Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00062-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2024-00062-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2024-00062-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
28 de noviembre de 2024
Demandante: Carlos Nicolás Álvarez Soto
Demandada: Ludy Páez Ortega
Rad: 54001-23-33-000-2024-00062-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00062-01
Demandante: Carlos Nicolás Álvarez Soto
Demandada: Ludy Páez Ortega – personera de San José de Cúcuta
(Norte de Santander)
Temas: Elección de personero municipal. Régimen de inhabilidad de
los personeros.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 26 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad presentada contra la
elección de la señora Ludy Páez Ortega, personera de San José de Cúcuta (Norte de
Santander), para el periodo 2024 – 2028, contenida en el acta de sesión ordinaria 009
del 10 de enero de 2024, del concejo de ese ente territorial.
Lo anterior, con base en los siguientes:
1. ANTECEDENTES
1. El señor Carlos Nicolás Álvarez Soto, actuando en nombre propio, presentó demanda1
en ejercicio del medio de control 2 consagrado en el artículo 139 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 3 contra el acto de
elección de la demandada4 como personera de San José de Cúcuta, para el periodo 2024
– 2028.
1.1. Pretensiones
2. Con la demanda, se solicitó:
«2.1.- DECLARAR: la Nulidad de la elección de la Señora LUDY PAEZ ORTEGA C.C.
60.252.381, como PERSONERA MUNICIPAL DE CÚCUTA para el periodo Constitucional
del 1 de marzo del año 2024 al último día de febrero del año 2028, acto que se llevó a cabo
por el Concejo Municipal de Cúcuta, según acta de la sesión ordinaria N.º 009 de fecha 10
de enero del año 2024, por violar el articulo 174 de la Ley 136 de 1994 numeral a), y el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 37 de la Ley 617 del 2000
numeral 2 y como consecuencia se de aplicación al artículo 42 de la resolución N.º 0243
“POR LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL CONCURSO PUBLICO DE
1 Que fue subsanada y cuyo escrito reposa en el archivo «1007RECEPCIONMEMORCORRECCIONDEMANDAPDF»
del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que se encuentra en el índice 3
de SAMAI.
2 La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 21 de febrero de 2024, según el
archivo «002ED002DEMANDAPDF» del expediente digital remitido a esta corporación, que se encuentra en el índice
3 de SAMAI.
3 En adelante CPACA.
4 La Señora Ludy Páez Ortega, personera de San José de Cúcuta (Norte de Santander).
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Demandante: Carlos Nicolás Álvarez Soto
Demandada: Ludy Páez Ortega
Rad: 54001-23-33-000-2024-00062-01
MERITOS, PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE SAN
JOSE DE CUCUTA, PERIODO 2024-2028” del 16 de noviembre del año 2023, emanada
del Concejo Municipal de Cúcuta. Que debe proceder, una vez en firme la sentencia, a
designar a quien, conforme a la legalidad del proceso concursal surtido para proveer ese
cargo, haya, en realidad, ocupado el segundo lugar del concurso, si no presentare causal
de inhabilidad, o a quien le siga en la lista, si estuviere habilitado». (sic toda la cita y
negrillas en el texto).
1.2. Hechos
3. El demandante narró los que a continuación se detallan:
4. El Concejo de San José de Cúcuta, mediante la Resolución 243 del 30 de noviembre
de 20235 convocó y reglamentó el concurso para proveer el cargo de personero de San
José de Cúcuta, periodo 2024 – 2028.
5. Adelantadas las correspondientes etapas de ese proceso, a través de la Resolución
011 del 7 de enero de 20246, ese cabildo municipal conformó la correspondiente lista de
elegibles.
6. El 10 de enero del año en curso, el Concejo de San José de Cúcuta eligió a la
demandada personera de esa entidad territorial.
