RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2025-00201-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00201-01

Fecha
6 de octubre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00201-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2025-00201-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

6 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida
el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio
de la cual se denegó la solicitud de amparo.

SÍNTESIS 1

El actor alega la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la indebida
notificación de la sentencia que declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa que adelantó contra la Procuraduría General de la Nación. Se revoca la decisión
de primera instancia que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, se declara la
improcedencia de la demanda por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 6 de agosto de 2025, el señor José Ramón Escalante Ramos presentó, en
nombre propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo Administrativo de Cúcuta para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso (derechos de defensa y doble instancia) y acceso a la
administración de justicia. A su juicio, dichas garantías constitucionales fueron
vulneradas porque el Juzgado cometió un error en la digitación de su correo electrónico
al momento de efectuar la notificación de la sentencia proferida en el proceso de
reparación directa que el actor adelantó contra la Procuraduría General de la Nación ,
identificado con el radicado número 54-001-33-40-007-2017-00079-00.

1
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Nulidad por indebida notificación / Reparación
directa / Improcedencia / Subsidiariedad

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Se revoca la decisión de primera instancia

2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

Primero: TUTELAR el derecho fundamental al Debido proceso, doble instancia y acceso
a la administración de justicia.

Segundo: Que se DECLARE por parte del Despacho judicial, la nulidad de la notificación
personal y por ende cualquier actuación que se haya realizado con posterioridad a ella.

Tercero: ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Cúcuta se me notifique
en debida forma la notificación personal de la sentencia emitida por ese despacho el día
13 de junio de 2025, con el fin de ejercer mis derechos fundamentales invocados.

Tercero: (sic) Las demás que el Ad quo considere necesarias.

B. Hechos

3. El señor José Ramón Escalante Ramos presentó una demanda contra la
Procuraduría General de la Nación en ejercicio del medio de control de reparación
directa para obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios derivados de la sanción
de suspensión del cargo de Personero Municipal que le fue impuesta como
consecuencia de un procedimiento disciplinario adelantado en su contra por esa
entidad.

4. Mediante auto del 24 de agosto de 2017, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Cúcuta admitió la demanda y reconoció al abogado Armando Quintero Guevara como
apoderado judicial del actor.

5. En sentencia del 13 de junio de 2025, el Juzgado accionado declaró la caducidad
porque consideró que el medio de control procedente era el de nulidad y
restablecimiento del derecho y no el de reparación directa y, en ese sentido, la demanda
se había presentado de manera extemporánea.

6. El mismo 13 de junio de 2025, el Juzgado realizó la notificación de la sentencia por
medio de correo electrónico enviado a las direcciones de notificación de las partes.

7. El 8 de julio de 2025, el señor José Ramón Escalante Ramos presentó un memorial
en el que solicitó la notificación de la sentencia del 13 de junio de 2025. Allí, sostuvo
que no recibió el correo de notificación enviado el 13 de junio de 2025 por causa de un
error en la digitación de su correo electrónico.

8. Mediante correo electrónico del 9 de julio de 2025, el Secretario del Juzgado
respondió la solicitud del actor. Le informó que, si bien el correo electrónico del 13 de
junio de 2025 fue enviado a un correo equivocado por un error involuntario de digitación,
la notificación de la sentencia se surtió mediante correo enviado a su apoderado.

C. Fundamentos de la vulneración

9. El accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso (derechos de defensa y doble instancia) y acceso a la
administración de justicia porque aún no le ha notificado en debida forma la sentencia

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Se revoca la decisión de primera instancia

del 13 de junio de 2025.

9.1. Sustentó sus afirmaciones en las sentencias de la Corte Constitucional (T-286 de
2018, T-181 de 2019 y SU-387 de 2022) sobre la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso por la indebida notificación de providencias judiciales.

D. Trámite procesal

10. Por auto del 6 de agosto de 20252, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Juzgado Séptimo Administrativo de
Cúcuta para que rindiera un informe sobre los hechos objeto de la demanda de tutela.
Además, le solicitó que precisara: (i) si el señor José Ramón Escalante Ramos es el
demandante en el proceso de reparación directa identificado con el radicado número 54-
001-33-33-007-2017-00079-00 (sic) y si está debidamente representado por apoderado
judicial y (ii) los canales de notificación del demandante.

E. Oposiciones e intervenciones

11. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta 3 (accionado) solicitó denegar las
pretensiones de la demanda de tutela. Presentó un recuento de las actuaciones surtidas
durante el proceso ordinario y, con base en ello, determinó que el señor José Ramón
Escalante Ramos siempre actuó por medio de apoderado judicial y no en nombre propio.
En ese sentido, sostuvo que solo era obligatoria la notificación al apoderado, la cual se
efectuó debidamente, razón por la cual no hubo ninguna vulneración de los derechos
fundamentales del accionante. También allegó copia digital del expediente del proceso
ordinario.

