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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00264-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00264-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la decisión del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2025-00264-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

20 de noviembre de 2025

Demandante: Sergio Felipe Buitrago Leal
Demandado: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00264-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2025-00264-01
Demandante: SERGIO FELIPE BUITRAGO LEAL
Demandados: JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE CÚCUTA

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Confirma carencia actual de objeto por hecho
superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 30 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 14 de octubre de 20251, el señor Sergio Felipe Buitrago Leal, actuando en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cúcuta, con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, información, debido proceso, defensa y salud.

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la falta de respuesta por parte de la autoridad judicial accionada, a la
petición enviada por el actor el 28 de septiembre de 2025.

1 Acción de tutela radicada en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Penal;
autoridad que remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander en auto del 15
de octubre de 2025 atendiendo a las reglas de reparto.

1

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Demandante: Sergio Felipe Buitrago Leal
Demandado: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00264-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1. Conceder la medida provisional solicitada.
2. Ordenar a el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
que de manera inmediata entregue la documentación solicitada2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 28 de septiembre de 2025, el señor Sergio Felipe Buitrago Leal radicó una
petición ante el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, en la que
pidió lo siguiente:

SOLICITO SE ME REMITA COPIA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVIÓ DE
SUSTENTO PARA FUNDAMENTAR Y SOPORTAR LA EMISIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 009 DE 20253, EN ESPECIAL LA QUE SIRVIÓ PARA APLICAR EL
ENFOQUE DE GÉNERO Y COMPROBAR LA CONDICIÓN DE MADRE CABEZA DE
FAMILIA DE LA SEÑORA MARÍA ALEJANDRA LEÓN YAÑEZ.4

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte accionante señaló que se vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, información, debido proceso, defensa y salud por parte de la autoridad
accionada, porque la autoridad judicial accionada no ha dado respuesta a la solicitud
que le fue elevada, pese a que ya feneció el término legal para ello.

1.5. Trámite de la acción de tutela

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en auto
del 20 de octubre de 2025, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
accionante5 y, como autoridad accionada, al Juzgado Segundo Penal del Circuito

2 Transcripción literal que puede contener errores.
3 A través de la cual, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta resolvió:

«PRIMERO: Nombrar en PROPIEDAD a la abogada Viviana Carrillo Quintero, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 1.092.353.906 de Villa del Rosario, en el cargo de OFICIAL MAYOR O
SUSTANCIADOR NOMINADO, CÓDIGO 26181 de este Despacho, que venía desempeñando el
abogado Sergio Felipe Buitrago Leal».
4 Transcripción original del texto con posibles errores.
5 Índice 006 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo:
sbuitral@cendoj.ramajudicial.gov.co y sefebule93@hotmail.com.

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Especializado de Cúcuta6.

Asimismo, dispuso notificar del trámite constitucional al Procurador Judicial II
Delegado en lo Judicial para Asuntos Administrativos7 y al Defensor del Pueblo8
como terceros con interés en el proceso.

Además, negó la medida provisional solicitada por el accionante, por considerar que
no cumplía los presupuestos dispuestos por la norma y la jurisprudencia para su
decreto.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta9

El titular del despacho indicó que, comoquiera que el objeto de la solicitud envolvía
el suministro de información personal de la señora María Alejandra León Ñañez,
quien ostenta la calidad de oficial mayor en provisionalidad del juzgado, la requirió,
previamente para obtener su autorización para la entrega de la documentación
pedida, no obstante, refirió que la interesada no lo autorizó.

Por consiguiente, el 21 de octubre de la presente anualidad envió al actor la
respuesta a su solicitud al correo: sbuitral@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que le
explicó los motivos por lo que negaba la petición, esto es, que se trataba de
información sometida a reserva legal; sin embargo, le indicó cuáles fueron anexos
que sirvieron de soporte para expedir la Resolución 009 de 2005.

Por lo anterior, concluyó que dio una respuesta clara, de fondo y precisa a lo pedido.

1.7. Fallo impugnado10

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia del 30 de octubre
de 2025, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

6 Índice 006 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo:
j02pespctocuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Índice 006 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo:
procjudadm24@procuraduria.gov.co y rcelis@procuraduria.gov.co.
8 Índice 006 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo:
nortesantander@defensoria.gov.co; <notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co.
9 Índice 007 de Samai de primera instancia.
10 Índice 010 de Samai de primera instancia.

3

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El a quo concluyó que, si bien el despacho accionado no había resuelto la petición
del actor cuando se radicó este mecanismo, lo cierto es que, la solicitud se resolvió
de manera formal, clara y de fondo durante el trámite de la presente acción y se
notificó debidamente.

Explicó que, en la respuesta remitida al actor, la autoridad judicial le precisó al actor
los documentos tenidos en cuenta al momento de expedir la Resolución No. 009 de
2025, así como las razones jurídicas que le impedían entregar la copia de estos,
pues estaban sometidos a reservar legal.

Por lo anterior, concluyó que la parte accionada resolvió lo pedido por el tutelante.

