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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00190-01

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2023-00190-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2023 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la señora Alexys Trinidad Méndez Rojas, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2023-00190-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 54001-23-33-000-2023-00190-01
Accionante: ALEXYS TRINIDAD MÉNDEZ ROJAS
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
–UAEARIV

Tema: Tutela contra acto administrativo / incumplimiento del
requisito de subsidiariedad

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la señora Alexys Trinidad
Méndez Rojas contra la sentencia del 26 de septiembre de 2023
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La accionante, actuando en nombre propio, interpuso la acción de tutela
con el fin de obtener la protección del derecho fundamental de
indemnización administrativa, con fundamento en los siguientes:

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00190-01
Accionante: Alexys Trinidad Méndez Rojas

1. HECHOS

1.1. La señora Alexys Trinidad Méndez Rojas el 4 de julio de 2023
formuló petición ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas – en adelante UARIV, puesto que
dicha entidad distribuyó la indemnización de 27 SMMLV entre 14
personas de la cuales 9 no se encontraban en su núcleo familiar, pues
pertenecían al núcleo familiar de la señora Elida María Rojas Pallares, a
lo que la entidad le respondió que no resultaba factible proceder con
una doble indemnización.

1.2. Asimismo, manifestó que dicha entidad revocó parcialmente la
Resolución n.° 04102019-986911 del 23 de febrero de 2021 por medio
de la cual dispuso la indemnización administrativa y, en consecuencia,
a través de la Resolución n.° 04102019-98691 del 7 de febrero de 2023
ordenó reconocer la indemnización de los 27 SMMLV a favor de las 14
personas pero en dos núcleos diferentes e independientes, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los decretos 1084 de 2015 y 1356 de 2019.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La accionante sostuvo que la entidad accionada vulneró su derecho
fundamental de indemnización administrativa al expedir la Resolución
n.° 04102019-98691 del 7 de febrero de 2023, por medio de la cual se
dispuso distribuir la indemnización administrativa en dos núcleos
familiares diferentes, pero con el mismo monto de los 27 SMMLV, pues
considera que a su núcleo le corresponde el 100 % de los 27 SMMLV.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

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Accionante: Alexys Trinidad Méndez Rojas

«[…] respetuosamente solicito al señor juez tutelar a mi favor los derechos fundamentales
[…]

En consecuencia ordene al comité técnico de reparaciones de la unidad para atención y
reparación a las víctimas que en el término improrrogable proceda a modificar el modelo
en el que fue distribuida la indemnización en el mes de junio año en curso debiendo quedar
automáticamente modo fraccionado 14 porciento a solo 5 por cuenta del 100% 27 SMMLV
divididamente distribuido al núcleo familiar Alexis Trinidad Méndez Rojas que para el
efecto se ordene el desembolso faltante al tope 100% a nombre del actora[…]» (Sic a
toda la cita)

4. INFORMES

Mediante auto del 13 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar a la UARIV como accionado y al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta como tercero interesado en
las resultas del proceso.

4.1. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Cúcuta, a través de la juez titular del despacho, informó que no le
constan los hechos aducidos por la accionante en la demanda de tutela,
pues si bien se tramitó acción de tutela bajo radicado 54-001-33-33-
006-2016-00105, mediante fallo del 24 de junio de 2016 se ampararon
los derechos fundamentales de petición, a la reparación integral, vida
digna e igualdad de la accionante, ordenando a la entidad accionada
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas dar
respuesta de fondo a la petición presentada por la señora Alexys
Trinidad Méndez Rojas el 14 de octubre de 2015, informándole una
fecha cierta, razonable y oportuna, en la cual se realizara efectivamente
el pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, lo cierto fue que el objeto del fallo se cumplió,
por lo que estima que no le corresponde pronunciarse sobre actos
posteriores generados por la UARIV.

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4.2. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por conducto de la
representante legal, informó que la accionante se encuentra incluida en
el Registro Único de Víctimas por el hecho del desplazamiento forzado
SIPOD 135716 y 476396.

Asimismo, que la accionante presentó derecho de petición solicitando
aclaración en relación con la asignación y reconocimiento de la medida
de indemnización, el cual fue resuelto por la entidad, a través del oficio
Lex 7624956.

