Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00146-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00146-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2025-00146-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2025-00146-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: SILVIO DURÁN GARCÍA
TESIS: REVOCA LA DECISIÓN DEL A QUO Y, EN SU LUGAR, NIEGA LAS
PRETENSIONES DEL AMPARO. EL ACTOR NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES
EXPUESTAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-360 DE 2017
QUE PERMITEN EXCEPCIONAR LA AUTOMÁTICA APLICACIÓN DE LA CAUSAL
DE CUMPLIMIENTO DE LA EDAD DE RETIRO FORZOSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: MÍNIMO VITAL, VIDA DIGNA, DEBIDO
PROCESO, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
24 de junio de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER1, amparó el derecho fundamental de petición del
actor.
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En adelante el TRIBUNAL.
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NÚMERO NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 54001-23-33-000-2025-00146-01
ACTOR: SILVIO DURÁN GARCÍA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor SILVIO DURÁN GARCÍA, actuando a través de apoderada judicial,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la vida digna, al debido proceso, a la salud y a la seguridad social, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER2 y
el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ARAUQUITA3, porque no se le
realizaron los trámites administrativos necesarios tendientes a pagar al fondo
de pensiones al que pertenece el señor Silvio Durán, las semanas de
cotización comprendidas entre el 05 de marzo de 1979 y el 30 de junio de
1996; y por la expedición de la resolución núms. 001 de 19 de mayo de 2025,
por medio de la cual fue retirado del servicio al haberse configurado la causal
de retiro forzoso por tener 70 años de edad.
I.2.- Hechos
2 En adelante DIRECCIÓN SECCIONAL.
3 En adelante JUZGADO.
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ACTOR: SILVIO DURÁN GARCÍA
Manifestó que se vinculó a la Rama Judicial desde el 5 de marzo de 1979,
para desempeñar el cargo de secretario del Juzgado Primero Promiscuo del
Municipio de Arauquita, en propiedad.
Expresó que su vínculo laboral con la Rama Judicial fue el siguiente: i)
secretario del Juzgado Primero Promiscuo del Municipio de Arauquita
durante el período comprendido entre el 5 de marzo de 1979 al 31 de mayo
de 2003; ii) juez municipal en provisionalidad en dicho despacho judicial en el
período comprendido entre el 1o. de junio al 6 de junio de 2003; y iii)
secretario del mencionado Juzgado en el período comprendido del 7 de junio
de 2003 al 3 de mayo de 2025.
Indicó que en su historia laboral expedida el 5 de junio de 2025, se evidencia
que tiene un total de semanas de 1475.75 a fecha de 31 de abril de 2025.
Señaló que el 8 de mayo de 2025, la DIRECCIÓN SECCIONAL envió el
Oficio núm. DESAJCUO20-0584 al JUZGADO solicitando lo siguiente:
“[…] Por lo expuesto, y en razón a su función nominadora respecto al
empleado SILVIO DURAN GARCIA, según lo establecido por el artículo 131
de la Ley 270 de 1.996, le solicito muy comedidamente informar a esta
Coordinación de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, si el servidor presentó renuncia o si Su
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Despacho ya profirió el acto administrativo de desvinculación del cargo, con
fundamento en la normativa vigente expuesta.
Es importante recalcar, que se requiere la información de manera urgente
para realizar el proceso de inclusión de la novedad del mes de mayo.
Para lo que corresponda, anexo a la presente, le allego copias de la cédula
de ciudadanía del servidor, tomadas de su Carpeta de Historia Laboral […]”.
Adujo que el 19 de mayo de 2025, el JUZGADO expidió la Resolución núm.
001, en la que dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] “PRIMERO: Retirar del servicio al servidor Silvio Durán García,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.580.670, expedida en Arauca,
Arauca, quien desempeña el cargo de secretario Nominado del Juzgado
Promiscuo Municipal de Arauquita – Arauca, perteneciente a la planta
globalizada de Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander
Cúcuta – Arauca […]”.
Manifestó que contra tal decisión, el 26 de mayo de 2025 presentó recursos
de reposición y, en subsidio de apelación.
Aseguró que a la fecha no se han resuelto de fondo los recursos
interpuestos, así tampoco se han consignado ante el Fondo de Pensiones las
semanas faltantes.
Manifestó que actualmente no percibe salario alguno ni tampoco ha recibido
su mesada pensional, pese a encontrarse prestando activamente el servicio.
