Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00279-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2025-00279-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2025-00279-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 54001-23-33-000-2025-00279-01
Accionante: Jesús Jhon Quiñones Castro
Accionados: Juzgado Once Administrativo de Cúcuta y otro1.
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia2
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por el señor Jesús Jhon Quiñones Castro contra la
providencia del 21 de noviembre de 20253 proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander mediante la cual negó el amparo pretendido por la parte
actora.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente se infiere que el señor Quiñones
Castro instauró una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 4 por
conducto de apoderado5. No obstante, este último renunció al proceso, por lo
que, en consecuencia, el poder para actuar le fue otorgado al abogado Jair
Alberto Arenas Cacua.
3. La demanda presentada fue inicialmente inadmitida6 y a continuación, el día 4
de junio de 2024, fue subsanada en término por el abogado Arenas Cacua. No
obstante, el 22 de noviembre de 20247, el profesional referido presentó un escrito
al juzgado en los siguientes términos:
«(…) De manera atenta le presento la renuncia a la representación legal
dentro del proceso de demanda de ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
con radicado Número 5400133330112023000660 poder otorgado por el
1
Procuraduría 208 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Cúcuta.
2
Pero por los motivos expuestos en la presente providencia.
3
Índice 21 del aplicativo SAMAI
4
El 20 de enero de 2023, orientada a que se declarara la nulidad de los actos administrativos acta de Junta Médico
Laboral núm. 130 del 14 de enero de 2022 y el acta núm. TML-22-1-481 MDNSG-TML41.1 del Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía del 16 de junio de 2022, notificada el 22 de junio de 2022.
5
El profesional del derecho Omar Javier García Quiñonez, quien previamente presentó solicitud de
conciliación ante la Procuraduría 208 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Cúcuta el 24 de
octubre de 2022.
6
Mediante auto del 27 de mayo de 2024, por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA.
7
Índice 14 del aplicativo SAMAI, exp. 540013333-011-2023-00066-00.
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Accionante: Jesús Jhon Quiñones Castro
señor JESÚS JHON QUIÑONEZ CASTRO demandando a la Policía
Nacional. Con base a la siguiente consideración:
CONSIDERACIÓN: Que el día 13 de noviembre mediante la resolución
010707 de fecha 12 de noviembre de 2024 de la DIAN fui notificado en
periodo de prueba. Por lo tanto, como me obliga la ley no puedo seguir
representando al señor JESÚS JHON QUIÑONEZ CASTRO
demandando a la Policía Nacional.
PETICIÓN: Por la anterior consideración, solicito a usted señor juez que
la misma y autorice la renuncia al poder para así, proceder a la
respectiva notificación a la parte demandante mediante correo
certificado.» Negrillas y subrayas de la Sala. (Sic en toda la cita).
4. Posteriormente, mediante auto del 11 de diciembre de 20248, el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cúcuta dispuso el rechazo de la demanda por
operar el fenómeno de la caducidad.
5. Asimismo, en la providencia citada reconoció personería al abogado Omar
Javier García y además aceptó su renuncia9 por cumplir con los requisitos del
artículo 76 del Código General del Proceso. Adicionalmente, reconoció el
mandato10 otorgado por el demandante al abogado Jair Alberto Arenas Cacua y
ordenó el archivo del proceso una vez ejecutoriada la providencia.
6. El 16 de diciembre de 202411, el accionante interpuso por cuenta propia un
escrito apelando la decisión sin la participación de su apoderado, el cual,
mediante auto del 11 de marzo de 202512 fue desestimado por el juzgado
reprochado, en consideración a que en este tipo de proceso no es posible
actuar sin abogado y el poder otorgado al profesional Arenas Cacua se
encontraba vigente, por lo que el despacho no le dio trámite.
7. El 12 de marzo de 2025, el abogado citado remitió un nuevo escrito reiterando
los argumentos de su memorial del 22 de noviembre de 2024 e indicó que en
consideración al numeral 1° del artículo 29 de la Ley 1123 de 200713 no podía
continuar actuando como apoderado. Adicionalmente, certificó que su
poderdante se encontraba a paz y salvo por todo concepto.
