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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00214-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00214-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2024 por Tribunal Administrativo de Norte de Santander que «negó por improcedente la acción de tutela de la referencia». En su lugar, se DECLARA IMPROCEDENTE por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2024-00214-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

26 de septiembre de 2024

Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2024-00214-01
Demandante: HOLMES JOSÉ RODRÍGUEZ ARAQUE
Demandado: JUZGADO 1° ADMINISTRATIVO DE OCAÑA (NORTE DE
SANTANDER)

Tema: Tutela contra providencia judicial – auto que rechaza demanda
– falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia del 3 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander. En esta providencia se «negó por improcedente la acción
de tutela de la referencia».

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Holmes José Rodríguez Araque, actuando en nombre propio y
como agente oficioso de los señores Jairo Rafael Romero Hurtado, Juan Carlos
Vásquez López, Gabriel Enrique Vergara de la Cruz, Yelfrin Yesid Rojas Rincón,
Wilmer Isidro Polo Vergara, Esnan David Cadena Rolleros, Heiner Manuel
Rumbo Salas, Enoc Rafael Esquea Movilla, Pedro Antonio Mieles Castro, Abel
Domínguez Salas y Osman David Orozco Liñán presentó acción de tutela contra
la Juzgado 1° Administrativo de Ocaña1. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

2. Las anteriores transgresiones constitucionales se las adjudicó a la
providencia del 26 de octubre de 2023 proferida por la autoridad judicial
accionada. En dicha decisión, se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado 54498-33-33-001-2023-
00025-00.

1
La demanda fue radicada el 20 de agosto de 2024 en la ventanilla virtual del Tribunal
Adminsitrativo de Norte de Santander.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

1º.-) Que se declare que la Secretaria del Juzgado Primero Administrativa del
Circuito de Ocaña, violó nuestros derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción, al resolver en una clara
extralimitación de funciones el ARCHIVO del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, incoado por JAIRO RAFAEL ROMERO HURTADO
Y OTROS contra la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional, radicado bajo
el No. 54498333300120230002500.
[…]
2º.-) Que se declare que la Juez Primera Administrativa del Circuito de Ocaña,
violó los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la defensa
y a la contradicción, con la expedición de providencia proferida dentro del trámite
del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, incoado por
JAIRO RAFAEL ROMERO HURTADO Y OTROS contra la Nación Ministerio de
Defensa Policía Nacional, radicado bajo el No. 54498333300120230002500, en la
que resolvió RECHAZAR la demanda sin tener en cuenta la subsanación oportuna
que se hizo de la demanda.
3º.-) Que se deje sin efecto la providencia proferida por la Juez Primera
Administrativa Del Circuito de Ocaña dentro del trámite del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, incoado por JAIRO RAFAEL ROMERO
HURTADO Y OTROS contra la Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional,
radicado bajo el No. 54498333300120230002500, en la que resolvió RECHAZAR
la demanda sin tener en cuenta la subsanación oportuna que se hizo de la
demanda.
4º.-) Que se ordene a la Juez Primera Administrativa del Circuito de Ocaña
proceder a admitir el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
incoado por JAIRO RAFAEL ROMERO HURTADO Y OTROS contra la Nación
Ministerio de Defensa Policía Nacional, radicado bajo el No.
54498333300120230002500, conforme la subsanación oportuna que se hizo de la
misma.
5º.-) Que se advierta a la autoridad judicial demandada que se abstenga, en lo
sucesivo, de tomar decisiones judiciales que afecten derechos constitucionales
fundamentales. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. El señor Jairo Rafael Romero Hurtado y otros 2 ejercieron el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –

2
Los señores Juan Carlos Vásquez López, Gabriel Enrique Vergara de la Cruz, Yelfrin Yesid
Rojas Rincón, Wilmer Isidro Polo Vergara, Esnan David Cadena Rolleros, Heiner Manuel Rumbo
Salas, Enoc Rafael Esquea Movilla, Pedro Antonio Mieles Castro, Abel Domínguez Salas y
Osman David Orozco Liñán.

