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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2008-00243-01

Reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad: actualización de sumas. Fórmula actuarial

Fecha
21 de febrero de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2008-00243-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Quindío por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR responsable solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada. SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas: Nivel Demandante Calidad Indemnización 1º Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada Víctima 50 SMLMV 1º Luz Stella Jaramillo Orozco Compañera Permanente 50 SMLMV 1º Elvia Rosa Moncada Garcés Madre 50 SMLMV 1º Luis Norberto Moncada Garcés Padre 50 SMLMV 1º Laura Sofía Moncada Orozco Hija 50 SMLMV 1º Andrés Felipe García Orozco Hijo de crianza 50 SMLMV 2º Gladys del Socorro Moncada Moncada Hermana 25 SMLMV 2º Beatriz Helena Moncada Moncada Hermana 25 SMLMV 2º Luis Alfonso Moncada Moncada Hermana 25 SMLMV TERCERO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada a título de daño emergente la siguiente suma de dinero $6.656.186,11 CUARTO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada a título de lucro cesante la siguiente suma de dinero $3.944.418,55 QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: RECONOCER personería a Sandra Lorena Arias Forero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.336.232 de Manizales, Caldas y portadora de la tarjeta profesional No. 178.619 del C.S. de la J como apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial. SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-31-000-2008-00243-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

21 de febrero de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso medida de detención preventiva a ciudadano sindicado por la comisión del delito de homicidio agravado / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia absolutoria. Aplicación del principio de in dubio pro reo / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción de inocencia se mantuvo incólume

La Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por (…) devino en injusta, en la medida que se halla acreditado que el hoy actor fue absuelto del delito que se le imputó, en “aplicación del principio universal del IN DUBIO PRO REO”, por lo cual es viable imputar objetivamente el daño antijurídico a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL, a la luz de la responsabilidad solidaria, por cuanto fue la actuación legitima y conjunta de las entidades las que conllevaron a la concreción del daño antijurídico. En consecuencia, la Sala procede a declarar la responsabilidad por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto (…). NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas, a la fecha, no se cuenta con el medio magnético ni físico del citado voto disidente. Además con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 35796 numerales 2 y 3, 37100 y 36146.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Actualización de sumas. Fórmula actuarial / PERJUICIOS MORALES - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES - Reconoce 50 smlmv a la víctima, padre, madre, compañera permanente, hija e hijo de crianza / PERJUICIOS MORALES - Reconoce 25 smlmv a hermanos

Está demostrado que (…) estuvo privado injustamente por el término de 5 meses. En consecuencia, se observa que los demandantes se encuentran en el primero y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y quinto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a 3 meses e inferior a 6 meses, cuya cuantificación se limita a 50 y 25 SMLMV, respectivamente.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / DAÑOS OCASIONADOS POR GRAVES VIOLACIONES Y AFECTACIONES A BIENES CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS - Daño a la vida de relación: Niega, no se encuentra demostrado probatoriamente / AFECTACIÓN AL BUEN NOMBRE - Por publicación periodística o noticia: Niega, no se demostró probatoriamente

El concepto del daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento se efectúa bajo la denominación de daño a la salud. Pero si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse en el plenario en el que se permita inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad. Ahora bien, frente a la vulneración del buen nombre alegada por la parte demandante, la Sala encuentra que obra en el expediente el recorte de prensa del 29 de julio de 2005 del periódico “La Crónica”, sin embargo, esta prueba no es suficiente para acreditar que en virtud de dicha publicación los demandantes vieron perjudicados su buen nombre. Igualmente, la Sala observa que no se encuentra dentro del plenario medio probatorio alguno que permita establecer que las publicaciones a las que el demandante hace referencia tuvieron lugar por causas imputables a las demandadas. En consecuencia, la Sala negará lo solicitado por el demandante por este concepto.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce / LUCRO CESANTE - Quantum indemnizatorio o cuantía. Presunción de valor devengado: Salario mínimo legal mensual vigente / LUCRO CESANTE - Actividad económica de construcción de obras / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial

Se encuentra demostrado que para la época de los hechos el señor (…) tenía como actividad económica la construcción de obras. Ahora bien, en cuanto a las sumas devengadas por el demandante como constructor, la Sala considera que la sola certificación expedida por el contador no da certeza de los ingresos percibidos por el actor en ejercicio de su actividad económica. Es así pues como el actor debió aportar los contratos, cuentas de cobro y demás elementos para poder inferir que ese era la suma que efectivamente devengaba para la época de los hechos. En consecuencia, y no obrando otras pruebas tendientes a demostrar el monto de los ingresos que (…) como constructor, la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de (…), liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia. Asimismo, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable, el término durante el cual se extendió la privación de la libertad del demandante, la cual se configuró desde el 28 de julio de 2005 hasta el 28 de diciembre de la misma anualidad, esto es, por el término de 5 meses. Así las cosas, la Sala procede a reconocer el lucro cesante (…) de conformidad con la siguiente formula.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE - Por pago de honorarios del abogado / DAÑO EMERGENTE - Reconoce pago. Ajusta valor de gastos de honorarios a tarifa fijada por CONALBOS / GASTOS DE HONORARIOS - Prueba: Recibo de pago, contrato de prestación de servicios / DERECHO A LA DEFENSA - Defensa técnica en proceso penal

La Sala considera que la suma de dinero cancelada al abogado (…) es mayor en comparación con lo que devengaba un abogado por la defensa de una persona en un proceso penal, durante el año 2006 por lo cual acudirá a los criterios fijados en el 2000 por la Corporación Nacional de Abogados – CONALBOS anteriormente señalados. (…) La Sala le reconocerá como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente el monto asignado por CONALBOS, para las siguientes actuaciones, de conformidad con la gestión ejecutada por la apoderada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 63001-23-31-000-2008-00243-01(42543)

Actor: ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Se confirma la responsabilidad patrimonial y solidaria en cabeza de la Nación – fiscalía General de la Nación – Rama Judicial. Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción de reparación directa en los casos de privación injusta de la libertad / Presupuestos de la responsabilidad del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad / Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad / Imputación de la condena