8. La autoridad judicial accionada, no aceptó14 la renuncia presentada por
no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 76 del CGP y
dispuso el archivo del proceso. El 31 de marzo de 2025 el abogado Arenas Cacua
remitió un nuevo escrito15, pero la decisión precedente fue confirmada a través
del auto del 29 de agosto de la misma anualidad al no subsanarse el
cumplimiento de los requisitos normativos.
8
Índice 14, ibidem
9
El señor Omar Javier García Quiñones contaba con poder desde el 10 de septiembre del año 2022, al cual
renunció conforme a la normativa vigente, el 11 de mayo de 2023.
10
Presentado el 22 de noviembre de 2023.
11
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12
Índice 20, ibidem
13
«Por la cual se establece el código disciplinario del abogado».
14
Mediante auto del 21 de marzo de 2025
15
El profesional del derecho aportó además un memorial remitido a la Dirección de Impuestos y Aduanas de Urabá
de la DIAN, de fecha 19 de noviembre de 2024, mediante la cual se infiere que aceptó su nombramiento en el
empleo denominado Facilitador IV Código 104 ID 18731 ubicado en Turbo Antioquia.
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2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora alegó trasgredidos los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la dignidad
humana y al mínimo vital.
10. Sostuvo que su demanda fue archivada por un supuesto “error de fecha”
de la solicitud de conciliación, que le atribuyó a la Procuraduría General de la
Nación, aduciendo que esta fue presentada dentro de los parámetros legales.
Adicionalmente, señaló que, al momento de la decisión del juzgado accionado,
ya no contaba con abogado, pues este había renunciado, pero el despacho no
aceptó dicha renuncia y le impidió presentar la apelación en nombre propio.
11. Argumentó que la autoridad judicial actuó de manera autoritaria al no
permitirle cambiar de abogado y al rechazar la apelación por no estar firmada por
apoderado, así como al archivar el caso sin darle la posibilidad de ejercer recurso
alguno.
12. A pesar de que el actor no los definió expresamente, se infiere que, de
acuerdo con lo expuesto, pretendió plantear la presunta existencia de un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto por parte de la autoridad judicial
accionada, al no permitir la renuncia de su abogado e impedirle la presentación
de la apelación sin apoderado.
13. Asimismo, se colige que consideró que se les dio una indebida aplicación
a las normas procesales, tanto en lo relacionado con la renuncia al poder, como
respecto a la contabilización del término de caducidad, con lo que se deduce que
adujo que, al respecto, también se incurrió en un defecto sustantivo.
2.3. Pretensiones
14. Con fundamento en lo anterior, señaló lo siguiente:
«PRIMERA: Que se AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso
(Art. 29 C.P.), acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.), igualdad
(Art. 13 C.P.), dignidad humana (Art. 1 C.P.) y mínimo vital (jurisprudencia
constitucional) del señor JESÚS JOHN QUIÑONES CASTRO, los cuales han
sido vulnerados por la PROCURADURÍA JUDICIAL ADMINISTRATIVA 208 -
DOCUMENTOS DE TRAMITE SOLICITUD CONCILIACION.
PRIMERA (PRINCIPAL): Que se ORDENE a la PROCURADURÍA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA 208 - DOCUMENTOS DE TRAMITE SOLICITUD
CONCILIACION RAD 112-2022, que en el término máximo de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a:
Realizar gestiones con el JUZGADO # (11) para DESARCHIVAR el
expediente radicado bajo el número 540013333011202300006600 y continúe
con el trámite judicial solicitado oportunamente por el accionante. Con
fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, 1º y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, y demás normas concordantes, solicito
respetuosamente al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta Norte de Santander que, previo el trámite legal correspondiente, se
sirva:
SEGUNDO: Que se ORDENE al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE
CUCUTA. que informe por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
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notificación del fallo, sobre las razones específicas por las cuales este
despacho archivó el expediente del accionante sin haber surtido el trámite de
aclaración sobre la fecha de conciliación y radicación de la demanda, y las
medidas correctivas implementadas para evitar que esto ocurra nuevamente.
