Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00006-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2026-00006-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 54001-23-33-000-2026-00006-01
Accionante: CYNTHIA ALASKA MARISELA CÁRDENAS CARRILLO
Accionado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN
Tema: Confirma – declara la improcedencia por no superarse el
requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 10 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos
1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el
Acuerdo 434 de 2024).
La demanda fue admitida en providencia del 17 de febrero de 20265 y el recurso
de apelación fue concedido mediante auto del 10 de abril de la misma anualidad.
Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en
el artículo 3 de la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Cynthia Alaska
Marisela Cárdenas Carrillo presentó demanda contra la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto
en los artículos 6 de la Ley 1690 de 2019, 36 de la Ley 927 de 2023 y 13 del
Acuerdo CNSC 019 de 2024.
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada
a la DIAN y vinculó a la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC).
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2. En consecuencia, solicitó que le ordene a la entidad demandada
nombrarla en periodo de prueba en el cargo para el cual participó en el concurso
de méritos celebrado por la DIAN, o en un cargo equivalente que se encuentre
vacante «de forma definitiva».
1.2. Posición de la parte demandante
3. La accionante participó en el concurso de méritos convocado por la DIAN
y la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), dentro cual se ofertó el cargo
de «Analista V, código 205, Grado 5, OPEC 198223».
4. Señaló que el parágrafo del artículo 36 de la Ley 927 del 2023 6 dispuso
que, una vez conformada la lista de elegibles, esta deberá utilizada dentro del
término de su vigencia para proveer las vacantes ofertadas y aquellas que se
generen con posterioridad de la ampliación de la plata de personal, siempre y
cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones sean iguales
o equivalentes.
5. Refirió que el gobierno Nacional, mediante el Decreto 419 de 2023, amplió
la planta de personal de la entidad, pues creo 10.207 cargos, entre ellos, 185 de
«Analista V».
6. Indicó que el 3 de mayo del 2024, la CNSC expidió la Resolución No.
10808, a través de la cual conformó la lista de elegibles de la «OPEC 198223»,
en la cual figura en la posición 65.
7. Refirió que la DIAN ha venido realizando traslados masivos, encargos y
nombramientos en provisionalidad, sin tener en consideración la existencia de la
mencionada lista.
8. Sostuvo que, pese a que existen cargos sin proveer y ocupados en
provisionalidad, tales como «AT-FL-2009, TP-AD-2009, CT-CR-2009y TP-DE-
2009», la DIAN insiste en que debe surtirse primero el nombramiento de los 28
cargos ofertados inicialmente, lo cual, a su juicio, afecta la aplicación efectiva de
la lista de elegibles vigente.
9. Por último, expuso que el 10 de noviembre del 2025 remitió escrito de
constitución en renuencia a la DIAN, en el que solicitó el cumplimiento de lo
previsto en los artículos 6 de la Ley 1690 de 2019, 36 de la Ley 927 de 2023 y 13
del Acuerdo CNSC 019 de 2024 y, en consecuencia, que sea nombrada en
periodo de prueba dentro de los empleos públicos de su OPEC, o los que resulten
equivalentes.
1.3. Posición de la parte demandada
10. La DIAN señaló que se incumplió con el requisito de constitución en
renuencia, debido a que el requerimiento que le allegó no contenía una solicitud
clara, concreta y específica dirigido a obtener el cumplimiento de un mandato.
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Por medio de la cual se modificó el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos
de la Unidad Administrativa Especial -DIAN- y la regulación de la administración y gestión de su
talento humano.
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11. Por otra parte, indicó que las normas invocadas por la demandante no le
imponen un deber automático de reportar o reclasificar las vacantes como cargos
equivalentes, ya que su verificación está sujeta a verificaciones técnicas,
funcionales y jurídicas propias de la administración, en coordinación con la
CNSC.
12. A su vez, afirmó que no existen vacantes definitivas equivalentes
susceptibles de ser provistas por la lista de elegibles señalada por la
demandante, ya que la equivalencia funcional no se presume por la
denominación, código o cargo, sino que exige un análisis integral con el Manual
Específico de Requisitos y Funciones (MERF).
