Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2023-00201-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 54001-23-33-000-2023-00201-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 54001-23-33-000-2023-00201-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 54001-23-33-000-2023-00201-01 (30865)
Demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. BIC
Demandado MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE DE SANTANDER
Temas Impuesto de Alumbrado Público. Sujeción pasiva. Vigencia
Ley 1819 de 2016. Tarifa. Principio de consecutividad.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, que resolvió1:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la i) Liquidación oficial del impuesto de alumbrado público
mediante Resolución No.003, fecha: 02-04-2021 (sic), expediente No. 002, contribuyente
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, NIT (…), impuesto de alumbrado público,
proferida por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Toledo.
Y de la ii) Resolución No. 001, mediante la cual la Secretaria de Hacienda Pública del
Municipio de Toledo resolvió recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación
oficial del impuesto de alumbrado público, Resolución No.003, fecha: 02-04-2021 (sic),
expediente No. 002., a través de la cual se confirma “los valores determinados por impuesto
de alumbrado público en la LIQUIDACION OFICIAL No. 003 DEL 2022 a cargo de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC”, y determina que la “obligación asciende a TRESCIENTOS
CUARENTA (sic) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($340.459.645). De esta manera, la obligación consolidada de COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. por impuesto de alumbrado público por los periodos
enunciados en las anteriores tablas corresponde a: TRES MIL OCHO MILLONES SESENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($3.008.063.561)”.
SEGUNDO: DECLARAR que la empresa demandante, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,
no está obligada a pagar suma alguna por concepto de los actos administrativos anulados en
este proceso judicial, mediante los cuales se liquidó el impuesto al alumbrado por los períodos
y valores allí determinados. Lo anterior, deviene, lógicamente, de la declaración de nulidad
de los actos administrativos por falsa motivación.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda
CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia (…).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante resolución 003 del 2 de abril de 20222, el municipio de Toledo expidió la
liquidación oficial del impuesto de alumbrado público contra Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por los periodos de abril de 2017 a agosto de 2021.
1
Samai del tribunal, Índice 20, páginas 26 y 27.
2
Samai, expediente digital, índice 2, PDF demanda páginas 48 y siguientes. Se precisa que en el acto administrativo se
indica el año de expedición 2021, pero corresponde a 2022, considerando los periodos y registros fácticos contenidos en
el mismo.
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La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión; en
consecuencia, la entidad territorial expidió la resolución 001 del 27 de enero de
20233, confirmando íntegramente el acto inicial.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
PRIMERA. Que se declare la nulidad total de la actuación administrativa integrada por los
siguientes actos administrativos:
a) La liquidación de aforo del impuesto de alumbrado público establecidos mediante la
Resolución Nos. 003-2022, en contra de Telefónica, por un valor de TRES MIL OCHO
MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($ 3.008.063.561),
b) El acto administrativo (Resolución) No. 001 de enero de 2023 del Secretario de
Hacienda Municipal, donde se resuelve el recurso de reconsideración presentado a
la liquidación del impuesto inicialmente mencionada.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Telefónica
en los siguientes términos:
a) Declarando que mi representada no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado
público en El Municipio y por tal razón no se encuentra obligada al pago de dicho
impuesto liquidado en los actos administrativos demandados por valor de TRES MIL
OCHO MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE ($
3.008.063.561),
b) Ordenándole al Municipio que se abstenga de continuar liquidando el nombrado
impuesto en contra de mi representada.
c) Condenando al Municipio a pagar las costas en las que tuvo que incurrir Telefónica
tanto en el proceso en sede administrativa como las de éste (sic) proceso y al mismo
tiempo declarando que no están a cargo de Telefónica las costas en que haya
incurrido el Municipio en los mismos procesos.
d) Relacionado con los actos administrativos demandados, en el evento en que se
adelante por parte del Municipio un proceso administrativo coactivo con apropiación
de dinero de Telefónica, solicito que se restablezca el derecho de dicho (sic) empresa,
en el fallo aclarando que de haberse producido la apropiación se ordene la devolución
del dinero apropiado con su correspondiente actualización.
