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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00252-01

Fecha
26 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00252-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que amparó los derechos fundamentes invocados por el accionante. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y remitir copia. CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2025-00252-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 54001-23-33-000-2025-00252-011
Accionante : Édgar Eduardo Rangel Urbina
Accionado : Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, rechazo del medio de control
de reparación directa
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionado contra el fallo
del 20 de octubre de 2025, emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander2, que amparó los derechos fundamentales invocados por el accionante.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la
procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

El 3 de octubre de 2025, el señor Édgar Eduardo Rangel Urbina, interpuso el
presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la propiedad y a la vivienda dignada,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Cúcuta.

Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Robiel Amed Vargas González.

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

[…]

2. Que se ordenen medidas necesarias para garantizar la protección de mis derechos
fundamentales, incluyendo:

Que la parte demandada responda económicamente por los vidrios reparados con
nuestros recursos.

Que se reconozca y compense el daño moral ocasionado por la situación.

Que se asegure la continuidad y pronta resolución de la demanda de reparación directa.

Que se adopten medidas provisionales que protejan nuestros derechos y eviten futuras
vulneraciones

1.3 Hechos3

De los documentos allegado al proceso y de lo relatado por el accionante, se
establece que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
con ocasión de unos daños causados a un bien inmueble de propiedad de su señora
madre.

El asunto fue asignado al Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta 4,
que, mediante providencia del 24 de julio de 2025, inadmitió la demanda y
concedió el término de 10 días al demandante para subsanarla, por incumplir con
los requisitos previstos en los artículos 160, 161 y 162 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Posteriormente, a través de auto del 28 de agosto de 2025, la autoridad judicial
accionada, rechazó la demanda al no haberse efectuado la corrección dentro del
plazo otorgado.

En su sentir, «la demora o inacción» por parte del accionado al no dar trámite a la
demanda de reparación directa vulnera sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la propiedad, vivienda digna, a la integridad y «bienestar emocional».

1.4 Contestación de la acción

1.4.1 El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta5 realizó un
recuento de las actuaciones jurídico-procesales surtidas al interior del proceso

3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 3.
4
Proceso núm. 54001-33-33-012-2025-00179-00.
5
Índice 8 de SAMAI del expediente de primera instancia.
2

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

ordinario y señaló que, que la acción de tutela de referencia resulta improcedente
por incumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que, el accionante tenía a su
alcance mecanismos ordinarios de defensa para controvertir la decisión que
rechazó la demanda y no hizo uso de ellos.

1.5 Providencia impugnada6

Mediante fallo del 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del actor, dejó sin efectos las providencias del 24 de julio
y 28 de agosto de 2025, proferidas por el Juzgado Accionado, dentro del medio de
control de reparación directa y ordenó a dicho Despacho que, antes de adoptar
cualquier decisión en ese proceso, debía de verificar que el accionante actuara
mediante apoderado judicial. Conminó además al señor Rangel Urbina para que
para que otorgara poder a un profesional del derecho que represente sus intereses
en el mencionado trámite.

Lo anterior, al considerar que, el Juzgado incurrió en defecto procedimental
absoluto, derivado del desconocimiento del artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, en
la medida en que inadmitió y posteriormente rechazó la demanda pese a que el
proceso exigía la intervención de apoderado judicial. A juicio de la Sala, una vez el
despacho advirtió que el actor debía comparecer mediante abogado, estaba en el
deber de abstenerse de continuar el trámite y de requerirlo previamente para que
constituyera apoderado. De esta manera se le aseguraba el ejercicio real del
derecho al acceso a la administración de justicia y debido proceso.

1.6 La impugnación7

Inconforme con la anterior decisión, el accionado la impugnó, para cuyo propósito
sostuvo que, el actor debía acudir al medio de control ejercido mediante abogado
de conformidad con lo establecido en el artículo 160 del CPACA. Al tenerse por
incumplido dicho requisito se configura una causal de inadmisión, además, no existe
deber legal de requerir previamente para el otorgamiento del poder.

6
Índice 10 de SAMAI del expediente de primera instancia.
7
Índice 13 de SAMAI del expediente de primera instancia.
3

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

De otro lado, insistió en el incumplimiento del requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, esto es la subsidiariedad, ya que el actor pudo
haber subsanado dentro del plazo otorgado y tenía a su disposición los recursos de
reposición y apelación contra el auto de rechazó la demanda. En consecuencia,
solicitó revocar el fallo impugnado y declarar improcedente la tutela.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo 80
del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 La acción

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la

8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
4

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho12.