F. Fallo impugnado

12. Mediante sentencia del 21 de agosto de 2025 4, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander decidió denegar la solicitud de amparo por considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales del actor. Si bien constató que se presentó una
irregularidad en la notificación electrónica de la sentencia del 13 de junio de 2025 al
señor José Ramón Escalante Ramos, determinó que la notificación a su apoderado fue
plenamente válida y tenía “suficiencia jurídica para considerar cumplida la carga
procesal de la autoridad [judicial]”.

13. En ese sentido, resolvió:

PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela instaurada por el señor José Ramón Escalante Ramos, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes la presente sentencia, en los términos previstos en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

2
Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
3
Índice 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
4
Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Se revoca la decisión de primera instancia

TERCERO: Si esta providencia no es impugnada, ENVÍESE a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

G. Impugnación

14. En escrito radicado el 27 de agosto de 2025 5, el accionante impugnó la sentencia
del 21 de agosto de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda de tutela.

14.1. Afirmó que el juez constitucional de primera instancia (i) desconoció la
jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso por la indebida notificación de providencias judiciales;
(ii) no estudió los hechos que expuso en la demanda y (iii) se limitó a analizar lo que
indicó el Juzgado en su respuesta sin estudiar las pruebas que allegó con la demanda
de tutela ni practicar “más pruebas que fuesen (sic) sido útiles y necesarias”.

14.2. Además, alegó que se configuró una nulidad procesal según lo dispuesto en el
numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (en
adelante, CGP), porque “el auto de impugnación del fallo de primera instancia no se le
notificó”.

14.3. Por último, adujo que, si bien confirió poder para su representación judicial al
abogado Armando Quintero Guevara, este “dejo (sic) vencer los términos” y por ello
adelantará las acciones disciplinarias correspondientes. En ese sentido, sostuvo que
continúa la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso porque no le fue
posible recurrir la sentencia del 13 de junio de 2025.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

15. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.

I. Sentido de la decisión

16. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado y,
en su lugar, declarará improcedente la demanda de tutela por no encontrar acreditado el
requisito de subsidiariedad. Lo anterior, en vista de que el actor pudo haber alegado la
nulidad en el proceso ordinario.

J. El caso concreto

17.Según los artículos 86 de la Constitución y 6.1 del Decreto 2591 de 1991, el requisito
de subsidiariedad de la acción de tutela implica que esta acción es excepcional y

5
Índice 13 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Se revoca la decisión de primera instancia

residual a los demás medios de defensa judicial. En virtud del requisito de
subsidiariedad, la demanda de acción de tutela solo procede en dos supuestos
excepcionales: (i) cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo y eficaz, caso en el cual la tutela procede como mecanismo de protección
definitivo; y (ii) cuando el afectado utiliza la tutela con el propósito de evitar un perjuicio
irremediable, evento en el que procede como mecanismo transitorio.

17.1. En este sentido, de acuerdo con los artículos mencionados y con lo establecido
jurisprudencialmente por la Corte Constitucional6, si el ordenamiento jurídico ofrece
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos fundamentales que se consideran vulnerados o amenazados, se debe recurrir
a ellos, y no a la acción de tutela, de tal forma que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional.

18. La Sala advierte que la demanda de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad porque lo que pretende el actor es que el Juzgado accionado declare la
nulidad de la notificación de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario y de
todas las actuaciones surtidas con posterioridad a ella, y la vía procesal adecuada para
ese propósito es el incidente de nulidad dentro del proceso ordinario.

19. El mismo accionante, en el escrito de impugnación, reconoció que lo que pretende
en sede de tutela encaja en la causal de nulidad consagrada en el numeral 8 del artículo
133 del CGP, en vista de que lo que alega es la indebida notificación de una providencia
judicial. Sin embargo, de la revisión del expediente del proceso ordinario y según los
hechos de la demanda de tutela, la Sala evidencia que el actor no alegó la configuración
de la nulidad en el proceso ordinario.

20. En vista de que existe un medio judicial idóneo para reclamar lo que ahora pretende
en sede de tutela, y de que el accionante no alegó –y la Sala tampoco advierte– que
haya presentado la demanda como un mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable, la demanda resulta improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 21 de agosto de
2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, DECLÁRASE
la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

6
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2024. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00201-01
Accionante: José Ramón Escalante Ramos
Se revoca la decisión de primera instancia

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.