Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00007-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2024-00007-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
15 de marzo de 2024
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00007-01
Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).
Radicado número: 54001-23-33-000-2024-00007-01
Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
Accionados: Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta
y otros.
Referencia: Acción de tutela
Tema. Acción de tutela
Subtema 1. Tutela contra actos administrativos. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. Improcedencia de la acción. Requisito de subsidiariedad. Mecanismo idóneo en curso.
Subtema 3. Estabilidad laboral reforzada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte accionante en contra de la
sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
Fanny Jiménez Argüelles formuló solicitud de amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al mínimo
vital y móvil, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada en calidad de
mujer cabeza de familia1, que consideró vulnerados por el municipio de San José de
Cúcuta, la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, el Colegio de los Santos
Apóstoles, la IPS Médico Preventiva y el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta,
con ocasión de los actos administrativos que ordenaron el retiro del cargo que
ocupaba y, por las actuaciones dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 54001-33-33-008-2019-00198-00.
1.2. Hechos probados
De las pruebas allegadas al expediente y lo narrado por la accionante en el escrito de
tutela, la Sala destaca los siguientes:
1.2.1. La señora Fanny Jiménez Argüelles sostuvo que desde el 20 de febrero de 2014
se vinculó como docente orientadora en el Colegio de los Santos Apóstoles y continuó
su labor, en estado de debilidad manifiesta con ocasión de varias patologías físicas y
psicológicas.
1 Páginas 1 a 10 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB
6E32957886F022BB 28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
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Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
Adujo que por medio de Resolución número 04565 del 10 de noviembre de 20232, fue
despedida injustamente cuando estaba incapacitada, con orden de reubicación y
recomendaciones laborales, además de ostentar la calidad de madre cabeza de
familia.
Al respecto explicó que, fue incapacitada desde el 27 de abril de 2018 con un
diagnóstico de “dolor intenso por lumbalgia con radiculopatía” y que, dada la
complejidad de su diagnóstico, tratamiento físico y mental, los periodos de incapacidad
fueron recurrentes, incluso en el día de su despido.
Agregó que, el 14 de noviembre de 2023 y con ocasión de la notificación de su retiro
del cargo, acudió a la especialista en psiquiatría, quien prolongó su incapacidad por
varios días con un diagnóstico de “trastorno de adaptación y trastorno depresivo
severo” y le formuló varios medicamentos.
1.2.2. Manifestó que, antes de la pandemia fue relevada de su cargo mediante Decreto
533 del 7 de mayo de 2018 y posteriormente, reintegrada en provisionalidad por orden
de tutela del 22 de noviembre de 2018 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cúcuta3, dictada en los siguientes términos4:
“SEGUNDO: ORDENAR al titular de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA y al SECRETARIO DE EUCACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de
la presente providencia, proceda a reintegrar a su cargo o a uno de superior
jerarquía a la señora FANNY JIMENES ARGUELLES, bajo la misma modalidad
contractual, atendiendo las restricciones médicas que se le han prescrito para
desarrollar sus actividades laborales de acuerdo a las condiciones especiales de
salud que presenta.
TERCERO: ADVERTIR que la protección otorgada será de FORMA TRANSITORIA
conforme lo estipula el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, es decir, por el término de
cuatro (4) meses para que la señora FANNY JIMENEZ ARGLIELLES acuda a la
jurisdicción respectiva; para lo de su competencia, vencido dicho término cesará el
amparo concedido…”5.
Por lo anterior, estuvo vinculada desde el 13 de febrero hasta el 13 de junio de 2019,
no obstante, y de conformidad con lo ordenado mediante auto del 16 de octubre de
2019, por la misma autoridad constitucional ya referida, dentro del trámite de un
incidente de desacato; el alcalde del Municipio de San José de Cúcuta en Decreto
0186 del 10 de julio de 20206, corrigió el 0845 del 17 de octubre de 2019 y ordenó su
reintegro y vinculación, así7:
2 Página 43 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el índice
2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB 6E32957886F022BB
28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
3 Radicado número 54001-4003-001-2018-00637-00.
4 Página 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el índice 2
del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB 6E32957886F022BB
28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
5 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
6 Páginas 24 a 25 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB
6E32957886F022BB 28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
7 Página 24 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el índice
2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB 6E32957886F022BB
28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
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Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
“(…)
ARTÍCULO PRIMERO: CORRÍJASE el único parágrafo del artículo segundo del
Decreto No. 0845 del 17 de octubre de 2019 el cual quedará así: “El término del
nombramiento será hasta que quede ejecutoriado el auto que resuelva la medida
cautelar solicitada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que conoce el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta con radicado No.
