Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00063-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00063-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2024-00063-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
18 de abril de 2024
Demandante: Wilmer Orlando Anteliz González
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros
Rad: 54001-23-33-000-2024-00063-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00063-01
Demandante: WILMER ORLANDO ANTELIZ GONZÁLEZ
Demandados: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL
Y OTROS
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, la salud, la seguridad social, el
trabajo y el debido proceso.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por el señor Wilmer Orlando
Anteliz González y la Policía Nacional, contra la sentencia del 5 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, conforme lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Wilmer Orlando Anteliz González, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional en la que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, la salud, la
seguridad social, el trabajo y el debido proceso.
La vulneración de las citadas garantías encontró sustento en la Resolución N.° 127
del 19 de enero de 2023 que dispuso el retiro del servicio activo de la Policía
Nacional al capitán Wilmer Orlando Anteliz González, pese a que para dicha época
se encontraba incapacitado y, en consecuencia, en una situación de debilidad
manifiesta.
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El escrito de tutela se presentó el 21 de febrero de 2024.
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Demandante: Wilmer Orlando Anteliz González
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y otros
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
Primero: se amparen de los derechos fundamentales del accionante al MINIMO
VITAL, LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL, EL TRABAJO, Y EL DEBIDO
PROCESO sustentado en el precedente jurisprudencial que respalda la estabilidad
ocupacional del trabajador que se encuentra afectado de salud o con algún tipo
de disminución Psíquica, física o sensorial.
Segundo: se ordene a la LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA
NACIONAL, reactivar al señor WILMER ORLANDO ANTELIZ GONZALEZ en el
sistema de seguridad Social especial con la finalidad de que pueda continuar los
tratamientos en curso y siga activo en la lista de espera del banco de huesos para el
trasplante de Meniscos.
Tercero: se ordene a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA
NACIONAL, proceder con el reconocimiento y pago de las incapacidades pendientes:
desde el retiro del servidor, es decir, desde el 22 de enero de 2023 en adelante,
mismas que se vieron interrumpidas como consecuencia del retiro del sistema.
Cuarto: se ordene a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA
NACIONAL, suspender transitoriamente los efectos de la decisión tomada en la
RESOLUCIÓN No. 0127 DE 19 DE ENERO DE 2023, que lo retira del servicio de la
POLICIA NACIONAL y se supedite a la decisión del proceso ordinario por vía
Contenciosa Administrativa y se concedan sus efectos retroactivos a la fecha.
Quinto: se ordene a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA
NACIONAL, disponer de los medios necesarios para que se proceda con una
valoración integral del estado de salud actual del señor ANTELIZ en el que se pueda
hacer un contraste con el estado de salud inicial, del que gozaba el hoy accionante
cuando ingresó al servicio de la Institución.
Sexto. Se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL DE COLOMBIA reconocer, adicionalmente, al señor WILMER
ORLANDO ANTELIZ GONZÁLEZ, una indemnización equivalente a ciento ochenta
(180) días de salario, de conformidad con lo previsto en la Ley 361 de 1997, por ser
una persona de especial protección constitucional.2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El actor manifestó que ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 2006,
habiendo logrado múltiples ascensos al interior de la institución y siendo acreedor
de reconocimientos durante la prestación del servicio.
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Transcripción original del texto con posibles errores.
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Indicó que, con ocasión de la realización de actos propios del servicio, empezó a
presentar varias patologías que afectaron su estado de salud, circunstancia que dio
lugar a la realización de tres juntas laborales.
Afirmó que fue diagnosticado con diversas enfermedades y afecciones físicas, entre
las que se encuentra una lesión osteocondral grado III cóndilo femoral medial que
conllevó a una pérdida de capacidad permanente parcial del 11.50%.
Refirió que mediante Resolución N.° 127 del 19 de enero de 2023 se ordenó el retiro
del servicio, por voluntad del Gobierno Nacional, circunstancia por la cual, a partir
del 28 de febrero de 2023 fue desafiliado del sistema de seguridad social en salud
de la dirección de Sanidad de Norte de Santander de la Policía Nacional.
Precisó que para la época de expedición del citado acto administrativo se
encontraba incapacitado desde el 22 de enero hasta el 5 de febrero de 2023, como
consecuencia de su estado de salud, por lo que alegó que se encontraba en una
situación de debilidad manifiesta.
Resaltó que la Policía Nacional obró de mala fe, pues el acto administrativo se dictó
precipitadamente con miras a impedir que accediera al fuero especial de protección,
de que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 20023, pues estaba próximo a adquirir
la asignación de retiro en los términos del artículo 25 del Decreto 4433 de 20044.
