Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00112-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2026-00112-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00112-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2026-00112-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega, en su condición de alcalde
municipal de Ábrego
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con
el requisito general de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 5 de mayo de 2026 por la Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que
negó el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Huber Darío Sánchez Ortega, en su condición de alcalde municipal de Ábrego,
promovió acción de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cúcuta, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, legalidad procesal y seguridad jurídica del
Municipio de Ábrego.
2. ORDENAR el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares de
embargo decretadas dentro del proceso ejecutivo radicado No. 54-001-33-40-010
2016-01067-00, por carecer de sustento jurídico al estar fundadas en una
actuación procesal anulada.
3. ORDENAR al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
DE CÚCUTA que, dentro del término que su despacho considere perentorio:
a) Resuelva de fondo, de manera inmediata y motivada, la solicitud de
levantamiento de medidas cautelares radicada el 13 de febrero de 2026 y reiterada
el 07 de abril de 2026.
b) Adopte decisión expresa sobre el cumplimiento integral del auto de fecha 13 de
marzo de 2025, mediante el cual se declaró la nulidad de la actuación procesal.
4. ORDENAR a las entidades financieras (en especial BANCOLOMBIA S.A.) que,
una vez notificada la decisión, procedan de manera inmediata a desbloquear y
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 54001 23 33 000 2026 00112 00.
1
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
liberar la totalidad de las cuentas del Municipio de Ábrego, sin distinción de su
naturaleza.
5. ORDENAR que se garantice el restablecimiento del estado procesal conforme
a la nulidad decretada, cesando todos los efectos derivados de las actuaciones
anuladas, incluyendo las medidas cautelares.
6. ORDENAR la protección inmediata de los recursos del Sistema General de
Participaciones, en especial los correspondientes a la cuenta terminada en 5530,
en razón a su destinación específica para subsidios a los servicios públicos
domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3, así como para el cumplimiento de
obligaciones presupuestales previamente comprometidas. (Mayúsculas y negrillas
originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que la señora Celina Sánchez Álvarez promovió proceso ejecutivo
en contra del municipio de Ábrego, al que le correspondió el radicado núm. 54001 33 40
010 2016 01067 00 y fue asignado al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cúcuta que decretó medidas cautelares de embargo sobre las cuentas del ente territorial,
con fundamento en el auto del 1 de agosto de 2023, lo que, según aseveró, afectó los
recursos públicos administrados por el municipio.
Relató que, mediante providencia del 13 de marzo de 2025, el juzgado accionado declaró
la nulidad de la actuación procesal a partir del auto del 1 de agosto de 2023, inclusive,
por haberse omitido resolver los recursos interpuestos contra la liquidación del crédito.
Adujo que, entre las actuaciones anuladas, se encontraba el auto del 1 de agosto de
2023, que sirvió de fundamento para decretar las medidas cautelares de embargo sobre
las cuentas del municipio de Ábrego. Por ello, sostuvo que dichas medidas carecían de
soporte jurídico válido.
Expuso que, pese a la declaratoria de nulidad, las entidades financieras mantuvieron
vigentes los embargos sobre múltiples cuentas del municipio. En particular, afirmó que
Bancolombia S.A. aplicó la medida cautelar sobre varias cuentas, incluida la cuenta de
ahorros terminada en 5530, correspondiente a recursos del Sistema General de
Participaciones.
Manifestó que, de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda,
la cuenta terminada en 5530 contenía recursos del Sistema General de Participaciones
para Agua Potable y Saneamiento Básico, destinados a subsidios de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3, reservas de
contratos en ejecución y cuentas por pagar.
Aseguró que dichos recursos tenían destinación específica y, por tanto, no podían
utilizarse para fines distintos a los legalmente previstos. Agregó que la permanencia del
embargo impedía su ejecución y comprometía el cumplimiento de obligaciones
esenciales del municipio, incluidos los subsidios dirigidos a población vulnerable.
Precisó que, en desarrollo de los efectos jurídicos de la nulidad, el Municipio de Ábrego,
a través de apoderado judicial, radicó el 13 de febrero de 2026 una solicitud de
cumplimiento del auto de nulidad y de levantamiento de medidas cautelares, mediante la
plataforma SAMAI. En dicho memorial, puso de presente que mantener o ejecutar
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
medidas cautelares fundadas en una providencia anulada configuraba una actuación
contraria al debido proceso.
Señaló que, ante la falta de pronunciamiento del despacho judicial, el municipio presentó
un memorial de impulso procesal el 7 de abril de 2026, también radicado mediante
SAMAI, en el que reiteró la solicitud de decisión urgente sobre el levantamiento de las
medidas cautelares.
