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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00118-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00118-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró improcedente la acción constitucional promovida por el señor William Rangel Manrique, en calidad de gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia contra el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2026-00118-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 54001-23-33-000-2026-00118-01
Demandante: WILLIAM RANGEL MANRIQUE ACTUANDO COMO GERENTE
DE LA E.S.E JUAN LUIS LONDOÑO DEL MUNICIPIO DEL
ZULIA
Demandado: JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CÚCUTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 12 de mayo de 2026, en virtud de la cual, el de Norte de Santander
declaró improcedente el amparo por no cumplir el presupuesto de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor William Rangel Manrique, actuando en calidad de gerente de la ESE Hospital
Juan Luis Londoño del municipio de Zulia, promovió acción de tutela contra el Juzgado
Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la defensa y contradicción e igualdad procesal.

Las anteriores garantías constitucionales las estimo vulneradas con ocasión del auto
dictado el 25 de marzo de 2026 por la autoridad judicial accionada, a través del cual
decretó una prueba de oficio en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 54001-33-33-002-2021-00062-00 promovido por la señora Yessica Yulieth
Moreno Roa y otros2 contra la sociedad actora y la Clínica Duarte S.A.S. y la
aseguradora la Previsora S.A. como llamada en garantía.

1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 28 de abril de 2026.
2 En el proceso también actuaron como demandantes los señores Tilcia Cáceres, Reinaldo Moreno

Caicedo, Rosa Roa Cáceres, Leidy Eliana Moreno Roa, Gerardo Albarracín Zamara, Jeison Fabian
Moreno Roa, Yoselin Carina Molina Cárdenas, Carmen Julia Roa Cáceres, Diana Luz Roa Cáceres,
Valentina Roa Cáceres, Shirly Daniela, Andrés Camilo, Albarracín Moreno, María de los Ángeles
Moreno Molina, Valery Camila Moreno Molina, Valeria Stefani Ramírez Roa y José Carrillo Chaparro.

1
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Demandante: William Rangel Manrique gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del
Municipio del Zulia
Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
Se ordene al Juez Trece Administrativo Oral de Cúcuta DEJAR SIN EFECTOS
EL AUTO PROFERIDO EL PASADO 25 DE MARZO DE 2026, mismo que
incurre en un defecto fáctico y procedimental al desconocer las subreglas
establecidas por la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-204/25, frente
a los límites de la facultad oficiosa.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Se ordene al Juzgado Trece Administrativo Oral de Cúcuta para que garantice
el derecho de contradicción del dictamen pericial mediante audiencia.

Se ordene al Juzgado Trece administrativos Oral de Cúcuta para que profiera
una nueva providencia que se ajuste a los principios de autorresponsabilidad
de las partes y equilibrio procesal, en la que se reconozca que el juez de
conocimiento juez no puede emplear sus facultades para suplir la negligencia
de los demandantes, quienes tenían la carga técnica de aportar el dictamen
pericial desde el inicio.

Como medida cautelar solicitó lo siguiente:

En los términos del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, de manera respetuosa solicito
al despacho se sirva decretar como medida provisional la SUSPENSIÓN INMEDIATA
DE LOS EFECTOS DEL AUTO PROFERIDO EL 25 DE MARZO DE 2026, en lo
relativo al decreto y práctica del dictamen médico pericial, hasta tanto se profiera una
decisión de fondo dentro de la presente acción de tutela.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El 11 de diciembre de 2020, la señora Yessica Yulieth Moreno Roa y otros, en calidad
de familiares del menor Néider Santiago Villamizar3 interpusieron demanda de
reparación directa contra la E.S.E Hospital Juan Luis Londoño y Clínica Medical
Duarte, con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa por el
fallecimiento del joven en hecho ocurridos el 30 de noviembre de 2018 debido a una
falla en la prestación del servicio médico4.

3 Yessica Julieth Moreno Roa, Rosa Roa Caceres, Reinaldo Roa Caceres, Reinaldo Moreno Caicedo,

Leidy Eliana Moreno Roa, Gerardo Albarracin Tamara, Shirly Daniela Albarracin Moreno, Andres
Camilo Albarracin Moreno, Jeison Fabian Moreno Roa, Yoselin Carina Molina Cardenas, Maria de los
Angeles Moreno Molina, Valery Camila Moreno Molina, Carmen Julia Roa Caceres, Diana Luz Roa
Cáceres, Valentina Roa Cáceres, Valeria Stefani Ramirez Roa, Tilcia Caceres y José Carrillo Chaparro.
4 Toda vez que el menor consultó en varias oportunidades por sintomatología compatible con dengue

sin obtener un diagnóstico oportuno ni un manejo clínico adecuado concluyendo en el fallecimiento del
menor Villamizar Moreno.