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 28 de julio de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se declaró a la Nación - Dirección de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por los daños extramatrimoniales y materiales ocasionados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada y las condenó:

“(…)a la NACIÓN –RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN con cargo al presupuesto de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÒN JUDICIAL – a pagar en proporción de un 50% cada una, por concepto de perjuicios materiales a favor del señor ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA la suma de DIECIOCHO MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($18.060.690,56).
QUINTO.- Condenar a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL con cargo al presupuesto de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar en proporción de un 50% cada una, por concepto de perjuicios morales los siguientes valores:

ACCIONANTE
PERJUICIOS MORALES (S.M.L.M.V)
ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA
QUINCE (15)
LUZ STELLA OROZCO JARAMILLO
CINCO (5)
LAURA SOFÍA MONCADA OROZCO
CINCO (5)
ANDRÉS FELIPE GARCÍA OROZCO
CINCO (5)
LUIS NORBERTO MONCADA GARCÉS
CINCO (5)
ELVIA ROSA MONCADA
CINCO (5)
LUIS ALFONSO MONCADA
DOS (2)
BEATRIZ ELENA MONCADA
DOS (2)
GLADIS DEL SOCORRO MONCADA MONCADA
DOS (2)

SEXTO.- Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL con cargo al presupuesto de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar en proporción de un 50% cada una, por concepto de daño a la vida de relación a favor del señor ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA una suma equivalente a OCHO (8) s.m.l.m.v y para LUZ STELLA OROZCO JARAMILLO y ANDRÉS FELIPE GARCÍA OROZCO una suma equivalente a CUATRO (4) s.m.l.m.v., a favor de cada uno.
(…)”

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Fue presentada el 26 de septiembre de 2007 por Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, Luz Stella Orozco Jaramillo, quienes actúan en nombre propio y en representación de los menores Laura Sofía Moncada Orozco y Andrés Felipe García Orozco, seguidamente los señores Luis Norberto Moncada Garcés, Elvia Rosa Moncada Garcés, Luis Alfonso Moncada Moncada, Beatriz Elena Moncada Moncada y Gladys del Socorro Moncada Moncada quienes mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A, solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad del señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada por un periodo de 7 meses por el presunto delito Homicidio, y que, en consecuencia, sean condenados a pagar las siguientes sumas:

1.1.- Por perjuicios morales 80 smlmv para Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, así como para su compañera permanente, padres e hijos y para cada uno de sus hermanos 40 smlmv.

1.2.- Por daño a la vida de relación 80 smlmv para Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, así como para su compañera permanente, padres e hijos y para cada uno de sus hermanos 40 smlmv.

1.3.- Por perjuicios materiales a título de daño emergente la suma de $8.000.000 y a título de lucro cesante $8.400.000.

2. Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:

La Fiscalía Segunda Seccional de Armenia, imputó a varias personas, entre ellas al señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, la conducta punible de “homicidio” en la persona de quien en vida se llamó Guillermo Alfonso Paz Lozano, con circunstancia de agravación, concurriendo circunstancias de mayor punibilidad.

El 28 de julio de 2005 se libró orden de captura contra el señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada.

El 27 de diciembre de 2005 se llevó a cabo la audiencia por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia (Quindío) en el proceso Nº 630016000059200500331, en la cual se absolvió al señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada del delito de homicidio, contra la anterior decisión la Fiscalía interpuso recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia - Quindío.

El 22 de mayo de 2006 la Sala Penal del Tribunal Superior resolvió confirmar la decisión de primera instancia que absolvió al actor pues no habían pruebas suficientes que desvirtuaran la presunción de inocencia del sindicado, sobre lo cual señaló que “dada la falta de corroboración, no le queda más camino a la Sala que reconocer la duda que persiste a favor del único acusado para el que se le solicitó condena, es decir ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA, lo que conduce, como es lógico, a avalar el fallo absolutorio que el a quo profirió”.

3. El trámite procesal

Admitida la demanda y noticiada al Fiscal General de la Nación, el asunto se fijó en lista.

3.1. En escrito del 21 de abril de 2009 el apoderado de la Fiscalía General de la Nación dio respuesta a la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones pues no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad. Además, sostuvo que la actuación de esa entidad se surtió de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, por lo tanto no es ajustado a derecho predicar omisión, daño antijurídico, falta o falla del servicio de administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos privación injusta de la libertad del señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada.

Asimismo la Fiscalía General de la Nación propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la competencia de esa entidad es sólo de investigar y corresponde al Juez de Garantías decretar e imponer la medida de aseguramiento si la encuentra ajustada a derecho. Además, señaló que en el caso bajo estudio se encuentra configurada la culpa excluyente de un tercero, pues el aquí demandante fue inculpado en el delito por el cual se investigó penalmente como consecuencia de la acusación hecha en su contra por el señor “Juan Gabriel Calderón García quien aceptó haber dado muerte al señor Guillermo Alfonso Paz, siendo condenado por tal delito, incriminando directamente al aquí Actor Señor ASDRÚBAL DE J. MONCADA en el delito por el cual se investigó penalmente”.

Por último propuso denuncia del pleito “a LA RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICAL (…) toda vez, que la Solicitud de imposición de medida de aseguramiento se hará por El fiscal al juez de control de garantías, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”.

3.2 Por su parte la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial después de notificada, contestó la demanda mediante escrito del 13 de mayo de 2010 en el que se opuso a todas y a cada una de las pretensiones de la demanda, toda vez que dentro de la investigación penal se cumplieron con cada una de las etapas procesales con estricto cumplimiento de la Ley y la Constitución Política, sin que se hubiera incurrido en hechos que pudiera constituir culpa grave o dolo, responsabilidad objetiva, responsabilidad por falla presunta del servicio, ni daño antijurídico en la conducta desplegada por los funcionarios investigadores por parte de esa entidad, indicó que en el caso bajo estudio la Fiscalía encontró varios indicios y pruebas para imputar al señor Moncada Moncada ser la autoría intelectual del homicidio.