54001333300820190019800”.
(…)”8.
1.2.3. Indicó que, mediante Resoluciones número 00953 del 4 de junio y 01250 del 4
de agosto de 2021, le fueron descontados los días no laborados por un supuesto
abandono del cargo durante el lapso de septiembre de 2021 hasta julio de 2023 e inició
un proceso disciplinario en su contra con radicado ID-059-2022 que fue archivado con
auto 156 del 19 de diciembre de 20239.
1.2.4. En relación con lo anterior, explicó que, en virtud de lo ordenado por el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
que le correspondió en reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta bajo el
radicado número 5400133330082019001980010, en el que solicitó como medida
cautelar mantener el reintegro laboral hasta tanto fuera resuelto el asunto de fondo
mediante sentencia, así11:
“(…) de conformidad con el artículo 230 CPACA, numeral 3, se de la suspensión del
acto administrativo decreto n°533 del 7 de mayo de 2028, entre tanto se surte la
presente demanda de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, para
efectos de evitar la vulneración de sus derechos en condición de vulnerabilidad por
fuero de estabilidad laboral reforzada”12.
Indicó que, mediante oficio del 13 de junio de 2019 le informó a la Secretaría de
Educación Municipal sobre la radicación del medio de control referido y el despacho
de conocimiento.
1.2.5. Luego, relató que el 6 de diciembre de 2023 acudió al especialista para que le
realizaran una ecografía que dio como resultado una “colelitiasis sin signos de
colecistitis”, por lo que fue programada para cirugía de vesícula el 26 siguiente, sin
embargo, la UT RED INTEGRADA FOSCAL canceló la cita en la IPS MEDICO
PREVENTIVA por desafiliación al servicio de salud por parte de la Secretaría de
Educación Municipal.
8 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
9 Páginas 26 a 34 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el
índice 2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB
6E32957886F022BB 28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
10 Archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho ubicado en el índice 1 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 952DD04DC964CB4B
A0E37C6E00A8D559 775B293E3B160007 BA8272AFEBC9EE02.
11 Página 4 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el índice
2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB 6E32957886F022BB
28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
12 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
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Por lo anterior, acudió por urgencias a la Clínica La Merced y fue incapacitada. No
obstante, continuó presentando signos de dolor y detrimento de su estado físico dado
su diagnóstico, por lo que, tuvo que dirigirse el 5 de enero del año en curso al Hospital
Erasmo Meoz para recibir tratamiento de control de dolor, sin que le fuera programado
ningún otro procedimiento que le permita disipar de base su enfermedad, ya que no
cuenta con el servicio médico por falta de afiliación de su empleador, ni solvencia
económica para cubrir todos los gastos de forma particular.
1.3. Pretensiones y argumentos de la solicitud de tutela
1.3.1. La accionante en el escrito de tutela pidió13: i) amparar sus derechos
fundamentales y la especial protección por ser una persona en estado de debilidad
manifiesta; ii) ordenar a la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta que en el
término de 48 horas a partir de la notificación del fallo de tutela, sea reintegrada a su
cargo “(…)respetando mi reten social, debido a mi discapacidad para trabajar en razón
a mi condición de MADRE CABEZA DE FAMILIA y a mi condición de docente
reubicada con protección judicial, estar incapacitada al momento del despido por
mis patologías DISCOPATÍA LUMBAR MÚLTIPLE, ESPONDILOSIS Y SINOVITIS
FACETARIA BILATERAL LUMBAR, ARTROSIS LUMBAR, ARTROSIS DE
CADERAS, DOLOR CRONICO, TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y
DEPRESIÓN, Y TRASTORNO DEPRESIVO SEVERO, DOLOR CRONICO,
GASTRITIS ANTROCORPORAL NO EROSIVA, RUPTURA DEL ESPESOR DEL
SUPRAESPINOSO Y TENDINO PATIA DEL INFRAESPINOS Y SUSBESCAPULAR
DEL HOMBRO DERECHO, BURSITIS DEL TROCÁNTER, FIBROMIALGIA,
ESPOLON CALCÁNEO CON SIGNOS DE FASCITIS PLANTAR, y esperando ser
operada por COLELITIASIS, sin permiso del MINISTERIO DEL TRABAJO y del
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE CÚCUTA“14; iii) ordenar a la Secretaría
de Educación Municipal de Cúcuta el pago de los salarios, prestaciones dejados de
percibir, los aportes al sistema de seguridad social causados desde el momento de su
desvinculación hasta su reintegro (sin solución de continuidad) y el “equivalente de 180
días de su salario al tiempo de la terminación del contrato de trabajo, traído a valor
presente, por el hecho de haberme despedido sin la autorización del MINISTERIO DE
TRABAJO.”15.
