Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00244-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00244-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2025-00244-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00244-01
Accionante: KARINE YURLEY RICO JAIMES
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE
SANTANDER Y ARAUCA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra Consejo Seccional de la Judicatura // Tutela contra
acto administrativo // situación de supuesto acoso laboral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. La actora manifestó que se desempeña como Secretaría del Juzgado Primero
Laboral de Pequeñas Causas de Cúcuta, autoridad judicial que atraviesa un
escenario de sobrecarga laboral. En ese contexto, la tutelante manifestó que el
Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander inició un proceso de
vigilancia administrativa. En auto CSJNSAV J25-969 proferido el 17 de septiembre
de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander-Sala
Administrativa resolvió abstenerse de abrir vigilancia contra la jueza primera de
pequeñas causas laborales de Cúcuta, pero “instó” a la jueza a iniciar actuaciones
disciplinarias en contra de la tutelante, y reportar supuestas reincidencias.
2. Afirmó que, el auto se produjo dentro de un proceso de vigilancia administrativa
y preventiva que desarrolló el Consejo Seccional de la Judicatura, razón por la cual,
no podían adoptarse decisiones disciplinarias y dirigidas contra una empleada del
juzgado. Además, indicó que la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la dignidad humana, al
buen nombre, al trabajo en condiciones dignas, a la salud, y a la estabilidad
reforzada.
3. Agregó que, en su condición de secretaria del Juzgado Primero Laboral de
Pequeñas Causas, la tutelante indicó que en ese despacho enfrenta una situación
de sobrecarga laboral y acoso por parte de la Jueza titular del despacho, lo que
debió ser tenida en cuenta el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander cuando instó a la juez primera laboral a iniciar acciones disciplinarias en
contra de la tutelante.
4. Describió un escenario de acoso laboral que, indicó, ha sido informado al Comité
de Convivencia, el COPASST y a la Oficina de Bienestar Social, pero manifestó que
no se han activado los protocolos. Adujo que la situación de acoso y de sobrecarga
Radicación número: 54001-23-33-000-2025-00244-01
Accionante: Karine Yurley Rico Jaimes
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
de trabajo ha causado afectación a su salud e incapacidades médicas, incluidas
hospitalizaciones.
5. Solicitó amparar sus derechos al debido proceso, defensa, dignidad, salud
mental, intimidad, buen nombre y estabilidad laboral reforzada, en consecuencia,
dejar sin efecto los apartes del Auto CSJNAVJ25-969 (17/09/2025) que ordenan
instar actuaciones disciplinarias contra ella o reportar supuestas desobediencias y
ordenar al Consejo Seccional abstenerse de dictar actos de vigilancia con efectos
disciplinarios encubiertos.
6. Finalmente solicitó que se ordene a la Jueza Mónica Adriana Revelo Cerón y a la
Dirección Seccional abstenerse de represalias en su contra, al COPASST y a
Bienestar Social activar los protocolos de SST de seguimiento, reducción de carga
excesiva, conciliación y medidas concretas frente al acoso laboral.
Trámite de la tutela
7. Admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia vinculó al Consejo
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, al Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta, el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), a la Oficina de Bienestar Social de la
Dirección Seccional de la Administración Judicial de Norte de Santander y al Comité
de Convivencia Laboral de la Dirección Seccional.
8. El Consejo Seccional de la Judicatura intervino con el fin de indicar que la decisión
cuestionada no afectó derechos fundamentales de la actora. Indicó que, por
información de una usuaria de la administración de justicia, se inició una vigilancia
judicial administrativa, la cual llevó a que el 17 de septiembre de 2025, entre otros
aspectos, se instó a la titular del Juzgado Primero Laboral de Pequeñas Causas de
Cúcuta tomará las medidas para evitar que se repitan actuaciones como la que dio
origen a la vigilancia administrativa. Señaló que la decisión cuestionada no ha
quedado ejecutoriada, toda vez que fue notificada el 18 de septiembre del año en
curso, y que el término para cuestionar la providencia vencía el 2 de octubre, por lo
que la acción se torna improcedente por carecer de subsidiariedad.