Alegó que el 30 de enero de 2023, ante la falta de mejoría frente a su cuadro clínico,
se prorrogó la incapacidad hasta el 13 de febrero del mismo año, la cual, a su turno,
se extendió por 15 días más.
Reprochó que la Policía Nacional no ha acatado el deber legal de realizar los
exámenes médicos de salida, así como tampoco ha podido acceder a los servicios
y tratamientos necesarios para atender sus padecimientos.
Por último, evidenció que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en la que cuestionó la legalidad del acto administrativo que dispuso el retiro
3
De conformidad con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser
retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las
madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual
o auditiva, y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio,
para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir
de la promulgación de la presente ley.
4
Los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo
después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad
psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir
de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]
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del servicio. No obstante, relató que han transcurrido 6 meses desde la fecha de
presentación sin que a la fecha haya obtenido la admisión de esta.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Para el señor Anteliz González la Policía Nacional vulnera los derechos
fundamentales deprecados, pues, pese a tener pleno conocimiento de su precario
estado de salud, encontrarse a la espera de realizarse varios exámenes y
procedimientos médicos, y negarse a la práctica de las pruebas de retiro, dispone
discrecionalmente su retiro del servicio.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 22 de febrero de 2024 el magistrado ponente de la primera instancia,
avocó el conocimiento de la solicitud de amparo, dispuso la notificación de la
accionada, y ordenó la vinculación del Juzgado Trece Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas5, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. UGPP
Precisó que, de los hechos de la demanda y las pretensiones invocadas por la parte
actora, no se advierte que dicha autoridad haya incurrido por acción u omisión en la
vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Con base en lo anterior, solicitó la desvinculación del trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.2. Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander – Grupo Medicina
Laboral – Policía Nacional
Luego de explicar profusamente lo atinente el régimen aplicable al presente caso y
la naturaleza del proceso de calificación médica, solicitó que se nieguen las
pretensiones del señor Anteliz González.
Lo anterior, luego de precisar que el accionante pese a tener conocimiento de la
obligación de presentar a la práctica de exámenes de retiro no asistió sin aducir
algún tipo de justificación. Tampoco aportó la documentación exigida para la
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El acto procesal se realizó mediante correo electrónico remitido a las partes e intervinientes el 23
de febrero de 2024.
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realización de tales exámenes, en el término dispuesto en el artículo 8. ° del Decreto
1796 de 20006.
Acotó que el señor Anteliz González anteriormente ya había sido evaluado en 3
juntas médicas laborales, las cuales tuvieron lugar en las ciudades de Ibagué el 10
de mayo de 2017, Bogotá el 18 de mayo de 2018, y Cúcuta el 30 de abril de 2021;
las cuales coincidieron en indicar que la persona era apta física y mentalmente para
seguir prestando sus servicios a la institución.
Frente a la patología de rodilla y la condición mental del accionante, precisó que
tales puntos ya fueron estudiados en las juntas médicas laborales, y cualquier
deterioro adicional debe ser revisado por el Tribunal de Revisión Militar y de Policía.
En lo que atañe a la afiliación al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, explicó que, conforme lo dispone el Decreto Ley 1795 de 2000, no
es posible mantener la prestación de servicios de salud, pues la persona no se
encuentra en alguna de las situaciones de afiliación establecidas en el artículo 2. °
del citado decreto7.
6
El examen para retiro tiene carácter definitivo para todos los efectos legales; por tanto, debe
practicarse dentro de los dos (2) meses siguientes al acto administrativo que produce la novedad,
siendo de carácter obligatorio en todos los casos. Cuando sin causa justificada el retirado no se
presentare dentro de tal término, dicho examen se practicará en los Establecimientos de Sanidad
Militar o de Policía por cuenta del interesado.
Los exámenes médico-laborales y tratamientos que se deriven del examen de capacidad sicofísica
para retiro, así como la correspondiente Junta Médico-Laboral Militar o de Policía, deben observar
completa continuidad desde su comienzo hasta su terminación.
7
Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización:
1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo.
2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de asignación de retiro o
pensión.
3. El personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no
uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional que se haya vinculado al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
4. Los soldados voluntarios.
5. Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en goce de pensión.