7. De otra parte, la señora Ludy Páez Ortega prestó sus servicios como secretaria de
Educación del departamento de Norte de Santander, cuya posesión fue el 5 de octubre
de 2022 y su desvinculación correspondió al 30 de junio de 2023, quien, en ejercicio de
ese cargo, expidió una resolución7 con la cual se justifica la utilización de una modalidad
de contratación directa y suscribió varios contratos estatales8 en representación de esa
cartera departamental.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
8. El demandante señaló como vulnerados el numeral 5.° del artículo 275 del CPACA; el
numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 19949 y el literal a) del artículo 174 de esa
normativa.
9. Como fundamento de la violación de dichas normas, explicó que la causal de
inhabilidad prevista para los alcaldes por el ejercicio de autoridad como empleado público
prevista en el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 es aplicable para los
personeros municipales con fundamento en el literal a) del artículo 174 de esa misma
normativa.
10. En consecuencia, argumentó que la señora Ludy Páez Ortega, para el 10 de enero
de 2024, no podía ser elegida personera de San José de Cúcuta, toda vez que dentro del
periodo inhabilitante; que corresponde a un año antes de la fecha de la elección, ejerció
autoridad civil y administrativa en ese municipio como secretaria de educación del
5 Expedida por la Mesa Directiva de esa corporación pública y aclarada por la Resolución n0259 del 30 de diciembre
de 2023.
6 La parte actora comentó que posteriormente por medio de la Resolución 012 del 8 de enero de 2024, se excluyó a
un aspirante del concurso.
7 002149 del 27 de abril de 2023.
8 El demandante expuso que corresponden a: 1) Convenio SED-00064-2023 acordado con la Universidad Francisco
de Paula Santander el 12 de mayo de 2023; 2) Contrato CD-SED-00380-2023 del 17 de febrero de 2023, celebrado
con la señora Neila Karina Rico Arias; 3) Contrato CD-SED-01252-2023 del 14 de marzo de 2023, suscrito con la
señora Jeniffer Lizbeth Meza Jara; 4) Contrato CD-SED-001945-2023 del 21 de abril de 2023, firmado con el señor
Jefferson Edgardo González Solano y Contrato CD-SED-2113-2023 del 25 de mayo de 2023, suscrito con el Señor
Jesús Salvador Uribe Quintero.
9 Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
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Demandante: Carlos Nicolás Álvarez Soto
Demandada: Ludy Páez Ortega
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departamento de Norte de Santander y fue ordenadora del gasto en la ejecución de
proyectos de inversión.
11. Además, refirió que la demandada en ejercicio de ese cargo suscribió contratos que
debían ejecutarse en San José de Cúcuta y autorizó presupuesto de esa entidad, por lo
que «se tipifica la autoridad administrativa».
12. Trajo a colación las definiciones de autoridad civil, política y administrativa de los
artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 y unos pronunciamientos del Consejo de
Estado 10 , para concluir que la señora Ludy Páez Ortega, desde un criterio funcional
ejerció autoridad al suscribir contratos en su condición de empleada pública, de modo
que no pudo ser elegida para el cargo en controversia.
1.4 Contestaciones de la demanda
1.4.1. Demandada11
13. A través de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la demanda con
respaldo en lo siguiente.
14. Arguyó que en el asunto no es aplicable la inhabilidad contenida en el numeral 2.°
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en atención a que la Sección Quinta del Consejo
de Estado12 ha determinado que la misma no es extensible a los personeros municipales,
toda vez que, tratándose de empleados públicos, el legislador abarcó esta cuestión con
el literal b) del artículo 174 de la norma en cita, de manera que no resulta necesaria la
remisión que refiere el demandante.
15. Detalló que de acuerdo con el literal en comento, la prohibición recae sobre quien
haya sido empleado público, en la administración central o descentralizada en los
órdenes municipal o distrital, cuyo supuesto no le es aplicable al haber sido secretaria de
educación del departamento de Norte de Santander.
16. En todo caso, consideró que en el evento que no se acojan los anteriores
argumentos, no existe prueba en el expediente de que haya ejercido autoridad civil y
administrativa al ser secretaria de educación de ese departamento, porque los contratos
que se relacionan con la demanda no apuntan a que debieron ejecutarse en San José de
Cúcuta.
