 que la admitió, dado que no se presentaron nuevos cargos,
no hay lugar a estudiar la configuración del fenómeno de la alegado; además, fue radicado en dentro del término
correspondiente.
Por otra parte, respecto de la inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, manifestó que,
contrario a lo afirmado por la UFPS, son acumulables las pretensiones de nulidad electoral cuando se trata de
un número plural de personas demandas, en atención a que se fundamentan en causales de nulidad de tipo
objetivo.
17 i) La solicitud del demandante a la Secretaría General de la UFPS para que entregara el acta de la sesión del

29 de junio de 2023, pues fue aportada por el demandante en la reforma de la demanda; ii) El Acuerdo 078 de
29 de junio de 2023 a través del cual el CSU de la UFPS reconoció la designación de la representante de las
directivas académicas Patricia Adelina Vélez Laguado, pues la consideró impertinente, en la medida en que el
reconocimiento de dicha miembro del órgano colegiado de dicha institución, no guarda relación directa con el
objeto de la litis.
iii) La certificación del consejero Carlos Alberto Bolívar Corredor sobre lo sucedido en la reunión del CSU el 29
de junio de 2023, por cuanto consideró se trató de una prueba ilegal, recaudada con violación al debido proceso.
iv) En cuanto al Decreto presidencial 2233 de 17 de noviembre de 2022, mediante el cual se designó a Carlos
Alberto Bolívar Corredor como representante ante el CSU de la UFPS, su cédula e información sobre el buzón
web de su correo electrónico, las negó por impertinentes en la medida en que no guardan relación con el objeto
de la litis.

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6. Alegatos de conclusión en primera instancia

6.1. Departamento de Norte de Santander

26. Reiteró, en esencia, los argumentos de la contestación de la demanda e
indicó que el acto administrativo demandado se expidió conforme a las normas en
que debía fundarse y sin violación alguna de los preceptos legales que lo
fundamentan.

27. Por otra parte, manifestó que debido a la carencia de material suficiente en
el concepto de la violación alegado por el accionante, imposibilita al juez de la causa
conocer los motivos reales de anulación, por lo que debe mantenerse la presunción
de legalidad del acto acusado.

6.2. Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)

28. Planteó los mismos argumentos aducidos en el escrito de contestación de la
demanda, para lo cual solicitó se denieguen las pretensiones en virtud a que el actor
no sustentó, ni acreditó, los presupuestos fácticos y jurídicos con los que pretendía
formular la causal de nulidad endilgada.

29. Indicó que, conforme a la fijación del litigio, el debate radica en determinar si
se vulneró el quorum exigido para la votación y elección de las demandadas. En tal
sentido, recalcó que la designación realizada garantizó el número mínimo de
miembros del CSU para decidir, al igual que el requisito especial, para el
nombramiento de las decanas, que comprende la participación de las dos terceras
partes de los integrantes del órgano colegiado con derecho a votar.

6.3. Jorge Heriberto Moreno Granados (demandante)

30. Requirió inaplicar el Acuerdo 019 de 1994, por ilegal, en concordancia con el
artículo 148 del CPACA.

31. Adujo que dicho acuerdo transgrede el inciso tercero del artículo 25 del
Acuerdo 091 de 1993, mediante el cual se aprobó el Estatuto General de la
Universidad, ya que los acuerdos del CSU deben llevar la firma de quien presida la
reunión y del secretario de dicho órgano; sin embargo, la copia aportada el proceso
no cuenta con la rúbrica de los miembros descritos.

32. En tal sentido, manifestó que, de proceder la inaplicación del Acuerdo 019 de
1994, el Acuerdo 078 de 2023, a través del cual se reconoció la designación del
representante del sector académico ante el CSU, es nulo.

33. Así pues, al posesionarse la representante del sector académico y sin estar
en firme el Acuerdo 078 de 2023, se procedió, en la misma sesión, a designar a la
representante del sector productivo, lo cual evidencia que esta última designación
también resultó ilegal.

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34. A su vez, reiteró que la designación de Patricia Adelina Vélez Laguado no
estaba en firme, ya que solo podía posesionarse y actuar como miembro del CSU
de la UFPS a partir del «14 o 17 de julio de 2023», por lo que su participación en la
votación y aprobación de los acuerdos subsiguientes18 a su posesión son ilegales.

