Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2009-00066-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2009-00066-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-31-000-2009-00066-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: MARÍA CLEOFE YEPES GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial
– falsos positivos / valoración de la prueba trasladada, noticias
de prensa, autenticidad de los informes militares y de policía,
entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial, versiones
libres e indagatorias / No se reconoce lucro cesante dado que la
víctima era mayor de 25 años y no se probó la dependencia
económica de la madre.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 29 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 5 de febrero de 2007, en inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la
vereda Los Pinos del municipio de Salento, miembros del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia dieron muerte a Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, quienes habían arribado al lugar, al parecer, para cometer un
hurto y/o una extorsión y se enfrentaron a los militares.
Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional sobre las muertes de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, pues aseguran que no se presentó una situación de combate
o enfrentamiento armado, sino una ejecución extrajudicial de las víctimas.
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
II. ANTECEDENTES
Expediente 2007-0034400
1. Demanda
El 12 de septiembre de 20071, María Cleofe Yepes González, Rubia Amparo
Muñoz Yepes, Diana Milena Muñoz Yepes, Viviana Andrea Muñoz Yepes, María
Isalia Muñoz Yepes, Luciano Andrés Muñoz Yepes, María Margarita Muñoz
Yepes, Luz Amparo Muñoz Yepes, Luz Enid del Socorro Muñoz Yepes, Gustavo
Ancizar Muñoz Yepes, Piedad Elena Muñoz Yepes, Leiman Antonio Muñoz Yepes,
José Luis Muñoz Yepes y Jesús Emilio Muñoz Yepes; mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra
de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara
patrimonialmente responsable por la muerte de Santiago de Jesús Muñoz Yepes,
ocurrida el 5 de febrero de 2007.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la
entidad accionada a pagar, por perjuicios morales, 150 SMLMV para María Cleofe
Yepes González y 50 SMLMV para cada uno de los demás demandantes; por
“daño a la vida de relación”, 200 SMLMV para María Cleofe Yepes González y; por
lucro cesante, la suma de $31’354.000 para María Cleofe Yepes González.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Santiago de Jesús
Muñoz Yepes era un joven trabajador que se dedicaba a labores propias del
campo, en la finca “La Argentina” en Salento.
Manifiesta que, el 5 de febrero de 2007, Santiago de Jesús Muñoz Yepes se
dirigió en un vehículo taxi a otra finca, en compañía de Robert Sepúlveda
Cardona, donde tendría una entrevista laboral, pero en el trayecto el vehículo fue
detenido por miembros del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia, quienes
1 Expediente digital, páginas 54 a 64, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS
Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
procedieron a abrir fuego indiscriminadamente y sin razón alguna contra el
vehículo, causando la muerte de ambos.
Asegura que, a continuación, miembros de ese Batallón alteraron el lugar de los
hechos, pues colocaron armas cortas junto a los cuerpos de los dos jóvenes, para
reportar sus muertes como ocurridas en combate de la tropa contra extorsionistas.
Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional sobre las muertes de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, aseguran que no se presentó una situación de combate, sino
una ejecución extrajudicial de las víctimas.
2. Contestación
El 29 de octubre de 20072 y el 4 de diciembre de 20073, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia admitió la demanda y su reforma4,
respectivamente, ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.
2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional5 afirmó que a la parte
demandante le correspondía probar la veracidad de las circunstancias en que
ocurrió el daño por el cual reclama.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 27 de julio de 20106 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
2 Expediente digital, páginas 68 y 69, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS
Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
3 Expediente digital, página 75, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
4 Expediente digital, página 73, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai. El escrito de reforma consistió en adicionar la
solicitud de pruebas
5 Expediente digital, páginas 85 a 89, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS
Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
3.1. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional7 reiteró lo señalado en la
contestación de la demanda.
3.2. La parte actora y el ministerio público guardaron silencio.
4. Remisión por competencia
El 25 de enero de 20118, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Armenia se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso en razón de
la cuantía y ordenó su remisión al Tribunal Administrativo del Quindío.
Expediente 2009-0006600
1. Demanda
El 25 de marzo de 20099, Flor María Cardona Garro, quien actúa en nombre
propios y en representación de su menor hija Yulissa Posada Cardona; así como
Fabián Andrés Sepúlveda Cardona y María Bernarda Garro, mediante apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le
declarara patrimonialmente responsable de la muerte de Robert Sepúlveda
Cardona, ocurrida el 5 de febrero de 2007.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la
entidad demandada a pagar, por perjuicios morales, 4.000 gramos de oro para
cada uno de los demandantes y; como medidas de reparación no pecuniaria las
siguientes: i) que se adelante y culmine la investigación integral respectiva para
6 Expediente digital, página 241 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
7 Expediente digital, páginas 243 a 248, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
8 Expediente digital, páginas 249 a 255, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
9 Expediente digital, páginas 2 a 78 y 105, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
sancionar a los responsables del homicidio de Robert Sepúlveda Cardona; ii) que
la demandada pida disculpas públicamente a los familiares de la víctima; iii) que la
demandada preste asistencia médica psicosocial a los familiares de la víctima, a
efectos de recuperar su salud psíquica y moral; iv) que la demandada publique en
los diarios de circulación nacional, “que las víctimas fueron masacradas a manos
de miembros del Ejército Nacional”.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante señala que Robert Sepúlveda
Cardona era un agricultor.
Manifiesta que, el 5 de febrero de 2007 Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes fueron engañados para llegar a la finca “Playa Verde” ubicada
en la vereda Los Pinos del municipio de Salento en un taxi, el cual recibió disparos
de miembros del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia, cuando se encontraba a
solo cien metros de la entrada al lugar.
Los demandantes acusan de falsa la versión proporcionada por los miembros del
Ejército Nacional sobre la muerte de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, aseguran que no se presentó una situación de combate, sino
una ejecución extrajudicial de las víctimas.
2. Contestación
El 21 de abril de 200910, el Tribunal Administrativo del Quindío admitió la demanda
y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.
2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional11 afirmó que la culpa
exclusiva de la víctima fue la causante del daño, y que la parte actora solo
pretendía acusar de hechos ilícitos a la fuerza pública.
10 Expediente digital, páginas 106 a 108, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
11 Expediente digital, páginas 126 a 132, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
3. Acumulación de procesos
Mediante auto del 17 de enero de 201112, el Tribunal Administrativo del Quindío
ordenó acumular el proceso de reparación directa identificado con el número de
radicado 2007-0034400 con el proceso de reparación directa identificado con
número de radicado 2009-0006600.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 5 de abril de 201113 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora14 y la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional15
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.
4.2. El ministerio público guardó silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 29 de octubre de 201416 el Tribunal Administrativo del
Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que
la demandada incurrió en falla en el servicio por el uso desproporcionado de la
fuerza, lo cual causó la muerte de las víctimas.
Al efecto, sostuvo que: “[…] de acuerdo con la prueba practicada en el proceso
(fis. 767-822 C. Pbas. No 3), se infiere razonablemente que si eventualmente se
trató de una respuesta legitima de las Fuerzas Militares a una agresión, la misma
se muestra desproporcionada; pues los militares se ubicaron en una posición
12 Expediente digital, páginas 252 a 259, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
13 Expediente digital, página 264, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
14 Expediente digital, páginas 334 a 420, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
15 Expediente digital, páginas 270 a 327, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
16 Expediente digital, páginas 2 a 39, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
segura y privilegiada para resguardar su integridad ya que estaban acantonados
en un talud, ubicados en la parte superior del mismo -contiguo al camino-,
cubiertos de alguna vegetación, con armamento de largo alcance y de alto poder,
a la expectativa de reaccionar ante cualquier agresión. Ello, toda vez que se había
desplegado todo un dispositivo militar para neutralizar al enemigo. […] De ahí
entonces que concluya la Sala que en este caso se hacía innecesario abrir fuego
de manera sostenida e indiscriminada, ya que los sujetos no tenían la capacidad
de sostener un combate con un pelotón del Ejército Nacional como el que intervino
en los hechos; sin embargo, se percutieron al menos 67 proyectiles cuyos restos
fueron encontrados en la escena, los cuales correspondían a armas oficiales de
largo alcance, respecto de supuestamente cuatro (4) disparos que hicieron los
presuntos ilegales -sin que esto último esté debidamente probado en el proceso
[…]”.
Finalmente, reconoció el pago de perjuicios morales a los demandantes y, como
medida de satisfacción, ordenó la publicación de la sentencia. Igualmente, negó el
lucro cesante y el perjuicio denominado “daño a la vida de relación”, por
considerar que estos no se probaron.
6. Recursos de apelación
El 1817 y el 2518 de noviembre de 2014, las partes demandante y demandada
interpusieron y sustentaron, respectivamente, recursos de apelación, los que
fueron concedidos el 22 de enero de 201519 y admitidos el 21 de abril siguiente20.
6.1. La parte actora del expediente 2007-003440021 reprochó que el a quo no
reconociera el perjuicio por “daño a la vida de relación”, pues este se acreditó con
la prueba testimonial. Igualmente solicitó se reconociera lucro cesante a la
17 Expediente digital, páginas 44 a 48, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
18 Expediente digital, páginas 59 a 68, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
19 Expediente digital, páginas 89 y 90, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
20 Expediente digital, páginas 93 y 94, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
21 Expediente digital, páginas 44 a 48, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
demandante María Cleofe Yepes González, dado que se presumía que su hijo
fallecido la ayudaba económicamente, de acuerdo con la jurisprudencia del
Consejo de Estado.
6.2. La demandada sostuvo que el uso de la fuerza por parte del Ejército Nacional
tenía fundamento constitucional y, como fue ejercido en cumplimiento del deber
legal de garantizar la seguridad de los ciudadanos, no fue desproporcionado.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 16 de junio de 201522 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte actora23 reiteró los argumentos expuestos en la primera instancia. La
Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional guardó silencio.
7.2. El ministerio público24 consideró que debía declararse la concausa que dio
lugar al daño, en virtud de que, si bien resultaba reprochable el uso desmedido y
desproporcionado de la fuerza por parte de la entidad demandada, también debía
cuestionarse la conducta de las víctimas, quienes obraron de manera imprudente
al no atender la proclama de los uniformados y reaccionar con armas de fuego
contra los militares.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia del 29 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, de conformidad con los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.,
22 Expediente digital, página 96, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02 PRINCIPAL Y
APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
23 Expediente digital, páginas 98 a 120, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
24 Expediente digital, páginas 122 a 147, del archivo “ED_C02_01 OTROS-CUADERNO 02
PRINCIPAL Y APELACIÓN SENTENCIA(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
modificados por la Ley 446 de 1998, por tratarse de un proceso de doble instancia
en razón de la cuantía, dada por la pretensión mayor25 para la fecha de la
presentación de la demanda26.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8627 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que
tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal
que, por ende, debe examinarse de oficio28.
25 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, antes
de la modificación efectuada por el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010.
26 De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la competencia se fija al momento de
presentación de la demanda y para el 2009 la pretensión mayor era de $287’400.000 y 500
SMLMV equivalían a $248’450.000.
27 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten
condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo
de un servidor o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando
resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…]
respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en
primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de
manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el
artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador,
apuntando a la protección del interés general29, estableció unos plazos para poder
ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos
resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y
de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado
la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción30, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de
reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma,
formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez
en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del
C.C.A.”
29 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
30 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure31 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia32, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
31 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
32 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para
demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra,
mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado33 unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso
de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa34, el conteo del
plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el
momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que
impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.
Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".
De acuerdo con lo anterior y, dado que en el proceso no se probó que los
demandantes supieron de las muertes de sus familiares en las cuales participaron
agentes del Ejército Nacional, en una fecha distinta a la de su ocurrencia el 5 de
febrero de 2007, esta se tomará para el cómputo del término de caducidad.
En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo, teniendo en cuenta: i) que las muertes de Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes tuvieron lugar el 5 de febrero de 2007 (hecho
probado 7.1.7.); ii) que el 12 de septiembre de 2007 los demandantes en el
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
34 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
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expediente No. 2007-0034400 presentaron la demanda35 de reparación directa; iii)
que el 3 de febrero de 2009, los demandantes en el expediente No. 2009-0006600
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de
la Nación, la cual se declaró fallida según constancia del 19 de marzo de 200936;
y; v) que la demanda radicada con el No. 2009-0006600, se presentó el 25 de
marzo de 200937, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley
procesal vigente.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis38.