En el caso de revivir el proceso solicito cambio de Juzgado. A) NOTIFICAR
debidamente al accionante y a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - POLICÍA NACIONAL sobre la continuidad, del proceso
garantizando el derecho de defensa y contradicción. B) Responsabilidad del
Estado por falla en el servicio:
El artículo 90 de la Constitución Política establece que “el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. La
Procuraduría, como entidad del Estado, incurrió en falla del servicio.
• Por negligencia en trámite (fecha conciliación) se Archiva arbitrariamente un
expediente por razones formales intrascendentes. - No dar oportunidad de
subsanar el “presunto” error. (¿Acto de Buena o Mala fe?) ¿A quién
perjudico?
TERCERO (Subsidiaria): Que en caso de no ser procedente el desarchivo del
expediente, se ORDENE al ESTADO, PROCURADURIA I JUDICIAL
ADMINISTRATIVA 208, JUZGADO (11) y a quien más competa que, en el
término máximo de diez (10) días siguientes a la notificación del fallo de tutela,
proceda a INDEMNIZAR al accionante por los perjuicios materiales causados,
consistentes en:
Daño emergente: Por tramites, con apoderados y de rehabilitación en que ha
debido incurrir el accionante como consecuencia de su condición de su salud
mental. Capacidad económica del Estado La Procuraduría General de la
Nación cuenta con presupuesto suficiente para asumir esta indemnización, la
cual no representa una carga desproporcionada para el erario, pero sí
constituye accionante. a) Que se ORDENE al ESTADO y a la
PROCURADURÍA JUDICIAL ADMINISTRATIVA 208, y al JUZGADO 11 que,
dentro del término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del fallo de tutela, reconozca y pague a favor del señor JESÚS JOHN
QUIÑONES CASTRO la suma de 50 SMMLV. por concepto de perjuicios
ocasionados, discriminados así: - Privar al accionante del derecho a agotar el
requisito de procedibilidad. - Generar una barrera de acceso a la
administración de justicia. “ (…)”..» (Sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 6 de noviembre de
16
2025 , a través del cual se ordenó notificar como accionados al Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cúcuta y a la Procuraduría 208 Judicial I para
Asuntos Administrativos. Asimismo, ofició al abogado Jair Alberto Arenas Cacua
para que informara si había interpuesto recurso de apelación contra la decisión
del 11 de diciembre de 2024, proferida por el juzgado accionado.
2.4.1. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta17, indicó en
primer lugar, que el acto administrativo del Tribunal Médico Laboral fue notificado
el 22 de junio de 2022, por lo que el término de caducidad vencía el 23 de octubre
de ese mismo año. Expuso que, así las cosas, en virtud de que la solicitud de
conciliación se presentó el 26 de octubre de 2022 y fue declarada fallida el 19 de
16
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enero de 2023, esta se radicó fuera del plazo legal, razón por la cual la demanda
presentada el 27 de enero de 2023 ya estaba caducada.
16. Adicionalmente, señaló que el líbelo fue presentado por el abogado Omar
Javier García, quien renunció el 11 de mayo de 2023 y que, posteriormente, el
22 de noviembre de 2023, el abogado Jair Alberto Arenas Cacua asumió la
representación del señor Quiñones Castro subsanando la demanda presentada.
Sostuvo que, no obstante, la renuncia presentada por este último el 22 de
noviembre de 2024 no cumplió con los requisitos legales, por lo que el mandato
otorgado continuó vigente.
17. El despacho accionado indicó que el 11 de diciembre de 2024 rechazó la
demanda por operar el fenómeno de caducidad y precisó que el recurso de
apelación presentado por el actor el 16 de diciembre de esa anualidad, en nombre
propio, no pudo prosperar, pues debía ser interpuesto por su apoderado judicial
conforme a lo establecido en el artículo 160 del CPACA.