La demandante invocó como normas violadas los artículos 4, 29, 95 (numeral 9),
209, 313, 338 y 363 de la Constitución Política; 3, 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; 176 del Código
General del Proceso; 683, 712, 715, 717, 719 y 743 del Estatuto Tributario; 59 de la
Ley 788 de 2002; 8 y siguientes del Decreto 2424 de 2006, y las resoluciones CREG
043 de 1995 y 123 de 2011. El concepto de la violación se resume a continuación:
Alegó una falsa motivación por inexistencia de la sujeción pasiva del impuesto de
alumbrado porque no tiene domicilio, sucursal, establecimiento de comercio o
inmueble en la jurisdicción municipal. Afirmó que no forma parte de la colectividad
residente en el municipio ni tiene la condición de usuario potencial del servicio.
3
Ibidem, página 119 y siguientes.
4
Ibidem, página 12.
2
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Indicó que en el procedimiento de determinación no se probó que tuviera sede o
domicilio en su jurisdicción. Invocó pronunciamientos del Consejo de Estado5 para
sostener que las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos «siempre que tengan
establecimiento en el municipio que administra el tributo» y, por ello, formen parte de la
colectividad potencialmente beneficiaria del servicio. Resalto que, aunque los
precedentes se referían a empresas dedicadas a la exploración o explotación de
recursos naturales, la regla era aplicable a su situación, dado que no reside ni tiene
domicilio en Toledo.
Sostuvo que no se ha demostrado la existencia de la obligación porque la base y la
tarifa fijadas no guardan relación con el hecho generador del impuesto. Señaló que
la sola tenencia de antenas o torres de telecomunicaciones no la convierte en
usuario potencial del alumbrado público ni constituye una dimensión inherente al
hecho imponible. Así, por lo menos se debe esperar que la sujeción se haga con
fundamento en el «único argumento válido legal y técnico, cuáles es el ser usuario del servicio
de energía eléctrica y determinar la cuantificación con base en el consumo de la misma»
Agregó que la norma local señaló aspectos ajenos al hecho generador del tributo
de alumbrado público, que consiste en la utilización del servicio, evidenciando un
exceso en sus facultades, al no precisar si es una actividad o bienes a los que se le
impone el gravamen. Refirió un fallo del Consejo de Estado6 así como un concepto
de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda7, para destacar la
relación estrecha de la tarifa con el hecho imponible, situación inexistente en el
presente caso, solo por las antenas o torres de transmisión y la prestación del
servicio consistente en iluminar bienes de uso público y espacios de libre circulación
vehicular o peatonal. A esto se suma que tampoco consulta el principio de
capacidad de pago.
Finalmente, alegó que, según el artículo 9 del Decreto 2424 de 2006 el impuesto
debe cobrarse según el costo del servicio, sin embargo, la tarifa en el Municipio de
Toledo se fijó con relación al servicio de energía eléctrica, para algunos
contribuyentes y con una tarifa fija expresada en salarios mínimos legales
mensuales para un «listado indiscriminado, ilegal y anti técnico de actividades y propietarios »,
lo que también desconoce la Resolución CREG 043 de 1995.
Por ello, solicitó inaplicar las disposiciones municipales que sirvieron de fundamento
a la liquidación demandada.
Oposición de la demanda
El Municipio de Toledo controvirtió las pretensiones de la demanda en los siguientes
términos8:
Afirmó refiriéndose a la sujeción pasiva, que Colombia Telecomunicaciones es
usuaria del servicio de energía eléctrica suministrado por Centrales Eléctricas de
Norte de Santander —CENS— en nueve puntos del municipio, para lo cual identificó
el número de usuario y medidor, la dirección y, clase de servicio y si era urbano o
rural.
5
Sentencias del 24 de octubre de 2023, exp. 2008-43 sin identificar ponente; del 24 de septiembre de 2015, expediente
21217 sin mencionar el magistrado ponente, y del 10 de marzo de 2011, radicación 08001-23-31-000-2003-01824 01,
M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
6
Sentencia del 6 de agosto de 2009, exp. 16315, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7
Citó el concepto del 24 de enero de 2008, radicado 1-20007-054976.
8
Samai del tribunal, índice 6.
3
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Así las cosas, cuenta con infraestructura de su propiedad en el municipio, cuya
ubicación individualizó mediante direcciones, coordenadas georreferenciadas y
altitudes, para lo cual agregó unas fotografías, así como un enlace que evidencia
una importante cobertura de sus servicios en Toledo.
Alegó que el hecho imponible del impuesto es la prestación del servicio de
alumbrado público y que el hecho gravable se concreta en la condición de usuario
potencial o receptor de aquel. Con fundamento en jurisprudencia del Consejo de
Estado9, sostuvo que una empresa tiene esa calidad cuando cuenta, por lo menos,
con un establecimiento físico en la jurisdicción municipal y resulta beneficiada
directa o indirectamente por el servicio, lo que se cumple en este caso porque
dispone de instalaciones físicas en Toledo.