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ACTOR: SILVIO DURÁN GARCÍA
I.3. Fundamentos de derecho
Indicó que fue desvinculado de nómina sin haberse efectuado un debido
proceso, además, es inadmisible que a pesar de haber prestado sus
servicios por más de 40 años, el JUZGADO no se haya tomado la tarea de
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales para
desvincularlo, pues solo tuvo en cuenta el cumplimiento de la edad de retiro
forzoso.
Expresó que la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que el
retiro forzoso por edad debe estar condicionado al reconocimiento efectivo
del derecho pensional, pues de lo contrario se expone al servidor a una
situación de desprotección que vulnera su derecho al mínimo vital, tal como
como se estableció en las sentencias T-693 de 2014 y T-376 de 2016.
Expresó que en los términos del artículo 53 de la Constitución Política y del
principio de continuidad en la relación laboral, ningún servidor público puede
ser desvinculado sin que medie garantía efectiva de que recibirá su pensión
de forma inmediata.
Adujo que la desvinculación sin el cumplimiento de las formalidades legales y
sin garantizar la continuidad de sus derechos pensionales constituye una
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violación al debido proceso, tanto en su dimensión sustantiva como
procedimental.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia:
“… 1. Se tutelen los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna, a la salud, a la vida, al debido proceso, a la seguridad social del
señor Silvio Durán García.
2. Se ordene a las accionadas, que SUSPENDAN la ejecución de los actos
y acciones administrativas mediante las cuales se abstienen de pagar los
servicios que viene prestando el señor Silvio Durán García y disponen su
desvinculación del puesto de secretario Municipal del Juzgado Promiscuo
Municipal de Arauquita, sin que se presente Solución de Continuidad en
la prestación del servicio, hasta cuando las accionadas agoten el trámite
legal para ingresar al señor Silvio Durán en nómina de pensionados.
3. Se ordene la suspensión provisional del acto administrativo proferido por
la Señora Juez Promiscuo Municipal de Arauquita, mediante el cual
desvincula al tutelante.
4. Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Cúcuta Norte de Santander, que
realice todos los trámites administrativos necesarios tendientes a pagar al
fondo de pensiones al que pertenece el señor Silvio Durán, las semanas
de cotización comprendidas entre el 05 de marzo de 1979 y el 30 de junio
de 1996, con el fin de que el aquí accionante no se vea perjudicado en su
mínimo vital […]”.
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER Y ARAUCA indicó que “[…] el Juzgado Promiscuo Municipal
de Arauquita, no le ha notificado resolución o algún acto administrativo a
través del (sic) acepte la renuncia y/o disponga el retiro del señor Silvio
Durán García como secretario de esa Unidad Judicial, lo cual es menester
para adelantar el único tramite que le compete a este Consejo Seccional
frente a ello, es decir, para realizar la exclusión del escalafón de carrera
judicial; empero, tal como se indicó en líneas pretéritas, a la fecha no se nos
ha notificado decisión alguna al respecto, por lo tanto, no se ha realizado
algún trámite por parte de esta Corporación que afecte los derechos
fundamentales del actor constitucional […]”.
Adujo que el actor en ningún momento ha elevado petición, queja y/o escrito
alguno relacionado con los hechos expuestos en la acción de tutela de la
referencia de, por lo que en el caso sub examine no se configura la
legitimación en la causa por pasiva.
I.5.2.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA -
NORTE DE SANTANDER y el JUZGADO, pese a ser notificados en debida
forma, guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 24 de junio de 2025 resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor
SILVIO DURÁN GARCÍA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita que,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, proceda si aún no lo ha hecho, a
resolver los recursos interpuestos por el accionante contra la Resolución No.
001 del 19 de mayo de 2025, notificándole para el efecto la decisión al
mismo […]”.
Consideró que en el presente caso, se evidencia que, el actor se
desempeñaba como Secretario Nominado del Juzgado Promiscuo Municipal
de Arauquita y que fue desvinculado del cargo con fundamento en la
Resolución No. 001 del 19 de mayo de 2025, por haber llegado a la edad de
retiro forzoso al cumplir 70 años, por lo que interpuso la presente acción de
tutela, con el fin de que se suspenda la ejecución del acto de retiro y demás
acciones administrativas que determinaron la abstención del pago por los
servicios que prestara, dada la desvinculación del cargo, así como que no se
cuenta con la cotización de semanas laboradas dentro del término del 5 de
marzo de 1979 y el 30 de junio de 1996, pues no aparecen reportadas ante el
fondo de pensiones.
