Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2026-00191-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 54001-23-33-000-2026-00191-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, RESPECTO DEL DERECHO DE
PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES. ADEMÁS, SE
CONSTATA QUE DURANTE EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA DIO RESPUESTA AL REQUERIMIENTO
PRESENTADO POR EL ACTOR.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 30 de julio de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER1 declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1
En adelante Tribunal.
2
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Actora: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
El señor JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CÚCUTA2, al no haber
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la petición de 15
de mayo de 2026, en la que solicitó reconocimiento de personería de
su apoderado y copia íntegra del expediente contentivo del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2016-00242-00.
I.2.- Hechos
Manifestó que presentó demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL4 y la FISCALÍA
2
En adelante Tribunal.
3
En adelante Ministerio.
4
En adelante Dirección.
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Actora: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
GENERAL DE LA NACIÓN5, con el fin de obtener la reparación de
los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que
fue víctima al ser vinculado a una investigación penal por el presunto
delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones
de uso privativo de las fuerzas armadas.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2016-00242-00 y le correspondió por reparto en primera
instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 11 de marzo de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones incoadas y ordenó el
pago de los perjuicios de orden moral y material reclamados.
Advirtió que inconformes con lo anterior la DIRECCIÓN y la
FISCALÍA formularon recurso de apelación ante el TRIBUNAL que,
mediante providencia de 14 de noviembre de 2024, revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda.
Mencionó que mediante petición de 15 de mayo de 2026 pidió al
JUZGADO lo siguiente: i) reconocimiento de personería de su
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En adelante Fiscalía.
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apoderado JHONATAN DURÁN BALLESTEROS; y ii) copia íntegra
del expediente contentivo del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2016-00242-00. Sin
embargo, señaló que dicha solicitud no fue atendida.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al no resolver dentro del término legal la
solicitud de reconocimiento de personería jurídica y el acceso al
expediente judicial.
Mencionó que el silencio prolongado e injustificado del despacho
judicial accionado, desconoce el deber de emitir una respuesta
oportuna y de fondo respecto de las solicitudes sometidas a su
conocimiento.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia, requirió:
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“[…] 1) AMPARAR los derechos fundamentales de petición, debido
proceso, y de acceso efectivo a la administración de justicia del
señor JOSÉ DEL ROSARIO ORTIZ GUERRERO.
2) ORDENAR al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CÚCUTA que, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del fallo, o dentro del término
perentorio que este despacho estime razonable, se pronuncie de
fondo sobre la solicitud radicada el 15 de mayo de 2026 bajo el No.
2876883, dentro del proceso de reparación directa No. 54-001-33-
40-008-2016-00242-00, reconociendo la personería jurídica del
suscrito como apoderado judicial del demandante JOSÉ DEL
ROSARIO ORTIZ GUERRERO y, como consecuencia de ello,
garantice el acceso efectivo, oportuno y actualizado al
expediente judicial, mediante la remisión de la copia digital
íntegra del expediente, el suministro del enlace electrónico
de consulta o cualquier otro mecanismo idóneo que permita
el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción.
3) SE ORDENE al JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CÚCUTA que notifique la respuesta al apoderado
judicial del accionante, al correo electrónico
juridicaduranballesteros@outlook.com, en los términos y con las
formalidades de ley […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO manifestó que las pretensiones de amparo no
resultan procedentes, por cuanto la solicitud de reconocimiento de
personería no compone una petición en sentido estricto, sino que
constituye una decisión netamente jurisdiccional que exige una
verificación del cumplimiento de los presupuestos procesales. Por lo
tanto, su resolución se realiza mediante una providencia que se
profiere bajo las reglas procesales que gobiernan las actuaciones
judiciales.
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Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que la solicitud de
reconocimiento de personería fue resuelta mediante providencia de
15 de julio de 2026; y que mediante comunicación que se notificó el
mismo día, se le brindaron las instrucciones al actor para la consulta
y acceso al expediente digital.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 30 de julio de 2026, declaró
improcedente el amparo al considerar que la solicitud que dio origen
a la acción constitucional se encuentra vinculada con una petición de
impulso presentada dentro de una actuación judicial.