18. Finalmente, el juzgado precisó que el 21 de marzo de 2025 no aceptó la
renuncia del abogado Arenas Cacua pues su solicitud nuevamente incumplió con
los requisitos previstos en el artículo 76 del CGP, por lo que el 29 de agosto de
2025 se estuvo a lo resuelto en su decisión previa y archivó el expediente.
19. La autoridad judicial accionada concluyó que actuó conforme al debido
proceso y solicitó declarar improcedente la acción por no cumplir con el requisito
de inmediatez en consideración a que tomó como punto de partida para su
contabilización el auto del 21 de marzo precitado. Asimismo, solicitó compulsar
copias para investigar la conducta del abogado Arenas Cacua por el
incumplimiento de sus deberes profesionales.
2.4.2. El abogado Omar Javier García Quiñonez, quien fungió como
apoderado del actor18, solicitó ser reconocido como tercero interviniente.
Manifestó que la solicitud de audiencia conciliación fue presentada, desde su
perspectiva, dentro de los términos legales, el día 24 de octubre de 202219, por
lo expuso que no entendía por qué el juzgado había declarado la caducidad.
20. Indicó además que el señor Quiñones Castro contaba con la carpeta que
contenía todos los documentos del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho desde el 29 de junio de 2023, fecha en que se suscribió un acta de
entrega de estos, aunado a que el 13 de diciembre de 2024, a través de la
abogada Brenda Dahiana Cárdenas Rojas se le entregaron nuevamente.
Reprochó que el accionante no presentara la apelación por conducto de
apoderado, pero insistió en que el medio de control en su sentir no debió ser
rechazado.
Y renunció al poder por su nombramiento como Procurador Regional de Instrucción de Norte de Santander.
18
19
El apoderado allegó tanto el correo de la solicitud, como la constancia de recibo por parte de la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado surtidos en la fecha referida.
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2.4.3. Ni la Procuraduría 208 Judicial I para la Conciliación Administrativa
de Cúcuta ni el abogado Jair Alberto Arenas Cacua realizaron
pronunciamiento alguno.
2.4.4. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
21. La primera instancia concluyó que el Juzgado Once Administrativo del
Circuito de Cúcuta obró conforme al debido proceso al rechazar la demanda por
caducidad. Precisó que el recurso de apelación debía ser interpuesto por
apoderado judicial y no directamente por el accionante, en virtud del derecho de
postulación. Con respecto al requisito de inmediatez, precisó que este se
encontraba cumplido, en consideración a que la última decisión del juzgado fue
proferida el 29 de agosto de 2025.
22. El a quo estableció que la renuncia presentada por el abogado Jair Alberto
Arenas Cacua no cumplió con los requisitos del artículo 76 del C.G.P., por lo que
su mandato seguía vigente. En consecuencia, indicó que el accionante carecía
de legitimación para apelar en nombre propio, siendo improcedente el trámite
solicitado.
23. El Tribunal resaltó que la omisión en la interposición del recurso de apelación
no le era atribuible al juzgado, sino al abogado, quien incumplió sus deberes de
diligencia y responsabilidad previstos en la Ley 1123 de 2007. Así las cosas,
sostuvo que la falta de actuación del profesional del derecho impidió controvertir
en segunda instancia la decisión de rechazo por caducidad, pese a que el actor
buscó controvertir la decisión, por lo que dio por cumplido el requisito de
subsidiariedad.
24. En consideración a lo expuesto, resolvió negar las pretensiones de la acción
de tutela y ordenó compulsar copias a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Norte de Santander y Arauca para investigar la conducta del abogado,
reiterando que el juzgado actuó conforme a la normatividad procesal y al principio
de legalidad.
2.6. Impugnación
25. El accionante señaló que, en su sentir, en la providencia del a quo no se tuvo
en cuenta la falta de contestación oportuna del juzgado y el silencio de la
Procuraduría 208 Judicial I para Asuntos Administrativos, que, desde su
perspectiva, constituyó un indicio grave de mala fe conforme a la Ley 712 de
2001.
26. Sostuvo que el Tribunal no advirtió que la autoridad judicial accionada declaró
una caducidad inexistente basándose en alertas del sistema, ignorando pruebas
que demostraban lo contrario. Además, reiteró lo expuesto en su escrito inicial,
con relación a que la juez negó tres veces la renuncia de su abogado,
impidiéndole designar otro representante.