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El TRIBUNAL señaló que la controversia en el presente asunto, se centra en
los efectos que ha producido la resolución No.001 que expidiera el Juzgado
Promiscuo Municipal de Arauquita el pasado 19 de mayo de 2025, mediante
la cual determinó el retiro del servicio del actor, por haber llegado a la edad
de retiro forzoso, acto administrativo, contra el que se propusieron unos
recursos y que el actor considera que a la fecha no le han sido resueltos.
El TRIBUNAL adujo que si bien es cierto lo que pretende el actor con la
acción de tutela es la suspensión de los efectos del acto administrativo por
medio del cual su nominadora lo retiró del servicio al haber llegado a la edad
de retiro forzoso, no lo es menos que, conforme a lo demostrado en el
expediente, a la fecha la Juez Promiscuo Municipal de Arauquita no se ha
pronunciado sobre los recursos interpuestos por el actor contra la Resolución
No. 001 del 19 de mayo de 2025, situación que vulnera su derecho
fundamental de petición, teniendo en cuenta que, en los términos de la
sentencia T 230 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, los recursos
comportan una manifestación del derecho de petición.
En ese orden de ideas, el TRIBUNAL procedió a amparar el derecho
fundamental de petición del actor, ordenado al Juzgado Promiscuo Municipal
de Arauquita que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
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partir de la notificación de la presente sentencia, proceda si aún no lo ha
hecho, a resolver los recursos interpuestos por el accionante contra la
Resolución No. 001 del 19 de mayo de 2025.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El señor SILVIO DURÁN GARCÍA impugnó la sentencia proferida por el
TRIBUNAL, en los siguientes términos:
Indicó que el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita expidió la
Resolución No. 001 del 19 de mayo de 2025, mediante la cual ordenó el
retiro del servicio del señor Durán García, y que mediante Resolución No.
004 del 9 de junio de 2025, el mismo Juzgado Promiscuo Municipal de
Arauquita resolvió los recursos, confirmando la decisión de retiro, al
considerar de manera equivocada que la demora en el reconocimiento
pensional era atribuible a una "[…] actitud negligente del recurrente […]",
invirtiendo la carga de la responsabilidad y culpando a la víctima de la propia
negligencia del Estado.
Adujo que, como consecuencia de estas decisiones administrativas, la
Dirección Seccional de Administración Judicial procedió a retirar al señor
Durán García de la nómina.
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Indicó que la sentencia proferida en primera instancia por el TRIBUNAL
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por “[…] una
incongruencia manifiesta entre lo pedido y lo resuelto, y un error fáctico
ostensible que sirvió de base para una decisión totalmente apartada de la
realidad procesal […]”.
El TRIBUNAL en la sentencia omitió hacer pronunciamiento respecto a los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad
social, por lo que no analizó la situación de desprotección económica del
actor.
La premisa del TRIBUNAL de que “[…] la Sala encuentra que a fecha la
Juez Promiscuo Municipal de Arauquita no se ha pronunciado sobre los
recursos interpuestos por el prenombrado contra la Resolución No. 001 del
19 de mayo de 2025, situación que vulnera el derecho fundamental de
petición del accionante […]” es un error fáctico, toda vez que asumió en el
caso concreto que los recursos no habían sido resueltos, cuando si se
habían resuelto, como lo fue la Resolución No. 004.
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Ahora bien, frente al fondo del asunto, el actor consideró que la Resolución
No. 004 de 2025 expedido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita,
“[…] comete el despropósito jurídico de culpar al accionante por la mora en el
trámite pensional […]”.
Expresó que la actuación del Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita,
materializada en la Resolución No. 004 de 2025, es una vía de hecho
administrativa, toda vez que, i) desconoció el precedente judicial vinculante
de las Altas Cortes sobre la protección del mínimo vital en casos de retiro
forzoso, ii) inaplicó las normas que establecen la responsabilidad del
empleador en materia de aportes pensionales, iii) fundamentó su decisión en
un argumento falaz y revictimizante, culpando al trabajador por la negligencia
del Estado; y iv) omitió su deber de ponderar los derechos en conflicto,
aplicando mecánicamente una norma de retiro sin considerar las graves
consecuencias sobre los derechos fundamentales del accionante.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
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noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida
en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número
80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala evidencia que el a-quo omitió pronunciarse frente a la solicitud
presentada por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA de que se le desvinculara por
haberse configurado la falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo
que la Sala emitirá un pronunciamiento al respecto.