35. El Ministerio Público en esa instancia procesal guardó silencio.

7. Sentencia de primera instancia

36. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda, pues no se encontraron configuradas las causales de nulidad planteadas
por el accionante.

37. Previo a analizar de fondo los argumentos esbozados y de conformidad con
la sentencia de la Corte Constitucional T-303 de 2015, concluyó que no existían
fundamentos suficientes para inaplicar el Acuerdo 019 de 1994, pues de su revisión
afirmó que se trata de un acto expedido en virtud de la autonomía universitaria que
reviste al CSU de la UFPS, sin que fuese posible encontrar contradicción alguna
con el ordenamiento superior.

38. A su vez, precisó que aunque las copias aportadas del Acuerdo 019 de 1994
carecen de las firmas del presidente y el secretario del CSU, esta circunstancia es
insuficiente para determinar que el documento original no fue firmado por dichos
miembros en su momento; no obstante, este hecho no fue objeto de la fijación del
litigio, pues no corresponde al estudio de legalidad formulado, por lo que indicó que,
mal haría, dicha Sala de decisión, inaplicar este estatuto sin tener certeza de las
condiciones en las que fue expedido en aquel entonces.

39. Ahora bien, con relación a los cargos de nulidad expuestos indicó que, de
conformidad con el artículo 16 del Acuerdo 019 de 1994 el CSU podrá sesionar con
más de la mitad de los miembros con derecho a votar y para la toma de decisiones,
conforme lo dispone el artículo 24 del mismo estatuto, es necesaria la mitad más
uno de los miembros con derecho a votar presentes en la sesión; sin embargo, para
el nombramiento o remoción del rector y de los decanos se requiere un quorum
«especial» que comprende por lo menos las dos terceras partes de los miembros
con derecho a votar.

40. En tal sentido, indicó que el artículo 3 ibidem estableció que el CSU lo
componen 9 integrantes con derecho a votar, por lo que, la mitad, al tratarse de un
número impar, el número mínimo requerido para sesionar conforme lo dispuso el
artículo 16 comprende 5 miembros con voto, pues la exigencia de más de la mitad
corresponde al número entero inmediatamente superior a la mitad, en concordancia
con la jurisprudencia de la Sección Quinta19.

18 Sin precisar a qué actos hacía referencia.
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, providencia de 9 de junio de 2022, radicado

25000-23-41-000-2019-00892-01; MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, providencia de 24 de agosto de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2023-00050-00.

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41. Ahora bien, tal y como lo indicó el demandante, se encuentra acreditado que
el consejero Carlos Alberto Bolívar Corredor abandonó la sesión antes de
efectuarse la votación de la designación de Patricia Adelina Vélez Laguado, como
representante de las directivas académicas, ante el CSU y tampoco estuvo presente
en la designación de los decanos demandados, tal y como lo acredita el Acta 25 de
29 de junio de 2023.

42. Sin embargo, para el momento en que se debatió la designación de los
decanos, se encontraban presentes siete de los nueve miembros con derecho a
votar, por lo que, contrario a lo afirmado por el demandante el CSU de la UFPS
atendió a las exigencias contenidas en el artículo 24 del Acuerdo 019 de 1994,
referente al quorum especial necesario para la designación de decanos, pues se
contó con la participación de las dos terceras partes de los miembros con derecho
a votar.

43. Posteriormente, indicó que el cargo de nulidad formulado por el demandante
relativo a que Patricia Adelina Vélez Laguado no podía participar en la discusión y
aprobación de los acuerdos sometidos a consideración del CSU el 29 de junio de
2023, en razón a que no estaba en firme el acto administrativo a través del que se
reconoció la designación de ella, concluyó que dicha discusión resulta inane, pues
aunque no se tuviera en cuenta su participación, se seguiría cumpliendo con el
quorum «especial» requerido, el cual corresponde a mínimo 6 miembros con
derecho al voto.