Con fundamento en el certificado de existencia y representación legal, así como de
los ingresos reportados, concluyó que se trata de una empresa calificada como
grande, que realiza actividad comercial dentro del municipio y cuenta con predios e
infraestructura en el ente territorial.
Sostuvo que no le correspondía demostrar nuevamente en el proceso judicial la
condición de usuaria potencial, porque esta había sido establecida en los actos
administrativos, los cuales están amparados por la presunción de legalidad, siendo
la demandante quien debía desvirtuar dicha presunción.
Indicó que los cuestionamientos contra los acuerdos que sirvieron como fundamento
para el cobro debían presentarse en otra demanda, además destacó que dichos
actos generales también se presumen legales, pues no han sido anulados por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Manifestó que no infringió la Ley 1819 de 2016, porque esta facultó a las entidades
territoriales para establecer el impuesto de alumbrado público y regular sus sujetos
pasivos, base gravable y tarifas. Agregó que, si la demandante consideraba
inconstitucional esa regulación, debía controvertir la ley, resaltando que su
contenido fue declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-130
de 2018.
Resaltó que actuó conforme a sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, permitió la interposición del recurso de reconsideración y lo resolvió
debidamente, máxime cuando las decisiones demandadas señalaron los elementos
necesarios para efectuar el cobro y la liquidación del impuesto.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró la nulidad de los actos de
determinación y, como restablecimiento del derecho, dispuso que la demandante
no estaba obligada a pagar las sumas liquidadas. Negó las demás pretensiones y
se abstuvo de condenar en costas, conforme a lo siguiente10:
Frente al cargo de falsa motivación, examinó la regulación del impuesto de
alumbrado público contenida en los Acuerdos 024 del 27 de diciembre de 2017 y
013 del 19 de septiembre de 2018 que en sus artículos 170 y siguientes definieron
como sujetos pasivos a los usuarios o beneficiarios, directos, indirectos o
9
Solo indicó que es una sentencia del 14 de junio de 2018.
10
Samai del Tribunal, índice 20
4
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potenciales del servicio; establecieron como hecho generador su uso o disfrute
actual o potencial, y fijaron tarifas especiales, entre otras, para las actividades de
operación de telefonía móvil, recepción o transmisión de enlaces y empresas de
telecomunicaciones.
También expuso el régimen previsto en los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de
2016 y acudió a la sentencia de unificación de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado del 6 de noviembre de 201911 para señalar que las empresas del sector de
las telecomunicaciones que tengan activos ubicados o instalados en el municipio
son sujetos pasivos del impuesto siempre que cuenten con un establecimiento físico
en la jurisdicción y, por ello, puedan ser consideradas beneficiarias potenciales del
servicio de alumbrado público.
Así las cosas, precisó que la sujeción pasiva exigía dos condiciones acumulativas:
un establecimiento físico en el municipio y que fuera beneficiaria potencial del
servicio, por lo que no es suficiente la presencia de cables, postes, torres o similares
por el municipio, siendo obligación de la administración acreditar la existencia de
ese establecimiento físico, lo cual podía obtenerse por medios como facturas de
servicios públicos, contratos de arrendamiento, certificados de cámara de comercio.
Afirmó que reposaban certificados de tradición correspondientes a dos predios
rurales y liquidaciones del impuesto predial. Consideró que esos documentos solo
acreditaban la propiedad de los terrenos donde se encontraban las antenas, pero
no demostraban la existencia de un establecimiento físico ni el beneficio potencial
derivado del alumbrado público. También destacó que el certificado de existencia y
representación legal relacionaba varios establecimientos de comercio, pero ninguno
ubicado en Toledo.
Reconoció que en el municipio existían torres o antenas de transmisión y recepción
utilizadas por la demandante para desarrollar su objeto social, empero esa
infraestructura técnica no constituía una sede de negocios o establecimiento físico,
teniendo en cuenta la definición que corresponde a la presencia física de una
determinada entidad en la jurisdicción del sujeto activo del tributo 12. Añadió que
conforme a la subregla e) de la sentencia de unificación, tratándose de empresas
con activos en la jurisdicción para desarrollar una determinada actividad económica,
corresponde al sujeto activo comprobar la existencia del establecimiento físico en el
respectivo territorio, y con ello, la calidad del sujeto pasivo del tributo.