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los
extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en
discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva en los siguientes términos:
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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en
la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como
en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos
casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque
la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo
mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce
que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse
la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta
cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige
el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Ahora bien, comoquiera que el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA no fue vinculada
como accionada al presente trámite constitucional, no le asiste interés en las
resultas de la acción constitucional de la referencia.
En ese sentido, la Sala accederá a su solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos
previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar
un perjuicio irremediable.
4«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, al
debido proceso, a la salud y a la seguridad social, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita -
Arauca, al expedir las resoluciones núm. 001 de 19 de mayo de 2025 y 004
del 9 de junio de 2025, por medio de las cuales se retiró del servicio al señor
Silvio Durán García al haberse configurado la causal de retiro forzoso por
tener 70 años de edad.
El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se resuelva
sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, comoquiera que, a su juicio,
al habérsele retirado del servicio, se le vulneraron sus derechos
fundamentales invocados.
Expresó que la Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que el
retiro forzoso por edad debe estar condicionado al reconocimiento efectivo
del derecho pensional, pues de lo contrario se expone al servidor a una
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situación de desprotección que vulnera su derecho al mínimo vital como se
afirmó en las sentencias T-376 de 2016 y T-693 de 2014.
Expresó que en los términos del artículo 53 de la Constitución Política de
1991 y del principio de continuidad en la relación laboral, ningún servidor
público puede ser desvinculado sin que medie garantía efectiva de que
recibirá su pensión de forma inmediata.
Adujo que la desvinculación sin el cumplimiento de las formalidades legales y
sin garantizar la continuidad de sus derechos pensionales constituye una
violación al debido proceso, tanto en su dimensión sustantiva como
procedimental.
El señor SILVIO DURÁN GARCÍA de igual manera en su escrito de
impugnación señaló que el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita
expidió la Resolución No. 001 del 19 de mayo de 2025, mediante la cual
ordenó el retiro del servicio del señor Durán García, y que mediante
Resolución No. 004 del 9 de junio de 2025, el mismo Juzgado Promiscuo
Municipal de Arauquita resolvió los recursos, confirmando la decisión de
retiro, al considerar de manera equivocada que la demora en el
reconocimiento pensional era atribuible a una "[…] actitud negligente del
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recurrente […]", invirtiendo la carga de la responsabilidad y culpando a la
víctima de la propia negligencia del Estado.
Adujo que como consecuencia de estas decisiones administrativas, la
Dirección Seccional de Administración Judicial procedió a retirar al señor
Durán García de la nómina.
Indicó que la sentencia proferida en primera instancia por el TRIBUNAL
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por “[…] una
incongruencia manifiesta entre lo pedido y lo resuelto, y un error fáctico
ostensible que sirvió de base para una decisión totalmente apartada de la
realidad procesal […]”.
El TRIBUNAL en la sentencia omitió hacer pronunciamiento respecto a los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad
social, por lo que no analizó la situación de desprotección económica del
actor.
La premisa del TRIBUNAL de que “[…] la Sala encuentra que a fecha la
Juez Promiscuo Municipal de Arauquita no se ha pronunciado sobre los
recursos interpuestos por el prenombrado contra la Resolución No. 001 del
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19 de mayo de 2025, situación que vulnera el derecho fundamental de
petición del accionante […]” es un error fáctico, toda vez que asumió en el
caso concreto que los recursos no habían sido resueltos, cuando si se
habían resuelto, como lo fue la Resolución No. 004.
Ahora bien, frente al fondo del asunto, el actor consideró que la Resolución
No. 004 de 2025 proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita,
“[…] comete el despropósito jurídico de culpar al accionante por la mora en el
trámite pensional […]”.
Expresó que la actuación del Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita,
materializada en la Resolución No. 004 de 2025, es una vía de hecho
administrativa, toda vez que, i) desconoció el precedente judicial vinculante
de las Altas Cortes sobre la protección del mínimo vital en casos de retiro
forzoso, ii) inaplicó las normas que establecen la responsabilidad del
empleador en materia de aportes pensionales, iii) fundamentó su decisión en
un argumento falaz y revictimizante, culpando al trabajador por la negligencia
del Estado; y iv) omitió su deber de ponderar los derechos en conflicto,
aplicando mecánicamente una norma de retiro sin considerar las graves
consecuencias sobre los derechos fundamentales del accionante.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver
consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o
revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así,
se establecerá si las accionadas vulneraron los derechos deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo fue
promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados se dio como
consecuencia de la Resolución núm. 001 de 19 de mayo de 2025, suscrita
por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita.