2
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Demandante: William Rangel Manrique gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del
Municipio del Zulia
Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

El proceso correspondió inicialmente al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta quien admitió al demanda pero remitió el expediente al Juzgado
Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, en virtud del acuerdo CSJNSA-
23-244 del 31 de mayo de 2023.

El 27 de marzo de 2025 el juzgado accionado llevó a cabo la audiencia inicial en la
que: (i) se incorporó al proceso la prueba documental aportada por las partes e
intervinientes y; (ii) se decretaron los testimonios de los profesionales en la salud que
le brindaron atención al menor, a solicitud de la Clínica Medical Duarte. A su vez,
señaló que: «El Despacho no advierte la necesidad de decretar pruebas en uso de las
facultades oficiosas que le confiere la Ley 1437 de 2011».

La prueba testimonial se practicó en la diligencia realizada el 18 de septiembre
siguiente y una vez finalizada, el despacho corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión comoquiera que no habían pruebas pendiente de practicar.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2026 el juzgado sustanciador profirió auto para
mejor proveer, mediante el cual decretó de oficio la práctica de un dictamen médico
pericial para esclarecer puntos oscuros frente a aspectos técnicos determinantes en
el fondo del asunto y que no fueron esclarecidos en el transcurso del proceso5.

A continuación, dictó sentencia el 29 de mayo de 2026 en la que declaró responsable
extracontractualmente a la E.S.E Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia al
encontrar probada la falla en el servicio. Al respecto indicó que:

[…] en la atención brindada al menor se presentaron falencias significativas en la
adecuada clasificación del riesgo, así como deficiencias en el monitoreo clínico y en la
adopción de medidas terapéuticas acordes con el cuadro presentado. A ello se suma
la administración de medicamentos contraindicados, particularmente antiinflamatorios
no esteroideos (AINEs), en un contexto clínico compatible con dengue, circunstancia
que se aparta de los lineamientos médicos aplicables.

La anterior decisión fue recurrida por la E.S.E Juan Luis Londoño del Municipio del
Zulia; cuyo trámite aún se encuentra en curso.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora sostuvo que, el auto proferido el 25 de marzo de 2026 mediante el
cual se decretó de oficio la práctica de un dictamen médico pericial constituye una
actuación judicial que desborda los límites constitucionales y legales de la facultad
oficiosa del juez, generando una afectación directa la parte accionante y
desconociendo que dicha potestad no es absoluta ni discrecional, sino que debe estar

5
Índice 00054 de Samai. Radicado 54001-33-33-002-2021-00062-00.

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Demandante: William Rangel Manrique gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del
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Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

limitada a los principios de imparcialidad, autorresponsabilidad y equilibrio procesal
sintetizados en las subreglas de la Sentencia SU-204 de 2025.

Señaló que la providencia cuestionada no esclareció aspectos oscuros o difusos de la
controversia, sino que implicó la introducción del medio de convicción determinante
para acreditar los elementos de la responsabilidad médica alegada, máxime si se tiene
en cuenta que en la práctica de pruebas testimoniales quedó en evidencia la ausencia
de soporte técnico suficiente para sustentar las afirmaciones de la demanda.

Conforme a esto, la parte accionante señaló que el auto enjuiciado incurre en los
siguientes defectos:

(i) Fáctico: debido a que el accionado introdujo un medio probatorio determinante con
el propósito de suplir la ausencia técnica de los demandantes, alterando las reglas de
la carga probatoria. Recalcó que el despacho no se limitó a esclarecer un punto oscuro
del debate sino que asumió un rol activo en la producción de la prueba central del
litigio.

(ii) sustantivo: comoquiera que autoridad judicial fundamentó su decisión en una
aplicación irrazonable y contraevidente de las normas que regulan la prueba de oficio,
específicamente el artículo 213 del CPACA y las reglas derivadas de la sentencia SU-
204 de 2025, aplicándolas de manera contradictoria y descontextualizada.

Resaltó que el despacho utilizó su facultad oficiosa en el escenario que la
jurisprudencia prohíbe, esto es cuando existe una deficiencia probatoria imputable a
la parte interesada.

(iii) Decisión sin motivación: señaló que la providencia no satisface los estándares
mínimos de justificación exigidos por la jurisprudencia constitucional. Reiteró que el
demandante no aportó una prueba técnica que diera cuenta de la falla alegada.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
providencia del 28 de abril de 20266, admitió la acción constitucional y ordenó notificar
al Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta7 en calidad de
autoridad judicial accionada.

