Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00185-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2024-00185-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de agosto de 2024
Demandante: Ruth Eliodora López Rubio
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00185-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00185-01
Demandante: RUTH ELIODORA LÓPEZ RUBIO
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE
DE SANTANDER Y ARAUCA
Temas: Tutela de fondo y tutela contra acto administrativo – modifica
sentencia de primera instancia – declara improcedente por
subsidiariedad y confirma el amparo del derecho fundamental
de petición
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 15 de julio de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. En esta providencia se amparó el derecho
fundamental de petición de la accionante.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Ruth Eliodora López Rubio, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca1. Con la solicitud de amparo pretende la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de petición y «al
trabajo en condiciones dignas».
2. Estimó que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas con
ocasión a que no ha recibido respuesta de fondo sobre la petición que dirigió el
24 de abril de 2024 al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
y Arauca. En su solicitud pidió que le fuera realizado «el estudio de carga laboral
adicional asignada a empleada, desde que ingresé al JUZGADO SEGUNDO
PENAL MUNICIPAL DE PAMPLONA».
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El 3 de julio de 2024.
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Demandante: Ruth Eliodora López Rubio
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
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1.2. Pretensiones
3. La tutelante solicitó lo siguiente:
1. Tutelar a mi favor los derechos fundamentales al de petición, debido proceso,
Igualdad, trabajo en condiciones dignas, confianza legitima, confianza legitima y
principios de Favorabilidad laboral. Los demás que resulten vulnerados.
2. Ordenar CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER, en cabeza de su Presidenta Doctora NELLY PATRICIA RAMOS
HERNÁNDEZ, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, procedan
a dar respuesta a mi solicitud resolviéndola de fondo y de conformidad a la ley.
3. Vincular al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial, Comisión Seccional Interinstitucional de Norte de Santander,
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST); Bienestar Social
– Seguridad y Salud en el Trabajo, Centro de Servicios Sistema Penal Acusatorio
para Adolescente, Juez Coordinador Centro de Servicios de Pamplona,
Representante ante la Comisión Interinstitucional de Empleados de la Rama
Judicial de Norte de Santander y Positiva ARL, en aras que se me protejan los
derechos fundamentales citados, evitando un daño irremediable como empleado
de la Rama Judicial.
4. Dejar sin efecto de manera inmediata el ACUERDO PCSJNS-19-0138 de fecha
8 de mayo de 2019 emanado por el CONSEJO SECCIONAL DE JUDICATURA
DE NORTE DE SANTANDER, por lo expuesto en el escrito de Petición y la queja
interpuesta ante la Comisión Interinstitucional de empleados de la Rama Judicial
de Norte de Santander.
5. Manifiesto que por esta situación se me ha ocasionado un daño a mi salud
mental; estoy con estrés todo el tiempo, tengo la preocupación de desatender las
obligaciones y funciones propias de mi cargo como Citador grado III modalidad
municipal del Juzgado Segundo Penal; he tenido una sobrecarga laboral que se
me adicionó sin que yo sea empleado del Centro de Servicios, ni tampoco hago
parte de los Juzgados del Circuito de Familia; debo utilizar mi teléfono personal
para realizar las citaciones, debo muchas veces desplazarme fuera del Juzgado al
cual pertenezco para citar las partes procesales del los Juzgados de Familia;
cuando salgo de permiso debo también dar aviso a la directora del centro de
servicios sin ser ella mi nominadora. Entre otros daños irremediables acaecidos a
la fecha (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora Ruth Eliodora López Rubio manifestó que actualmente se
desempeña en el cargo de citadora grado 3, en carrera administrativa, en el
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y
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Conocimiento de Pamplona desde el 4 de julio de 2023. Aludió que el cargo le
fue entregado por una persona que lo ocupaba en provisionalidad de forma
verbal, y en esta oportunidad, le manifestó «que también debía realizar las
notificaciones y citaciones de los dos (2) JUZGADOS PROMISCUOS CIRCUITO
DE FAMILIA DE PAMPLONA».
6. El 24 de abril de 2024, dirigió una petición ante la presidenta del Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca en la que solicitó el
«estudio de carga laboral adicional asignada a empleada». Allí, manifestó su
inconformidad con «asumir una carga laboral mayor», toda vez que debe realizar
las notificaciones y citaciones de los dos juzgados promiscuos de familia del
circuito de Pamplona.
7. Puso de presente que el 26 de abril de 2024, la presidenta del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y Arauca le informó que no era
competente para resolver lo que solicitó y le corrió traslado de su petición al
director seccional de Administración Judicial del distrito judicial en cuestión y al
presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante
COPASST).
