Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-22-14-000-2023-00090-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-22-14-000-2023-00090-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 63001-22-14-000-2023-00090-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 7 de noviembre de 2023
Radicación: 63001-2214-000-2023-00090-01
Demandante: Beatriz Elena Marín Duque
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Armenia y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Derechos a
la igualdad, trabajo en condiciones dignas y descanso | vacaciones individuales |
empleados judiciales
Síntesis del caso: La parte actora alegó la vulneración de sus derechos a la igualdad,
trabajo en condiciones dignas y descanso, ante la falta de expedición de un certificado
de disponibilidad presupuestal (CDP) para cubrir el nombramiento de un remplazo durante
su periodo de vacaciones.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Armenia contra la Sentencia de 7 de septiembre de 2023, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Quindío concedió el amparo
de los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
descanso de la señora Marín Duque2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y el derecho fundamental al
descanso BEATRIZ ELENA MARIN DUQUE, de conformidad a lo expuesto. SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección
Seccional Ejecutiva de Administración Judicial de Armenia que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta providencia, adelante todas las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que la nominadora de la accionante, esto es, la Juez coordinadora del
Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, expida el
respectivo acto administrativo de reconocimiento de las vacaciones ya causadas, efectuándose el
correspondiente reemplazo de la misma durante el respectivo período. TERCERO: EXHORTAR y ADVERTIR a la
referida entidad para que en lo sucesivo, se abstenga de reincidir en su posición y evite así congestionar el aparato
jurisdiccional del Estado y desconocer el precedente judicial, tanto vertical como horizontal, trazado por esta
Jurisdicción, so pena de adoptarse las medias correctivas del caso. CUARTO: RECONOCER personería adjetiva a
la abogada DANIELA RESTREPO GIRALDO, identificada civilmente con la cédula de ciudadanía 1.094.958.134 de
Armenia y portadora de la tarjeta profesional de abogada 322.483, expedida por el C.S. de la J, para que actúe
dentro de las presentes diligencias como apoderada judicial de la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración
Judicial de Armenia. QUINTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de
1991. SEXTO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. Si no
fuere así, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual. Una vez regrese a esta Corporación,
archívese las diligencias.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 63001-2214-000-2023-00090-01
Demandante: Beatriz Elena Marín Duque
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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1.1. Posición de la parte demandante
1. El 21 de septiembre de 2023, Beatriz Elena Marín Duque presentó
acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia, por la presunta vulneración de sus derechos al trabajo
en condiciones dignas, descanso e igualdad.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas y al descanso de la servidora judicial Beatriz Elena Marín
Duque.
SEGUNDO: En consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia, que, de acuerdo con sus competencias,
adelanten todas las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para que se disponga asignación presupuestal para nombrar
reemplazo de la servidora Beatriz Elena Marín Duque, durante el disfrute de sus
vacaciones ya causadas a la fecha y las que se causen en futuras vigencias.
TERCERO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Armenia, para que, en adelante, eviten realizar conductas como la
expuesta en el presente caso, y procedan a emitir los respectivos certificados
de disponibilidad presupuestal para poder realizar el nombramiento de un
reemplazo de la persona que sale a disfrutar sus vacaciones en el Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Beatriz Elena Marín Duque trabaja como escribiente, en propiedad,
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá (Quindío), desde el 1 de julio de
2021.
5. 2) El 14 de julio de 2023, el Área de Talento Humano de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia certificó que la
señora Marín Duque registraba la siguiente información en su histórico de
vacaciones (se trascribe):
VACACIONES FECHA INICIAL FECHA FINAL
Último periodo causado y concedido 01/07/2021 30/07/2022
Periodo de disfrute 19/12/2021 10/01/2022
Vacaciones colectivas
Periodo causado a la fecha 01/07/2022 30/06/2023
6. 3) Mediante Certificación DESAJARCER23-71 de 19 de julio de 2023,
por solicitud de la señora Marín Duque, el Área de Ejecución Presupuestal
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia en el que
se indicó (se trascribe)
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Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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“(…) existe disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal de 2023, en esta
seccional, para atender el pago de vacaciones y prima de vacaciones de la
doctora BEATRIZ ELENA MARÍN DUQUE, quien desempeña actualmente el cargo
Escribiente Circuito del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá Quindío,
correspondiente al periodo vacacional causado entre el 01 de julio de 2022 y
el 30 de junio de 2023, de acuerdo a la certificación expedida por el Área de
Talento Humano.
