RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2026-00024-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00024-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00024-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de mayo de 2026, que declaró la improcedencia de la acción, para en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la tutelante, como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS los proveídos de 3 de diciembre de 2025 y 20 de febrero de 2026 emitidos por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta dentro del proceso ejecutivo 54001-23-33-000-2000- 11 Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01 Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta 00044-00, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente decisión adopte una providencia en la que se defina lo relacionado con la entrega de títulos judiciales ordenada en el auto de 11 de septiembre de 2024, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2026-00024-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto que
suspendió proceso ejecutivo (Ley 550 de 1999) / REVOCA IMPROCEDENCIA,
PARA ACCEDER AMPARO – Se configuró defecto sustantivo. Suspensión
ordenada desconoce orden de entrega de títulos ejecutoriada.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 18 de febrero de 2026, la señora Yéssica Tatiana Acosta Angarita, en nombre
propio, promovió acción de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo de
Cúcuta, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al mínimo vital,
vida digna, debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos el auto de 3 de diciembre de 2025, emitido dentro
de la acción ejecutiva1 que instauró, junto con su núcleo familiar2, contra el municipio
de Ocaña, con el objeto de obtener el pago de las sentencias de 16 septiembre de
2011 y 8 de febrero de 2013 dictadas en el proceso de reparación directa que
incoaron contra dicho ente territorial3.

3.
En la providencia acusada se ejerció control de legalidad y, en consecuencia, se
dispuso la suspensión del trámite por el término de la vigencia 4 del Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos celebrado entre el referido municipio y sus acreedores
en el marco de la Ley 550 de 1999, así como de la orden de levantar las medidas

1 Expediente 54001-23-33-000-2000-00044-02.
2 Mariela Angarita Angarita, José Nayit Acosta Franco y Martha Yulieth y Franklin Nayit Acosta Angarita.
3 Por un hecho dañoso acaecido en 1997.
4 Contemplada hasta el 31 de diciembre de 2034.

1

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

cautelares. De igual forma, se negó la devolución de dineros al ente territorial y la
entrega de estos a la parte demandante. Se precisó que el proceso se encontraba
suspendido desde la providencia de 15 de noviembre de 2024, en virtud del artículo
14 de la Ley 550 de 1999, y con auto de 28 de octubre de 2025 se ordenó levantar
las medidas cautelares, conforme al artículo 34 de la mencionada ley, al haber
transcurrido el término previsto en el artículo 27 ibidem. Sin embargo, dicha ley
consagra normas especiales en el evento de que se adelanten Acuerdos de
Reestructuración aplicables a las entidades territoriales, por tanto, como en este caso
existe un Acuerdo de ese tipo no se aviene al asunto el mentado artículo 34, sino el
58, que dispone la suspensión del trámite ejecutivo.

4.
La parte actora sostuvo que enfrenta vulnerabilidad extrema, en razón a que se
encuentra en situación de calle en Medellín, con dependencia económica y redes
familiares igualmente precarizadas, lo cual agrava el riesgo de perjuicio irremediable
de mantenerse la negativa de entregar los dineros recaudados en la aludida acción
ejecutiva, por lo que este asunto debe ser ponderado bajo el mandato de protección
reforzada.

5.
En cuanto a la providencia acusada, indicó que se constituyó defecto sustantivo.
Se convirtió la suspensión contenida en el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550
de 1999 en una negación indefinida del cumplimiento, pese a que tenía orden de
entrega de título judicial. No se analizó la afectación de derechos fundamentales ni
se modularon alternativas para garantizar su mínimo vital (pago o esquemas de
cancelación gradual y sucesiva), máxime cuando la Corte Constitucional ha
sostenido que el acuerdo de reestructuración no extingue obligaciones, sino que
busca recuperar la entidad y organizar el pago de las obligaciones con sus
acreedores.

6.
La autoridad judicial indicó que no era posible entregar el depósito judicial, pese a
que ya se había ordenado, en virtud de la Ley 550 de 1999, sin emplear estándares
de proporcionalidad ni evaluar si el caso encaja en la excepción constitucional por
mínimo vital y perjuicio irremediable, ni explorar mecanismos menos lesivos (pago
parcial, fiducia, disponibilidad controlada).