Hizo énfasis en que no es posible hacer un nuevo reconocimiento a
nombre de la señora Alexys Trinidad Méndez Rojas por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, toda vez que en virtud del
principio de prohibición de doble reparación y de compensación
consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448 de 2011, nadie podrá recibir
doble reparación por el mismo concepto, ello, teniendo en cuenta que
en el Registro Único de Víctimas y en las bases de datos se tiene que
ya fue objeto de pago.

Sostuvo que no era posible un nuevo reconocimiento, por los hechos
ocurridos el 27 de abril de 2002 en el municipio de Convención – Norte
de Santander, ni generar un desembolso adicional como se solicitó en
la petición la demandante.

Por otra parte, señaló que mediante n.° 04102019-986911 del 23 de
febrero de 2021, se reconoció inicialmente al siguiente grupo familiar:

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No obstante, la Unidad de oficio procedió a verificar nuevamente las
bases de datos, por lo que evidenció que el núcleo familiar estaba
compuesto por más integrantes de los que se relacionaron
previamente, razón por la cual procedió a expedir la Resolución nº.
04102019-986911RO del 7 de febrero de 2023 por medio de la cual de
oficio revoca parcialmente la Resolución n.° 04102019-986911 del 23
de febrero de 2021.

En ese sentido, pidió que se niegue el amparo constitucional, toda vez
que considera que en el marco de sus competencias ha realizado todas
las gestiones necesarias para cumplir con los mandatos legales y
constitucional, sin poner en riesgo sus derechos fundamentales.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 26 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander resolvió rechazar por
improcedente la acción de tutela, al considerar que en el presente
asunto no se acreditó el requisito de subsidiariedad.

Al respecto, señaló que existe otro medio de defensa judicial en el que
la parte actora puede controvertir el acto administrativo contenido en
la Resolución n.° 04102019-986911 del 7 de febrero de 2023; además
que tiene posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares.

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Máxime si se tiene en cuenta que de entrar analizar la legalidad del
acto administrativo en cuestión se podrían afectar los intereses de las
demás personas que fueron incluidas como beneficiarios de la medida
de indemnización administrativa.

Además, porque la parte actora no demostró que en el asunto bajo
estudio un perjuicio irremediable, con características de certidumbre o
inminencia, gravedad y la necesidad de atención urgente.

6. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia; sin embargo no
expuso los motivos de inconformidad.

Por otra parte, solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado y se
remita el presente proceso por competencia a la jurisdicción ordinaria
en su especialidad civil de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79 de la Ley 1448 de 2011.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

En el escrito de impugnación la parte actora solicita que se declare la
nulidad de todo lo actuado, puesto que es la jurisdicción ordinaria en
su especialidad civil quien tiene la competencia del presente asunto.

Ahora bien, se tiene que la señora Alexys Trinidad Méndez Rojas
presentó la acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas UARIV.

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No obstante, en reciente pronunciamiento la Corte Constitucional a
través del auto 104 del 2 de febrero de 20231, señaló lo siguiente:

« 5. Por reparto, la acción de tutela fue asignada a la Subsección A de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual, mediante auto
del 24 de noviembre de 2022, se apartó del conocimiento de la causa y dispuso la remisión
del plenario a la “Oficina de Reparto de los Juzgados Administrativos de Cali.” En
sustento de su decisión manifestó que, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1
del Decreto 333 de 2021, el expediente debía remitirse a los despachos judiciales
reseñados en tanto se trata de una acción de tutela que se dirige “contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”
(…)
10. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la aplicación de las
normas previstas en el Decreto 1069 de 2015, las cuales fueron modificadas parcialmente
por el Decreto 333 de 2021, no autoriza a los jueces de tutela para abstenerse de conocer
de los asuntos de amparo que les son asignados, en la medida en que tales normas
únicamente se refieren a reglas administrativas para el reparto de los casos, pero no hacen
alusión a la competencia de las autoridades judiciales. Así las cosas, teniendo en cuenta
que estos preceptos no pueden ofrecer ocasión para que los jueces se aparten del
conocimiento de las solicitudes de amparo, la Corte ha expresado que “en el caso de que
dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el
expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la
acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales.
11. Al hilo de lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un
conflicto aparente de competencia, pues la Subsección A de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se apartó del conocimiento de la
solicitud de amparo presentada por el señor Jorge Eliecer Hurtado Pino con fundamento
en las reglas de reparto, a pesar de que las mismas no desplazaban su competencia para
fallar la acción constitucional. A este respecto, es importante anotar que la antedicha
autoridad judicial no alegó ni demostró que se incumpliera alguno de los factores de
competencia previstos en el Decreto 2591 de 1991.
(…)
13. Por tal razón, la Corte dejará sin efectos el auto proferido por la Subsección A de la
Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el
24 de noviembre de 2022, mediante el cual se abstuvo de asumir el conocimiento de la
acción constitucional impetrada por el señor Jorge Eliecer Hurtado Pino. De igual
manera, ordenará que se le remita el expediente de la referencia para que, de forma
inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar, y le advertirá que,
en lo sucesivo, se abstenga de argumentar su falta de competencia en materia de
tutela con fundamento en reglas de reparto.» Negrilla y subrayado de la Sala