1.8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión anterior y pidió que se revoque el fallo de tutela,
y en su lugar, se conceda el amparo.

Señaló que, si bien recibió una respuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Cúcuta, este no le remitió la documental pedida, la que, en su
sentir, no está sometida a reserva legal en su totalidad, por lo que pidió que le sean
enviados los anexos que no tengan tal limitante, como sucede con la escritura
pública mediante la que se liquidó la sociedad conyugal de la señora León Yañez.

Asimismo, refirió que el oficio de contestación del accionado se le notificó fuera del
término legal de 10 días, dado que se trata de una petición de información.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por el tutelante contra la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 30
de octubre de 2025 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander para lo cual
deberá resolver el siguiente problema jurídico:

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• ¿El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta incumplió
con el deber de resolver de fondo, de manera clara y precisa la petición
radicada por el señor Sergio Felipe Buitrago Leal el 28 de septiembre de
2025?

Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición; (iii) la
carencia actual de objeto y, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.

2.4. Del derecho de petición

El derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se traduce en la
facultad que tienen los ciudadanos de formular solicitudes respetuosas para obtener
información o de pedir copias de documentos no sujetos a reserva a las autoridades
correspondientes o a los particulares y obtener una pronta y completa respuesta a
sus inquietudes.

La naturaleza de este derecho está establecida en la Constitución de 1991, como
de aplicación inmediata, dada su pertenencia al ámbito de los derechos inherentes
a la persona y su relevancia para la participación de la misma, así como para
asegurar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, al igual que
los deberes sociales del Estado y la posibilidad de hacer realizables otros derechos
fundamentales12.

11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
12 Corte Constitucional. Sentencias T-552 del 1.10.98. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-542 del

13.06.06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-451 del 26.05.11. M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto, entre otras.

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Diversos pronunciamientos de orden constitucional han definido los presupuestos
esenciales del derecho de petición así: i) en la posibilidad de formular peticiones
respetuosas, por motivos de interés general o particular y ii) en la obtención de una
pronta resolución del asunto puesto en consideración. Esos componentes del
derecho de petición son inescindibles, esto es, que el goce y satisfacción del mismo
se realiza una vez ambos se verifiquen; por lo tanto, el derecho se concreta en la
formulación de una petición, pero se efectiviza con la resolución pronta y material,
independientemente de si la respuesta resulta o no favorable al sentido de la
misma13.

De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la resolución
efectiva, sino que, es necesario que esta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Máximo Tribunal Constitucional ha señalado:

Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden reservarse su
sentido, para la efectividad del derecho de petición es necesario que la
respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y sea puesta en
conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el contenido de lo resuelto
no podrá afirmarse que el derecho ha sido observado cabalmente14. (Negrita y
subrayado fuera del texto)

Lo anterior, no solo indica su importancia en el ámbito jurídico, sino que trasciende
al nivel social, pues es este el mecanismo de interacción entre las entidades y el
particular, y su desconocimiento traería consigo inseguridad jurídica y desconfianza
en la administración.

A través de la Ley Estatutaria 1755 de 2015, se reguló el derecho constitucional de
petición, normatividad que entró en vigencia a partir de la fecha de su publicación,
en la que se dispuso que, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara,
precisa y congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre
información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues
eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada
[…]15.

13 Corte Constitucional. Sentencias T-495 del 12.08.92., T-010 del 18.01.933, T-392 del
06.09.94., T-392 del 05.09.95. y T-291 del 02.07.96.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-529 del 17.11.95., M.P. Fabio Morón Díaz.
15 Corte Constitucional, sentencia T-149 del 19.03.13., M.P. Luis Guillermo Pérez.

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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «[…] los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante […]»16.

Por lo tanto, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca17.

2.5. Carencia actual de objeto

La Sala ha explicado en varias ocasiones18 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el transcurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por hecho
superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se

16 Ibidem.
17 Sobre el tema, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Susana Buitrago Valencia, Sentencia 22.03.12., Rad. 25000-23-25-000-2012-00150-01,
18 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.

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pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.19

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado. (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como
el acaecimiento de una “situación sobreviniente20”.

Con base en el referenciado marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional
ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales21.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre

19 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual

se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”.
20 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual

se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal22.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados23.

2.6. Caso concreto

El señor Sergio Felipe Buitrago Leal alegó la vulneración de su derecho fundamental
de petición, información, debido proceso, defensa y salud, con ocasión de la falta
de respuesta a la solicitud elevada el 28 de septiembre de 2025 ante la autoridad
judicial accionada, en la que pidió la documentación que sirvió de soporte para
expedir la Resolución 009 de 2025, en especial, los anexos que demostraban la
condición de cabeza de familia de la señora María Alejandra León Yáñez.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
sentencia del 30 de octubre de 2025, declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado, dado que, el juzgado, previo a que se dictara el fallo de primera instancia
y mediante correo del 21 de octubre de la misma anualidad, notificó al actor la
respuesta a lo pedido.