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27. El señor Quiñones Castro adujo que el Tribunal justificó la actuación de la
juez sin sancionar las irregularidades y lo responsabilizó a él por no buscar otro
abogado. Al respecto, argumentó que la gestión referida dependía de la
aceptación de la renuncia y que la negativa lo indujo en error, afectando su
derecho de defensa.
28. Por lo expuesto, solicitó revocar la sentencia de tutela y retrotraer el proceso
al estado anterior al auto de rechazo del 29 de agosto de 2025. Finalmente, exigió
que se privilegiara el derecho sustancial sobre los formalismos, considerando su
condición de paciente psiquiátrico20 y su buena fe procesal.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
29. En consideración a que la providencia del 29 de agosto de 2025 dictada
por la autoridad judicial accionada, se estuvo a lo resuelto en el auto del 21 de
marzo de esa anualidad, dispuso el archivo del proceso y fue la última en ser
dictada por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cúcuta, será la única
objeto de estudio en esta acción constitucional, toda vez que como se expondrá
en el numeral 3.4, las demás providencias reprochadas no cumplen con el
requisito de inmediatez.
3.3. Problema jurídico
30. El problema jurídico se centra en resolver si la Procuraduría 208 Judicial I
para la Conciliación Administrativa de Cúcuta y el Juzgado Once Administrativo
del Circuito de Cúcuta presuntamente trasgredieron los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
dignidad humana y al mínimo vital del señor Jesús Jhon Quiñones Castro, con
ocasión del supuesto error de fecha de recepción de su solicitud de conciliación
por parte de la autoridad disciplinaria, y la decisión contenida en el auto del 29
de agosto de 202521 proferido por el juzgado referido, dentro del proceso seguido
bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
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31. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos de procedencia contra providencia judicial.
20
No obstante, no allegó prueba alguna respecto de tal condición.
21
Que ordenó estarse a lo resuelto en el proveido del 21 de marzo, que a su vez dispuso, no aceptar la renuncia
del poder presentada por el abogado Jair Alberto Cacua Arenas como apoderado de la parte demandante, y
adicionalmente ordenó el archivo el proceso.
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3.4. Procedencia de la acción de tutela
32. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
33. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
34. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
35. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
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3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de los derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, toda
vez que, como lo consideró el a quo, aunque el demandante interpuso apelación
contra el rechazo de la demanda, lo hizo sin una representación legal válida, lo
que impidió su trámite y actualmente no dispone de un mecanismo judicial idóneo
para controvertir lo pretendido.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
el 6 de noviembre de 2025 se realizó dentro de un lapso «razonable y
proporcionado», pues no habían transcurrido más de seis meses desde la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, ocurrida el 5 de septiembre de
esa anualidad. Ello, teniendo en cuenta que la última decisión reprochada fue
dictada el 29 de agosto y notificada por estado el día 1 de septiembre de esa
vigencia.
36. Ahora bien, la Sala reitera que, con relación a las demás providencias
censuradas en su escrito de tutela, esto es, la 11 de diciembre de 202422, del
1123 y 2124 de marzo de 2025, es claro que no se cumple con el requisito de
inmediatez pues la presentación de la acción respecto a estas superó el término
descrito en la jurisprudencia constitucional.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela
judicial efectiva del señor Jesús Jhon Quiñones Castro, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente25. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el
fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como causal de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial
22
Mediante la que el Juzgado Once Administrativo de Cúcuta rechazó la demanda por operar el fenómeno de la
caducidad.
23
Auto a través del cual, la autoridad judicial accionada dispuso no dar trámite al escrito de recurso de apelación
interpuesto por el señor Quiñones Castro por no presentarlo a través de su apoderado como lo exige el
artículo 160 del CPACA.
24
Providencia que no aceptó la renuncia al poder presentado por el abogado Jair Alberto Arenas Cacua por no
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código General del Proceso.