1.4.2. Municipio de San José de Cúcuta13
17. Su apoderada propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
en razón a que, en el marco de sus competencias, ese ente no intervino en la expedición
del acto demandado.
10 Manifestó que corresponden a las providencias dictadas en los radicados 54001-23-31-000-2007-00376-01 y 54001-
23-31-000-2007-00384-01.
11 Archivo «034RECEPCIONMEMOR_CONTESTACIONDEMANDAL» del expediente digital remitido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
12 «Ver: (i) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de mayo de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, Rad.
25000-23-15-000-2001-0101-01(2813). (ii) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de mayo 2005, M.P.
María Nohemí Hernández Pinzón, Rad. 76001-23-31-000-2004-00279-02(3595) (En esta providencia bajo el mismo
razonamiento, se estimó que tampoco resulta aplicable la causal de inhabilidad contenida en el numeral 4 del artículo
95 de la Ley 136 de 1994). (iii) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de marzo de 2011, M.P. Mauricio
Torres Cuervo, Rad. 76001-23-31-000-2009-00483-0. (iv) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 1° de diciembre
de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 15001-23-33-000-2016-00185-01, 15001-23-33-000-2016-
00141-00, 15001-23-33-000-2016- 00143-00 (acumulados)».
13 Archivo «19ContestacionDemanda» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
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1.4.3. Concejo de San José de Cúcuta14
18. Esa corporación se opuso a las pretensiones de la demanda bajo similares
argumentos a los presentados por la demandada.
19. En adición, detalló que la citada señora al ser secretaria de educación del
departamento de Norte de Santander no está dentro del supuesto previsto por el literal b)
en comento y que a pesar de que suscribió los contratos relacionados con el escrito
inicial, de los mismos no se puede inferir que se ejecutaron en el municipio de San José
de Cúcuta.
1.5. Admisión del medio de control
20. Mediante auto del 23 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander inadmitió la demanda, la cual fue subsanada el 27 siguiente y el 1° de marzo
del año en curso, fue admitida.
1.6. Fijación del litigio
21. Mediante auto del 15 de abril de 2024, se fijó el litigio15 en los siguientes términos:
¿Si se encuentra viciada la elección de la señora LUDY PÁEZ ORTEGA como personera
del Municipio de San José de Cúcuta, para el período constitucional 2024-2028, por la
causal subjetiva de anulación invocada en la demanda, contemplada en el numeral 5 del
artículo 275 del CPACA y al tenor de la causal de inhabilidad sobre la cual centraron el
análisis los sujetos procesales en la demanda y su contestación?
1.7. Sentencia de primera instancia
22. Mediante providencia del 26 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión
expuso, frente al caso concreto, en resumen, lo siguiente:
23. Señaló que si bien es cierto que el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994
dispone que no podrá ser elegido personero quien «esté incurso en las causales de
inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable», también lo
es que esta norma no puede entenderse como una remisión «general y absoluta» de todo
el régimen contenido para esos servidores públicos, dado que la disposición es clara en
sostener que la misma está condicionada cuando resulte procedente16.
24. En este orden de ideas, sostuvo que como el literal b) del artículo 174 en cita regula
el motivo de inelegibilidad frente a la persona que es empleada pública, no resulta
procedente acudir a la normativa contemplada para los alcaldes y que una interpretación
en ese sentido sería restrictiva, la cual esta proscrita por nuestro ordenamiento conforme
a la Corte Constitucional17 y el Consejo de Estado18.
14 Archivo «19ContestacionDemanda» del expediente digital remitido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que se encuentra en el índice 3 de SAMAI.
15 En esa misma providencia se determinó que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por el municipio de San José de Cúcuta sería resuelta en la sentencia.
16 Sobre este tema, el tribunal de primera instancia, en el marco teórico de la sentencia, citó las siguientes providencias:
1) Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 10 de diciembre de 1998. MP. Alejandro Martínez Caballero. Rad:
C-767/98 y 2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 9 de marzo
de 2023. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad: 73001-23-33-000-2021-00478-01.