(…)
Que no existe disponibilidad presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta
Seccional, para atender la remuneración de reemplazo por estas vacaciones.”
7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que no
ha solicitado el disfrute de vacaciones por el estrés que le genera pensar la
sobre carga de trabajo que la esperaría a su regreso de vacaciones. Señaló
que cuando un empelado judicial del centro de servicios disfruta de
vacaciones, dicho despacho cuenta con un empleado menos y la carga
debe distribuirse entre el resto de servidores. Por tal razón, estimó inequitativo
el hecho de que no se nombre a alguien durante su periodo de vacaciones.
Adujo que mediante fallos de tutela se ha ordenado a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia asignar presupuesto para
el nombramiento del personal de remplazo (Sentencias del Consejo de
Estado: 8 de noviembre de 20213, 28 de febrero de 2023 – Rad. 2023-00023-
01; y del Tribunal Administrativo de Quindío: 15 de abril de 20214, 19 de enero
de 2023 – Rad. 2022-00651-01, 3 de agosto de 2023 – Rad. 2021-00139-01).
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
8. Mediante Sentencia de 7 de septiembre de 2023, el Tribunal
Administrativo de Quindío amparó los derechos al descanso y trabajo en
condiciones dignas de Beatriz Elena Marín Duque. Indicó que, pese a que
en el proceso no se aportó constancia de solicitud de disfrute de vacaciones
por la parte actora, adujo que, en casos análogos, (se trascribe) “ha
considerado que en asuntos como el analizado, se ven comprometidas las
asignaciones de trabajo que competen al empleado, pues no se
desacredita por la accionada, que no cesaran durante sus vacaciones y
menos cuando se vislumbra que no serían asumidas por un reemplazo, lo
que supone, dada la naturaleza del servicio, por cada día de vacaciones
aumenta la carga laboral, no garantizándose el derecho al descanso”.
9. En ese orden, el Tribunal ordenó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia que, en un término de 48 horas,
adelante todas las gestiones administrativas y presupuestales que
correspondan, para que la nominadora de la accionante expida el
respectivo acto administrativo de reconocimiento de las vacaciones ya
3 Sin especificar radicado.
4 Sin especificar radicado.
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Demandante: Beatriz Elena Marín Duque
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causadas, y se efectúe el correspondiente reemplazo de la empleada
durante aquel período.
10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Armenia presentó escrito de impugnación, en el que indicó que (1) la
competencia para conceder vacaciones era del nominador del respectivo
empleado judicial, (2) la reglamentación actual del Consejo Superior de la
Judicatura para la expedición de CDP para remplazos solo prevé esa
posibilidad para el caso de funcionarios, no empleados, (3) la dependencia
donde labora actualmente la señora Marín Duque cuenta con 9 cargos, (4)
el Consejo de Estado ha revocado las órdenes dirigidas a que se adelanten
las gestiones administrativas y presupuestales para expedir el respectivo CDP
para el remplazo de empleados judiciales5.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Verificación de la afectación de
derechos alegada. 2.3. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela
11. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de la
acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales6 al trabajo en condiciones dignas, descanso como
servidora judicial e igualdad. Beatriz Elena Marín Duque es la titular de los
derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa7. No obstante, no sobra aclarar que, en la
presente decisión nada se resolverá en lo que respecta al argumento de
que, ante la falta de expedición del CDP para el nombramiento de un
remplazo durante sus vacaciones, sus compañeros del centro de servicios se
verán sobrecargados de trabajo, pues (1) a ella no fue conferido poder
alguno para representar los intereses de aquellos y (2) no se advierte que se
configuren los supuestos que hicieran procedente tenerla como agente
oficiosa de los mismos8.
