Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00278-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2024-00278-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2024-00278-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
30 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
Demandado: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta
Temas: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) acceso a la administración
de justicia, iii) trabajo, iv) seguridad social y v) debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 21 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, por medio de la cual resolvió declarar la improcedencia de la acción de
tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, porque, a su juicio, a la fecha no ha
expedido la respectiva constancia de ejecutoria del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 009-2023-00063.
Presupuestos fácticos
2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3.Señaló que, ha prestado sus servicios a la Rama Judicial desde el mes de junio
del 2013, en donde a lo largo de su carrera ha ejercido como Juez en el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Salazar.
4.Expresó que el 13 de octubre del 2022, presentó un derecho de petición ante el
Director Ejecutivo Seccional de Administración judicial, solicitando que la
bonificación judicial se considerara parte de su salario para todos los efectos y
prestaciones legales, sin embargo, alega que, al no obtener respuesta, presentó
una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.Adujo que el conocimiento del aludido proceso, le correspondió inicialmente al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, bajo el radicado núm. 009-
2023-00063, sin embargo, afirma que la demanda fue admitida y tramitada por el
Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga, quien el 28 de noviembre del
2023 profirió sentencia a su favor.
6.Manifestó que la mencionada sentencia se encuentra en firme, toda vez que al
consultar el Sistema de Gestión Judicial SAMAI no hay evidencia que frente a la
misma se haya interpuesto recurso alguno hasta el 15 de diciembre del 2023, que
era la fecha en la que vencía el plazo para presentarlo, teniendo en cuenta que la
sentencia se notificó el 29 de noviembre del 2023.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
7.Agregó que el expediente fue remitido al Juzgado de origen (Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Cúcuta, el 12 de diciembre del 2023, debido a la
finalización del Acuerdo que estableció la creación de los juzgados transitorios,
siendo recibido en este último Despacho judicial el 12 de febrero del 2024.
8.Resaltó que, como la sentencia se encuentra en firme, a través del sistema de
SAMAI los días 9 de mayo y 18 de julio del 2024, requirió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Cúcuta, la expedición de la correspondiente
constancia de ejecutoria, sin embargo, alega que dicho Despacho judicial, no le ha
dado respuesta a tales solicitudes, incurriendo en una mora judicial.
9.Explica que dicha omisión ha impedido que lo resuelto en la sentencia en cuestión
sea acatado por la entidad demandada, pues a la fecha no ha recibido la liquidación
ni el pago de todas las prestaciones sociales y factores salariales que le fueron
reconocidos, incluida la bonificación judicial del Decreto núm. 0383 del 6 de marzo
de 20131, así como también, ha imposibilitado la correcta liquidación de su salario y
los descuentos de ley, afectando así, sus aportes a salud y pensión.
La solicitud de tutela
Pretensiones
10.El actor solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] PRIMERO: Solicito que se DECLARE la vulneración de mis derechos
fundamentales, en particular el derecho al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social y a la igualdad, debido a
la falta de respuesta del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta y a
la no ejecución de la sentencia favorable dictada el 28 de noviembre de 2023.
SEGUNDO: Solicito que se ORDENE a las autoridades competentes el
cumplimiento inmediato de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2023 por el
Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga, asegurando la
reliquidación y el pago de todas las prestaciones sociales y factores salariales que
me fueron reconocidos desde el 13 de octubre de 2019, incluyendo la bonificación
judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013.
1 “Por el cual se crea una bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar y se dictan otras disposiciones”.
2 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
TERCERO: Solicito que se ORDENE al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Cúcuta emitir la constancia de ejecutoria de la sentencia notificada el 29 de
noviembre de 2023, con el fin de eliminar la incertidumbre sobre mis derechos
laborales y permitirme defenderlos de manera efectiva […]”.
11.Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que3:
“[…] En mi caso, la situación descrita se ajusta estrechamente a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, que enfatiza que el cumplimiento de las sentencias judiciales
es un derecho fundamental y una manifestación de justicia en un Estado Social de
Derecho. Este cumplimiento es esencial para garantizar el acceso a la
administración de justicia y el respeto a los derechos fundamentales, especialmente
cuando, como en mi caso, el proceso judicial ha concluido con una decisión
favorable en primera instancia […]”.