7.
También se efectuó una interpretación irrazonable del artículo 77 del Código
General del Proceso (CGP). Se enervaron discusiones sobre el reconocimiento de
facultades del apoderado (y sustitución) asociadas a la materialización del pago, lo
cual generó una dilación injustificada, y, en consecuencia, a la afectación del mínimo
vital.

8.
De igual modo, se incurrió en desconocimiento del precedente. La Corte
Constitucional ha identificado supuestos en los que, bajo reestructuración, el juez
constitucional ordena medidas de pago cuando la persona está en deterioro grave y
depende de terceros, como en la sentencia T-871 de 2012, en la que se exige un

2

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

análisis de vulnerabilidad, riesgo actual y alternativa menos lesiva para el acuerdo y
para terceros acreedores.

9.
Asimismo, se presentó “desconocimiento práctico de orden ejecutoriada”. Se
pasó por alto que existía una orden previa de entrega del depósito judicial (auto de
11 de septiembre de 2024), la cual generó una expectativa jurídica cualificada y un
deber de coherencia institucional.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 28 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander declaró improcedente el trámite constitucional, al no superar el
presupuesto de relevancia constitucional. Se determinó que la controversia se
circunscribe a la interpretación y aplicación de normas propias del régimen de
reestructuración de pasivos, en particular, del numeral 13 del artículo 58 de la Ley
550 de 1999, y del trámite ejecutivo, sin que se advierta la configuración de un
defecto de trascendencia constitucional que habilite el examen excepcional propio
de este mecanismo de amparo.

11.
La decisión judicial acusada se fundamenta en una norma legal vigente que prevé,
de manera expresa, la suspensión de los procesos ejecutivos durante la vigencia de
los acuerdos de reestructuración de pasivos. Es decir, no aparece desprovista de
motivación ni sustentada en criterios arbitrarios o caprichosos, sino que responde a
la interpretación del alcance jurídico de dicha disposición dentro del trámite ejecutivo.

12.
La discrepancia de la accionante no se dirige a denunciar una actuación
manifiestamente contraria a la Constitución, sino a controvertir la interpretación que
el juez natural efectuó respecto de los efectos procesales derivados de la admisión
del municipio de Ocaña al régimen de la Ley 550 de 1999, se trata, por ende, de una
discusión acerca de la correcta aplicación de una norma legal en un proceso
ejecutivo, asunto que corresponde ser debatido en el escenario propio del proceso y
no en sede constitucional.

13.
Aunque la accionante invoca la afectación de su mínimo vital y expone su situación
de vulnerabilidad económica, en el marco de la tutela contra providencias judiciales,
la sola alegación de una situación económica apremiante no es suficiente para dotar
de relevancia constitucional una controversia cuyo núcleo radica en la interpretación
y aplicación de una norma legal.

14.
Además, los depósitos judiciales no han desaparecido ni han sido dispuestos en
favor de un tercero, sino que permanecen bajo custodia del despacho judicial
mientras se define su situación dentro del régimen de reestructuración, por
consiguiente, la decisión cuestionada no implica la negación del derecho reconocido
en las sentencias condenatorias, sino la suspensión temporal de su ejecución en
virtud de una disposición legal especial.

3

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

C. La impugnación

15.
La parte actora impugnó la decisión adoptada en primera instancia, bajo el
fundamento de que incurre en insuficiencia argumentativa, indebida valoración de
los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, omisión
del estudio de los cargos constitucionales propuestos, ausencia de ponderación de
sus condiciones particulares de vulnerabilidad e indebida reducción de un asunto
eminentemente constitucional a una simple discusión de legalidad ordinaria.

16.
La tutela no se orientó a plantear una simple discrepancia interpretativa frente a
una norma, sino a determinar si resulta compatible con la Constitución Política que
una ciudadana víctima de gravísimas lesiones ocasionadas desde su infancia,
beneficiaria de sentencias judiciales ejecutoriadas, titular de depósitos judiciales
efectivamente constituidos y respecto de quien existían órdenes judiciales de entrega
de recursos, sea privada de manera indefinida del acceso a dichos dineros mediante
una providencia judicial que omitió ponderar sus derechos fundamentales y sus
especiales condiciones de vulnerabilidad.