1.4. Sustento de la vulneración
8. Mencionó que no tuvo conocimiento de las funciones que debía
desempeñar, pero que «averiguó» que mediante el Acta 001 del 6 de marzo de
2012, los jueces que integran el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, «acordaron que teniendo en cuenta que el centro de servicios no
cuenta con el cargo de citador; debían trasladar esa carga a los citadores
municipales».
9. Precisó que no se tuvo en cuenta por parte de quienes suscribieron el acta
mencionada en el párrafo anterior que en los dos juzgados de familia, para los
cuales realiza las funciones adicionales, cuentan con su propio cargo de citador.
10. Adujo que se vulneró su derecho fundamental de petición, toda vez que al
momento de radicar la tutela no había obtenido respuesta frente a la solicitud del
24 de abril de 2024, en la que pidió el desarrollo de un estudio de cargas laborales
adicionales.
1.5. Trámite de la tutela
11. Por auto del 10 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en
calidad de accionado al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca y como terceros con interés al Juzgado Primero Penal
Municipal de Pamplona, al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pamplona, al
Juzgado Primero Penal Circuito de Pamplona, al Juzgado Segundo Penal
Circuito de Pamplona, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona,
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al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona y al Centro de Servicios
Sistema Penal Acusatorio para Adolescentes de Pamplona - Dirección Seccional
de Administración Judicial de Norte de Santander.
1.6. Informes
1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
12. Refirió que mediante el Oficio CSI-NDSA-24-011 del 29 de abril de 2024,
le brindó respuesta a la señora López Rubio en el sentido de indicarle que no es
la competente para elaborar el estudio de cargas pedido, y por ello no le era
posible darle una solución de fondo. No obstante, le indicó que remitió la solicitud
al COPASST2.
13. Puso de presente que la accionante contestó a la comunicación de la
anterior determinación en el sentido de indicar que la respuesta otorgada no era
de fondo. Al respecto, mediante el Oficio CSI-NDSA.24-011 del 29 de abril de
2024 le informó que no resolvió su petición por no ser competente, y reiteró que
le remitió el asunto al COPASST.
14. Por lo anterior, solicitó ser desvinculado del trámite constitucional.
1.6.2. Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pamplona – Dirección
Ejecutiva Seccional de Norte de Santander3
15. Señaló que mediante el Acta 001 del 6 de marzo de 2012 se reunió el
Comité General del Centro de Servicios (Jueces Primero y Segundo Penal
Municipal - quienes ejercen la función de control de garantías en el SRPA4-,
Jueces Primero y Segundo Promiscuo de Familia - quienes ejercen la función de
conocimiento en el SRPA -, Magistrados de la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura y directora del Centro) y se determinó que los citadores
de los juzgados penales municipales prestarían apoyo a los demás por ser los
despachos con menos carga laboral.
16. Solicitó su desvinculación y manifestó que no estaba dentro de sus
competencias emitir alguna respuesta.
2
La petición fue remitida al director seccional de Administración Judicial de Norte de Santander
y Arauca.
3
Se precisa que el COPASST es una dependencia de esta autoridad y que la petición de la actora
fue remitida con oficio directamente dirigido al director ejecutivo seccional de Norte de Santander.
Fue por ello que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo vinculó a este trámite
constitucional.
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Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
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1.6.3. Juzgado Primero Penal del Circuito de Pamplona
17. Manifestó que dentro de su nómina de empleados cuenta con el cargo de
citador grado 3, el cual es desempeñado por el señor Eduardo Daniel Núñez
Duarte. Aclaró que el mencionado servidor solamente se encarga de lo que atañe
al juzgado y que se desconoce la carga laboral que le imponga el Centro de
Servicios del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pamplona
a la señora Ruth Eliodora López Rubio.
18. Por lo anterior, solicitó la desvinculación de Eduardo Daniel Núñez Duarte,
pese a que no fue el vinculado como tercero por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.
1.6.4. Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y Conocimiento de Pamplona
19. Aludió que le constaba que la actora se posesionó en el cargo de citador
grado 3 en ese despacho el 4 de julio de 2023, en virtud del traslado que le fue
aceptado desde el Juzgado Primero Laboral Municipal de Pequeñas Causas de
Cúcuta.
20. Respecto de la carga laboral, indicó que desde el 6 de marzo de 2012 se
acordó de manera unánime por parte de los jueces que conforman el sistema
penal acusatorio para adolescentes, los magistrados de la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura y la directora del Centro de Servicios, que
los citadores de los juzgados primero y segundo penal municipal brindarían
apoyo.
1.6.5. Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Pamplona
21. Solicitó la desvinculación del presente mecanismo judicial y no puso de
presente situaciones entorno a esta tutela.