17 Id. nota al pie 16.
18 Id. nota al pie 16.
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25. Comentó que el demandante dentro de los alegatos de conclusión pidió que de no
ser aplicable el motivo de censura por el ejercicio de autoridad civil y administrativa, que
se declarara la nulidad del acto en cuanto está probado en el proceso que la demandada
fue ordenadora del gasto, situación que no prevé el régimen de inhabilidades para los
personeros.
26. Sobre el particular, coligió que en virtud del carácter restrictivo con que debe
interpretarse estas disposiciones, no es posible fraccionar esa norma, además que esa
conclusión no es razonable, ya que con esa conducta se busca que quien esté en esa
situación no saque provecho en una contienda electoral, lo cual no ocurre en el caso de
los personeros, cuya provisión se hace mediante un concurso de méritos.
27. Precisó que el hecho de que la demandada haya suscrito unos negocios jurídicos en
representación de la Secretaria de Educación Departamental de Norte de Santander no
afecta la imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública, porque no lo hizo
en calidad de funcionaria municipal y tampoco los mismos benefician a la administración
central o a las entidades descentralizadas del ente territorial de San José de Cúcuta, los
cuales no conciernen con el desarrollo y control que debe ejercer en esa jurisdicción como
parte del Ministerio Público.
28. Por último, razonó que frente a la duda sobre la aplicación del régimen de
inhabilidades, se debe acoger la interpretación más favorable a la señora Ludy Páez
Ortega y, por ende, emplear la norma especial que corresponde a la del literal b) del
artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
1.8. El recurso de apelación
29. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante solicitó que se revocara
la sentencia del 26 de julio de 2024, bajo los siguientes argumentos:
30. Adujo que al resolver la apelación deben aplicarse los principios de moralidad,
imparcialidad y eficacia que rigen la función administrativa.
31. Esbozó que la interpretación que hizo el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander sobre el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 es errada, porque la postura del Consejo de Estado19
en torno a que no es posible extender los efectos de las causales de inelegibilidad de los
numerales 2.° y 5.° de esa disposición normativa, solo recae sobre los empleados
públicos, de modo que en lo que respecta al otro supuesto por haber sido ordenador del
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebrar contratos que deban ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio, es aplicable para los personeros, pues esta
circunstancia no fue regulada por el artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
32. En este sentido, reiteró los argumentos relacionados con que la demandada, como
empleada pública fue ordenadora del gasto y suscribió contratos que debieron ejecutarse
en el municipio de San José de Cúcuta, por lo que estaba inhabilitada para ser personera.
33. Asimismo, cuestionó la sentencia de primera instancia porque no fue él quien
«fraccionó» el numeral 2.° en cuestión, sino que fue el legislador al contemplar en esa
disposición dos supuestos con una misma consecuencia, además, para realizar la
remisión propuesta no existe diferencia entre el modo de elegir a los alcaldes y a los
personeros, pues los negocios suscritos por la demandada debieron ejecutarse en San
19 Sin especificar a qué providencia corresponde.
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José de Cúcuta, lo que genera una violación a la imparcialidad, transparencia y moralidad
de la función pública en el ejercicio de sus funciones en el cargo controvertido.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
34. Mediante auto del 4 de septiembre de 2024, el magistrado ponente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado: (i) admitió el recurso del demandante; (ii) ordenó a la
Secretaría de la Sección que los pusieran a disposición de la parte demandada por el
término de 3 días; (iii) ordenó que vencido el plazo anterior, permaneciera el expediente
en Secretaría por otros 3 días para que las partes presentaran alegatos de conclusión y
(iv) dejar el expediente a disposición del Ministerio Público con el fin de que rindiera
concepto dentro de los 5 días siguientes.
1.10. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.10.1. Demandante
35. La parte actora reiteró los argumentos decantados con el recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia.
36. De otra parte, se refirió a las sentencias citadas por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander para sostener que esas posturas se refieren a la inhabilidad por el
ejercicio de autoridad, más no frente a la ordenación del gasto y a la celebración de
contratos, con lo cual aseguró que es posible hacer remisión a esta causal de
inelegibilidad.