Respecto de la denuncia de pleito manifestó que no es responsable por las actuaciones u omisiones de la Fiscalía General de la Nación pues

“(…)cabe anotar que una de las funciones primordiales de la Fiscalía es la de investigar los delitos, calificar los procesos y acusar ante los jueces y Tribunales competente a los presuntos infractores de la Ley penal, ya sea de oficio o por denuncia, de acuerdo con esta función ella es la encargada de recopilar el acervo probatorio necesario no sólo para solicitar la medida de aseguramiento a los jueces, sino de mantener sólida su teoría del caso con la única finalidad de llegar a una sentencia condenatoria (…) Frente al caso que nos ocupa, (…) el Juez de Conocimiento no dictó una sentencia absolutoria por capricho, sino por el contrario ésta decisión se debió a que con el testigo que contaba el ente acusador no era lo suficientemente coherente, (…) se debió a la imposibilidad probatoria para dictar sentencia condenatoria, lo que no quiere decir que el acusado sea inocente de la conducta que se le imputa sino que debido a la carencia probatoria se debió aplicar el principio de indubio pro reo (…)”

Por último, propuso las siguientes excepciones: 1) innominada o genérica, y 2) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la Fiscalía General de la Nación posee autonomía administrativa y financiera, por lo que puede representarse a sí misma.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por el apoderado de los demandantes, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Seccional de Administración Judicial.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El del 28 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo del Quindío declaró solidaria y administrativamente responsable a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Administración Judicial por los daños ocasionados al señor Jesús Moncada Moncada y por los perjuicios morales, materiales y de daño a la vida de relación causados a los demás demandantes por la privación injusta de la libertad lo anterior con fundamento en que se encontró que el actor estuvo privado de la libertad por un periodo de 5 meses y que en el mismo se encontró acreditado el nexo causal entre el daño causado y la actuación de la administración.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Por medio de escrito del 8 de agosto de 2011, el apoderado de los demandantes solicitó que se modifiquen los numerales 5, 6 y 7 de la sentencia de primera instancia, específicamente en la tasación de los perjuicios morales y daños a la vida de relación, lo anterior porque el Tribunal Administrativo del Quindío no tuvo en cuenta el precedente judicial establecido por esta Corporación.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación radicó recurso de apelación el 30 de agosto de 2011 en el que solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se profiera una sentencia en la que se nieguen las pretensiones de la demanda, toda vez que no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad de esa entidad, lo anterior con fundamente en que su actuación se surtió conforme a lo establecido en la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ni mucho menos un daño antijurídico por la privación injusta de la libertad del señor Moncada Moncada.

Manifestó que el A quo no tuvo en cuenta el rol de esa entidad en el sistema acusatorio, donde están establecidas sus funciones, y entre ellas no es decretar la medida de aseguramiento si no al contrario solicitarla al Juez de Control de Garantías quien es llamado a valorar las pruebas presentadas y adoptar la decisión que corresponda

Por último, el 27 de agosto de 2011 la Dirección Seccional de Administración Judicial solicitó que se revoque el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío y señaló que esa entidad no tiene ninguna responsabilidad moral y material que se le pueda endilgar, pues la actuación de los Jueces dentro del proceso penal fue acorde a los postulados legales y la medida de aseguramiento obedeció a la teoría del caso presentada por la Fiscalía General de la Nación, ente investigador y acusador.

IV. ACTUACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Después de admitir el recurso de apelación, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación quien solicitó que sea tenida en cuenta la contestación de la demanda, alegatos y demás actuaciones y reiteró que en el caso bajo estudio no se configuran los supuestos esenciales que permitan estructurar ninguna clase de responsabilidad en cabeza de esa entidad.

V. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado procede la Sala a desatar la alzada previas las siguientes

V. CONSIDERACIONES

1.- Aspectos procesales

1.1.- Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes en su condición de privado de la libertad Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, y su núcleo familiar conformado por, Laura Sofía Moncada Orozco (hija) y Andrés Felipe García Orozco (hijo de crianza), Luis Norberto Moncada Garcés (padre), Elvia Rosa Moncada Garcés (madre), Luis Alfonso Moncada Moncada, Beatriz Elena Moncada Moncada y Gladys del Socorro Moncada Moncada, quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa con los registros civiles de nacimiento.

Asimismo, acude al proceso Luz Stella Orozco Jaramillo en calidad de compañera permanente de la víctima directa, quien en su condición se encuentra legitimada en la causa por activa de conformidad con los siguientes medios probatorios que dan cuenta de su unión con Asdrubal de Jesús Moncada.

Al respecto, obra copia de la acta de derechos del capturado del 27 de julio de 2005 en la que manifestó que su estado civil es el de unión libre con la señora Luz Stella Orozco Jaramillo, también fue la persona a quien solicitó que se le comunicara su aprehensión.

De igual forma, en la sentencia del 15 de febrero de 2016 en el acápite de la identificación de los acusados indicó que “ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA (…) edad 29 años, de estado civil Unión Libre; ocupación u oficio: Maestro de Construcción (…)”.

También obran los testimonios de Miriam Jaramillo, Johanna Inés Muñoz Jaramillo Gloria Amparo Barrios, Ana Lucía Muñoz Jaramillo y Gloria Esperanza Blandón, personas cercanas a la víctima directa y quienes son coincidentes en afirmar que Asdrubal de Jesús Moncada vivía en unión libre con la señora Luz Stella Orozco desde hace más de 10 años para la época en que fue privado de la libertad.

Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.

1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 21 de junio de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 26 de septiembre de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Imputación de la condena

Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.

En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:

“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.

PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”

Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:

“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.

De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.

Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.

Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.

De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.

Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”

Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.

En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.

Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.

Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.

Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.

Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.

Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:

“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.

La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.

En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.

Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.

Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.

De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.

De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”

Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.

Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:

“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”

Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.

Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”

Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.

Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:

ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.

En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.

Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.

Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.

7. Caso concreto

Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala confirmará la sentencia A quo que declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Administrativa de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los daños y perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, de conformidad con los siguientes hechos probados.

La Sala encuentra demostrado que el proceso penal iniciado en contra del demandante como presunto autor intelectual del delito de “Homicidio” tuvo su génesis por la investigación que se inició con ocasión de la muerte del señor Guillermo Alfonso Páez López en el barrio comuneros de la localidad de Montenegro a quien según el dicho de la señora Ofelia Pérez Jiménez (esposa de la víctima) indicó que el señor Asdrúbal le debía un dinero.