1.6.6. Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pamplona
22. Manifestó que no le constaba la presentación de peticiones a otras
autoridades ni la carga laboral que maneja la tutelante. Aludió que cuenta con un
cargo de citador, el cual se encarga de lo relacionado con los asuntos de familia
del despacho y que lo del área penal es direccionado al Centro de Servicios
Judiciales. Finalmente, indicó que tiene actualmente cinco procesos penales en
trámite.
1.6.7. Citadora del Juzgado Primero Penal Municipal de Pamplona
23. Mencionó que labora como citadora desde diciembre de 2009 y que luego
del cambio en virtud del cual le asignaron funciones de los juzgados de familia
de Pamplona, el 29 de noviembre de 2012 envió un oficio ante el Consejo
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Seccional de la Judicatura exponiendo las inconformidades. Al no recibir
respuesta alguna, el 26 de diciembre de 2012 solicitó que le fuera contestada su
petición.
24. Por lo anterior, con Oficio CSJC-6499 del 28 de diciembre de 2012 el
coordinador del Centro de Servicios Judiciales le indicó que la decisión de apoyo
por parte de los citadores de los juzgados municipales penales de Pamplona a
los juzgados de familia fue unánime.
25. El 8 de agosto de 2013 pidió información ante el Comité Paritario de Salud
Ocupacional sobre si las funciones adicionales que realizaba fuera del despacho
cubrían riesgos laborales. En esta oportunidad, puso de presente la importancia
de la igualdad de cargas laborales que debería haber entre los juzgados adscritos
al Centro de Servicios Judiciales. Recibió respuesta sobre ello en el Oficio
CSJNS-PASP1291 del 6 de septiembre de 2013, en el que la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura precisó que las cargas laborales de los
juzgados de Cúcuta son mayores en comparación con Pamplona, y por ello se
decidió mantener la decisión de apoyo en relación con el cargo de citador.
26. Alegó que, como lo manifestó desde 2013, junto con la actora en sus
cargos de citadoras, deben realizar notificaciones telefónicas y por Whatsapp
desde sus teléfonos personales, con el pago del plan por su cuenta.
27. Sostuvo que respeta la postura de la actora en cuanto a todo lo que ha
pasado en el cargo que desempeña y que es cierto que la planta de personal de
los juzgados promiscuos de familia de Pamplona también cuenta con citador.
28. Consideró importante la intervención de Asonal Judicial y del Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, toda vez que no todas las
personas por ser empleados de carrera aceptan y asimilan las situaciones
laborales de la misma manera. Señaló que también era indispensable que la
accionante tuviera claras sus funciones y cuáles están cubiertas por la ARL.
1.6.8. Citadora del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona
29. Adujo que presta sus funciones de conformidad con las instrucciones
directas del nominador y que las citaciones penales las dirige al Centro de
Servicios Judiciales por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander.
1.6.9. Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona
30. Refirió que las citaciones penales son redirigidas en virtud de Acuerdos
proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y el
Acta 001 de 2012 y no por un capricho suyo. Aclaró que no da órdenes a la
accionante ni ha vulnerado sus derechos fundamentales, que no se cumple con
el requisito de la subsidiariedad y solicitó que se le desvincule del trámite.
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1.6.10. Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías y Conocimiento de Pamplona
31. Refirió que no tenía conocimiento sobre los hechos y pretensiones de esta
acción de tutela.
1.6.11. Citadores de los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos de
Familia de Pamplona
32. Aclararon que se desempeñan como citadores de los juzgados
mencionados y que remitían los asuntos penales conforme lo establece el Acta
001 de marzo de 2012, al Centro de Servicios Judiciales.
1.7. Sentencia de primera instancia
33. En providencia del 15 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander amparó el derecho fundamental de petición de la accionante y negó
las demás pretensiones de la tutela. En consecuencia, dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander que, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la notificación
de la presente providencia, proceda a adelantar las actuaciones administrativas
necesarias para realizar el estudio de carga laboral solicitado por la señora Ruth
Eliodora López Rubio teniendo en cuenta no solo en el lugar de trabajo de la
accionante sino en la totalidad de Despachos involucrados, y dentro de este plazo
deberá adoptar una decisión definitiva respecto de la distribución de funciones
correspondiente al cargo de Citador grado 3 d ellos Juzgados Promiscuos de
Familia de Pamplona, Juzgados Penales Municipales de Pamplona y el Centro de
Servicios Judiciales para los Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes de Pamplona.
Debiéndose allegar a esta Corporación los soportes que den cuenta del
cumplimiento, comprobando la notificación efectiva a la parte accionante.