1.10.2. Demandada
37. Su apoderado judicial insistió en los argumentos expuestos en la primera instancia.
38. Insistió en que no es posible realizar la remisión del numeral 2.° del artículo 95 de la
Ley 136 de 1994, habida cuenta de que existe norma que regula este tema que
corresponde al literal b) del artículo 174 de la norma en cita. Lo anterior, lo sustentó con
las decisiones judiciales citadas con la contestación de la demanda y con el argumento
que se desconocería la intención del legislador de regular de manera clara y específica
las inhabilidades para los personeros.
39. Adicionalmente, dijo que en virtud del principio de inescidibilidad de la norma, no es
permitido hacer la interpretación que propone el actor con el recurso de apelación de
fraccionar la norma invocada con la demanda.
40. En consecuencia, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia.
1.10.3. Concejo de San José de Cúcuta
41. Ese cabildo pidió que se confirmara la decisión dictada por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, bajo la defensa presentada en primera instancia.
1.11. Concepto del Ministerio Público
42. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia del 26 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de
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Santander.
43. Determinó que con fundamento en el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994,
el régimen de inhabilidades previsto para los alcaldes es extensible a los personeros,
pero «en lo que le sea aplicable».
44. En lo que atañe al motivo de inelegibilidad del numeral 2.° del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, indicó que no es
extensible conforme a la tesis de la Sección Quinta del Consejo de Estado 20, la cual no
distingue entre los dos escenarios previstos en esa norma, sino que se refiere a la
inhabilidad en su integralidad.
45. A su turno, puntualizó que el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 regula
de manera íntegra lo referente a los empleados públicos, por lo que no es dable hacer la
remisión propuesta por el demandante. Igualmente, mencionó que, por tratarse el asunto
de una restricción a un derecho político, su interpretación debe ser restrictiva.
46. Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia
de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que afecte
la actuación, procede la Sala a resolver previas las siguientes:
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
47. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 26 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo
establecido en los artículos 15021 y 152 numeral 7.b del CPACA22 y en el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación23.
48. Igualmente, lo anterior en cuanto a que el municipio donde se encuentra ubicado el
cargo de personero demandado, esto es, San José de Cúcuta, es la capital del
Departamento de Norte de Santander.
2.2. Cuestión previa
49. Revisado el trámite surtido en primera instancia, se avizora que el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no se pronunció respecto de la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de San José de Cúcuta
en la contestación de la demanda.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 9 de marzo de 2023. M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad.: 73001-23-33-000-2021-00478-01.
21 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación (…).
22 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad
electoral: (…) b) De la nulidad de la elección de los contralores departamentales, y la de los personeros y contralores
distritales y municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes o más , o de aquellos que sean capital de
departamento (…)».
23 ARTÍCULO 13. “DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento,
los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
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50. Conforme al inciso segundo del artículo 187 del CPACA24, dicha solicitud será objeto
de pronunciamiento en esta oportunidad.
51. Como se expuso en los antecedentes de esta providencia, ese ente territorial expuso
que no intervino en la expedición del acto demandado, ya que en el marco de sus
competencias no le corresponde intervenir en ese proceso eleccionario.
52. Para resolver, se observa que en el asunto se demandó la elección de la señora Ludy
Páez Ortega, personera de San José de Cúcuta, periodo 2024 – 2028, con fundamento
en que la citada violó el régimen de inhabilidades previsto para el efecto.
53. Desde este contexto, se sostiene que el numeral 8.° del artículo 313 de la
Constitución Política y el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
35 de la Ley 1551 de 2012 otorgan la facultad a los concejos municipales y distritales de
elegir a los personeros, sin que se infiera que en esta actuación deba participar el ente
territorial.
54. Por consiguiente, la sala declarará probada la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva del municipio de San José de Cúcuta y, por tanto, ordenará su
desvinculación.