Ahora bien, el accionante impugnó la sentencia a quo, en el sentido de señalar que,
si bien recibió la comunicación de la parte accionada, en esta no se entregó la
documental pedida, máxime porque, a su juicio, no todo estaba sometido a reserva
legal. Aunado a que señaló que su petición se resolvió fuera del término legal.

En consecuencia, se analizará el objeto de la petición con la respuesta aportada.

Petición de actor24 Respuesta25
SOLICITO SE ME REMITA En atención a lo solicitado me permito informar que los
COPIA DE TODA LA documentos tenidos en cuenta en la resolución No. 009 de 2025
DOCUMENTACIÓN QUE y que respaldan uno de los factores diferenciales utilizados, son:
SIRVIÓ DE SUSTENTO PARA
FUNDAMENTAR Y SOPORTAR
1. Escritura pública No. 2372 del 4 de agosto de 2025 de la
LA EMISIÓN DE LA
RESOLUCIÓN 009 DE 2025, EN Notaría Quinta del círculo de Cúcuta, mediante la cual los señores
ESPECIAL LA QUE SIRVIÓ Camilo Guerrero y María Alejandra León Yáñez liquidan la
PARA APLICAR EL ENFOQUE

22 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
24 Índice 002 de Samai de primera instancia.
25 Índices 007 de Samai de primera instancia.

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DE GÉNERO Y COMPROBAR sociedad conyugal y suscriben la cesación de efectos civiles del
LA CONDICIÓN DE MADRE matrimonio religioso.
CABEZA DE FAMILIA DE LA 2. Registro Civil de Nacimiento de la niña S.M.G.L (parentesco).
SEÑORA MARÍA ALEJANDRA
3. Historia clínica de la señora G.Y.P madre de María Alejandra
LEÓN YAÑEZ.
León Yáñez.
4. Registro civil de nacimiento de la señora María Alejandra León
Yáñez (parentesco).

Ahora, si bien dichos documentos fueron exhibidos por la señora
León Yáñez y por ende leídos, confirmados y valorados por el
suscrito, por solicitud expresa de ella, no se almacenó copia en
su hoja de vida, pues se trata de documentos privados y que
involucran datos de su hija menor de edad.

Tal solicitud (la de no almacenar los documentos) resulta
totalmente razonable pues, en efecto, tanto la escritura pública
como el registro civil de la niña contiene sus datos e información
privada de las partes, en tanto que allí se suscribió el acuerdo
relacionado con la menor y otros aspectos más que obedecen a
la órbita de la otrora familia.
[…]

Asimismo, el despacho accionado le explicó que al actor que, mediante correo
electrónico del 30 de septiembre de 2025 solicitó a la señora León Yañez la
autorización para proveer la documentación pedida porque se trataba de
información personal y familiar, sin embargo, en la misma fecha, esta manifestó que
no consentía la entrega de los documentos.

De conformidad con lo expuesto considera la Sala que, en la respuesta que brindó
la autoridad judicial accionada, se resolvió de manera clara, concreta y de fondo lo
pedido en el escrito, pues al tutelante se le precisaron cuáles fueron los soportes
documentales para proferir la Resolución No. 009 de 2025, así como también, se le
indicaron las razones por las que no se podía entregar copia de los archivos, pues
se trataba de información privada, sometida a reserva legal, cuya divulgación no fue
autorizada.

Se observa, además, que el oficio de respuesta se notificó al actor al buzón
electrónico: sbuitral@cendoj.ramajudicial.gov.co que fue informado por el actor.

Ahora bien, pese a que en el escrito de impugnación el accionante alegó que no
todos los documentos requeridos están sometidos a reserva, por lo que, a su juicio,
debería permitírsele acceder a los que no tienen tal restricción, lo cierto es que, para
tal fin, el actor puede hacer uso del recurso de insistencia regulado en el artículo 26
de la Ley 1437 de 2011, que señala:

ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA.
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el

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Demandante: Sergio Felipe Buitrago Leal
Demandado: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00264-01

siguiente:> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de
documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si
se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá,
o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.

Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al
tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:

1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que
requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.

2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento
disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o
con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección
guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el
respectivo tribunal o juzgado administrativo.

PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella.

Por otra parte, si bien es cierto, la petición del actor se resolvió fuera del término de
10 días que señala el artículo 26 de la Ley 1755 de 201526, en tanto esta se radicó
el 28 de septiembre de 2025 y la respuesta se remitió al interesado el 21 de octubre
de misma anualidad, lo cierto es que, durante el trámite de primera instancia la
autoridad judicial accionada resolvió la solicitud y le notificó en debida forma al
peticionario.

26 Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario,
y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
[Negrillas fuera de texto].

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Demandado: Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2025-00264-01

Por lo anterior, la Sala considera que, tal como lo concluyó el a quo, dejaron de
existir las circunstancias fácticas que vulneraron la garantía constitucional invocada
por el señor Sergio Felipe Buitrago Leal, por lo que se configuran los elementos
para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por lo que se
confirmará la decisión del juez de primera instancia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la decisión del 30 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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