Según informe de la Fiscalía General de la Nación “el 25 de julio de 2005 los miembros de la policía judicial manifiestan que en entrevista el señor WILLIAM LONDOÑO ZULETA (…) señaló que los AUTORES intelectuales del hecho ERAN SUS JEFES con quienes laboraba para ese momento los señores ASDRÚBAL MONCADA MONCADA Y BERNARDO DE JESÚS GUEVARA PALACIO.

Dicha información fue verificada comprobando la policía judicial que, efectivamente, él trabajaba con dos personas identificándolos como ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA y al señor BERNARDO DE JESÚS GUEVARA PALACIO quienes fueron debidamente identificados e individualizados. En la entrevista el señor LONDOÑO ZULETA manifestó (…) yo sé porque (sic) lo mataron y quién fue el que lo mato (…) esta semana en presencia mía (…) se pusieron de acuerdo ASDRÚBAL y DON BERNARDO (…) para matar al señor Guillermo, (…) llegó un muchacho a la obra (…) Asdrúbal se lo llevó para la casa del frente (…) a planear la muerte a los 5 minutos salió el muchacho asia (sic) los comuneros y de inmediato cayó don Bernardo en el carro y empezó hablar con Asdrúbal en presencia mía y don Bernardo le dijo a don Asdrúbal que colocaba 200.000 mil y que el colocará los otros 200.000 mil para mandar a matar a Guillermo porque en presencia el muchacho de la bicicleta pidió a Asdrúbal 400.000 mil para matar a Guillermo (…)”

Asimismo, el informe de la policía judicial señaló que el 28 de julio de esa misma anualidad se escuchó en interrogatorio al indiciado Juan Gabriel Calderón García quien se encontraba capturado, así como los señores Asdrúbal y Bernardo, el primero manifestó que él efectivamente había disparado contra Guillermo Páez, porque fue contratado por Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, quien por esa “vuelta” le pagó 400.000 pesos.

Por lo anterior el mismo 28 de julio de 2009, la Fiscalía Segunda Seccional presentó a los capturados ante el Juez Segundo de Control de Garantías de la localidad de Montenegro, quien legalizó la captura de Asdrúbal de Jesús Moncada la cual se debió a la orden de captura Nº 0049959- y resolvió imponer detención preventiva sin beneficio de libertad provisional. En consecuencia se libraron los oficios de esa determinación libró oficio a la cárcel San Nicolás de Montenegro - Quindío.

Contra esta decisión el apoderado del actor interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Juzgado Primero Penal del Circuito en audiencia del 8 de agosto de 2005, en el sentido de confirmar la decisión del A quo.

El 3 de octubre de 2005 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento adelantó la audiencia de acusación prevista en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal en la cual se realizó un análisis de las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa, posterior a ello el Fiscal de conocimiento formuló acusación de conformidad con lo establecido en el artículo 343 ibídem y señaló fecha para realizar la audiencia preparatoria.

Seguidamente, el 10 de noviembre de 2005 el Juzgado Cuarto Penal de Conocimiento llevo a cabo la audiencia preparatoria conforme a lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, donde les concedió la palabra a los sujetos procesales para que descubrieran las pruebas, el juez admitió y decretó por ser pertinentes las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa en el orden en que fueron anunciadas. Terminada dicha diligencia fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de juicio oral.

El 27 de diciembre de 2005 el juez de conocimiento realizó a la audiencia de juicio oral en la que después de agotadas todas las partes de la misma, emitió el sentido del fallo así:

“Analizadas las teorías del caso que presentaran la Fiscalía y Defensores, efectuando el debate probatorio en el juicio oral, y revisados los alegatos de conclusión, teniendo en cuenta que en nuestro sistema acusatorio penal, impera la libertad probatoria siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos (art. 377 C.P.P), encuentra que las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de los acusados señores BERNARDO DE JESÚS GUEVARA PALACIO y ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA, analizadas en conjunto como dispone el artículo 380 del Estatuto Adjetivo, si bien es cierto permiten deducir sin lugar a equívocos la materialidad de la conducta punible, esto es, el HOMICIDIO AGRAVADO, (…) donde figura como occiso persona que en vida respondía al nombre de GUILERMO ALFONSO PAZ LÓPEZ, no sucede igual en lo que atañe a demostrar la responsabilidad penal de los Acusados, por cuanto no se reunieron las exigencias de los artículos 7º y 381 del Código Adjetivo, donde se exige que a más de demostrar la existencia de la conducta punible, debe existir un convencimiento de la responsabilidad penal de los acusados, más allá de toda duda, por tanto, este Despacho, acogiendo los pedimentos del Ministerio Público y los Defensores, anuncia un SENTIDO DE FALLO DE CARÁCTER ABSOLUTORIO, a favor de los señores BERNARDO DE JESÚS GUEVARA PALACIO y ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA, y como colorario de éste se dispondrá la libertad inmediata de los acusados, y levantar todas las medidas cautelares que se les hayan impuesto. Ofíciese al Juez de Control de Garantías (reparto) para que a la vez libre las correspondientes boletas de libertad, y a las autoridades correspondientes para cancelar las medidas cautelares (…)”.

El 15 de febrero de 2006 el Juzgado Cuarto Penal de Circuito profirió sentencia en la que absolvió al señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada de la conducta punible de Homicidio con circunstancias de Agravación y dispuso el archivo definitivo del proceso, lo anterior porque “no puede ser sancionada una persona por un hecho punible cuyos elementos estructurales no hayan sido judicialmente probados y declarados, lo que lleva consigo el deber de dar aplicación del principio universal del IN DUBIO PRO REO, que consagra nuestra CARTA MAGNA y que fuera invocada por la Defensa de ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA, principio que se desarrolla en el Artículo 7º inciso 4 del C.P.P., y que fue invocada por la defensa”.

Contra la anterior decisión el apoderado de las víctimas interpuso recurso de apelación el cual sustentó el 8 de marzo de 2006 ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial -Sala de Decisión Penal.

