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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00029-01

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00029-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2026 mediante la cual, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2026-00029-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 54001-23-33-000-2026-00029-011
Accionante : María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado : Consejo Nacional Electoral (CNE)
Vinculados : Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Acción : Tutela
Tema : Inscripción de candidaturas por las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dictar sentencia de segunda instancia en la acción de tutela incoada
por María del Carmen Torres Casadiego contra el Consejo Nacional Electoral, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
participación en política.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por
la accionante. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

2. La accionante, actuando en nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo
constitucional, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y participación en política.

3. Por consiguiente, formuló las siguientes pretensiones:

1 Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 54001-23-33-000-2026-00029-01
Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

“1. Que sean tutelados los derechos fundamentales solicitados en la protección
constitucional por las razones expuestas y el material probatorio aportado.

2.Que sean suspendidas las inscripciones de ENRIQUE RAFAEL PERTUZ ARIZA, DIANA
LICED PÉREZ PÉREZ Y WLADIMIR GÓMEZ BECERRA en sus calidades de candidatos
a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP 4 correspondiente a la subregión
del Catatumbo, Norte de Santander, por no cumplir los requisitos constitucionales
especiales establecidos en el acto legislativo 02 de 2021 y demás jurisprudencia que fue
relacionada en el escrito, así como también, por la omisión del Consejo Nacional Electoral
– CNE.

3.Que si no es suficiente la suspensión de las inscripciones por las omisiones del CNE,
sean entonces revocadas las inscripciones de ENRIQUE RAFAEL PERTUZ ARIZA, DIANA
LICED PÉREZ PÉREZ Y WLADIMIR GÓMEZ BECERRA en sus calidades de candidatos
a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP 4 correspondiente a la subregión
del Catatumbo, Norte de Santander, por no cumplir los requisitos constitucionales
especiales establecidos en el acto legislativo 02 de 2021 y demás jurisprudencia que fue
relacionada en el escrito, así como también, por la omisión del Consejo Nacional Electoral
– CNE.

4.Que ordene a la accionada que si no ha realizado, realice todas las acciones
correspondientes a garantizar los derechos afectados de las víctimas del conflicto que
tenemos garantía a una debida, justa y equitativa representación política en Congreso de
la República como parte de la ejecución material de esta medida de reparación política
creada por el Acuerdo Final de Paz de 2016.

5. Que se solicite al accionado Consejo Nacional Electoral – CNE, que se certifique la
participación política del señor ENRIQUE RAFAEL PERTUZ ARIZA, en los partidos UP y
Verdes como elemento de convicción para la decisión.

6. Que se solicite al accionado Consejo Nacional Electoral – CNE, de cuanta de los
resultados sobre las acciones de revocatoria de candidaturas de los y las candidatas de la
CITREP 4 como elemento de convicción para la decisión.

7. Que de considerarlo necesario, vincular a las demás personas que considere pertinentes
como la Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría General de la Nación,
alcaldía municipal de Sardinata, secretaría de gobierno de la alcaldía de Sardinata, alcaldía
de San José de Cúcuta, alcaldía de Teorama, secretaría de educación municipal de
Cúcuta, los referidos candidatos implicados en el incumplimiento de los requisitos arriba
descritos, las organizaciones sociales que postulan las listas, al Ejército Nacional de
Colombia, Misión del Observación Electoral – MOE y las demás que resulten necesarias.

8. Que de considerarlo necesario, se compulsen copias para acciones disciplinarias y
penales en donde lo estime conveniente por actuaciones de mala fe que violan bienes
jurídicos de personas con especial protección constitucional como somos las víctimas del
conflicto interno armado. (…)”

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Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

1.3 Hechos2

4. La accionante describió que las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
(CITREP) surgieron del Acuerdo Final de Paz de 2016 como una medida temporal de
reparación y garantía de participación política para las víctimas y los territorios más
afectados por el conflicto armado y que, mediante el Acto Legislativo 02 de 2021, se les
otorgó plena vigencia jurídica.

5. No obstante, el Consejo Nacional Electoral incurrió en una omisión al permitir y avalar
la inscripción de tres candidaturas que no cumplían de lleno los requisitos legales
establecidos en el Acto Legislativo 02 de 2021.