En el mismo escrito, también solicitó como medida provisional16:
“QUINTO: ordenar a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CÚCUTA, LA
FIDUPREVISORA, UT RED INTEGRADA FOSCAL, la IPS MEDICO PREVENTIVA,
que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente sentencia, me CONTINUE el tratamiento médico por todas mis patologías y
se me haga la cirugía por COLELITIASIS programada para el día 26 de diciembre de
2023, por parte del médico cirujano Dr. CARLOS SARMIENTO RIVEROS.
13 Página 6 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela y sus anexos, ubicado en el índice
2 del expediente digital de tutela, identificado con certificado B03867DA61A982AB 6E32957886F022BB
28E8A378299045E5 A9A0BFBC1EA9B13D.
14 Ibid. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
15 Ibid. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
16 Ibid.
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Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
SEXTO: Se ordene al accionado(a), que, una vez producida la decisión definitiva en el
asunto en cuestión, remita a su Despacho, prueba del cumplimiento de esta decisión
so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela.”17.
1.3.2. Como fundamento de su solicitud de amparo la accionante reiteró que era una
mujer cabeza de familia por lo que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta
y estabilidad laboral reforzada dado que ha estado incapacitada y diagnosticada por
más de 7 años con varias patologías de orden físico y mental.
Con base en los hechos narrados en el escrito de tutela, cuestionó el descuento de su
salario en tanto la investigación disciplinaria en su contra resultó archivada, por lo que,
en ese orden — adujo—, era viable un reintegro del salario indebidamente descontado.
Manifestó que la desvinculación del sistema de seguridad social, pese a la orden de
tutela y la solicitud de la medida cautelar en el trámite de conocimiento del Juzgado
Octavo de Cúcuta identificado con radicado 54001333300820190019800, hasta tanto
no se dicte una decisión de fondo, vulnera sus derechos fundamentales.
Finalmente, citó varios apartes de la normativa relacionada con incapacidades
laborales y jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa a la estabilidad laboral
reforzada, a fin de sustentar sus pretensiones.
1.4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia
1.4.1. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que, por auto del 16 de enero de 202418 admitió la solicitud, ordenó notificar
a las partes y vinculados, decretó como pruebas los documentos aportados como
anexos al escrito de tutela y negó la medida cautelar por considerar era necesario
garantizar el derecho a la defensa de las entidades accionadas para establecer con
claridad y certeza la situación planteada por la parte accionante.
1.4.2. Surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Cúcuta19 y de la Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta20.
El Municipio de San José de Cúcuta, el Colegio de los Santos Apóstoles y la IPS
Medicopreventiva guardaron silencio.
1.4.3.1 El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta a través de la
titular del despacho manifestó que bajo su cargo fue asignado el conocimiento del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número de
radicado 54001-33-33-008-2019-00198-00 y que la demandante gozaba de una orden
de tutela a través de la que fue ordenado su reintegro laboral.
17 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
18 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado B8324F087597B53F 5B94386780AC3436 EB86B6A0303EDD80
518EEEC0C5318625.
19 Archivo electrónico ubicados en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado C6BFDE26BC9BEB95 7A2C8A792E58BFCF 5A2D248BF8E2B5EF
31F67B7C8A8619F7.
20 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela en el aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 505B51EAC4959CE0 8AD7F8450D9D1B57 B1A3EFF1965C123C
0130E749B7303FC6.
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Agregó que, dentro del proceso referido, mediante providencia del 25 de enero de 2024
fijó fecha de audiencia inicial para el día 13 de febrero de 2024 a las 8:30 a.m. También
adujo que, fue dictada medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del
Decreto 0533 del 7 de mayo de 2018 y las consecuentes órdenes para su
cumplimiento.
1.4.3.2. La Secretaría de Educación del Municipio San José de Cúcuta a través de
su titular en primer lugar, precisó que mediante decreto número 0115 del 20 de febrero
de 2014, la entidad territorial nombró provisionalmente en vacancia definitiva a un total
de 9 docentes orientadores, entre ellos, la señora Fanny Jiménez Argüelles.