25
Del escrito de tutela se colige que el accionante pretendió endilgar a las decisiones reprochadas la presunta
existencia de los defectos: sustantivo y procedimental absoluto. La supuesta trasgresión alegada se sustentó en
el supuesto “error de fecha” de la solicitud de conciliación que le atribuyó a la Procuraduría General de la Nación,
aduciendo que, en su sentir, esta fue presentada dentro de los parámetros legales. Adicionalmente, señaló que,
al momento de la decisión del juzgado accionado, ya no contaba con abogado, pues este había renunciado, pero
el despacho no aceptó dicha renuncia y le impidió presentar la apelación en nombre propio por lo que argumentó
que la autoridad judicial actuó de manera autoritaria al no permitirle cambiar de abogado y al rechazar la apelación
por no estar firmada por apoderado, así como al archivar el caso sin darle la posibilidad de ejercer recurso alguno.
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37. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se
advierte que este se presenta cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 26. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial
y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se aplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en cada
caso concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a
pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar27.
38. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto del defecto
procedimental absoluto como del defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requiere: i) que se trate de
un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y
directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso;
iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido
imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo
anterior se vulneren derechos fundamentales28.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto en el caso concreto
39. En relación con el defecto que se infiere alegado, la Sala advierte que no
se configura en este asunto, pues la autoridad judicial accionada aplicó de
manera razonada y proporcional las normas procesales vigentes, sin convertirlas
en un obstáculo irrazonable para el acceso a la administración de justicia ni
desnaturalizar el derecho sustancial debatido.
40. En efecto, la negativa a aceptar la renuncia del apoderado judicial no
obedeció a un formalismo innecesario, sino al cumplimiento objetivo de los
requisitos previstos en el artículo 76 del Código General del Proceso, norma de
orden público que garantiza la continuidad de la representación judicial y la
protección del derecho de defensa del poderdante. El cual dispone:
«Artículo 76. Terminación del poder
El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual
se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se
hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del
proceso.
El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30)
26 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
27 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289
de 2005 y T-053 de 2012.
28 Corte Constitucional, sentencias C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
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días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien
se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus
honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del
proceso o de la actuación posterior.
“ (…)”
La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de
presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la
comunicación enviada al poderdante en tal sentido.
Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo
confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras
no sea revocado por quien corresponda.» Negrillas y subrayas de la Sala.
41. Asimismo, la exigencia del derecho de postulación para la interposición del
recurso de apelación se encuentra expresamente consagrada en el artículo 160
del CPACA, de modo que impedir su trámite cuando fue presentado directamente
por el actor, pese a la vigencia del mandato, constituye una actuación ajustada a
derecho y no una carga procesal desproporcionada o imposible de cumplir. La
normativa citada establece lo siguiente:
«Artículo 160. Derecho de postulación
Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado
inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa.
Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en
los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la
forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto
administrativo.»
42. Adicionalmente, la irregularidad alegada no es imputable a la autoridad
judicial, sino a la conducta omisiva del apoderado, quien, pese a conocer la
negativa a su renuncia, no ejerció oportunamente los recursos procedentes ni
garantizó la adecuada defensa técnica del actor, circunstancia que rompe el nexo
causal exigido para estructurar el defecto procedimental invocado aunado a que,
pese a que el actor era consciente de la dimisión del apoderado, decidió continuar
en el proceso por cuenta propia.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
43. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el
campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo
en los siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación
de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»29.
29Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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44. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en
los cuales se configura el defecto sustantivo como causal genérica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya
se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las
normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya
sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error
grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien
es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan
con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las
normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha
sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»30.
45. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que
se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las
30 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se
desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio
decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el
caso concreto
46. En cuanto al presunto defecto sustantivo, la Sala observa que la
providencia cuestionada se fundamentó en una interpretación razonable y
sistemática de las normas31 que regulan la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se evidencie una aplicación
arbitraria, caprichosa o abiertamente contraria al ordenamiento jurídico.