Esta autoridad judicial en providencia del 22 de marzo de 2006 confirmó la decisión del juez de primera instancia en consideración a que era: “cuestionable la suficiencia de la prueba de cargo practicada para enervar la presunción de inocencia, dada la falta de corroboración, no le quedan más caminos a la Sala que reconocer la duda que persiste a favor del único acusado para el que se solicitó condena, es decir ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA, lo que conduce, como es lógico, a avalar el fallo absolutorio que el a quo profirió”.

Asimismo obra certificación expedida por el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana de Montenegro (Quindío) en la que indicó que el señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada estuvo recluido en el centro penitenciario San Nicolás, ingresó con boleta Nº 457 el día 28 de julio de 2005 y salió con boleta de libertad Nº 015 del 28 de diciembre de 2005. Se aportó copia del libro de minuta donde se llevaba el registro de ingreso y salida de los reclusos del centro carcelario en mención.

Por lo expuesto, en cuanto al periodo durante el cual se extendió la privación de la libertad del demandante, ésta se configuró desde el 28 de julio de 2005 hasta el 28 de diciembre de la misma anualidad, es claro que el actor estuvo efectivamente privado de la libertad por el término de 5 meses.

Ahora, la parte demandante hizo consistir el daño en privación injusta de la libertad padecida por el señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, como consecuencia de la medida de aseguramiento que le fue impuesta por el juez de control de garantías a solicitud de la fiscalía de conocimiento.

Al respecto, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada devino en injusta, en la medida que se halla acreditado que el hoy actor fue absuelto del delito que se le imputó, en “aplicación del principio universal del IN DUBIO PRO REO”, por lo cual es viable imputar objetivamente el daño antijurídico a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a la RAMA JUDICIAL, a la luz de la responsabilidad solidaria, por cuanto fue la actuación legitima y conjunta de las entidades las que conllevaron a la concreción del daño antijurídico.

En consecuencia, la Sala procede a declarar la responsabilidad por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada.

8. Liquidación de perjuicios

8.1.- Perjuicios inmateriales

8.1.1.- Perjuicios morales

Como se dejó dicho en el punto 4 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad.

Y a su turno, Luz Stella Orozco Jaramillo en calidad de compañera permanente del actor, vínculo que la Sala encuentra plenamente demostrado, con fundamento en las siguientes pruebas:

-Asimismo, obra copia de la acta de derechos del capturado del 27 de julio de 2005 en la que manifestó que su estado civil es el de unión libre con la señora Luz Stella Orozco Jaramillo, también fue la persona a quien solicitó que se le comunicara su aprehensión.

-En la sentencia del 15 de febrero de 2016 en el acápite de la identificación de los acusados indicó que “ASDRÚBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA (…) edad 29 años, de estado civil Unión Libre; ocupación u oficio: Maestro de Construcción (…)”.

-También obran los testimonios de la señora Miriam Jaramillo quien declaró que: “(…) la compañera de ASDRUBAL se llama LUZ STELLA OROZCO JARAMILLO, conviven hace como 10 años”, asimismo, la señora Johanna Inés Muñoz Jaramillo manifestó que: “[conoce al señor Asdrúbal] porque es el compañero de mi hermana [Luz Stela Orozco], el cual convive con ella] (…)”; por otra parte la señora Gloria Amparo Barrios expresó que: “[la compañera permanente] se llama LUZ STELA OROZCO JARAMILLO y son pareja hace unos 10 años”, también la señora Ana Lucía Muñoz Jaramillo indicó que: “Ella se llama LUZ STELLA OROZCO JIMENEZ y son pareja hace unos 11años”, por último se encuentra el testimonio de la señora Gloria Esperanza Blandón que indicó que : “Ella se llama LUZ STELA OROZCO JARAMILLO y son pareja hace unos 9 años, lo que hace que los distingo”.

Por otra parte, comparecen al proceso Laura Sofía Moncada Orozco, en su calidad de hija de la víctima directa; los señores Luis Norberto Moncada Garcés y Elvia Rosa Moncada Garcés, en su calidad de padres de la víctima; Luis Alfonso Moncada Moncada, Beatriz Helena Moncada Moncada y Gladys del Socorro Moncada Moncada en su calidad de hermanos del privado de la libertad. Parentescos estos que la Sala considera acreditados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.

Por último, su hijo de crianza Andrés Felipe García Orozco al respecto se encuentra el registro civil de nacimiento en el que consta que éste es hijo de la señora Luz Stella Orozco Jaramillo quien funge como compañera permanente de la víctima directa y el grado de cercanía afectiva se comprobó con los siguientes testimonios:

• Miriam Jaramillo quien declaró que “(…)[la relación entre ASDRUBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA y su hijo de crianza ANDRES FELIPE GARCÍA OROZCO tienen una relación muy linda parece como si fuera su propio hijo, porque él lo trataba como si fuera su propio papá (…)”;

• Johanna Inés Muñoz Jaramillo, quien manifestó que: “es una relación muy buena, él lo considera su hijo propio, y el niño siempre lo trato como un papá, siempre ha sido un gran consejero”;

• Gloria Amparo Barrios expresó que: “La relación de ellos es excelente, inclusive él le dice hasta papá”, y

• Ana Lucía Muñoz Jaramillo indicó que: “La relación de ellos es excelente, a pesar de no ser hijo de él ANDRES FELIPE lo ve como un papá”

Ahora bien, como se dijo antes, está demostrado que Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada estuvo privado injustamente por el término de 5 meses.

En consecuencia, se observa que los demandantes se encuentran en el primero y segundo nivel de cercanía afectiva reconocida por la tabla y quinto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a 3 meses e inferior a 6 meses, cuya cuantificación se limita a 50 y 25 SMLMV, respectivamente.

