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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00097-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00097-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2025-00097-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00097-01
Accionante: Pedro David Labrador Torres
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA MISMA NATURALEZA
/ Confirma / Improcedencia / No se acreditó la existencia de una situación de fraude/
Subsidiariedad.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 13 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 28 de abril de 2025, el señor Pedro David Labrador Torres interpuso acción de
tutela en contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona y
la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., con el fin de proteger sus derechos
fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas. Consideró que dichas
prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de 25 de abril de 2025,
dictado al interior de la acción de tutela1 que promovió contra ARL Positiva
Compañía de Seguros S.A.

2.
El actor afirmó que el mencionado juzgado negó las pretensiones al considerar
que tiene la capacidad económica para costear los gastos de traslado, y para
continuar trabajando, mostrando en la providencia el saldo de su cuenta de ahorros
Bancolombia, situación que advierte como un delito grave, y se presta para que le
hagan extorsiones.

3.
Indicó que la accionada desconoció su derecho fundamental a la salud, ya que la
ARL Positiva como administradora de riesgos laborales debe asumir los gastos de
servicios médicos y suministrar los traslados a citas médicas en ciudades diferentes
a la de residencia. Expresó que el juzgado no quiere que la ARL responda por lo
que le corresponde. Citó varias sentencias relativas al derecho a la vida en
condiciones dignas, la salud e integridad física.

1 Radicado 54518-33-33-001-2025-00064-00.

1

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00097-01
Accionante: Pedro David Labrador Torres
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

B. Sentencia de primera instancia
4.
En fallo de 13 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
declaró improcedente el amparo solicitado al tratarse de una tutela contra un fallo
de la misma naturaleza, en la cual se encontraba pendiente de resolver la
impugnación.
5.
Adicional a ello, manifestó que del análisis de las pretensiones relacionadas en el
escrito de tutela, no se evidenciaba alguna negativa en la prestación de servicios
médicos asistenciales requeridos por el accionante, pues lo que se solicitaba era el
reembolso de los traslados intermunicipales a fin de cumplir una cita programada
para el 28 de abril de 2025, lo cual de acuerdo a la jurisprudencia constitucional,
resultaba improcedente realizar a través de la acción de tutela, ya que es un asunto
netamente económico.

6.
Por último, se pronunció sobre la presunta conducta temeraria del señor Labrador
Torres al presentar varias tutelas por los mismos hechos. Afirmó que existía una
tutela similar a la ahora analizada2; sin embargo, teniendo en consideración que no
se trataba de un profesional del derecho, la conducta no podía vislumbrarse como
de mala fe, y en ese sentido, no había lugar a imponer una sanción pecuniaria. No
obstante, le advirtió al accionante que en lo sucesivo se abstuviera de presentar
acciones de tutela con fundamento en los hechos que ya han sido debatidos, o que
aún se encontraran en trámite.

C. La impugnación
7.
El accionante indicó lo siguiente: “Impugnó ese fallo nunca se le garantiza los
traslados a servicios médicos requeridos de salud”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

8.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19913.

E. Análisis del caso concreto

9.
Se confirmará la decisión de primera instancia, en tanto no se acreditan los
presupuestos que habilitan la procedencia de esta acción, toda vez que el accionante
no alega, mucho menos prueba, una situación fraudulenta en el fallo de tutela
cuestionado. Además de que el mismo no se encontraba en firme cuando se
presentó la demanda.

2 Expediente 54518-33-33-001-2025-00064-00.
3 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

2

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00097-01
Accionante: Pedro David Labrador Torres
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente carga argumentativa, que la providencia acusada fue
producto de un actuar fraudulento.

11.
Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la
acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o extremadamente
negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la labor de administrar
justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido debido a que resulta
evidentemente incorrecto.

12.
En el presente asunto, el accionante se limitó a esbozar apreciaciones subjetivas
y generales frente a su descontento con el fallo de tutela, obviando la carga
argumentativa adicional que se impone cuando la sentencia objetada fue dictada en
un proceso de tutela, la cual, como ya se indicó, debe estar orientada a evidenciar
que la misma se profirió con fines ilegales vinculados a una intención dolosa o que
se deriva de una interpretación que riñe abiertamente con los postulados
constitucionales o la buena fe judicial.

13.
En suma, la parte actora alegó que la autoridad enjuiciada no debió mostrar el
saldo de su cuenta de ahorro y, que la misma no quiere que la ARL responda por lo
que le corresponde referente a su salud. Argumentos que de ninguna manera se
relacionan con la configuración de un fraude en la sentencia acusada.

