Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2025-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2025-00070-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
15 de mayo de 2025
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2025-00070-01
Demandante: EUDIN MANTILLA MANDÓN
Demandado: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CÚCUTA
Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición ante
autoridades judiciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 24 de abril de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Eudin Mantilla Mandón, en nombre propio, presentó tutela1 en contra
del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, al
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición con ocasión de la
falta de respuesta a la solicitud que elevó el 7 de febrero de 2025, con el
propósito que se declarara en desacato a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), por
el presunto incumplimiento de la orden impartida en la sentencia de 17 de
agosto de 2016 proferida en la acción constitucional con radicado 54001-33-40-
007-2016-00137-00.
1.2. Pretensiones
El actor elevó las siguientes súplicas:
1. Se tutela el derecho fundamental de petición y demás derechos invocados por
Eudin Mantilla Mandón.
1
Con escrito radicado el 20 de marzo de 2025. Inicialmente el conocimiento de la tutela le
correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil - Familia, el cual
mediante auto de la misma fecha lo remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
2. Ordenar al Juzgado 7 Administativo de Cucuta que en el término improrrogable
proceda a darle respuesta sobre el trámite impartido al incidente de desacato el 7
de febrero de 2025, sin perjuicio de lo anterior.2
1.3. Hechos3
El actor promovió acción de tutela contra la UARIV, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta,
el cual concedió el amparo solicitado mediante sentencia de 17 de agosto de
2016, así:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad, el mínimo vital,
la verdad, la justicia y la reparación, del señor EUDIN MANTILLA MANDÓN, por
lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV, para que en
el término de cinco (5) días, siguientes a la notificación de la presente providencia,
realice y/o continúe, lo que sea del caso, la encuesta PAARI al señor EUIDN
MANTILLA MANDÓN, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.
88.237.735, con la finalidad de determinar la existencia de elementos de
priorización, pues el mismo ya cuenta con un turno asignado para el
reconocimiento y pago de la indemnización o reparación por víaadministrativa, la
cual no debe pasar de la vigencia presupuestal del año 2016. (…)”
Hizo referencia a que presentó varios incidentes de desacato ante el presunto
incumplimiento de la orden impartida a la UARIV. Sin embargo, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta se abstuvo de impornerle
sanción a la mencionada entidad.
Señaló que el 7 de febrero de 2025 radicó petición ante ese juzgado, en aras
de obtener información de las razones por las cuales dicha autoridad judicial
se ha negado a declarar que la UARIV no materializó lo ordenado en el fallo
de 17 de agosto de 2016 y, por tanto, se le impusiera una sanción por
desacato, sin recibir alguna respuesta.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del actor, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta transgredió su derecho fundamental de petición, por cuanto omitió
brindar una contestación completa, clara y congruente a su petitorio de 7 de
abril de 2025 relacionado el cumplimiento de lo ordenado por esa corporación
en el fallo de tutela que garantizó la protección de sus garantías
constitucionales.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 4 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la acción constitucional y ordenó notificar esta decisión al
actor y como demandado al juez Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Cabe aclarar que algunos de los hechos fueros extraídos del expediente, pues en el escrito de
la tutela no se expusieron a pesar de que son relevantes para lograr una mayor comprensión de
la decisión que se adoptará.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
Cúcuta.
Realizadas las respectivas comunicaciones4, la autoridad judicial accionada
hizo un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso con radicado
54001-33-40-007-2016-00137-00, a partir del cual precisó que el actor presentó
más de 10 solicitudes de incidente de desacato por el presunto incumplimiento
de la orden dada en la sentencia de 17 de agosto de 2016 y el último lo resolvió
mediante auto de 30 de julio de 2024, en el sentido de estarse a lo resuelto en
los proveídos dictados anteriormente, pues ya se había analizado la situación
particular del accionante.
Además, puso de presente que el 3 de marzo de 2025 el señor Mantilla Mandón
radicó un escrito con mensaje enviado al correo electrónico del despacho
«adm07cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co», el cual no contenía algún
requerimiento, motivo por el cual la sustanciadora adscrita a dicho juzgado le
respondió lo siguiente: «[e]n atención al memorial recibido, se observa que el
mismo no contiene ninguna petición, motivo por el cual se le solicita aclararlo».