2
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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

Ministerio de Defensa – Policía Nacional. La demanda tenía por finalidad la
declaratoria de existencia de contrato realidad y de nulidad del oficio GS-2021-
108512-DIRAN mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales a los demandantes.

5. La demanda fue impetrada a través del señor Holmes José Rodríguez
Araque, en calidad de apoderado de la parte actora.

6. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 1° Administrativo de
Ocaña. Dicha autoridad judicial mediante providencia del 22 de septiembre de
2023 inadmitió la demanda y le ordenó a la parte actora que esclareciera las
pretensiones del medio de control. Para tal fin, le concedió el término de 10 días
para su subsanación.

7. Luego, en providencia del 26 de octubre de 2023 rechazó la demanda.
Esto, luego de advertir que no se allegó la subsanación dentro de la oportunidad
establecida en el numeral 2 del artículo 169 y 170 del CPACA.

1.4. Sustento de la vulneración

8. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren
los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. Para el efecto,
adujo que está acreditado el requisito de la inmediatez, toda vez que la decisión
de archivo del proceso le fue notificada «el pasado 5 de agosto de 2018» y no se
trata de tutela contra decisión de la misma naturaleza.

9. Además, indicó que se acredita la relevancia constitucional en tanto la
controversia no solo afecta sus derechos fundamentales como abogado titular,
sino también los de sus poderdantes del proceso ordinario. También, señaló que
agotó todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios, debido a que la
Secretaría del Juzgado archivó el expediente y lo único que le resta, es la acción
de tutela.

10. En todo caso, adujo que presentó la subsanación de la demanda en
tiempo, por lo que la decisión de rechazo es grosera respecto de los derechos
fundamentales que le asisten.

1.5. Trámite de la acción

11. Por auto de 20 de agosto de 2024, el magistrado ponente de la primera
instancia admitió la acción constitucional de la referencia. En consecuencia,
ordenó notificar como accionado al Juzgado 1° Administrativo de Ocaña.

12. Aunado a ello, requirió al señor Holmes José Rodríguez Araque para que
aclarara la condición en la que actúa en el presente trámite. Esto, en atención a
que no explicó los motivos por los cuales las personas agenciadas no acudieron
a la tutela por su cuenta o, para que indicara si funge en calidad de apoderado.

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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
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En este último evento, le indicó que debía aportar los soportes que así lo
acreditara.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado 1° Administrativo de Ocaña

13. El magistrado sustanciador del proceso efectúo un recuento de todas las
actuaciones procesales. Precisó que, en el asunto no se cumplen los requisitos
generales de legitimación en la causa, inmediatez, subsidiariedad y relevancia
constitucional.

14. Como sustento de su defensa, señaló que el señor Rodríguez Araque no
es el titular de los derechos fundamentales que alude como vulnerados. Explicó
que el actor no especificó los motivos que le impedían a los actores actuar en
defensa propia. Si bien indicó que fue el apoderado el medio de control, lo cierto
es que esa sola razón no lo habilita para la presentación de la acción de tutela.

15. Aunado a lo anterior, indicó que el auto que rechazó la demanda se profirió
el 26 de octubre de 2023 y se notificó por correo al día siguiente. Por ende, el 28
de octubre empezó el conteo del término de la inmediatez.

16. Aunado a ello, indicó que lo pretendido por el profesional del derecho es
revivir términos para dibujar un aparente actuar diligente de su parte, aun cuando
es evidente que no presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación
en contra de la providencia objeto del presente mecanismo. Aclaró que, en todo
caso, el auto fue debidamente notificado, de manera que el actor conoció en la
oportunidad el contenido de la decisión que hoy lo aqueja.

1.6.4. Holmes José Rodríguez Araque

17. El actor dio respuesta al requerimiento elevado por el a quo. En ese
sentido, indicó que actúa a nombre propio en razón a que se le vulneró su
derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
como abogado litigante.

18. Indicó que, pese a que se desplazó al corregimiento de Aguas Blancas
(Cesar) para buscar a los agenciados, no los logró ubicarlos en la medida que le
proyecto de «ruta del sol» hizo que muchos de los «moradores del corregimiento»
migraran a otro sector.