[…]
“[…] Al no recibir la constancia de ejecutoria ni ver cumplida la sentencia favorable,
me encuentro afectado en mi derecho fundamental al debido proceso y en mi
derecho a obtener una resolución judicial efectiva. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido que, de manera excepcional, la acción de tutela puede
ser procedente cuando el incumplimiento de una sentencia judicial vulnera derechos
fundamentales y cuando no existen otros mecanismos judiciales idóneos o estos
resultan ineficaces en el contexto específico del caso.
La cuestión de si existe un mecanismo judicial adecuado para proteger mis derechos
como el derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
trabajo, a la seguridad social y a la igualdad está directamente relacionada con la
procedencia de la acción de tutela para exigir el cumplimiento de las sentencias
judiciales. En mi caso, invoco la tutela con el fin de obtener la constancia de
ejecutoria de la sentencia de primera instancia […].
[…]
“[…] La Sentencia T-394 de 2014 aclara que la acción de tutela es principalmente
procedente para el cumplimiento de obligaciones de hacer, como es el caso de la
expedición de la constancia de ejecutoria, documento indispensable para avanzar
en la ejecución de la sentencia que me beneficia. La falta de esta constancia
constituye un obstáculo que impide la implementación de la decisión judicial, lo que
justifica la procedencia de la tutela para proteger mis derechos.
En mi caso, el cumplimiento de la sentencia judicial ha sido obstaculizado por la
omisión del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, al no emitir la
constancia de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, documento necesario
para solicitar el cumplimiento del fallo. Esta demora afecta directamente mis
derechos, incluyendo mi derecho a la nivelación salarial y al ajuste de mis
prestaciones sociales, generando un perjuicio continuo e irremediable a mis
derechos laborales y de seguridad social […]”.
3 Idem pie de página núm. 2 supra.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
Actuación
12.El Despacho del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante auto
de 8 de noviembre del 2024: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, concediéndole el término de
dos (2) días para que rindiera informe.
Intervención de la demandada
13.El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta señaló lo siguiente:
“[…] En consecuencia, para responder el requerimiento de esta tutela, el Secretario
del Despacho informa que se procedió por secretaría del Juzgado a enviar el
respectivo expediente al Juzgado Transitorio de Bucaramanga quien es el
competente.
De igual manera el Secretario del Juzgado informa lo siguiente:
Que el Juzgado Transitorio profirió sentencia el 28 de noviembre de 2023, y
notificado el día 29 de noviembre de 2023.
Que el día 04 de diciembre de 2023, la señora apoderada de la Rama Judicial,
presenta al correo electrónico de este Juzgado, escrito con asunto de RECURSO
DE APELACIÓN, pero sin documento anexo al correo.
Que de manera involuntaria y por error humano, por secretaría el correo fue remitido
al Juzgado Administrativo Transitorio, pero de la ciudad de Manizales, no de la
ciudad de Bucaramanga.
Que, efectivamente la parte accionante realizó solicitud de expedición de constancia
de ejecutoria y copia del fallo proferido, por lo que se procedió por secretaría a
realizar la revisión para atender la solicitud y se advierte la situación descrita
anteriormente, por lo que procedió reenviando el correo con el texto de apelación al
Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga informando de la situación a
dicho Despacho Judicial.
Que, igualmente se le da respuesta al peticionario informando que no es posible
atender positivamente su solicitud de constancia de ejecutoria y copia del fallo, por
cuanto existía pendiente resolver sobre el tramite del recurso interpuesto y que fue
enviado al competente, es decir al Transitorio de la capital Santandereana.
Que, conforme a lo anterior se tiene que ya se le dio respuesta a la petición
presentada por el señor apoderado del accionante constitucional, ofreciendo
contestación conforme a la actualidad del proceso judicial, que se adelanta en al
Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga […]”.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
La sentencia impugnada
14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia de 21 de
noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto en relación con la
pretensión primera (1ª) de la solicitud de tutela instaurada por el señor José
Francisco Durán Botello, relacionada con la omisión del Juzgado accionada en
resolver unas peticiones en que se solicitaba la expedición de una constancia de
ejecutoria, de acuerdo a los argumentos expuestos en la parte motiva.
SEGUNDO: Declarar improcedente la pretensión segunda (2ª) relacionada con
que se ordenara el cumplimiento de la sentencia del 28 de noviembre del 2023,
proferida por parte del Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga, dentro
del proceso de radicado No. 009-2023-0063, por lo expuesto en precedencia.
