Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00105-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00105-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2026-00105-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2026-00105-01
Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Demandado: Juzgado 10 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cúcuta
Temas: Impugnación. Tutela contra autoridad judicial. Inexistencia del
fenómeno de temeridad en la presente acción.
Decisión: Modifica parcialmente la sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por el Juzgado 10 Penal del Circuito de
Cúcuta contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual amparó los derechos
fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la información pública del
accionante.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 15 de abril de 2026, Nerio Alexander Bastidas Padilla presentó acción de
tutela en contra del Juzgado 10 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cúcuta, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y acceso a la información pública. En consecuencia,
solicitó ordenar a la autoridad judicial mencionada que, en un término máximo de
48 horas, cumpla con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, y en
tal sentido, entregue de forma efectiva la relación de audiencias y las copias de las
constancias solicitadas en la petición del 19 de diciembre de 2025, toda vez que
dicha solicitud «se entiende aceptada por ministerio de la ley».
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, afirmó que el 19
de diciembre de 2025, solicitó al Juzgado 10 Penal del Circuito de Cúcuta una
relación detallada de las audiencias celebradas entre el 1 de mayo de 2024 y el 19
de diciembre de 2025, especificando el lugar de conexión (IP) y copias de
constancias de aplazamiento.
3. Indicó que, el 9 de febrero de 2026, luego de haber transcurrido el término
previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 para resolver ese tipo de
peticiones, el despacho judicial mencionado contestó de forma negativa su
pedimento. Al respecto, señaló que aquella reconoció expresamente que la
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información solicitada no tenía carácter de reserva legal; sin embargo, señaló que aquel
(accionante) carecía de «competencia» para auditar su labor judicial.
4. Por lo anterior, manifestó que interpuso recurso de insistencia, el cual fue
declarado improcedente el 26 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, al considerar que, debido que el Juzgado 10 Penal del Circuito
de Cúcuta había negado expresamente la existencia de reserva legal sobre los
documentos, la vía de la insistencia, diseñada exclusivamente para controversias
sobre reserva, no era el mecanismo idóneo.
5. Como fundamentos de derecho, la parte accionante afirmó que el Juzgado
10 Penal del Circuito de Cúcuta no resolvió su petición en el término de los 10 días
que dispuso el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 ni informó sobre la necesidad de
una prórroga por lo que operó el silencio administrativo positivo. En esa medida,
consideró que el despacho perdió la facultad discrecional de negar la entrega, de
manera que las copias debían entregarse dentro de los 3 días siguientes. La
respuesta tardía del 9 de febrero de 2026 es ineficaz para revertir un derecho ya
consolidado en cabeza del peticionario.
6. Igualmente, sostuvo que el Juzgado, al reconocer que la información no
tenía reserva legal, su negativa se tornaba caprichosa y arbitraria. El acceso a
documentos públicos es la regla general en un Estado Social de Derecho y el control
ciudadano sobre la función pública (incluida la judicial) es un pilar democrático. La
autoridad no puede imponer requisitos adicionales al ciudadano que no están
previstos en la ley para acceder a documentos que son públicos por naturaleza.
Intervenciones1
7. El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta
indicó que el 9 de febrero de 2026, a través del Oficio No. 18, emitió respuesta de
fondo, clara y congruente a lo solicitado a la dirección electrónica dispuesta para tal
efecto, cumpliéndose así con cada uno de los elementos que deben satisfacerse en
el marco de este derecho fundamental.
8. Adujo que atendiendo la particularidad de las peticiones y el contexto que
las rodea, la acción de tutela no es el mecanismo jurídico para que se conceda lo
pretendido, ya que la relación de las audiencias celebradas por ese Despacho y las
constancias de aplazamiento de estas no es información ligada al ejercicio de la
función pública que debe ser de conocimiento público, aunado a que al señor
Bastidas ya se le han compartido copias de las constancias hasta el mes de octubre,
fecha posterior, incluso a su desvinculación.
9. Señaló que el accionante no puede pretender fungir de manera indefinida
como auditor, revisor y/o inspector personal de la labor judicial, llevada a cabo en
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El 17 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió la acción de tutela en contra del Juzgado
10 Penal del Circuito de Cúcuta.
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esa unidad judicial, ya que esta información a su consideración solo debe ser
suministrada a la Sala disciplinaria que asuma el conocimiento de la denuncia
interpuesta por el accionante, en el marco de la investigación disciplinaria en su
contra.