34. Explicó que la solicitud de la actora no ha sido resuelta de fondo, pues no
se ha hecho el estudio de cargas laborales que pidió. Aclaró que, si bien el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander le informó mediante
el Oficio CSJ-NDSA-24-011 del 29 de abril de 2024 que no era el competente
para desplegar las acciones pedidas por la peticionaria y por ello envió la petición
al COPASST, esta última entidad tampoco ha dado adelantado lo respectivo.
35. Consideró que, de conformidad con la sentencia C-265 de 1993 de la Corte
Constitucional, corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura gestionar el manejo de los recursos económicos, fiscales y humanos
de la Rama Judicial «al punto que debe (…) fijar la división del territorio para
efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales y crear, suprimir,
fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia».
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36. Puso de presente que, mediante el Acuerdo PCSJNS-19-0130 del 25 de
abril de 2019, el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y
Arauca ordenó el traslado de forma transitoria, por el término de un año, «de los
citadores de los juzgados Primero y Segundo Penales Municipales al Centro de
Servicios del SPA de Pamplona», pero tal decisión se dejó sin efectos por el
mismo cuerpo colegiado mediante el Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo
de 20195 y se dispuso «volver al statu quo del acuerdo reflejado del Acta 001 del
6 de marzo de 2012».
37. Estableció que el Acta 001 del 6 de marzo de 2012 era transitoria y tenía
como fin armonizar el funcionamiento de los despachos, pero esta situación se
tornó permanente. Por ende, estimó necesario que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca adelantara las actuaciones
administrativas necesarias para realizar el estudio laboral que pide la señora
López Rubio, teniendo en cuenta la presunta afectación que sobre la salud física
y mental está generando la labor de citadora grado 3 que desempeña ante el
juzgado nominador.
1.8. Impugnación
38. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
solicitó que se revoque la decisión de primer grado. Citó el artículo 101 de la Ley
270 de 1996 que contempla las funciones de las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura y concluyó que dentro de estas no se
encuentra la de «realizar un estudio de carga laboral ni mucho menos las de
distribuir funciones a un empleado de un Despacho Judicial».
39. Adicionó que lo dispuesto por el a quo guarda consonancia con temas
laborales que debe definir el nominador de la actora. Aclaró que acceder a lo
referido por el Tribunal en la sentencia reprochada implicaría irrumpir en esferas
que no son de su competencia.
40. Sostuvo que el fallador de primer grado pasó por alto que la finalidad del
derecho de petición no es acceder a lo pedido, sino dar una respuesta en el
marco competencial y funcional correspondiente, conforme lo hizo con la petición
del 24 de abril de 2024 presentada por la tutelante.
41. Mediante escrito del 26 de julio de 2024, la accionante precisó que lo
primero que pide es que se le realice una debida notificación de las funciones a
su cargo, pues desempeña funciones de citadora de los juzgados de familia de
Pamplona y del Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de
Garantías y Conocimiento de Pamplona. En su sentir, tal imposición laboral
constituye «una falta grave», teniendo en cuenta que los juzgados de familia
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Artículo 2 El apoyo a los Juzgados Penales Municipales de Pamplona al Centro de Servicios,
se continuará prestando en los términos del Acta del 6 de marzo de 2012.
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tienen categoría de circuito y cuenta cada uno con 6 empleados, dentro de los
cuales hay un citador.
42. Afirmó que se encuentra en grave estado de salud, el cual ha empeorado.
Indicó que, en caso de requerirse por parte de este cuerpo colegiado, enviaría su
historia clínica, en la que consta que padece hipertensión arterial, hipotiroidismo,
antecedentes de enfermedad reumatológica, ginecológica y está manejando
estrés laboral debido a la alta carga laboral.
43. Concluyó que, si bien se encuentra en un cargo que en sentir de la Rama
Judicial es de baja carga laboral, ella proviene de un Juzgado Municipal de
Causas Laborales de Pequeñas Causas de Cúcuta y allí «jamás se [l]e impuso
una carga adicional a las funciones establecidas por el Titular del Juzgado».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
44. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca contra la
sentencia de primera instancia proferida el 15 de julio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
45. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, el
Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pamplona, el señor Eduardo Daniel
Núñez Duarte6, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Pamplona y el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Pamplona solicitaron ser
desvinculados del presente trámite por no tener relación con la vulneración de los
derechos fundamentales de la tutelante.
46. Se negarán las solicitudes propuestas por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca y el Centro de Servicios Judiciales
para los Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de
Pamplona, toda vez que ante la primera de estas entidades se radicó la petición
a cuya falta de respuesta se le adjudica la vulneración de los derechos
fundamentales que se piden proteger, mientras que a la segunda le fue remitida
la solicitud.