Por lo expuesto, correspondería a los demandantes el reconocimiento por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada
Víctima
50 SMLMV
1º
Luz Stella Jaramillo Orozco
Compañera Permanente
50 SMLMV
1º
Elvia Rosa Moncada Garcés
Madre
50 SMLMV
1º
Luis Norberto Moncada Garcés
Padre
50 SMLMV
1º
Laura Sofía Moncada Orozco
Hija
50 SMLMV
1º
Andrés Felipe García Orozco
Hijo de crianza
50 SMLMV
2º
Gladys del Socorro Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV
2º
Beatriz Helena Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV
2º
Luis Alfonso Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV

8.1.2 Daño a la vida de relación

Los demandantes hacen consistir el daño a la vida de relación en la vulneración a su buen nombre a la que se vio sometida en virtud de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto por cuanto “la sociedad ya no los mirará con los mismos ojos de antes, para ellos serán una familia donde uno de sus miembros cometió un delito, máxime si se tiene en cuenta la gran difusión nacional o local de este proceso tanto en la prensa escrita como en la hablada y la televisión local y nacional (…) No se puede confundir (…) el perjuicio moral con el perjuicio al buen nombre, ambos tiene entidad definida y difieren profundamente uno del otro, cual es el relativo a la valoración de la indemnización, pues al ser perjuicios inmateriales el Juez los valora de acuerdo a su prudente arbitrio, pero siempre teniendo en cuenta su intensidad”

Al respecto, el concepto del daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento se efectúa bajo la denominación de daño a la salud.

Pero si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse en el plenario en el que se permita inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad.

Ahora bien, frente a la vulneración del buen nombre alegada por la parte demandante, la Sala encuentra que obra en el expediente el recorte de prensa del 29 de julio de 2005 del periódico “La Crónica”, sin embargo, esta prueba no es suficiente para acreditar que en virtud de dicha publicación los demandantes vieron perjudicados su buen nombre.

Igualmente, la Sala observa que no se encuentra dentro del plenario medio probatorio alguno que permita establecer que las publicaciones a las que el demandante hace referencia tuvieron lugar por causas imputables a las demandadas.

En consecuencia, la Sala negará lo solicitado por el demandante por este concepto.

8.2.- Perjuicios materiales

8.2.1 Perjuicios materiales a título de lucro cesante.

El actor solicita por concepto de lucro cesante la suma de $8.400.000 derivados de los salarios que devengaba en ejercicio de actividad económica como contratista de obras civiles.

Al respecto, la Sala encuentra que obra en el plenario una certificación expedida el actor expedida por José Alcides Martínez Londoño - contador público en la que consta que el señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada, percibía por concepto de “contratos de obras civiles, como constructor independiente” la suma de $1.200.000.oo. De manera que queda plenamente probado que para la fecha de los hechos la víctima era una persona laboralmente activa.

Así las cosas, se encuentra demostrado que para la época de los hechos el señor Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada tenía como actividad económica la construcción de obras.

Ahora bien, en cuanto a las sumas devengadas por el demandante como constructor, la Sala considera que la sola certificación expedida por el contador no da certeza de los ingresos percibidos por el actor en ejercicio de su actividad económica. Es así pues como el actor debió aportar los contratos, cuentas de cobro y demás elementos para poder inferir que ese era la suma que efectivamente devengaba para la época de los hechos.

En consecuencia, y no obrando otras pruebas tendientes a demostrar el monto de los ingresos que Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada como constructor, la Sala debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente, establecido en la suma de $781.242, liquidados conforme a la fórmula acogida por la jurisprudencia.

Asimismo, se tendrá en cuenta como periodo indemnizable, el término durante el cual se extendió la privación de la libertad del demandante, la cual se configuró desde el 28 de julio de 2005 hasta el 28 de diciembre de la misma anualidad, esto es, por el término de 5 meses.

Así las cosas, la Sala procede a reconocer el lucro cesante a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada de conformidad con la siguiente formula:

S= Ra (1 + i)n-1
i

S= 781.242 (1 + 0.004867)5-1
0.004867

S= $3.944.418,55

En este orden de ideas, corresponde a Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada por concepto de lucro cesante, la suma de $3.944.418,55

8.2.2 Perjuicios materiales a título de daño emergente por honorarios de abogado dentro del proceso penal

Al respecto, obra en el expediente la certificación expedida por el doctor Didier Alberto Valencia Rivera en la que consta:

“Asdrubal de Jesús Moncada Moncada (…), se le presentaron mis servicios profesionales de abogado, para la investigación por el punible de homicidio agravado con el concurso de porte ilegal de armas, que se adelantó en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Armenia, y por lo cual me cancelaron la suma de ocho millones de pesos M/cte ($8.000.000.o), los que declaró que recibí de sus manos a entera satisfacción”. (Subrayado fuera de texto)

No obstante, la Sala procederá a verificar si lo cancelado por el demandante a favor de Concepción del Rosario Rodríguez Villalobos se encuentra ajustado a los criterios fijados en el 2000 por la Corporación Nacional de Abogados – CONALBOS –, así:

“18. Derecho Penal
18.1 Consulta Oral. Un salario mínimo legal vigente
18.2 Consulta Escrita. Dos salarios mínimos mensuales vigentes.
18.3 Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.4 Visitar a la cárcel y estudio de documentos. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.5 Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6 Asistencia a indagatoria
18.6.1 Ante un juez penal municipal. Un salario mínimo legal vigente.
18.6.2 Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.
18.6.3 Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.
18.7 Etapa instructiva.
18.7.1 Ante juez penal municipal. Tres salarios mínimos legales vigentes.
18.7.2 Ante fiscalía local o seccional. Cinco salarios mínimos legales vigentes.
18.7.3 Ante los jueces del circuito especializados. Diez salarios mínimos legales vigentes.
18.7.4 Ante la Corte Suprema de Justicia. Veinte salarios mínimos legales vigentes.
18.7.5 Ante los juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.
18.7.6 Procesos de competencia ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.
18.7.7 Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos vigentes.
18.7.8 Competencia ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.
(…)
26. TUTELA
26.1 Acción de tutela
26.1.1 En beneficio general: primera instancia.-Cuatro salarios mínimos legales vigentes. Segunda instancia.- Dos salarios mínimos legales vigentes. Revisión Corte Constitucional.- cinco salarios mínimos legales vigentes.
26.1.2 Contra particulares.-E180% de los honorarios antes fijado
(…)”.

En este sentido, la Sala considera que la suma de dinero cancelada al abogado Didier Alberto Valencia Rivera es mayor en comparación con lo que devengaba un abogado por la defensa de una persona en un proceso penal, durante el año 2006 por lo cual acudirá a los criterios fijados en el 2000 por la Corporación Nacional de Abogados – CONALBOS anteriormente señalados.

