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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00228-01

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00228-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por incumplimiento del requisito de inmediatez. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2025-00228-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 54001-23-33-000-2025-00228-01
Accionante: Jhon Jairo Moreno Fuentes y otros
Accionado: Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 23 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la
cual se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona la providencia judicial del 18 de diciembre de 2024, proferida
en el curso de un proceso iniciado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por medio de la cual se rechazó la demanda al no
encontrar acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial de acuerdo con lo exigido en el artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. La Sala confirmará la
decisión que declaró la improcedencia de la demanda, pero por incumplimiento del
requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 09 de septiembre de 20252, Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes,
María Fernanda Galván Ayala y el menor MAMG3, mediante apoderada, presentaron
una demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Juzgado Once Administrativo
del Circuito Cúcuta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, en
conexidad con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.
Según los accionantes, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la
providencia proferida el 18 de diciembre de 2024, dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante la cual se rechazó la demanda por no subsanar
el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en el término legal, sin
valorar las circunstancias de fuerza mayor que impidieron su cumplimiento,

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Requisito de inmediatez.
2 Índice 00003 Samai, archivo 1ED_001ActaRep.pdf
3 Se omite el nombre del menor por respeto a sus derechos.

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Accionante: Jhon Jairo Moreno Fuentes y otros
Se confirma la decisión de primera instancia

específicamente el secuestro de la apoderada por parte de un grupo armado, lo que
imposibilitó materialmente la subsanación en tiempo. Los accionantes consideran que
la decisión constituye una vía de hecho judicial que les impidió acceder a un
pronunciamiento de fondo y vulneró sus derechos fundamentales.

2. Los accionantes formularon las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso
a la administración de justicia del accionante.
2. Que se deje sin efectos el auto que archivó fechado diciembre 18 de 2024 el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Que se ordene al Juzgado accionado admitir y tramitar de fondo la demanda
interpuesta.
4. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales del accionante

B. Hechos

3. Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes, María Fernanda Galván Ayala y
el menor MAMG, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el Municipio de Los Patios – Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta4.

4. El despacho judicial inadmitió la demanda mediante auto de 18 de diciembre de
2024, con fundamento en la falta de acreditación oportuna del requisito de procedibilidad
consistente en la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo,
y ordenó el archivo del proceso por no haberse subsanado dicho requisito dentro del
término legal.

5. No fue posible subsanar la demanda, pues en el término legal concedido, la
apoderada designada, abogada María Caicedo Osma, se encontraba en imposibilidad
absoluta de cumplir con el requisito de conciliación extrajudicial, toda vez que fue víctima
de secuestro por parte de un grupo armado organizado (GAO), permaneciendo privada
de la libertad hasta después del 30 de septiembre de 2024, lo que le ocasionó graves
secuelas de salud.

6. La solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada el 29 de mayo de 2024, “antes
del vencimiento del plazo legal”, lo que, conforme a la parte demandante, debió
suspender los términos de caducidad en virtud de lo dispuesto por la ley. La audiencia
de conciliación fue aplazada por solicitud de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Los Patios y reprogramada para el 30 de agosto de 2024, fecha en la que la apoderada
aún se encontraba en cautiverio, circunstancia que constituyó fuerza mayor.

7. El juzgado sostuvo que la parte actora estaba obligada a agotar de manera previa
la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, conforme al artículo 161
del CPACA y a la finalidad constitucional y legal que dicho trámite cumple como
mecanismo para promover acuerdos, evitar litigios y descongestionar la jurisdicción.

8. Explicó que la conciliación solo es válida cuando se presenta antes de la demanda,

4 Proceso radicado bajo el número 54001-33-33-011-2023-00460-00.

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que no es susceptible de subsanación posterior, y que su presentación previa es la que
interrumpe el término de caducidad. En consecuencia, al haber sido presentada la
solicitud de conciliación tardíamente -lo que además ocasionó la extemporaneidad del
medio de control- y al no haber corregido la demanda en los términos ordenados, el
despacho concluyó que procedía rechazar la demanda.

C. Fundamentos de la vulneración

9. Los accionantes sostienen que el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29 C.P.), defensa y contradicción,
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) e igualdad (art. 13 C.P.), al rechazar
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

10. La decisión judicial constituye una vía de hecho, pues impidió un pronunciamiento
de fondo y desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228
C.P.)

11. No se valoró la fuerza mayor y que la exigencia del requisito procesal debe
interpretarse con flexibilidad, conforme a la jurisprudencia constitucional (Sentencias C-
893 de 2001 y T-438 de 2018).

12. La conciliación extrajudicial sí fue agotada, pero en fecha posterior, debido a la
situación de fuerza mayor que afectó a la apoderada de los accionantes.

D. Trámite procesal

13. Por auto del 9 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, admitió la demanda presentada en el ejercicio de la acción de tutela. Ordenó
notificar al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta, al que le solicitó
informar si la decisión adoptada mediante providencia del 18 de diciembre de 2024,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 54001-33-
33-011-2023-00460-00, fue recurrida por la parte demandante.