Señaló que aun cuando podría predicarse la carencia actual de objeto
por hecho superado dado que el JUZGADO atendió el requerimiento,
resaltó que la acción constitucional resulta improcedente, por cuanto
la solicitud debía tramitarse con sujeción a las normas procesales y
no conforme a los términos de la Ley 1755 de 20156.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL,
manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, no se garantizó el
acceso real y efectivo al expediente, ya que se confundió la existencia
de una respuesta formal con la satisfacción material de la solicitud
sin verificar si el derecho invocado fue realmente restablecido.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
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amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19917. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el asunto bajo examen, la parte actora pretende obtener el
amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, los
cuales estima vulnerados por el JUZGADO, al no haber recibido una
respuesta de fondo, clara y concreta a la petición de 15 de mayo de
2026, en la que pidió el reconocimiento de personería de su
apoderado y copia íntegra del expediente contentivo del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 2016-00242-00.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
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TRIBUNAL que, mediante sentencia de 30 de julio de 2026, declaró
improcedente la solicitud de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia manifestando su desacuerdo, pues, a
su juicio, no se garantizó el acceso real y efectivo al expediente, ya
que se confundió la existencia de una respuesta formal con la
satisfacción material de la solicitud sin verificar si el derecho invocado
fue realmente restablecido.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad
judicial accionada vulneró los derechos deprecados.
Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala
considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho
de petición ejercido ante autoridades judiciales.
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En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido.
De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la
obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue
cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de
que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.
Así la Sección lo precisó en sentencia de 17 de julio de 20088,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2008-
00517-00, en la que se indicó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe
resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que
no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal
frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por
cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
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Consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
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destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso)9, la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en
marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor
público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a
la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial
puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del
derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los
jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican
las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de
las actuaciones administrativas, como quiera que “las
solicitudes que presenten las partes y los intervinientes
dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados
con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.
9
Criterio que contó con salvamento de voto de los señores consejeros doctores Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.
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En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho
de petición como tal, pues para ello el legislador ha
establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los
procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición
por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la
administración de justicia pues implicaría destinar gran parte
del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en
detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales
propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO)”. [...]”.
La Corte Constitucional en relación con la solicitud de copias de
actuaciones surtidas al interior de un proceso judicial, en sentencia
T-192 de 15 de marzo de 200710, precisó que dicho trámite se
encuentra previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento
Civil (CPC), lo que indica que la decisión de su expedición está
regulada por el ordenamiento procesal y, por ende, no se reduce a
cuestiones meramente administrativas, de suerte que sobre tales
cuestiones no resulta procedente el amparo del derecho de
petición11.
10
Magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.
11
Sentencia de 18 de junio de 2015, expediente núm. 2015-01196-00, M.P. María Elizabeth García
González.
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Señaló la referida sentencia:
“[…] 4. El derecho de petición de copias dentro de un proceso
judicial, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia
Ahora bien, si la petición versa sobre la entrega de copia de
documentos, la respuesta no puede ser otra que la entrega de
las copias solicitadas, salvo que se trate de documentos que
tengan reserva, caso en el cual se entiende la negativa motivada
a su entrega, por el carácter reservado de esos documentos.
Claro está que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 57 de 1985, las autoridades administrativas y judiciales
pueden obtener la información que requieran en desarrollo de
sus competencias, asumiendo la obligación de mantener la
reserva de los documentos que lleguen a conocer en virtud de
esta prerrogativa.
En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte precisó que si bien es cierto el derecho de
petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se
les presenten, en los términos que la ley señale y que, de no
hacerlo desconocen esta garantía fundamental, también lo es
que “el juez o magistrado que conduce un proceso judicial está
sometido -como también las partes y los intervinientes- a las
reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las
disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas
a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal
y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29
C.P.).”
Por lo tanto, la Corte advirtió que “debe distinguirse con
claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo
el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración
pública, es decir, en la materia bajo análisis, las
establecidas en el Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).”
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Sin embargo, dijo la Corte “las actuaciones del juez dentro
del proceso están gobernadas por la normatividad
correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso.” Así, la solicitud de
pruebas, acumulación de procesos, de denuncia del pleito,
etc., se deben tramitar conforme a las reglas señaladas
por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, la Corporación estableció que la
omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la
actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y
al acceso de la administración de justicia, en la medida en
que dicha conducta, al desconocer los términos de ley sin
motivo probado y razonable, implica una dilación
injustificada al interior del proceso judicial, la cual está
proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts.
29 y 229). […]
Sobre el particular, es decir, respecto a las solicitudes de copias
en actuaciones judiciales, el numeral 7º del artículo 115 del
C.P.C. establece que “las copias auténticas requerirán auto que
las ordene y la firma del secretario”, por lo tanto, la decisión
de expedir las copias al estar regulada por el
ordenamiento procesal, no es posible asimilarla a aquellas
en las cuales su resolución se contrae a la aplicación de
las normas propias de los actos de la administración.