Asimismo negó la medida cautelar dirigida a que se suspendan los efectos del auto
recurrido hasta tanto se profiera decisión de fondo, dado que al estudiar los
presupuestos del caso, consideró que, no estaban dadas las condiciones fácticas y
jurídicas para decretarla, debido a que no existen elementos de juicio suficientes para

6 Índice 005 de Samai.
7 Índice 007 de Samai. Notificado al correo electrónico: j13admincuc@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
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establecer si se presenta una afectación flagrante de los derechos de la parte
demandante.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta8

La autoridad judicial accionada sostuvo que, la parte demandante desplegó alguna
actividad probatoria orientada sustentar los hechos de la demanda, mediante aporte
y solicitud de pruebas documentales, así como la práctica de testimonios dentro del
trámite procesal.

Resaltó que como juez actuó dentro de los márgenes legales para esclarecer el
debate sin asumir la defensa de ninguna de las partes ni afectar el contradictorio.
Además, señaló que no toda actuación probatoria oficiosa comporta una vulneración
del debido proceso.

Añadió que el despacho valoró, en ejercicio de la autonomía judicial, que existía una
base probatoria previa y que subsistían aspectos técnicos relevantes no
suficientemente esclarecidos, que resultaba necesario definir para adoptar la decisión
de fondo.

En relación con la afirmación de decisión sin motivación o con motivación insuficiente,
reiteró que la providencia expuso de manera expresa las razones fácticas y jurídicas
que justificaron el decreto de la prueba de oficio, apoyándose en el artículo 213 del
CPACA y en jurisprudencia constitucional relevante para el caso concreto.

Finalmente resaltó que, la providencia cuestionada se fundamentó en las subreglas
establecidas en la sentencia SU204-2025, aterrizando cada una de ellas al caso
concreto y garantizando la contradicción del dictamen en los términos del CGP.

1.7. Sentencia de primera instancia.9

El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante providencia del 12 de
mayo de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

Expuso que, la discusión propuesta por el accionante se ubica en el plano de
interpretación judicial sobre el alcance de la actividad probatoria desplegada por las
partes, y la necesidad de esclarecer puntos oscuros, asunto que corresponde al
ámbito de autonomía del juez natural del asunto.

8 Índice 008 de Samai.
9 Índice 011 Aplicativo Samai

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Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
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Resaltó que el debate ordinario se centra en una presunta falla en la prestación del
servicio médico que concluyó en la muerte de un menor de edad, lo que se enmarca
en la circunstancia que resulta relevante a la luz de las subreglas fijadas por la Corte
Constitucional.

Finalmente, recalcó que el auto cuestionado dispuso expresamente correr traslado del
dictamen a las partes para efectos de garantizar su contradicción, por lo que, en
conclusión, por lo que no se advirtió a prima facie una supresión absoluta de las
garantías de defensa y contradicción alegadas por el accionante.

1.8. Impugnación10

El apoderado judicial de la parte actora presentó impugnación contra la sentencia de
tutela, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de solicitud de amparo y,
resaltó que el asunto bajo estudio sí reviste una evidente relevancia constitucional, en
tanto, la controversia no se limita a una discusión de mera legalidad sobre el alcance
del artículo 213 del CPACA, sino que involucra una actuación judicial arbitraria que
intervino directamente en sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad procesal, a la defensa e imparcialidad judicial.

Resaltó que la relevancia constitucional surge del hecho de que la autoridad judicial
accionada decretó de oficio el único medio de convicción que, a su criterio, era idóneo
para acreditar la presunta falla médica y el nexo causal alegado por los demandantes
del proceso ordinario.

Finalmente argumentó que se configuran los siguientes elementos estructurales
señalados por jurisprudencia constitucional:

[…]
Elemento orgánico: La vulneración alegada proviene del Juzgado Trece
Administrativo Oral de Cúcuta, autoridad judicial que, en ejercicio de sus funciones,
desbordó los límites de su facultad probatoria oficiosa, comprometiendo su deber de
imparcialidad al asumir una actuación orientada a suplir la insuficiencia probatoria de
una de la parte actora.

Elemento material: La presente acción cuestiona el Auto mejor proveer del 25 de
marzo de 2026, providencia interlocutoria mediante la cual se decretó de oficio un
dictamen médico pericial en una etapa avanzada del proceso, decisión que tiene
incidencia directa y determinante en la definición del litigio, al introducir el medio
técnico idóneo para acreditar la presunta falla médica alegada por la parte
demandante.