6. En efecto, frente a la candidatura del señor Enrique Rafael Pertuz Ariza, argumentó
que se encuentra incurso en una inhabilidad, toda vez que ha participado en elecciones
con el aval de partidos como la Unión Patriótica en 1998 y Alianza Verde en 2019.
Además, no cumple el requisito de nacimiento y/o de residencia en los últimos 3 años en
la región del Catatumbo, pues, según describió la accionante, este se ha desempeñado
como docente en la ciudad de Cúcuta de manera continua durante los últimos 20 años.

7. Pese a ello, el señor Pertuz Ariza fue inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil por la CITREP 4 del Catatumbo, postulado por la organización social
CORPOREDDEH. Señaló que, estos hechos, además de temerarios, contrarían los
requisitos establecidos en el artículo 5 transitorio en sus numerales 1 y 2 del Acto
Legislativo 02 de 2021.

8. En relación con la candidatura de la señora Diana Liced Pérez Pérez, la accionante
expuso que, tras el fallecimiento del esposo de la candidata, el señor Carlos Alberto
Salcedo, esta inscribió su candidatura en su reemplazo en la CITREP 4, avalada por la
Asociación de Cafeteros de la Victoria ASOCAFEVIC, sustitución que, en su entender,
configuró una lista compuesta por dos personas del mismo género, lo cual, contraviene
lo establecido en los artículos 1.° y 6.° transitorios del Acto Legislativo 02 de 2021, que
exigen que las listas tengan inexcusablemente un candidato de cada género para
garantizar la equidad.

2 Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.

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Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

9. Frente a la candidatura del señor Wladimir Gómez Becerra, quien fungió como mayor
del Ejército Nacional hasta ser llamado a calificar servicios, e inscrito como candidato a
la CITREP 4 por parte de la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza las
Mercedes, tampoco cumplió los requisitos para su candidatura por la circunscripción
especial, en tanto, es oriundo de Cúcuta y residió ininterrumpidamente en Bogotá en la
Institución Castrence, por lo que, las certificaciones de vecindad de Sardinata
presentadas en la inscripción faltan a la verdad, incumpliendo lo establecido en el artículo
5.º numerales 1 y 2 del Acto Legislativo 02 de 2021.

10. Agregó que, la participación de un militar en un espacio diseñado para las víctimas
civiles e históricas del conflicto armado evidencia una incompatibilidad ética frente al
Acuerdo de Paz.

11. Expuso que, el Consejo Nacional Electoral omitió su deber constitucional de
vigilancia, control y revisión sobre las inscripciones referidas, con lo que, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y la participación política, así
como los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica; generando la
consumación de un perjuicio irremediable toda vez que, al momento de la radicación de
la tutela, las elecciones se encontraban próximas a suceder.

II. TRÁMITE PROCESAL

12. Mediante auto del 25 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander admitió la presente acción de tutela y ordenó notificar al Consejo Nacional
Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los señores Enrique Rafael
Pertuz Ariza, Diana Liced Pérez Pérez y Wladimir Gómez Becerra, así como a la
Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos -
CORPOREDDEH; a la Asociación de Productores de Café del Corregimiento de la
Victoria -ASOCAFEVIC y a la Asociación de Víctimas Caminos de Esperanza Las
Mercedes.

2.1 Contestación de la acción

13. El Consejo Nacional Electoral señaló que, las competencias constitucionales
atribuidas esa entidad por el artículo 265 de la Constitución Política se limitan a las

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Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

funciones de inspección, vigilancia y control de la organización electoral y de los partidos
y movimientos políticos, así como, al ejercicio de atribuciones específicas como el
escrutinio general de votos, la declaratoria de elección de cargos de elección popular, la
revocatoria de inscripciones por causales de inhabilidad y la administración y distribución
de los recursos destinados a la financiación estatal de los partidos y campañas
electorales, entre otras.

14. En ese sentido, indicó que, la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
último y residual, y no como la vía principal para dirimir controversias que ya cuentan con
procedimientos ordinarios y refirió que dicha entidad ha tramitado diferentes solicitudes
de revocatoria de inscripción de los candidatos a la Cámara de Representantes por la
Circunscripción Especial de Paz (CITREP) No. 4; específicamente, respecto de los
ciudadanos Enrique Rafael Pertuz Ariza, Wladimir Gómez Becerra y Diana Liced Pérez
Pérez.