14. Finalmente, requirió a la apoderada de la parte demandante para que aportara el
documento que acreditara el carácter con el cual actuaba en el presente trámite, pues
el poder allegado no cumplía con las exigencias ni del artículo 74 del Código General
del Proceso – CPG, ni del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, y tampoco había
determinado si actuaba en calidad de agente oficioso.

E. Oposición

15.El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta se refirió a los hechos de la
demanda, a los requisitos de la acción de tutela y al fondo del asunto.

15.1. En relación con los hechos precisó i) la inadmisión de la demanda dentro del
proceso radicado No. 54001-33-33-011-2023-00460-00 se efectúo el 17 de junio de
2024 y solo con posterioridad a ello, esto es, el 28 de junio de 2024, la demandante
intentó la conciliación extrajudicial; ii) el rechazo de la demanda se fundó en que el
requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial se adelantó con
posterioridad a la presentación de la demanda, circunstancia que ocurrió el 17 de

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octubre de 2023. Aseguró que esta posición se ajusta a la jurisprudencia reiterada del
Consejo de Estado; iii) no le consta la circunstancia de fuerza mayor alegada dentro del
proceso de tutela, la cual no se acreditó ni en el proceso ordinario ni en el sub lite; y iv)
el auto del 18 de diciembre de 2024, por el cual se rechazó la demanda, fue notificado
mediante estado del día 19 del mismo mes y año, cobró ejecutoria el 15 de enero de
2025 y contra el mismo no fue interpuesto recurso alguno.

15.2. Frente a los requisitos de la acción de tutela, el juzgado demandado consideró
que no concurren los necesarios para la procedencia del amparo deprecado. En
particular, señaló que no se cumplen los requisitos de inmediatez, dado que la demanda
se presentó 9 meses después de la firmeza de la providencia enjuiciada, ni de
subsidiariedad, pues la parte accionante no interpuso los recursos procedentes contra
la providencia que rechazó la demanda. Aseguró, también, que no se acreditó la
legitimación en la causa activa, pues la apoderada no aportó el poder que la facultara
para representar a Jhon Jairo Moreno Fuentes, María Luisa Fuentes, María Fernanda
Galván Ayala y al menor MAMG.

15.3. En cuanto al fondo de la controversia, indicó que el rechazo de la demanda
obedeció a que el trámite de la conciliación extrajudicial no fue atendido de manera
previa a la presentación de la demanda, exigencia que se sujeta tanto a lo dispuesto en
el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, como a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado. Reiteró que la fuerza mayor alegada por la
apoderada no se encuentra acreditada y que, por el contrario, la circunstancia alegada
no se predica que la época en la cual debió agotar el requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial.

F. Fallo impugnado

16. Mediante sentencia del 23 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander declaró improcedente la acción de tutela porque “no se evidenciaron
actuaciones judiciales ostensiblemente arbitrarias que hagan necesaria la intervención
del juez de tutela”.

16.1. En primer lugar, aunque no se acreditó de manera inequívoca que la abogada
María Caicedo Osma contara con poder otorgado conforme al artículo 5 de la Ley 2213
de 2022, el Tribunal, en aplicación del principio de buena fe, aceptó la información
suministrada por la accionante.

16.2. El Tribunal determinó que la acción de tutela carecía de relevancia constitucional,
ya que el debate planteado por la accionante se desarrolló desde una perspectiva
estrictamente legal, pretendiendo imponer su interpretación sobre el requisito de
conciliación extrajudicial, sin que se evidenciara la afectación directa de derechos
fundamentales.

16.3. Además, la circunstancia de fuerza mayor alegada -el secuestro de la apoderada
judicial- no fue demostrada ni en el proceso ordinario ni en el trámite de la presente
acción de tutela.

16.4. El Tribunal advirtió que la parte demandante no interpuso recurso alguno contra

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la decisión de rechazo de la demanda, omitiendo el agotamiento de los mecanismos
ordinarios de defensa judicial.

G. Impugnación

17. Mediante escrito radicado el 12 de noviembre de 2025, la accionante impugnó la
sentencia del 23 de septiembre de 2025 e insistió en las pretensiones de la demanda
de tutela y los fundamentos jurídicos de su solicitud. Solicitó la revocatoria de la decisión
impugnada.

17.1. La impugnante alegó que el fallo de primera instancia incurre en errores de hecho
y de derecho, al concluir que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales
y que el requisito de procedibilidad no fue cumplido.

17.2. Sostuvo que la subsanación de la demanda se realizó en debida forma y dentro
del término legal, aportando pruebas documentales y electrónicas que fueron ignoradas
por el despacho judicial accionado. Indicó que la omisión en la valoración de dichas
pruebas constituye un defecto fáctico y vulnera el derecho fundamental al debido
proceso.

17.3. Reiteró lo indicado en la demanda en relación con la interpretación restrictiva del
requisito de conciliación extrajudicial al exigir acta previa a la demanda, cuando la
normativa y la jurisprudencia establecen que basta con la presentación de la solicitud
para suspender los términos de caducidad. Señaló que el juzgado accionado incurrió en
defecto sustantivo al aplicar, erróneamente, la norma sobre conciliación y en defecto
procedimental al rechazar la demanda contrariando el principio de acceso a la justicia.