2.3 Cuestión previa

En el asunto sub examine, aunque el demandante no solicita dejar sin efectos las
providencias del (i) 24 de julio de 2025, mediante el cual, se inadmitió la demanda
de reparación directa; y (ii) 28 de agosto de 2025, a través del cual, se rechazó la
demanda, proferidas por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta, se
tiene que lo pretendido es «[q]ue se asegure la continuidad y pronta resolución de la demanda
de reparación directa». Por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que

el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva el escrito
inicial13, resulta procedente analizar este trámite a partir de la providencia del 28 de
agosto de 2025, que fue, la que dio por terminado al mencionado asunto
contencioso-administrativo.

2.4 Problema Jurídico

Se contrae a determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad; y, en caso afirmativo, si es dable a través de este mecanismo
constitucional, examinar el eventual quebranto de los derechos fundamentales que
pueda comportar la decisión del 28 de agosto de 2025 proferida dentro del proceso
núm. 54001-33-33-012-2025-00179-00, por medio de la cual, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cúcuta, rechazó la demanda de reparación directa
presentada por el actor.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de

12
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
13
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: “Respecto del papel del juez de tutela, esta
Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda”.
5

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Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

6

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto
lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
7

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales14, rectificó su posición
mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer que la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos16.

2.6 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela

El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario,
es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un
instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la
protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.

14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8

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De acuerdo con la jurisprudencia constitucional17 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales
a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus
intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la renuencia
o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la normativa legal,
constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la acción
constitucional frente al caso particular18.

Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso de
amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues,
de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a los derechos inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es
decir, no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii)

17
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
18
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9

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el perjuicio que se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de
gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para
evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir, en
caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna»19.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los
derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
competente decide de fondo la acción correspondiente20.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional21 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues, si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute
la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos
someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que
motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez de tutela no
le concierne probar las circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de
tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.

2.7 Caso concreto

Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se
tiene que, deviene en improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad en
las acciones de tutela contra providencias judiciales de acuerdo con las razones
que, se pasan a exponer.

La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de
los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas
jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de lo contrario la acción de
tutela procede de manera transitoria22.

19
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
20
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
21
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
22
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
10

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

Como se estableció en la cuestión previa, la inconformidad del actor se origina en
la providencia del 28 de agosto de 2025, por medio de la cual, el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Cúcuta, rechazó la demanda de reparación al no
haber sido subsanada, lo que a su juicio, constituye una vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso.

Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió que
las acciones de tutelas dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben cumplir
una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales 23, que ya
fueron referidos en la parte considerativa de la presente actuación, sin embargo, se
observa que, la parte accionante no agoto todos los mecanismos judiciales que
ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.

En ese sentido, el demandante disponía del recurso de reposición consagrado en
el artículo 24224 del CPACA, para que el mismo Juez que emitió la decisión la revise
y, en caso de considerarlo pertinente, la modifique.

Asimismo, el artículo 243, numeral 125 ibidem, establece que, el auto que rechaza
la demanda es susceptible de recurso de apelación, esto es, la posibilidad de acudir
ante el superior jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta a
derecho, o si por el contrario, debe de revocarse lo decidido en primera instancia.

Por lo tanto, los anteriores medios de defensa resultaban idóneos y eficaces para
cuestionar la decisión del 28 de agosto de 2025 que rechazó la demanda, los cuales,
tenía el deber de agotar antes de acudir a la tutela.

En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que la
tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los
recursos ordinarios cuando la parte afectada dejo vencer los términos para
interponerlos sin una justificación válida, al respecto indicó:

Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo,
permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el
reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela

23
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24
«ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021. El recurso de reposición
procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto
en el Código General del Proceso.».
25
CPACA artículo 243, #1 Apelación “(…) El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el
mandamiento ejecutivo.”
11

Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina
a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio
o lesión constitucional26.

En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se reabran
etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber
presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario 27.

De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela, pues, el accionante no sustento alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela.

En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial»28.

Finalmente, destaca la Sala, que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al juez
constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en ellos,
a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al debido
proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide asumir que
los medios ordinarios de defensa resultan ineficaces para proteger los derechos de
los demandantes y evitar un daño inminente.

III. DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, la Sala concluye que las circunstancias propias del asunto
no colman los presupuestos legales ni jurisprudenciales para la procedencia del
amparo constitucional, por tal motivo, se revocara el fallo impugnado, que amparó
los derechos fundamentales del accionante, para en su lugar, declarar improcedente
el amparo deprecado.

26
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28
Artículo 86 de la Carta Política.
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Radicado: 54001-23-33-000-2025-00252-01
Demandante: Édgar Eduardo Rangel Urbina
Demandado: Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cúcuta

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que amparó los derechos
fundamentes invocados por el accionante. En su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Norte
de Santander y remitir copia.

CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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