17.
Tampoco se analizó si resulta constitucionalmente admisible que una persona que
ha esperado casi treinta años para obtener la materialización de una condena judicial
deba esperar adicionalmente hasta el 2034 para acceder a recursos que ya se
encontraban embargados, consignados y respecto de los cuales existían órdenes de
entrega previamente emitidas.

18.
De igual modo, se omitió explicar por qué sus derechos fundamentales invocados
debían ceder automáticamente frente a una interpretación rígida y
descontextualizada de la Ley 550 de 1999.

19.
Lo reclamado en el proceso ejecutivo es una indemnización reconocida
judicialmente a una persona que sufrió gravísimas lesiones cuando era una niña y
derivada de hechos que alteraron de manera irreversible su integridad física,
emocional, psicológica y social, lo que la convierte en una persona que goza de una
protección constitucional reforzada.

20.
No se efectuó una valoración seria sobre la gravedad del daño, ni la inminencia
de la afectación, ni sobre la urgencia de la protección constitucional. Tampoco
ponderación alguna entre el eventual perjuicio que podría generarse a la accionante
y los intereses protegidos por la Ley 550 de 1999.

21.
No se explicó por qué la confianza legítima que se constituyó con la orden de
entregarle los respectivos depósitos judiciales carecía de protección constitucional,
al omitir analizar si la modificación abrupta de una situación jurídica consolidada
resulta compatible con la Carta Política, ni si ésta respetó los principios de buena fe
y seguridad jurídica.

4

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

22.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

F. Análisis del caso concreto

23.
Con base en la argumentación planteada tanto en el escrito de tutela, como en el
de impugnación, la Sala anticipa que se aparta de la decisión del a quo porque,
contrario a lo considerado por este, se estima superado el presupuesto de relevancia
constitucional. Adicionalmente, se satisfacen los demás requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, como se expone a continuación.

24.
Se precisa que si bien la tutelante dirigió sus inconformidades únicamente
respecto del auto de 3 de diciembre de 2025, lo cierto es que contra esta
determinación se interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación,
los cuales fueron despachados de manera desfavorable, mediante proveído de 20
de febrero de 2026, en el sentido de no reponer la decisión recurrida y no conceder
la alzada contra esa determinación, al no ser ninguno de los autos susceptibles de
ese mecanismo conforme al artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En ese sentido, el examen de
constitucionalidad deberá efectuarse sobre las dos decisiones judiciales.

25.
Ahora bien, pese a que el proveído de 20 de febrero de 2026 se dictó de manera
posterior a la presentación de esta tutela (18 de febrero de 2026), ello no es óbice
para abordar su estudio bajo el argumento de un posible incumplimiento al
presupuesto de subsidiariedad. Aunque el auto de 3 de diciembre de 2025 fue objeto
de recurso de reposición, el cual no había sido despachado cuando se promovió la
presente acción, este no comporta en el sub lite una herramienta jurídica idónea para
haber obtenido la protección constitucional que se persigue. A través de la
providencia que desató la reposición se reiteró la decisión de suspensión del proceso
sin examinar lo referente a los efectos de la orden ejecutoriada de entrega del título
judicial reclamado y la situación de vulnerabilidad de la accionante. En ese sentido,
no se puede tener como mecanismo idóneo un recurso respecto del cual la autoridad
judicial, al desatarlo, no abordó la problemática constitucional allí planteada y se
limitó a insistir en su criterio sin ningún otro argumento adicional que lo reforzara. Por
lo que se halla superada la exigencia de subsidiariedad.

26.
La idoneidad de un recurso se valora de cara a la posibilidad real de que las
decisiones sean efectivamente revisadas. El hecho de que la reposición sea resuelta

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

5

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

por la misma autoridad judicial no descarta per se esa posibilidad. No obstante,
cuando se constata que el operador jurisdiccional se limita a reiterar su posición sin
dilucidar las otras aristas del problema jurídico que pone en consideración el
recurrente (entre ellas, la constitucional), se abre paso la procedencia de la tutela,
ante la imposibilidad de considerar aquel mecanismo como un recurso judicial
efectivo.