Luego, con ocasión del concurso de méritos para personal docente 2012 mediante
Decreto 533 del 7 de mayo de 2018, se dieron por terminados unos nombramientos
provisionales en vacancia definitiva a algunos docentes, entre ellos el de la aquí
accionante.
Explicó que, la señora Jiménez Argüelles presentó acción de tutela en contra de la
Secretaría que le correspondió conocer al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta
en radicado 2018-00637-00 dentro del que concedió el amparo de derechos
fundamentales y con base en la estabilidad laboral reforzada, ordenó su reubicación
con carácter provisional de cuatro meses contados a partir del inicio de labores de la
docente. Por lo tanto, en cumplimiento del fallo, el alcalde municipal expidió el Decreto
número 0259 del 11 de febrero de 201921 y la posesión de la docente se llevó a cabo
el día 13 siguiente.
Cumplido el término de nombramiento provisional y luego de su desvinculación, la
docente promovió incidente de desacato que fue resuelto por la autoridad judicial que
conoció de la acción de tutela. En consecuencia, la autoridad municipal expidió el
Decreto 0845 del 17 de octubre de 2019 mediante el que se nombra provisionalmente
nuevamente a la señora Jiménez Argüelles, tomando posesión del cargo el día 18
siguiente.
Posteriormente en auto del 16 de octubre de 2019 dictado dentro del trámite del
incidente de desacato, el juez constitucional ordenó el reintegro de la docente hasta
que la autoridad judicial competente decidiera de fondo el asunto respecto del medio
de control instaurado por la interesada. Así, mediante Decreto 0186 del 10 de julio de
2020 fue corregido el acto administrativo de nombramiento provisional del 17 de
octubre de 2019 hasta tanto se resolviera la medida cautelar solicitada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en el Juzgado
Octavo Administrativo de Cúcuta bajo el radicado número 54001-33-33-008-2019-
00198-00.
Respecto de la desvinculación del 14 de noviembre de 2023, precisó que esta se dio
como resultado del concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNSC en el proceso de selección No. 223 de 2021, por lo que, fueron
expedidos, entre otros, el Acuerdo CNSC No. 20212000021806 de 2021 publicado
debidamente en las plataformas correspondientes y se envió a la CNSC la información
relacionada con las vacantes definitivas existentes en la planta de cargos de personal
y Directivos docentes, de la entidad territorial.
21 “Por el cual se hace un nombramiento de una docente orientadora por orden judicial”.
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Luego, con ocasión del referido concurso de méritos, la vacante fue ocupada por uno
de los docentes que conformaba la lista definitiva de elegibles, que tomó posesión del
cargo el 14 de noviembre de 2023, por lo que, era consecuente la desvinculación de
la docente que ocupaba la plaza en provisionalidad.
Respecto del estado de salud y la incapacidad en la que se encontraba la accionante
para la fecha de su desvinculación, adujo que la entidad territorial no tenía
conocimiento de tales circunstancias, ya que los certificados de incapacidad médica
reportados datan por 5 días desde el 25 de septiembre de 2023 y por 3 días desde el
15 de noviembre de 2023, esto es, antes y después de su retiro, respectivamente.
Agregó que el diagnóstico referido como “M511 Trastorno del disco lumbar” reportado
para las incapacidades, no se encuentra incluido en el listado de enfermedades
catastróficas dispuestas en los artículos 16 y 17 de la Resolución 5261 de 1994.
Explicó que, si bien los empleados en provisionalidad que se encuentran en
situaciones especiales no tienen un derecho adquirido para permanecer de manera
indefinida en el cargo, si debe dárseles un trato preferencial, antes de efectuar el
nombramiento de quienes ocuparon la lista de elegibles en el concurso de méritos. No
obstante, adujo que para el cargo que ocupaba la accionante solo fue reportada 1
vacante definitiva y la lista de elegibles estaba conformada por 5 personas, en tanto
estaban a la espera de ser nombrados dentro de los dos años de vigencia siguientes,
un total de 4 docentes, razón por la que, la entidad no contaba con plazas disponibles
para reubicarla, aunado a que su situación no estaba inmersa en las causales para
otorgarle estabilidad laboral reforzada.
Por lo anterior, solicitó desestimar las pretensiones de la accionante, ya que no estaba
configurada la vulneración de alguna de sus garantías fundamentales.
1.5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia del 30 de enero de
202422, declaró improcedente la solicitud por no superar el requisito de subsidiariedad.