6. Los servidores públicos y los pensionados de las entidades Descentralizadas adscritas o
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o pensionado del Ministerio de
Defensa Nacional y el personal no uniformado activo y pensionado de la Policía Nacional que se rige
por la Ley 100 de 1993 y que a la fecha de la publicación del presente Decreto, se encuentren
afiliados al SSMP.
7. Los beneficiarios de pensión por muerte del soldado profesional activo o pensionado de las
Fuerzas Militares.
8. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en servicio activo,
pensionado o retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
9. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, activo o pensionado del Ministerio de
Defensa Nacional y del personal no uniformado, activo o pensionado de la Policía Nacional.
b) Los afiliados no sometidos al régimen de cotización:
1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, a que se refieren el
Artículo 225 del Decreto 1211 de 1990, el Artículo 106 del Decreto 41 de 1994 y el Artículo 94 del
Decreto 1091 de 1995 y las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen, respectivamente.
2. Las personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio.
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Como conclusión solicitó que se declare improcedente el amparo solicitado, por
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
1.6.3. Policía Nacional
Como primer punto, alegó la existencia de la temeridad al interior del presente
trámite, pues, el señor Wilmer Orlando Anteliz González, con antelación al caso que
es objeto de estudio, promovió una acción de tutela con identidad de objeto, causa
y partes8.
En segundo lugar, resaltó que dicha persona promovió demanda en uso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual correspondió por
reparto al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo que
el juez de tutela no puede abordar temas que son de competencia privativa del juez
contencioso administrativo.
Acto seguido, mencionó que el accionante esta entremezclando las causales de
retiro del servicio, pues, en el caso del promotor del amparo constitucional, esta se
dio por voluntad del gobierno, la cual se encuentra establecida en el artículo 4. ° de
la Ley 857 de 20039.
A partir de lo anterior, resaltó que el accionante pretende plantear un debate desde
el punto de vista de su condición psicofísica como causal para alegar la vulneración
de los derechos fundamentales, cuando lo cierto es que dicha situación obedeció a
la facultad discrecional en cabeza del Gobierno Nacional.
Aunado lo anterior, planteó que el hecho de haber obtenido ascensos, felicitaciones
o reconocimientos no conlleva intrínsecamente un fuero que le garantice una
estabilidad a perpetuidad.
Por último, frente a la presunta vulneración de sus derechos por la desafiliación, la
entidad puntualizó que la afirmación del actor es contraria a la realidad, pues, en el
evento de no contar con recursos económicos para ser incluido en el sistema
contributivo, podrá ser incluido en el régimen subsidiado.
8
Acción de tutela con radicado N. ° 54001-31-05-001-2023-00075-00
9
Artículo 4º. Retiro por voluntad del Gobierno o del Director General de la Policía Nacional. Por
razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o el
Director General de la Policía Nacional para el caso de los Suboficiales, podrán disponer el retiro de
los mismos con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta
de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales.
El ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo podrá ser delegado en el Ministro
de Defensa Nacional, para el caso de los Oficiales hasta el grado de Teniente Coronel y en los
Directores de la Dirección General, Comandantes de Policía Metropolitana, de Departamentos de
Policía y Directores de las Escuelas de Formación para el caso de los Suboficiales bajo su mando,
observando el procedimiento que sobre el particular se señale en cuanto a composición y
recomendaciones en el evento de tal delegación respecto de la Junta Asesora y de Evaluación y
Clasificación de que trata el inciso anterior.[…]
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1.6.4. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Por conducto del secretario de la autoridad judicial rindió un informe en el que detalló
las actuaciones surtidas al interior del proceso promovido por el señor Anteliz
González contra la Policía Nacional10.
Indicó que el proceso actualmente cuenta con auto admisorio de la demanda y está
pendiente de resolver la medida cautelar presentada con esta, que tiene como
objetivo la suspensión provisional del acto administrativo acusado, mediante el cual
fue retirado del servicio.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió fallo el 5 de marzo de 2024,
en el que resolvió: i) declarar el fenómeno de cosa juzgada, respecto a las
pretensiones establecidas en los numerales cuarto y sexto11, ii) negar la pretensión
del numeral tercero12, y iii) amparar los derechos fundamentales a la salud,
seguridad social y debido proceso del actor, por lo que ordenó a la Policía Nacional
realizar los exámenes de retiro pertinentes por parte de la Junta Médico Laboral,
para lo cual se debían reactivar los servicios de salud del señor Anteliz González.