En dicho sentido, sostuvo que no se probó que la demandante contara con un
establecimiento físico, siendo improcedente el argumento del municipio según el
cual la propiedad de las torres determinaba la sujeción pasiva. En consecuencia,
concluyó que los actos administrativos estaban falsamente motivados, porque
atribuyeron a la demandante la condición de sujeto pasivo sin respaldo probatorio
suficiente.
Sobre los demás cargos destacó que sus fundamentos fácticos y jurídicos fueron
abordados al resolver el cargo de falsa motivación
Negó la pretensión dirigida a ordenar al municipio que se abstuviera de continuar
liquidando el impuesto, por considerar que ello interferiría en sus competencias, más
11
Exp. 23103, 2019CE-SUJ-4-009, M.P. Milton Chaves García.
12
Refirió la sentencia del 15 de octubre de 2020 de la Sección cuarta del Consejo de Estado, exp. 24626, M.P. Milton
Chaves García.
5
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cuando las condiciones fácticas o jurídicas del tributo podían variar. Tampoco
accedió a la devolución de recursos porque no se acreditó la retención de dineros y
ese procedimiento cuenta con mecanismos propios de defensa y control judicial.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, al considerar que no estaba
demostrada su causación en los términos del numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso.
Recurso de apelación
El municipio de Toledo apeló la decisión de primera instancia13. Sostuvo que la
sociedad sí es sujeto pasivo del impuesto porque cuenta con bienes inmuebles,
infraestructura y es usuaria del servicio de energía eléctrica en su jurisdicción. Indicó
que CENS registra a la sociedad como usuaria de energía en nueve puntos ubicados
tanto en el casco urbano como en la zona rural de Toledo, correspondiente a
servicios clasificados como industriales y comerciales, para lo cual hizo un cuadro
identificando todos los datos.
Destacó que revisada la matrícula inmobiliaria 272-23507 de la Oficina de
Instrumentos Públicos se establece que la demandante posee inmuebles en el
municipio y que la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda relaciona
predios inscritos a nombre de Telecom Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
Como en la oposición, hizo referencia a las actividades económicas de la
demandante y los ingresos obtenidos para ser considerada como empresa grande
según la clasificación del Dane. Además, citando la postura del Consejo de
Estado14, sostuvo que es usuario potencial todo sujeto que forma parte de una
colectividad sin que se requiera recibir permanentemente el servicio de alumbrado
público.
Afirmó que la permanencia de la demandante en el municipio de Toledo, su
actividad comercial, sus predios, las antenas instaladas y la cobertura de sus
servicios demuestran que se beneficia directa e indirectamente del servicio de
alumbrado público, circunstancias que no fueron desvirtuadas por la sociedad
conforme a la carga dinámica de la prueba.
Si bien la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019 señaló que las
empresas de telecomunicaciones son sujetos pasivos cuando tienen activos
instalados en el municipio para desarrollar su actividad económica, cuentan con un
establecimiento físico en la jurisdicción y son beneficiarias potenciales del servicio,
lo cierto es que se ha permitido una interpretación amplia del concepto de
establecimiento físico vinculándolo a una infraestructura material como antenas o
torres sin exigir que se trate de una oficina administrativa, una sede de negocios
con personal o un lugar de atención al público.
Sostuvo que está legitimado constitucional y legalmente para adoptar, liquidar y
cobrar el impuesto de alumbrado público, para lo cual hizo referencia a los Acuerdos
017 y 020 de 2014, 024 de 2017 y 013 de 2018 que regularon el tributo durante los
años 2017 a 2021 y conservan su presunción de legalidad, porque no han sido
demandados ni anulados.
13
Samai del Tribunal, índice 23
14
Sentencia del 11 de marzo de 2010, expediente 16667, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6
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Señaló que el Decreto 943 de 2018 atribuye a los municipios la responsabilidad de
garantizar la prestación continua y eficiente del servicio de alumbrado público y que
el artículo 338 de la Constitución reconoce su autonomía para definir los sujetos
pasivos, la base gravable, las tarifas, la causación, la periodicidad y el recaudo. A
esto se suma que el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 facultó a los concejos
municipales para establecer los elementos del impuesto.