15. En ese contexto, sostuvo que, la señora María del Carmen Torres Casadiegos
pretende utilizar la acción de tutela como mecanismo inmediato previo sin agotar la
solicitud ante la entidad, puesto que, no ha presentado ninguna solicitud de revocatoria
de inscripción ante el CNE. Por lo anterior, no existe ninguna amenaza o menoscabo
atribuible a la entidad, razón por la cual, solicitó al juez constitucional declarar la
improcedencia de la acción.

16. La Registraduría Nacional del Estado Civil precisó que, conforme al Acto
Legislativo 02 de 2021 y a la Resolución núm. 6865 de 2025, su función se circunscribe
a la actualización del censo electoral y al trámite de inscripción de los candidatos a las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), labor que se limita,
estrictamente, a la verificación del cumplimiento de los requisitos formales de inscripción.

17. Por consiguiente, carece de competencia legal para determinar si los candidatos se
encuentran incursos en causales de inhabilidad, pues, la autoridad constitucionalmente
facultada para conocer, decidir y revocar la inscripción de candidatos a corporaciones
públicas es exclusivamente el Consejo Nacional Electoral.

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Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

18. En consecuencia, cualquier actuación orientada a dicho fin debe promoverse ante
esa Corporación, siendo un procedimiento en el cual la RNEC no tiene ningún tipo de
injerencia ni participación.

19. Wladimir Gómez Becerra se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, bajo el
argumento que, lo expuesto por la accionante corresponde a interpretaciones subjetivas
sin sustento probatorio. Indicó que, su condición de antiguo miembro de las Fuerzas
Militares ya fue objeto de debate y decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, que
se pronunció sobre una solicitud de revocatoria de su candidatura, circunstancia que, en
su entender, configura cosa juzgada. Adicionalmente, sostuvo que, existían otros
mecanismos de defensa al alcance de la accionante que nunca ejerció, puesto que, no
solicitó, en momento alguno, la revocatoria de la candidatura ante el CNE.

20. No se rindieron más informes.

2.2. La providencia impugnada

21. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante providencia del 6 de
marzo de 2026, declaró improcedente la solicitud de tutela formulada por la accionante,
toda vez que, no se acredita la legitimación en la causa para controvertir la inscripción
(de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-300 de
2024), en tanto, la señora Torres Casadiegos no demostró haber comparecido como
sujeto procesal en algún trámite administrativo tendente a controvertir las inscripciones
que ahora ataca.

22. De esa manera, recordó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 265 de la
Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral es la entidad competente e idónea
para adelantar la actuación administrativa relacionada con la revocatoria de las
inscripciones electorales.

23. Así las cosas, explicó que, aun cuando la accionante invocó su condición de víctima
del conflicto armado y la finalidad reparadora que tienen las CITREP, dicha condición no
comporta por sí misma la legitimación individual para pedir, en sede de tutela, la
revocatoria de inscripciones de terceros. De acuerdo con la jurisprudencia citada, el

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interés colectivo o comunitario en la integridad del diseño institucional de las CITREP no
se traduce automáticamente en un interés jurídico individual idóneo para superar el
estudio de legitimación por activa en sede de tutela; por cuanto, para superarlo se debe
acreditar una afectación concreta, propia y directa, lo cual ocurriría si la actora, por
ejemplo:

• Hubiese manifestado su intención de inscribirse como candidata en la misma
circunscripción,
• Hiciera parte de una organización avalista o actora en el proceso de inscripción,
• Hubiese activado un trámite administrativo o electoral contra dichas inscripciones.

24. No obstante, ninguno de estos supuestos se acreditó en el expediente, por lo que, el
Tribunal concluyó que la accionante no tiene legitimación en la causa por activa para
reclamar, en sede de tutela, la revocatoria de las candidaturas referidas.

2.3. Impugnación

25. Inconforme con la decisión de primera instancia, la accionante la impugnó, aduciendo
que, la conclusión relacionada con la falta de legitimación en la causa por activa parte
de una interpretación restrictiva que desconoce la naturaleza jurídica y constitucional de
las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

26. En efecto, sostuvo que, estas curules no corresponden a un mecanismo electoral
ordinario, sino que constituyen una medida excepcional de representación política
creada con fundamento en el Acuerdo Final de Paz y desarrollada constitucionalmente
mediante el Acto Legislativo 02 de 2021, cuyo propósito principal es garantizar la
participación democrática de las víctimas del conflicto armado y de las comunidades más
afectadas por la violencia en el país.