47. La determinación del término de caducidad se realizó con base en la fecha
de notificación del acto administrativo y en la presentación extemporánea de la
solicitud de conciliación prejudicial, lo cual impide atribuir a la autoridad judicial
una indebida aplicación normativa o un desconocimiento del precedente
constitucional y contencioso aplicable.
48. Finalmente, no se acredita que la interpretación adoptada por el juzgado
haya desconocido el principio de prevalencia del derecho sustancial, pues la
caducidad constituye un límite legítimo al ejercicio de la acción judicial, orientado
a garantizar la seguridad jurídica, y su declaratoria, cuando se encuentra
debidamente acreditada, no puede ser corregida por vía de tutela sin desbordar
su carácter excepcional.
49. Ahora bien, frente al argumento del actor en su impugnación con relación
al silencio de la Procuraduría I Judicial 208 y a la supuesta falta de contestación
oportuna del juzgado, la Sala advierte que dicha circunstancia no genera, per se,
indicio alguno de mala fe ni tiene la entidad jurídica para desvirtuar la presunción
de legalidad y acierto de las actuaciones surtidas, circunstancia que tampoco se
presenta respecto al supuesto error de la fecha consignada en la recepción de la
solicitud de conciliación por parte la autoridad disciplinaria que, en gracia de
discusión, más allá del planteamiento del actor y su desazón en relación a ello,
no probó32.
50. En ese sentido debe recordarse que la presunción de veracidad33 no es
absoluta, sino que debe estar soportada en elementos de juicio, por lo que no
basta su simple mención para que esta sea considerada por una autoridad
judicial, máxime cuando el juez constitucional cuenta con el expediente completo
para adoptar su decisión.
31
Ver artículo 164 del CPACA.
32 Al respecto, como se expuso en el numeral 2 de esta providencia, el profesional del derecho Omar Javier García
Quiñones, presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 208 Judicial I para la Conciliación
Administrativa de Cúcuta el 24 de octubre de 2022, la cual fue recibida en la misma fecha por la autoridad
disciplinaria.
33 Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha precisado que «(...) la presunción de veracidad de que trata
el artículo 20 del decreto 2591 de 1991 no puede constituirse en la patente de corso para conceder todo lo solicitado
por el demandante del amparo. (...)» Corte Constitucional, Sentencia T-392 de 1994, MP Jorge Arango Mejía.
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51. Tampoco prospera la censura según la cual la autoridad judicial declaró
una caducidad inexistente con fundamento exclusivo en alertas del sistema, pues
de las actuaciones procesales se desprende que la decisión se soportó en la
verificación objetiva de las fechas de notificación del acto administrativo y de
presentación de la solicitud de conciliación, sin que el actor lograra demostrar un
yerro manifiesto o una valoración probatoria irrazonable.
52. Finalmente, no es de recibo el planteamiento conforme al cual la negativa
a aceptar la renuncia del apoderado habría impedido la designación de un nuevo
defensor, dado que la continuidad del mandato obedeció al incumplimiento de los
requisitos legales por parte del profesional del derecho, situación que no puede
trasladarse a la autoridad judicial ni erigirse en fundamento para desconocer el
derecho de postulación y la estabilidad del trámite procesal.
53. Aunado a lo expuesto, debe recordarse que de conformidad con el artículo
76 del Código General del Proceso citado previamente, el poderdante puede
revocar unilateralmente el mandato otorgado y conferir poder a un nuevo
apoderado sin necesidad de que sea aceptada la renuncia del anterior, mediante
un memorial dirigido al mandatario y a la autoridad judicial que lleve el proceso,
para que esta en cualquier caso, pueda aperturar de ser necesario el incidente
de regulación de honorarios si a ello hubiere lugar, lo que demuestra que en
ningún caso se vulneró el derecho de defensa del accionante.
54. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que
no conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
55. En consecuencia, la Sala procede a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius
fundamental.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la providencia del 21 de noviembre de 2025 que negó las
pretensiones de la acción de tutela formulada por el señor Jesús Jhon Quiñones
Castro, en contra del Juzgado Once Administrativo de Cúcuta y la Procuraduría
208 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Cúcuta, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Jesús Jhon Quiñones Castro
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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