10. Alegó que no es posible que el actor siga de manera constante e indefinida
exigiendo que esa funcionaria judicial suministre información, datos, certificaciones
y documentos que develan desempeño y rendimiento laboral en el día a día y
tampoco es admisible que de manera indistinta e indiscriminada exija el suministro
de dicha información camuflándolo bajo el pretexto genérico de que se trata de un
mero «recaudo probatorio», cuando la teoría procesal de la prueba existen filtros y
parámetros sobre su admisibilidad, proporcionalidad, conducencia, utilidad, etc.; los
cuales solo podrán ser evaluados y/o determinados por parte de la autoridad
disciplinaria o judicial correspondiente y de conformidad no solo con dichos
parámetros procedimentales, sino con la viabilidad de los mismos de cara al
contexto particular del caso en concreto.
11. Resaltó que si lo anterior no fuera suficiente, ese despacho está realmente
congestionado no solo por el reparto ordinario, sino porque de los procesos que
tienen bajo su conocimiento, el 80% son complejos, fijándose de 10 a 12 audiencias
diarias de detenidos y/o procesados, sin contar con empleados en descongestión,
situación que a su consideración le impide acceder periódicamente a las solicitudes
del actor, de discriminar y obtener los documentos que pretende, que lo único que
genera es una afectación del funcionamiento del despacho judicial. En esos
términos, solicitó denegar el amparo pretendido por la parte accionante.
Sentencia impugnada
12. El 30 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
amparó los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la
información pública y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:
«[…] SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Décimo (10º) Penal del Circuito de Cúcuta, para que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
providencia, proceda al suministro de información y entrega de documentos pretendidos
por el actor en la petición del 19 de diciembre del 2025, teniéndose en cuenta las
consideraciones expuestas en la parte motiva.
Si la señora Jueza accionada al entregar la información encuentra que puede afectarse el
derecho a la intimidad de terceros, deberá abstenerse de revelar datos sensibles que
excedan la finalidad de la solicitud […]».
13. Para soportar lo anterior, la autoridad judicial precitada explicó que como la
petición formulada por el accionante el 19 de diciembre de 2025 está relacionada
con el suministro de documentos e información, en los términos de lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1437 del 2011, tal como quedó con la modificación hecha por
la Ley 1755 del 2015, esta debía resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su recepción, es decir, a más tardar el 6 de enero del 2026, razón por la que, al
no existir pronunciamiento alguno por parte del Juzgado accionado, previo al
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vencimiento del aludido plazo, no había duda que al actor se le vulneró su derecho
fundamental de petición.
14. En ese sentido, explicó que, al no haberse resuelto oportunamente la
petición, esta se entiende aceptada «para todos los efectos legales» en virtud de lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, de manera que el despacho
accionado debió entregar lo requerido dentro de los 3 días siguientes, es decir, a
más tardar el 9 de enero de 2026.
15. Al respecto, puso de presente que el Juzgado, mediante el Oficio No 018
del 9 de febrero de 2026, no accedió a lo solicitado, pero no porque se tratara de
información con carácter de reserva, sino porque lo solicitado no revestía la calidad
de documentos públicos y el peticionario no era una autoridad respaldada por la ley
o que contara con respaldo jurídico para que realizara un control o auditoría
permanente sobre ese despacho.
16. Así las cosas, el Tribunal consideró que la anterior decisión desconoce que
es el artículo 23 de la Constitución el que radica en toda persona la legitimación
para presentar derechos de petición a las autoridades, con la condición de que sean
respetuosos. Adicionalmente, aclaró que lo requerido por el accionante no evidencia
que pueda generarse la vulneración del derecho a la intimidad de las personas que
participan en los procesos penales, ya que se está solicitando es una relación del
número de audiencias celebradas en un periodo de tiempo y cuáles fueron
realizadas en la sede del Despacho y cuáles no; empero, si la señora Jueza
accionada al entregar la información encuentra que puede afectarse el derecho a la
intimidad de terceros, deberá abstenerse de revelar datos sensibles que excedan la
finalidad de la solicitud.
17. Finalmente, precisó que no desconoce los argumentos de defensa del
Juzgado, en el sentido que dada la alta carga de procesos ordinarios que se tramita
y la falta de empleados en descongestión no le ha sido posible contestar las
peticiones formuladas por el actor; sin embargo, estos no son válidos para
desconocer que tratándose del derecho fundamental de petición el artículo 14 de la
Ley 1755 de 2015 establece la consecuencia legal para cuando no se contestan
oportunamente las solicitudes de información y documentos, como se explicó
anteriormente.