12. De igual manera, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, tienen
legitimación pasiva en la causa9, porque de estas autoridades se predica la
5 Consejo de Estado. Sentencias de 31 de agosto de 2020 (si radicado); 28 de enero de 2021 – Rad. 2020-04490-01;
6 de mayo de 2022 – Rad. 2021-00047-01; 1 de abril de 2022 (sin radicado); 22 de abril de 2022 – Rad. 2021-06248-
01.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
8 Aunado a ello, debe aclarase que nada impide que, eventualmente, los demás empleados y funcionarios que
deban permanecer en el despacho judicial, durante el periodo de vacaciones, inicien las acciones o mecanismos
que estimen pertinentes para obtener la protección de sus derechos laborales y constitucionales.
9 Ídem
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vulneración y de sus competencias se advierte relación con el presente
asunto.
13. Frente al requisito de subsidiariedad10, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar
los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Asimismo, dado el objeto de la solicitud de
amparo (obtener el disfrute de vacaciones), el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho previsto en el CPACA no resulta eficaz dado
el tiempo que implica el desarrollo y trámite de un proceso judicial, de cara
a la presunta afectación de las garantías constitucionales al trabajo en
condiciones dignas, descanso remunerado e igualdad de la parte actora.
14. En relación con el requisito de inmediatez11, este se satisface,
comoquiera que, entre la expedición de las decisiones por las cuales se
negó la expedición del CDP para el remplazo de la señora Marín Duque
(19/7/23) y la presentación de la acción de tutela (21/9/23), hubo un plazo
razonable.
2.2. Verificación de la afectación de derechos alegada
15. La Sala revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, negará las
súplicas de amparo, por las razones que pasan a explicarse:
16. En primer lugar, debe señalarse que, de conformidad con los
documentos que reposan en el expediente, está demostrado que la señora
Marín Duque (1) trabaja como escribiente del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá; (2) pertenece al régimen de vacaciones
individuales; (3) tiene causado, a su favor, un periodo de vacaciones por
haber trabajado de forma ininterrumpida del 1 de julio de 2022 al 30 de junio
de 2023; y (4) a la fecha de presentación de la acción de tutela, no había
solicitado el disfrute de dicho periodo de descanso.
17. Igualmente, logró evidenciarse que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia, mediante Oficio No. DESAJARCER23-71
de 19 de julio de 2023, indicó que no existía disponibilidad presupuestal de
la presente vigencia fiscal para autorizar el reemplazo de las vacaciones de
Beatriz Elena Marín Duque.
18. Sobre estos supuestos, la Sala estima que si bien la acción de tutela,
de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del
Decreto 2591 de 1991, está prevista para lograr la protección frente a la
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).
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vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, este último
escenario, esto es, el de la amenaza, supone que ella sea cierta y no
constituya un mero riesgo. Sobre el particular, la Corte Constitucional,
expresamente, ha señalado (se trascribe)
"4.11 En suma, el riesgo al que está expuesto un derecho es una vulneración
aleatoria del mismo, la amenaza es una vulneración inminente y cierta del
derecho y la vulneración consumada es la lesión definitiva del derecho. Como
ya se expresó, la amenaza implica de por sí inicio de vulneración del derecho
y se sitúa antes de que la violación inicie su consumación definitiva pero no
antes de su existencia; es decir que la amenaza presenta datos reales y
objetivos que permiten prever el agravamiento inminente que conlleva la
vulneración del derecho. La amenaza menoscaba el goce pacífico del
derecho y, por lo tanto, es un inicio de vulneración en el sentido de que el
ejercicio del derecho ya se ha empezado a perturbar. En definitiva, existe un
riesgo en abstracto sobre todos los derechos, riesgo que se puede convertir en
amenaza y luego en daño consumado. La diferencia entre riesgo y amenaza
dependerá del material probatorio que se sustente en cada caso en particular.