Precisó que, la pretensión de la accionante estaba encaminada a que el juez
constitucional ordenara a las entidades cuestionadas su reintegro laboral al cargo de
docente orientadora, así como el restablecimiento del pago de salarios, prestaciones
sociales y seguridad social aun cuando ya interpuso una acción constitucional que así
lo dispuso y que actualmente está en curso un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta en el que
solicitó medidas cautelares.
Consideró que la acción se tornaba improcedente ya que las pretensiones planteadas
eran objeto de estudio en un mecanismo idóneo de defensa judicial, esto es, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo bajo el radicado 2019-00198-00, en el que además,
la medida cautelar solicitada fue concedida el 25 de enero de 2024 con la suspensión
provisional del Decreto 0533 del 2018 que dio por terminado el nombramiento de la
aquí accionante, por lo que — resaltó—,este es el mecanismo idóneo y eficaz para
dirimir el conflicto.
22 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 61A390FD31F71F63 CD74BBF8617E2497 2333356308E4991B
E06E37EC99A467D7.
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Accionante: Fanny Jiménez Argüelles
Así, estimó que no era posible invadir las competencias administrativas y judiciales de
las autoridades accionadas en el ejercicio de sus funciones, dado que el juez de tutela
solo está facultado para intervenir residualmente en circunstancias en no exista un
mecanismo idóneo para lograr la garantía de sus derechos, lo que, no ocurre en este
caso, ya que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
y que se encuentra en curso, está orientado a cuestionar la decisión de la Secretaría
de Educación del Municipio de Cúcuta respecto de su relevo del cargo, situación que
amerita desestimar el acto administrativo acusado y en ese orden, requiere un control
de legalidad propio de los jueces administrativos.
En suma, expuso que la acción de tutela no puede considerarse como un mecanismo
transitorio en el presente caso, en la medida en que no puede usarse para sustituir
otras vías judiciales con las que cuenta la accionante para reclamar la protección de
sus derechos fundamentales y exigir el cumplimiento de deberes inherentes a las
entidades cuestionadas.
1.6. Impugnación y trámite de segunda instancia
1.6.1. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que manifestó su
inconformidad con la sentencia dictada el 30 de enero de 202423, por considerar en
principio que el juez constitucional de primera instancia no tuvo en cuenta todas las
pruebas allegadas al expediente y los hechos planteados en el escrito de tutela, lo que,
condujo erradamente a estimar que no existía un perjuicio irremediable.
Adujo que, respecto del requisito de subsidiariedad el a quo constitucional desconoció
los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional en los que ha
concluido que la acción constitucional es procedente excepcionalmente cuando se
requiere el amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que, en su caso
era inherente dado que es un sujeto de especial protección por su condición de
incapacidad y en consecuencia debía tenerse en cuenta la garantía de estabilidad
laboral reforzada.
Al respecto, citó textualmente apartes de la sentencia SU-087 del 9 de marzo de 2022
dictada por la Corte Constitucional relacionada con la garantía de la estabilidad laboral
reforzada y con el despido de un trabajador en estado de incapacidad.
Insistió que en el asunto bajo estudio el juez erró al declarar improcedente el amparo
solicitado, sin considerar que era una persona en estado de debilidad manifiesta por
sus diversos diagnósticos físicos y psiquiátricos, además de no tener en cuenta que
fue relevada del cargo cuando se encontraba en estado de discapacidad, sin tener
permiso del Ministerio de Trabajo.
Adujo que, su estado de salud era conocido por las entidades cuestionadas y que ya
había sido reintegrada a su cargo con ocasión de una medida cautelar dictada por el
Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, despacho en el que está en curso el
proceso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió.
Reiteró que, tenía recomendaciones laborales y que estuvo incapacitada por varios
lapsos — incluso el día de su despido—, con ocasión de varios diagnósticos que
afectaban su salud física y mental, tal como quedó acreditado en la historia clínica, las
23 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de tutela del aplicativo SAMAI,
identificado con certificado 4B1079165F02C3DD 07BE14907D1C8899 BB40D4689C219B82
D6DD4996E760836C.
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incapacidades, los hechos 5 ,14 y 15 narrados en el escrito de tutela, y la medida
cautelar dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo que, en conjunto, daba cuenta de un estado de debilidad manifiesta que el juez
constitucional debió considerar para dictar el fallo.