4.1. María Cleofe Yepes González (madre), Rubia Amparo Muñoz Yepes
(hermana), Diana Milena Muñoz Yepes (hermana), Viviana Andrea Muñoz Yepes
(hermana), María Isalia Muñoz Yepes (hermana), Luciano Andrés Muñoz Yepes
(hermano), María Margarita Muñoz Yepes (hermana), Luz Amparo Muñoz Yepes
(hermana), Luz Enid del Socorro Muñoz Yepes (hermana), Gustavo Ancizar
Muñoz Yepes (hermano), Piedad Elena Muñoz Yepes (hermana), Leiman Antonio
Muñoz Yepes (hermana), José Luis Muñoz Yepes (hermano) y Jesús Emilio
Muñoz Yepes (hermano), son las personas sobre las que recae el interés jurídico
que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, en
razón a que conformaban el núcleo familiar de Santiago de Jesús Muñoz Yepes
(víctima), según dan cuenta las copias auténticas de los correspondientes
registros civiles de nacimiento39.
35 Se advierte que para dicha fecha no estaban obligados a agotar el requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial, pues aún no se encontraba vigente la Ley 1285 de 2009 que así lo
exigía.
36 Fl. 19, C.4.
37 Se advierte que los actores tenían 4 días antes del vencimiento del plazo legal para interponer la
demanda, lo cuales corrieron a partir del día siguiente al 19 de marzo de 2009, esto es, 20, 24, 25 y
26 de marzo de 2009, pues del 21 al 23 de marzo fueron días no laborales.
38 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
39 Expediente digital, páginas 19 y 25 a 48, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
4.2. Flor María Cardona Garro (madre), Yulissa Posada Cardona (hermana),
Fabián Andrés Sepúlveda Cardona (hermano) y María Bernarda Garro (abuela),
son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en este
proceso y están legitimados en la causa por activa, en razón a que conformaban el
núcleo familiar de Robert Sepúlveda Cardona (víctima), según dan cuenta las
copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento40.
4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la
demanda se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por las
muertes de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las muertes de Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes son atribuibles a la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por ejecución extrajudicial o falso positivo en operativo
militar o si fueron el resultado del uso desproporcionado de la fuerza.
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado, ii) la responsabilidad del Estado
por actos de ejecución extrajudicial – falsos positivos y iii) el hecho o culpa
exclusiva de la víctima.
40Expediente digital, páginas 86 a 91 y 96, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199141 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Se debe sumar a este elemento
estructural para hallar la responsabilidad del Estado otro componente necesario e
indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con
su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por
aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución
fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a
repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio
de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los
criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y
con el daño especial42.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
41 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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6.2. Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos
positivos – reiteración jurisprudencial
De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas
desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos
de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al
conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya
no participan en la confrontación con el Estado.
En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de
las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el
ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados
internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y
conforman el bloque de constitucionalidad43, pero que exigen del Estado la
obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes
para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias44.
Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los
comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez
ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por
la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto
legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado.
43 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
44 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente
previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
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El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el
enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras.
Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean
presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como
insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como
NN´s, sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios
existentes para obtener su individualización.
Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se
realiza una verdadera mise-en-scène encaminada a aparentar que la muerte de
una persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una
amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los
integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por
actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por
resultar arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato
constitucional de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas.
En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los
hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas
nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un
actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los
agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e
integridad de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la
víctima es presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate.
Al respecto, se reitera la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera de la
Corporación en sentencia del 11 de septiembre de 2013, Expediente No. 20601,
ante la ejecución extrajudicial de un campesino cuyo cadáver fue reportado como
el de un guerrillero dado de baja durante un combate armado llevado a cabo en el
sector de “Piedramarcada”, en la carretera que de Tello conduce a Vegalarga, en
el departamento del Huila. En esta oportunidad la Sección consideró:
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
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“21.4.4. […] la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta
antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción
consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un
particular con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y
arbitraria, se le quita la vida a una persona que por su condición de indefensión
está protegida por el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su
asesinato puede ser considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto
las armas.
21.4.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta
realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la
vida y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados,
como lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que
participaron en la operación desplegada en la zona rural de Tello –Huila- con
ocasión de la orden n.° 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no
combatientes y luego exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un
enfrentamiento armado.
21.4.6. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad
personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento
interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de
derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque
de constitucionalidad45-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados
impedir que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales46 y, además,
fomentar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de
prácticas.
21.4.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el
Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea
eficaz en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones
extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas,
sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores
públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la
reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido
esas deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65
adoptada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se
establecieron los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de
45 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha
tenido oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a
la vida de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho
internacional de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes
providencias: sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-
01(16974), actor: Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-
Policía; sentencia del 23 de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-
01(18480), actor: Pedro Saúl Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
46 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente
previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone
que, en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
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las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos:
[…].
21.4.8. El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados
en la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar
en debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales,
implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran
los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los
respectivos casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias
judiciales de los respectivos países, entonces los daños que sean causados por
motivo de ese incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de
responsabilidad en las instancias judiciales del sistema internacional de derechos
humanos.
21.4.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la
jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente
que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas
recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias47, en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la
vida a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de
indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de
comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que
eufemísticamente ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. […]
21.4.10. En relación con el modus operandi de los llamados “falsos positivos”, el
relator de la ONU hizo la siguiente observación: (…) Una vez que estas víctimas
son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con
distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en
combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o
calzarlas con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y
anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A
menudo se entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre
desconocido), y en algunos casos en fosas comunes48.
21.4.11. De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado
poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas
47 Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14
periodo de sesiones, Tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”,
distribuido al público el 31 de marzo de 2010.
48 En el informe se hace un relato de las posibles causas por las que el relator de la ONU considera
que se ha propiciado la práctica de las ejecuciones judiciales en Colombia, entre los que se
encuentran: presiones ejercidas por los mandos militares para la obtención de resultados en los
combates; el régimen de recompensas estatuido en las fuerzas militares; en relación con la
responsabilidad penal de las personas involucradas en los homicidios, en el informe se considera
que la “falta de atribución de responsabilidad penal ha sido un factor clave” pues “los soldados
sabían que podían cometer tales actos y salir impunes”, y se destaca la dificultad que tienen los
órganos investigativos como el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para llevar a cabo
los levantamientos de los cadáveres en forma apropiada; y, finalmente, la atribución de
competencias a la jurisdicción penal militar para el juzgamiento criminal de los casos relacionados
con ejecuciones extrajudiciales, cuando lo cierto es que el conocimiento de los mismos debería
recaer en la jurisdicción ordinaria.
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cometidas por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que
obligue a la administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para
que el caso reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los
ciudadanos ante las instancias internacionales.”
Asimismo, en reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró los argumentos
antes citados y sostuvo que:
“Aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la
muerte de Eder Carvajal Bernal configura un evento de “falso positivo”,
consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional,
constitutiva de homicidio agravado, perpetrado deliberadamente por agentes
estatales cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión e inferioridad,
posteriormente disfrazado por el personal militar para exhibirlo como un subversivo
legítimamente abatido, frente al cual la entidad demandada no pudo acreditar que
el hecho se produjo con ocasión de un combate o en cumplimiento legítimo y
proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar.”49
Dicho esto, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, y
comoquiera que se presenta, de una parte, la versión oficial de los agentes del
Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas, el papel del juez consiste en
establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la
sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas.
Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos
buscan esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las
víctimas no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las
garantías para establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este
escenario la prueba indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia las
cargas probatorias resultan aligeradas para las víctimas, de manera que quienes
por su condición no gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia
efectiva.
Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de
carácter indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica,
construye el juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de agosto de 2022., Exp.
60452.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
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conocidos y acreditados mediante prueba directa50 para, por medio de la
aplicación de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer
aquellos supuestos fácticos que no están directamente demostrados y son
desconocidos en el plenario51.
Al respecto, ante una situación de ejecución extrajudicial, en sentencia de 31 de
mayo de 2016, Exp. 38757, la Sala reiteró que una antinomia de este tipo se debe
resolver a partir de los postulados de la sana crítica, prevista en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil52, y definida por la jurisprudencia de esta
Corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o
menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad
de convencimiento”53 y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora
de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo
sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas
e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en
ausencia de determinada prueba”54.
En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios
de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios
de prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la
ocurrencia de los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso
concreto:
“Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes
versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo
la versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica55, labor en
50 Artículo 248, Código de Procedimiento Civil. “Para que un hecho pueda considerarse como
indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.”
51 Artículo 249, Código de Procedimiento Civil. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo
en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.”
52 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley
sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
53 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio
Gómez Leyva.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946.
55 Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma:
“…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el
mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a
probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una
mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen
las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones
surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido
comúnmente aceptado56.
Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o
incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad
lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse
en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad
prevaleciente. (...) En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis
/ elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o
incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de
los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la
hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los
distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el
valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo
relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente
disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un
campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas
formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba
favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional,
precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la
alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la
presencia de distintas hipótesis significativas57.
De igual forma, debe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las
fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que
ello sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad,
moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado
recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se
puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las
personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar
hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones
diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de
prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría
que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes,
es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008,
capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141”.
56 Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema
de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones
empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y
otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las
propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los
juristas suelen denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba,
Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo
Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
que los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el
plazo más breve posible.
Asimismo, corresponde a los agentes estatales la obligación de informar de
inmediato a sus superiores y a las autoridades competentes del acaecimiento de
los hechos, para que se surtan las investigaciones pertinentes, dada la obligación
del Estado de iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y
efectiva sobre lo sucedido58.
A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido
respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los
mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y
razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de
necesidad implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta
legítimo cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos
lesiva para proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de
necesidad es la pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las
armas de fuego, que solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o
cuando otros medios resultan ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de
donde la respuesta a la afectación debe resultar proporcional a esta.
En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego
fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional
58 Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo 143:
“la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales
efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su
jurisdicción (artículo 1.1)”; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de
septiembre de 2005, Serie C No. 134, párrafo 219: “ejecuciones extrajudiciales […] en este tipo de
casos el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y
efectiva256. Durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones de
derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser
escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en
la búsqueda de una justa compensación257. Sin embargo, la búsqueda efectiva de la verdad
corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o
de su aportación de elementos probatorios”
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
la actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a
la magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión
o gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido.
De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de
la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación, de manera
que en su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la
búsqueda del equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido.
Entonces, cuando con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el
principio de moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado
respecto del objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose
ilegitima.
Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de
fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de
razonabilidad, que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de
fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad 59, de
modo que se establezca como razonable la justificación ofrecida para legitimar la
reacción armada.
Por otra parte, conviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera
de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o
disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes
estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en
modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones
de la justicia ordinaria.
En efecto, sobre este punto la Sala ha señalado:
La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se
profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta
condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación
que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha
sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el
objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
59 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 23 de enero de 1996.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para
ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del
ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la
indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea
imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias,
así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la
tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por
mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de
reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de
prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el
fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el
daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al
servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que
admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño
causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente
puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber
tenido nexo con el servicio.
Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye
el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con
los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se
formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado,
conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en
los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen
de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.
Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene
efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el
valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia
penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única
prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los
demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del
agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal
no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción
de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el
proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de
responsabilidad60.
Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la
naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas
que los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que
se presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad
administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no
está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16533; sentencia
de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062; sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de
decidirse61.
6.3. Hecho o culpa exclusiva de la víctima
La jurisprudencia y doctrina han sostenido que es posible que el Estado se
exonere de responsabilidad extracontractual si se acredita que el daño que se
pretende indemnizar e imputar es atribuible al hecho determinante y exclusivo de
la propia víctima62 o de un tercero.
Sobre los eximentes de responsabilidad, tuvo la oportunidad esta Corporación63
de referirse, en los siguientes términos:
“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza
mayor o caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima -
constituyen diversos eventos que impiden imputar, desde el punto de vista jurídico,
la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio.
Para que se estructuren se requiere lo siguiente: “Tres son los elementos cuya
concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea
procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad
y (iii) su exterioridad respecto del demandado (…) Por otra parte, a efectos de
que operen los mencionados eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o
de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u
omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del
daño.”
De lo anterior, se deduce que cuando se alega el hecho o la culpa exclusiva de la
víctima como causal eximente de responsabilidad, no cualquier actuación de esta
puede generar un verdadero rompimiento de la imputación de la responsabilidad.