9. El Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causa Laborales de Cúcuta indicó
que el Consejo Seccional resolvió una petición de vigilancia administrativa sobre un
proceso judicial competencia de esa autoridad judicial. Informó además que, dentro
de ese trámite explicó que, el juzgado afronta dificultades administrativas derivadas
de movimiento de personal con ocasión a la incapacidad médica otorgada a la
secretaria en propiedad de ese juzgado, desde el mes de noviembre del año 2024,
hasta el mes de marzo del año 2025, su posterior periodo de vacaciones en mayo
del año 2025, y nuevas incapacidades en julio y agosto del año 2025, sumado a la
renuncia de otra empleada del despacho.
10. Precisó que, desde agosto de 2024, había dado la orden de priorizar la solución
del proceso judicial que motivó la denuncia para la vigilancia administrativa. Sin
embargo, sus instrucciones fueron ignoradas por la secretaria del Juzgado.
Argumentó que el acápite resolutivo del auto en que la instan a iniciar procesos
disciplinarios no vulnera el derecho al debido proceso ni ninguno de los alegados
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Accionante: Karine Yurley Rico Jaimes
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
por la tutelante, pues se trata de una facultad que tiene de suyo, y en esa medida,
solo reitera un atributo normativo con el que ya cuenta. Afirmó que el mismo se
debió a continuos actos de indisciplina, irreverencia, irrespeto y desobediencia que
ha protagonizado la tutelante. Concluyó indicando que, la tutelante ha incurrido en
actos de deslealtad con la administración de justicia y con el juzgado al que
pertenece pues ha presentado un número amplio de quejas, peticiones, acciones
judiciales contra la autoridad judicial y sus compañeros de trabajo.
11. El Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Seccional y el Comité de
Convivencia Laboral de la Dirección Seccional intervinieron con el fin de solicitar
que se niegue el amparo, pues no tiene la competencia para tomar ninguna decisión
disciplinaria contra algún servidor judicial y sus actuaciones se han desarrollado con
estricto apego a la normatividad vigente, limitándose a funciones preventivas y
conciliadoras.
12. Las demás autoridades vinculadas guardaron silencio.
Sentencia de primera instancia
13. En sentencia de 9 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander negó el amparo solicitado, pues la actuación administrativa cuestionada
no impuso ninguna sanción ni decisión definitiva respecto a la responsabilidad
disciplinaria de la accionante. Se abstuvo de abrir investigación contra la juez y en
su numeral segundo exhortó a la nominadora a que adelante las actuaciones
pertinentes tendientes a determinar la responsabilidad administrativa de la
secretaría, es decir, se limitó a recomendar e instar que se evaluara el desempeño
de la accionante mediante los procesos regulares. En esa medida, la decisión no
está tomando determinaciones administrativas respecto de la tutelante, si ello fuere
así, lo hará el juez disciplinario con fundamento en las pruebas y garantizando el
debido proceso en una actuación diferente a la que concluyó en el acto
administrativo de vigilancia. Concluyó que la mera expectativa de un posible
proceso no lesiona ningún derecho fundamental actual.
14. Respecto a las demás autoridades accionadas, la sentencia determinó que no
se presentan amenazas concretas a otros derechos fundamentales. Puntualmente
se refirió a la petición de la actora dirigida a que se den órdenes para evitar
represalias por el ejercicio del derecho de acción de amparo. En este punto, el juez
constitucional de primera instancia concluyó que, no se presentan riesgos o
vulneraciones concretas. Si bien es cierto prever represalias, en el desarrollo del
proceso de tutela no se verificó ninguna actuación que pueda comprenderse como
una represalia. Igualmente determinó que no se presentó vulneración imputable al
COPASST y a la oficina de bienestar social, pues esas autoridades mostraron que
desarrollaron las actuaciones que corresponden por mandato de la ley. Citaron a la
tutelante y a la jueza a diligencias de conciliación, visitaron las instalaciones del
juzgado primero municipal de pequeñas causas laborales y tomaron decisiones
dirigidas a garantizar la convivencia laboral respetuosa de la dignidad de las
personas.
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Accionante: Karine Yurley Rico Jaimes
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura Norte de Santander y otros
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Impugnación
15. Reiteró los hechos que puso en conocimiento del juez de tutela en primera
instancia, e indicó que la Jueza primera municipal de pequeñas causas de Cúcuta
ha incurrido en actos de acoso laboral, al punto que la ha insultado dentro de
actividades desarrolladas por el Comité de Convivencia Laboral. En relación con la
procedencia formal de la acción de tutela, la impugnante afirmó que, “existe una
afectación actual y continuada de derechos por un acto atípico que desborda el
marco de vigilancia; (ii) no hay otro medio eficaz e inmediato para detener la difusión
y validación institucional de calificativos (“desobediente”, “rebelde”) sin soporte
probatorio; y (iii) se configura perjuicio irremediable sobre su buen nombre, dignidad
y salud mental en el entorno laboral, que exige órdenes correctivas y de no
repetición. La subsidiariedad no impide la tutela cuando el daño es actual,
reputacional y psicosocial, y se proyecta por la autoridad”1.