27.
De igual modo, se evidencia que en el presente asunto existe una suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda al haberse identificado en forma clara y
concreta los motivos de la violación que atribuye a la decisión de suspensión del
trámite ejecutivo. La cuestión que se debate en esta oportunidad trasciende el ámbito
de la mera legalidad y es de relevancia constitucional. Implica examinar la aplicación
de los efectos de un proceso de reestructuración de pasivos sobre una situación
jurídica previamente consolidada, como lo es una orden ejecutoriada de entrega de
títulos judiciales. Además, la aludida suspensión se extiende hasta el 2034 y la
accionante está en situación de calle, lo que supone una especial protección, según
la jurisprudencia constitucional 6 . En ese contexto, medidas como la cuestionada
tienen la potencialidad de agravar las condiciones de vulnerabilidad.

28.
Igualmente, se advierte que el recurso de amparo constitucional fue ejercido
oportunamente; y no se trata de una solicitud de amparo interpuesta contra una
sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza o frente a alguna
providencia respecto de la cual no proceda este mecanismo constitucional.

29.
En cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la tutela, se tiene que
se invocaron las de configuración de defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente. Básicamente, porque (i) se aplicó de manera inadecuada el numeral 13
del artículo 58 de la Ley 550 de 1999 y el artículo 77 del CGP, pese a la existencia
de orden de entrega de título judicial; y (ii) se desatendió la jurisprudencia
constitucional relacionada con el análisis que se debe efectuar en este tipo de casos
de reestructuración.

30.
Aunque se alegó la causal de “desconocimiento práctico de orden ejecutoriada”,
esta se enmarca en el citado defecto sustantivo, pues allí se expuso que se
suspendió el trámite ejecutivo, sin tener en cuenta la orden de entrega de depósito
judicial, que es el fundamento de este reproche.

31.
En lo que atañe al defecto sustantivo, fundamentado en la indebida aplicación
normativa, se tiene que el numeral 13 del artículo 58 de la Ley 550 de 1999, prevé,
en lo relativo a los acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades
territoriales, que “[d]urante la negociación y ejecución del acuerdo de
reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de
las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar

6 Sobre la calificación de este grupo poblacional como sujetos de especial protección constitucional, se pueden

consultar, entre otras, las sentencias T-152/25 y T-030 de 2025.
6

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la
entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de
pleno derecho” (destaca la Sala).

32.
Con base en la anterior normativa, el Juzgado accionado, con auto de 3 de
diciembre de 2025, precisó que “el proceso cuenta con orden de seguir adelante la
ejecución, liquidación del crédito actualizada y dineros allegados por concepto de
remanentes sin entregar, hasta la suspensión del proceso en virtud a que el
Municipio de Ocaña entró en Ley 550 de 1999 desde el 15 de noviembre del año
2024”.

33.
Indicó también que el 10 de junio de 2025 se verificó, conforme con los
documentos allegados al plenario, que se suscribió el Acuerdo de Reestructuración
de Pasivos celebrado entre el municipio de Ocaña y sus acreedores con vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2034.

34.
Con base en lo anterior, se concluyó que resultaba “imposible cumplir con la orden
de entrega de dineros a los beneficiarios, toda vez que se insiste, de pleno derecho
el presente proceso se encuentra suspendido mientras dure el Acuerdo de
Reestructuración, y así mismo, no es posible la devolución de dineros a la entidad
territorial por la misma razón, pues es clara la norma en señalar que no solo se
suspende el proceso sino las medidas de embargo, que en el presente asunto,
corresponde al embargo de remanentes que se encuentra constituido en depósitos
a órdenes de este proceso”.

35.
Por tal motivo, se resolvió: “EJERCER CONTROL DE LEGALIDAD y disponer
que el proceso se encuentra SUSPENDIDO por el término de la vigencia del Acuerdo
de Reestructuración de Pasivos Celebrado entre el Municipio de Ocaña – Norte de
Santander y sus Acreedores en el Marco de la Ley 550 de 1999”.