De otro lado, indicó que una vez revisado el escrito de tutela y sus anexos
constató que la solicitud de incidente de desacato que el accionante afirma
haber presentado el 7 de febrero de 2025, se envió a través de la dirección
electrónica que no está habilitada para recibir correspondencia, esto es,
«jadmin07cuc@notificacionesrj.gov.co», pues desde el mes de junio de 2024,
se encuentra bloqueada.
Así, consideró que no cursaba en el juzgado alguna petición pendiente de
resolver a nombre del señor Mantilla Mandón y resaltó que el actor conocía cuál
es el correo institucional del despacho, pues el 3 de marzo de 2025 remitió un
oficio que no tenía solicitud y aunque se le requirió enviar información al
respecto, el accionante guardó silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en providencia de 24 de abril
de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela tras concluir que el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta no vulneró el
derecho fundamental de petición del actor.
La razón de esta decisión obedeció a que la solicitud de 7 de febrero de 2025 se
remitió al correo electrónico que está dispuesto para las notificaciones judiciales
del despacho, mas no para recibir documentos, por lo que la autoridad judicial
accionada no tenía conocimiento de su contenido y, por tanto, no estaba
obligada a responderlo.
1.7. Impugnación
Mediante escrito recibido el 28 de abril de 20255, el accionante argumentó que
4
Con oficio enviado el 4 de abril de 2025.
5
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 25 de abril de
2025.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
ha promovido los incidentes de desacato por cuanto la UARIV no ha cumplido lo
señalado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
en el fallo de 17 de agosto de 2016. Sin embargo, esta autoridad judicial se
abstuvo de sancionar a dicha entidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, el 24 de abril de 2025, según lo previsto en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si se vulneró el
derecho fundamental de petición del actor ante la falta de respuesta de fondo a
la solicitud que elevó el 7 de febrero de 2025 dentro de la acción constitucional
con radicado 54001-33-40-007-2016-00137-00.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) derecho de petición en actuaciones
judiciales, iii) mora judicial respecto de peticiones relacionadas con actuaciones
judiciales y su conexión con el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y iv) análisis del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de
1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
2.4. Derecho de petición en actuaciones judiciales
Al tenor de lo previsto en el artículo 23 de la Constitución, el derecho de petición
se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
Cabe resaltar que la autoridad requerida en la contestación no está obligada a
acceder a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se
deniegue la solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones
técnicas y jurídicas que fundamentan aquella postura negativa. Así, este
derecho que se concreta en la formulación de una petición, se hace efectivo a
través de la respuesta otorgada por la autoridad requerida, cuya materialización
resulta independiente del carácter favorable o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de
petición, la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y
precisando lo que el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el
solicitante entienda el porqué de los argumentos de la autoridad aun cuando no
los comparta; iii) mantener coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro
de la oportunidad fijada por la ley para ello; y, finalmente v) notificarse de
manera eficaz para su debida materialización.
Ahora bien, en criterio de la Sala, el ejercicio del derecho de petición «…no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos
se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado
impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.»6 En relación con este punto, la Corte Constitucional precisó:
«…5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:
a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado,
los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.
Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto
es, el Código Contencioso Administrativo.
c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden
ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas,
como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite
en el que prevalecen las reglas del proceso (…)».7
2.5. Mora judicial respecto de peticiones relacionadas con actuaciones
judiciales y su conexión con el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
La Corte Constitucional señaló que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a desconocer el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es
originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
6
Sentencia T-178 de 2000.
7
Sentencia T-377 de 2000.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos.8
Para dicha Corte9, la protección del derecho antes mencionado tiene dos
dimensiones: i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las
pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y ii) que dicho
acceso a la justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las
pretensiones presentadas y que la misma se pueda hacer efectiva a través de
su correcta ejecución.
Entonces, el acceso a la justicia no solo se garantiza con el hecho de acudir
ante los jueces competentes, sino que implica que la persona que acude
obtenga una solución de fondo pronta, cumplida y eficaz. Por ello, cuando quien
concurre ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no obtiene
respuesta de fondo en un término razonable, por razones imputables al aparato
judicial, se puede concluir que existe una vulneración de tal garantía
constitucional.
Sin embargo, el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando10: i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; ii) se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración
de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o,
iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.
2.6. Caso concreto
En el asunto analizado, el actor consideró vulnerado su derecho fundamental de
petición por la falta de respuesta de fondo a la solicitud que elevó el 7 de febrero
de 2025 ante el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta,
en aras de que se declarara a la UARIV en desacato de la orden impartida en la
sentencia de 17 de agosto de 2016 proferida en la acción de tutela con radicado
54001-33-40-007-2016-00137-00.