27. Bajo este entendido, las víctimas del conflicto armado no son terceros ajenos al
mecanismo institucional de las CITREP, ni simples observadores del proceso electoral.
30. Por el contrario, son los sujetos directamente destinatarios del diseño constitucional
de estas circunscripciones, en la medida en que dichas curules fueron concebidas como

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un instrumento de reparación política, inclusión democrática y garantía del derecho
fundamental a la participación.

28. En consecuencia, resulta jurídicamente improcedente sostener que quienes son
titulares directos del derecho a elegir representantes dentro de estas circunscripciones
especiales carecen de legitimación para acudir al juez constitucional cuando se
presentan situaciones que pueden comprometer la integridad del mecanismo diseñado
precisamente para garantizar nuestros derechos políticos.

29. En tal sentido, declarar la falta de legitimación por activa en un asunto de esta
naturaleza implica impedir que las víctimas puedan ejercer un control ciudadano y
constitucional sobre la correcta aplicación de los requisitos establecidos para quienes
aspiran a representarlas políticamente, lo cual, termina debilitando la finalidad
reparadora y democrática que inspiró la creación de las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz.

30. Por lo anterior, precisó que sí cuenta con un interés jurídico directo, actual y
constitucionalmente protegido, derivado de su condición de víctima del conflicto armado
y de su derecho a participar en la elección de representantes dentro de estas
circunscripciones especiales, circunstancia que justifica plenamente la legitimación para
acudir al juez constitucional en defensa de la integridad de este mecanismo.

31. Adicionalmente, señaló que, la legitimación por activa en el presente caso también
se encuentra plenamente justificada desde la condición de electora dentro de la
circunscripción especial, lo cual constituye un interés jurídico directo, actual y
constitucionalmente protegido.

32. El artículo 40 de la Constitución Política reconoce a todos los ciudadanos el derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, lo cual
incluye, entre otros aspectos, el derecho a elegir y ser elegidos, así como a ejercer
mecanismos de control frente a actuaciones que puedan afectar la integridad del proceso
democrático.

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Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
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33. En el caso de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), este
derecho adquiere una dimensión aún más relevante, dado que dichas circunscripciones
fueron creadas precisamente para garantizar la participación política efectiva de las
víctimas del conflicto armado y de las comunidades históricamente excluidas de la
representación política en el Congreso de la República.

34. Por lo tanto, en su condición de ciudadana y electora dentro del ámbito territorial de
la circunscripción especial, cuenta con un interés legítimo y directo en que el proceso
electoral se desarrolle conforme a los requisitos constitucionales y legales establecidos
para quienes aspiren a representar a estas comunidades, máxime que tiene derecho a
elegir dentro del territorio de la CITREP, lo que la legitima plena y claramente en su
derecho a elegir.

35. Por último, sostuvo que, los accionados rindieron el informe en primera instancia por
fuera del término concedido por el Tribunal para tal efecto, por lo que, debió aplicarse la
presunción de veracidad de los hechos de la demanda.

36. Por lo expuesto, solicitó:

1. REVOCAR la sentencia proferida el seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026) por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, notificada el once (11) de marzo de la misma
anualidad, mediante la cual se declaró improcedente la presente acción de tutela.

2. DECLARAR que la suscrita accionante sí cuento con legitimación por activa para promover
la presente acción constitucional, en razón de: - mi condición de víctima acreditada del conflicto
armado, sujeto de especial protección constitucional; - mi calidad de ciudadana y electora
dentro del ámbito territorial de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP);
• y mi condición de destinataria directa del mecanismo constitucional de representación política
creado mediante el Acto Legislativo 02 de 2021.

3. DEJAR SIN EFECTOS la decisión que declaró improcedente la acción constitucional por
falta de legitimación, al constituir una interpretación excesivamente restrictiva del acceso a la
justicia constitucional y una aplicación desproporcionada de las reglas de procedibilidad de la
acción de tutela.