Justamente, para que la culpa de la víctima rompa la imputación existente hasta
ese momento entre una acción u omisión de la administración y un daño
antijuridico, debe acreditarse que el hecho atribuible a la víctima fue determinante
en la realización del mismo, y que fue un evento exterior, imprevisible e irresistible
respecto del demandado.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp.
38757.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671; Sentencia
del 22 de noviembre de 2017, Rad. 39848.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de marzo de 2011, Rad.:19067.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Entonces, cuando se cumplen estos elementos de juicio, se configura el hecho o
la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad y, desde el
punto de vista jurídico, impide realizar la imputación del daño a la
Administración64.
En conclusión, para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios, resulta determinante que la
conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir,
que el comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y
determinante en la producción o resultado del hecho lesivo65. De lo contrario,
cuando haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla, se
configura un evento en el cual la exoneración podrá ser parcial, con fundamento
en el artículo 2357 del Código Civil.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 29 de octubre de
2014 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
aseguró que no hizo uso desproporcionado de la fuerza durante el combate con
Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes.
Por su parte, los demandantes del expediente 2007-00034400 solicitaron el
reconocimiento de perjuicios por concepto de “daño a la vida en relación” y lucro
cesante a favor de la demandante María Cleofe Yepes González.
Así, comoquiera que ambas partes presentaron recurso de apelación contra la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, el asunto se resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de abril de 2019, Rad. 42671.
65 Consejo de Estado; Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad. 17605. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad. 18562.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
35766 del CPC. Por ello, a continuación, se analizará sin limitaciones si las muertes
de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes son atribuibles a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por ejecución extrajudicial en
operativo militar.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales y testimoniales trasladadas de la investigación disciplinaria
No. 007-07 adelantada por el Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia67 y de la
investigación penal tramitada por la justicia penal militar y por la Fiscalía General
de la Nación68, por los homicidios de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes allegadas al plenario, dado que fueron debidamente
solicitadas y decretadas en el expediente y de ellas se les corrió traslado a las
partes69, de manera que ambos extremos procesales conocieron su contenido y
contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
Asimismo, debe advertirse la presunción de autenticidad de los informes militares
y de policía obrantes en el plenario, según lo dispuesto por la Sección Tercera de
esta Corporación, que ha señalado: “el documento público, es decir aquel que es
66 “Artículo 357. Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue
objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones
sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
67 Expediente digital, páginas 153 a 373, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
68 Cuadernos de pruebas 10 a 16 digitalizados en índice 122, Samai.
69 Según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento
administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo,
las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y
son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado
a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su
intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor
probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea
desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de
P.C.”70. Entonces, la autenticidad del informe militar o de policía se halla en la
certeza que se tiene de haberse elaborado y suscrito por el funcionario público. No
obstante, lo que se discute en el caso de autos es, precisamente, la legalidad de
actuación desplegada por el Ejército Nacional, reportada por los informes militares,
de manera que su alcance probatorio se sujetará al conjunto de los demás medios
de prueba.
Sumado a lo anterior, es menester poner de presente que las entrevistas
efectuadas por agentes de policía judicial recogen las versiones de personas
determinadas que atestiguan de forma directa o indirecta un hecho sobre el cual
se indaga penalmente, de conformidad con las normas que se consideran
infringidas y que constituyen un delito, a fin de obtener información relevante que
permita la reconstrucción de la realidad, adelantar las diligencias y proferir las
decisiones judiciales correspondientes. Sin embargo, como las exposiciones que
las personas rinden ante estos servidores no se realizan bajo la gravedad de
juramento, están a merced de eventuales imprecisiones o tergiversaciones,
situación que, en principio, impide al juez reconocerle a este tipo de medios una
capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden
tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones
allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención
a lo dispuesto en los artículos 22771 y 22972 del CPC. Así las cosas, la Sala no
otorga valor probatorio a las entrevistas recolectadas por los investigadores de la
Policía Judicial 73 .
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Expediente:19056.
71 “Artículo 227. Formalidades previas al interrogatorio. […] Presente e identificado el testigo, el
juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que
tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en
falso. […]”
72 “Artículo 229. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en
un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o
intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. […]”.
73 Expediente digital, páginas 167 a 170, del archivo “ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10
PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS I TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf” y páginas 207 a 226 del archivo
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Igualmente, es necesario precisar que las impresiones de las noticias de prensa
allegadas al plenario se valoran según los criterios expuestos por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, en
acreditación de la publicación de una nota o reportaje de periódico, pero anotando
que ella sola no es suficiente para demostrar la veracidad y certidumbre de la
información publicada. En otras palabras, la divulgación periodística, por sí sola,
no otorga certeza de los hechos en ella contenidos, sino que ellos deben ser
analizados en conjunto y concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso, para constatar con certeza las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que tuvieron ocurrencia74.
En similar sentido, no se otorgará valor probatorio de testimonio a las
declaraciones rendidas por Piedad Elena Muñoz Yepes75-76, Leiman Antonio
Muñoz Yepes77 y Flor María Cardona Garro78, toda vez que este medio de prueba
no puede provenir de los sujetos procesales79 y tampoco reúne los requisitos
“ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10 PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS I
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122
Samai.
74 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa Administrativa, sentencia del 29 de mayo de 2012,
exp. 11001031500020110137800. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
febrero de 2018.
75 Expediente digital, páginas 332 a 338, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
76 Expediente digital, páginas 144 y 145, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
77 Expediente digital, páginas 339 a 342, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
78 Expediente digital, páginas 15 a 17, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2020, Exp.
46057, “En tales condiciones, no resulta susceptible de valoración dicha declaración, puesto que el
testimonio debe provenir de terceros. En efecto, el artículo 213 del C.P.C. 15, que establece que
“Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos
determinados por la ley”, está ubicado en el Capítulo IV del Título XIII de la Sección Tercera del
estatuto procesal, y ese capítulo se refiere, precisamente, a la “Declaración de Terceros”, por lo
que se descarta que el testimonio pueda provenir del demandante o del demandado, quienes tan
sólo pueden rendir declaración dentro del proceso mediante un interrogatorio de parte, que es un
medio de prueba distinto, […] (arts. 202 a 210, C.P.C.). (…) se trata de una declaración realizada
por los propios demandantes; tener en cuenta el testimonio de una de las partes, equivaldría a “(…)
valorar la apreciación de uno de los demandantes frente a circunstancias que los benefician, como
si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
dispuestos por los artículos 19480 y 19581 del CPC para la declaración de parte,
pues su deposición no comporta una confesión que favorezca a la parte
demandada o de la que se desprendan consecuencias jurídicas adversas a la
demandante82.
Finalmente, se hace constar que las diligencias de versión libre e indagatorias
rendidas en las actuaciones penales y disciplinarias por los militares objeto de
dichas investigaciones83 no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento,
situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad
probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en
cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí
contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de
hechos.”
80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022, Exp.
56466: “el artículo 194 del CPC señala que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la
que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo puede apreciarse en los términos
del artículo 195 de la misma normativa, es decir, en aquello que le produzca consecuencias
jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria, y con el cumplimiento de los
demás requisitos que establece esta norma, a saber: i) que el confesante tenga capacidad y poder
dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, ii) que recaiga sobre hechos sobre los
cuales la ley no exija otro medio de prueba, iii) que sea expresa, consciente y libre, iv) que verse
sobre hechos personales del confesante y v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial
o judicial trasladada.”
81 “Artículo 195. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga
capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija
otro medio de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre los hechos
personales del confesante o de que tenga conocimiento. 6. Que se encuentre debidamente
probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.”
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022, Exp.
56466: “el artículo 194 del CPC señala que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la
que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo puede apreciarse en los términos
del artículo 195 de la misma normativa, es decir, en aquello que le produzca consecuencias
jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria, y con el cumplimiento de los
demás requisitos que establece esta norma, a saber: i) que el confesante tenga capacidad y poder
dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, ii) que recaiga sobre hechos sobre los
cuales la ley no exija otro medio de prueba, iii) que sea expresa, consciente y libre, iv) que verse
sobre hechos personales del confesante y v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial
o judicial trasladada.”
83 Expediente digital, páginas 308 y 309, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, páginas 369 a 373, del archivo
“ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344,
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf” y páginas 60 a 77,
81 a 92, 98 a 103 del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
31
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a
lo dispuesto en los artículos 22784 y 22985 del CPC.
Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se probó que, el 13 de mayo de 1999, Santiago de Jesús Muñoz Yepes
recibió una mención honorífica del comandante del Batallón de infantería No. 11
“Cacique Nutibara”, por “sus virtudes militares y ejemplar comportamiento
demostrado durante su permanencia bajo banderas”. De ello da cuenta el
certificado de la misma fecha.86
7.1.2. Consta que, el 2 de febrero de 2007, el comandante de la estación de
policía de Salento certificó que, ese día, José Fabián Tejada Yepes formuló
denuncia por el delito de amenazas y posible hurto a la finca “Playa Verde”
ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de Salento. De ello da cuenta la
certificación de la misma fecha.87
7.1.3. Se acreditó que, para el 4 de febrero de 2007, el comandante del Batallón
No. 8 “Cisneros” de Armenia y el oficial de inteligencia de la misma Unidad Militar
tenían conocimiento de que en la jurisdicción de dicho Batallón “se encuentran
delinquiendo una comisión al parecer del frente 50 de las ONT FARC y nuevas
bandas emergentes de delincuencia al servicio del narcotráfico, los cuales vienen
efectuando labores de inteligencia delictiva con la misión de recuperar el territorio
que a través de los últimos tiempos han perdido, para eso están en capacidad de
intimidar a la población, de efectuar secuestros a comerciantes y ganaderos, de
84 “Artículo 227. Formalidades previas al interrogatorio. […] Presente e identificado el testigo, el
juez le exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que
tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en
falso. […]”
85 “Artículo 229. Ratificación de testimonios recibidos fuera del proceso. Sólo podrán ratificarse en
un proceso las declaraciones de testigos: 1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o
intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior. […]”.
86 Expediente digital, página 53 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
87 Expediente digital, página 312, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
igual manera estarían planeando acciones terroristas para sabotear la política de
paz del Gobierno Nacional, así mismo por informaciones de inteligencia se tiene
que estos grupos empezaran a efectuar ajusticiamientos al personal que no los
apoye para crear la sensación de poderío y temor en la región”. De ello da cuenta
el anexo de inteligencia No. 0476 de la misma fecha, suscrito por los referidos
funcionarios.88
7.1.4. Se demostró que, el 4 de febrero de 2007, el comandante del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia elaboró la misión táctica “Felino” cuya finalidad era
“capturar o someter por la fuerza o, en caso de resistencia armada, neutralizar a
los miembros de las milicias proselitistas de las FARC, bandas emergentes y
bandas delincuenciales organizadas que delinquen en la región”. De ello da cuenta
copia del documento de la misma fecha.89
7.1.5. Se probó que, el 5 de febrero de 2007, miembros del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia dieron muerte a dos personas, en desarrollo de la misión
táctica “Felino”, durante un combate en inmediaciones de la finca “Playa Verde”
ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de Salento. De ello da cuenta el
informe de patrullaje de la misma fecha suscrito por el comandante el Grupo
Especial Atila I de ese Batallón, del cual se destaca lo siguiente:90
“[…] 14. Misión. El Grupo Especial ATILA I organizado a 01-02-15 al mando del
señor ST. Jhon Armando Rodríguez Rojas, inicia misión táctica de destrucción a
partir de las 22:00 04-Febrero-07 sobre el área rural del municipio de Salento, sector
Vereda Los Pinos - Finca Playa Verde, con el fin de capturar y/o dar de baja en caso
de resistencia armada a miembros de nuevas bandas delincuenciales al servicio del
narcotráfico, delincuencia armada que delinque en la jurisdicción y las milicias
proselitistas de las FARC, bandas delincuenciales organizadas que vienen
extorsionando al personal de comerciantes, finqueros y ganaderos de la región. 15.