36.
Contra esa determinación la parte actora interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, con fundamento, en términos generales, en que la orden de
entrega de dineros contenida en el auto de 11 de septiembre de 2024 tenía plena
validez y estaba ejecutoriada y que la suspensión de que trata el numeral 13 del
artículo 58 de la Ley 550 de 1999 no tenía efectos retroactivos, no invalida
providencias ejecutoriadas, ni afectaba órdenes judiciales en firme emitidas antes de
la celebración del Acuerdo de Reestructuración.

37.
Mediante auto de 20 de febrero de 2026, se dispuso no reponer la decisión de 3
de diciembre de 2025, en atención a que se debía acatar la norma referente a la
aludida suspensión y frente a la entrega de depósitos judiciales reprodujo las
consideraciones planteadas en la providencia recurrida sobre el particular, en cuanto
a la imposibilidad de ello, sin ningún razonamiento adicional que atendiera las
inconformidades expuestas por el recurrente. En particular, lo referente a que la
orden de entrega de títulos se había dictado antes del Acuerdo de Reestructuración

7

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

y había quedado ejecutoriada, por lo que no se podía otorgar efectos retroactivos a
la suspensión.

38.
Con el fin de determinar si la decisión de suspender el trámite ejecutivo incurre en
defecto sustantivo, se debe dilucidar si, en efecto, la aplicación del numeral 13 del
artículo 58 de la Ley 550 de 1999, que contiene tal actuación, desconoció la
existencia de una orden previa ejecutoriada de entrega de título judicial a la parte
actora y con ello generó la afectación constitucional que invoca en el presente asunto
constitucional.

39.
Al respecto, se observa que dentro de esa acción ejecutiva el 17 de julio de 2020
se ordenó seguir adelante con la ejecución y practicar la liquidación del crédito, la
cual fue aprobada con proveído de 2 de junio de 2022, por un valor de
$511.207.024,63 y actualizada con providencia de 1º de agosto de 2024 por un
monto de $668.457.819,74.

40.
También se evidencia que, con auto de 15 de enero de 2024, se decretó el
embargo de bienes desembargados o su remanente de propiedad del municipio de
Ocaña que se tenían en el proceso ejecutivo 54001-33-31-000-2004-00801-00
tramitado por el Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta. Proceso en el cual el 17
de junio de esa anualidad se dio por terminado y se ordenó la conversión de dos
títulos, por $12.038.707,73 y $150.000.000, en atención a la aludida orden de
embargo, y se generaron los números de títulos 451010001047188 y
451010001047187, respectivamente.

41.
Por lo anterior, mediante providencia de 11 de septiembre de 2024, a solicitud de
la parte ejecutante, se dispuso la entrega de dichos depósitos judiciales a su
apoderado, Carlos Enrique Vera Laguado. Sin embargo, como no se aportó
certificación bancaria actualizada de la cuenta se requirió al profesional del derecho
para tal propósito y se indicó que “solo hasta que se obtenga dicha certificación
y en firme la providencia, por secretaría se hará lo necesario en el Portal del
Banco Agrario para la entrega de los mencionados depósitos con abono a la
cuenta que se certifique”.

42.
En cumplimiento de lo anterior se aportó certificación bancaria de la ejecutante
Mariela Angarita Angarita. Sin embargo, con auto de 20 de septiembre de 2024 se
explicó que se había ordenado la entrega a su apoderado, razón por la cual se debía
aportar la certificación de cuenta de él, por lo que se efectuó un nuevo requerimiento
en ese sentido.

43.
Posteriormente, el mencionado abogado sustituyó el poder a él conferido a la
profesional del derecho Evelyn Roxana Contreras Rodríguez, por lo que con
proveído de 4 de octubre de 2024 se aceptó dicha sustitución y se le reconoció
personería, para que actuara con las mismas facultades del apoderado principal, con

8

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

excepción de la de recibir, por cuanto esta debe manifestarse de manera expresa
por los ejecutantes, en los términos del inciso 4 del artículo 77 del CGP.