Así las cosas, no tiene vocación de prosperidad los argumentos
expuestos por la demandante en el escrito de impugnación, puesto que
considera la Sala que la jurisdicción contencioso administrativo sí tiene
competencia para conocer la presente acción de tutela, máxime si se

1
Se trae a colación lo señalado en el Auto 104 de 2023 proferido por la Corte Constitucional.

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tiene en cuenta la señora Méndez Rojas no demostró que se incumplió
con alguno de los factores de competencia previstos en el Decreto 2591
de 1991.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la
entidad accionada vulneró el derecho fundamental de indemnización
administrativa del accionante al expedir la Resolución n.° 04102019-
98691 del 7 de febrero de 2023 mediante la cual revocó de manera
parcial el acto administrativo que reconoció la medida de indemnización
administrativa de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 y
2.2.7.3.1. y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015.

3. Fundamentos de decisión. Generalidades de la acción de
tutela

Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando ellos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier entidad pública o de los particulares, cuya
conducta afecte grave o directamente derechos subjetivos
fundamentales.

En este orden, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de amparo -, establece dentro de las
causales de improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en

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cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela,
en aras de respetar la división de competencias que la misma carta ha
delineado y el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto,
desconocer tales atribuciones implicaría invadir a los jueces que
recibieron el encargo constitucional de poner fin a las controversias en
una jurisdicción determinada, para lo cual, fueron revestidos de
autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional2, destacando que no basta con
la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
determinar la improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar
la idoneidad y la eficacia del mismo en el caso concreto, sin que ello
implique el desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios
ordinarios de protección judicial como instrumentos legítimos para la
salvaguarda de los derechos.

De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho
referencia al tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos
administrativos, destacando como regla general que no es la sede
adecuada para controvertirlos, puesto que son los procedimientos de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los escenarios naturales
para la discusión sobre ellos3.

De esta manera entonces, la tutela es improcedente para debatir
asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo

2 Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
3 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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objeto se encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que le otorga la potestad de conocer “además de lo dispuesto en la
Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios
originado en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos
al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa…”.

Así, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del
cual, “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
(…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de
caducidad dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d)
Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la
demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

4. Caso concreto

De conformidad con el material probatorio allegado al plenario se
observa lo siguiente:

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Mediante n.° 04102019-98691 del 7 de febrero de 20234 la UARIV
revocó de manera parcial el acto administrativo que reconoció la
medida de indemnización administrativa de que trata el artículo 132 de
la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y siguientes del Decreto Único
Reglamentario 1084 de 2015, por las siguientes consideraciones:

«(…)
RESOLUCIÓN Nº. 04102019-98691 DEL 7 DE FEBRERO DE 2023

Por medio de la cual de oficio se revoca parcialmente la Resolución Nº. 04102019-986911
del 23 de febrero de 2021, “Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la
medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la
Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1. y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de
2015”

Que, con fundamento en la normatividad referida y en el análisis realizado a la solicitud
de indemnización, la Unidad decidirá si se tiene derecho o no a la indemnización
administrativa en los términos establecidos en la Resolución No. 1049 de 2019, así:
(…)
2. Como respuesta a la solicitud presentada, mediante Resolución Nº. 04102019-986911
del 23 de febrero de 2021, esta Unidad decidió RECONOCER el derecho a la medida de
indemnización por vía administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO
FORZADO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización para determinar el
orden de entrega de los recursos de indemnización administrativa de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad a las siguientes personas:

3. Que, la revisión de la actuación administrativa se logra establecer que por error no se
relacionaron las siguientes personas que hacen parte la solicitud de indemnización
administrativa con radicado 476396-627261, en la Resolución Nº. 04102019-986911 del
23 de febrero de 2021, y como consecuencia de ello, no se les asignó porcentaje en la
distribución del monto de indemnización.