Finalmente, solicitó revocar el fallo del 30 de enero de 2024 y en su lugar conceder las
pretensiones de la solicitud de amparo o en subsidio, ordenar al Juzgado Octavo
Administrativo de Cúcuta que en cumplimiento de la medida cautelar dictada el pasado
25 de enero de 2024 le ordene al municipio de San José de Cúcuta y/o a la Secretaría
de Educación Municipal de Cúcuta su reintegro al cargo o la reubicación a otro de igual
o mejor categoría, sin solución de continuidad y, el pago de salarios y prestaciones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. La legitimación en la causa por activa de Fanny Jiménez Argüelles se encuentra
acreditada, en la medida en que, es la titular de los derechos fundamentales cuyo
amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Municipio
de San José de Cúcuta, la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, el Colegio
de los Santos Apóstoles, la IPS Médico Preventiva y el Juzgado Octavo Administrativo
de Cúcuta fueron las autoridades que, en principio, intervinieron en los hechos
narrados y en las acciones u omisiones que, según la tutelante, vulneraron sus
garantías fundamentales.
2.3. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley24.
En relación con las solicitudes de tutela presentadas en contra de actos
administrativos, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional25 es que, en
principio, estas no proceden en la medida en que los actos administrativos tienen la
posibilidad de ser controvertidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
escenario natural de protección de los derechos.
24 Sentencia T-867 de 2013 de la Corte Constitucional: “Esta Corporación, en ejercicio de su labor como
intérprete autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia, el alcance y
contenido que el Constituyente otorgó al artículo 86 de la Carta Política, resaltando que la acción judicial
en él contemplada, además de ostentar un carácter preferente y sumario, tiene por principal objeto, la
protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos,
siempre que estos se vean afectados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, o de un particular que se encuentre dentro de los supuestos de hecho contemplados en la ley”.
25 Corte Constitucional, sentencias T-076 de 2011, T-514 de 2003, T-1110 de 2002, T-773 de 2015 y T-
1082 de 2012.
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Sin embargo, excepcionalmente, cuando el juez constitucional encuentra evidente que
la acción de amparo es necesaria para evitar un perjuicio irremediable o que los
mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos para la protección del derecho26, la
jurisprudencia constitucional ha admitido que se utilice esta vía. En estas
circunstancias, y siempre que el accionante indique una vulneración al debido proceso
administrativo, deberá superarse el examen establecido para estudiar la procedibilidad
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales adaptado al escenario del
proceso administrativo.
Cabe mencionar que, para efectos del análisis antes mencionado, la doctrina
constitucional27 permite entender que el amparo solo procede si se cumplen ciertos y
rigurosos requisitos que el juez de tutela debe estudiar a la manera de un examen de
procedibilidad general preliminar28, por cuanto sus resultas determinan la procedencia
del estudio de fondo de los defectos29 que el accionante enrostra a la decisión.
2.3.1. Subsidiariedad
El requisito de subsidiariedad implica que la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues de esta forma
se reconoce la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial30.
Lo anterior, según el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con las siguientes
excepciones: (i) en los asuntos en los que las acciones de amparo demuestren una
situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que reúna los presupuestos de
26 Corte Constitucional, sentencia T-596 de 2011.
27 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
28 Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en
cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de
procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara
los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que
la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla
con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma
tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, y (vii) no procede elevar una solicitud de
amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.
29 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en
una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el
amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico,
esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir
decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial
es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de
dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente
constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y h) violación directa de la Constitución
Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato
consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de
sus postulados.
30 Corte Constitucional, sentencia T-375 de 2018.
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gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho, caso
en el que la tutela funge como mecanismo transitorio; o (ii) cuando el medio de defensa
judicial ordinario no sea idóneo o eficaz como una herramienta judicial definitiva31. En
consecuencia, el análisis de subsidiariedad en las acciones de tutela contra
actuaciones administrativas adquiere una rigurosidad reforzada basada en la doble
garantía de los derechos fundamentales. Ex ante, dentro del proceso administrativo,
y, ex post, en el proceso contencioso.
En otros términos, el juzgamiento de la procedibilidad de la solicitud de amparo implica,
por un lado, verificar que el derecho fundamental alegado fue desconocido en el
proceso administrativo y, por el otro, que no puede ser resguardado en el proceso
contencioso en razón a la existencia de un perjuicio irremediable que no puede
prevenirse en sede judicial, o, directamente, por la ineficacia o falta de idoneidad del
medio de control.