1.7. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante providencia del
3 de septiembre de 2024 «negó por improcedente la acción de tutela» interpuesta
por señor Rodríguez Araque en nombre propio y como agente oficioso.

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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

20. Como sustento de la decisión, el juez de primer grado expuso que el señor
Rodríguez Araque no ejerció todos los recursos judiciales ordinarios procedentes
en contra del auto del 26 de octubre de 2023, ni ejerció la acción constitucional
en un término razonable.

21. De otro lado, indicó que la solicitud de amparo era improcedente respecto
de los señores Jairo Rafael Romero Hurtado, Juan Carlos Vásquez López,
Gabriel Enrique Vergara de la Cruz, Yelfrin Yesid Rojas Rincón, Wilmer Isidro
Polo Vergara, Esnan David Cadena Rolleros, Heiner Manuel Rumbo Salas, Enoc
Rafael Esquea Movilla, Pedro Antonio Mieles Castro, Abel Domínguez Salas y
Osman David Orozco Liñán comoquiera que no se cumplieron los requisitos de
la agencia oficiosa.

22. Agregó que, para dicha sala no estaba demostrada la legitimación en la
causa del señor Rodríguez Araque para proteger los derechos fundamentales de
los ciudadanos aludidos, comoquiera que se desconocía si los mismos tenían o
no conocimiento de la acción constitucional.

1.8. Impugnación

23. El señor Holmes José Rodríguez Araque solicitó que se revocará la
providencia impugnada y, en consecuencia, se protegieran sus derechos
fundamentales. Para el efecto, iteró los argumentos invocados en el escrito de
tutela.

24. Además, tildó de injusta la decisión de primer grado porque los
demandantes son erradicadores de cultivos ilícitos que se «ampollan sus manos
tratando de conseguir pan para sus familias». Precisó que no interpuso recurso
de apelación contra la providencia que rechazó la demanda, porque la decisión
fue inesperada en la medida que se interpuso la subsanación en tiempo.

25. Solicitó la aplicación de los principios «pro actione y pro damato de los
demandantes». Iteró que la única acción que le quede es la acción de tutela pues
el proceso ordinario fue archivado por la Secretaría.

26. Precisó que bastaba ver el poder que le fue conferido por los accionantes
para que se constate la figura de la agencia oficiosa y se garantice la justicia de
estos ciudadanos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

27. Esta sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 3 de septiembre de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto

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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

28. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las pruebas incorporadas al expediente, las intervenciones allegadas en
el trámite del proceso y el escrito de impugnación; corresponde a esta sala decidir
si confirma, modifica o revoca el fallo de 3 de septiembre de 2024 del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. Para el efecto, se resolverá el siguiente
problema jurídico:

● ¿El Juzgado 1° Administrativo de Ocaña vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, al proferir el auto del 26 de octubre
de 2023 dentro del proceso identificado con el radicado 54498-33-33-001-2023-
00025-00?

29. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

30. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

31. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

32. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar «por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

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33. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los
jueces de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

34. Los artículos 10 y 46 ídem, establecen que los defensores del pueblo y los
personeros municipales también pueden interponer acción de tutela en nombre
de personas cuyos derechos fundamentales consideren agraviados3.

35. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia
T-416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

36. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre
de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades4, a partir
de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento
jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de
texto).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso5.

37. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura
en los siguientes términos:

(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el

3
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
4
“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002”.
5
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.

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fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.

38. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda».

2.4.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

39. Previo a efectuar el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la
acción de tutela, para la sala es claro que el señor Holmes José Rodríguez
Araque pretende actuar en el presente trámite a nombre propio y como agente
oficioso de los accionados.

40. Si bien en memorial que dio respuesta al requerimiento efectuado por el
juez de primer grado mencionó que actúa a nombre propio, lo cierto es que tanto
del escrito de tutela como de su impugnación, se evidencia que lo pretendido es
que se protejan los derechos fundamentales del señor Jairo Rafael Romero
Hurtado y otros6. Por ende, se abordará en análisis del caso concreto a partir de
las dos figuras.