Impugnación
18. La parte accionada impugnó la anterior decisión, para lo cual afirmó que se
configuró la temeridad de la acción, comoquiera que, con ocasión a una petición
anterior, el 16 de abril de 2026 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
profirió fallo en la acción de tutela con radicado 54001-23-33-000-2026-00083-00,
en el que ordenó «emitir una respuesta de fondo a la petición presentada el día 04
de febrero de 2026, en la que se certifique, únicamente, si la conexión para cada
una de las 617 diligencias expuestas se efectuó desde las instalaciones físicas de
la sede judicial o de forma externa, absteniéndose de revelar datos sensibles que
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excedan la finalidad de la solicitud, tales como direcciones IP privadas, protocolos
de geolocalización exacta o ubicaciones domiciliarias. Adicionalmente, se deberá
garantizar la entrega detallada del número de radicado, fecha y hora exacta de inicio
de cada diligencia, conforme lo solicitó el peticionario».
19. Indicó que el anterior mandato coincide con lo que se dispuso en la presente
acción, teniendo en cuenta que la información y entrega de documentos pretendidos
por el actor en la petición del 19 de diciembre de 2025 refiere a la relación detallada
de las audiencias celebradas por este Despacho Judicial entre el 1 de mayo de 2024
y el 19 de diciembre de 2025, con especificación del lugar de conexión, además de
unas copias de las constancias de aplazamiento, por lo que se está disponiendo
nuevamente lo que fue objeto de en la primera acción de tutela, de ahí que debió
haberse rechazado o decidido desfavorablemente la acción de la referencia.
20. Sobre el particular, aclaró que dicho argumento no fue expuesto en su
momento ante el juez de primera instancia, debido a que contestó la presente acción
antes de que le notificaran el fallo mencionado, lo cual ocurrió el 21 de abril de 2026.
21. Ahora, en caso de que los anteriores argumentos no sean suficientes para
revocar la decisión impugnada, alegó que el término otorgado no es razonable, por
cuanto su ejecución exige la recopilación de información relativa a audiencias
celebradas durante más de un año y medio, lo que hace materialmente imposible
cumplir con la certificación en el plazo de 48 horas. Esta carga no solo supera las
capacidades humanas de ejecución, sino que además resulta incompatible con el
desarrollo ordinario de las labores judiciales diarias «como si ese despacho judicial
estuviese creado solo a satisfacción de las pretensiones del accionante, las cuales,
se están poniendo por encima del interés general de los usuarios de la
administración de justicia y del funcionamiento habitual del juzgado».
22. Por lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado, para que en su lugar se
nieguen las pretensiones por la actuación temeraria del extremo activo y, de forma
subsidiaria, que se amplíe el termino concedido a un mínimo de 30 días.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse o revocarse la
sentencia de primera instancia, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander accedió al amparo solicitado, por lo que examinará si se configuró
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una temeridad en la presente acción, ante la existencia de una acción de tutela
previa.
Análisis del caso
25. La Sala modificará parcialmente la sentencia de primera instancia, de
acuerdo con los argumentos que a continuación se exponen:
26. En el fallo del 30 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander accedió al amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó al Juzgado 10
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cúcuta el suministro de
información y entrega de documentos pretendidos por el actor en la petición del 19
de diciembre del 2025.
27. Por su parte, el Juzgado accionado, en el escrito de impugnación, afirmó
que se configuró una acción temeraria, en razón a que el actor promovió con
anterioridad otra solicitud de amparo que fue resuelta a través de la sentencia
proferida el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
dentro del expediente radicado No. 54001-23-33-000-2026-00083-00.
28. Sobre el particular, conviene recordar que la temeridad, en los términos del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y de la jurisprudencia constitucional 2 , se
configura cuando una misma persona promueve de manera sucesiva varias
acciones de tutela que presentan identidad de partes, identidad de hechos,
identidad de pretensiones y ausencia de una justificación razonable que explique la
nueva solicitud de amparo.
29. En el asunto objeto de estudio no se reúnen los presupuestos exigidos para
predicar la configuración de dicho fenómeno procesal. Si bien se advierte identidad
de partes entre la acción de tutela decidida por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander mediante sentencia del 16 de abril de 2026 y la presente actuación
constitucional, lo cierto es que no existe identidad de causa ni de pretensiones.