47. Frente al señor Eduardo Daniel Núñez Duarte no se emitirá
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Por conducto del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pamplona.
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pronunciamiento sobre la solicitud elevada por su nominador, toda vez que no se
dispuso de vinculación en este trámite constitucional y por ello no integra el
contradictorio. En ese sentido, la Sala no puede acceder a desvincularlo.
48. En cuanto a los demás sujetos que pidieron ser desvinculados, se
accederá a lo peticionado, al no encontrar necesidad de relacionarlos con el
objeto del debate toda vez que en esta oportunidad la actora pone de presente
una situación que en particular la afecta a ella y deviene de un presunto exceso
de cargas laborales que desempeña, lo cual la motivó a solicitar un estudio
señalado en la petición que afirmó no le ha sido realizado.
2.3. Legitimación en la causa
49. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
50. La Sala advierte que la señora Ruth Eliodora López Rubio está legitimada
en la causa por activa. Lo anterior, por haber presentado la petición del 24 de
abril de 2024 en procura que se hiciera un estudio de cargas laborales con
relación al cargo de citadora que desempeña en el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Pamplona.
51. Por otro lado, se evidencia que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y Arauca y el Centro de Servicios Judiciales para los
Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de
Pamplona – Dirección Ejecutiva Seccional de Norte de Santander se encuentran
legitimados en la causa por pasiva. La accionada recibió la petición cuya falta de
respuesta motivó esta solicitud de amparo, y la segunda la recibió para dar una
respuesta de fondo.
52. Finalmente, está legitimado en la causa por pasiva el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de
Pamplona por ser el nominador de la señora López Rubio, aunado a que, en
sentir de la autoridad accionada es el encargado de realizar el estudio de cargas
laborales que se pidió en la solicitud del 24 de abril de 2024.
2.4. Problema jurídico
53. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
• ¿El Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo de 2019 se debe dejar sin
efectos por esta vía por vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso,
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Demandante: Ruth Eliodora López Rubio
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a la igualdad y de petición y «al trabajo en condiciones dignas» de la señora
López Rubio?
• ¿El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
vulneraron las garantías constitucionales cuya protección se invocó por esta vía
ante la falta de respuesta de fondo, particularmente la realización de un estudio
de cargas laborales, en el marco de la petición del 24 de abril de 2024?
54. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela, (ii) procedencia excepcional de la
tutela contra actos administrativos, (iii) del derecho de petición, y (iv) caso
concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
55. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
56. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de esta
cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
57. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial». Dicho precepto fue reglamentado por el numeral 1.º del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
58. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.
59. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia.
11
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60. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela. Todos los mecanismos
judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.
61. Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas
son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso
2.º del artículo 2.º de la Constitución. De ahí que, la garantía de los derechos
fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que
es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del
Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
2.7. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
62. Con fundamento en lo dispuesto por las normas jurídicas anteriores, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que, por regla general, la acción de
tutela no procede para controvertir la validez ni la legalidad de los actos
administrativos.
63. Lo anterior, en razón a que, la naturaleza residual y subsidiaria de este
mecanismo constitucional impone al ciudadano la carga de acudir previamente,
a través de los respectivos medios de control a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Esta es la vía procesal idónea que el legislador ha diseñado para
la garantía de los derechos7.
64. Así las cosas, la Corte ha precisado que «conforme al carácter residual de
la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción
de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable (…)»8.
65. En tratándose de actos administrativos, en virtud de lo dispuesto por los
artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 proceden los medios de control de
nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Al interior de este tipo de
procesos es posible recurrir a la solicitud de medidas cautelares, inclusive de
urgencia, al tenor de lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del referido
ordenamiento.
66. A partir de tales lineamientos, es claro que para cuestionar la legalidad de
actos administrativos se deben emplear los medios de control consagrados en la
7
Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2018.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 2015.
12
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Ley 1437 de 2011, dada la naturaleza residual y subsidiaria del mecanismo de
amparo, salvo en el evento, se itera, en que se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.8. Subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto
67. Como se expuso en el acápite de pretensiones, la señora López Rubio
solicitó, entre otros, dejar sin efectos el Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo
de 2019, en el que se dispuso lo siguiente:
ARTICULO 1. Dejar sin efectos el Acuerdo 130 del 25 de abril de 2019, que dispuso
el traslado a partir del 2 de mayo de 2019 y por el término de un año, se trasladan
con carácter transitorio los cargos de Citadores Grado 3 de los Juzgados Primero
y Segundo Penales Municipales al Centro de Servicios del SPA de Pamplona.