Desarrollo de la operación. Ruta de ida y regreso de la patrulla. Se inicia el
movimiento motorizado en la ruta PDM BICIS-Pueblo Tapao – Armenia - Vereda Los
Pinos -“Y" que conduce a la finca Playa Verde en donde se realiza el desembarco y
88 Expediente digital, páginas 166 a 168, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
89 Expediente digital, páginas 160 a 164, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
90 Expediente digital, páginas 169 a 173, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
se inicia infiltración mediante movimiento táctico a pie mediante la técnica de saltos
vigilados de acuerdo a la orden de operaciones 035 Felino, donde se realizan
maniobras de contraguerrillas con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado,
organizando y adelantando puestos en las diferentes vías, caminos, trochas y
requisas al personal que se encuentran sobre la vía de acceso a estas veredas y
chalet, en coordenadas 04°38 36 N-75°36’06 W se tuvo contacto armado con un
grupo de 02 delincuentes, los cuales reaccionaron abriendo fuego con armas cortas
contra la tropa ante la proclama y solicitud de requisa –‘Alto somos tropas del
Ejército Nacional!’ de parte del soldado Profesional Ruiz García Bernardo el cual
resultó comprometido junto con los soldados profesionales Gallego Villa Héctor,
Carvajal Alexander, Gallón Nicolta Héctor, Cortés Guapacha Francisco, Galindes
Quiceno Dobier y el cabo primero Fredy Murillo González, de inmediato se
reaccionó ante esta acción enemiga buscando protección y abriendo fuego para
repeler el ataque ya que era muy corta la distancia con estos individuos, el tiempo
que duró el intercambio de disparos fue muy corto y consecutivamente se
maniobraba con el resto del equipo de combate organizados así: equipo de asalto
organizado a 0-01-05 al mando del Murillo Orjuela Jhon y dos equipos de cierre
organizados a 00-01-05 al mando del ST Rodríguez Rpjas Jhon y CS Quimbayo
Castro Nelson, teniendo como resultado dos muertes en combate de los
mencionados individuos, incautando el siguiente material: una escopeta Remington
CAL.12 y revólver calibre 38 largo. No se tiene mayor información ya que se
acordonó el sitio para las diligencias de levantamiento. Una vez sucedidos los
hechos el área fue acordonada para que el CTI realizara el levantamiento. […]”
7.1.6. Se demostró que, en la misión táctica “Felino” ejecutada el 5 de febrero de
2007 participaron los siguientes miembros del Batallón No. 8 “Cisneros” de
Armenia: cabo primero Jhon Murillo Orjuela, cabo segundo Nelson Quimbayo
Castro y los soldados profesionales Bernardo Ruiz García, Andrés Adolfo Gallego
Montes, Alexander Carvajal, Héctor Gallón Nicolta, Dobier Galindes Quiceno y
Francisco Cortés Guapacha. De ello da cuenta el informe de patrullaje de la
misma fecha.91
7.1.7. Se comprobó que, el 5 de febrero de 2007, Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes fallecieron en el municipio de Salento. De ello
dan cuenta las copias auténticas de sus registros civiles de nacimiento.92
7.1.8. Consta que, el 5 de febrero de 2007, Robert Sepúlveda Cardona falleció por
heridas causadas por proyectil de arma de fuego. De ello dan cuenta el protocolo
91 Expediente digital, páginas 169 a 173, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
92 Expediente digital, página 21, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf” y página 99 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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de necropsia practicada en la misma fecha y el diagrama a escala en posición
anatómica con localización de las lesiones, de los cuales se destaca lo siguiente:93
“[…] IV. DESCRIPCIÓN ESPECIAL DE LESIONES.
DESCRIPCIÓN HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO CARGA
ÚNICA.
HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 1.
1.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.6 x 0.7 cm en la cara antero
interna del codo derecho, sin tatuajes ni ahumamientos, ubicado a 31 cm del
hombro. 1.2. Orificio de salida: de bordes regulares de 0.6 x 0.5 cm en la cara
postero interna tercio distal del antebrazo derecho, ubicado a 34 cm del hombro.
1.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos del antebrazo y codo
derechos. Sin evidencia de lesión ósea. 1.4. Trayectoria: plano sagital: izquierda –
derecha. Plano coronal: adelante – atrás. Plano transverso: arriba – abajo.
HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO NO. 2.
2.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 1 x 0.5 cm en la cara basal lateral
del hemitórax izquierdo, abrasión externa de 0.9 cm, sin tatuajes ni ahumamientos,
ubicado a 48 cm del vertex y a 11 cm de la línea media anterior. 2.2. Orificio de
salida: de bordes irregulares de 3.2.cm en la región paraesternal izquierda a nivel
del tercio espacio intercostal, abrasión perilesional, de 1x0.7 cm, sin tatuajes ni
ahumamientos, ubicado a 35 cm del vertex y a 1cm de línea media anterior.2.3.
Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos pectoral y del tercer espacio
intercostal lateral izquierdo, fractura conminuta de tercio intercostal del esternón y
de la tercera articulación condrocostal izquierda, pierna izquierda, laceración de 6 x
4 cm en la cara posterior del lóbulo posterior superior del pulmón izquierdo,
hemitórax izquierdo de 1200cc, sección incompleta en un 90% de la aorta
ascendente a 1cm de su salida del corazón con restos óseos y de fragmentos de
proyectil de arma de fuego. 2.4. Trayectoria: plano sagital: izquierda – derecha.
Plano coronal: atrás - adelante. Plano transverso: abajo - arriba.
HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 3.
3.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.6 x 0.5 cm en la cara basal lateral
del hemitórax derecho, abrasión interna de 0.4 cm, sin tatuajes ni ahumamientos,
ubicado a 51 cm del vertex y a 12 cm de la línea media anterior. 3.2. Orificio de
salida: de bordes irregulares de 3x2 cm en la región dorsolumbar derecha, ubicado
a 52 cm del vertex y a 12 cm de la línea media posterior. 3.3. Lesiones: piel, tejido
celular subcutáneo, músculos del octavo espacio intercostal lateral derecho y de la
región dorsolumbar derecha, pleura derecha, laceración de 4x3 cm en la cara
posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho, hemitórax derecho de 1000cc. 3.4
Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: adelante – atrás.
Plano transverso: arriba – abajo.
HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 4.
4.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.6 x 0.5 cm en la fosa ilíaca
izquierda ubicado a 79 cm del vertex y a 5 cm de la línea media anterior. 4.2. Orificio
de salida: de bordes irregulares de 2.5 x 1.8 cm en el cuadrante supero externo del
glúteo izquierdo ubicado a 76 cm del vertex y a 11 cm de la línea media posterior.
4.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos de la pared inferior izquierda
del abdomen y de la región lumbar lateral inferior izquierda, músculos abdomino
pélvicos, fractura conminuta de la cresta ilíaca izquierda. 4.4. Trayectoria: plano
93Expediente digital, páginas 358 a 362, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai
35
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: adelante – atrás. Plano transverso: abajo
• arriba. HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 5. 5.1. Orificio de entrada: de bordes irregulares de 2.5 x 2 cm en la cara antero interna
tercio medio del muslo izquierdo, abrasión de 7x6 y dos abrasiones internas, la
menor de 2.5 x 0.7 cm y la mayor de 2x0.7 cm, sin tatuajes ni ahumamientos,
ubicado a 66 cm del talón.5.2. Orificio de salida: de bordes regulares: sin orificio de
salida. Se recupera fragmento de proyectil de arma de fuego en la cara posterior
tercio medio del muslo izquierdo, equimosis perilesional de 2 cm de diámetro,
ubicado a 71 cm del talón.5.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos
del tercio medio del muslo izquierdo. 5.4. Trayectoria: Plano coronal: adelante –
atrás. Plano transverso: abajo - arriba. HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 6. 6.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.8 x 0.5 cm en la cara lateral de la
rodilla derecha, excoriación interna de 0.5 cm, sin tatuajes ni ahumamientos,
ubicado a 60 cm del talón. 6.2. Orificio de salida: de bordes irregulares de 6.5 cm en
la cara postero interna tercio medio del muslo derecho, excoriación interna de 5 x 1
cm, ubicado a 61 cm del talón. 6.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo,
músculos del muslo derecho. 6.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: adelante – atrás. Plano transverso: abajo - arriba. HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO NO. 7. 7.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.4 cm de diámetro en la cara
postero tercio distal del antebrazo izquierdo, sin tatuajes ni ahumamientos, ubicado
a 41 cm del hombro. 7.2. Orificio de salida: de bordes irregulares de 4 x 2 cm en la
cara lateral tercio proximal del antebrazo Izquierdo, ubicado a 37 cm del hombro. 7.3. Lesiones; piel, tejido celular subcutáneo, músculos del antebrazo Izquierdo. 74
Trayectoria: Plano sagital: derecha izquierda. Plano coronal: atrás adelante. Plano
transverso: abajo arriba. HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO NO. 8
8.1. Orificio de entrada: de bordes irregulares de 0.5 cm de diámetro en la cara
postero lateral tercio proximal del antebrazo izquierdo, sin ahumamientos ni tatuajes,
ubicado a 30 cm del hombro. 8.2. Orificio de salida: de bordes irregulares de 2,5 x 1
cm en la cara lateral del codo Izquierdo, ubicado a 24 cm del hombro. 8.3. Lesiones:
piel, tejido celular subcutáneo, músculos del antebrazo izquierdo tercio proximal. 8.4. Trayectoria: Plano sagital: derecha izquierda. Plano coronal: atrás adelante. Plano transverso: abajo arriba. HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO No. 9. 9.1. Orificio de entrada: de bordes regulares de 0.4 cm de diámetro en la cara
posterior tercio proximal del antebrazo izquierdo, sin ahumamientos ni tatuajes,
ubicado a 30 cm del hombro. 92. Orificio de Salida: fragmentado con dos orificios de
salida de bordes irregulares en la cara posterior tercio medio del brazo izquierdo, el
menor de 1 x 0.5 cm ubicado a 20,5 cm del hombro y el mayor de 4 x 2 cm ubicado
a 20 cm del hombro. 9.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, músculos del
antebrazo y brazo izquierdos, fractura conminuta del húmero y del codo izquierdos. 9.4. Trayectoria; Plano sagital: izquierda derecha. Plano coronal: atrás adelante. Plano transverso: abajo arriba. ROCE POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO
ROCE No. 1: De 6 x 1 cm con excoriación perilesional de 8 x 3 cm en la región
frontociliar izquierda, ubicado a 7 cm el vertex y a 4 cm de la línea media anterior. Lesiona piel, tejido celular subcutáneo, fractura lineal de 5 cm en el techo de la
órbita izquierda, hemorragia subaracnoídea de 4x4 cm en la base del lóbulo frontal
izquierdo. ROCE No. 2: De 7 x 1 cm en te cera postero interna tercio distal del
muslo derecho, ubicado a 60 cm del talón. ROCE No. 3: De 5 x 1.6 cm en la cara
posterior tercio proximal del brazo izquierdo, ubicado a 16 cm del hombro. ROCE
No. 4:
De 2 Xx0.7 cm en la cara postero interna del hombro izquierdo ubicado a 10
cm del mismo. […] RESÚMEN DE HALLAZGOS. DISCUSIÓN. Se trata del cuerpo
sin vida de un varón joven identificado indiciario como Robert Sepúlveda Cardona
quien en la necropsia presenta múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en
36
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
tronco y extremidades generándole sección aórtica parcial y finalmente la muerte
por una perdida aguda y masiva de sangre. […] MECANISMO Y CAUSA DE
MUERTE. Anemia aguda por sección del 90% da la aorta ascendente por herida
con proyectil de arma de fuego”.
7.1.9. Se constató que, el 5 de febrero de 2007, Santiago de Jesús Muñoz Yepes
falleció por heridas causadas por proyectil de arma de fuego. De ello dan cuenta el
protocolo de necropsia practicada en la misma fecha y el diagrama a escala en
posición anatómica con localización de las lesiones, de los cuales se destaca lo
siguiente:94
“[…] IV. DESCRIPCIÓN ESPECIAL DE LESIONES.
DESCRIPCIÓN HERIDAS POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO CARGA
ÚNICA.
1.1. Orificio de entrada: de bordes irregulares evertidos, con quemadura perilesional
de 0.5 cm, sin bandeleta, sin tatuaje, sin ahumamiento, en región submaxilar inferior
derecha de 4 x 2 cm a 22 cm del vertex y a 4 cm de la línea media anterior. 1.2.
Orificio de salida: sale por boca lado izquierdo a 19 cm del vertex y 2 cm de la línea
media anterior. 1.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, fractura de maxilar
inferior, piso de la boca y herida transfixiante de lengua. 1.4. Trayectoria: plano
94Expediente digital, páginas 363 a 368, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: posterior a anterior. Plano transverso:
inferior a superior.