Ahora, en lo que concierne al requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra
que, de conformidad con la postura asumida por la Corte Constitucional5, si
bien la acción de tutela no resulta procedente contra actos administrativos de
contenido particular cuando lo pretendido es el reintegro a cargos públicos,
cuando la controversia gira en torno a personas que han sido retiradas por
haber alcanzado la edad de retiro forzoso, este mecanismo procede
excepcionalmente, siempre que al momento de la desvinculación no se les
haya reconocido una pensión y no cuenten con otra fuente de ingresos.
5
Sentencia T-294 de 2013, reiterado en sentencia T-360 de 2017.
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En efecto, el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia T-360 de 20176
consideró lo siguiente:
“[…] 67. Cuando se trata de solicitudes de reintegro de personas que han
sido retiradas de su cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso,
este Tribunal ha reiterado que la acción de tutela procede
excepcionalmente como mecanismo definitivo cuando (i) al momento de su
desvinculación no había logrado el reconocimiento de una pensión que
garantizara su derecho al mínimo vital y (ii) no cuenta con otra fuente de
ingresos que le permita satisfacer sus necesidades básicas7.
[…]
70. La Corte Constitucional ha tratado específicamente el caso de la
afectación al mínimo vital de una persona que la retiran del servicio por
cumplir la edad de retiro8 y ha concluido que la acción de tutela es
procedente cuando el salario que devengaba era el único ingreso que tenía
para satisfacer sus necesidades básicas. Así lo dispuso este Tribunal en la
Sentencia T-718 de 2014:
“En los casos en que se invoca la protección del derecho al
mínimo vital, a propósito de que a un trabajador lo retiran del
servicio activo por haber cumplido la edad de retiro forzoso, la
Corte ha sostenido como regla general que la tutela no es el
mecanismo de defensa principal en tanto existe otro medio de
defensa en la jurisdicción contenciosa administrativa para
censurar el acto de desvinculación, como lo es la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, ha
establecido como excepción que la protección
constitucional sí procede, cuando al momento de la
desvinculación el trabajador no ha logrado el
reconocimiento de una pensión que garantice su derecho
al mínimo vital y no cuenta con otra fuente de ingresos que
le permita satisfacer sus necesidades básicas” (énfasis
añadido)9 […]”. (Destacado incluido en texto)
6
M.P. Alejandro linares Cantillo.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2013
8
La procedencia de la tutela cuando afecta el mínimo vital de personas retiradas de su cargo por
llegar a la edad de retiro forzoso ha sido tratada en estas sentencias. “T-628 de 2006, T-016 de 2008
y T-839 de 2012, T-734 de 2015, T-595 de 2016 y T-718 de 2014.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-376 de 2016.
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Dicha postura fue reiterada recientemente en sentencia T-521 de 202410, en
la que se dijo:
“[…] En este sentido, la Corte ha reiterado que, cuando se trata de
solicitudes de reintegro de personas que han sido retiradas de su
cargo por haber alcanzado la edad de retiro forzoso, la acción de
tutela procede excepcionalmente como mecanismo definitivo cuando
(i) al momento de su desvinculación no había logrado el
reconocimiento de una pensión que garantizara su derecho al mínimo
vital y (ii) no cuenta con otra fuente de ingresos que le permita
satisfacer sus necesidades básicas.
70. Así las cosas, la jurisprudencia ha establecido dos requisitos
que, de cumplirse, acreditan la afectación del mínimo vital de un
trabajador, estos son: que “(i) el salario o mesada sea el ingreso
exclusivo del trabajador o pensionado o existiendo ingresos
adicionales sean insuficientes para la cobertura de sus necesidad
básicas y que (ii) la falta de pago de la prestación genere para el
afectado una situación crítica tanto a nivel económico como
psicológico, derivada de un hecho injustificado, inminente y grave”11
[…]”. (Resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, en la medida en que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional la acción de tutela resulta procedente para salvaguardar el
derecho al mínimo vital cuando el empleado es retirado forzosamente sin
que haya adquirido su derecho pensional y no cuente con otra fuente de
ingresos, y que en el presente asunto el actor fue desvinculado mediante
la Resolución núm. 001 de 19 de mayo de 2025 por retiro forzoso, esto
10
M.P. Vladimir Fernández.