Anotó que, a pesar de la declaratoria de nulidad y las solicitudes presentadas,
Bancolombia S.A. mantuvo las medidas de embargo sobre las cuentas del ente territorial.
Sostuvo que la permanencia de las medidas cautelares generó una afectación real, actual
y verificable al patrimonio público del municipio de Ábrego, pues comprometió recursos
con destinación específica, afectó la gestión administrativa, la ejecución presupuestal y
la prestación de servicios públicos esenciales.
Agregó que, con corte al 31 de diciembre de 2025, el municipio tenía obligaciones
pendientes por pagar por concepto de reservas presupuestales y cuentas por pagar y
que los recursos embargados estaban destinados a la ejecución de contratos
relacionados con la construcción, adecuación, optimización y mantenimiento de
infraestructura de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en el municipio.
Explicó que la ejecución de dichos contratos buscaba mejorar la calidad de vida de los
habitantes de Ábrego y garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. A su
juicio, la permanencia del embargo comprometía directamente los derechos de la
población más vulnerable, en particular el acceso a servicios públicos domiciliarios en
condiciones de continuidad, eficiencia y universalidad.
Finalmente, alegó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela, el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta no había emitido decisión alguna frente a
las solicitudes radicadas el 13 de febrero de 2026 y reiteradas el 7 de abril del mismo
año. En su criterio, esa omisión configuraba una mora judicial injustificada, vulneraba los
derechos fundamentales invocados y prolongaba los efectos de una medida cautelar
fundada en una actuación procesal anulada.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de abril de 20262 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que, por auto del 21 de abril de 20263 la admitió,
negó la medida provisional y dispuso notificar4 al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 00.
4 Esta orden se cumplió el 22 de abril de 2026. Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 54001 23 33 000 2026 00112 00.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
3.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta rindió informe5 en el que
manifestó que no había vulnerado los derechos fundamentales invocados por el
accionante, pues las actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo se surtieron
con observancia de las normas procesales aplicables, las garantías propias del debido
proceso y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la embargabilidad de recursos
públicos en procesos ejecutivos derivados de sentencias judiciales.
Indicó que, mediante auto del 13 de marzo de 2025, declaró la nulidad de la actuación a
partir del auto del 1 de agosto de 2023, inclusive, decidió no reponer la providencia del
30 de octubre de 2020 y concedió, en el efecto diferido, el recurso de apelación contra la
providencia que modificó la liquidación del crédito. Agregó que la actuación fue remitida
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y que, para la fecha del informe, no
había recibido notificación de la decisión de segunda instancia.
Frente a las medidas cautelares, señaló que, de acuerdo con las respuestas emitidas por
distintas entidades financieras, sobre las cuentas del municipio de Ábrego existían
embargos anteriores, por lo que la afectación alegada por el accionante no provenía
exclusivamente de la medida decretada por ese despacho. Además, precisó que en la
cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario correspondiente al juzgado no existía
título constituido con ocasión del proceso ejecutivo, por lo que no era posible disponer de
dineros derivados del embargo.
Explicó que, como el recurso de apelación fue concedido en el efecto diferido, la decisión
sobre el levantamiento de las medidas cautelares dependía del pronunciamiento del
superior respecto de la liquidación del crédito. En consecuencia, afirmó que carecía de
competencia para resolver la solicitud de levantamiento de embargo hasta tanto el ad
quem decidiera el recurso concedido.
Por lo anterior, solicitó desestimar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar
que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, legalidad procesal y seguridad jurídica.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 5 de mayo de
2026, negó el amparo solicitado.
Para ello, inicialmente señaló que se encontraban acreditados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela relativos a la legitimación en la causa por activa y por
pasiva, así como el de inmediatez. Sin embargo, concluyó que no se satisfacía el
presupuesto de subsidiariedad, porque lo solicitado correspondía a un impulso procesal
dentro de un proceso ejecutivo en curso, regulado por las normas propias de ese trámite,
y no al ejercicio autónomo del derecho fundamental de petición.
Asimismo, indicó que, mediante auto del 13 de marzo de 2025, el juzgado accionado
declaró la nulidad de la actuación a partir del auto del 1 de agosto de 2023, decidió no
reponer la providencia del 30 de octubre de 2020 y concedió, en el efecto diferido, el
recurso de apelación contra la providencia que modificó la liquidación del crédito.
5 Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 00.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
No obstante, precisó que no era plenamente ajustado sostener que el juzgado accionado
carecía de competencia para pronunciarse sobre la solicitud relativa a las medidas
cautelares, pues lo pendiente de decisión ante el superior funcional era la apelación
contra el auto del 30 de octubre de 2020, relacionado con la modificación de la liquidación
del crédito.