Así las cosas, la Sala le reconocerá como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente el monto asignado por CONALBOS, para las siguientes actuaciones, de conformidad con la gestión ejecutada por la apoderada:

Actuación
Valor
Asistencia durante la etapa de juicio adelantada ante los Juzgados del Circuito
10 SMLMV
Total
10 SMLMV

Dichas actuaciones, arrojan un total de 10 SMLMV para el año 2006, fecha en la que el salario mínimo se encontraba fijado en la suma de $408.000.oo, suma esta que al multiplicarse con el total de salarios mínimos antes mencionados (10 SMLMV), arroja una suma de $4.080.000, la cual se actualizará de conformidad con la siguiente formula:

Ra = Rh IPC final (diciembre de 2017)
IPC inicial (febrero de 2006)

Ra = $4.080.000 X 138,85 = $6.656.186,11
85,11

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada la suma de $6.656.186,11

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de julio de 2011 por el Tribunal Administrativo del Quindío por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR responsable solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada.

SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada
Víctima
50 SMLMV
1º
Luz Stella Jaramillo Orozco
Compañera Permanente
50 SMLMV
1º
Elvia Rosa Moncada Garcés
Madre
50 SMLMV
1º
Luis Norberto Moncada Garcés
Padre
50 SMLMV
1º
Laura Sofía Moncada Orozco
Hija
50 SMLMV
1º
Andrés Felipe García Orozco
Hijo de crianza
50 SMLMV
2º
Gladys del Socorro Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV
2º
Beatriz Helena Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV
2º
Luis Alfonso Moncada Moncada
Hermana
25 SMLMV

TERCERO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada a título de daño emergente la siguiente suma de dinero $6.656.186,11

CUARTO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada a título de lucro cesante la siguiente suma de dinero $3.944.418,55

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: RECONOCER personería a Sandra Lorena Arias Forero, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.336.232 de Manizales, Caldas y portadora de la tarjeta profesional No. 178.619 del C.S. de la J como apoderada judicial de la Nación – Rama Judicial.

SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaró voto

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Av. 36146-15, Av. 35796-16 #2 y #3, Av. 37100-16

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
Fls.453-455 C.P (Apoderado de los demandantes) - Fls 467-472 (Dirección de Administración Judicial) - Fls 478-488 (Fiscalía General de la Nación). Fls.436-451 C.P
Fls. 187-220 C.1
Fl. 188 C.1
Fl. 210 C.1
Fl. 215 C.1
Fl.7 C.1
“El actor contrató en Armenia al Dr. Didier Alberto Valencia Rivera por la suma de $8.000.000 por la defensa judicial, tal como consta en la certificación que aporta del 1 de agosto de 2007”.
“Se le deberá reconocer al actor salarios que dejó de percibir desde que fue privado de la libertad del 28 de julio de 2005 hasta el 28 de diciembre de 2005, es decir por un término de 7 meses (Boleta de la Libertad de diciembre 28 del 2005 suscrito por la Coordinadora del Juzgado Sexto Penal Municipal en función de control de garantías. Los ingresos base de la liquidación: Se deberá liquidar con base en la constancia suscrita por el Contador Público, en la sima de 1.200.000 mensuales para un total de 8.400.000”. Fls. 8-12 C.1
El día 15 de julio de 2005 en la localidad de Montenegro se le causó muerte mediante arman de fuego.
“Las diligencias adelantadas por los organismos investigadores llevaron a la vinculación de los señores Juan Gabriel Calderon García, Bernando de Jesús Guevara Palacio y Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada. Estos últimos señalados por el señor Juan Gabriel Calderón García, quien manifestó que el señor Asdrúbal de Jesús Moncada le había dado la orden de ultimar al señor Paz López, actuando este a su vez por mandato del señor Guillermo Alfonso Palacio, a fin de no pagarle una deuda producto de un trabajo de ebanistería que el occiso había hecho”. Señaló que a folio 139 reposa el acta de la audiencia oral. Señaló el apoderado que a folios 163 y 164 reposa la providencia mediante la cual se confirmó la sentencia del A quo. Fls. 310-311 C.1
Fls. 312 y 313 C.1
Fl. 314 C.1
Fls. 335-343 C.1
El Tribunal Administrativo del Quindío mediante auto del 16 de junio de 2009 se corrió traslado a la parte actora de las excepciones propuestas por la demandada (Fl.346), el apoderado de los demandantes aprovecho la oportunidad y manifestó que la excepción de Culpa Exclusiva de un Tercero no está llamada a prosperar porque al demandante se le causo un daño antijurídico al ser privado de la libertad como consecuencia de los errores judiciales y por tal razón fue exonerado de toda responsabilidad que se le acusaba. Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que cuando una persona sindicada sea absuelta bajo el principio de indubio pro reo esta situación genera un perjuicio y en consecuencia se debe resarcir ese daño. Mediante providencia del 2 de diciembre de 2009 aceptó la denuncia del pleito que hace la parte demandada Fiscalía General de la Nación, por medio de apoderado judicial y en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Nacional de Administración Judicial y ordenó la suspensión hasta que se llevara a cabo la notificación al denunciado (Fls 353-356 C.1). Fls. 357-358 C.1
Fls.359-367 C.1
Fls. 373-376 y 379 -380 C.1
Fl. 382 C.1
Fls. 383-388 C.1
Fls. 389-406 C.1
Fls. 407-412 C.1
Fls. 436-451 C.P
Fls. 453-455 C.P
Fls. 478-488 C.P
Fls.510-513 C.P
Fl. 500 C.P
Fl. 506 C.P
Fls. 448 C.P
Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada y Luz Stella Orozco Jaramillo (Fl.18 C.1)
Relación de cercanía afectiva que se encuentra acreditada con los siguientes medios probatorios:

Al respecto se encuentra el registro civil de nacimiento en el que consta que éste es hijo de la señora Luz Stella Orozco Jaramillo quien funge como compañera permanente de la víctima directa (Fl. 15 C.1) y los testimonios de Miriam Jaramillo (Fls. 78 -79 C.2) quien declaró que “(…)[la relación entre ASDRUBAL DE JESÚS MONCADA MONCADA y su hijo de crianza ANDRES FELIPE GARCÍA OROZCO tienen una relación muy linda parece como si fuera su propio hijo, porque él lo trataba como si fuera su propio papá (…)”; Johanna Inés Muñoz Jaramillo (Fls. 80 -81 C.2), quien manifestó que: “es una relación muy buena, él lo considera su hijo propio, y el niño siempre lo trato como un papá, siempre ha sido un gran consejero”; Gloria Amparo Barrios (Fl. 82 C.2) expresó que: “La relación de ellos es excelente, inclusive él le dice hasta papá”, y Ana Lucía Muñoz Jaramillo (Fl. 83 C.2) indicó que: “La relación de ellos es excelente, a pesar de no ser hijo de él ANDRES FELIPE lo ve como un papá”
Obra registro civil de nacimiento de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 4 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 4 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luis Alfonso Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Beatriz Elena Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 14 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Gladys del Socorro Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 16 C.1)
Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Fl. 39 C.1
Fl. 94 C.1
Fls.78 -79 C.2
Fls. 80 -81 C.2
Fl. 82 C.2
Fl. 83 C.2
Fl. 84 C.2
Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. En atención a que la Sala no encuentra constancia de ejecutoria de la misma, para determinar con certeza a partir de cuándo habrá de computarse el término de caducidad, prevé que en aplicación de los artículos 169 y 183 de la Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos -, la sentencia de segunda instancia fue proferida el 22 de marzo de 2006, momento que se adiciona con 60 días para interponer la demanda de casación, que  en el caso de autos corresponden al 21 de junio de 2006, fecha que se acoge como término a partir del cual se contabiliza la caducidad de la acción. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”.

PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias  de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales  estarán bajo su dirección y coordinación.

Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No.

46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.

El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003.

ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917. ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Fls.60-65 C.2
Fl.121 C.2
Fl. 103 C.2
Obra en el expediente acta de derechos del capturado Fl. 108 C. 2
Fls. 100-102 C.2
Fl.125
Fl.128 C.2
Fls 132 -133 C.2
Fls.166 (obra CD de la audiencia) y 167-169 (Acta de la audiencia) C.2
Fls. 183 (obra CD de la audiencia) y 184-185 (Acta de la audiencia) C.2
Fls. 220 (obra CD de la audiencia) y 223-226 (Acta de la audiencia) C.2
Fls 243 -263 (obra copia de la sentencia) a Fl.264 (obra CD de la audiencia de lectura del fallo) y Fls. 265 -266 (obra acta de audiencia) C.2
Fl.274 (obra CD de la audiencia) y a Fls.275 – 276 (obra acta de la audiencia). Fls. 277 -292 C.2
Fl. 344 C.2
Fls 345-347 C.2
Fl. 39 C.1
Fl. 94 C.1
Fls. 78 -79 C.2
Fls. 80 -81 C.2
Fl. 82 C.2
Fl. 83 C.2
Fl. 84 C.2
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada y Luz Stella Orozco Jaramillo (Fl.18 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Asdrúbal de Jesús Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés. (Fl. 4 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Luis Alfonso Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés, padres a su vez de la víctima directa. (Fls.13 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Beatriz Elena Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés, padres a su vez de la víctima directa. (Fls.14 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Gladys del Socorro Moncada Moncada en el que consta que sus padres son Elvia Rosa Moncada Garcés y Luis Norberto Moncada Garcés, padres a su vez de la víctima directa. (Fls.16 C.1)
Esta Corporación señaló que “Se probaron, con las declaraciones de terceros y de la parte actora, los hechos concernientes, de una parte, a la calidad de damnificados - respecto de la víctima directa - de los hijos de la compañera de Eduardo López y, de otra parte, el dolor moral que aquellos sufrieron con el accidente padecido por su padrastro. Y si bien es cierto, con esos medios de prueba no se establecieron los hechos de crianza para deducir el perjuicio moral, lo cierto es que se probó directamente este perjuicio y con él la condición de damnificados de los hijastros del señor López. Cuando la jurisprudencia exige la demostración de los hechos de crianza es con el objeto de inferir el perjuicio moral; pero si este se prueba (forma directa) no interesa que el demandante sea o no sea hijo de crianza; lo que es fundamental es la prueba real del mencionado perjuicio. Ahora bien, no es la residencia ininterrumpida bajo el mismo techo la que necesariamente debió darse para entender que se causó un perjuicio moral (apariencia formal), sino aquellos momentos de felicidad, de calamidad y de solidaridad los cuales van sustentando un vínculo que realmente existe y se hace visible con el trato de “amor interfilial”. Sentencia del 14 de septiembre de 2000. Exp. 12166
Obra registro civil de nacimiento de Andrés Felipe García Orozco en el que consta que su madre es Luz Stella Orozco Jaramillo, quien es la compañera permanente del actor. (Fl. 15 C.1)
Fls. 78 -79 C.2
Fls. 80 -81 C.2
Fl. 82 C.2
Fl.

83 C.2
Con relación a la protección del buen nombre, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido: “el buen nombre y la honra son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, que comportan la obligación para las autoridades de proveer una protección especial frente a los atentados arbitrarios de que sean objeto. (…) Se dijo que se vulneraría el derecho al buen nombre y/o a la honra, cuando, sin fundamento alguno, se propagan entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. Y, si bien los medios de comunicación en el ejercicio de la libertad de información puede estar expuestos al recibir material con el que se pueda producir la vulneración de los bienes jurídicos constitucionales y convencionales al buen nombre y a la honra, debe partirse de considerar la buena fe tanto del medio de comunicación, o del periodista, sin perjuicio de advertir, siguiendo la jurisprudencia constitucional, que en “lo atinente a la carga asumida por quienes emiten la información, ha recalcado la Corte Constitucional que debe presumirse la buena fe del comunicador y que, por lo tanto, si una persona alega una vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales por la difusión de una información falsa, debe probar que lo es. Con todo, la buena fe del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a pesar de que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues la misma naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no admita prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si, existen elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena fe del periodista”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. sentencia de fecha 27 de febrero de 2013, Exp. 24734.

Fl. 10 C.1
Fl. 9 del C.P
Resolución 01 del 25 de junio de 2000 de CONALBOS.

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