11
Corte Constitucional, sentencias T-865 de 2009 y T-360 de 2017.
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es, por cumplir la edad de 70 años y que no existe prueba alguna que
evidencie que fue incluida en nómina de pensionados y que perciba otro
ingreso diferente a su salario, la Sala considera que la solicitud de amparo
cumple con el requisito de la subsidiariedad.
Sumado a lo anterior, es del caso poner de presente que mediante la
Resolución núm. 004 del 9 de junio de 2025, el Juzgado Promiscuo Municipal
de Arauquita, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el actor contra
la Resolución núm. 001 de 19 de mayo de 2025, mediante la cual se decretó
la cesación definitiva de sus funciones por retiro forzoso, en el sentido de no
reponer la decisión inicial, lo que da cuenta que no se encuentran recursos
pendientes por resolver.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del asunto.
En el asunto bajo examen se encuentra probado lo siguiente:
El vínculo laboral del actor con la Rama Judicial fue el siguiente: i) secretario
del Juzgado Primero Promiscuo del Municipio de Arauquita durante el
período comprendido entre el 5 de marzo de 1979 al 31 de mayo de 2003; ii)
juez municipal en provisionalidad en dicho despacho judicial en el período
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comprendido entre el 1o. de junio al 6 de junio de 2003; y iii) secretario del
mencionado Juzgado en el período comprendido del 7 de junio de 2003 al 3
de mayo de 2025; y que el pasado 2 de mayo de 2025 cumplió 70 años,
comoquiera que nació el 2 de mayo de 1955.
El 8 de mayo de 2025, la DIRECCIÓN SECCIONAL envió el Oficio núm.
DESAJCUO20-0584 al JUZGADO solicitando lo siguiente:
“[…] Comedidamente me permito informarle, que el sistema de nómina
EFINOMINA, genera alerta de término de vinculación por edad cumplida de
retiro forzoso del empleado SILVIO DURAN GARCIA, identificado con la
C.C.N°17.580.670 quien desempeña el cargo de SECRETARIO del Juzgado
01 Promiscuo Municipal de Arauquita, Arauca, ya que registra como fecha de
nacimiento el día 02/05/1955, lo cual significa que a la fecha cuenta con 70
años de edad, límite máximo de permanencia en el sector público conforme
a lo establecido en la Ley 1821 de 2.016.
Así mismo, revisada su Carpeta de Historia Laboral, fue posible evidenciar
que en las copias de la cédula de ciudadanía del servidor referido, se refleja
la misma fecha de nacimiento el 02/05/1955, motivo por el cual, en este caso
procede desvincular al servidor del cargo con fundamento en lo prescrito por
el artículo 149 de la ley 270 de 1.996, respecto a las formas de terminación
de un contrato laboral en la Rama Judicial, o lo que es lo mismo, las
causales de retiro del servicio: […]”.
[…]
“[…] Por lo expuesto, y en razón a su función nominadora respecto al
empleado SILVIO DURAN GARCIA, según lo establecido por el artículo 131
de la Ley 270 de 1.996, le solicito muy comedidamente informar a esta
Coordinación de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta, si el servidor presentó renuncia o si Su
Despacho ya profirió el acto administrativo de desvinculación del cargo, con
fundamento en la normativa vigente expuesta.
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Es importante recalcar, que se requiere la información de manera
urgente para realizar el proceso de inclusión de la novedad del mes de
mayo.
Para lo que corresponda, anexo a la presente, le allego copias de la
cédula de ciudadanía del servidor, tomadas de su Carpeta de Historia
Laboral […]”.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita corrió traslado al actor de las
diligencias allegadas de la Dirección Ejecutiva Seccional Administración
Judicial de Cúcuta – Norte de Santander contenido en el oficio
DESAJCUO20-0584 de 8 de mayo de 2025, para su conocimiento y fines
pertinentes.