2.3. Problema jurídico
55. Corresponde a esta Sección resolver, en los precisos términos expuestos en el
recurso de apelación del demandado, si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 26 de julio
de 2024.
56. Para el efecto, se debe determinar si le asiste razón al apelante en sostener que para
los personeros municipales es aplicable el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en relación con su segundo
supuesto de esa norma25 y solo en el evento de encontrar que es procedente lo anterior,
se analizará la conducta prohibitiva a la luz de las pruebas allegadas al expediente.
57. De allí que sea necesario abordar los siguientes temas: (i) nociones generales del
proceso de elección de los personeros municipales, (ii) régimen de inhabilidad de esos
funcionarios y (iii) el caso concreto.
2.4. Nociones generales del proceso de elección de los personeros municipales
58. De conformidad con el artículo 125 de la Constitución Política, todos los empleos de
los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa, salvo los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley.
59. A su turno, el artículo 118 de la Carta Superior dispone que, entre otros funcionarios,
el Ministerio Público será ejercido por los personeros municipales y el numeral 8.° del
24 «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
25«(...) quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador
del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio.
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artículo 31326 Superior faculta a los concejos municipales para elegir a estos servidores
por el período que fije la ley.
60. En aras de darle eficacia normativa a esas disposiciones, el artículo 170 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 consagra:
ARTÍCULO 170. ELECCIÓN. Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán
personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros
días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso
público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad
con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo
siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año (…)
Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial,
primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta
y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar en el
concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del concurso
se dará prelación al título de abogado (…)
Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de Derecho podrán prestar
el servicio de práctica jurídica (judicatura) en las personerías municipales o distritales,
previa designación que deberá hacer el respectivo decano.
Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la Administración Pública,
se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas profesionales o
laborales previa designación de su respectivo decano. (Énfasis fuera del texto).
61. Se pone de presente que la expresión «que realizará la Procuraduría General de
la Nación» que se encuentra en la norma en cita, fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, mediante Sentencia C-105 de 2013, concluyendo que esta competencia
está en cabeza de los concejos municipales.
62. Además, el Decreto 1083 de 201527 fija los estándares mínimos para la elección de
los personeros municipales.
63. De la aludida normativa, se evidencia que la elección de los personeros municipales
se realizará para un periodo institucional, que corresponde entre el 1° de marzo siguiente
a su designación y terminará el último día de febrero del cuarto año. Esta elección se
efectuará dentro de los primeros 10 días de haber iniciado su periodo constitucional el
respectivo concejo.
2.5. De las inhabilidades de los personeros municipales
64. Las inhabilidades son barreras que la Constitución o la ley imponen a las personas
para contraer relaciones jurídicas con el Estado, ya sea para acceder o continuar en el
ejercicio de funciones públicas; o prestar servicios públicos o contratar con las
autoridades.
65. De cara al acceso a cargos públicos, la finalidad de estas restricciones que se derivan
de los principios que rigen la función pública (artículo 209 Constitucional) son las de
«garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la
permanencia en el servicio público» y «asegurar la primacía del interés general sobre el
interés particular del aspirante»28.
26 ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás
funcionarios que ésta determine.
27 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
28 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 5 de marzo de 2021. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera. Rad.:
C-053/21.
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66. No debe olvidarse que estos regímenes constituyen limitaciones al derecho
fundamental a ser elegido y a acceder a funciones y cargos públicos; prerrogativas que
están sumergidas en el artículo 40 de la Constitución Política, de ahí que: «(…) la
jurisprudencia constitucional y la del Consejo de Estado han señalado que las normas
que establecen derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera
que se garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante
el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de
cargos públicos deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley y
no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre en forma restrictiva»29.
67. Ahora bien, en relación con la normativa de los personeros municipales, el artículo
174 de la Ley 136 de 1994 contempla los motivos por los cuales una persona no puede
desempeñar ese cargo, entre los que se destaca:
ARTÍCULO 174. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:
a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo
que le sea aplicable;
68. De una lectura de la norma en cita, se concluye que el legislador quiso ampliar el
catálogo de inhabilidades para esos funcionarios, que se extiende a las contenidas para
los alcaldes, que se ubican en el artículo 95 de esa misma ley, cuya remisión se limita
únicamente «en lo que sea aplicable».