2.1. Orificio de entrada: de bordes regulares invertidos con bandeleta, sin tatuaje,
sin ahumamiento, en región media escapular derecha por línea axilar posterior de
0.5 cm de diámetro, 28 cm del vertex y 18 cm de la línea media posterior. 2.2. Orificio de salida: sale con bordes irregulares evertidos, con mancha cromática
perilesional en 3er espacio intercostal derecho entre línea media paraesternal
derecha y línea media clavicular de 1.6 x 1.5 cm a 35 cm del vertex y 9 cm de la
línea media anterior. 2.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, fracturas costales
2do, 3ro, 4to y 5to arcos con compromiso del paquete vascular, destrucción del
pulmón derecho. 2.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal:
posterior - anterior. Plano transverso: superior – inferior. 3.1. Orificio de entrada: de bordes regulares invertidos con bandeleta, sin
ahumamientos ni quemaduras en región escapular inferior derecha de 0.5 cm de
diámetro a 35 cm del vertex y 15 cm de la línea media posterior. 3.2. Orificio de
salida: sale con bordes irregulares evertidos, con mancha cromática en 4to espacio
intercostal derecho línea media clavicular de 2.8 x 2.6 cm a 36 cm del vertex y 12
cm de la línea media anterior. 3.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo,
destrucción del pulmón derecho, fracturas costales igual al anterior y el 6to
adicional, con compromiso del paquete vascular. 3.4. Trayectoria: plano sagital:
derecha - izquierda. Plano coronal: posterior a anterior. Plano transverso: superior a
inferior. 4.1. Orificio de entrada: de bordes regulares invertidos con bandeleta, sin tatuaje,
sin ahumamiento, ni quemadura en región infraescapular derecha de 0.5 cm de
diámetro, a 38 cm del vertex y 18 cm de la línea media posterior. 4.2. Se recupera
PAF de forma de cono, con cubierta dorada en fosa supraclavicular izquierda a 25
cm del vertex y 5 cm de la línea media anterior. 4.3. Lesiones: piel, tejido celular
subcutáneo, laceración lóbulo inferior pulmón derecho, sección completa del
corazón a nivel de los grandes vasos, mediastino posterior. 4.4. Trayectoria: plano
sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: posterior a anterior. Plano transverso:
inferior a superior. 5.1. Orificio de entrada: bordes regulares invertidos pálidos, sin bandeleta, sin
tatuaje, sin ahumamiento, ni quemadura en 5to espacio intercostal izquierdo línea
axilar anterior de 1.4 x 1.7 cm a 37 cm del vertex y 8 cm de la línea media anterior. 5.2. Orificio de salida: sale con bordes irregulares evertidos en hombro izquierdo de
6.0 x 1.5 cm a 3 cm del hombro izquierdo. 5.3. Lesiones: piel, tejido celular
subcutáneo, fracture conminuta en articulación acromio – claviculo - humeral.5.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: posterior a anterior. Plano transverso: inferior a superior. 6.1. Orificio de entrada: bordes regulares
invertidos, con bandeleta, sin tatuaje, sin ahumamiento, ni quemadura en brazo
izquierdo tercio inferior, caras postero interna de 0.5 cm de diámetro a 19 del
hombro izquierdo. 6.2. Orificio de salida: sale con bordes irregulares, evertidos en
codo izquierdo cara posterior de 8 x 4 cm a 25 cm del hombro izquierdo. 6.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, fractura conminuta del tercio inferior del
húmero izquierdo y conminuta del codo izquierdo con compromiso vascular arteria
radial y cubital. 6.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal:
posterior a anterior. Plano transverso: superior a inferior. 7.1. Orificio de entrada:
bordes regulares invertidos, con bandeleta, sin tatuaje, sin ahumamiento, ni
quemadura en brazo derecho tercio medio cara posterior de 0.5 cm de diámetro a
15 del hombro derecho. 7.2. Orificio de salida: sale con bordes irregulares evertidos
en fosa supraclavicular derecha de 4 x 3 cm a 25 cm del vertex y 6 cm de la línea
media anterior. 7.3.
Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, fractura conminuta de
húmero derecho, fractura conminuta de clavícula derecha, con compromiso de
arteria subclavia. 7.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal:
posterior a anterior. Plano transverso: inferior a superior.
38
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
8.1. Orificio de entrada: bordes regulares invertidos, con bandeleta, sin tatuaje, sin
ahumamiento, ni quemadura en brazo derecho tercio inferior cara posterior de 0.5
cm de diámetro a 19 cm del hombro derecho. 8.2. Orificio de salida: sale con bordes
irregulares evertidos en fosa supraclavicular derecha de 2 x 1 cm a 26 cm del vertex
y 7 cm de la línea media anterior. 8.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo,
fractura conminuta de húmero derecho, fractura conminuta de clavícula derecha con
compromiso de arteria subclavia. 8.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda.
Plano coronal: posterior a anterior. Plano transverso: inferior a superior.
9.1. Orificio de entrada: bordes regulares invertidos, con bandeleta, sin tatuaje, sin
ahumamiento, ni quemadura en muslo izquierdo tercio superior cara anterior de 0.5
cm de diámetro a 62 cm del talón izquierdo. 9.2. Orificio de salida: sale con bordes
irregulares evertidos, con exposición de masa muscular de 8.0 x 5.5 cm a 65 cm del
talón izquierdo. 9.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, laceraciones
musculares severas en muslo izquierdo, tercio superior, fractura conminuta del
fémur izquierdo tercio superior. 9.4. Trayectoria: plano sagital: derecha - izquierda.
Plano coronal: antero a posterior. Plano transverso: superior a inferior.
10.1. Orificio de entrada: bordes regulares invertidos, con bandeleta, Orificio de
entrada: bordes regulares invertidos, con bandeleta en rodilla derecha cara externa
de 1.0 cm de diámetro a 45 cm del talón derecho. 10.2. Orificio de salida: sale con
bordes irregulares, evertidos en rodilla derecha cara anterior de 6.5 x 5.5. cm a 48
cm del talón derecho. 10.3. Lesiones: piel, tejido celular subcutáneo, fractura
conminuta de toda la rodilla derecha con avulsión de la rótula. 10.4. Trayectoria:
plano sagital: derecha - izquierda. Plano coronal: posterior a anterior. Plano
transverso: inferior a superior.
OTRAS LESIONES.
1. Lesión tipo quemadura por posible elemento explosivo de fragmentación en
hemiabdomen derecho de un área de 18 x 15 cm a 55 cm del vertex 10 cm de la
línea media anterior en promedio. 2. Lesión tipo quemadura por posible elemento
explosivo de fragmentación en región pectoral derecha de un área de 7 x 6 cm a 34
cm del vertex y 8 cm de la línea media anterior en promedio. 3. Lesión tipo
quemadura por posible elemente explosivo de fragmentación en antebrazo derecho
tercio inferior cara anterior de un área de 8 x 4 cm a 40 cm del hombro derecho. 4.
Tres (3) heridas de roce de PAF tipo quemaduras en paralelas en cuello lado
derecho alrededor da la herida No. 1.1 la menor de 2 x 0.5 cm la mayor de 3 x 0.5
cm. 5. Quemadura de roce de PAF en muslo derecho tercio medio cara externa de 3
x 2 cm. 6. Abrasión da roce de PAF supraciliar izquierda da 4 x 4 cm. […]
RESÚMEN DE HALLAZGOS. Se trata de un cadáver de sexo masculino, hombre
adulto de 32 años, identificado indiciario como Santiago de Jesús Muñoz Yepes.
Externamente presentó múltiples heridas de PAF de alta velocidad, ya que los
orificios de salida así lo hacen ver. Internamente presentó fracturas severas
conminutas con compromiso muscular, principalmente las lesiones vasculares se
observaron en tórax a nivel de arterias intercostales derechas, destrucción del
pulmón izquierdo y herida severa en el corazón a la salida de los grandes vasos”.
39
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
7.1.10. Se acreditó que, el 5 de febrero de 2007, el comandante del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia certificó que, ese día, en desarrollo de la misión táctica
“Felino”, el “grupo especial Atacador orgánico de esta Unidad” consumió 175
municiones calibre 5.56, al entrar en “contacto armado con grupos al margen de la
ley en el sector de la vereda Los Pinos del municipio de Salento”. De ello da
cuenta la certificación de la misma fecha.95
7.1.11. Se acreditó que, el 5 de febrero de 2007 a las 7:30 am miembros del CTI
de Armenia recibieron por parte de uniformados del Batallón No. 8 “Cisneros” la
escena de los hechos en los que fallecieron Robert Sepúlveda Cardona y Santiago
de Jesús Muñoz Yepes, como consta en el informe ejecutivo de la misma fecha,
en el cual describieron la escena y los hallazgos de la siguiente manera:96
“[…] en cuanto al lugar de los hechos se puede decir que se trata de una vía que se
desprende de la carretera que conduce de Armenia a Pereira, vía ubicada a
doscientos metros aproximadamente del restaurante el Balcón del Quindío, sobre la
95 Expediente digital, página 174, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
96 Expediente digital, páginas 166 a 177, del archivo “ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10
PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS I TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
40
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
recta del antiguo peaje. Sobre la margen derecha se ubica una vía sin pavimentar
que conduce a la finca playa verde de la vereda los pinos del municipio de Salento,
Quindío. De esta vía y a una distancia aproximada de 400 metros se localizaron dos
cadáveres, sexo masculino, la escena se encontró acordonada por parte del Ejército
Nacional […] A esta escena se arriba siendo las 07:30 horas del día 05-02. El sitio
para una ubicación más exacta se localiza a 200 metros de la finca sector que se
caracteriza por poseer al lado derecho bajando un barranco alto y en la parte
superior de este, pasto. La vía se delimita por cerca eléctrica. La diligencia es
apoyada por el balístico Rolando Núñez, quien en conjunto con los investigadores
se procede a la búsqueda de evidencias utilizando para ello el método de franjas. Es
así como se obtienen los siguientes elementos. EMP número uno, unas botas en
caucho de color negro media cana, dos costales y una fibra en nylon color verde,
esta EMP se localiza a 300 metros aproximadamente donde se encontraron los
cuerpos. EMP número dos, se demarcó el cadáver correspondiente a esta acta de
levantamiento occiso de sexo masculino, al revisar la posible identidad se ubicó en
el bolsillo derecho trasero una billetera color verde camuflado, para efectos de la
evidencia se demarcó como EMP número 2A, en el interior de esta se encontró la
cédula a nombre del señor Santiago de Jesús Muñoz Yepes, quien se identifica con
CC […] Igualmente se encontró en el interior de la billetera documentos varias y
cuatro mil pesos en billetes de dos mil. Se encontró igualmente una agenda con
varios números telefónicos, tarjeta de reservista de primera clase, tarjeta de
conducta y varias fotos, en el cadáver numero dos se encontró en la pretina de la
correa dos estuches en uno de ellos se encontró una navaja de color rojo y en el
otro un celular color negro marca motorola, estos elementos se demarcaron como
EMP dos B. Debajo del cuerpo y a la altura de la pierna se encontró una vainilla
calibre 5.56. con leyenda en la base NNY 1997, y que se demarca como EMP
número dos c. como EMP número tres. Occiso de sexo masculino, al revisar de
manera minuciosa se encontró en el bolsillo derecho una billetera de color rojo la
cual se demarca como EMP tres B, en su interior se encontró tarjeta de identidad
número […] de Medellín, Antioquia, aparece a nombre del joven Robert Sepúlveda
Cardona. Igualmente se encontraron papeles varios y un carné de comcel a nombre
de Robert Sepúlveda, numero […], un carné del seguro social asmet salud al
nombre de Robert Sepúlveda Cardona y papeles varios. Igualmente, sobre ese
bolsillo se encontró un llavero con siete llaves se demarca como EMP número tres
A, un revolver marca smith & wesson modelo 10-7 calibre 38 especial número
interno 46002, posee en su interior tres vainillas percutidas y tres cartuchos, con
marca en la base indumil 38 especial, una de las vainillas alineadas con el tambor y
el martillo, el martillo está en posición original presenta amarrados de fibra color
verde claro sobre la cacha el cual se desató buscando el número serial del arma en
la base metálica de la empuñadura, el cual se encuentra borrado por método de
limado, se demarca como EMP tres C, se ubica en la suela del zapato izquierdo,
borde externo del mismo occiso una sustancia al parecer tejido adiposo, como EMP
tres D, se localiza en el bolsillo derecho un celular color negro marca siemens,
igualmente en este bolsillo se localiza una chapuza de color negro apta para
revolver, este occiso presentaba sobre su espalda un maletín tipo morral de color
beige totalmente vacío, con el logotipo de la marca Nike. EMP número cuatro una
vainilla en latón amarillo calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 375-
2002-im, la cual se encuentra percutida. EMP número cinco una vainilla en latón
amarillo, calibre 5.56, x 45mm. en su culote presenta la leyenda 380-2002-im, la
cual se encuentra percutida.