El actor mediante escrito de 12 de mayo de 2025 y dirigido al Juzgado
Promiscuo Municipal de Arauquita, se pronunció frente al oficio
DESAJCUO20-0584 de 8 de mayo de 2025 en los siguientes términos:
“[…] Al efecto, de la manera más respetuosa, le solicito que se abstenga de
dictar acto administrativo alguno, relacionado con mi desvinculación laboral,
toda vez que a la fecha la Dirección Ejecutiva de administración judicial no ha
cumplido con las cargas que le impone la ley ante el Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, lo que me obligó a que en el día de hoy le elevara
derecho de petición, el que me permito anexar a esta petición, con el objeto
de que hasta tanto dicha administración se pronuncie de fondo, no se emita
determinación de su parte, pues de acuerdo con la jurisprudencia, se
incurriría en la violación de mis derechos fundamentales, ya que de la norma
de retiro forzoso se debe atemperar cuando, como en mi caso, se vulneran
derechos fundamentales de la tercera edad […]”.
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El actor presentó el 12 de mayo de 2025 derecho de petición ante la
Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial de Cúcuta – Norte de
Santander, solicitando lo siguiente:
“[…] 1. Con base en lo anterior, solicito que esa Seccional de Administración
Judicial, se abstenga de emitir orden, direccionamiento o de ejecutar
cualquier acto de desvinculación del suscrito empleado, hasta tanto se haya
cumplido con lo siguiente:
a. Se proceda a pagar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las 895
semanas que transcurrieron del 05 de marzo de 1979 al 30 de junio de 1996.
b. Se realice la cotización de las semanas que transcurran desde el 1º de
abril de 2025 hasta la fecha efectiva de mi desvinculación.
c. Se realice ante COLPENSIONES todas las gestiones necesarias por parte
de la Rama Judicial, a través de la Seccional de Administración Judicial, para
lograr que se dicte el acto administrativo de reconocimiento y pago de
pensión, en donde se incluyan las semanas faltantes; así como la inclusión
de mi nombre en nómina de pensionados, sin que se presente solución de
continuidad, ya de llegarse a presentar interrupción entre el salario y la
mesada pensional, se afectarían mis derechos fundamentales al mínimo
vital, a una vida digna, a la seguridad social, a la salud y a la vida, entre
otros.
2. Se me notifiquen todas y cada una de las actuaciones que se desplieguen
a partir de ahora tendientes a mi inclusión en nómina de pensionados, con el
objeto de programar mi retiro definitivo (hacer entrega del puesto de trabajo,
elaborar inventario administrativo y de expedientes físicos y digitales, entre
otras actividades que le corresponden a un Secretario de Juzgado).
Lo anterior conforme a la doctrina y a la jurisprudencia reiterada de las Altas
Cortes, que exige dicha condición como presupuesto de legalidad para la
terminación del vínculo laboral en estos casos […]”.
Igualmente, de las pruebas obrantes en el expediente se evidencia que
mediante la Resolución núm. 001 de 19 de mayo de 2025, la juez
nominadora del Juzgado Promiscuo Municipal de Arauquita decretó la
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cesación definitiva de sus funciones por retiro forzoso, en los siguientes
términos:
“[…] “PRIMERO: Retirar del servicio al servidor Silvio Durán García,
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.580.670, expedida en Arauca,
Arauca, quien desempeña el cargo de secretario Nominado del Juzgado
Promiscuo Municipal de Arauquita – Arauca, perteneciente a la planta
globalizada de Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander
Cúcuta – Arauca […]”.
Verificadas las anteriores situaciones, es del caso traer a colación la
sentencia T-360 de 2017, por medio de la cual la Corte Constitucional fue
clara en advertir que, por regla jurisprudencial, no resulta automática la
desvinculación por cumplir la edad de retiro forzoso sin antes evaluar la
situación concreta del trabajador.
Para lo anterior, en la mencionada providencia se determinaron las
condiciones que se deben verificar para no aplicar automáticamente la causal
del cumplimiento de la edad de retiro forzoso, de la siguiente manera:
“[…] (a) Que no haya sido reconocida la pensión por mora en el fondo de
pensiones, pese a cumplir con los requisitos para recibir la pensión de
vejez o jubilación,12 o
(b) Que le falte un corto período de tiempo para completar el número de
semanas de cotización requeridas para acceder al derecho a la pensión de
vejez13 […]”
12
Corte Constitucional. Sentencia T-294 de 2013.
13
Cf. Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015.
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Por su parte, con el fin de verificar la afectación al mínimo vital, la sentencia
comentada dispone que:
“[…] Para efectos de la valoración de la afectación al mínimo vital, el juez
deberá tener en cuenta, por lo menos, los siguientes criterios14:
(i) Criterio económico. Consiste en evaluar (a) si el salario es el único
ingreso del trabajador; (b) si éste tiene bienes o propiedades que puedan
servirle para satisfacer sus necesidades básicas; (c) si su salario permite
proyectar unos ahorros razonables mientras el trabajador obtiene su
pensión; (d) si los ingresos actuales permiten o no sufragar los gastos del
núcleo familiar y (e) si el trabajador tiene deudas contraídas tiempo atrás.