• Holmes José Rodríguez Araque a nombre propio

41. El señor Rodríguez Araque manifiestó que le asiste legitimación en la
causa por activa, comoquiera que fungió como apoderado de los demandantes
en el medio de control en el que se profirió la decisión que hoy reprocha y a
propósito de la cual se le adjudica la transgresión de los derechos fundamentales
al debido proceso y defensa. Precisó, posteriormente, que ello afectó el ejercicio
de su profesión como abogado litigante.

42. Pues bien, resulta imperioso manifestar que el señor Rodríguez Araque no
ostenta la titularidad de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

43. Al revisar la naturaleza de la providencia judicial enjuiciada, se advierte
que la misma está llamada a surtir sus efectos frente a los demandantes del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto es, respecto de
quienes pretendían a través de dicha acción, la declaratoria de una relación
laboral y, con ello, el reconocimiento de emolumentos laborales y prestacionales.

44. De igual manera, al revisar el fundamento de la vulneración inmerso en el
escrito de la presente acción de tutela, se tiene que los reproches elevados por
el actor, lejos a cuestionar o poner en evidencia una afectación desde la óptica
del ejercicio de la profesión, atañen exclusivamente a aspectos procesales que,
en su sentir, cercenaron el acceso a la administración de justicia de los
implicados.

6
Véase: nota al pie número 2.

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45. Aún más, en el escrito de impugnación expuso:

IMPLORO, RUEGO, SÚPLICO ENCARECIDAMENTE a los Honorables
Magistrados del Consejo de Estado en su papel de Juez de Tutela de Segunda
Instancia, que en franca defensa de los derechos constitucionales
fundamentales de los erradicadores de cultivos ilícitos que se exponían a
atentados y minas quiebra patas por llevar el pan a sus familiares y, teniendo
como norte la primacía de los derechos sustanciales sobre los meros
formalismos, procedan a revocar la sentencia de primera instancia proferida y se
amparen de una vez por todas sus derechos fundamentales. [Énfasis de la sala]

46. Luego, lejos de propender con esta acción de tutela la protección de un
derecho fundamental radicado en su cabeza, en realidad pretende que se deje
sin efectos una decisión judicial que no está llamada a surtir sus efectos en
relación con él, sino con sus poderdantes.

47. En ese sentido, como la tesis de esta Sala de Decisión consiste en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca
como fundamento de las pretensiones que se aducen y en el presente caso no
está acreditado, el señor Rodríguez Araque no está legitimado para la
interposición del presente mecanismo judicial.

• Holmes José Rodríguez Araque como agente oficioso

48. Ahora bien, en relación con su actuación como agente oficioso de los
señores Jairo Rafael Romero Hurtado y otros7, es preciso analizar la procedencia
de esta figura.

49. De conformidad con el alto tribunal8, la procedencia de la agencia oficiosa
es excepcional y está supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos
normativos: i) la manifestación del agente oficioso de estar actuando en tal
calidad y, ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus
derechos.

50. En cuanto al primer requisito, se advierte que el señor Rodríguez Araque
indicó que ejerce esta acción constitucional a nombre de los ciudadanos referidos
comoquiera que se desplazó al corregimiento de Aguas Blancas (Cesar) con el
fin de ubicarlos y no fue posible.

7
Los señores Juan Carlos Vásquez López, Gabriel Enrique Vergara de la Cruz, Yelfrin Yesid
Rojas Rincón, Wilmer Isidro Polo Vergara, Esnan David Cadena Rolleros, Heiner Manuel Rumbo
Salas, Enoc Rafael Esquea Movilla, Pedro Antonio Mieles Castro, Abel Domínguez Salas y
Osman David Orozco Liñán.
8
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional: T-029 de 1993, T-736 de 2017, SU-055 de 2015, T-162 de 2016, T-120 de 2017,
T-733 de 2017, T-382 de 2021.

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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

51. En lo que atañe con el segundo requisito, la sala considera que no se
encuentra acreditado. Esto es así, porque no se advierte una imposibilidad de los
agenciados de ejercer la defensa de sus derechos.

52. Cabe advertir que, el señalamiento elevado por el señor Rodríguez Araque
con que no encontró a los demandantes del medio de control no puede
constituirse en una razón que les coarte el ejercicio directo de sus derechos
fundamentales, pues no se acredita que la imposibilidad de ubicarlos les impida
tomar decisiones por sí mismos o ejercer su propia defensa.