EMP número seis una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 0749-2004-lm, la cual se encuentra
percutida EMP número siete una vainilla en latón amarillo calibre 5.56, x 45mm, en
su culote presenta la leyenda 97-t22, la cual se encuentra percutida. EMP número
ocho una vainilla en latón amarillo, calibre 5 56 x 45mm, en su culote presenta la
leyenda 350-2002-im la cual se encuentra percutida EMP número nueve una vainilla
en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 375-2002-
im, la cual se encuentra percutida. EMP número diez dos vainillas en latón amarillo
calibre 5.56, x 45mm, clasificadas como EMP 10 A en cuyo culote se lee 342-2002-
41
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
im y EMP 10 B en su culote presenta la leyenda 355-2002-im, las cuales se
encuentran percutidas. EMP número once una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm. en su culote presenta la leyenda 0777-2003-im la cual se encuentra
percutida. EMP número doce una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 46mm. en
su culote presenta la leyenda 0746-2004-im, la cual se encuentra percutida EMP
número trece una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote
presenta la leyenda 17-03-im la cual se encuentra percutida. EMP número catorce
una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda
98-167-tm, la cual se encuentra percutida EMP número quince una vainilla en latón
amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 98-5.56-im, la cual
se encuentra percutida EMP número dieciséis una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm. en su culote presenta la leyenda 0746-2004-tm, la cual se encuentra
percutida EMP número diecisiete dos vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm. las cuales se clasifican como EMP diecisiete A en su culote presenta la
leyenda 350-2002-im y EMP diecisiete B en su culote presenta la leyenda 375-
2002-im las cuales se encuentran percutidas. EMP número dieciocho dos vainillas
en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, las cuales se clasifican en EMP 18 a en su
culote presenta la leyenda 0384-2003-im, y EMP 18 B en su culote PRESENTA LA
LEYENDA 380-2002-iM la cual se encuentra percutida EMP número diecinueve una
vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda
1703-im, la cual se encuentra percutida EMP número veinte una vainilla en latón
amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 380-2002-im la cual
se encuentra percutida EMP número veintiuno una vainilla en latón amarillo calibre
5.56, x 45mm en su culote presenta la leyenda 97-tzz, la cual se encuentra
percutida. EMP número veintidós dos vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm, las cuales se clasifican como EMP 22 a en su culote presenta la leyenda 66-
100-im, y EMP 22 B en su culote presenta la leyenda 0384-2003-im las cuales se
encuentran percutidas EMP número veintitrés una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 0777-2003-im, la cual se encuentra
percutida. EMP número veinticuatro tres vainillas en latón amarillo calibre 5.56. x
45mm las cuales se clasifican en EMP 24 a en su culote presenta la leyenda 17-03-
im, la cual se encuentra percutida. EMP 24 B en su culote presenta la leyenda 3e5-
2002-im y EMP 24 C en su culote presenta la leyenda 355-2002-im EMP número
veinticinco una vainilla en latón amarillo calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta
la leyenda 380-2002-im. la cual se encuentra percutida EMP número veintiséis una
vainilla en latón amarillo, calibre 5 56 x 45mm, en su culote presenta la leyenda 17-
03-im, la cual se encuentra percutida EMP número veintisiete una vainilla en latón
amarillo, calibre 5.56 x 45mm en su culote presenta la leyenda 355-2002-im la cual
se encuentra percutida EMP número veintiocho una vainilla en latón amarillo calibre
5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 06ad-2003-im, la cual se encuentra
percutida EMP número veintinueve tres vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm las cuales se clasifican como EMP 29 a en su culote presenta la leyenda 17-
03-im, la cual se encuentra percutida. EMP 29 B en su culote presenta la leyenda
17-03-im. la cual se encuentra percutida. EMP 29 C en su culote presenta la
leyenda 346-2002-im la cual se encuentra percutida. EMP número treinta una
vainilla en latón amarillo, calibre 5.56. x 45mm, en su culote presenta la leyenda
385-2002-tm, la cual se encuentra percutida. EMP treinta uno dos vainillas en latón
amarillo, calibre 5.56, x 45mm, las cuales se clasifican en EMP 31 A y B en cuyos
culotes presentan las leyendas 380-2002-lM, las cuales se encuentran percutidas.
EMP número treinta y dos, dos vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, las
cuales se clasifican en EMP 32 A en su culote presenta la leyenda 043-66-im. y
EMP 32 B en su culote presenta la leyenda 169-966-im las cuales se encuentran
percutidas. EMP número treinta y tres una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm en su culote presenta la leyenda 355-2002-im, la cual se encuentra percutida. EMP número treinta y cuatro una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en
su culote presenta la leyenda 0384-2003-im. la cual se encuentra percutida. EMP
número treinta y cinco una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm en su
culote presenta la leyenda 3e3-2002-im, la cual se encuentra percutida. EMP
42
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
número treinta y seis dos; vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm las cuales
se clasifican en EMP 36 a en su culote presenta la leyenda 108-2001-im, y EMP 36
B en su culote presenta la leyenda 356-2002-im, las cuales se encuentran
percutidas. EMP número treinta y siete dos vainillas en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm, las cuales se clasifican en EMP 37 a en su culote presenta la leyenda 346-
2002-im y EMP 37 B en su culote presenta la leyenda 355-2002-im las cuales se
encuentran percutidas. EMP número treinta y ocho una vainilla en latón amarillo,
calibre 556, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 0777-2003-im, la cual se
encuentra percutida. EMP número treinta y nueve una vainilla en latón amarillo,
calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 375-2002-im la cual se
encuentra percutida. EMP número cuarenta una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 0777-2003-im, la cual se encuentra
percutida. EMP número cuarenta y uno una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm, en su culote presenta la leyenda 355-2002-im, la cual se encuentra
percutida. EMP número cuarenta y dos una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56. x
45mm, en su culote presenta la leyenda 375-2u02-im, la cual se encuentra
percutida. EMP número cuarenta y tres una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x
45mm, en su culote presenta la leyenda 17-03-im, la cual se encuentra percutida. EMP número cuarenta y cuatro un pistón de potencia en plástico blanco para
cartucho de escopeta calibre 12. EMP número cuarenta y cinco una vainilla en latón
amarillo, calibre 5.56, x 45mm en su culote presenta la leyenda 355-2002-im, la cual
se encuentra percutida. EMP número cuarenta y seis una vainilla en latón amarillo,
calibre 5.56, x 45mm, en su culote presenta la leyenda 394-2002-(m. la cual se
encuentra percutida. EMP número cuarenta y siete, tres vainillas en latón amarillo
calibre 5.56, x 45mm las cuales se clasifican en EMP 47 A en su culote presenta la
leyenda 376-2002-im, EMP 47 B en su culote presenta la leyenda 385-2002-im y
EMP 47 C en su culote presenta la leyenda 17-03-im las cuales se encuentran
percutidas. EMP número cuarenta y ocho dos vainillas en latón amarillo, calibre
5.56, x 45mm, las cuales se clasifican en EMP 48 en su culote presenta la leyenda
346-2002-lm y EMP 49 B en su culote presenta la leyenda 383-2002-im las cuales
se encuentran percutidas. EMP número cuarenta y nueve una vainilla en latón
amarillo calibre 5 56 x 45mm, en su culote presenta la leyenda 17-03-im, la cual se
encuentra percutida. EMP número cincuenta una vainilla en latón amarillo, calibre
5.56, x 46mm, en su culote presenta la leyenda 375-2002-im, la cual se encuentra
percutida. EMP número cincuenta y uno una vainilla en latón amarillo, calibre 5,56, x
45mm, en su culote presenta la leyenda 044-2002im, la cual se encuentra percutida. EMP número cincuenta y dos una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en
su culote presenta la leyenda 375-2002-im. la cual se encuentra percutida. EMP
número cincuenta y tres una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm, en su
culote presenta la leyenda 383-2002-im, la cual se encuentra percutida. EMP
número cincuenta y cuatro una vainilla en latón amarillo calibre 5.56, x 45mm, en su
culote presenta la leyenda 342-2002-im la cual se encuentra percutida. EMP número
cincuenta y cinco una vainilla en latón amarillo, calibre 5.56, x 45mm en su culote
presenta la leyenda 17433-lm, la cual se encuentra percutida.
EMP número
cincuenta y seis la cual se divide en EMP 56 una escopeta Remington modelo 870
express magnum, numero identificativo c769108m esta arma se encuentra
desasegurada, posee dos impactos por proyectil de arma de fuego, uno de ellos
sobre la cara superior del cañón la cual va de adelante hacia atrás, y un segundo
impacto sobre la corredera parte -superior posterior de la cara lateral izquierda el
cual viene de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, dicha arma de fuego
presenta en su proveedor tubular la exposición de un cartucho el cual posee una
marca en su base indumil c-12 Colombia, indicándonos el calibre 12 del arma de
fuego. También se observa ausencia de la tapa posterior superior de la empuñadura
del arma de fuego, la cual se encontró debajo del cuerpo que es evidencia número
dos, a la altura del abdomen, se observa también ausencia de la empuñadura
desprendida desde su inicio parte superior a través de acción contundente, y EMP
56 a correspondiente a una muestra de arena que se tomó de la escopeta la cual se
recolectó del alimentador cara inferior parte posterior del proveedor tubular y la zona
43
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
aledaña a la corredera. EMP número cincuenta y siete un maletín negro sin marca
en cuyo interior se halló un trozo de cuerda tipo fibra sintética, color verde, y un lazo
al parecer blanco. EMP número cincuenta y ocho se trata de una mancha de sangre
existente en el lugar de los hechos, EMP número cincuenta y nueve se trata de una
oquedad, a la cual se le tona una muestra con el fin de ser analizada, junto con una
muestra patrón, extraída del lugar de los hechos. EMP número sesenta uno se trata
de una oquedad, a la cual se le tona una muestra con el fin de ser analizada, junto
con una muestra patrón extraída del lugar de los hechos. Asimismo, después de
halladas las evidencias, se procede a la fijación fotográficamente por parte del
investigador Álvaro Vélez Cuartas y se fijó topográficamente la labor ejecutada por
el investigador Álvaro Ramiro Nasmuta Realpe, es de anotar que después de su
correspondiente fijación, estas evidencias se recolectarán y embalarán para ser
enviadas posteriormente al laboratorio correspondiente de policía judicial o medicina
legal según sea la necesidad. […]”
7.1.12. Se probó que, el 5 de febrero de 2007, el perito balístico del CTI de
Armenia que participó de los actos urgentes en la escena donde fallecieron Robert
Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes concluyó preliminarmente
que los disparos de los militares hacia las víctimas se efectuaron
aproximadamente a 12 metros de distancia, aunque no determinó las trayectorias
de los disparos. De ello da cuenta el informe ejecutivo de la misma fecha, del cual
se destaca lo siguiente:97
“[…] “Respecto al área de balística de campo, no se logró materializar trayectorias
de disparo con arma de fuego, por no contar con los puntos característicos
suficientes para tal labor (mínimo dos (02) puntos de referencia por trayectoria), a
pesar de que en el teatro de los acontecimientos se ubicaron tres (03) puntos
independientes (representado en oquedades) con características comunes
encontradas por paso de proyectil de arma de fuego, los cuales se le tomaron
muestras para análisis químico respectivo. La distancia de disparo de los agresores
hacia las víctimas es de aproximadamente doce metros (12,00 mts) hacia atrás,
apreciación teniendo en cuenta la localización de víctimas y de las vainillas
expulsadas por fusil marca IMI modelo AR Galil 696, calibre 5,56 x 45 m.m., en
practica realizada anteriormente para establecer distancia y ángulo de expulsión de
este tipo de arma de fuego respecto a la posición de agresores con relación a las
víctimas, se efectúa una vez allegado al perito el plano topográfico a escala por
parte del grupo URI que asistió la diligencia de levantamiento de persona fallecida,
sustentado en la ubicación de la escena de vainillas y personas fallecidas. Se
sugiere respetuosamente una vez obtenida la totalidad de la información constante
de protocolos de necropsia acta de levantamiento, estudios de prendas de las
personas hoy fallecidas, análisis de residuos de disparo en manos, cotejo de
vainillas y proyectiles patrones con los recolectados en la escena, álbum fotográfico
y plano topográfico, solicitar al laboratorio de investigación científica (Labici) del CTI
de la FGN de Pereira, Risaralda, se efectúe en el mismo teatro de los
acontecimientos materialización de trayectorias por parte del grupo interdisciplinario
97Expediente digital, páginas 166 a 177, del archivo “ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10
PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS I TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
44
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
de balística de laboratorio en asocio del perito en balística de campo que asistió a la
diligencia en mención. […]”
7.1.13. Se acreditó que, el 6 de febrero de 2007, un investigador del CTI de
Armenia realizó el cotejo entre la munición calibre 5.56 x 45 mm recuperada en la
escena de los hechos y los fusiles marca Galil usados por los militares y estableció
su uniprocedencia. De ello da cuenta el informe de la misma fecha del cual se
destaca lo siguiente:98
“[…] RESPUESTA A LO SOLICITADO.