Elemento sustantivo: Se configura una afectación directa al principio de
autorresponsabilidad probatoria y al equilibrio procesal, en tanto la actuación judicial
cuestionada no estuvo dirigida a esclarecer puntos oscuros surgidos del material
probatorio existente, sino a incorporar de oficio el soporte técnico necesario para
estructurar el nexo causal y la falla del servicio que la parte actora omitió acreditar
durante más de cinco años de trámite procesal.

10 Índice 014 Aplicativo Samai

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Elemento consecuencial: La afectación derivada de la providencia cuestionada no
es hipotética ni abstracta, sino concreta y actual, pues además de comprometer
gravemente la igualdad de armas entre las partes, el auto impugnado impone a la
E.S.E. Hospital Juan Luis Londoño la obligación de asumir el cincuenta por ciento
(50%) del costo del dictamen pericial decretado de oficio, pese a tratarse de una
prueba no solicitada por la entidad y destinada a estructurar técnicamente una
pretensión indemnizatoria formulada en su contra, con evidente incidencia sobre
recursos públicos y el patrimonio estatal.

Finalmente pidió que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se
concediera el amparo deprecado dejando sin efecto el auto del 25 de marzo de 2026
y todas las actuaciones derivadas de este, incluido el incidente de desacato promovido
por el juzgado contra el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

1.9. Actuaciones procesales de segunda instancia

La magistrada ponente, mediante auto del 10 de junio de 202611, puso en
conocimiento la nulidad de carácter saneable por indebida integración del
contradictorio a los señores Yessica Yulieth Moreno Roa, Tilcia Cáceres, Reinaldo
Moreno Caicedo, Rosa Roa Cáceres, Leidy Eliana Moreno Roa, Gerardo Albarracín
Zamara, Jeison Fabian Moreno Roa, Yoselin Carina Molina Cárdenas, Carmen Julia
Roa Cáceres, Diana Luz Roa Cáceres, Valentina Roa Cáceres, Shirly Daniela, Andrés
Camilo, Albarracín Moreno, María de los Ángeles Moreno Molina, Valery Camila
Moreno Molina, Valeria Stefani Ramírez Roa, José Carrillo Chaparro, la sociedad
Clínica Duarte S.A.S., y a la Previsora S.A, quienes guardaron silencio dentro de esa
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 201912.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 12
de mayo de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a
efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

11 Índice 04 Aplicativo Samai – segunda instancia
12 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta vulneró los
derechos fundamentales del actor con ocasión de la decisión adoptada el 25
de marzo de 2026, al interior del proceso de reparación directa con radicado
54001-33-33-002-2021-00062-00?

Para dirimir el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial; y iii) el caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 13
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su procedencia.15

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
15 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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2.4. Relevancia constitucional

Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202216.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal17 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico18; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional19.

[…]

16 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 Sentencia SU-573 de 2019.
18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-103 de 2022.

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Demandante: William Rangel Manrique gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del
Municipio del Zulia
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Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal20”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales21”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto22, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal23. (Resaltado de la
Sala)

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona la providencia dictada el 25 de marzo de 2026 por el juzgado
accionado, mediante el cual dispuso decretar como prueba de oficio un dictamen
médico pericial, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado
54001-33-33-002-2021-00062-00.

Como sustento indicó que el proveído atacado incurre en los yerros fáctico, sustantivo
y decisión de motivación. Los argumentos en los que sustentó dichos defectos giran
en torno a la inconformidad del actor con el decreto oficioso de una prueba técnica por
cuanto, a su juicio, el fallador no buscó esclarecer puntos oscuros de la litis, sino suplir
la ausencia de elementos probatorios de los demandantes, lo que, en su sentir, altera
la carga probatoria que deben asumir las partes.

El a quo constitucional declaró improcedente el amparo porque concluyó que no
superaba el requisito de relevancia constitucional comoquiera que los planteamientos
del accionante se dirigen a cuestionar la interpretación judicial sobre el alcance de la
actividad probatoria desplegada por las partes, y la necesidad de esclarecer puntos
oscuros, los cuales corresponden al ámbito de autonomía del juez natural del asunto.

20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-128 de 2021.
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Ibid.

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Demandante: William Rangel Manrique gerente de la E.S.E Juan Luis Londoño del
Municipio del Zulia
Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

Con todo y ello, la parte actora impugnó la decisión anterior y solicitó que se revoque
la decisión de primera instancia y se acceda al amparo. Recalcó que su asunto sí
reviste de relevancia constitucional por la presunta afectación de los derechos
fundamentales invocados. Reiteró que se configuran los yerros alegados por cuanto
el juzgado accionado excedió su facultad oficiosa para decretar pruebas puesto que
el dictamen pericial estaba destinado a suplir las deficiencias probatorias de la parte
demandante.