4. REALIZAR el análisis de fondo del problema constitucional planteado, relacionado con: - la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y participación política
de las víctimas del conflicto armado, y - el cumplimiento de los requisitos constitucionales
establecidos en el Acto Legislativo 02 de 2021 para las candidaturas a las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

Radicado: 54001-23-33-000-2026-00029-01
Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

5. ADOPTAR las medidas constitucionales necesarias para garantizar la integridad institucional
de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, así como la protección efectiva de los
derechos políticos de las víctimas del conflicto armado y de las comunidades que integran
dichas circunscripciones.

6. AMPARAR los derechos fundamentales invocados en la presente acción constitucional,
teniendo en cuenta las pruebas, argumentos y memoriales allegados al expediente,
particularmente el escrito presentado el cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026), previo
a la decisión de primera instancia.

7. CONSIDERAR la suspensión de la declaratoria de elección de la lista que fue electa el
pasado 8 de marzo de 2026 por cuanto esta viciada por falta de requisitos constitucionales
especiales establecidos en el acto legislativo 02 de 2021 y la jurisprudencia relacionada con
esta temática.

8. NO DESCONOCER, la jurisprudencia sobre el Acuerdo Final de Paz de 2016 incluyendo las
CITREP con la SU 150 de 2021, la protección reforzada de las víctimas del conflicto armado
en Colombia, sobre la prevalencia del derecho sustancial por las formalidades y las demás
discutidas en el escrito de impugnación. 9. De considerarlo, declarar la nulidad de lo actuado
conservando el material probatorio allegado por la no vinculación de la Defensoría del Pueblo,
Procuraduría General de la Nación, La Misión de Observación Electoral – MOE y las demás
que se solicito su vinculación a la presente acción constitucional de tutela, re considerando la
medida provisional solicitada ante la gravedad de los hechos.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

37. Esta Corporación es competente para resolver la presente impugnación, en virtud de
los Decretos 2591 de 1991; 1382 de 2000; 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción

38. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

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3.3 Problema jurídico

39. Se contrae a determinar si la señora María del Carmen Torres se encuentra
legitimada en la causa para cuestionar, a través de la acción de tutela, la inscripción de
las candidaturas de los señores ENRIQUE RAFAEL PERTUZ ARIZA, DIANA LICED
PÉREZ PÉREZ y WLADIMIR GÓMEZ BECERRA por la Circunscripción Transitoria
Especial de Paz – CITREP 4.

3.4. Legitimación en la causa por activa

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, la acción de
tutela es un instrumento de defensa judicial preferente y sumario, al cual, puede acudir
cualquier persona con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales,
cuandoquiera que resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.

41. De otra parte, sobre la legitimidad e interés para acudir a la acción de amparo, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, dispone lo siguiente:

Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.

42. Ahora bien, sobre la titularidad de los derechos políticos, la Corte Constitucional ha
señalado que, «Los ciudadanos son titulares de derechos fundamentales políticos, conforme a lo
previsto en el artículo 40 de la Constitución, en concordancia con el artículo 103 ibidem».3

43. En lo que a este asunto interesa, la señora María del Carmen Torres acudió a la
acción de tutela con el fin de cuestionar la candidatura de los señores ENRIQUE RAFAEL
PERTUZ ARIZA, DIANA LICED PÉREZ PÉREZ y WLADIMIR GÓMEZ BECERRA por la
Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP 4 porque considera que, estos no
cumplen los requisitos previstos en el Acto Legislativo 02 de 2021 para las candidaturas
a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).

3
T-300 de 2024.

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44. Al respecto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de sentencia
del 6 de marzo de 2026, declaró improcedente la solicitud de tutela formulada por la
accionante, toda vez que, no encontró acreditada la legitimación en la causa para
controvertir la inscripción (de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en
la sentencia T-300 de 2024), en tanto, la señora Torres Casadiegos no demostró haber
comparecido como sujeto procesal en algún trámite administrativo tendente a controvertir
las inscripciones que ahora ataca.

45. En este contexto, la accionante insiste, en su escrito de impugnación en que sí está
legitimada para invocar la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado
en relación con la representación política de las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz (CITREP).