9.1. Las sesenta y siete (67) vainillas calibre 5.56 x 45 mm 0 223 fueron parte
constitutiva de igual manera de cartuchos comúnmente utilizados como unidad de carga
para armas de fuego del mismo calibre de fabricación hechiza (artesanal) o fabricación
industrial con marca registrada, tipo fusiles o ametralladoras.
• Las Dieciocho (18) vainillas numeradas como evidencias No. 2C, No. 9, No. 11, Nb.
13, No. 19, No. 23, No. 24A. No. 26, No. 27, No. 28, No. 29A, No. 29B, No. 32A. No.
33, No. 39, No, 43, No. 4K, No. 47 C y No. 49 fueron percutidas por el fusil Galil
número 02287084.
• Las trece (13) vainillas numeradas como evidencias No. 10A, No. 12, No. 14, No.
15, No. 16, No. 17B, No. 22A, No. 22B, No. 34, No. 36A, No. 36B, No. 44 y No. 51
fueron percutidas por el fusil Galil número 02287049.
• Las diez (10) vainillas numeradas como evidencias No. 20, No. 21, No. 24C, No. 30,
No. 31A, No. 32B, No. 40, No. 42, No. 48B y No. 52 fueron percutidas por el fusil
Galil número 02287192.
• Las diez (10) vainillas numeradas como evidencias No. 18A, No. 24B, No. 31B, No.
35, No. 41, No. 42, No. 47A, No. 47B, No. 50 y No. 53 fueron percutidas por el fusil
Galil numero 00247561; Las cinco (5) vainillas numeradas como evidencias No. 5,
No. 7, No. 8, No. 53, y No. 55 fueron percutidas por el fusil Galil número 02287378.
• Las cinco (5) vainillas numeradas como evidencias No. 4, No. 18B, No. 25, No. 37B,
y No. 48A fueron percutidas por el fusil Galil número 0228708.
• Las seis (6) vainillas No. 6, No. 10B, No. 37A, No. 38, No. 45 y No. 46 fueron
percutidas por la misma arma, pero no se encontró relación con ninguna de las
vainillas patrones enviadas y recuperadas de los fusiles. […]”
7.1.14. Consta que, en la edición del 7 de febrero de 2007, el diario “La Crónica
del Quindío” publicó la noticia titulada: “Muertos en Salento no eran extorsionistas,
dicen sus familiares”, en referencia a la muerte de Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes quienes fueron señalados de extorsionistas por
98Expediente digital, páginas 88 a 94, del archivo “ED_C11_01 OTROS-CUADERNO 11
PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS II TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
el comandante del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia, según la nota
periodística. De ello da cuenta copia del recorte de prensa de la misma fecha.99
7.1.15. Se probó que, el 20 de febrero de 2007, un investigador del CTI de
Armenia realizó estudio balístico al arma tipo revólver calibre 38 special, marca
Smith Wesson, modelo 10-7 con número serial borrado (limado artesanalmente)
de fabricación industrial y al arma tipo escopeta calibre 12 Remington modelo 870
Express Mágnum, con número serial C769108M de fabricación industrial. En
cuanto a la primera concluyó que “se encuentra en buen estado de
funcionamiento, siendo idónea para ejecutar disparos” y que dicha arma “fue
disparada anteriormente, sin poderse determinar el tiempo trascurrido entre el
último disparo y la prueba realizada”. En cuanto a la escopeta, no pudo determinar
su estado de funcionamiento “debido a los impactos de arma de fuego que posee”
y consideró necesario que un armero desarmara el arma para establecer “si posee
o no un cartucho o una vainilla en recámara, aspecto que permite orientar que la
escopeta fue o no disparada en el acontecimiento de los hechos”. De ello da
cuenta el estudio de balística de la misma fecha.100
7.1.16. Se comprobó que, el 2 de marzo de 2007, un investigador del CTI de
Armenia determinó que el pistón tipo potencia calibre 12 hallado en la escena de
los hechos “fue parte constitutiva de un cartucho comúnmente utilizado para
alimentar armas de fuego tipo escopeta calibre 12”. Así consta en el dictamen de
la misma fecha.101
7.1.17. Se probó que, para el 9 de abril de 2007, Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes carecían de antecedentes judiciales. Así consta
en el oficio de la misma fecha suscrito por el funcionario responsable del sistema
99 Expediente digital, páginas 51 y 52, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
100 Expediente digital, páginas 270 a 277, del archivo “ED_C10_01 OTROS-CUADERNO 10
PRUEBAS Y ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS I TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
101 Expediente digital, páginas 356 y 357, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
de información sobre antecedentes y anotaciones judiciales SIAN102 y el oficio del
16 de mayo de 2007 de la SIJIN del Departamento de Policía de Quindío.103
7.1.18. Se demostró que, el 30 de julio de 2007, el comandante del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia archivó definitivamente la investigación disciplinaria por la
muerte de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes. De ello
da cuenta la providencia de la misma fecha.104
7.1.19. Se acreditó que, el 8 de agosto de 2007, la Procuraduría Delegada
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos abrió indagación
preliminar por la muerte de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús
Muñoz Yepes. De ello da cuenta la providencia de la misma fecha.105
7.1.20. Consta que, el 20 de mayo de 2010, un investigador del laboratorio de
balística del CTI de Pereira rindió informe sobre las posiciones de víctimas y
victimarios en la escena de los hechos en los que fallecieron Robert Sepúlveda
Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes. De ello da cuenta el informe de la
misma fecha del cual se destaca lo siguiente:106
“[…] 9. INTERPRETACION DE RESULTADOS. 9.1. La victima de nombre Robert
Sepúlveda Cardona recibió nueve (9) impactos directos de proyectiles disparados
por arma (s) de fuego, los cuales produjeron nueve (9) orificios de entrada, ocho (8)
orificios de salida y un (1) proyectil alojado en el cuerpo de la víctima. así mismo,
recibió cuatro (4) roces de proyectiles distribuidos en cara, muslo derecho, brazo
izquierdo y hombro Izquierdo. 9.2. De estos impactos, se lograron materializar
nueve (9) trayectorias, de ellas, cinco (5) tienen dirección de adelante hacia atrás
del cuerpo de la víctima, tres (3) de ellas con elevaciones orientativas de disparos
hechos hacia la victima que estaba de pie o en movimiento (incluida la del miembro
superior derecho, colores verde oscuro, verde claro y rojo) y dos (2) de ellas con
102 Expediente digital, página 51, del archivo “ED_C11_01 OTROS-CUADERNO 11 PRUEBAS Y
ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS II TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
103 Expediente digital, página 96, del archivo “ED_C11_01 OTROS-CUADERNO 11 PRUEBAS Y
ANEXOS-CUADERNOS DE PRUEBAS II TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
104 Expediente digital, páginas 51 a 62, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
105 Expediente digital, páginas 150 a 154, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
106 Páginas 221 a 276, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
inclinaciones que aumentan la probabilidad de que la víctima hubiese estado en el
piso en el momento de recibir los disparos (morada y amarilla). 9.3. Cuatro (4) de las
trayectorias fueron descritas como producto de disparos hechos de atrás hacia
delante del cuerpo de la víctima, sin embargo, tres (3) de ellas fueron materializadas
en el miembro superior izquierdo que por su movimiento no se descarta la
posibilidad que, al elevarlo, queden con dirección de adelante hacia atrás. 9.4. Ninguno de los impactos descritos en el protocolo indica la presencia de residuos de
disparo en la periferia de los orificios de entrada, sin embargo, se hace necesario
tener un estudio de prendas para emitir concepto concluyente al respecto. 9.5. La
victima de nombre Santiago de Jesús Muñoz Yepes recibió diez (10) impactos
directos de proyectiles disparados por arma (s) de fuego, los cuales produjeron diez
(10) orificios de entrada, (9) orificios de salida y un (1) proyectil alojado en el cuerpo
de la víctima. Asimismo, recibe dos roces de proyectil de arma de fuego distribuidos
en muslo derecho y región superciliar izquierda. Destaca también el protocolo de
necropsia, la presencia de tres lesiones tipo quemadura por posible elemento
explosivo de fragmentación, en hemiabdomen derecho, pectoral derecho y en
antebrazo derecho. 9.6. De estos impactos se lograron materializar diez (10)
trayectorias, de ellas dos (2) tienen dirección de adelante hacia atrás del cuerpo de
la víctima, una (1) de ellas con elevación orientativa de disparos hechos hacia la
victima estando en movimiento (color aguamarina y la otra con inclinación que
aumenta la probabilidad de que la víctima hubiese estado en el piso en el momento
de recibir los disparos (color verde oscuro). 9.7. Ocho (8) de las trayectorias fueron
descritas como producto de disparos hechos de atrás hacia delante del cuerpo de la
víctima, dos con marcadas elevaciones que orientan a la realización de disparos con
el tirador en el mismo plano del terreno de la víctima o si la víctima va en
movimiento agachado, coinciden con la ubicación de tiradores en el talud. El resto
de impactos tienen marcadas inclinaciones que aumentan la probabilidad de que la
víctima hubiese estado en el piso en el momento de recibir los disparos. 9.8. En el
protocolo de necropsia se hace énfasis en la presencia de quemaduras por posible
elemento explosivo de fragmentación, al no hacer referencia a la presencia de
esquirlas en las zonas donde se encontraron las quemaduras ni avulsiones propias
de una explosión con granadas de fragmentación, aumentaría la probabilidad del
uso de otro tipo de material explosivo como las granadas de aturdimiento; sin
embargo, se necesita profundizar la necropsia en este punto. 9.9. Ninguno de los
impactos descritos en el protocolo indica la presencia de residuos de disparo en la
periferia de los orificios de entrada, sin embargo, se hace necesario tener un estudio
de prendas para emitir concepto concluyente al respecto. 9.10. De cada uno de los
cadáveres se obtuvieron proyectiles alojados, que, si están aptos para estudios
comparativos, pueden cotejarse con los proyectiles patrón que se recuperaron de
las armas de fuego que participaron en los hechos, con el fin de establecer qué fusil
lo disparó y por ende la ubicación del mismo en la escena. 9.11. De acuerdo con las
diligencias aportadas para estudio, se encontraron en el lugar de los hechos 67
vainillas calibre 5.56 mm, de las cuales dieciocho (18) vainillas fueron percutidas por
el Fusil Galli No 02287084, cuya distribución en el lugar de los hechos […] con
ubicación probable de tirador en la parte superior del talud. 9.12. Trece (13) de
Dichas vainillas fueron percutidas por el fusil Gaiil calibre 5.56 mm No 02287049 […]
Con ubicación probable de tirador en la parte alta del talud y barrido dentro del
ángulo indicado. 9.13.