Finalmente, concluyó que la acción de tutela no era procedente, debido a que la solicitud
debía tramitarse conforme a las reglas propias del proceso ejecutivo. Agregó que admitir
el amparo en ese escenario implicaría alterar la función jurisdiccional y convertir la tutela
en un mecanismo alterno para resolver asuntos que corresponden al juez natural del
proceso.
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó6 manifestando
lo siguiente:
Expuso que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander desconoció la naturaleza
real de la vulneración constitucional alegada, al considerar que la acción de tutela
pretendía únicamente obtener un impulso procesal dentro del proceso ejecutivo. A su
juicio, el amparo no se dirigió simplemente a provocar una actuación ordinaria del
juzgado, sino a cuestionar la permanencia de medidas cautelares fundadas en una
providencia expresamente anulada por el propio despacho accionado.
Resaltó que, mediante auto del 13 de marzo de 2025, el juzgado accionado declaró la
nulidad de la actuación a partir del auto del 1 de agosto de 2023, inclusive, providencia
esta última mediante la cual se había actualizado la liquidación del crédito y decretado
las medidas cautelares que continuaban afectando las cuentas oficiales del municipio;
por ello, sostuvo que la controversia no se reducía a una omisión procesal, sino a
determinar si resultaba compatible con el debido proceso, la legalidad procesal y la
seguridad jurídica mantener embargos derivados de una actuación judicial jurídicamente
inexistente.
Adujo que el fallo impugnado también desconoció que el municipio de Ábrego agotó los
mecanismos ordinarios disponibles antes de acudir a la tutela, pues el 13 de febrero de
2026 presentó solicitud de cumplimiento del auto de nulidad y levantamiento de medidas
cautelares, y el 7 de abril del mismo año radicó memorial de impulso procesal en el que
reiteró la necesidad urgente de resolver el desembargo. En ese sentido, afirmó que la
tutela se promovió ante la falta de respuesta judicial y la prolongación de una afectación
actual sobre recursos públicos municipales.
Asimismo, cuestionó la interpretación efectuada sobre el recurso de apelación concedido
en el efecto diferido. Explicó que dicho recurso tenía por objeto revisar la providencia que
modificó la liquidación del crédito, mas no las medidas cautelares ni el auto de embargo,
por lo que, en su criterio, el juzgado accionado conservaba competencia para
pronunciarse sobre la solicitud de levantamiento de las cautelas. Agregó que la propia
sentencia de primera instancia reconoció que no resultaba plenamente ajustado sostener
que el despacho carecía de competencia para resolver esa solicitud.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 00.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
Arguyó que la omisión judicial configuraba una vulneración actual y continuada de los
derechos fundamentales invocados, porque permitía que permanecieran retenidos
recursos públicos municipales, incluidos recursos del Sistema General de Participaciones
destinados a subsidios de servicios públicos esenciales, con fundamento en una
actuación anulada.
Finalmente, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, conceder el amparo y
ordenar al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta que profiriera decisión
de fondo y dispusiera el levantamiento de las medidas cautelares derivadas de la
actuación anulada mediante auto del 13 de marzo de 2025.
5.2. Por auto proferido el 28 de mayo de 2026 se concedió la impugnación7 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 2 de junio de 20268.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
6.2.1. La señora Celina Sánchez Álvarez promovió proceso ejecutivo contra el municipio
de Ábrego, con el fin de obtener el pago de la condena impuesta mediante sentencia
judicial ejecutoriada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 54001 23 31 000 2001 01845 00.
6.2.2. Mediante auto del 30 de octubre de 2020, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Cúcuta modificó el crédito por la suma de $1.043.017.851,71, correspondiente
a salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y descuentos obligatorios e
intereses.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 00.
8 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 54001
23 33 000 2026 00112 01.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso ejecutivo identificado con radicado núm. 54001 33 40
010 2016 01067 00/01/02.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
Adicionalmente, dispuso que el municipio de Ábrego debía girar, con destino al Sistema
General de Seguridad Social y en favor de la ejecutante, la suma de $73.761.002.77.
6.2.3. Mediante auto del 1 de agosto de 2023, el juzgado actualizó la liquidación del
crédito y decretó el embargo de las cuentas de ahorro o corrientes del municipio de
Ábrego en distintas entidades financieras, así como de los créditos existentes en la
tesorería de la entidad territorial, con límite de $1.674.000.000.
6.2.4. Mediante auto del 13 de marzo de 2025, el juzgado declaró la nulidad de la
actuación procesal a partir del auto del 1 de agosto de 2023, inclusive, decidió no reponer
la providencia del 30 de octubre de 2020 y concedió, en el efecto diferido, el recurso de
apelación contra dicha providencia que modificó la liquidación del crédito. En
consecuencia, ordenó remitir la actuación al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander.