13. Por lo anterior, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, en
la medida en que la accionante no ocupa posición de mérito en la lista de
elegibles y no obtuvo el puntaje exigido para el nombramiento en el cargo.
14. Por su parte, la CNSC pidió que se declare la improcedencia de la acción
de cumplimiento, en la medida en que aquella solo procede para exigir el
cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos que contengan
obligaciones claras, expresas y exigibles. Sin embargo, la demandante pretende
utilizar este mecanismo judicial para solicitar el reconocimiento de una situación
particular.
15. Por otra parte, indicó que la demandante ocupa la posición 65/66 de la lista
de elegibles conformada en la Resolución No. 10808 de 2024 y, debido a que
solo las primeras 28 posiciones corresponden a las vacantes ofertadas en el
concurso, no tiene derecho a ser nombrada en periodo de prueba.
16. En ese sentido, explicó que ubicación de la demandante refleja que no
obtuvo el puntaje exigido para estar en posición de mérito, lo que significa que
no tiene un derecho consolidado al nombramiento, sino únicamente una
expectativa supeditada a que se generen nuevas vacantes y la DIAN solicite el
uso de la lista.
17. Finalmente, indicó que solo puede autorizar el uso de listas cuando la
DIAN lo solicite formalmente, y solo si se cumplen las condiciones legales
(vacantes posteriores, equivalencia de requisitos y funciones) y, en este caso, la
entidad demandada no ha reportado nuevas vacantes.
1.4. Fallo de primera instancia
18. En sentencia del 10 de marzo del 2026, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, debido a
que la accionante no pretende el cumplimiento de un mandato imperativo, sino
que se declare que la DIAN se encuentra obligada a proveer, a través de la lista
de elegibles de la «OPEC 198223», las vacantes que considera iguales o
equivalentes.
19. En ese orden, señaló que las pretensiones de la demandade desbordan la
órbita de acción del juez de cumplimiento, en la medida en que necesariamente
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debe resolver si realmente existen vacantes definitivas adicionales, determinar si
son equivalente, definir el alcance del MERF y distribuir las vacantes.
20. A su vez, indicó que ubicación de la demandante en la lista de elegibles le
otorga únicamente una «expectativa condicionada» a la existencia de vacantes
equivalentes y a la solicitud formal de uso de lista ante la CNSC. En
consecuencia, consideró la acción de cumplimiento resulta improcedente por
ausencia de obligación exigible a la entidad demandada.
1.5. Impugnación
21. La parte accionante señaló que sí existe una obligación clara, expresa y
exigible para la DIAN de reportar y proveer las vacantes definitivas con las listas
de elegibles vigentes.
22. Consideró que el a quo erró al considerar que su derecho era una mera
expectativa, pues existen vacantes equivalentes ocupadas irregularmente y una
lista de elegibles vigente que debe ser utilizada obligatoriamente. Señaló que la
DIAN ha incumplido el deber de reportar vacantes en la OPEC, lo que impide la
actuación de la CNSC y bloquea el acceso a cargos públicos por mérito. Además,
sostuvo que dicha omisión vulnera los principios de igualdad, transparencia y
mérito, al permitir la permanencia de funcionarios provisionales y evitar el
nombramiento de quienes superaron el concurso.
23. Por lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento. Para ello, se analizarán los
siguientes aspectos: i) la constitución en renuencia y, ii) el incumplimiento de
requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.
2.1. Cuestión previa
25. Mediante memoriales del 20 y 27 de abril del 2026, la accionante presentó
una solicitud de decreto de medida cautelar con el fin de que se suspenda el
vencimiento de la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 10808
2024RES-400.300.24-039630, cuyo vencimiento está previsto para el 15 de
mayo de 2026.