TERCERO: Negar la pretensión tercera (3ª) de la solicitud de tutela de la
referencia, relacionada con que se ordene al Juzgado accionado la expedición de
una constancia de ejecutoria de la sentencia emitida dentro del citado proceso de
radicado No. 009-2023-0063, por las razones indicadas anteriormente […]”.
15.Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Tal como se narró en el acápite de antecedentes, el señor Luis José Durán
Botello actuando en nombre propio, acude a este mecanismo constitucional en
busca de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia, seguridad social, trabajo e igualdad, los cuales
estima vulnerados por pare del Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Cúcuta.
Lo anterior, al asegurar que dicho Despacho Judicial no ha procedido a expedirle la
constancia de ejecutoria del proceso de radicado No. 009-2023-00063 en el que él
es demandante, a pesar de habérselo requerido a través del sistema de SAMAI los
días 9 de mayo y 18 de julio del 2024, y en virtud a que la sentencia que se emitió
dentro del mismo, por parte del Juzgado Administrativo Transitorio de Bucaramanga
se encuentra en firme.
El Juzgado Noveno (9°) Administrativo de Cúcuta, al ejercer su derecho de defensa,
refiere que en el sub júdice se debe declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, ya que las solicitudes de la parte actora fueron atendidas mediante
comunicación del 8 de noviembre del 2024.
Precisa que dentro del proceso de radicado No. 009-2023-00063, al que hace
referencia la parte actora, no es posible emitirle constancia de ejecutoria, ya que
dentro del mismo está pendiente resolver un recurso de apelación, que, si bien fue
recibido en ese Despacho judicial, por error involuntario se había remitido al Juzgado
Transitorio de Manizales cuando lo correcto era enviarlo al de Bucaramanga, por ser
este último quien emitió la sentencia de primera instancia.
Así las cosas, la Sala estima, luego de analizar los argumentos expuestos por las
partes, así como el ordenamiento jurídico pertinente, que en el presente caso no hay
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
lugar a proteger los derechos fundamentales invocados por el señor José Francisco
Durán Botello como vulnerados por parte del Juzgado Noveno (9°) Administrativo
de Cúcuta, conforme a los siguientes argumentos.
En primer lugar, debe la Sala señalar que en cuanto a las solicitudes de expedición
de una constancia de ejecutoria dentro del proceso de radicado No. 009-2023-0063,
hechas por la parte actora, a través de su apoderado en ese proceso, los días 9 de
mayo y 18 de julio del 2024, durante el trámite de la acción de tutela, el Juzgado
accionado demostró haberlas decidido el día 8 de noviembre de 2024 […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, la Sala considera que lo pertinente en el sub júdice, es declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado, en cuanto a la falta de respuesta
frente de las solicitudes de expedición de una constancia de ejecutoria dentro del
proceso de radicado No. 009-2023-0063, dado que tales peticiones ya fueron
decididas por parte del Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Cúcuta, mediante la
citada comunicación del 8 de noviembre del 2024, dirigida al apoderado del aquí
accionante dentro del mencionado proceso […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, en relación a la segunda pretensión relacionada con que se les
ordene a las autoridades competentes el cumplimiento inmediato de la sentencia
emitida el 28 de noviembre del 2023, por parte del Juzgado Administrativo
Transitorio de Bucaramanga, dentro del proceso de radicado No. 009-2023-0063,
la misma habrá de declararse improcedente, ante la existencia de otro medio de
defensa judicial idóneo, al cual puede acudir el accionante.
En efecto, es claro para la Sala que, para asegurar el cumplimiento de un fallo
judicial, luego de que este se encuentre en firme, el accionante cuenta con la
posibilidad de iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario o formular la
correspondiente demanda ejecutiva, conforme lo previsto en el artículo 297 y ss del
CAPCA, en concordancia con lo previsto en los artículos 306, 307 y 422 del CGP
[…]”.