14.
Además, del contenido de la decisión tampoco se desprende que haya sido
producto de una situación de esa naturaleza, ni mucho menos el resultado de alguna
infracción al deber básico de conducta que atente abiertamente con la labor de
administrar justicia.

15.
En la misma se indicó que el actor cuenta con un amparo integral de su derecho
a la salud y vida digna por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito con
Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona, en el cual ordenaron un
tratamiento integral y la prestación continua del servicio de salud por las patologías
que padece.

16.
No obstante, de las pretensiones de la tutela analizada, se desprendía que el
querer de actor se limitaba a factores económicos que no lesionan su derecho a la
salud, ya que las mismas no eran para asistir a citas médicas, exámenes de
laboratorio o terapias, sino para la valoración en la junta regional. Además, afirmó
que el señor Labrador Torres tenía 50 años y su valoración de pérdida de la
capacidad laboral fue del 11.90%, estimando que aquel estaba en plena edad
productiva, sin que se avizorara que dicha pérdida le impida trabajar.

3

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00097-01
Accionante: Pedro David Labrador Torres
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17.
Sumado a que el actor no probó dificultades para su congrua manutención que le
impidiera asumir los costos del traslado para su valoración y, de ser el caso
recobrarlos a la ARL, pues, por el contrario, en otra acción de tutela que conoce el
mismo Juzgado, el actor allegó una constancia de su banco, en la que figura que
cuenta con la capacidad económica para costear el traslado reclamado.

18.
Agregó que conforme lo reconoce el propio accionante la entidad le está
reconociendo una suma por el peaje, por lo que la discusión se centra es en la
diferencia de costos. Por ende, al ser una disputa de factores económicos, sin que
se revele un perjuicio irremediable, no observó la necesidad de intervenir como juez
constitucional.

19.
Bajo ese escenario, lo que se evidencia, en realidad, es que el señor Pedro David
Labrador Torres busca de una u otra manera tergiversar las conclusiones de la
autoridad accionada para adaptarlas a sus propios intereses y, con fundamento en
ello, justificar que supuestamente el juez del asunto no quiere que la ARL le responda
por su salud, y que expuso el saldo de su cuenta bancaria, cuando fue él mismo
quien la allegó a una tutela como prueba.

20.
Así las cosas, resulta claro que los reparos que sustentaron la vulneración
alegada únicamente obedecen a una simple inconformidad respecto al criterio
adoptado por el juez de tutela, pero no propiamente a una situación de fraude que
amerite una protección constitucional.

21.
Por otra parte, el asunto tampoco supera el requisito de subsidiariedad, pues al
momento en que se presentó esta acción constitucional el proceso de tutela en el
que se dictó la sentencia acusada todavía se encontraba en trámite, en tanto esa
decisión fue objeto de impugnación y aún no había sido resuelta.

22.
En tales condiciones, la intervención del juez constitucional se torna
improcedente, en la medida en que la providencia que pretende censurarse a través
de la presente acción ni siquiera había cobrado firmeza, y aún estaba sujeta que otro
juez constitucional analizara las bases fácticas y sustantivas de la misma para
determinar si la confirmaba, revocaba o modificaba. El hecho de que la decisión ya
esté produciendo efectos, no basta para habilitar la procedencia del mecanismo de
amparo, pues ello implicaría una indebida intromisión en la competencia funcional
del juez de segunda instancia y la alteración del curso procesal que debe agotarse
en ese trámite, mucho menos cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara el ejercicio de la acción de tutela de forma transitoria.

23.
Por último, esta Sala de Subsección resalta que comparte el argumento referente
a la falta de temeridad por parte del señor Labrador Torres, pero, no por lo indicado
por el juez constitucional de primera instancia, sino porque a pesar de que el actor
ha promovido diversas tutelas contra la ARL Positiva Compañía de Seguros, en las
que busca la protección de sus derechos a la salud y vida en condiciones dignas, al
momento no ha instaurado otra tutela contra el fallo de tutela de 25 de abril de 2025

4

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00097-01
Accionante: Pedro David Labrador Torres
Accionado: Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona o, por
lo menos no se tiene conocimiento de la misma, pues ninguno de los sujetos
procesales lo informó.

24.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia de 13 de mayo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

25.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de mayo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto5

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

4 VF
5 Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-15-000-2024-

00057-01, respecto a la falta de sustentación de la impugnación, a pesar de que se trata de una tutela contra
providencia judicial.
5

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