Bajo este contexto, y según el material probatorio obrante en el plenario, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó el amparo deprecado por el
señor Mantilla, tras encontrar demostrado que la solicitud objeto de controversia
se remitió a un buzón que no está habilitado para recibir memoriales en el
despacho, así que la autoridad accionada no conocía su contenido y, por tanto,
no transgredió el derecho iusfundamental invocado.
En la impugnación, el accionante puso de presente que ha promovido varios
incidentes de desacato, pues en su sentir, la UARIV no acató lo señalado por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta en el fallo de 17
de agosto de 2016 y, a pesar de esta situación, dicha judicatura se abstuvo de
sancionarla.
8
Sentencia T-1019 de 2010.
9
Sentencia T-608 de 2019.
10
Sentencia T-803 de 2012.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
Precisado lo anterior, la Sala advierte que lo requerido en el memorial de 7 de
febrero de 2025 está relacionado con actos estrictamente judiciales, pues en
realidad se trata de un incidente de desacato promovido por el actor, lo que
implica que la discusión propuesta en la acción de tutela se deba analizar bajo
la óptica de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, mas no de petición.
Ahora bien, al revisar las pruebas aportadas al expediente de la referencia se
constató que el 7 de febrero del año en curso el actor remitió su solicitud ante el
juzgado accionado al buzón «jadmin07cuc@notificacionesrj.gov.co», así:
Luego, el 3 de marzo del año 2025 el señor Mantilla Mandón envió al juzgado
accionado un escrito al correo electrónico
«adm07cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co». Sin embargo, el mensaje no tenía
alguna solicitud en particular:
En vista de lo anterior, ese mismo día la sustanciadora adscrita al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta le respondió al actor para
que aclarara tal situación, en los siguientes términos:
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
En el informe rendido por la autoridad judicial accionada se aclaró que la
dirección electrónica «jadmin07cuc@notificacionesrj.gov.co» no está habilitada
para recibir correspondencia desde el mes de junio del año 2024 y, por ello,
cuando se radica una solicitud ante este correo de manera automática se
contesta al peticionario lo siguiente:
Bajo este contexto, la Sala advierte que la solicitud elevada por el actor el 7 de
febrero de 2025 se envió a un correo electrónico que no está habilitado para la
recepción de memoriales, razón por la cual se concuerda con el a quo en que no
es dable inferir que el juzgado cuestionado incurrió en alguna omisión
susceptible de ser reprochada en esta vía constitucional, comoquiera que el
incidente de desacato en cuestión no ingresó al despacho para que se suriera el
trámite correspondiente.
Nótese que cuando se envía un escrito a la dirección electrónica
«jadmin07cuc@notificacionesrj.gov.co» automáticamente se remite una
respuesta en la que se explica que los canales digitales previstos para recibir
memoriales son el aplicativo SAMAI y el correo electrónico
«adm07cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co», al cual justamente el actor envió un
mensaje el 3 de marzo de este año, sin que en dicha ocasión formulara algún
requerimiento puntual, ni mucho menos aclarara lo sucedido cuando el juzgado
lo requirió.
Es oportuno resaltar que, en criterio de esta Sección11, los ciudadanos deben
actuar con cuidado al momento de radicar sus memoriales ante los canales
virtuales señalados para tal fin pues, de lo contrario, se ha considerado que se
tendrán por no recibidos los documentos que se remitan a otros medios
electrónicos diferentes, como ocurrió en el caso objeto de estudio.
La situación descrita permite concluir que en el asunto analizado no se
evidencia alguna actuación que atente contra los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Mantilla
Mandón, por cuanto no radicó el incidente de desacato en debida forma y, pese
a que se le informó cuál era el buzón electrónico establecido para recepcionar
su memorial, no existe alguna prueba que acredite con grado de certeza que, en
efecto, lo remitió al correo habilitado.
11
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 20 de marzo de 2025, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, rad. 13001-23-33-000-2025-00028-01 y 24 de abril de 2025, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil, rad. 11001-03-15-000-2025-00373-01.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Eudin Mantilla Mandón
Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00070-01
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual se negó el
amparo solicitado por el señor Eudin Mantilla Mandón.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.