2.4. Caso concreto
En el sub lite, la Sala considera, a partir de lo expuesto en el escrito de tutela, y en
especial, en la impugnación, que todos los argumentos presentados por la accionante
están dirigidos a cuestionar de un lado, los actos administrativos proferidos el 7 de
mayo de 201832 y 10 de noviembre de 202333 mediante los que, se ordenó su retiro
como docente orientadora en provisionalidad, con ocasión del nombramiento y
posesión de quienes integraron la lista de elegibles del concurso de méritos que se
llevó a cabo para cubrir de forma definitiva la planta docente del municipio, y, de otro
lado, porque dentro del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió, la entidad demandada no ha dado cumplimiento a la medida cautelar que
dictó el juez natural de la causa, lo que — afirmó —, vulnera sus garantías
fundamentales dado que es una persona en estado de vulnerabilidad que requiere de
estabilidad laboral reforzada por razones de salud y tiene la calidad de madre cabeza
de familia, además de no poder acceder a servicios médicos para recibir tratamiento,
por haber sido retirada del sistema de seguridad social.
En este orden, esta Subsección infiere que la accionante y ahora impugnante
cuestionó la legalidad de los actos administrativos dictados por la entidad empleadora,
y por tanto, coincide con el juez constitucional de primera instancia, en concluir que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, no solo porque, la
accionante tiene a su disposición los recursos en vía gubernativa, en relación con el
acto administrativo del 10 de noviembre de 202334, así como el mecanismo ordinario
y principal de defensa judicial, mediante el que, en efecto, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 201135; sino porque, además —
como también lo ha manifestado la accionante —, el estudio del asunto se encuentra
en curso, y en ese orden, le corresponde a la jurisdicción administrativa pronunciarse
31 Ibíd.
32 Decreto 0533 del 7 de mayo de 2018.
33 Resolución 04565 del 10 de noviembre de 2023.
34 Ley 1437 de 2011. Artículo 74. “Por regla general, contra los actos definitivos procederán los
siguientes recursos: […] 2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional
con el mismo propósito”.
35 “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”.
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sobre la legalidad del acto administrativo cuestionado y respecto de la medida cautelar
que también solicitó en ese escenario judicial.
Ahora bien, la accionante también afirmó en su escrito de impugnación que el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta mediante auto del 25 de enero de 2024
decretó la medida cautelar solicitada, actuación que esta Sala pudo verificar al
consultar el expediente con radicado número 54001-33-40-008-2019-00198-0036, que
cursa actualmente en el referido despacho judicial37, y que dispuso38:
“PRIMERO: DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto
0533 de 2018, habida cuenta de las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: OFICIAR a la entidad demandada, a fin de que proceda a aplicar la medida
decretada y suspenda provisionalmente el acto acusado en el presente medio de
control.
TERCERO: Por Secretaría LIBRAR los oficios correspondientes, a fin de que se dé
cumplimiento a este auto.”39.
Al respecto, también obran en el expediente del proceso ordinario, las actuaciones
tendientes al trámite de apelación contra el auto antes referido40. No obstante, en este
contexto también es preciso resaltar que la accionante, como consecuencia de la
orden dada en el trámite de tutela que adelantó ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Cúcuta y de conformidad con el Decreto número 0186 del 10 de julio de 202041,
estará nombrada en el cargo hasta que se resuelva de fondo la medida cautelar
solicitada en el trámite del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió, lo que le permite en igual sentido, el acceso a los servicios de salud que
requiera, dado que, la Sala pudo verificar que a la fecha, su afiliación actualmente se
encuentra activa42.
De otro lado y como la tutelante afirmó ser una persona de especial protección, es
pertinente indicar que la Corte Constitucional en un reciente pronunciamiento expuso
que para determinar la garantía de estabilidad laboral reforzada43 “(…)depende de tres
supuestos: (i) que se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una
condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado
desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea
36 Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Fanny Jiménez
Argüelles en contra de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG,
Fiduprevisora S.A., Municipio de Cúcuta – Secretaría de Educación Municipal.
37 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del expediente digital de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 54001-33-40-008-2019-00198-00, en el aplicativo SAMAI, identificado con
certificado: 6BA358C4843F31EE 1EED81CF0795F895 22827B4E91D35145 5EC7432D1301CF58.
38 Ibid.
39 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
40 Archivo electrónico que contiene el Acta de Reparto al Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
ubicado en el índice 38 del expediente digital de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
54001-33-40-008-2019-00198-00, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
CAC6FA2DA9B64695 F3FE51461C37531E E01E6E6EFD89E29C DA0D69B21DFC3AAA.
41 Apartado 1.2.2.
42 Consulta de estado activo a nombre de la señora Fanny Jiménez Argüelles en servicios de Salud de
Nueva EPS S.A. como cotizante contributivo, desde el 5 de enero de 2024 en:
https://aplicaciones.adres.gov.co/bdua_internet/Pages/RespuestaConsulta.aspx?tokenId=+irJkL3XtsN
V8oQJv/T7Sg==.