17.4. Expuso que la negativa infundada de tramitar la demanda por supuesta falta de
subsanación constituye un obstáculo indebido al acceso a la justicia, en contravía de los
artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política. Invocó el principio pro actione y la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

17.5. Señaló que la fuerza mayor derivada del secuestro sufrido por la apoderada
judicial fue debidamente acreditada en el expediente, lo que imposibilitó materialmente
la actuación procesal dentro de los plazos legales. Sostuvo que desconocer esta
circunstancia configura una violación directa al debido proceso y a la buena fe procesal.

17.6. Indicó que la improcedencia declarada en primera instancia desconoce el daño
actual y real sufrido por el agenciado Jhon Jairo Moreno Fuentes, afectando sus
derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo y libre movilidad.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

18. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80
de 2019 de esta Corporación.

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I. Sentido de la decisión

19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia en cuanto declaró improcedente
la demanda de tutela, pero lo hará por no encontrar acreditado el requisito general de
inmediatez. En ese sentido, por razones metodológicas, en esta providencia no se hará
la verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la acción5.

J. Caso concreto

20. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
pues los accionantes interpusieron la demanda por fuera del plazo que la jurisprudencia
de esta Corporación ha determinado como razonable para cuestionar providencias
judiciales en sede de tutela, que es seis meses a partir de la notificación de la
providencia objeto de tutela6.

21. La Corte Constitucional ha señalado que, aunque la acción de tutela no está
sometida a un término de caducidad, su ejercicio sí está condicionado por el principio
de inmediatez, entendido como una exigencia de presentar la demanda en un plazo
razonable contado desde la ocurrencia del hecho que origina la vulneración o amenaza
alegada7. Este requisito es esencial para determinar si la situación que afecta el derecho
realmente es apremiante. Cuando existe un retraso excesivo e injustificado, puede
concluirse que ni siquiera el titular del derecho percibe su situación como urgente, lo
que desvirtúa la necesidad de una intervención inmediata del juez constitucional y la
naturaleza expedita propia de la acción de tutela8.

22. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha considerado en los asuntos referentes
a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis de inmediatez debe
ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada,
porque:

La firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente. En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos
casos significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera
de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo… En
un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus

5 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora: e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) Que no se trate de sentencias de tutela. (Ver sentencia C-590
de 2005)
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-020 de 2021, T-143 y T-061 de 2019.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-444 de 2019, reiterada por la sentencia T-234 de 2020.

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derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho
de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución
de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica9.

23. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional10 ha reconocido que, de manera
excepcional, la acción de tutela puede ser procedente incluso cuando ha transcurrido
un periodo amplio entre el hecho generador de la vulneración y su interposición cuando
se demuestra: (i) la existencia de un motivo válido que explique la inactividad del
accionante, como situaciones de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad
o una incapacidad física o material; (ii) que la inactividad injustificada compromete el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) que existe
un nexo causal entre la presentación tardía de la acción y la vulneración alegada; o (iv)
que la afectación es permanente y actual, de modo que, aunque el hecho que la originó
sea antiguo, los efectos lesivos persisten y continúan vulnerando los derechos del
accionante.

24. En este caso, del análisis del escrito de tutela se advierte que la inconformidad de
los accionantes surge a partir del auto proferido el 18 de diciembre de 2024, notificado
por estado el 19 del mismo mes y año, el cual adquirió firmeza el 15 de enero de 2025.
No obstante, la presente acción fue interpuesta el 9 de septiembre de 2025, por lo que
transcurrieron más de seis meses desde la notificación de la providencia que puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; en consecuencia, es evidente que se
superó el término que la jurisprudencia ha considerado razonable para la presentación
de una acción de tutela contra providencias judiciales.

25. Se precisa, además, que en la demanda de tutela no se acreditó ni se alegó
circunstancia alguna que hubiera imposibilitado su presentación dentro de un término
prudencial. La apoderada de los demandantes, pese al requerimiento efectuado por el
Tribunal, no aportó evidencia que permitiera tener por demostrado el secuestro que
afirmó haber sufrido y, en todo caso, dicha situación fue mencionada únicamente por la
impugnante al alegar una fuerza mayor que le habría impedido cumplir con el requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

26. En conclusión, la Sala encuentra que el presente asunto no satisface el requisito
de inmediatez, toda vez que la acción de tutela fue presentada de manera extemporánea
y no se acreditó justificación alguna para su interposición tardía.

27. Conforme lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la acción de tutela, no porque se hubieran descartado actuaciones
judiciales ostensiblemente arbitrarias que ameritaran la intervención del juez
constitucional, sino porque la demanda no superó el requisito de inmediatez, tal como se
explicó.

9 Corte Constitucional, Sentencia del 30 de abril de 2015, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria

Sáchica Méndez.
10 Corte Constitucional, sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T-

1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

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28. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida 23 de septiembre
de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por incumplimiento del
requisito de inmediatez.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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