En cuanto al primer punto, concluyó que el accionante ya había promovido
anteriormente otra acción de tutela radicada bajo el N. ° 54001-31-005-001-2023-
00075-00/01, la cual fue conocida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito
Judicial de Cúcuta y la Sala Laboral del Tribunal Superior de este distrito, en la que
se negaron tales pretensiones.
Frente al pago de incapacidades, se consideró que tal solicitud no era propia del
mecanismo constitucional, aunado que la misma se solicitó extemporáneamente,
por lo que no cumplió con el requisito de inmediatez.
Por último, consideró que la prestación de servicios de salud en el presente caso
debe ser continuo hasta tanto se lleven a cabo los exámenes de retiro, a efectos de
10
Rad N. ° 54001-33-31-008-2023-00261-00
11
Cuarto: se ordene a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, suspender
transitoriamente los efectos de la decisión tomada en la RESOLUCIÓN No. 0127 DE 19 DE ENERO
DE 2023, que lo retira del servicio de la POLICIA NACIONAL y se supedite a la decisión del proceso
ordinario por vía Contenciosa Administrativa y se concedan sus efectos retroactivos a la fecha. […]
Sexto. Se ordene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA reconocer, adicionalmente, al señor WILMER ORLANDO ANTELIZ GONZÁLEZ,
una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario, de conformidad con lo previsto
en la Ley 361 de 1997, por ser una persona de especial protección constitucional.
12
Tercero: se ordene a LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, proceder
con el reconocimiento y pago de las incapacidades pendientes: desde el retiro del servidor, es decir,
desde el 22 de enero de 2023 en adelante, mismas que se vieron interrumpidas como consecuencia
del retiro del sistema
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establecer la posible pérdida de capacidad laboral y, de ser el caso, analizar el
posible reconocimiento de una prestación económica. En ese sentido, acotó:
Los exámenes de retiro correspondientes a la desvinculación del accionante deben
tener la misma rigurosidad contemplada para el previsto al momento del ingreso a la
institución y cuyo fundamento se encuentra en el artículo 8 del Decreto 1796 del 2000,
es importante realizar dicho examen, debido a que se valora de manera integral y
objetiva el estado de salud psicofísico del accionante, para así poder determinar cual
es su condición clínica con la que se cuenta producto de la ejecución de su servicio
durante los años que mantuvo el vínculo laboral en la Policía Nacional, de esta
manera se permite analizar si le asisten otros derechos, como lo son indemnizatorios,
pensionales o la continuación del servicio médico después de la vinculación.
[…]
Por todo lo antes dicho, es claro que, los derechos fundamentales a la salud,
seguridad social y debido proceso del actor fueron vulnerados al no realizársele el
examen de retiro, como quiera que el mismo es determinante para conocer si las
lesiones o enfermedades fueron i) producto directo del servicio, ii) se generaron en
razón o con ocasión del mismo, o iii) es la causa directa de la desincorporación de las
fuerzas militares o de policía. De tal forma que, sin examen de retiro es imposible
acceder a la Junta Médica Laboral, concluyéndose además que en caso de
configurarse alguna de estas tres causales, deberá mantener los tratamientos
médicos de los cuales esta gozando el accionante garantizándose así la continuidad
en la atención y consecuente pago a que haya lugar.
La anterior decisión se notificó a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 8 de marzo de 2024.
1.8. Impugnaciones
1.8.1. Wilmer Orlando Anteliz González
En sentir del actor, en el presente caso no era posible declarar el fenómeno de cosa
juzgada, pues, pretende que la solicitud de amparo sea concedida de manera
transitoria dada la mora en que ha incurrido el juzgado de conocimiento frente al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado para
cuestionar la legalidad del acto administrativo que ordenó el retiro del servicio.
Alegó que es necesario que se le garantice la prestación de los servicios de salud
de manera integral, dado que se encuentra en la realización de varios exámenes
que no ha podido practicarse por su desvinculación con la Policía Nacional.
1.8.2. Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander – Grupo Medicina
Laboral – Policía Nacional
Explicó que la orden dada en tutela contraviene las disposiciones legales que rigen
la materia, por cuanto no es posible ordenar la activación de los servicios de salud
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a favor de una persona que no ostenta la condición de afiliado en los términos del
Decreto 1795 de 2000.
Precisó que, frente a los exámenes médicos de retiro, se encuentra pendiente la
realización de las pruebas de optometría y audiometría, las cuales, pese a haber
sido programadas, no fueron atendidas por la parte accionante.