43 Corte Constitucional, sentencia SU –087 del 9 de marzo de 2022, expediente número T-8.334.269.
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conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una
justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma
tiene origen en una discriminación.(…)”44. En ese sentido aclaró que si la persona no
cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral debe acreditar que las
limitaciones en su salud afectan las posibilidades para desarrollar su labor de tal forma
que tales circunstancias sean notorias, haya sido incapacitado recurrentemente o
hubiere recibido recomendaciones que impliquen cambios en las funciones para las
que inicialmente fue contratado. Así, la comprobación de uno de estos escenarios
activa la garantía de la estabilidad laboral reforzada y le impone al empleador acudir a
la autoridad laboral para obtener un permiso de despido.
Lo anterior es concordante con lo establecido por la misma corporación en la sentencia
T-020 de 2021 en la que adujo que para que opere la garantía de la estabilidad laboral
reforzada, “el juez constitucional debe verificar: (i) que la condición de salud del
trabajador le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus funciones; (ii)
que dicha circunstancia sea conocida por el empleador con anterioridad al despido; y,
(iii) que no exista una causal objetiva que fundamente la desvinculación”45
En este punto, es necesario precisar que, la vinculación de la accionante lo fue a través
de nombramiento provisional, y en ese orden, su derecho de permanencia en el cargo
debe ser analizado no solo atendiendo a su especial situación sino también al derecho
que tiene la persona que, con ocasión de un concurso de méritos es nombrada en
propiedad. Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que son titulares del
derecho a la estabilidad laboral reforzada por razones de salud, las personas que,
aunque desempeñen cargos en provisionalidad hayan acreditado ser beneficiarias de
tal garantía, pero su derecho queda limitado al mecanismo de provisión de cargos sea
porque puedan ser reubicadas o si no existen vacantes, asegurase que sean las
ultimas en ser desvinculadas, dado que en todo caso es una estabilidad relativa que
cede frente al menor derecho de quien ganó un concurso público de méritos46.
Respecto de la calidad de madre cabeza de familia la Corte Constitucional definió los
presupuestos de los que se pueda inferir, esto es “(i) que se tenga a cargo la
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii)
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia
permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga
del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma
la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente
poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la
muerte; (v) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para
sostener el hogar”47.
Sin perjuicio de lo anterior, dadas las manifestaciones de la accionante relacionadas
con la estabilidad laboral reforzada por razones de salud y la condición de madre
cabeza de familia, seria del caso evaluar los escenarios que podrían acreditarse
conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional enunciadas, sin embargo,
44 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
45 Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto
original.
46 Corte Constitucional, sentencia T-342 del 11 de octubre de 2021, expediente número T-8.075.934 y
Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017.
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como ya se expuso, en principio la vía gubernativa es recurso idóneo y de otra parte,
la normativa que regula el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
permite que se soliciten como medidas cautelares la suspensión del acto o actos
administrativos demandados, mecanismo que se encuentra en trámite y que limita la
competencia del juez constitucional para intervenir en el asunto, dado el carácter
subsidiario de la acción de tutela.
En ese sentido, la Sala tampoco encuentra acreditado la posible configuración de un
perjuicio irremediable, en tanto, como se expuso, la accionante se encuentra
actualmente vinculada a su cargo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0186
del 10 de julio de 2020 expedido por el alcalde del Municipio de San José de Cúcuta
y, en consecuencia, tiene a su disposición los servicios médicos que requiera, dada la
vigencia actual de su afiliación al sistema de salud contributivo.
2.5. En suma, los argumentos planteados por la accionante no satisfacen el carácter
subsidiario y residual de la acción de tutela, puesto que, como quedó expuesto en
párrafos anteriores, tiene a su disposición recursos en vía gubernativa y está en curso
un mecanismo idóneo para controvertir la legalidad del acto administrativo que aquí
cuestionó, dentro del proceso ya fue dictada la medida cautelar que solicitó, además
se encuentra en trámite el recurso de apelación presentado en contra de esa decisión
y, en ese orden, es ese el escenario para aportar, requerir pruebas, así como plantear
los argumentos que trae al trámite constitucional, pues no es posible desconocer que
el primer llamado a respetar y garantizar los derechos fundamentales es el juez que
conoce del proceso ordinario.
Consecuente con lo expuesto, la Sala procede a confirmar la sentencia del 30 de enero
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la presente
providencia.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
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WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
DSR
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