Afirmó que la demandante pretendía controvertir la legalidad de los acuerdos
municipales, pero si no estaba conforme con el tributo o con sus elementos, debió
demandarlos directamente, por lo que el juez no podía desconocerlos mediante una
decisión ultra petita ni exceder sus competencias jurisdiccionales.
El municipio reprodujo las reglas (1 y 2) y subreglas (a, b, d, e y f) de la sentencia
de unificación del 6 de noviembre de 2019 para concluir que la demandante sí era
sujeto pasivo, condición que no fue desvirtuada por la interesada.
Oposición al recurso de apelación
La demandante guardó silencio.
Por otra parte, se observa que la parte demandada15, ahora apelante única, allegó
al expediente un escrito en el que reiteraba lo expuesto en el recurso. Sin embargo,
esta intervención no está prevista en la ley, pues el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que «los
sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los
demás intervinientes».
Entonces, comoquiera que la sociedad demandante no interpuso recurso alguno,
no procede la intervención presentada por la demandada, ahora apelante 16, una
interpretación en contrario violaría el derecho al debido proceso de la parte que no
interpuso recurso de apelación, pues se daría una oportunidad adicional al
recurrente para pronunciarse del objeto de la litis que no fue prevista por el
legislador.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la resolución 003 del 2 de abril de
2022 y de la resolución 001 del 27 de enero de 2023, actos proferidos por el
municipio de Toledo que determinaron el impuesto de alumbrado público a cargo de
Colombia Telecomunicaciones por los períodos de abril de 2017 a agosto de 2021.
Al respecto se advierte que en primera instancia se negó la pretensión dirigida a
ordenar al municipio abstenerse de efectuar liquidaciones futuras del impuesto, así
como la devolución de sumas eventualmente retenidas. Sin embargo, la parte
interesada no presentó recurso de apelación al respecto, por lo que no hay
competencia para pronunciarse al respecto.
15
Samai, índice 21
16
En este mismo sentido, ver la sentencias del 23 de octubre de 2025, exp. 30282 y del 11 de junio de 2026, exp 30583,
ambas con ponencia de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
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Por lo anterior, se debe establecer el régimen jurídico de los periodos demandados
y si resultan aplicables las subreglas de la sentencia de unificación CE-SUJ-4-009
del 6 de noviembre de 2019 con el fin de determinar si la demandante era sujeto
pasivo del impuesto de alumbrado público. De prosperar el reparo sobre la sujeción
pasiva, debe examinarse el cargo de la demanda relativo a la base y tarifa fija
aplicada.
Análisis del caso concreto
Sujeción pasiva
Para resolver el asunto debe ponerse de presente que los periodos liquidados
corresponden a abril de 2017 a agosto de 2021, es decir, que todos se causaron
después de la entrada en vigencia de los artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de
201617.
Así se tiene que el artículo 349 ibidem autorizó a los municipios y distritos para
adoptar el impuesto de alumbrado público y definió directamente el hecho generador
como «el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público ». También atribuyó a
los concejos la competencia para establecer los sujetos pasivos, la base gravable y
las tarifas, con la condición de que esos elementos guarden consecutividad con el
hecho generador y observen los principios de progresividad, equidad y eficiencia.
Esta regulación produjo un cambio sustancial frente al régimen anterior, comoquiera
que ante la inexistencia de una definición expresa del hecho generador en las Leyes
97 de 1913 y 84 de 1915, la jurisprudencia había acudido a la noción de usuario
potencial del servicio, construcción que fue acogida en la sentencia de unificación
del 6 de noviembre de 2019, expediente 23103 18.
Es por ello que esta Sección ha precisado19 que desde la Ley 1819 de 2016 el hecho
generador es el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público y « no
es una posibilidad abstracta»20 o potencial de obtenerlo. Así, la medición del beneficio
se concreta a través de la condición de consumidor del servicio de energía eléctrica
en la respectiva jurisdicción o por la mera posesión o propiedad de predios que no
sean usuarios del mencionado servicio domiciliario. También se señaló que los
demás elementos deben mantener una relación directa y coherente con ese hecho
generador.
De igual forma, es de especial relevancia invocar la sentencia del 11 de junio de
202621, promovida por la misma sociedad demandante y en la que se solicitó la
extensión de las subreglas d) y e) de la sentencia de unificación de 2019, la cual fue
negada destacando que los periodos debatidos se encontraban sometidos a los
artículos 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016. En consecuencia, se expuso que «el
criterio de potencialidad en el beneficio del servicio de alumbrado público (…) no corresponde a un
factor relevante para establecer la realización del hecho generador, pues el propio legislador delimitó
su alcance a los suscriptores del servicio domiciliario de energía eléctrica y a quienes fueran
propietarios o poseedores de un inmueble en la jurisdicción municipal (…)» 22.