Frente a los demás padecimientos médicos alegados, indicó que no resulta viable
la autorización de procedimientos o pruebas, dado que, para tales efectos el
accionante debe proceder a la afiliación a la EPS de su elección, bien sea en el
régimen contributivo o en el subsidiado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer de la
impugnación al fallo de tutela proferido el 5 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en los términos del artículo 31 del Decreto
2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
La UGPP en su escrito de intervención manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que de los hechos del escrito de tutela y las pretensiones
planteadas en esta, no se advierte acción u omisión de la autoridad constitutiva de
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
En ese sentido, la sala advierte que el a quo no realizó pronunciamiento alguno al
respecto, circunstancia por la cual se procede a resolver dicho aspecto en la
presente decisión.
Como bien anota la entidad, en el presente asunto no se advierte razón fáctica o
jurídica alguna que sustente su permanencia en el presente trámite, toda vez que el
epicentro de la controversia gira en torno a la desvinculación del señor Anteliz
González de la Policía Nacional con las consecuencias que implica dicha
determinación.
A partir de lo anterior, se accederá a la solicitud presentada por esta entidad, pues,
se reitera, no es la llamada a soportar la pretensión formulada por el accionante.
2.3. Problema jurídico
Con base en los hechos expuestos en la acción de tutela, las pruebas aportadas al
proceso, las intervenciones realizadas por las autoridades accionadas y el fallo de
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primera instancia, la sala debe determinar si confirma, modifica o revoca la decisión
dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y para lo cual es
necesario absolver el siguiente interrogante:
• ¿La Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, la
salud, la seguridad social, el trabajo y el debido proceso del señor Wilmer
Orlando Anteliz González, con ocasión de la Resolución N.° 127 del 19 de
enero de 2023 y las consecuencias que implica esta frente a la prestación de
los servicios de salud?
Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) el sistema de salud al interior de la Policía
Nacional; (iii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la continuidad del
servicio frente a miembros retirados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y
(iv) el caso concreto.
2.4. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.
El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.
2.5. Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
Como punto de partida se debe tener en cuenta que las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional gozan de un sistema de salud autónomo e independiente, el cual
encuentra sustento en los artículos 216 y 217 de la Constitución Política.
A su turno, se tiene que el artículo 279 la Ley 100 de 199313 expresamente excluyó
de su aplicación a los miembros de la fuerza pública, lo cual, en términos de la Corte
Constitucional se encuentra justificado14.
13
El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de
1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los
miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
14
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-956 de 2001 explicó: «La exclusión de los
miembros de la Fuerza Pública del régimen general de seguridad social se encuentra doblemente
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En la actualidad, dicho sistema se encuentra establecido en el Decreto 1795 de
200015, el cual en su artículo 1. ° establece:
El Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es un conjunto
interrelacionado de Instituciones, Organismos, Dependencias, Afiliados,
Beneficiarios, Recursos, Políticas, Principios, Fundamentos, Planes, Programas y
Procesos debidamente articulados y armonizados entre sí, para el cumplimiento de la
misión, cual es prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados y
beneficiarios.
Siendo ello así, el artículo 23 del citado decreto dispone quienes ostentan la
condición de afiliados y, en consecuencia, pueden acceder a los servicios de salud
de dicho sistema. La norma en comento dispone:
Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
a) Los afiliados sometidos al régimen de cotización:
1. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo.
2. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en goce de
asignación de retiro o pensión.
3. El personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el
personal no uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional que se haya
vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993.
4. Los soldados voluntarios.
5. Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en goce de
pensión.
6. Los servidores públicos y los pensionados de las entidades Descentralizadas
adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o
pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado activo y
pensionado de la Policía Nacional que se rige por la Ley 100 de 1993 y que a la fecha
de la publicación del presente Decreto, se encuentren afiliados al SSMP.
7. Los beneficiarios de pensión por muerte del soldado profesional activo o
pensionado de las Fuerzas Militares.
justificada como esta Corte lo ha señalado en anteriores oportunidades. De un lado, se trata de
proteger derechos adquiridos (Fuerzas Militares, Policía Nacional y personal civil, respectivamente).
Y, de otro lado, estos regímenes tienen además un sustento constitucional expreso, ya que la Carta
precisa que la ley señalará el régimen prestacional específico de estos servidores públicos. Por ello
esta Corporación había manifestado que "fue voluntad del Constituyente que la ley determinara un
régimen prestacional especial para los miembros de la Fuerza Pública, que necesariamente debe
responder a las situaciones de orden objetivo y material a que da lugar el cumplimiento de sus
funciones"»
15
Por el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
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8. Los beneficiarios de pensión o de asignación de retiro por muerte del personal en
servicio activo, pensionado o retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía
Nacional.