8. Recurso de apelación

44. El demandante recurrió la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda y solicitó se inaplique con efectos interpartes el Acuerdo 019 de 199420
por ser violatorio del principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la
Constitución Política; de igual forma lo requirió respecto de los «fragmentos» de los
folios 13 y 16 del Acta 25 de 29 de junio de 2023, en los que están contenidas las
designaciones de Patricia Adelina Vélez Laguado y Leydi Viviana Umbarila Vélez,
como representantes de las directivas académicas y del sector productivo
respectivamente.

45. Con relación al Acuerdo 019 de 1994, reiteró que debe inaplicarse en virtud
a que este debió ser signado por quien presidia la reunión y el secretario del CSU,
de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo 091 de 1993, situación que no se
evidencia del documento aportado por la UFPS, obrante en el expediente, ni en el
cargado en la página web oficial de la universidad, lo que a su juicio acarrearía la
vulneración del principio de legalidad contenido en la constitución.

46. Con relación a la inaplicación parcial de los folios 13 y 16 del Acta 25 de 29
de junio de 2023, manifestó que, tanto la posesión de Patricia Adelina Vélez
Laguado como de Leydi Viviana Umbarila Vélez, violan los artículos 25 del Acuerdo
048 de 2007 del CSU de la UFPS, 209 de la Constitución Política y 33 del Decreto

20 «Por el cual se establece el REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER»

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Demandante: Jorge Heriberto Moreno Granados
Demandados: Dora Clemencia Villada Castillo y
otras, como decanas de la
Universidad Francisco de Paula Santander
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00162-02

19 de 2012, pues no se evidencia del acta, que se haya redactado el acuerdo
definitivo con inclusión de la numeración correspondiente, indicando el día, mes y
año en que se expidió y la consecuente firma del presidente y la secretaria de la
reunión, tal y como lo exige la norma en cita. Por lo tanto, las posesiones de dichas
representantes, al revisar el acta, no fueron aprobadas en la reunión del 29 de junio
de 2023, «luego sin estar aprobada[s] [las] acta[s] no podía[n] tomar posesión».

47. En consecuencia, afirmó que de los argumentos expuestos se puede
evidenciar que Patricia Adelina Vélez Laguado y Leydi Viviana Umbarila Vélez no
podían posesionarse, tornando ilegal el acto de sus designaciones y sus
actuaciones posteriores, al interior del CSU, como participar en la elección de las
decanas de la UFPS hoy demandadas, lo que tornaría insuficiente el número de
miembros requerido para la designación cuestionada (dos terceras partes de los
miembros con derecho a votar).

9. Trámite en segunda instancia

48. El 13 de agosto del 202421 se admitió la apelación y se ordenaron los
traslados de ley.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

49. El departamento de Norte de Santander22 concluyó que debe confirmarse
la decisión y se remitió a los argumentos expuestos en el curso del proceso.

50. Las demás partes guardaron silencio.

11. Concepto del Ministerio Público

51. La procuradora delegada, luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial de la autonomía universitaria y sus límites concluyó que se debe
confirmar la decisión de primera instancia, pues a su juicio, los argumentos
expuestos por el recurrente, frente a la excepción de ilegalidad, constituyen un cargo
nuevo al debatido y resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, pues no
hacen parte a la infracción normativa expuesta en el escrito inicial.

52. Por tanto, al no hacer parte de la controversia fijada en el proceso, no es
posible estudiarlo, en aplicación de la garantía del derecho de defensa y
contradicción de las partes del proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

21 Índice 5 Samai.
22 Índice 10 Samai.

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53. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.c23, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el
asunto, porque se demandó el Acuerdo 083 de 29 de junio de 2023 del CSU de la
UFPS que contiene la elección de Dora Clemencia Villada Castillo24, Doris Amparo
Parada Rico25, Laura Yolima Moreno Rozo26, Johanna Milena Mogrovejo Andrade27 y
Erika Alejandra Maldonado Estevez28 como decanas de la Universidad Francisco de
Paula Santander (art. 13 del Reglamento).

2. Problema jurídico

54. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos, se deberá determinar
si se revoca, modifica o confirma la sentencia, del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, que negó las pretensiones de la demanda formulada contra la
elección de las decanas de la Universidad Francisco de Paula Santander elegidas
el 29 de junio de 2023 mediante el Acuerdo 083 de 2023.

55. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala circunscribirá el análisis a los
planteamientos del apelante, conforme lo dispone el artículo 320 29 del Código
General del Proceso, por tanto, deberá establecerse si el acto de elección de las
demandadas, contenido en Acuerdo 083 de 29 de junio de 2023 expedido por el
CSU de la UFPS, es nulo, puesto que:

• La designación de las decanas demandadas está viciada de nulidad debido
a que no contó con el quorum «especial» requerido por el artículo 24 del
Acuerdo 019 de 1994, ya que las designaciones de Patricia Adelina
Laguado y Leydi Viviana Umbrila Vélez como representantes ante el CSU,
están viciadas de ilegalidad e inconstitucionalidad y debieron ser
inaplicadas.

• El Acuerdo 019 de 1994 es violatorio del principio de legalidad debido a
que no está signado por el secretario del CSU y quien presidió en su

23Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.c. c) De la nulidad de los actos
de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de
nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor
o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital, así como de los municipios de setenta mil
(70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento, independientemente de la autoridad
nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos directivos de entidades públicas
de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida expresamente al Consejo de
Estado».
24 Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.
25 Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
26 Decana de la Facultada de Ciencias Básicas.
27 Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales.
28 Decana de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades.
29 «FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión

decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión (…)». (negrilla fuera de texto original).

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momento la reunión, conforme lo dispone el artículo 25 del Acuerdo 091 de
1993.

56. Posteriormente, se estudiará la excepción de ilegalidad formulada, con el
ánimo de establecer si la inaplicación, tanto del Acuerdo 019 de 1994 y de las
designaciones mencionadas conllevaría una indebida conformación del quorum
respecto de la elección cuestionada.

57. Por último, en caso de establecerse que las representantes Patricia Adelina
Laguado y Leydi Viviana Umbrila Vélez no podían participar en la elección, deberá
definirse la incidencia de este hecho en la elección, y como pudo afectar los
nombramientos demandados.

58. Con el propósito de dar solución a los cuestionamientos antes planteados, la
Sala abordará los siguientes tópicos: i) de la autonomía universitaria, reiteración de
jurisprudencia; ii) de la conformación del quorum para la elección de los decanos al
interior de la UFPS y; iii) caso concreto.

3. Autonomía universitaria30, reiteración jurisprudencial

59. La Asamblea Nacional Constituyente convocada para 1991 reconoció la
importancia que, para el desarrollo social, tienen las universidades estatales por ser
allí donde se forman las personas que en el mañana regirán los destinos del Estado
y de la comunidad desde diferentes escenarios. El constituyente consideró que ese
importante papel no se podía cumplir de forma cabal si las universidades oficiales
quedaban sujetas o subordinadas a los gobiernos de turno, ya que el manejo de la
política no siempre va por el mismo camino del pensamiento académico inspirado
en la libertad, y por ello tomó la decisión de dotarlas de un régimen especial de
autonomía, concebido en la Constitución Política de 1991, así:

Artículo 69.- Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior. (Subrayado de la Sala)

60. El constituyente empleó los términos correctamente para dar a entender que
las universidades oficiales no solamente serían autónomas, como muchos otros
órganos y entidades citados en la Constitución de 1991, tales como la Comisión
Nacional de Televisión, la Organización Electoral, la Contraloría General de la
República, la Procuraduría General de la Nación, las Corporaciones Autónomas
Regionales, etc., sino que además tendrían un régimen especial de autogobierno
y autorregulación, sin menoscabo de las facultades propias del legislador. Así, la

30 Reiteración de jurisprudencia. Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia

18 de agosto de 2022, radicado 41001-23-33-000-2022-00001-02.

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nueva visión de las universidades estatales fue definida por el Tribunal
Constitucional en estos términos:

El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta
Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido
por esta Corporación como un principio de autodeterminación derivado de la
Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar
su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines
académicos que se plantea.