Hay que advertir que la acción de tutela solo es procedente en los casos de
amenaza o peligro cierto de vulneración, pero no en los casos de riesgo.”12
19. Así las cosas, contrario a lo indicado por el juez de tutela de primera
instancia, de las pruebas obrantes en el proceso, se tiene que, como no se
ha solicitado el disfrute de vacaciones y, por ende, mucho menos negado
el mismo o insinuado una decisión en tal sentido por parte del nominador,
esto es, la autoridad competente para decidir sobre la concesión del
12 Esta conclusión estuvo precedida de las consideraciones que se trascriben a continuación: “4.5 Como se dijo
anteriormente, resulta necesario que se haga una precisión conceptual de los conceptos de riesgo y de amenaza
para evitar que toda probabilidad, eventualidad o contingencia que genere la posibilidad de peligro de
vulneración de los derechos fundamentales, sea tutelable. En este sentido resulta pertinente diferenciar los
conceptos de amenaza y de riesgo. // 4.6 Como ya se estableció por esta Sala en la Sentencia T – 339 de 2010 de
acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el riesgo es la “contingencia o proximidad de un daño”,
y la contingencia es la “posibilidad de que algo suceda o no suceda” o “cosa que puede suceder o no suceder”. Por su parte, la amenaza es la “acción de amenazar”, y a su vez, amenazar significa “dar indicios de estar
inminente algo malo o desagradable”. En esta medida el riesgo es siempre algo abstracto y no produce
consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan
suponer que algo malo va a suceder de manera certera e inminente. En otras palabras, la amenaza supone la
existencia de signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño, mientras que el riesgo está
ligado a la noción de probabilidad y de eventualidad de aquel. // 4.7 Siguiendo con la diferenciación desde el
punto de vista doctrinal para M. Boutonnet, “la amenaza se expresa en una ´manifestación, en una ´señal que
supone temer de algo´”, es decir que desde el punto de vista jurídico es una situación que objetivamente presenta
un riesgo de daño y se manifiesta a través de elementos concretos y de un resultado inmediato con hechos de
cierta materialidad. Por el contrario el riesgo, puede ser solamente abstracto y no manifestar ninguna
consecuencia concreta, sino una mera expectativa de la ocurrencia de un daño que no se manifiesta en un
hecho certero. Por esta razón para esta jurista existen tres eslabones que se pueden identificar para la
consumación o vulneración del derecho: en primer lugar el riesgo, que es la mera posibilidad de la ocurrencia de
un daño (daño aleatorio), en segundo término la amenaza que se refiere a hechos concretos y expectativas
certeras de la ocurrencia del hecho (daño inminente) y por último la vulneración efectiva del derecho o la
consumación del daño (daño consumado). // 4.8 Hay que subrayar que los riesgos sobre un derecho fundamental,
en virtud de su carácter abstracto de su falta de certeza, y la ausencia de elementos objetivos que permitan
predicar su inminente lesión consumada, no se pueden proteger vía acción de tutela. Nadie puede reclamar del
Estado una protección especial frente a un riesgo, ya que éste es inherente a la existencia humana y a la vida en
sociedad. Sin embargo, se debe advertir que el juez constitucional debe ser cuidadoso en la determinación de la
gravedad, la certeza y la inminencia de la vulneración del derecho amenazado, ya que la frontera entre el riesgo
potencial y una amenaza cierta es muchas veces difusa. Por esta razón considera la Sala que en los casos de
duda el material probatorio resulta determinante. // 4.9 Por otra parte hay que subrayar que la amenaza es de
por sí una etapa de la vulneración del derecho, pues en realidad ella misma supone comienzo de vulneración
dentro de la cadena evolutiva que implica la violación de un derecho y que finaliza con la frustración definitiva
del mismo, o con lo que el artículo 86 superior denomina simplemente como “vulneración” a secas. En efecto, la
amenaza como elemento que envuelve ya de por sí vulneración constituye una alteración o perturbación en el
goce tranquilo y pacífico del derecho y, por consiguiente, se reputa como una violación cierta del derecho, así
aún no se haya consumado el daño completamente. Es decir, la amenaza de un derecho es por sí misma daño.”
Sobre el riesgo y la amenaza de los derechos fundamentales, puede consultarse igualmente: Consejo de Estado,
Sección Cuarta.