[…]
“[…] Finalmente, en lo que atañe a la pretensión tercera, relacionada con que se
ordene al Juzgado accionado la expedición de la constancia de ejecutoria de la
sentencia del 28 de noviembre del 2023, emitida por parte del Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga, está habrá de negarse, ya que tal
como lo señaló el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Cúcuta, a la fecha se
encuentra pendiente emitirse pronunciamiento sobre la concesión del recurso de
apelación interpuesto por la apoderada de la rama judicial dentro del proceso en
mención, por parte del Juzgado Administrativo que emitió el aludido fallo.
En este punto, importa para la Sala señalar que no se desconoce que el señor José
Francisco Durán Botello, solicita especialmente, en memorial presentado en el
trámite de esta tutela: “No tener en cuenta el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, ya que fue indebidamente radicado en un juzgado sin
competencia, y no fue presentado directamente ante el Juzgado Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, conforme lo establece el marco
normativo y jurisprudencial vigente.”.
Al respecto, es claro para la Sala que tal solicitud no puede resolverse dentro de la
presente acción, ya que es un asunto propio que debe decidir el juez ordinario dentro
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
del citado proceso, y que está pendiente de decidirse si se concede o no el referido
recurso de apelación, dadas las circunstancias procesales particulares que se
presentaron y que fueron expuestas por el Juzgado accionado, por todo lo cual no
es posible para este tribunal entrar a decidir tal requerimiento. Desde luego que
luego de que el Juez natural decida tal situación, el accionante podrá evaluar si
resulta procedente instaurar una acción de tutela contra la providencia judicial que
decida tal aspecto […]”.
La impugnación
16. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander por las siguientes razones:
“[…] SEGUNDO: La decisión se fundamentó en que, a juicio del Tribunal, la acción
de tutela presentada configuraba una carencia actual de objeto en relación con la
solicitud de constancia de ejecutoria, dado que el Juzgado Noveno Administrativo
de Cúcuta ya había respondido a dicha solicitud mediante comunicación del 8 de
noviembre de 2024. Asimismo, el Tribunal negó la tutela respecto a la pretensión
de ejecución del fallo del 28 de noviembre de 2023, argumentando que la acción
de tutela es un mecanismo residual, diseñado para proteger derechos
fundamentales únicamente cuando no existen otros mecanismos judiciales
idóneos.
TERCERO: Por lo tanto, someto a consideración del ad quem que la entidad
accionada, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, ha vulnerado
mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo, a la seguridad social y a la igualdad. Esta vulneración resulta
evidente, ya que, aunque el Juzgado afirmó haber dado respuesta a mi solicitud,
no expidió la constancia de ejecutoria indispensable para la ejecución de la
sentencia en firme. Tal omisión perpetúa la afectación de mis derechos y genera
incertidumbre jurídica. Asimismo, el Tribunal rechazó la tutela bajo el argumento de
que existen otros mecanismos judiciales disponibles. Sin embargo, la sentencia
favorable ya se encuentra en firme, y su falta de ejecución constituye una violación
persistente e inmediata de mis derechos fundamentales, lo que justifica plenamente
la procedencia de la tutela como un mecanismo excepcional para garantizar su
protección efectiva […]”.
[…]
“[…] La sentencia del 28 de noviembre de 2023, favorable a mis intereses, fue
emitida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bucaramanga. Esta decisión ordena, entre otras medidas, la reliquidación de mis
salarios y prestaciones sociales al considerar que la Bonificación Judicial debía
incluirse como parte integral del salario para todos los efectos prestacionales.
Pese a que la sentencia quedó en firme al no haberse interpuesto válidamente un
recurso de apelación dentro del término legal, el Juzgado Noveno Administrativo de
Cúcuta se ha negado reiteradamente a expedir la constancia de ejecutoria requerida
para dar inicio al cumplimiento de lo ordenado. Esta negativa ha resultado en la
prolongación de la incertidumbre jurídica y en la imposibilidad de obtener la efectiva
protección de mis derechos laborales y prestacionales.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
La ausencia de la constancia de ejecutoria no solo constituye un incumplimiento de
los deberes administrativos del Juzgado, sino que también afecta directamente mi
derecho fundamental al acceso a la justicia, pues sin esta constancia no es posible
ejecutar la sentencia, generando una vulneración prolongada de mis derechos al
trabajo, a la igualdad y a la seguridad social […]”.