Además, el numeral 2º de la misma norma señala que “si la copia
pedida es de una sentencia o de otra providencia ejecutoriada
que ponga fin al proceso (…) o imponga condenas, se ordenará
de oficio agregar las piezas que acrediten su cumplimiento, si lo
hubiere.”
Por lo tanto, desde ya, se descarta la violación al derecho de
petición, no porque este derecho no pueda ejercerse ante los
funcionarios judiciales, sino porque la solicitud de expedición de
copias que formuló la accionante se debió tramitar de
conformidad con las normas antes citadas, por ser un trámite
específicamente regulado, para garantizar el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia de la demandante […].”
(Negrillas fuera del texto original).
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Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir
que la solicitud de las copias que requiere el actor se encuentra
sometida al ordenamiento procesal, esto es, a lo dispuesto en el
artículo 114 del Código General del Proceso12 (CGP), antes artículo
115 del CPC.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto al derecho de petición ejercido ante
autoridades judiciales relacionada con la solicitud de copias del
expediente, pues como quedó visto, la expedición de tales
documentos corresponde a un trámite judicial, así como también el
reconocimiento de personería de los profesionales del derecho que
representan a las partes en los procesos judiciales, tal como lo indicó
el JUZGADO.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si la autoridad
accionada atendió el requerimiento presentado por el actor.
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“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente
se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas
siguientes:
1. A petición verbal el secretario expedirá copias sin necesidad de auto que las autorice.
2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia
de su ejecutoria.
3. Las copias que expida el secretario se autenticarán cuando lo exija la ley o lo pida el interesado.
4. Siempre que sea necesario reproducir todo o parte del expediente para el trámite de un recurso o
de cualquiera otra actuación, se utilizarán los medios técnicos disponibles. Si careciere de ellos, será
de cargo de la parte interesada pagar el valor de la reproducción dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la providencia que lo ordene, so pena de que se declare desierto el
recurso o terminada la respectiva actuación.
5. Cuando deban expedirse copias por solicitud de otra autoridad, podrán ser adicionadas de oficio o a
solicitud de parte”. (Negrillas fuera del texto original).
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De las pruebas obrantes en el expediente se observa una petición de
15 de mayo de 2026, a través de la cual se solicitó lo siguiente:
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Al respecto, la Sala advierte que el JUZGADO al contestar la
demanda informó que la solicitud relacionada con el reconocimiento
de personería al apoderado JHONATAN DURÁN BALLESTEROS se
resolvió mediante providencia de 15 de julio de 202613, la cual fue
debidamente notificada por estado a las partes al día siguiente, como
se evidencia a continuación:
13
Índice No. 46, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 54001334000820160024200
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=5400133400082016002
42005400133
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Asimismo, la Sala advierte que la solicitud de acceso al expediente y
el proceso para la expedición de copias fue atendida y comunicada14
a su apoderado JHONATAN DURÁN BALLESTEROS, al correo
electrónico juridicaduranballesteros@outlook.com en comunicación
de 15 de julio de 2026, así:
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Índice No. 44, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 54001334000820160024200
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=5400133400082016002
42005400133
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Actora: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
Por lo precedente, la Sala encuentra que al actor se le dio respuesta
a la petición, pues, el JUZGADO, en el curso de la presente acción15,
profirió el auto mediante el cual le reconoció personería adjetiva a su
apoderado JHONATAN DURÁN BALLESTEROS; la Secretaría le
comunicó a este último las pautas y/o instrucciones para acceder al
expediente digital y puso a su disposición la información para la
radicación de memoriales y requerimientos a través de la ventanilla
de atención virtual mediante el aplicativo de consulta SAMAI, por
medio de la cual debía solicitar las copias que echaba de menos, esto,
en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12068 de 16 de mayo de
2023 del Consejo Superior de la Judicatura, sin que se evidencie que
haya hecho uso de esta.
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La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 15 de julio de 2026.
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Actora: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
Por lo anterior, es importante precisar que el hecho de que la
contestación no haya sido satisfactoria a las pretensiones del actor
no significa que hubo una vulneración de derecho fundamental
alguno, pues la solicitud se resolvió de fondo, clara, precisa, de
manera congruente y fue comunicada en debida forma a su
apoderado judicial.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el actor y así se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2026-00191-01
Actora: JOSÉ DEL ROSARIO ORTÍZ GUERRERO
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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