9. Los beneficiarios de pensión por muerte del personal civil, activo o pensionado del
Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado, activo o pensionado de
la Policía Nacional.
b) Los afiliados no sometidos al régimen de cotización:
1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, a que se refieren el Artículo 225 del Decreto 1211 de 1990, el Artículo 106
del Decreto 41 de 1994 y el Artículo 94 del Decreto 1091 de 1995 y las normas que
los deroguen, modifiquen o adicionen, respectivamente.
2. Las personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio.
A partir de la anterior disposición, prontamente se colige que aquellas personas que
son retiradas del servicio al amparo de las causales establecidas en la Ley 857 de
2003, que no hayan adquirido la asignación de retiro o pensión, automáticamente
pierden la condición de afiliados y, en consecuencia, ya no pueden acceder a los
servicios de salud.
No obstante, no se puede perder de vista que la pérdida de condición de afiliado no
conlleva intrínsecamente la cesación de la obligación por parte del Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, respecto a la prestación del servicio
de salud, pues, en tales escenarios se hace procedente el periodo de protección
laboral.
2.6. Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la continuidad del
servicio frente a miembros retirados de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional
La Corte Constitucional ha desarrollado una prolija línea jurisprudencial sobre el
tema objeto de estudio, según la cual es posible que el Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional siga asumiendo la prestación de servicios
de salud respecto a miembros que por cualquier circunstancia ya no ostentan la
calidad de afiliados.
Al respecto, en la sentencia T-848 de 2010 la Corte Constitucional analizó un caso
en el que se retiró del servicio a un miembro de la Policía Nacional, basado en la
potestad discrecional del Gobierno Nacional, quien cuestionó la decisión del
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía al momento de determinar
la pérdida de capacidad laboral, y, adicionalmente, se vio privado de acceder a los
servicios de salud del sistema. En dicho caso, se indicó:
Se observa que de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, las
Fuerzas Militares se encuentran en la obligación de continuar prestando los servicios
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médicos y asistenciales al uniformado retirado a quien se le haya iniciado un
tratamiento médico sobre una patología adquirida durante la prestación del servicio,
o que haya empeorado en razón a este, indistintamente de si la enfermedad surgió o
no en actos del servicio.
Así, el retiro del uniformado no puede ser óbice para la continuidad del tratamiento
médico que se venía adelantando, sino hasta que dicho tratamiento sea culminado
con la recuperación definitiva del paciente, o se garantice la continuación del
tratamiento por parte de los restantes actores del Sistema de Seguridad Social.
(énfasis de la sala)
Dicho criterio ya había sido previamente establecido por el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional, conforme quedó consignado en la sentencia T-654 de
2006 que explicó:
Cierto es que el Decreto 1795 de 2000 regula lo referente al Sistema de Salud para
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. No lo es menos, sin embargo, que este
Decreto junto con todas aquellas otras regulaciones y disposiciones aplicables en la
materia deben ser siempre interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Nacional tomada en su conjunto. Ahora bien, el artículo 2º del
mencionado Decreto es muy claro al establecer que la Sanidad es “un servicio público
esencial de la logística militar y policial, inherente a su organización y funcionamiento,
orientada al servicio del personal activo, retirado, pensionado y
beneficiarios”. Tampoco el artículo 5º ofrece duda alguna sobre el sentido y alcance
del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
[…]
Por medio de sus desarrollos jurisprudenciales, la Corte Constitucional ha dejado
claro, por tanto, los deberes que corresponde cumplir a la Sanidad de la Fuerza
Pública. De una parte, la obligación de velar porque los exámenes físicos y
psicológicos orientados a valorar la aptitud para el ingreso al servicio sean veraces e
íntegros. De otra, el deber de prestar una oportuna, adecuada, eficiente y continua
atención en salud a los miembros del servicio activo y, de modo excepcional, también
a aquellas personas que han sido separadas del servicio pero que se encuentran en
una situación tal que, de no ser atendidas, su salud y su vida en condiciones justas y
dignas se pone en serio peligro.
[…]
Sirva este ejemplo para recalcar una vez más que allí donde con ocasión de la
prestación del servicio militar o de policía se sufre una lesión o se contrae una
enfermedad cuyos efectos se extienden en el tiempo, la desvinculación del servicio
implica poner a la persona en una condición en la que su derecho a la vida en
condiciones dignas y justas y su derecho a recibir una atención en salud oportuna,
adecuada y permanente se afectan de manera grave. De ahí surge para la Institución
la obligación de continuar prestando la atención en salud.