53. Por el contrario, lo que se advierte es la imposibilidad de quien aduce ser
su agente oficioso de dar con su paradero, sin que esto de ninguna manera
constituya una razón para aceptar la operación de esta figura.

54. Finalmente, el actor indicó en su escrito de impugnación que los
ciudadanos respecto de quienes pretendía ejercer la agencia oficiosa son
erradicadores de cultivos ilícitos. No obstante, la sala no encuentra que esta
circunstancia este acreditada, ni que ello per se implique se deba hacer una
excepción al presente presupuesto para el ejercicio de la acción de tutela.

55. Por lo tanto, la sala considera que el señor Holmes José Rodríguez Araque
no está legitimado en la causa por activa para fungir como agente oficioso de los
ciudadanos referidos.

2.5. Cuestión final

56. Aun si en gracia de discusión el señor Holmes José Rodríguez Araque
estuviese legitimado en la causa por activa, la sala no puede pasar por
inadvertido que tampoco se acreditaron los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez como lo advirtió el a quo.

57. Frente al primero, se destaca el contenido de los artículos 242 y 243 del
CPACA9. Según los cuales, los recursos de reposición y apelación son
procedentes contra la providencia que rechaza la demanda.

58. De una revisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no se advierte que el señor Rodríguez Araque, en calidad de apoderado,
hubiese interpuesto los mecanismos de defensa que tenía a su disposición. Ello,

9 «ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de

2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos,
salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en
el Código General del Proceso.
ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes
autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo.»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

sin que sea de recibo para la sala, que la decisión de rechazo de la demanda era
inesperada, pues obra constancia de que la providencia fue notificada en debida
forma mediante estado del 27 de octubre de 2023, comunicado por correo
electrónico a las partes en la misma fecha:

59. Es importante resaltar que la acción de tutela, dada su naturaleza
subsidiaria, «pretende evitar que se soslayen los cauces ordinarios para la
resolución de las controversias jurídicas, se convierta en un instrumento
supletorio cuando no se han utilizado oportunamente dichos medios, o sea una
instancia adicional para reabrir debates concluidos» 18.

60. En ese orden, el actor contó con la posibilidad de proponer recursos
judiciales idóneos y no lo hizo. Luego, es claro que lo que pretende en esta
instancia es subsanar las falencias procesales y su falta de diligencia al interior
de la actuación judicial.

61. A su turno, se advierte que entre la ejecutoria de la providencia y la
interposición de la solicitud de amaro transcurrieron más de 6 meses. Valga
señalar que, esta Sección10 ha considerado que este es el plazo prudencial desde
la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de la providencia
judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de protección y la presentación
de esta.

62. En el sub judice, la radicación de la tutela ocurrió el 20 de agosto de 2024,
es decir, fuera del término razonable que la jurisprudencia de esta Sección del
Consejo de Estado ha considerado. Esto, en atención a que transcurrieron
alrededor de 9 meses desde la ejecutoria de la decisión cuestionada hasta la
interposición del presente mecanismo constitucional.

63. De conformidad con lo anterior, es evidente que el señor Rodríguez
Araque dejó pasar más del tiempo que la Jurisprudencia de la Corte

10
Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana
Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto
Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.

11
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Demandante: Holmes José Rodríguez Araque
Demandado: Juzgado 1° Administrativo de Ocaña (Norte de Santander)
Radicado: 54001-23-33-000-2024-00214-01

Constitucional y esta corporación han indicado como lapso racional para la
interposición de una acción de tutela contra una providencia judicial. Por lo tanto,
tampoco se acredita el requisito de la inmediatez.

64. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primer grado que negó
las pretensiones de la solicitud de amparo por improcedencia, en sentido de
limitar la resolutiva a la declaratoria de improcedencia. Esto, en atención a que el
análisis de la tutela no fue de fondo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2024 por
Tribunal Administrativo de Norte de Santander que «negó por improcedente la
acción de tutela de la referencia». En su lugar, se DECLARA IMPROCEDENTE
por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx»

12
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