4Información que se extrae del documento «RESOLUCION No. 192 RESUELVE SOBRE UNA SOLICITUD DE

REINTEGRO.pdf».

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4. Que, las personas relacionadas en el punto anterior hacen parte de la solicitud de
indemnización administrativa y se encuentran con estado de inclusión en el Registro
Único de Víctimas, por lo que es menester efectuar su reconocimiento a la compensación
económica en su condición de víctimas del conflicto de acuerdo con lo previsto en la Ley
1448 de 2011.

5. Que, siguiendo con la verificación de los sistemas de información se logró constatar
que las personas relacionadas en el punto 3 de la presente actuación administrativa, no
acreditaron alguna situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, es decir que,
no se acreditó que contaran con una discapacidad para el desempeño o una enfermedad
catastrófica o de alto costo, como tampoco, se logró identificar que tuviesen más de 68
años, situaciones que permiten la priorización de la entrega de la medida, por lo que es
procedente dar aplicación al inciso 3 del artículo 14 de esta misma Resolución que dispone
que el orden de entrega de la indemnización sea definido a través del Método Técnico de
Priorización.
(…)
Frente a la causal 3:
Respecto de esta causal, como se mencionó al inicio del presente acto administrativo, se
logró concluir que, en el presente caso, al momento de decidir el derecho a la
indemnización administrativa, no se tuvo en cuenta, sin justificación alguna, a la totalidad
de los integrantes de la solicitud del indemnización administrativa con radicado 476396-
627261, por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Que, por consiguiente, con la decisión proferida en la Resolución Nº. 04102019-986911
del 23 de febrero de 2021, al no reconocer el derecho a la medida de indemnización
administrativa a todas las personas relacionadas en la solicitud con radicado 476396-
627261, resulta lesivo para ellas que sin justificación quedaron sin pronunciamiento por
parte de la Unidad respecto a su derecho a acceder a la compensación económica que
entrega el Estado colombiano a las víctimas del conflicto armado por los hechos
victimizantes sufridos, y que además, contribuye al fortalecimiento o reconstrucción del
proyecto de vida de las víctimas que acceden a esa medida.

Que, por su parte, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, establece que los actos
administrativos de contenido particular y concreto sólo pueden ser revocados con el

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“…consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular…” del derecho
reconocido, “…salvo las excepciones establecidas en la ley…” (Negrillas fuera de texto),
en caso contrario la entidad debe demandar su propio acto ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, respetando en todo caso los derechos de audiencia y defensa.
(…)
Que, en este sentido, gracias al principio de interpretación sistemática de la norma legal
expuesta por la corte constitucional mediante Sentencia C-569 de 2000, existen
situaciones en las que el ordenamiento jurídico puede presentar algunos vacíos, los cuales
pueden articularse junto con otras reglas, de esta manera, y en virtud del mencionado
artículo 198, se hace necesario señalar, que las personas reconocidas inicialmente
mediante la Resolución XXXXXXXX, no tenían la calidad de beneficiarios respecto de
la totalidad del porcentaje inicialmente asignado, toda vez que como ya se indicó, existen
personas adicionales que cuentan con el derecho a la medida de indemnización, y no
fueron tenidas en cuenta, por lo cual es necesario acudir a la figura de la revocatoria, con
el fin de subsanar lo resuelto en el acto administrativo en mención.
(…)
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la decisión contenida en la
Resolución Nº. 04102019-986911 del 23 de febrero de 2021, conforme lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar a la Resolución Nº. 04102019-986911 del 23 de
febrero de 2021 el RECONOCIMIENTO del derecho a la medida de indemnización
administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO, a las
personas que se relacionan a continuación, de acuerdo con la parte motiva de la presente
actuación administrativa:
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Redistribuir el monto reconocido por concepto de
indemnización administrativa reconocido en la Resolución Nº. 04102019-986911 del 23
de febrero de 2021, de acuerdo con la parte motiva de la presente actuación administrativa
así:

ARTÍCULO CUARTO: Incluir a las personas reconocidas en el artículo anterior del
presente acto administrativo en la aplicación del Método Técnico de Priorización con el
propósito de determinar el orden para el desembolso de la medida, de manera proporcional
a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, y de conformidad con las razones
señaladas en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. La entrega de la medida de indemnización administrativa queda
condicionada a que, en el momento de ordenar su entrega, el estado en el Registro Único
de Víctimas sea de inclusión.