ARTICULO 2. El apoyo de los Juzgados Penales Municipales de Pamplona al
Centro de Servicios, se continuará prestando en los términos de Acta del 6 de
marzo de 2012.
68. A su vez, en el Acta 001 del 6 de marzo de 2012 el Centro de Servicios del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Pamplona se definió
que el Centro de Servicios sería mixto «y así los citadores de los juzgados
involucrados en el sistema hagan parte de la nómina como citadores, propuesta
que fue discutida y se acordó que fueran los citadores de los Juzgados Penales
Municipales quienes prestaran el apoyo por semanas por ser los despachos con
menos flujo de trabajo». Se decidió que «lo harían por turno previo cronograma
una semana el primero y la otra el segundo y así sucesivamente, adicionando la
Presidente de la Sala Administrativa que lógicamente era necesario que
escribiente cite y si la necesidad lo requiere lo haga el Técnico en Sistemas, sin
perjuicio de que la Directora del Centro disponga por la necesidad del servicio las
actividades a realizar por cada uno (…)»9.
69. Se recuerda en este punto que quien proponga la declaratoria de nulidad
o expulsión del ordenamiento jurídico de una decisión de la administración debe
optar por la interposición de los mecanismos judiciales de defensa ordinarios
previstos por el legislador, en este caso, el medio de control de nulidad dispuesto
en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA).
70. No obstante, se ha reconocido la procedencia excepcional de la tutela para
controvertir actos administrativos cuando se persiga evitar un perjuicio
irremediable. Resulta importante destacar que la accionante manifestó que
padece distintas enfermedades como hipertensión arterial, hipotiroidismo, entre
otras, y pese a que no acreditó tal situación, se pone de presente que más que
cargos de legalidad contra el acto en cuestión, la inconformidad de la actora
radica en la presunta alta carga laboral que maneja y le provoca estrés laboral.
9
Sic a toda la cita.
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71. Para la Sala los anteriores argumentos no resultan suficientes para dejar
sin efectos el Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo de 2019, pues si lo que
la señora López Rubio persigue es que se determine que tiene más funciones de
las que le corresponden y que ello le genera afecciones a su salud, hay lugar a
otra serie de alternativas como, lo sería a modo de ejemplo, la redistribución de
las funciones al interior del despacho para el que labora. En otras palabras, para
los efectos pretendidos por la tutelante no es necesario expulsar del
ordenamiento jurídico el citado acuerdo.
72. En todo caso, si lo que persigue es atacar la legalidad del acto en cuestión,
se itera, tiene a su alcance el medio de control de nulidad establecido en el
artículo 137 del CPACA, toda vez que no se advierte en este evento que se esté
causando un perjuicio irremediable que implique la intromisión del juez sobre el
acuerdo en cuestión, a tal punto de flexibilizar el criterio en estudio y dejar sin
efectos el referido acto.
73. De conformidad con lo expuesto, frente a la pretensión tendiente a atacar
el Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo de 2019 la Sala declarará la
improcedencia del mecanismo de amparo ante la existencia de otros
mecanismos judiciales de defensa para lo pretendido.
74. No obstante, en cuanto a la vulneración del derecho de petición tendiente
a que se ordene la realización de un estudio de cargas laborales a la actora, se
proseguirá con el estudio, pues la tutelante no cuenta con otros medios de
defensa.
2.9. Del derecho de petición
75. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»10. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
76. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido11.
10
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
14
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77. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de
15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso,
la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
78. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»12.
79. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»13.
80. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando la respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la
autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada14.
81. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
12
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
13
Ibídem.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
15
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en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo15.
82. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
83. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.10. El derecho de petición en el caso concreto
84. La única solicitud de la actora relacionada en la petición del 24 de abril de
2024, se dirige a que se realice un «estudio de carga laboral adicional asignada
a empleada».
85. En efecto, como lo puso de presente la peticionaria, mediante el Oficio
CSJNSOP24-397 del 26 de abril de 2024, la presidenta le manifestó que remitiría
la solicitud en cuestión ante el director seccional de Administración Judicial y
presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
para que atendiera lo pedido en el marco de sus competencias16.
86. Por su parte, el director Seccional de Administración Judicial de Norte de
Santander le informó a la señora López Rubio que «el contenido relacionado con
su caso, se trató en una reunión ordinaria del COPASST llevada a cabo en junio
de 2024 en la ciudad de Pamplona»17, pero se determinó que no es función de
este la distribución de funciones al interior de los despachos judiciales. En todo
caso, le indicó que la ARL Positiva puede brindarle acompañamiento psicosocial,
manejo de pausas activas y capacitarla para riesgo público.