Asimismo, afirmó la configuración de los elementos orgánico, material, sustantivo y
consecuencial del defecto alegado y solicitó dejar sin efectos el auto del 25 de marzo
de 2026 y todas las actuaciones derivadas de este, incluido el incidente de desacato
adelantado por el juzgado24. No obstante, como en el escrito inicial de amparo enfocó
sus reparos contra el auto del 25 de marzo de 2026, por medio del cual se decretó la
prueba de oficio en cuestión, la Sala no abordará el estudio de estos nuevos
reproches, pues se trata de argumentos introducido únicamente en sede de
impugnación, respecto del cual las demás partes e intervinientes no tuvieron la
oportunidad de ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.

Por otro lado, en lo que atañe a los yerros fáctico, sustantivo y decisión sin motivación,
considera la Sala que los reparos realizados en los defectos alegados no cumplen con
el requisito general de relevancia constitucional, por cuanto, no se avizora un
argumento sólido que demuestre la transgresión de sus garantías constitucionales que
permitan superar el referido presupuesto tratándose de acción de tutela contra
providencia judicial.

Lo anterior; comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de valoración
probatoria y el ejercicio autónomo de la actividad judicial (ii) no se observa, a primera
vista, la afectación de los derechos fundamentales invocados, pues el accionante se
limita a reiterar argumentos de cara al ejercicio de la facultad oficiosa del juez, los
cuales fueron argumentados y desatados en el marco de la providencia enjuiciada.

Es de resaltar que, los cuestionamientos formulados por la parte accionante no
evidencian, prima facie, una controversia de naturaleza constitucional sino un
desacuerdo con la valoración jurídica efectuada por el juez natural respecto del
alcance de sus facultades probatorias. En efecto, la inconformidad se dirige a
cuestionar la decisión mediante la cual el despacho decretó una prueba de oficio para
mejor proveer, al estimar que con ello excedió los límites previstos en el artículo 213
del CPACA y en la jurisprudencia constitucional.

Para la Sección los yerros mencionados parten de una misma premisa: que el juez no
podía decretar la prueba pericial porque, a su juicio, ello equivalía a suplir la carga

24 Mediante el auto del 22 de abril de 2026 el juzgado accionado abrió un incidente de desacato contra

el Representante legal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por no cumplir el
término otorgado para resolver una serie de preguntas derivadas de la información obrante en la historia
clínica del menor Néider Santiago Villamizar Moreno. No obstante, dado el cumplimiento de la entidad,
el despacho cerró el trámite incidental a través del auto del 28 de mayo de 2026.
de mayo de 2026 el despacho

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Municipio del Zulia
Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

probatoria de la parte demandante. No obstante, dicha conclusión supone una
valoración acerca de si en el proceso existía o no un vacío probatorio, si la prueba
decretada tenía por finalidad esclarecer aspectos técnicos relevantes o, por el
contrario, sustituir la actividad probatoria de una de las partes. Tales aspectos
corresponden al análisis propio del juez del proceso y hacen parte de la discusión
ordinaria sobre la conducción del debate probatorio, sin que por esa sola circunstancia
adquieran una dimensión constitucional.

Adicionalmente, la providencia cuestionada expuso las razones por las cuales estimó
procedente decretar el dictamen pericial y dispuso que este fuera puesto en
conocimiento de las partes para garantizar el ejercicio del derecho de contradicción.

Así las cosas, los reparos formulados por el accionante se orientan a cuestionar el
acierto de esa motivación y no a demostrar la existencia de una actuación arbitraria,
caprichosa o absolutamente desprovista de fundamento constitucional. En
consecuencia, la controversia permanece en el ámbito de la mera legalidad y de la
autonomía funcional del juez, sin que se evidencie una afectación iusfundamental que
justifique la intervención excepcional del juez de tutela.

De esta forma, esta Sección advierte que, tal como lo indicó el a quo constitucional,
esta acción no se supera el requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia,
se confirmará la sentencia del 12 de mayo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que declaró improcedente la acción de tutela,
por no superar el requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró improcedente la acción
constitucional promovida por el señor William Rangel Manrique, en calidad de gerente
de la E.S.E Juan Luis Londoño del Municipio del Zulia contra el Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Municipio del Zulia
Demandado: Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Cúcuta
Radicado: 54001-23-33-000-2026-00118-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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