En consecuencia, deben aplicarse las anteriores pautas, por lo que, contrario a lo
establecido por el Tribunal, la sujeción no debe resolverse a partir de la noción de
17
La ley fue publicada en el diario oficial 50.101 del 29 de diciembre de 2016.
18
Sentencia CE-SUJ-4-009, M.P. Milton Chaves García.
19
Sentencia del 5 de marzo de 2026, expediente 28548, M.P. Claudia Rodríguez Velásquez.
20
Ibidem, página 15.
21
Expediente 29879, M.P. Wilson Ramos Girón.
22
Ibidem, página 3
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 54001-23-33-000-2023-00201-01 (30865)
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P. BIC
beneficiario potencial ni mediante la exigencia de un establecimiento físico en los
términos de la sentencia de unificación de 2019, máxime cuando en el recurso de
apelación se invocó la facultad de los entes territoriales en materia impositiva y la
autorización dada por la Ley 1819 de 2016 para establecer los demás elementos
del tributo.
Ahora bien, se tiene que, en el acto previo, la administración señaló que, de
conformidad con la información suministrada por la empresa encargada de prestar
el servicio público de energía, la demandante contaba con 9 números de usuarios
diferentes para la facturación del servicio, los cuales corresponden a 9 direcciones
en su jurisdicción.
Por su parte, en la liquidación se indicó que la sujeción pasiva partía de la norma
vigente en el municipio, esto es de la «condición de usuario del servicio de energía eléctrica
y no la potencialidad o efectividad de usar el servicio de alumbrado público» 23
Así mismo, en la oposición a la demanda y en el recurso de apelación, el municipio
identificó los 9 usuarios con sus respectivos medidores, dirección, y clase de predio
así24:
COMERCIALIZADOR CENS CENS CENS CENS CENS
USUARIO COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA
TELECOMUNICACIONE TELECOMUNICACIONE TELECOMUNICACIONE TELECOMUNICACIONE TELECOMUNICACIONE
S S.A E.S.P. BIC S S.A E.S.P. BIC S S.A E.S.P. BIC S S.A E.S.P. BIC S S.A E.S.P. BIC
N° USUARIO 154783 154800 426022 436510 442619
N° MEDIDOR
USUARIO
4892923 18182159 7201124 4067326 7777
VEREDA
KDX TELECOM
CARRIZAL -1- CRA SAN VEREDA LA
CLL 3 3-45 KDX 165-1 ALTO
DIRECCIÓN REPETIDORA BERNARDO DE OBEJERA -K-1
TELECOM LA VIRGEN
TELECOM BATA -K-51-3 (MOVISTAR)
TOLEDO
CARRIZAL
CLASE DE
SERVICIO
INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMERCIAL COMERCIAL
URBANO RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL RURAL
cuenta padre
Telecom
102271 102271 64071 64071 64071
COMERCIALIZADOR CENS CENS CENS CENS
USUARIO COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES
S.A E.S.P. BIC S.A E.S.P. BIC S.A E.S.P. BIC S.A E.S.P. BIC
N° USUARIO 442620 444014 490287 496251
N° MEDIDOR 7778 4519330 7056134 45322274
USUARIO
CERRO MEJUE -
VEREDA ESTACIÓN
VEREDA CARRIZAL – VEREDA
DIRECCIÓN GIBRALTAR TELECOM VEREDA
K-1 (MOVISTAR) QUEBRADA
-K-118-B PALENQUE-IMA
GRANDE
CLASE DE
COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL COMERCIAL
SERVICIO
URBANO
RURAL RURAL RURAL RURAL
RURAL
cuenta padre
64071 64071 64071 64071
Telecom
Así, está demostrado que la demandante es usuario del servicio de energía, máxime
cuando la misma sociedad no controvirtió de manera específica la titularidad de los
9 servicios de energía relacionados por el municipio. Incluso, en la demanda
reconoció que «el único argumento válido legal y técnico» para establecer la sujeción «es
el ser usuario del servicio de energía eléctrica»25 y procedería su cuantificación con base
en el consumo.
23
Samai del tribunal, índice 15. PDF Antecedentes Administrativos, página 173.