44.
Por otro lado, con auto de 15 de noviembre de 2024, se puso de presente que el
6 del mismo mes y año el municipio de Ocaña solicitó la suspensión del proceso,
conforme a la Ley 550 de 1999, en razón a que el 30 de septiembre de esa anualidad
se presentó solicitud formal de promoción de acuerdo de reestructuración de pasivos
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cual fue aceptada con resolución
de 3 de octubre siguiente. Petición a la que se accedió hasta cuando hubiere
transcurrido el término previsto en el artículo 27 de la aludida Ley. Determinación
contra la que se interpuso recurso de reposición, el cual fue atendido de manera
negativa con auto de 27 de noviembre de 2024.

45.
Por medio de auto de 8 de julio de 2025, como habían transcurrido 6 meses desde
la aludida suspensión se requirió al municipio de Ocaña para que informara lo
relacionado con el mencionado trámite de promoción del proceso de
reestructuración, en atención a que se encontraba pendiente la entrega de dineros a
la parte actora, sobre lo cual se pronunciaría una vez se reanudara el proceso
ejecutivo.

46.
Con autos de 29 de agosto y 6 de octubre de 2025 se requirió información del
municipio relacionada con el Acuerdo de Reestructuración que aportó el 15 de agosto
de esa anualidad, en concreto, cómo quedaron las obligaciones derivadas de la
sentencia reclamada.

47.
Mediante auto de 28 de octubre de 2025 se dispuso el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas el 23 de octubre de 2020 y 15 de enero de 2024, en
atención a la información suministrada por el Municipio, y con proveído de 7 de
noviembre de 2025, en cuanto a la entrega de dineros, indicó que, previo a ordenar
a Secretaría dar cumplimiento a la orden impartida en auto de 11 de septiembre de
2024, “requerirá al apoderado de la parte demandante para que informe a este
Despacho sobre la cuenta bancaria en la que se hará el abono a cuenta de los
depósitos que ya fueron ordenados entregar, toda vez que se solicitó el abono a
cuenta de la apoderada sustituta, Dra. EVELYN ROXANIA CONTRERAS
RODRÍGUEZ, no obstante el apoderado Dr. CARLOS ENRIQUE VERA LAGUADO
en memorial de fecha 02 de febrero del año 2025 manifestó que reasumía el poder,
dejando sin efectos la intervención de la apoderada Contreras Rodríguez en este
trámite, motivo por el cual deberá aclarar tal circunstancia”.

48.
Contra el anterior auto de 7 de noviembre de 2025 el municipio interpuso recurso
de reposición, frente al cual se dictó el auto atacado de 3 de diciembre de 2025, en
el que se ejerció control de legalidad y se dispuso “que el proceso se encuentra
SUSPENDIDO por el término de la vigencia del Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos Celebrado entre el Municipio de Ocaña – Norte de Santander y sus

9

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

Acreedores en el Marco de la Ley 550 de 1999”. Asimismo, se negó la devolución de
dinero al municipio, así como su entrega a la parte ejecutante.

49.
Descrito el anterior panorama, esta Sala no desconoce el Acuerdo de
Reestructuración celebrado por el municipio de Ocaña con sus acreedores ni la
norma que prevé la suspensión de procesos ejecutivos en curso, sin embargo, no se
puede pasar por alto que este se celebró con posterioridad a que se surtieran las
respectivas etapas procesales de seguir adelante la ejecución y la aprobación de la
liquidación del crédito, e incluso después de que se dispusiera la entrega de los
depósitos judiciales pretendidos por la parte actora, quedando pendiente sólo una
gestión secretarial.

50.
Dicha orden de entrega se profirió el 11 de septiembre de 2024 y no se llevó a
cabo su materialización en razón a que el apoderado no había aportado certificación
bancaria actualizada y, luego, porque se aportó la de una ejecutante y no la del
profesional del derecho, por lo que le fue requerido nuevamente ese documento con
auto de 20 del mismo mes y año. Sin embargo, en lugar de ello, el profesional del
derecho sustituyó el respectivo poder, lo que originó que mediante proveído de 4 de
octubre de 2024 se aceptara dicha sustitución, pero sin la facultad de recibir, porque
ello debía manifestarse de manera expresa por los ejecutantes.