69. Al punto, esta sección ha sostenido que «el literal a) del artículo 174 de la Ley 136
de 1994 no es una cláusula remisoria de aquellas que ordinariamente establece el
legislador cuando atribuye el carácter supletorio a algunas previsiones del ordenamiento
jurídico, toda vez que en este caso particular sujeta dicha remisión únicamente «en lo
que sea aplicable», lo que supone estudiar si el supuesto de hecho de la norma a la que
nos remitimos – artículo 95 – consulta la naturaleza y el correcto ejercicio de las funciones
a desempeñar por el personero o si el legislador ya se ocupó de estructurar el
presupuesto fáctico en la norma especial, sin que ello signifique que la causal de
inhabilidad deba ser idéntica en su literalidad»30.
70. En síntesis, el régimen de inhabilidades para los personeros municipales está fijado
por el artículo 174 de la citada ley, el cual es extensible al determinado para los alcaldes,
en virtud de su literal a) pero que, en todo caso, esa remisión está sujeta a la condición
«en lo que sea aplicable», esto quiere decir que la amplificación de la norma será posible
cuando la interpretación atienda a la naturaleza y correcto ejercicio de las funciones del
agente del ministerio público o que la norma especial (art. 174) no haya regulado el
supuesto factico, sin que ello implique que la causal de inhabilidad deba coincidir
literalmente.
2.6. Caso concreto
71. En este asunto, la Sala observa que la sentencia del 26 de julio de 2024, dictada por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, negó las pretensiones de la demanda
de nulidad, bajo el argumento que no era posible aplicar al caso el numeral 2.° del artículo
95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por cuanto
29 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 30 de abril de 2015. M.P. Álvaro Namén Vargas.
Rad.: 11001-03-06-000-2015-00058-00 (2251).
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 16 de septiembre de 2021.
MP. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad.: 20001-23-33-000-2021-00001-01.
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esta circunstancia está regulada por el literal b) del artículo 174 de esa ley.
72. Por el contrario, con el recurso de apelación, el demandante, básicamente, sostuvo
que esa remisión sí es posible en lo que corresponde a ser ordenador del gasto y a
celebrar contratos que deban ejecutarse en el correspondiente municipio, ya que el literal
b) en cuestión no especificó algo al respecto.
73. La sala confirmará la decisión de primera instancia, como pasa a explicarse:
74. El artículo 174 de La Ley 136 de 1994 consagra las inelegibilidades aplicables a los
personeros municipales. Específicamente, su literal a) ordena que no podrá ejercer la
función de agente del Ministerio Público quien esté incurso en alguna de las causales de
inhabilidad para el alcalde municipal, pero «en lo que le sea aplicable».
75. La citada expresión debe entenderse en el sentido de que esa disposición extiende
al régimen fijado para los alcaldes, pero no de manera absoluta, pues de lo contrario ese
aparte no tendría eficacia normativa.
76. A su turno, el numeral 2.° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 establece:
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el
respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional,
departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la
ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse
o cumplirse en el respectivo municipio. (Énfasis fuera del texto).
77. De una lectura de la norma transcrita, se encuentra que esta prohibición gira en torno
al funcionario que, dentro el periodo inhabilitante (12 meses antes de la elección) ejerce
autoridad en el respectivo municipio o autoriza presupuesto conforme a lo descrito en esa
disposición, esta última es la que nos interesa para resolver la cuestión.
78. De otra parte, el literal b) del artículo 174 de esa normativa dispone que no podrá ser
personero quien, durante el año anterior, haya ocupado cargo o empleo público en la
administración central o descentralizada del distrito o municipio.
79. De acuerdo con lo anterior, en sentido estricto y exegético, estas dos regulaciones
son distintas, pero consagran un mismo aspecto al determinar restricciones para cuando
la persona desempeña un empleo público bajo distintos supuestos.