87. Cabe precisar que la Dirección Seccional de Norte de Santander otorgó
respuesta mediante el oficio CSI-NDSA24-011 del 29 de abril de 2024, el cual le
15
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
16
Tanto la accionante como el Consejo Seccional de la Judicatura coincidieron con la existencia
del oficio y su conocimiento, pese a que no obra constancia de la notificación del mismo.
17
Mediante el oficio CSI-NDSA24-011 del 29 abril de 2024.
16
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notificó a la peticionaria en la misma fecha, como se observa en la siguiente
imagen:
88. Se recuerda en este punto que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y Arauca amparó el derecho fundamental de petición de la accionante
y dispuso que la accionada contaba con treinta días hábiles para «adelantar las
actuaciones administrativas necesarias para realizar el estudio de carga laboral
solicitado por la señora Ruth Eliodora López Rubio (…) y en la totalidad de
despachos involucrados», para finalmente adoptar una decisión definitiva en
torno a la distribución de funciones de los citadores grado 3 pertenecientes a los
Juzgados Promiscuos de Familia de Pamplona y los Juzgados Penales
Municipales del mismo municipio.
89. No obstante, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pamplona alude no
ser el competente de adelantar el estudio de cargas pedido por la actora, ni lo
ordenado por el a quo, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 270 de 1996.
La norma indicada establece:
Artículo 101. Funciones de las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura tendrán las siguientes funciones:
1. Administrar la Carrera Judicial en el correspondiente distrito con sujeción a las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Llevar el control del rendimiento y gestión de los despachos judiciales mediante
los mecanismos e índices correspondientes.
3. Practicar visita general a todos los juzgados de su territorio por lo menos una
vez al año, con el fin de establecer el estado en que se encuentra el despacho de
los asuntos a su cargo y procurar las soluciones a los casos de congestión que se
presenten.
4. Elaborar y presentar a los Tribunales las listas de candidatos para la designación
de Jueces en todos los cargos en que deba ser provista una vacante definitiva,
conforme a las normas de carrera judicial y conceder o negar las licencias
solicitadas por los jueces.
17
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5. Elaborar e impulsar planes y programas de capacitación, desarrollo y bienestar
personal de la Rama Judicial conforme a las políticas del Consejo Superior.
6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de esta Rama.
7. Poner en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por intermedio de
su presidente o de sus miembros, las situaciones y conductas que puedan
constituir faltas disciplinarias, así como a las autoridades penales, las que puedan
configurar delitos.
8. Realizar la calificación integral de servicios de los jueces en el área de su
competencia.
9. Presentar al Consejo Superior de la Judicatura proyectos de inversión para el
desarrollo armónico de la infraestructura y adecuada gestión de los despachos
judiciales.
10. Elegir a sus dignatarios para períodos de un año.
11. Vigilar que los Magistrados y jueces residan en el lugar que les corresponde
pudiendo autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos
justificados, dando cuenta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; y,
12. Las demás que le señale la ley o el reglamento, o que le delegue a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
90. Lo anterior pone en evidencia que, en efecto, la función que recae en la
accionada es respecto al rendimiento y gestión de los despachos judiciales, y no
de determinado cargo que pueda estar en desventaja dentro de su despacho o
en relación con otros, en virtud de las asignaciones específicas de trabajo que
tenga. No obstante, ello no faculta a pasar por alto que la señora López Rubio no
ha recibido una respuesta de fondo y de conformidad con lo pedido.
91. Resulta importante resaltar que lo que la actora pide no tiene relación
alguna con la mora judicial que pueda aquejar los despachos judiciales de
Pamplona, sino que recae en las funciones que específicamente desempeña.
Especialmente, aquellas que le son remitidas por el Centro de Servicios
Judiciales para los Juzgados del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes de Pamplona y que les corresponde a los juzgados del circuito de
familia de Pamplona.
92. Se destaca que en sentir del Consejo Seccional de la Judicatura, según lo
manifestó en la impugnación, es el nominador de la señora López Rubio el
encargado de realizar el mencionado estudio de cargas. Así, de conformidad con
el artículo 131 de la Ley 270 de 1996, es nominador de los cargos en los
juzgados, el respectivo juez.
93. De otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 270
de 1996, es deber de los funcionarios y empleados judiciales «12. Poner en
conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y
las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio».
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94. Así las cosas, comparte la Sala la conclusión del a quo en cuanto a que
no se ha satisfecho el núcleo esencial del derecho fundamental de petición,
teniendo en cuenta que la accionante no ha recibido una respuesta sobre si se
realizará el estudio de cargas o no, ni las razones. Por el contrario, tanto la
accionada como la Dirección Seccional de Administración Judicial se han limitado
a indicarle que no son los competentes para lo pedido, sin que se le niegue o
conceda, y se le expliquen los motivos respectivos.