[…]
“[…] El Juzgado Noveno Administrativo de Cúcuta justifica la ausencia de la
constancia de ejecutoria argumentando que existe un recurso de apelación
pendiente de resolución. Sin embargo, este recurso no cumple con los requisitos
legales establecidos en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, que dispone que el
recurso debe ser interpuesto y sustentado ante la autoridad que dictó la sentencia,
es decir, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bucaramanga, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la
decisión.
En este caso, el recurso fue presentado mediante un correo dirigido al Juzgado
Noveno Administrativo de Cúcuta, sin anexar el documento que lo sustentara.
Posteriormente, por error administrativo, dicho correo fue remitido a un Juzgado
Transitorio en Manizales, que no tenía competencia para conocer del asunto […]”.
[…]
“[…] La negativa a expedir la constancia de ejecutoria, basada en un recurso de
apelación improcedente, no solo afecta el debido proceso, sino que también
perpetúa la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo, la seguridad
social y la igualdad. Desde 2013, he servido como Juez Promiscuo en el Juzgado
001 Promiscuo Municipal de Salazar, y he sido objeto de discriminación en el
reconocimiento de derechos laborales esenciales, como la inclusión de la
Bonificación Judicial en el cálculo de mis prestaciones sociales […]”.
[…]
“[…] El Tribunal Administrativo de Norte de Santander sostiene que mi solicitud fue
atendida mediante una comunicación enviada el 8 de noviembre de 2024. Sin
embargo, esta afirmación resulta imprecisa y no refleja el núcleo de la controversia.
La simple emisión de una comunicación no cumple con las pretensiones de la
acción de tutela. El propósito principal de esta acción radica en garantizar el
cumplimiento efectivo de la sentencia del 28 de noviembre de 2023,
particularmente mediante la expedición de la constancia de ejecutoria, cuya
negativa persiste.
Aunque el Juzgado Noveno Administrativo remitió una comunicación, dicha
actuación no ha resuelto integralmente mi situación jurídica ni ha asegurado el
cumplimiento de la sentencia. Esto mantiene en suspenso mis derechos y perpetúa
una incertidumbre jurídica inadmisible […]”.
[…]
“[…] El Juzgado Noveno Administrativo argumenta que no puede expedir la
constancia de ejecutoria debido a la existencia de un recurso de apelación
pendiente. Este razonamiento es incorrecto y carece de respaldo jurídico.
Como se ha señalado, no existe evidencia de que un recurso de apelación haya
sido válidamente interpuesto dentro del plazo legal y conforme a las disposiciones
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
procesales aplicables. Por tanto, la sentencia del 28 de noviembre de 2023 debe
considerarse firme y ejecutoriada […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
18. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
19.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la subsidiariedad; y ii) determinar si se deben
proteger los derechos fundamentales invocados por el actor, los cuales considera
vulnerados, porque a su juicio, el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Cúcuta, a la fecha no ha expedido la respectiva constancia de ejecutoria del proceso
de radicado núm. 009-2023-00063.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
20.Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) el requisito general de procedencia de subsidiariedad de la acción de
tutela; ii) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al trabajo; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vi) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; vii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social,
procediendo posteriormente a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Requisito general de procedencia de subsidiariedad de la solicitud de tutela
21.La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 7, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
22.En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que
existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso
concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de
sus derechos.
7 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
23.Asimismo, esta Sección8 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
considerado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 20139, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite10; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios11; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”12”.13 […]”.
24.Al respecto la Corte Constitucional ha considerado14:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.
25.Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
9 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
11 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
14 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
13
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
26.La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
27.Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200515, consideró lo siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
28.Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que16:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
15 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
14
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
29.Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección17.
30.En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
31.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
32.Atendiendo a que, la Corte Constitucional18 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
17 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo
33.Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
34.Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente19:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
19 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
36.Atendiendo a que la Corte Constitucional20 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
37.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
20 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
38.Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha entendido el derecho de acceso a
la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social
39.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
40.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:22
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad
social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación
y control del Estado23.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”24. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”25 […]”.
Análisis del caso concreto
41.El actor, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, porque, a su juicio, a la fecha no ha
expedido la respectiva constancia de ejecutoria del proceso de radicado núm. 009-
2023-00063.
42.Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
43.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
22 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
23 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
24 Sentencia T-173 de 2016.
25 Ibídem.
19
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
44.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
44.1.Copia del informe rendido por parte del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cúcuta en el presente trámite de tutela.