6.2.5. El 13 de febrero de 2026, el apoderado judicial del municipio de Ábrego presentó
ante el juzgado accionado solicitud de cumplimiento del auto del 13 de marzo de 2025 y
el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso ejecutivo.
6.2.6. El 7 de abril de 2026, el municipio de Ábrego radicó memorial de impulso procesal,
mediante la plataforma SAMAI, en el que reiteró la solicitud de levantamiento de las
medidas cautelares y pidió que se profiriera decisión urgente sobre el desembargo.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó el
amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito general de subsidiariedad.
Al respecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
No obstante, dicha Corporación ha establecido dos excepciones a dicho requisito, a
saber: i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y ii) cuando se pretende evitar la
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con la
características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de
carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable14.
Sobre la improcedencia de la acción de tutela en los casos en los que el asunto está en
trámite, la Corte Constitucional ha manifestado que la intervención del juez
constitucional, en principio, está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye
un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser
resueltos al interior del trámite ordinario15. Al respecto, ha precisado que16:
[…] la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento. No obstante, la protección de derechos
fundamentales a través de la acción de tutela permite la intervención del juez
constitucional siempre que se demuestre que no existe otro medio de defensa
judicial o que se pretende evitar un perjuicio irremediable […].
Frente a la procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente17:
[…] el análisis (…) es estricto, puesto que: i) no se trata de decisiones definitivas;
ii) la persona tiene a su disposición distintos recursos jurídicos para controvertir el
auto, en el marco del proceso judicial en el cual fue emitido y, además, iii) tiene la
posibilidad de recurrir la decisión final. Tal criterio restrictivo encuentra su
justificación en que la acción de tutela no puede ser utilizada por el accionante
para “controvertir una decisión adversa a [los] intereses”, en el marco de un
proceso judicial en el cual “no se ha proferido ningún fallo definitivo” […]. (Se
destaca).
Bajo dicho contexto, comoquiera que la inconformidad de la parte accionante está
relacionada con la presunta omisión del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Cúcuta en resolver la solicitud de cumplimiento del auto del 13 de marzo de 2025 y el
levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 54001 33 40 010 2016 01067 00, la acción de tutela
resulta improcedente, en tanto dicho proceso judicial aún se encuentra en curso.
En efecto, de las pruebas obrantes en el expediente se advierte que, mediante auto del
13 de marzo de 2025, el juzgado accionado declaró la nulidad de la actuación a partir del
auto del 1 de agosto de 2023, inclusive, decidió no reponer la providencia del 30 de
octubre de 2020 y concedió, en el efecto diferido, el recurso de apelación contra dicha
providencia que modificó la liquidación del crédito. En consecuencia, remitió la actuación
al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, sin que, a la fecha, se haya proferido
la decisión de segunda instancia.
Así las cosas, la controversia planteada por el municipio de Ábrego debe resolverse al
interior del proceso ejecutivo, ante el juez natural de la causa y conforme a las reglas
propias de ese trámite. Admitir lo contrario implicaría convertir la acción de tutela en un
mecanismo paralelo para discutir asuntos procesales pendientes, relacionados con la
14 Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-335 de 2018. M.P.: Diana Fajardo Rivera.
16 Ibidem.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 11 de diciembre de 2020.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
vigencia, alcance o levantamiento de medidas cautelares decretadas dentro de un
proceso judicial en curso.
La Sala precisa que la acción de tutela no puede desplazar al juez ordinario ni sustituir
los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para controvertir o solicitar
decisiones dentro del proceso ejecutivo. Ello implicaría que el juez constitucional
asumiera competencias propias del juez que conoce del asunto, en contravía del carácter
subsidiario y residual del amparo.
Adicionalmente, si bien la parte accionante alegó la afectación de recursos públicos del
Sistema General de Participaciones y de obligaciones asociadas a la prestación de
servicios públicos esenciales, lo cierto es que no acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención excepcional del juez de tutela como
mecanismo transitorio.
En consecuencia, la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con el requisito
general de subsidiariedad, toda vez que la controversia planteada debe ventilarse dentro
del proceso ejecutivo que se encuentra en curso y no se demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 5 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó el amparo solicitado, y, en su
lugar, declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general
de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, mediante el cual se negó la solicitud de amparo y,
en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por señor
Huber Darío Sánchez Ortega, en su condición de alcalde municipal de Ábrego, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 3 de
julio de 2026.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 54001 23 33 000 2026 00112 01
Accionante: Huber Darío Sánchez Ortega
Accionado: Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.