51.
Posterior a ello, en concreto, el 6 de noviembre de 2024 es cuando el municipio
ejecutado pone en conocimiento de la autoridad judicial el proceso de
reestructuración, motivo por el cual se adoptan consecuentemente las decisiones a
las que se hizo referencia en párrafos anteriores.

52.
Por lo anterior, para la Sala la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo,
porque la interpretación de la norma de suspensión desconoce los efectos jurídicos
ya consolidados de una providencia en firme. Es decir, no podía aplicar la aludida
normativa de suspensión sin tener en consideración la orden de entrega de títulos
que ya se había impartido y la cual no pudo ejecutarse por exigencias de carácter
formal y condicionar su entrega a la vigencia del acuerdo de reestructuración, que
se extiende hasta el 31 de diciembre de 2034.

53.
La anterior determinación judicial desconoce las etapas procesales surtidas en el
ejecutivo, así como los efectos de una decisión ejecutoriada dentro del mismo
asunto, lo que conlleva de manera inevitable el quebranto de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Si bien se
desarrolló el proceso ejecutivo sin que se evidenciara irregularidad alguna en su
trámite, cuando este se superó y la parte actora logró obtener a su disposición los
dineros que le corresponden para cubrir la condena judicial que le fue favorable,
dicha materialización no le fue posible por aspectos de tipo formal y luego por
extendérsele de manera retroactiva la suspensión de que trata el numeral 13 del
artículo 58 de la Ley 550 de 1999.

10

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

54.
Aunque se invocan las garantías superiores de mínimo vital y vida digna, tales
prerrogativas no constituyen, por sí mismas, el objeto directo de amparo cuando la
tutela se presenta contra una providencia judicial. En este escenario se analiza, más
allá de los efectos negativos que aquella podría causar a uno de los extremos del
litigio por resultar vencido, si incurrió en alguna causal específica de procedibilidad
de la tutela. Asimismo, en cuanto a la prerrogativa de igualdad, sería pasible de
protección constitucional si se evidencia que a la accionante se le dio un trato
desigual injustificado frente a una misma situación fáctica y jurídica, lo cual no se
acreditó en este caso.

55.
Ahora bien, cabe anotar que la autoridad judicial no hizo alusión a la situación de
vulnerabilidad manifestada por la tutelante, la cual fue manifestada en este asunto
constitucional por los integrantes de la parte ejecutante, señores Mariela Angarita
Angarita (madre) y Martha Yulieth y Frankly Nayip Acosta Angarita (hermanos).
Circunstancias que si bien no implican, per se, acceder a lo pretendido por la parte
actora, sí deben examinarse por la autoridad judicial, dada la connotación
constitucional que ello le otorga.

56.
Por último, la Sala no abordará el análisis respecto del desconocimiento del
precedente invocado, en razón a que se deberá dictar una providencia de reemplazo,
en la que la autoridad judicial deberá aplicar la jurisprudencia que considere aplicable
a la controversia.

57.
En ese orden de ideas, esta Sala revocará la sentencia impugnada, que declaró
la improcedencia de la tutela, para en su lugar, acceder al amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al haber
incurrido el Juzgado accionado en defecto sustantivo, y, en consecuencia, dejar sin
efectos los proveídos de 3 de diciembre de 2025 y 20 de febrero de 2026, con el fin
de que esa autoridad en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación de la presente decisión adopte una providencia en la que se defina lo
relacionado con la entrega de títulos judiciales ordenada en el auto de 11 de
septiembre de 2024, en atención a lo aquí considerado sobre el particular.

58.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 28 de mayo de 2026, que declaró la
improcedencia de la acción, para en su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
tutelante, como consecuencia, se dispone DEJAR SIN EFECTOS los proveídos de
3 de diciembre de 2025 y 20 de febrero de 2026 emitidos por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cúcuta dentro del proceso ejecutivo 54001-23-33-000-2000-

11

Radicación: 54001-23-33-000-2026-00024-01
Accionante: Yéssica Tatiana Acosta Angarita
Accionado: Juzgado Séptimo Administrativo de Cúcuta

00044-00, para que en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación de la presente decisión adopte una providencia en la que se defina lo
relacionado con la entrega de títulos judiciales ordenada en el auto de 11 de
septiembre de 2024, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

7 VF

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.