16. Argumentó que la decisión administrativa que atacó en tutela incurrió en un
exceso y desviación del marco de la vigilancia judicial administrativa. Recordó que
el Acuerdo PSAA 8716 de 2011 señala las condiciones para que se produzca la
mencionada actividad. Sostuvo que, la decisión de instar a su nominadora a adoptar
medidas disciplinarias quebranta el mencionado acto administrativo mencionado.
Agregó que “la juez no ostenta la competencia disciplinaria para determinar
responsabilidades de servidores judiciales. La potestad disciplinaria respecto de los
servidores judiciales corresponde a la Comisión Nacional/Seccional de Disciplina
Judicial. Instar a la nominadora a “determinar responsabilidad” o “adoptar medidas
disciplinarias” desconoce la competencia y vulnera el debido proceso (art. 29 C.P.)
al dirigir la instrucción hacía autoridad no competente”2.
17. De igual forma, aseveró que la decisión del Consejo Seccional y del juez
constitucional de primera instancia, asumen como propias, afirmaciones en las que
se señala a la tutelante de actos de desobediencia y rebeldía, lo cual afecta su
derecho al buen nombre, desconoce la presunción de inocencia y agrava el daño al
ordinar notificación de tales señalamientos a terceros. Cuestiona que el juez de
tutela dio por ciertas afirmaciones que se realizaron en su contra, afectando su buen
nombre como empleada judicial de 18 años de trayectoria en la rama judicial.
18. Sostuvo los cuestionamientos en contra de la decisión del Consejo Seccional de
la Judicatura y la omisión del Comité COPASST y el Comité de Convivencia de
prevenir y mitigar, desde un enfoque psicosocial, los casos de acoso laboral. Reiteró
las peticiones de amparo y órdenes dirigidas a las autoridades accionadas.
CONSIDERACIONES
Competencia
19. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 32 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
1
Folio 4 del recurso de impugnación.
2
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Problema jurídico
20. En primer lugar, la Subsección debe establecer si, en relación con el auto de 17
de septiembre de 2025, proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte
de Santander y Arauca dentro del trámite de vigilancia judicial administrativa la
acción es formalmente procedente, teniendo en cuenta que, la determinación se
abstuvo de iniciar proceso de vigilancia administrativa, pero instó a la titular del
juzgado primero municipal de pequeñas causas laborales de Cúcuta, “en su
condición de directora del despacho y responsable del control funcional de sus
empleados, para que adelante las actuaciones pertinentes tendientes a determinar
la responsabilidad administrativa de la funcionaria involucrada, adoptando las
medidas disciplinarias y de control interno que resulten procedentes, todo ello en
aras de garantizar la prestación eficaz y oportuna del servicio”. En caso de concluir
que el amparo es procedente, se formulará un problema jurídico de fondo.
21. Como segundo problema jurídico se debe, además establecer si el Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), la Oficina de Bienestar
Social de la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Norte de Santander
y al Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Seccional incurrieron en
amenazas o vulneraciones a los derechos fundamentales de la actora,
puntualmente, en omitir aplicar protocolos de atención y tratamiento de denuncias
de acoso laboral.
22. Con el fin de resolver los dos anteriores problemas jurídicos, se reiterará el
precedente judicial respecto a la acción de tutela contra actos administrativos
proferidos por el Consejo Seccional de la Judicatura. Ello con el fin de resolver el
primer interrogante. Posteriormente, se mencionará el precedente judicial sobre la
procedencia de la acción de tutela por eventos de acoso laboral.
Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos.
23. La Constitución de 1991, en su artículo 86 prescribe que la acción de tutela es
procedente únicamente cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial.