[…]
De todo lo anterior se deriva que el Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas
Militares y de Policía ha de responder por la cobertura de las prestaciones médico
asistenciales sin que sea procedente o admisible que estas instituciones las trasladen
a aquellas propias del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
13
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Adicionalmente, en la sentencia T-516 de 2009, la Corte Constitucional explicó en
que escenarios se configura una excepción a la regla legal, en el que el Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional debe seguir operando pese
al retiro del servicio y la pérdida de la calidad de afiliado.
Pero la Corte ha estudiado hasta el momento tres tipos de situaciones que exigen la
inaplicación de la anterior regla. El primero de ellos se configura cuando la persona
adquirió una lesión o enfermedad desde antes de incorporarse a las fuerzas militares,
la cual representa una amenaza cierta y actual del derecho a la vida en condiciones
dignas, y del derecho a la integridad física. En este caso, la dependencia
correspondiente de sanidad militar debe continuar brindando atención médica integral
(i) si la enfermedad o lesión preexistente no fue detectada en los exámenes
psicofísicos de ingreso, debiendo hacerlo, y (ii) se agravó como consecuencia del
servicio militar.
El segundo tipo de excepciones se genera en los eventos en que la lesión o
enfermedad es producida durante la prestación del servicio. Cuando ello ocurre, las
fuerzas militares o de policía deben continuar haciéndose cargo de la atención médica
si la lesión o enfermedad (i) es producto directo del servicio; (ii) se generó en razón o
con ocasión del mismo; o (iii) es la causa directa de la desincorporación de las fuerzas
militares o de policía. Por su parte, el tercer tipo de excepciones lo constituyen los
casos en los cuales la lesión o enfermedad tiene unas características que ameritan la
práctica de exámenes especializados para determinar el nivel de incapacidad laboral
de la persona o el momento en que esta fue adquirida.16
En suma, se tiene que el derrotero establecido por la Corte Constitucional propugna
por la defensa de los derechos a la salud, en aplicación de principios tales como la
solidaridad y la continuidad en la prestación del servicio.
2.7. Caso concreto
Con base en el marco teórico expuesto en la presente decisión, la sala anticipa que
confirmará la decisión de primera instancia que ordenó a la Policía Nacional
garantizar la prestación del servicio de salud a favor del señor Wilmer Orlando
Anteliz González.
En el plenario se encuentra acreditado que el accionante ingresó al escalafón
policial de la Policía Nacional el 23 de junio de 2007, y posteriormente fue retirado
del servicio por decisión discrecional del Gobierno Nacional según la Resolución N.°
127 del 19 de enero de 2023.
Asimismo, está demostrado que dicha persona fue valorada por tres Juntas Médicas
Laborales, estableciéndose que presentaba una lesión en su rodilla derecha, la cual
se dio estando al servicio de la Policía Nacional.
16
Se aclara que la sentencia a su turno trae a colación otras decisiones de tutela, estas son: T-393
de 1999, T-534 de 1992, T-366 de 2007, T-376 de 1997, T-393 de 1999 y T-762 de 1998.
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Por último, se tiene que a la fecha no se ha llevado a cabo la evaluación por parte
de la Policía Nacional, en la medida que se encuentran pendientes la realización de
los exámenes de optometría y audiometría, los que serán valorados conjuntamente
con los informes de las juntas realizadas en las ciudades de Ibagué el 10 de mayo
de 2017, Bogotá el 18 de mayo de 2018, y Cúcuta el 30 de abril de 2021. Lo anterior,
para establecer la eventual pérdida de capacidad laboral y el posible reconocimiento
de alguna prestación económica si a ello hubiere lugar.
En ese sentido, la Sala comparte algunos apartes del a quo en los que consideró lo
siguiente:
Es por ello que, frente a la reactivación del Sistema de Seguridad Social en Salud que
alega el accionante, esta Sala considera que dicha pretensión es procedente, para
que de esta manera se puedan realizar los exámenes médicos pertinentes y el señor
Anteliz pueda acceder a la Unidad de Sanidad de la Policía Nacional a realizarlos.17
Hasta tanto no se surta dicho procedimiento, conforme quedó consignado en líneas
anteriores, no es posible que la Policía Nacional retire al señor Wilmer Orlando
Anteliz González del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional.