46. Al respecto, la Sala considera que, como se expresa en la impugnación, la accionante
sí está legitimada para acudir a la acción de tutela, toda vez que, se encuentra incluida
en el registro único de víctimas y, de acuerdo con la información aportada con la
impugnación, tenía su cédula inscrita para votar en el municipio de Sardinata, Norte de
Santander, que hace parte de la CITREP 4.

47. Por tanto, contario a lo que señaló el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
la accionante sí está legitimada en la causa por activa para acudir a la acción
constitucional.

48. No obstante, al plenario, no se aportó prueba que indique que la accionante hubiera
acudido ante el Consejo Nacional Electoral con el fin de cuestionar la candidatura de los
señores ENRIQUE RAFAEL PERTUZ ARIZA, DIANA LICED PÉREZ PÉREZ y
WLADIMIR GÓMEZ BECERRA.

49. En efecto, es importante recordar que, de conformidad con el artículo 265 de la
Constitución, esta entidad regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad
electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de

Radicado: 54001-23-33-000-2026-00029-01
Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

autonomía presupuestal y administrativa y, en ese contexto, tendrá las siguientes
atribuciones:

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. (Ver Ley 1475 de
2011)

2. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus
delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir
las credenciales correspondientes.

4. Además, de oficio, o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes
a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección con el objeto de que se garantice
la verdad de los resultados.

5. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de
acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y
de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.

7. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el
derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.

8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir
las credenciales a que haya lugar.

9. Reconocer y revocar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.

10. Reglamentar la participación de los Partidos y Movimientos políticos en los medios de
comunicación social del Estado

11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y movimientos para la toma de
decisiones y la escogencia de sus candidatos.

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de
elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de
inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos
candidatos.

13. Darse su propio reglamento.

14. Las demás que le confiera la ley.

50. En concordancia con lo anterior, la Ley 1475 de 2011, dispone:

Artículo 31. Modificación de las inscripciones.
La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser

Radicado: 54001-23-33-000-2026-00029-01
Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.
Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad
sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones
hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán
inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación.
Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento
que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán
a favor del inscrito en su reemplazo.

51. De esta manera, aun cuando el artículo 9.º del Decreto 2191 de 1991 señala que el
agotamiento de la vía administrativa es opcional, ello no implica que, el interesado esté
eximido de agotar los mecanismos de defensa que tiene a su alcance para procurar la
protección de sus derechos fundamentales, cuando estos son idóneos y eficaces.

52. En este contexto, la accionante no acudió ante el Consejo Nacional Electoral con el
fin de cuestionar el supuesto incumplimiento de los requisitos para ser candidato por la
CITREP previstos en el Acto Legislativo 02 de 2021, lo que, de suyo, implica que, en este
caso no se acredita el requisito de subsidiariedad.

53. Es importante precisar que, con esta decisión, la Sala no pretende, de forma alguna,
desconocer la importancia o trascendencia de las Circunscripciones Especiales
Transitorias de Paz y menos aún, los derechos constitucionales de las víctimas del
conflicto armado en Colombia. La decisión de improcedencia deviene de verificar que, la
accionante no acudió a las instancias electorales competentes para garantizar los
derechos de las minorías y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de
plenas garantías, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución y demás normas
concordantes.

54. Finalmente, tampoco es procedente analizar las pretensiones introducidas en la
impugnación, encaminadas a ordenar la suspensión de la declaratoria de elección de la
lista que fue electa el pasado 8 de marzo de 2026 por, presuntamente, estar viciada por
falta de requisitos constitucionales especiales establecidos en el acto legislativo 02 de
2021 y la jurisprudencia relacionada con esta temática, toda vez que, al haberse
presentado de manera novedosa en el recurso, las entidades demandadas no han tenido
oportunidad legal para presentar argumentos de defensa, lo que quebrantaría su derecho
fundamental al debido proceso, y porque, además, para ventilar esas pretensiones, el

Radicado: 54001-23-33-000-2026-00029-01
Accionante: María del Carmen Torres Casadiegos
Accionado: Consejo Nacional Electoral

ordenamiento jurídico prevé el medio de control de nulidad electoral, el cual, se insiste,
también es idóneo y eficaz.

IV. DECISIÓN

55. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, pero por las razones expuestas
en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 6 de marzo de 2026 mediante la cual, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander declaró improcedente la acción de tutela
de la referencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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