En el mismo sentido el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción
de tutela será procedente cuando el tutelante haya agotados todos los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, salvo que, en los términos del artículo
8° del mismo decreto ley, se acuda a la tutela como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
24. Además la jurisprudencia3 ha recordado que, todos los mecanismos judiciales
son procedentes para la protección de derechos fundamentales, salvo aquellos que,
en un caso concreto sean inidóneos o ineficaces. Por lo anterior, se ha indicado
que son improcedentes las acciones de tutela en que el actor cuenta con
mecanismos judiciales pendientes de agotar y no se evidencia que esté en una
situación de un perjuicio irremediable o existiendo el mecanismo judicial, en el caso
concreto, sea inidóneo o ineficaz.
25. En el caso concreto, la tutelante está cuestionando una decisión administrativa
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander y
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015.
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Arauca. La determinación de 17 de septiembre de 2025 se abstuvo de iniciar una
actuación de vigilancia judicial en los términos del artículo 101 Núm. 6° de la Ley
270 de 1997. Ese procedimiento no es de carácter judicial, de modo que resulta
pasible de los medios judiciales de control previstos en la Ley 1437 de 2011 ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Quiere decir ello, que la tutelante busca
atacar una determinación de carácter no judicial, proferida por el Consejo Seccional
mencionado, a través del medio de amparo constitucional. Por lo anterior, surge de
bulto que se trata de un ataque a una decisión de la administración que, prima facie,
es procedente ejercer su control de legalidad a través del medio judicial de nulidad
restablecimiento del derecho.
26. En el caso concreto, la actora solicita que a través de acción de tutela se deje
sin efecto el ordinal segundo del acápite resolutivo, sin ofrecer razones por las
cuales, en el caso concreto los medios ordinarios de defensa judicial no resultan
idóneos o eficaces. En el escrito de impugnación afirmó que enfrenta una situación
de perjuicio irremediable, no obstante, no aportó medios de conocimiento que, de
forma concreta o incluso abstracta, permitan evidenciar que está ante un riesgo
serio, grave, urgente e inminente de una afectación a un derecho fundamental.
Aseveró que la decisión administrativa que cuestiona afectó sus derechos al buen
nombre, al debido proceso y a la dignidad, no obstante, no ofreció elementos de
prueba que permitan al juez constitucional desplazar al juez natural del acto
administrativo acusado.
27. Esta corporación no desconoce que los hechos que denuncia la actora,
puntualmente aquellos relacionados con supuestos eventos de acoso laboral, son
de especial importancia y exigen el mayor compromiso de las autoridades
encargadas del gobierno y administración de las autoridades judiciales que integral
la rama judicial del poder público, no obstante, ellos, por sí solos, en el caso concreto
no tienen el alcance de mostrar condiciones para superar el examen de
subsidiariedad. Esto pues, como se acabó de afirmar, la decisión administrativa que
cuestiona la actora cuenta con medios judiciales ordinarios idóneos y eficaces en el
caso concreto, motivo por el cual, si la tutelante desea cuestionar el ordinal segundo
del auto de 7 de septiembre de 2025, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca dentro de la vigilancia judicial
administrativa 54-001-11-01-002-2025-00223-00.
28. Respecto a la actuación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST), la Oficina de Bienestar Social de la Dirección Seccional de la
Administración judicial de Norte de Santander y del comité de convivencia laboral
de la dirección seccional y se verifica que, las autoridades accionadas han
desarrollado las actividades propias de sus competencias, activando los
procedimientos de conciliación y prevención del acoso laboral. En los informes
remitidos al expediente de tutela se verifica que las instancias accionadas han
atendido las quejas presentadas por la tutelante. En documento de la Coordinadora
de Bienestar Social y SST, remitido al expediente, se indicó que, se había activado
el protocolo de seguridad en el trabajo y “se le han realizado exámenes periódicos
ocupacionales, se realizó Análisis de puesto de trabajo Psicosocial, se ingresó a la
servidora al programa Conscientemente desde el 02 de septiembre de 2025 como
apoyo psicológico programa dispuesta desde la Rama Judicial con apoyo de la ARL
POSITIVA, asimismo desde el COPASST se ha realizado seguimiento al caso. El
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08 de septiembre de 2025 se realiza acompañamiento ante situación manifestada
por la servidora. Las psicólogas asesoras de ARL POSITIVA y Rama judicial, han
estado prestas a realizar el acompañamiento pertinente ante situaciones de índole
psicosocial que ha manifestado la servidora, sin dejar de lado que se le indica a la
servidora continuar con su médico tratante ante la EPS y lo correspondiente en
dicha entidad; lo anterior, mientras no se cuente con la notificación de un evento de
origen laboral que dé lugar a intervención de la administradora de riesgos
laborales”4.