En este punto, con base en las intervenciones de las accionadas, en las cuales se
indicó que el actor se ha sustraído de atender sus compromisos como ex miembro
de la Policía Nacional y no ha prestado la debida colaboración en la realización de
tales pruebas, lo cual entorpece la evaluación médica de retiro e impide consolidar
el procedimiento de salida de la institución, se tiene que la Sala exhortará a dicha
parte para que proceda a asistir en las fechas que sean convenidas con la autoridad
y atienda las recomendaciones que le sean dadas por parte del cuerpo médico.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander estimó que los
servicios de salud serían prestados hasta tanto se lleven a cabo los exámenes de
retiro del accionante, lo cual conlleva que una vez realizados dicha persona
quedaría nuevamente en una situación de vulnerabilidad.
A partir de la anterior circunstancia, se considera que en el evento que se determine
que la lesión padecida por el accionante se enmarca en alguna de las excepciones
establecidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resulta necesario
concluir que lo atinente a su tratamiento corresponderá a dicho sistema, pues,
conforme quedó expuesto en precedencia, no es procedente que dicha patología
sea trasladada al Sistema de Seguridad Social en Salud.
Por lo anterior, se modificará el numeral tercero de la sentencia proferida en primera
instancia, en el sentido de ordenar que la Policía Nacional a través del Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se sirva garantizar el
17
Transcripción original del texto con posibles errores.
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tratamiento integral del señor Wilmer Orlando Anteliz González en todo lo atinente
a cualquier enfermedad o patología que (i) es producto directo del servicio o (ii) se
generó en razón o con ocasión del mismo.
Por otra parte, en lo que tiene que ver con la pretensión del accionante de
suspensión del acto administrativo que lo retiró del servicio y que fue reiterada en
su escrito de impugnación, la sala se permite advertir que el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, por auto del 14 de marzo de 2024
resolvió negar la solicitud de medida provisional, decisión contra la que se
interpusieron los recursos de ley.
Puestas de ese modo las cosas, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la
controversia sobre la legalidad de dicho acto administrativo, máxime cuando sobre
el asunto en cuestión ya existe un pronunciamiento judicial por parte del juez natural.
Aunado lo anterior, las órdenes dadas por el juez de primera instancia y modificadas
en esta decisión, resultan suficientes e idóneas para conjurar un potencial perjuicio
irremediable, pues, se está garantizando el acceso a los servicios de salud del señor
Anteliz González.
2.8. Conclusión
Se modificará el fallo de primera instancia en cuanto a que la Policía Nacional tiene
el deber de garantizar el acceso a los servicios de salud del señor Wilmer Orlando
Anteliz González hasta tanto se lleve a cabo los exámenes médicos de retiro. Y en
el evento que se determine que dicha persona tiene una enfermedad o patología
que (i) es producto directo del servicio o (ii) se generó en razón o con ocasión del
mismo, se le deberá garantizar el tratamiento integral por parte del Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con independencia de su estado de
afiliación.
Asimismo, se exhortará al señor Wilmer Orlando Anteliz González para que preste
su colaboración y cumpla con los deberes propios como paciente, a efectos de
realizar los exámenes médicos de retiro que se encuentran pendientes, así como
también deberá atender las recomendaciones del personal de salud.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 5 de marzo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el cual quedará de
la siguiente forma:
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TERCERO: ORDENAR a la Policía Nacional, a través del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, garantizar la correcta prestación del servicio
a favor del señor Wilmer Orlando Anteliz González para la realización de los
exámenes de retiro correspondientes, para lo cual se le concederá el término de 5
días siguientes a la notificación de la presente providencia.
Surtido lo anterior, dentro de los 5 días siguientes a los resultados de los exámenes
médicos, se deberá llevar a cabo la Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral,
según corresponda el caso, quienes deberán dictaminar sobre el estado de salud del
señor Wilmer Orlando Anteliz González y definir las posibles incapacidades por él
presentadas.
En el evento que la patología o enfermedad que se dictamine al señor Wilmer Orlando
Anteliz González (i) es producto directo del servicio o (ii) se generó en razón o con
ocasión de este, el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
deberá garantizar su tratamiento integral con independencia de su estado de afiliación
y previo el pago correspondiente por parte del accionante.
SEGUNDO: EXHORTAR al señor Wilmer Orlando Anteliz González que preste su
colaboración y atienda las citas médicas que le sean establecidas por parte de la
Policía Nacional, para la realización de los exámenes médicos pendientes, so pena
de no acceder a los beneficios acá establecidos.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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