24
Samai del tribunal, índice 6, páginas 4 y 5.
25
Samai, expediente digital, índice 2, PDF demanda página 8.
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Es por ello que esta Sección evidencia que Colombia Telecomunicaciones figuraba
como usuaria de energía eléctrica en la jurisdicción municipal mediante servicios
clasificados como industriales y comerciales, vinculados con instalaciones
destinadas a su actividad de telecomunicaciones; circunstancia suficiente para
desvirtuar la premisa del tribunal y concluir que la demandante sí ostenta la calidad
de sujeto pasivo, sin que sea necesario resolver los demás argumentos de la
apelación relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad ni los
ingresos obtenidos.
En consecuencia, prospera el reparo del municipio dado que no se configuró la falsa
motivación por inexistencia de sujeción pasiva y debe revocarse la nulidad
decretada en primera instancia sobre este aspecto. Sin embargo, este asunto no
fue el único cargo de nulidad planteado en la demanda, por cuanto se presentaron
argumentos respecto de la base y tarifa del tributo que no fueron objeto de
pronunciamiento por parte del tribunal, por lo que se analizarán a continuación en
garantía del derecho al debido proceso.
Base y tarifa del impuesto
En la demanda también se reprochó que el municipio aplicara una tarifa fija
expresada en salarios mínimos a un listado de actividades, entre ellas la operación
de telefonía móvil y la transmisión de enlaces, cuando para la mayoría de los
contribuyentes se estableció en relación con el servicio de energía eléctrica. Solicitó,
además, inaplicar las disposiciones municipales que sirvieron de fundamento a la
liquidación.
Como se indicó anteriormente, el Tribunal no resolvió ese cargo, pues si bien indicó
que los demás fundamentos fácticos y jurídicos quedaban comprendidos en la
decisión sobre falsa motivación, no se refirió concretamente a la base ni tarifa, por
lo que le corresponde a la Sección pronunciarse sobre el cuestionamiento restante
para decidir integralmente las pretensiones, considerando que la demandante no
tenía la carga de apelar una sentencia que le fue favorable y que anuló totalmente
los actos.
Según el acto previo a la liquidación, la demandante fue clasificada en el régimen
especial, categoría 3, correspondiente a «Empresa de telecomunicaciones y demás
actividades que apoyen el desarrollo del servicio». Para cada usuario se aplicó una suma
fija mensual equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales, actualizada cada
año. Así, en la resolución 003 se muestran valores mensuales uniformes por
usuario, de la siguiente forma26:
Vigencia SMLMV Tarifa mensual aplicada por usuario
2017 $737.717 $7.377.170
2018 $781.242 $7.812.420
2019 $828.116 $8.281.160
2020 $877.803 $8.778.030
2021 $908.526 $9.085.260
En dichos actos se mencionó el artículo 174 del Acuerdo 024 de 2017 como el
fundamento de la tarifa categorías especiales, el cual dispone:
ARTÍCULO 174- TARIFAS. Las tarifas del impuesto de alumbrado público conforme son las que a
26
Samai, expediente digital, índice 2, PDF demanda páginas 48 y siguientes.
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continuación se designan
(...)
TARIFAS CATEGORÍAS ESPECIALES
CATEGORÍA ACTIVIDAD TARIFA SMMLV POR MES
Empresa de telecomunicaciones y demás
3 actividades que apoyen el desarrollo del 10 SMMLV
servicio.
Como se observa, la cuantificación se efectuó mediante la tarifa fija prevista para la
actividad especial, esto es, 10 SMLMV para cada mes por cada usuario. En este
mismo acto se tuvieron en cuenta los pagos realizados por este impuesto en
algunas de las facturas de servicios de energía y se determinó el valor adeudado
por la sociedad.
Ahora, esta Corporación ha sostenido que27, en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la
base del impuesto de alumbrado público debe determinarse a partir del consumo y
las tarifas deben estructurarse siguiendo criterios económicos relacionados con el
sistema tarifario de energía que busquen la coherencia con el hecho generador del
tributo, esto con el fin de garantizar el principio de consecutividad consagrado por
el legislador. Por ello, no resulta congruente atribuir la sujeción por una condición
(consumo energía) y cuantificar el impuesto con fundamento exclusivo en otra
característica (desarrollar una determinada actividad económica).