80. En este orden de ideas, la duda que surge es establecer si el legislador quiso
consagrar una doble inhabilidad para el escenario del ejercicio de la función pública o si,
por el contrario, su intención fue que ante la existencia del literal b) no es posible acudir
a la inhabilidad de alcalde antes citada.
81. Desde una interpretación literal es posible que quien aspire a ser personero no pueda
ser elegido por el hecho de ser empleado público que a su vez haya intervenido como
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos,
que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio dentro el periodo
inhabilitante. No obstante, esa hermenéutica no es razonable, habida cuenta que estas
restricciones deben ser aplicadas de manera estricta y restrictiva, en la medida que
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denotan una limitación a los derechos a la igualdad y al acceso a cargos públicos
(artículos 13 y 40 Constitucionales).
82. En un sentido similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado se ha pronunciado:
[L]a Sección Quinta del Consejo de Estado, teniendo en cuenta pronunciamientos de la
Corte Constitucional en la materia, de manera diáfana y reiterada ha precisado que los
numerales 2 y 5 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que se refieren a situaciones de
inhabilidad para los alcaldes, relacionadas con el hecho de haber ocupado con anterioridad
cargos públicos, no resultan aplicables a la elección de personeros, toda vez que el
legislador se ocupó de manera especial frente a éstos en el literal b) del artículo 174 de la
misma ley, motivo por el cual no resulta necesaria la remisión a otras normas, pues la misma
solo tiene lugar como lo señala el literal a) del artículo 174 ibídem, “en lo que sea aplicable”,
so pena de realizar interpretaciones extensivas en materia de inhabilidades, lo cual está
proscrito por el ordenamiento jurídico, pues las mismas al igual que las incompatibilidades
implican limitación de derechos (…)31.
83. Por consiguiente, la remisión del artículo 174 en comento está condicionada a que
son extensibles las inelegibilidades para el alcalde, pero «en lo que le sea aplicable» al
régimen de los personeros, de tal suerte que esta amplificación es posible cuando la
interpretación no sea extensiva, planteamiento que no ocurre en la argumentación del
apelante, como quedó visto. Asimismo, es un contrasentido aceptar esa censura, ya que
la norma especial (art. 174) se ocupa de la inhabilidad cuando se desempeña un empleo
público y no resulta razonable ampliar sus efectos a otros ámbitos.
84. Por lo tanto, a la señora Ludy Páez Ortega no le es aplicable la inhabilidad para los
alcaldes prevista en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 (en cualquiera
de los dos supuestos, ya sea por el ejercicio de autoridad o en la ordenación del gasto),
sino la establecida en el literal b) del artículo 174 de ese mismo compendio normativo.
En consecuencia, no le asiste razón al apelante.
85. Por último, con la alzada, se manifestó que, al desatar el recurso, se deben
garantizar los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia que rigen la función
administrativa, reparo sobre el cual, la sala no hará un pronunciamiento, en atención a
que el memorialista no explicó de qué manera la primera instancia no tuvo en cuenta
esos postulados, más aun, cuando la legalidad del acto demandado no fue desvirtuada.
86. Así las cosas, se confirmará la sentencia del 26 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad presentada contra la elección de la señora Ludy Páez Ortega, personera de
San José de Cúcuta.
87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de sus facultades constitucionales y legales,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
3. FALLA:
PRIMERO: Declárase probada la falta de legitimación en la causa del Municipio de San
José de Cúcuta y, en consecuencia, ordenar su desvinculación del presente trámite.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia del 26 de julio de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda contra
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 24 de junio de 2021. MP.
Rocío Araújo Oñate. Rad: 19001-23-33-000-2020-00067-01
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Demandante: Carlos Nicolás Álvarez Soto
Demandada: Ludy Páez Ortega
Rad: 54001-23-33-000-2024-00062-01
el acto de elección de la señora Ludy Páez Ortega, personera de San José de Cúcuta,
periodo 2024 – 2028.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen
para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx”.
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