Sentencia de 4 de mayo de 2017, Rad – 25000-23-41-000-2016-02323-01
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Decisión: Modificar
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mencionado descanso remunerado, mal podría hablarse de una amenaza
del derecho al trabajo digno y/o al descanso.
20. Es claro que no resulta constitucionalmente admisible que la
concesión de las vacaciones, así como el respectivo disfrute, se supedite a
cargas administrativas (aspectos presupuestales para garantizar el
nombramiento de un remplazo) que no está llamado a soportar el
trabajador. Sin embargo, no hay siquiera prueba, siquiera precaria, de que
podrían llegar a verse afectados los derechos de la parte, ante las
manifestaciones por parte de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Armenia, pues dicha autoridad no tiene poder de decisión sobre
la concesión de vacaciones de empleados judiciales, comoquiera que,
como ya se dijo, precisamente no ostenta la calidad de nominadora de
aquellos, por lo menos, en lo que a este caso corresponde.
21. Asimismo, es preciso señalar que la falta de nombramiento de un
remplazo en el cargo que desempeña la parte actora y la eventual
congestión a la que se vería enfrentado el respectivo despacho judicial
durante el periodo de vacaciones son problemáticas propias del mismo
aparato judicial, que necesariamente deberá superarse para lograr una
eficiente y adecuada prestación del servicio de justicia, sin que ello no
pueda perjudicar al trabajador que ha prestado sus servicios de forma
ininterrumpida durante un año de servicio. Es decir, las problemáticas
derivadas de la situación administrativa que se produce por la salida a
vacaciones de un empleado o funcionario, de cara a la prestación del
servicio, son aspectos que se salen de la órbita de amparo de la acción de
tutela presentada por quien estimó amenazados sus derechos al trabajo en
condiciones dignas, descanso e igualdad.
22. Debe aclarase que nada impide que eventualmente los demás
empleados y funcionarios que deban permanecer en el centro de servicios
judiciales, durante el periodo de vacaciones, inicien las acciones o
mecanismos que estimen pertinentes para obtener la protección de sus
derechos laborales y constitucionales.
23. En ese orden de ideas, pese a que se negarán las súplicas de amparo,
no sobrará exhortar al nominador de la señora Marín Duque para que se
abstenga de negar el disfrute de vacaciones, cuando estas le sean
solicitadas, con fundamentos en argumentos de índole presupuestal, como
los relacionados con la necesidad / imposibilidad de nombrar un remplazo,
mientras la servidora disfruta de sus vacaciones.
24. Finalmente, debido a que se trata de una problemática reiterada y
extendida que afecta a todos los servidores judiciales que se encuentran en
tales situaciones, a tal punto que por ese motivo se han presentado una gran
cantidad de acciones de tutela por hechos similares sin que la Dirección
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Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura,
como representantes de la Rama Judicial para tales efectos, hayan dictado
medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les exhortará para que
adopten las decisiones necesarias y expidan los actos correspondientes con
el fin de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el
derecho al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes
dicha garantía se les ha negado, sin que con las nuevas medidas a adoptar
se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de
administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
2.3. Conclusión
25. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la Sentencia de 7
de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío y, en su
lugar, se negarán las súplicas de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 7 de septiembre de 2023 del Tribunal
Administrativo de Quindío y, en su lugar, negar las pretensiones de amparo
de Beatriz Elena Marín Duque, por las razones expuestas.
SEGUNDO: EXHORTAR al juez coordinador del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá que, en calidad de nominador de la señora Marín
Duque, se abstenga de negar el disfrute de vacaciones, cuando estas le
sean solicitadas, con fundamentos en argumentos de índole presupuestal,
como los relacionados con la necesidad / imposibilidad de nombrar un
remplazo, mientras la servidora disfruta de sus vacaciones.
TERCERO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones
necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin de
solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas y el derecho
al descanso de todos los servidores de la Rama Judicial a quienes dicha
garantía se les ha negado, sin que con las nuevas medidas a adoptar se
afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de
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administración de justicia en los despachos o dependencias de los que
hacen parte.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.
QUINTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SEXTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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