Solución del caso concreto
De la carencia actual de objeto por hecho superado
45.Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, si lo requerido por el actor, a través de la acción constitucional
de la referencia, respecto de que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Cúcuta no ha procedido con la expedición de la constancia de ejecutoria del proceso
de radicado No. 009-2023-00063, a pesar de que el actor lo solicitó los días 9 de
mayo y 18 de julio del 2024.
46.Precisado lo anterior, la Sala advierte que respecto a las solicitudes de
expedición de una constancia de ejecutoria dentro del proceso de radicado núm.
009-2023-0063, planteadas por el actor, a través de su apoderado en dicho proceso,
los días 9 de mayo y 18 de julio del 2024, durante el trámite de la acción de tutela,
la autoridad judicial accionada demostró haberlas decidido el día 8 de noviembre de
2024, en los siguientes términos26:
26 Captura de Pantalla de la sentencia de primera instancia de 21 de noviembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el presente trámite de tutela.
20
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
47.De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, en el caso sub examine,
se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, durante
el presente trámite de tutela, las solicitudes planteadas por el actor fueron resueltas
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cúcuta, al señalar que “[…]
Por medio del presente me permito informarle que no es posible atender
positivamente su solicitud de expedición de constancia de ejecutoria del fallo
proferido, en razón a que se encuentra pendiente resolver sobre recurso de
apelación, recurso que fue remitido al Juzgado fallador […]”.
21
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
48.La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente27:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante28. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado29 […]”. (Resaltado por la Sala)
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
49.Ahora bien, frente a la segunda pretensión formulada por el actor relacionada
con que se les ordene a las autoridades competentes el cumplimiento inmediato de
la sentencia proferida el 28 de noviembre del 2023, por parte del Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga, dentro del proceso de radicado núm
009-2023-0063, la Sala considera que no se cumple con el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con lo previsto en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
actor cuenta, previo al cumplimiento de los requisitos legales, con el proceso
ejecutivo para solicitar el cumplimiento de la respectiva sentencia de 28 de
noviembre de 2023.
50.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la ley, existe
en el caso sub examine otro mecanismo de defensa judicial para garantizar la
protección de los derechos fundamentales del actor, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, para poner en conocimiento del juez natural sus inconformidades
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de 28 de noviembre de 2023
proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga.
27 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
28 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
29 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
22
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
Análisis del perjuicio irremediable
51.Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
52.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela, la Corte Constitucional30 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”31[…]”.
53.En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
54.La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
30 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
23
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
55.Por último, respecto a la tercera pretensión del actor, la Sala comparte lo
expuesto por el a quo, al considerar lo siguiente:
“[…] Finalmente, en lo que atañe a la pretensión tercera, relacionada con que se
ordene al Juzgado accionado la expedición de la constancia de ejecutoria de la
sentencia del 28 de noviembre del 2023, emitida por parte del Juzgado
Administrativo Transitorio de Bucaramanga, está habrá de negarse, ya que tal
como lo señaló el Juzgado Noveno (9º) Administrativo de Cúcuta, a la fecha se
encuentra pendiente emitirse pronunciamiento sobre la concesión del recurso de
apelación interpuesto por la apoderada de la rama judicial dentro del proceso en
mención, por parte del Juzgado Administrativo que emitió el aludido fallo.
En este punto, importa para la Sala señalar que no se desconoce que el señor José
Francisco Durán Botello, solicita especialmente, en memorial presentado en el
trámite de esta tutela: “No tener en cuenta el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada, ya que fue indebidamente radicado en un juzgado sin
competencia, y no fue presentado directamente ante el Juzgado Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Bucaramanga, conforme lo establece el marco
normativo y jurisprudencial vigente.”.
Al respecto, es claro para la Sala que tal solicitud no puede resolverse dentro de la
presente acción, ya que es un asunto propio que debe decidir el juez ordinario dentro
del citado proceso, y que está pendiente de decidirse si se concede o no el referido
recurso de apelación, dadas las circunstancias procesales particulares que se
presentaron y que fueron expuestas por el Juzgado accionado, por todo lo cual no
es posible para este tribunal entrar a decidir tal requerimiento […]”.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 21 de noviembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de noviembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
24
Núm. único de radicación: 54-001-23-33-000-2024-00278-01
Actor: José Francisco Durán Botello
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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