(ii) Criterio laboral. Consiste en evaluar (a) cuál es el vínculo laboral que
tiene el empleado con la entidad (empleado de carrera, libre nombramiento
y remoción, etc.) y (b) cuál es la profesión o trabajo que desempeña el
accionante, pues el juez debe considerar prima facie las probabilidades de
que el trabajador vuelva a ingresar al mercado laboral15 […]”.
De lo expuesto en precedencia es dable colegir que el actor no se encuentra
dentro de los supuestos o condiciones que permitan inaplicar
automáticamente la causal de cumplimiento de la edad de retiro forzoso,
comoquiera que, si bien es cierto que no se le ha reconocido la pensión de
jubilación, ello no resulta atribuible al fondo de pensiones, teniendo en cuenta
lo solicitado por el actor ante la Dirección Ejecutiva Seccional Administración
Judicial de Cúcuta – Norte de Santander:
“[…] 1. Con base en lo anterior, solicito que esa Seccional de Administración
Judicial, se abstenga de emitir orden, direccionamiento o de ejecutar
cualquier acto de desvinculación del suscrito empleado, hasta tanto se haya
14
Estos criterios son utilizados en las sentencias T-643 de 2015, T-905 de 2013, T-708 de 2011, T-
660 de 2011 y T-294 de 2013.
15
La Corte ha sostenido frente a estos casos que “el examen que le compete al juez de tutela es el de
verificar las condiciones de afectación del mínimo vital, a partir de criterios entrelazados con los
ingresos, rentas, deudas y gastos, así como la expectativa de obtener un empleo según el tipo de
profesión, las condiciones psicofísicas que se puedan convertir en barreras de acceso y la vocación de
permanencia que existía en la labor a su cargo” (Corte Constitucional. Sentencia T-643 de 2015).
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cumplido con lo siguiente:
a. Se proceda a pagar al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, las 895
semanas que transcurrieron del 05 de marzo de 1979 al 30 de junio de 1996.
b. Se realice la cotización de las semanas que transcurran desde el 1º de
abril de 2025 hasta la fecha efectiva de mi desvinculación.
c. Se realice ante COLPENSIONES todas las gestiones necesarias por parte
de la Rama Judicial, a través de la Seccional de Administración Judicial, para
lograr que se dicte el acto administrativo de reconocimiento y pago de
pensión, en donde se incluyan las semanas faltantes; así como la inclusión
de mi nombre en nómina de pensionados, sin que se presente solución de
continuidad, ya de llegarse a presentar interrupción entre el salario y la
mesada pensional, se afectarían mis derechos fundamentales al mínimo
vital, a una vida digna, a la seguridad social, a la salud y a la vida, entre
otros.
2. Se me notifiquen todas y cada una de las actuaciones que se desplieguen
a partir de ahora tendientes a mi inclusión en nómina de pensionados, con el
objeto de programar mi retiro definitivo (hacer entrega del puesto de trabajo,
elaborar inventario administrativo y de expedientes físicos y digitales, entre
otras actividades que le corresponden a un Secretario de Juzgado).
Lo anterior conforme a la doctrina y a la jurisprudencia reiterada de las Altas
Cortes, que exige dicha condición como presupuesto de legalidad para la
terminación del vínculo laboral en estos casos […]”.
La anterior situación, pone de presente que el no reconocimiento de la
pensión de jubilación, no resulta atribuible al fondo de pensiones, en donde
además, al revisarse el acervo probatorio no se allegó prueba alguna que
evidencie afectación alguna al mínimo vital, de conformidad con lo expuesto
por la Corte Constitucional.
En esa medida, la Sala se permite colegir que el actor no se encuentra
dentro de las condiciones dispuestas por la Corte Constitucional que permita
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de manera excepcional ordenar el reintegro por desvinculación de retiro
forzoso por cumplimiento de la edad.
En ese orden de ideas, la Sala revocará la sentencia impugnada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva respecto al CONSEJO SECCIONAL DE
LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 24 de junio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y en su lugar, NEGAR las
pretensiones del amparo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.
NUBIAMARGOTH PEÑAGARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBAACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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