Se concluye así, en línea con los precedentes, que la actividad económica
específica no puede reemplazar el consumo como magnitud del hecho generador,
por lo que los valores mínimos o las tarifas fijas deben conservar una relación
demostrable con el consumo y el costo del servicio, que además permitan asociar
la tarifa al presupuesto económico gravado.
Conforme a lo señalado por esta Corporación, la aplicación de esta última tarifa en
la liquidación del tributo a cargo de la demandante desconoce la relación de
consecutividad exigida por el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 entre el hecho
generador, la base y la cuantía del tributo, pues prescinde del consumo y determina
la obligación exclusivamente por la actividad económica.
Así las cosas, el artículo 174 del Acuerdo 024 de 2017 en el acápite de categorías
especiales para las empresas de telecomunicaciones y demás actividades que
apoyen el desarrollo del servicio, contiene una regla que revela una inconsistencia,
pues mientras el hecho generador, la sujeción y la definición general de la base28
se vincularon con el consumo de energía, la tarifa especial prescindió de esa
magnitud al cuantificar la obligación exclusivamente por la actividad desarrollada,
razón por la cual, en cumplimiento del artículo 148 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo29, en el sub examine es
procedente inaplicar dicha norma en cuanto a la tarifa para sujetos especiales
mencionada.
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 23 de abril de 2026, exp. 29459 y del 5 de marzo de 2026 exp. 28548,
M.P. Claudia Rodríguez Velásquez, y del 26 de marzo de 2026, exp. 29981, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
De conformidad con el artículo 172 del Acuerdo 024 de 2017, «la base gravable está constituida por el valor facturado a
los usuarios por concepto de consumo de energía eléctrica, independientemente del comercializador de energía que se
la suministre»
29
ARTÍCULO 148. CONTROL POR VÍA DE EXCEPCIÓN. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos
administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
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Sobre esta norma, la Sección ha expuesto que se trata de una potestad legal en
cabeza de la autoridad jurisdiccional para que, en ejercicio de la misma, se releve
de aplicar los actos administrativos que resulten contrarios al ordenamiento jurídico
superior, por vía de excepción, en el caso concreto que así lo estime 30.
Igualmente, se ha señalado que:
Sobre ese último aspecto-que incida en la legalidad-, debe recordarse que la excepción no
reemplaza al juicio de validez propiamente dicho, y en esa medida, se repite, no podría recaer,
con carácter general y definitivo, sobre el acto directamente enjuiciado.
Este, como medio exceptivo que es, procede ante situaciones en las que el juez evidencie
(bien sea porque las partes lo manifestaron, o porque el estudio del expediente lo lleve a esa
conclusión) que para la solución del caso concreto es necesario dejar de aplicar un acto que
guarda relación directa con el objeto del litigio, decisión que solo produce efectos en el caso
particular, y que no expulsa a aquel del ordenamiento normativo” 31
Es por esto que «se entiende en la facultad descrita una forma excepcional de control de legalidad
que, por su misma naturaleza, toma como único presupuesto sustancial la vulneración de la
constitución o la ley, a partir del juicio jurídico valorativo realizado por la autoridad judicial de cada
asunto litigioso y propio del leal saber y entender que acompaña la construcción de su razonamiento
autónomo frente a las particulares circunstancias de cada caso concreto»32
Así, al establecerse que la tarifa impuesta en los actos demandados no respetó el
principio de consecutividad del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, es procedente
la nulidad de los actos. En consecuencia, se adicionará la sentencia para inaplicar
el artículo 174 del Acuerdo 024 de 2017 en el acápite de categorías especiales para
las empresas de telecomunicaciones y demás actividades que apoyen el desarrollo
del servicio, y se confirmará la sentencia apelada, pero por las razones expuestas.
Condena en costas
Sobre la decisión de no condenar en costas en primera instancia no se presentó
apelación.
En esta instancia, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del Código General
del Proceso se condenará a la demandada por ser la parte vencida en el proceso.
Para tal efecto, según el acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, las
agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV, y se ordenará al tribunal tramitar el
respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo
366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. INAPLICAR por ilegal el artículo 174 del Acuerdo 024 de 2017 en el acápite de
categorías especiales para las empresas de telecomunicaciones y demás
actividades que apoyen el desarrollo del servicio.
30
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de febrero de 2021, exp.24258 M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto, reiterada en sentencia del 30 septiembre de 2021, exp 25065, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
31
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 2018. Expediente 21911. M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
32
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de febrero de 2021, exp.24258 M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
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2. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 10 de abril de 2025
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
3. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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