26. Al respecto, la Sala rechazará su decreto, en la medida en que la acción
de cumplimiento tiene como objeto verificar la existencia de un mandato y su
efectivo cumplimiento por parte de autoridad pública o del particular en ejercicio
de funciones públicas. En ese sentido, y dada su naturaleza sui generis, la Ley
393 de 1997 no contempla la procedencia de medidas cautelares. De haber sido
esa la intención del legislador, hubiese habilitado su decreto, como si ocurrió en
otros mecanismos constitucionales tales como acciones de tutela, populares y de
grupo.
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2.2. Caso concreto
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de la accionada
27. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
28. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
29. En este caso está probado que el 10 de noviembre de 2025, la
demandante le solicitó a la DIAN el cumplimiento de lo previsto en los artículos 6
de la Ley 1690 de 2019, 36 de la Ley 927 de 2023 y 13 del Acuerdo CNSC 019
de 2024 y, en consecuencia, que sean nombrada en la OPEC para la cual
concursó o en un cargo equivalente.
30. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia
31. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
7 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
32. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
33. La Sala la acción sub examine es improcedente, por las razones que
pasan a explicarse.
34. La jurisprudencia reiterada de esta Sección ha sostenido que este
mecanismo constitucional no es un instrumento paralelo para reconocer
derechos subjetivos10 o resolver controversias que cuentan con otros medios de
defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de
dirimir controversias jurídicas, ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»11. De
lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas
las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso
concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se
dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»12.
35. De allí que esta acción no proceda para «exigir el cumplimiento de
obligaciones consagradas en los contratos estatales, imponer sanciones, hacer
efectivo los términos judiciales de los procesos, o perseguir indemnizaciones, por
cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces
procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas. Asimismo,
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-
2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad.
68001-23-33-000-2025-00074-01.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
12 Id.
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por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar
frente a normas que generen gastos […]»13.
36. En el caso objeto de estudio se advierte que, si bien la accionante solicitó
el acatamiento de diversos artículos, lo cierto es que sus pretensiones se
encuentran encaminadas a reprochar la omisión de la DIAN en hacer uso de la
lista de elegibles contenida en la Resolución CNSC No. 10808, en las OPEC que
resulten equivalentes y, para ello, trajo a colación las siguientes fichas: «AT-FL-
2009, TP-AD-2009, CT-CR-2009 y TP-DE-2009».
37. En ese sentido, la Sala advierte que la acción de cumplimiento deviene
improcedente porque, contrario a procurar por el obedecimiento del
ordenamiento jurídico, la demandante lo que pretende es que el juez de
constitucional realice un pronunciamiento sobre la equivalencia de los cargos, el
uso de las listas de elegibles y, en consecuencia, que se ordene su nombramiento
en periodo de prueba, aspectos que escapan de la órbita de acción de este medio
de control, pues como ya se señaló, la acción de cumplimiento no es una acción
paralela para resolver «de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la
aplicación del derecho en el caso concreto»14.
38. En efecto, la controversia planteada supone determinar la equivalencia de
los cargos y la eventual utilización de la lista de elegibles para los empleos con
fichas «AT-FL-2009, TP-AD-2009, CT-CR-2009 y TP-DE-2009», aspectos que
escapan del objeto para el cual fue previsto esta acción constitucional. Esto, en
la medida que tal estudio implica analizar la naturaleza de las funciones, los
requisitos de las vacantes, el nivel jerárquico y las condiciones específicas de
cada empleo, lo cual no se conduce a la verificación del incumplimiento de una
norma clara, expresa y exigible, sino a la definición de una situación
administrativa particular y concreta.
39. En ese sentido, una decisión respecto al uso de la lista de elegibles en las
mencionadas fichas implica un pronunciamiento de fondo respecto a la forma en
que se deben aplicar los procedimientos de los concursos de méritos, así como
determinar la existencia o no de un derecho subjetivo, como lo es el
nombramiento en periodo de prueba de la demandante.
40. Así las cosas, esta confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 27 de marzo de 2014. Rad. núm. 25000-
23-41-000-2013-00444-01.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
7
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de marzo de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
SEGUNDO: NEGAR el decreto de la medida cautelar solicitada.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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