61. Así pues, el legislador, con el ánimo de desarrollar el régimen especial de
autonomía de las universidades públicas, profirió la Ley 30 de 28 de diciembre de
1992 «Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior», que estableció
que el grado de autonomía se vería reflejado en aspectos tales como: (i) darse y
modificar sus estatutos; (ii) designar sus autoridades académicas y
administrativas; (iii) crear, organizar y desarrollar programas académicos; (iv)
definir y organizar labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales; (v) conferir los títulos a sus egresados; (vi) seleccionar los profesores;
(vii) admitir a los alumnos y adoptar sus regímenes; y, (viii) establecer, arbitrar y
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función
institucional (Artículos 28 y 29).

62. En efecto, el régimen de autonomía le permite a las universidades oficiales
libertad en materia normativa, pues dentro de sus atribuciones puede expedir
los estatutos que rigen su actividad.

63. En todo caso, la realización del régimen de autonomía de las universidades
estatales debe surtirse, en cualquiera de los planos aludidos, «…de acuerdo con la
ley». Esta expresión debe tomarse en sentido material y teleológico. Es decir, que
los estatutos, actuaciones y decisiones que adopten los centros de educación deben
observar la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos o acogidos
por el Estado Colombiano en temas de derechos fundamentales y de educación, y
la ley.

64. Entonces, este régimen de autonomía de las universidades oficiales se
desarrolla dentro de los límites generales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico,
pues ello no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el
desconocimiento del carácter unitario del Estado Colombiano que se ampara en el
artículo 1º de la Constitución Política de 1991.

4. La conformación del quorum para la elección de los decanos al interior de
la UFPS

65. En concordancia con el concepto de autonomía universitaria analizado en
precedencia, la Ley 30 de 1992 dispuso que el Consejo Superior Universitario es el
máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad31, y que, a su vez, el
estatuto de la UFPS dispuso dentro de las funciones de dicho órgano de gobierno,

31 Artículo 64.

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la de designar y remover a los decanos de la institución de acuerdo con lo previsto
en sus normas y reglamentos.32

66. Este órgano de gobierno, de conformidad con el artículo 16 de su reglamento
interno, dispuso que para poder sesionar se requerirá más de la mitad de los
miembros con derecho a votar; disposición normativa que a su vez le otorgó a 9 de
sus miembros dicha posibilidad, tal y como lo estableció el artículo 3 del Acuerdo
019 de 1994.

67. En tal sentido, el CSU está integrado así:

a. El Gobernador del Departamento Norte de Santander o, en casos excepcionales,
su delegado para la universidad Francisco de Paula Santander, quien lo presidiera.
b. Un miembro designado por parte del Presidente de la República.
c. El Ministro de Educación o su delegado.
d. Un Representante de la Directivas Académicas, miembro del Consejo Académico
y designado por el mismo.
e. Un profesor de la institución o su suplente, de dedicación exclusiva o tiempo
completo, elegidos mediante votación directa y secreta por el cuerpo profesional.
f. Un estudiante regular o su suplente, elegido mediante votación secreta por los
estudiantes con matrícula vigente. No debe tener sanción académica, disciplinaria ni
de ley.
g. Un egresado graduado de la Institución, elegido mediante votación secreta por los
egresados graduados de la Universidad, de acuerdo con la reglamentación que para
el efecto establezca el Consejo Superior Universitario.
h. Un representante del Sector Productivo seleccionado por el Consejo Superior
Universitario, de la lista presentada por su Presidente. El Consejo Superior
establecerá los criterios para su designación.
i. Un Exrector de la Universidad Francisco de Paula Santander, designado por el
Consejo Superior Universitario, de entre quienes presenten su nombre para el efecto.
j. El Rector de la Universidad, con voz pero sin voto.

68. Por lo tanto, para que el CSU pueda sesionar deberá contar con más de la
mitad de los miembros con derecho a votar, por lo que, para el presente caso, la
mitad sería 4.5, sin embargo, debido a que corresponde a un número fraccionado,
deberá aproximarse al número entero siguiente, es decir 5, tal y como lo ha indicado
la jurisprudencia de esta Sección33.

69. Ahora bien, en el caso de las designaciones del rector o los decanos, el
artículo 24 del Acuerdo 019 de 1994, dispuso que se requerirá un quorum especial,
el cual corresponde a «por lo menos dos terceras de los miembros con derecho a
voto».