29. En el mismo sentido, la Subsección observa las intervenciones de las demás
entidades accionadas5, pues indicaron que, ante la denuncia de supuestos actos de
acoso laboral contra la tutelante han ejecutado las actividades que prescriben la Ley
1010 de 2006, el convenio 190 de la OIT aprobado por la Ley 2060 de 2025 y el
Acuerdo PCSJA23-12007 de 2023 proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura. En efecto, el Comité de Convivencia Laboral precisó que el 24 de abril
de 2025 recibió la queja, el 6 de mayo de 2025 convocó a la parte quejosa y a la
parte implicada. El 9 de junio de 2025, se produjo una visita al despacho del juzgado
primero municipal laboral de pequeñas causas. Se indicó que las actuaciones se
realizaron garantizando la confidencialidad, el debido proceso y los principios de
imparcialidad. Se señaló también que la Ley 1010 de 2006 señala que su objetivo
es prevenir actos de acoso laboral, y en esa medida, conciliar eventos de conflictos
laborales. En esa medida, ante la imposibilidad de conciliar, la única actuación
posible es la remisión del expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
30. En ese contexto, conforme las actuaciones que informaron las entidades
accionadas y concretamente aquellas relacionadas con los supuestos actos de
acoso laboral que ha sufrido la tutelante no se verifica que hayan incurrido en alguna
omisión que quebrante los contenidos normativos previstos por el legislador. En su
escrito de impugnación, la actora sostiene que no han desplegado acciones con
enfoque psicosocial, no obstante, no precisa en qué consisten las supuestas
omisiones y ello no se compadece con lo que esas autoridades pusieron en
conocimiento de la subsección, informes en los que, se evidencian actividades
dirigidas a la aplicación concreta de la Ley 1010 de 2006 y la conciliación de las
diferencias laborales puestas en conocimiento en el escrito de amparo. Por lo
anterior, se confirmará la decisión de primera instancia de negar el amparo
solicitado.
31. No obstante, a juicio de esta Subsección, en sede de juez constitucional, resulta
posible concluir que existe una diferencia laboral importante entre la tutelante y la
Jueza Primera Municipal de Pequeñas Causas de Cúcuta y que la misma debe ser
atendida por las autoridades accionadas desde los estándares nacionales e
internacionales, previstos en el Convenio 190 de la OIT, recientemente aprobado
en la Ley 2528 de 2025, y del cual se encuentra bajo el examen del control abstracto
de constitucional por parte de la Corte Constitucional6. El mencionado tratado
internacional, concretamente, el artículo 4, prescribe que, los Estados deben aplicar
4
Índice Samai 15
5
Índice Samai 9
6
En Sentencia C-359 de 2024, fundamento jurídico No. 409 y 410, la Corte Constitucional explicó
que, los tratados internacionales de derechos humanos son vinculantes internamente, desde el
momento de la aprobación de la ley del tratado.
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un enfoque “inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de
género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este
enfoque debería tener en cuenta la violencia y el acoso que impliquen a terceros,
cuando proceda”. Además, las autoridades estatales deben “velar por que las
políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso” y adicionalmente, “adoptar una
estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el
acoso”. Estos estándares internacionales deben ser necesariamente tenidos en
cuenta por las autoridades encargadas de prevenir y atender las denuncias de
acoso laboral. Estos estándares normativos complementan la Ley 1010 de 2006 y
en esa medida, en adelante, se exhortará al Consejo Seccional de la Judicatura de
Norte de Santander y Arauca para que, en este caso, acuda directamente al
Convenio 190 de la OIT, específicamente a la obligación estatal de atender los
casos de acoso laboral desde un enfoque inclusivo e integrado, agregando que
debe contar con normatividades actualizadas a los nuevos estándares
internacionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cuanto negó el amparo solicitado
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, y en
su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE por las razones expuestas en la
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia de 9 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
TERCERO: EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca para que, en lo sucesivo, aplique las prescripciones normativas
del Convenio 190 de la OIT, aprobado por la Ley 2528 de 2025.
CUARTO: ORDENAR, por secretaría, notificar a las partes la presente decisión por
el medio más expedito.
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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VF
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