30. Al respecto, la acción de tutela resuelta dentro del radicado No. 54001-23-
33-000-2026-00083-00 tuvo origen en la petición presentada por el accionante el 4
de febrero de 2026 ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Cúcuta, mediante la
cual solicitó que la titular del despacho certificara cuántas de las 617 audiencias
relacionadas en el Informe Técnico No. 637131 de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial fueron realizadas dentro de las instalaciones físicas del
juzgado y cuántas se llevaron a cabo desde lugares externos o remotos, indicando
los respectivos radicados, fechas y horas de realización.
31. Por el contrario, la presente acción de tutela tiene como fundamento una
petición distinta, radicada el 19 de diciembre de 2025, mediante la cual el actor
requirió una relación detallada de las audiencias celebradas entre el 1 de mayo de
2
Ver, entre otras, las Sentencias SU-027 de 2021 y SU-040 de 2026 de la Corte Constitucional.
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2024 y el 19 de diciembre de 2025, así como información relacionada con el lugar
de conexión y las constancias de aplazamiento correspondientes. Es decir, a pesar
de que existe una relación entre los temas que se discuten en ambas peticiones, las
acciones persiguen diferentes finalidades.
32. Al respecto, mientras la tutela primigenia versó sobre la respuesta otorgada
a la petición del 4 de febrero de 2026 y estuvo encaminada a establecer, respecto
de las 617 diligencias identificadas en el Informe Técnico No. 637131, cuáles se
realizaron desde la sede judicial y cuáles desde lugares externos, la presente acción
constitucional controvierte la respuesta suministrada a la petición del 19 de
diciembre de 2025, cuyo propósito consiste, en primer término, en identificar las
audiencias celebradas dentro de un período determinado y, a partir de dicha
información, establecer cuántas de ellas fueron desarrolladas desde las
instalaciones del juzgado y cuántas desde ubicaciones externas.
33. En esas condiciones, la diferencia existente entre las solicitudes
administrativas que dieron origen a cada una de las acciones de tutela impide
predicar identidad de hechos y de pretensiones, elementos indispensables para la
configuración de la temeridad. Por consiguiente, no prospera el argumento expuesto
por la autoridad judicial accionada.
34. Ahora bien, como en el escrito de impugnación el Juzgado 10 Penal del
Circuito de Cúcuta limitó su inconformidad a cuestionar la supuesta configuración
de la temeridad, sin formular reparo alguno frente al análisis efectuado por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander frente al examen de si había lugar o
no a acceder a la información y documentación solicitada por la parte actora, razón
por la cual esta Sala no emitirá un pronunciamiento sobre ese aspecto, toda vez
que no fue objeto de controversia en la impugnación.
35. Sin embargo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander ordenó que la información y entrega de los documentos debía hacerse
en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esa decisión. En esa
medida, se estima necesario modular el plazo concedido para el cumplimiento de
dicha orden, dado que la naturaleza y volumen de la información requerida por el
accionante implica la realización de actividades administrativas orientadas a la
recopilación, verificación, clasificación y eventual depuración de los datos cuya
entrega fue ordenada. Además, no puede desconocerse la carga laboral y
congestión judicial que afronta el despacho accionado, circunstancias que
razonablemente inciden en la ejecución material de lo dispuesto por el juez
constitucional.
36. En consecuencia, se modificará parcialmente el ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, con el fin de garantizar un
cumplimiento efectivo, integral y adecuado de la orden judicial, sin que ello implique
desconocer los derechos fundamentales amparados, el cual quedará así:
«[…] SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Décimo (10º) Penal del Circuito de Cúcuta, para que
en el término máximo de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
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Demandante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
proceda al suministro de información y entrega de documentos pretendidos por el actor en la
petición del 19 de diciembre del 2025, teniéndose en cuenta las consideraciones expuestas en la
parte motiva.
Si la señora Jueza (sic) accionada al entregar la información encuentra que puede afectarse el
derecho a la intimidad de terceros, deberá abstenerse de revelar datos sensibles que excedan la
finalidad de la solicitud […]».
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE el ordinal segundo de la parte resolutiva
de la sentencia del 30 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el cual quedará así:
«[…] SEGUNDO: Ordenar al Juzgado Décimo (10º) Penal del Circuito de Cúcuta, para que
en el término máximo de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda al suministro de información y entrega de documentos pretendidos por el actor en
la petición del 19 de diciembre del 2025, teniéndose en cuenta las consideraciones
expuestas en la parte motiva.
Si la señora Jueza (sic) accionada al entregar la información encuentra que puede afectarse
el derecho a la intimidad de terceros, deberá abstenerse de revelar datos sensibles que
excedan la finalidad de la solicitud […]».
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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