70. En tal sentido, para establecer la cifra exacta de los votos requeridos para la
designación de las decanas, que hoy nos convoca en el presente medio de control,
es necesario aclarar que aunque el CSU está integrado por diez (10) miembros, el
rector de la universidad participa en dicho órgano de gobierno con voz pero sin voto,

32 «Artículo 6: Son funciones del Consejo Superior Universitario, los siguientes:

(…)
j. Designar y remover al Rector y a los Decanos de acuerdo con lo previsto con el Estatuto General de la
Universidad y demás normas legales y reglamentarias».
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, providencia de 9 de junio de 2022, radicado

25000-23-41-000-2019-00892-01; MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, providencia de 24 de agosto de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2023-00050-00.

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por lo tanto, la cifra para determinar el quorum «especial» requerido es nueve (9);
en tal sentido, las dos terceras partes corresponde a 6 miembros presentes en la
sesión en la que se designa a los decanos.

5. Caso concreto

71. Ahora bien, para establecer si se cumplió con el quorum requerido para elegir
a las decanas demandas, la Sala procederá a realizar el estudio del Acta 025 de 29
de julio de 2023, pues, de conformidad con el artículo 3334 del Decreto Ley 19 de
2012, «[c]uando las decisiones consten en actas, la copia de éstas, autorizada por
el secretario general o por el representante de la entidad, será prueba suficiente de
los hechos que consten en las mismas, mientras no se demuestre la falsedad de la
copia o de las actas».

72. Al respecto, es necesario reiterar, tal y como se indicó en la parte
considerativa de la presente providencia, que el quorum necesario para elegir a las
decanas, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo 019 de 1994, corresponde
a las dos terceras partes de los miembros con derecho a voto, es decir, contar con
la participación de por lo menos 6 miembros.

73. Así pues, del acta se puede evidenciar que, el CSU en el punto 4.5 del orden
del día de la sesión llevada a cabo el 29 de junio de 2023, procedió a hacer el estudio
y aprobación de la designación de los «DECANOS PARA LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD, FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y
HUMANIDADES, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE,
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
SEDE CENTRAL» (sic).

74. En dicha oportunidad, la representante de las directivas académicas, Patricia
Adelina Vélez Laguado presentó impedimento para la elección de la decanatura de
la Facultad de Ciencias de la Salud, el cual fue aceptado con un total de 6 votos,
por lo que, en lo que respecta a dicha decanatura no participó para elegirla y fue
retirada de la sala.

75. En tal sentido, como se advierte de las páginas 26 y 27 del acta, Doris
Amparo Parada Rico obtuvo un total de 6 votos a favor, elección que cuenta con la
participación del número mínimo de representantes requerido para su validez de
conformidad con el artículo 24 del Acuerdo 019 de 1994.

34 «ARTÍCULO 33. Actas de las entidades públicas. Las decisiones de los consejos superiores o de los

cuerpos colegiados de la administración pública se harán constar en actas aprobadas por los mismos, o por las
personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por quien la presida y por quien sirva de
secretario, en las cuales deberá indicarse, además, los votos emitidos en cada caso.
Cuando las decisiones consten en actas, la copia de éstas, autorizada por el secretario general o por el
representante de la entidad, será prueba suficiente de los hechos que consten en las mismas, mientras no se
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. Respecto a decisiones que deban constar en actas, a los
funcionarios no les será admisible prueba distinta para establecer hechos que deban constar en ellas».
(Subrayado fuera del texto original)

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76. No obstante, luego de la elección de la decana de la Facultad de Ciencias de
la Salud, Patricia Adelina Vélez Laguado se reintegró a la sesión. Así pues,
posteriormente el CSU eligió a las decanas Dora Clemencia Villada Castillo35, Laura
Yolima Moreno Rozo36, Johanna Milena Mogrovejo Andrade37 y Érika Alejandra
Maldonado Estévez38, las cuales obtuvieron un total de 7 votos a favor, es decir que
también contaron con el número mínimo requerido de miembros del CSU para su
validez, de conformidad con las exigencias previstas en el reglamento interno de
dicho órgano de gobierno.