95. Difiere este cuerpo colegiado con el fallo de primera instancia en cuanto a
que la que debe realizar el estudio de cargas laborales o resolver el fondo de la
petición del 24 de abril de 2024 es el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca. Lo anterior, se itera, porque las funciones de esta entidad
recaen en el rendimiento y gestión de los despachos, pero no de los servidores
judiciales de manera individual.
96. Se recuerda en este punto que es un deber de los servidores judiciales,
como empleados de la Rama Judicial, en los términos del artículo 153, numeral
12 de la Ley 270 de 1996, comunicar a su superior los hechos que puedan
perjudicar la administración de justicia. A ello se añade que, mediante la
Resolución 005 del 20 de febrero de 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal
con Función de Control de Garantías y Conocimiento de Pamplona, en el que
presta sus servicios como citadora grado 3 la tutelante, realizó una redistribución
de funciones.
97. Es decir que, en el marco de su autonomía el juez nominador de la señora
López Rubio ha redistribuido las funciones a cargo de sus empleados en procura
de mejorar la prestación del acceso a la administración de justicia, la cual se vería
claramente afectada si uno de los servidores judiciales tiene exceso de carga
laboral. Se itera que, lo expuesto fue precisamente lo realizado por el nominador
de la tutelante con la Resolución 005 de 2024.
98. Así, para la Sala corresponde confirmar el amparo del derecho
fundamental de petición, pero únicamente en el sentido de ordenar la remisión
de la petición del 24 de abril de 2024 con destino al Juzgado Segundo Penal
Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de Pamplona, en
el cual trabaja la actora, para que, de conformidad con los artículos 131 y 153 de
la Ley 270 de 1996 el nominador realice el estudio de cargas laborales que refiere
la actora en su petición y tenga en cuenta todas y cada una de las
particularidades que le expone en cuanto a su situación personal.
99. Lo anterior, con el fin que adopte las medidas que estime convenientes
para la óptima prestación del servicio de administración de justicia, teniendo en
cuenta que, incluso desde el ejercicio de su autonomía en otras oportunidades
ha definido la redistribución de funciones.
100. Se aclara que, pese a no ser una pretensión presentada desde el escrito
tutelar inicial, en cuanto a la comunicación de las funciones a realizar por la
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tutelante, en el expediente obra la Resolución 005 del 20 de febrero de 2024, en
la que, además de redistribuir las funciones al interior del despacho, el nominador
de la tutelante indicó las funciones de cada uno de los cargos.
101. Finalmente, teniendo en cuenta que la orden se despliega en el marco del
derecho fundamental de petición que se encontró conculcado ante la falta de una
respuesta de fondo a la solicitud del 24 de abril de 2024 en la que únicamente se
pidió el estudio de cargas laborales de la actora, aunado a que no se adujo dentro
de las intervenciones que alguno de los demás citadores haya pedido lo mismo
a alguna entidad o a su nominador, la orden se dará únicamente respecto de la
citadora grado 3 del Juzgado Penal Municipal de Pamplona y actora de esta
tutela.
Conclusión
102. Se declarará improcedente el mecanismo de amparo en lo que tiene que
ver con la declaratoria de nulidad del Acuerdo PCSJNS-19-0138 del 8 de mayo
de 2019, dado que la actora cuenta con el medio de control de nulidad para
controvertirlo. Sin embargo, se confirmará el amparo del derecho fundamental de
petición con el fin que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pamplona realice,
dentro del término concedido por el a quo, el estudio de cargas laborales de la
señora López Rubio y en caso de ser necesario, adopte las medidas en procura
de optimizar el servicio de la administración de justicia dentro de su despacho.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DESVINCULAR del trámite de la referencia al Juzgado Segundo
Penal del Circuito Judicial de Pamplona y al Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Pamplona.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia del 15 de julio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar:
i. Declarar improcedente el mecanismo de amparo respecto de la
pretensión relacionada con dejar sin efectos el Acuerdo PCSJNS-19-0138
de fecha 8 de mayo de 2019.
ii. Amparar el derecho fundamental de petición de la señora Ruth Eliodora
López Rubio. En consecuencia, ordenar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de la sentencia remita la petición del 24 de abril
de 2024 al nominador de la tutelante. A su vez, el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Pamplona contará con los treinta días concedidos por el a
quo para realizar el estudio de cargas laborales de la tutelante y disponer
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Demandante: Ruth Eliodora López Rubio
Demandado: Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00185-01
las medidas necesarias para garantizar la óptima prestación del servicio
de administración de justicia, de conformidad con lo que expone la
tutelante en su petición.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
21
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