ARTÍCULO SEXTO. Los porcentajes reconocidos a un destinatario que fallece después
del presente reconocimiento y antes de la orden de entrega, serán distribuidos
automáticamente entre los demás destinatarios con derecho dentro del caso, sin necesidad
de realizar una nueva actuación administrativa.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00190-01
Accionante: Alexys Trinidad Méndez Rojas

ARTICULO SEPTIMO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución Nº.
04102019-986911 del 23 de febrero de 2021 continúan vigentes. (…)»

Por lo expuesto, considera la Sala que es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho el escenario propicio para evaluar a
profundidad si el acto administrativo contenido en la n.° 04102019-
98691 del 7 de febrero de 2023 que revocó de manera parcial el acto
administrativo que reconoció la medida de indemnización
administrativa adolece de alguna causal de nulidad o si, por el
contrario, conservan la presunción de legalidad, en la cual puede
solicitar el decreto de alguna de las medidas cautelares allí previstas, a
fin de procurar la tutela judicial efectiva.

Es menester señalar que, en el asunto bajo estudio, no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.

Por otra parte, es de advertir que el accionante no señaló en el escrito
de la demanda, que dentro del término de caducidad haya ejercido el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto
del acto administrativo en cuestión, lo que tornaría improcedente la
acción de tutela, incluso como mecanismo transitorio, pues ello
implicaría permitir que se pretendan revivir términos vencidos, lo que
desnaturalizaría el propósito de la acción constitucional. Así lo ha
señalado la Corte Constitucional:

«No procedía pues una protección transitoria de los derechos del actor para evitar
un perjuicio irremediable, en tanto la decisión judicial ya se había producido, y
mucho menos podía pretenderse que se tramitara la acción de tutela como
mecanismo principal, teniendo en cuenta que habría sido por causa de la demora del
accionante al interponer la acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
que se habría hecho inoperante la vía judicial ordinaria. Cabe reiterar lo expuesto en
precedencia frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad que se presenta
cuando quien acude a la acción de tutela ha dejado vencer términos procesales o ha
dejado de utilizar los mecanismos a su disposición, sin que exista una justa causa

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para hacerlo, situación que aparece probada en el presente caso, teniendo como base
para afirmar lo anterior la naturaleza de la acción intentada ante el contencioso
administrativo, de acuerdo al cual la acción sería de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo que indica que el actor pretendería con la acción de tutela revivir
términos vencidos, desnaturalizando el propósito protector de los derechos
fundamentales que tiene la acción de tutela5: “La anterior exigencia guarda relación
directa con la naturaleza cautelar de la tutela transitoria, pues de caducar o
prescribir las posibilidades de acceso a la administración de justicia por causas
imputables al demandante, mal puede la tutela fungir como mecanismo para revivir
los términos ordinarios” 6»7.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción, pues, se reitera, dentro de las
facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las
herramientas judiciales idóneas para obtener la protección
iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela
se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo
que lejos de amparar un derecho vulnerado, propiciaría un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la
carta a los jueces constitucionales.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

5 No sobra anotar que en el presente caso la Sala se ha pronunciado única y exclusivamente sobre la improcedencia de

la acción de tutela contra las resoluciones dictadas por la Contraloría, no así por las cuestiones definidas al interior del
proceso judicial, y que, eventualmente, podrían ser objeto de acción de tutela. Igualmente, para controvertir el fondo de
las decisiones emanadas de la autoridad aquí demandada subsisten para el accionante mecanismos judiciales ante el juez
contencioso administrativo como podría ser la nulidad simple de los actos atacados.
6 Sentencia SU-544 de 2001.
7 Sentencia T-871 de 2011.

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Accionante: Alexys Trinidad Méndez Rojas

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de septiembre de 2023
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander rechazó por improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Alexys Trinidad Méndez Rojas,
por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés
(2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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