77. Sin embargo, el accionante considera que en la elección de las decanas no
debieron participar las representantes Patricia Adelina Laguado Vélez y Leidy
Viviana Umbarila Vélez, puesto que sus designaciones, son ilegales ya que
vulneraron el artículo 25 del Acuerdo 048 de 200739, por no contar con la
numeración «sucesivamente por periodos anuales con indicación del día, mes y año
en que se expidan» junto con la firma del presidente y la secretaria de la reunión.

78. Al respecto, resulta evidente que, en caso de ser procedente, tal
circunstancia podría incidir directamente en el quorum «especial» que debe
configurarse para decidir en la sesión en la que se eligieron a las decanas
demandadas, puesto que, con relación a la elección de la Facultad de Ciencias de
la Salud, en los términos del recurso de apelación, no se contaría con la
participación de Leidy Viviana Umbarila Vélez; mientras que para las decanas de
las facultades de Educación, Artes y Humanidades, Ciencias Agrarias y del
Ambiente, Ciencias Básicas y Ciencias Empresariales, se restaría, además de la
asistencia de la representante del sector productivo, la de la representante Patricia
Adelina Vélez Laguado; por lo que en ambos casos tendrían únicamente 5
miembros del CSU, sin llegar al mínimo requerido por el Acuerdo 019 de 1994.

79. No obstante, debe la Sala advertir que el recurrente formuló dichos reparos
vía excepción de ilegalidad de los apartes del acta que contienen la designación de
las representantes de las directivas académicas y del sector productivo y del
Acuerdo 019 de 1994, sin embargo, fueron propuestas en los alegatos de primera
instancia y en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del tribunal, lo que
da cuenta de su extemporaneidad y, con ello de la imposibilidad de ser resueltos en
la presente providencia, por tratarse de aspectos que no fueron materia de
controversia.

80. Ahora bien, no se puede desconocer que en la demanda y su reforma el actor
alegó que la designación de las representantes de las directivas académicas y del
sector productivo no estaban en firme debido a que contra ellos procedía el recurso
de reposición y, en su criterio, estos solo cobrarían validez al vencimiento de dicho
término situación que, señala, fue desconocida por el CSU en la sesión en la que
se eligió a las demandas.

35 Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.
36 Decana de la Facultada de Ciencias Básicas.
37 Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales.
38 Decana de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades.
39 Estatuto General de la UFPS.

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81. Al respecto debe advertirse que los reparos expuestos contra la posesión de
Patricia Adelina Vélez Laguado y Leydi Viviana Umbarila Vélez, representantes de
las directivas académicas y del sector productivo, respectivamente, no pueden
analizarse en este proceso, el cual se limita a definir la legalidad del Acuerdo 083
de 29 de junio de 2023 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad
Francisco de Paula Santander (UFPS), que contiene la designación de las
demandadas y no la forma en que se eligieron y tomaron posesión de su cargo las
consejeras en mención.

82. Sumado a lo anterior, no hay lugar a desconocer que, para lo que interesa a
la presente controversia, dichas representantes actuaron como miembros del CSU
en ejercicio del cargo para el cual fueron designadas y bajo las facultades
reglamentariamente asignadas, como da cuenta la respectiva acta de la sesión.

83. En consecuencia, al encontrarse demostrado a lo largo del proceso, que se
contó con el quorum especial necesario para la designación de decanos al interior
del CSU de la UFPS, se niegan las pretensiones de la demanda y se confirmará la
decisión de primera instancia.

7. Conclusión

84. De conformidad con las consideraciones expuestas y dado que en este
preciso asunto no se encuentran acreditados los cargos de nulidad propuestos por
infracción de las normas en que debía fundarse por incumplimiento del quorum en
la designación de las decanas demandadas, es lo procedente confirmar la sentencia
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones que se
manifestaron en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 28 de junio del 2024 del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual negó las pretensiones de
nulidad en contra de la elección de Dora Clemencia Villada Castillo40, Doris Amparo
Parada Rico41, Laura Yolima Moreno Rozo42, Johanna Milena Mogrovejo Andrade43
y Erika Alejandra Maldonado Estevez44 como decanas de la Universidad Francisco
de Paula Santander, por las razones expuestas en la presente providencia.

40 Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.
41 Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud.
42 Decana de la Facultada de Ciencias Básicas.
43 Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales.
44 Decana de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades.

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SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Ausente con permiso

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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