Diez (10) de dichas vainillas fueron percutidas por el fusil
Galil calibre 5.56 mm No 02287192 […] Con ubicación probable del tirador en la
parte alta del talud y barrido dentro del ángulo indicado. 9.14. Diez (10) de las
vainillas fueron percutidas por el fusil Galil calibre 5.56 mm No 00247561 […] Con
ubicación probable del tirador en la parte alta del talud más corrido hacia el centro
del área acordonada y barrido dentro del ángulo indicado. 9.15. Cinco (5) de las
vainillas fueron percutidas por el fusil Galil calibre 5.56 mm No 02287378 […]
Planteando la posibilidad de que el tirador hubiese estado sobre el talud o sobre la
vía. 9.16. Cinco (5) de las vainillas incriminadas fueron percutidas por el fusil Galil
calibre 5.56 mm No. 02287081 […] Con ubicación de probable tirador arriba del
talud y distribución de vainillas más próxima a la cabeza de los occisos. 9.17. Seis
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
(6) de las vainillas incriminadas fueron percutidas por un fusil calibre 5.56 mm, pero
que no fue puesto a disposición del Laboratorio, sin embargo, su distribución dentro
del lugar orientaría la ubicación de otro tirador en el talud […]. 9.18. Del material
puesto a disposición se extraen algunos portadores de los fusiles como, por
ejemplo, el fusil marcado con el número 00287192, lo portaba el soldado profesional
Galíndez Quiceno Dovier. 9.19. El fusil marcado con el número 7126, fue
mencionado como usado por el SLP Ruiz García Bernardo, quien dentro de su
indagatoria manifestó que él disparo, sin embargo, dentro del informe de balística
donde se hicieron los estudios comparativos, no se encontraron vainillas
incriminadas que hubiesen dado resultado positivo con dicha arma de fuego. 9.20.
El fusil marcado con el numero 02287081 fue usado por el SLP Gallego Villa Héctor
Darío y el fusil marcado con el numero 7084 fue usado por el SLP Cortes Guapacha
Francisco Javier. 9.21. La posición de las vainillas en el lugar de los hechos, las
materializaciones realizadas y la orientación de las proyecciones de dichas
trayectorias, orientan al aumento de la probabilidad que los tiradores en su gran
mayoría se encontraban sobre el talud, disparando con dirección de arriba hacia
abajo hacia las víctimas, en un espacio que no supera los 30 metros desde la
concentración de vainillas hacia la parte de la entrada por el camino principal, de
acuerdo con la localización de las vainillas en el lugar de los hechos. 9.22. Aunque
obra en el material puesto a disposición para análisis, estudio balístico de las armas
de fuego encontradas en el lugar de los hechos, no se sabe si en el interior de la
escopeta quedó una vainilla o un cartucho en la recamara. Así como tampoco obra
un estudio comparativo entre las vainillas encontradas con el revolver y los patrones
de esta arma. Por otra parte, no obra un estudio del pistón de potencia que se
supone se encontraba en el lugar de los hechos. 9.23. Las narraciones que se
aprecian en el material de estudio hablan de un intervalo de tiempo entre 1 minuto y
15 minutos dentro del cual ocurrieron los disparos y por esta razón se disparaba a
los fogonazos, inclusive hubo quien sintió proyectiles pasar sobre su cabeza. Sin
embargo, no es clara la relación entre la cantidad de tiempo respecto de la cantidad
de disparos efectuados por los supuestos agresores. Lo expuesto se fundamenta en
que en el revolver se encontraron tres (3) vainillas calibre 38 special lo cual hace
suponer en principio, que con esa arma se hicieron tres disparos. En segundo
término, se encontró un pistón de potencia en el lugar de los hechos, que
suponiendo haya sido disparado por la escopeta, y al no haber más vainillas del
calibre de dicha arma en el lugar, hace suponer que con la escopeta se produjo un
solo disparo, por tanto fueron cuatro (4) disparos en un intervalo de tiempo de 1 a 15
minutos, sobre todo cuando las lesiones en los cadáveres orientan a la poca
movilidad que pudieron tener dentro de la escena del crimen y la distribución de las
vainillas calibre 5.56 mm en el sitio, orientan la realización de disparos seguidos y
no espaciados con cambios bruscos de dirección”.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en los recursos de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico
y ii) su imputación frente al Estado.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración, en tanto la prueba de todos los elementos de la
responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.
7.2.1. El daño antijurídico
Para comenzar, debe advertirse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho107, que contraría el orden legal108 o
que está desprovista de una causa que la justifique109, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida110, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en las muertes de
Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes, quienes fallecieron
el 5 de febrero de 2007, en inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la
vereda Los Pinos del municipio de Salento, según dan cuenta las copias
auténticas de los registros civiles de defunción, el informe de patrullaje de la
misma fecha suscrito por el comandante el Grupo Especial Atila I del Batallón No.
8 “Cisneros” de Armenia, el informe ejecutivo del CTI de Armenia y los protocolos
107 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
108 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
109 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
110 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
de necropsia (hechos probados 7.1.5., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.11.). El daño tiene el
carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un interés legítimo
protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.
En efecto, la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y
se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
Además, este derecho se encuentra protegido en el Preámbulo de la Constitución
Política, que proclama dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus
integrantes, y en el artículo 11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es
inviolable", de donde la vulneración de tales postulados y los daños que sobre
ellos se generen resultan antijurídicos.
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, es menester establecer si este le es atribuible
fáctica y jurídicamente.
Así, en aras de resolver el problema jurídico, Andrés Felipe Flores Morales111,
celador de la finca “Playa Verde” ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de
Salento, para la época de los hechos, declaró ante el Juzgado 55 de Instrucción
Penal Militar de Montenegro que conoció a “Santiago” -no recordaba sus apellidos-
desde diciembre de 2006, que este cuando se enteró que el testigo trabajaba en la
referida finca le propuso un negocio, que “le colaborara para hacer un robo en la
finca, para que partiéramos los dos, yo al verme así entre la espada y la pared yo
le comenté a Fabián que es el administrador de la finca, le comenté que Santiago
me estaba tentando a hacer el robo en la finca y que me había dicho que también
lo iba a matar a él, entonces yo tomé la decisión y hablé con Fabián sobre eso y él
me dijo que iba a poner la denuncia”. Señaló que entonces acordó con “Santiago”
para cometer el hurto a la finca “Playa Verde” y le informó a Fabián el
administrador del lugar quien puso en conocimiento los hechos a la “Brigada” y
Expediente digital, páginas 313 a 315, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
111
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
esta “inició la investigación”. El testigo manifestó que el 4 de febrero de 2005
“Santiago” le informó que se iba a “meter” a la finca con un amigo, entonces
nuevamente, le avisó al administrador de la finca y este, a su vez, le informó “a los
de la Brigada para que nos colaboraran con lo de la seguridad de la finca”. Según
el testigo, a las 3:00am del 5 de febrero de 2007 entregó su turno de celador y
hasta esa hora “no había pasado nada y ya estaban los soldados prestando
seguridad, a las tres de la mañana me volvió a llamar Santiago y me dijo la hora
en que llegaban, me dijo que llegaba entre las cuatro y las cuatro y media de la
mañana, que iba a llegar en un taxi con otro compañero de él, yo le dije al teniente
que había ahí que ellos iban a llegar a las cuatro o cuatro y media de la mañana,
no le dije más, yo me fui y me acosté y ya, cuando siendo las cuatro de la
mañana, empezó el tastaseo (sic) más berraco, primero escuché varios disparos
suaves muy seguidos y luego escuché disparos duros. Después ya llegaron los del
Ejército, nos dijeron que nos podíamos levantar, que ya había pasado el peligro y
me dijeron que si quería ver quiénes eran para reconocerlos y ahí fue donde yo
reconocí a Santiago”. Agregó que “Santiago llevaba una chaqueta negra con un
pasamontaña que le quedó a medía cara y quedó como boca abajo y en medio del
cuerpo llevaba un changón de esos de siete tiros, un pajizo (sic), el otro man (sic)
si quedó con la capucha en la cara tapado, boca arriba, al lado de Santiago, tenía
un revolver 38 largo en la mano. Los dos iban de jean y llevaban chaqueta”.
Por su parte, José Fabián Tejada Yepes112, administrador de la finca “Playa
Verde” ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de Salento, para la época de
los hechos, declaró ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar de Montenegro
que Santiago de Jesús Muñoz Yepes “era primo hermano mío, trabajaba conmigo,
él era un ordeñador, de ahí pasó a ser un celador, pasó a celar la finca”, pero,
según el testigo, tiempo después se enteró que Santiago tenía actitudes
libidinosas con sus hijas de 6 y 9 años y las tenía amenazadas para que no
contaran nada al respecto, pero que una empleada suya se lo informó; sin
embargo, el testigo señaló que “no quise hacer nada contra él porque no me
sentía con valor suficiente para hacerle algo porque de pronto perdía mi trabajo o
Expediente digital, páginas 316 a 319, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
112
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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terminaba en una cárcel, yo solamente pensaba en mis hijas y entonces procedí a
no decirle nada, a aguantarme la rabia y a decirle a mi esposa que le dijera al
muchacho que más bien se fuera”. Señaló que luego, sin precisar la fecha,
Santiago de Jesús Muñoz Yepes golpeó una ternera en la finca y entonces
aprovechó ese motivo para despedirlo. Señaló que tiempo después, sin precisar
cuándo, Andrés Felipe Flores Morales, celador de la finca “Playa Verde” le
comentó que Santiago de Jesús Muñoz Yepes le había propuesto cometer un
hurto en esa finca y atentar contra su vida, la del testigo. Sostuvo que Santiago lo
estuvo acechando en un potrero para hurtarle dinero de la venta de ganado y
leche y para matarlo, que eso se lo contó Andrés Felipe Flores Morales, porque
Santiago “había salido muy ofendido de esa finca”.
En ese orden, el testigo indicó que el 2 de febrero de 2005 presentó denuncia por
amenazas y hurto en la estación de policía de Salento, pero que la Policía no le
prestó ningún tipo de seguridad a la finca “Playa Verde”. Declaró que, entonces,
acudió a un sargento de la Octava Brigada del Ejército Nacional que se
comprometió a brindarle seguridad a la finca. Narró que, a eso de las 4:00am del 5
de febrero de 2007 estaba en la finca “Playa Verde” durmiendo cuando “sentimos
unos disparos, primero unos suaves, que no sé cuántos serían y luego unos muy
duros, pero no nos movimos de la casa porque estábamos muy asustados, yo no
sabía que el Ejército estaba en la finca, yo sabía que ellos nos estaban haciendo
rondas, como se habían comprometido, pero no sabía que esa noche estaban por
ahí, ya después de los disparos pues ya bajaron a avisarnos, unos muchachos del
Ejército bajaron a avisarnos que venían dos manes armados para la finca y que
les habían disparado a ellos y que la tropa había reaccionado; sin embargo, me
preguntaron que si de pronto esos sujetos eran trabajadores de la finca, pero
nosotros no nos movimos de la casa, ya en la madrugada antes de que llegara el
CTI fui yo con Andrés Felipe y otros dos trabajadores en compañía de los del
Ejercito para ver quiénes eran los muertos y encontré que uno de los muertos
había sido un trabajador mío, él llevaba pasamontañas, pero lo tenía como
levantado, entonces yo pude reconocerlo y era Santiago de Jesús Muñoz Yepes,
que era primo mío y que fue el que me había molestado las niñas y que era el que
estaba llamando a Andrés Felipe para tenerlo de cómplice para matarme a mí y
robarse lo de la leche y el ganado. Eso fue todo lo que pasó, yo al otro muchacho
no lo distinguía, luego vinieron los del CTI y me entrevistaron y les dije lo mismo
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que le estoy diciendo a usted acá”. Señaló que Santiago de Jesús Muñoz Yepes
“llevaba puesto un pasamontaña, una chaqueta tirando a negra, un pantalón como
gris y unos guayos y a un lado tenía un arma que le dicen changón, como una
guacharaca, como una especie de escopeta y a un lado tenía un bolso negro, el
otro que le digo que responde al nombre de Robert, tenía una chaqueta de cuero o
cuerina negra, también un pasamontaña y un revolver y unos tenis negros y
blancos. Eso fue lo que yo les vi, no les detallé heridas ni nada, solo a Santiago le
vi una herida como en el muslo de la pierna derecha, no vi nada más”.
A su turno, Carlos Mario Foronda Henao113, administrador de la finca “La
Argentina” ubicada en la vereda Pueblo Rico del municipio de Montenegro, para la
época de los hechos, declaró ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar de
Montenegro que Santiago de Jesús Muñoz Yepes trabajó para él en la
mencionada finca como celador entre el 18 de diciembre de 2006 y el 2 de enero
de 2007, que estuvo unos días sin trabajar y luego retomó labores desde el 22 de
enero al 4 de febrero de 2007. Señalo que el 4 de febrero de 2007 vio a Santiago
de Jesús Muñoz Yepes conversando con Robert Sepúlveda Cardona, que esa
noche Santiago se fue de la finca porque iba a verse con un primo “referente a un
trabajo”, pero al día siguiente no regresó, no sabía nada de él, entonces averiguó
si estaba detenido o en el hospital, si había tenido algún problema, pero no obtuvo
información. El testigo manifestó que fue por su jefe que después se enteró que
Santiago de Jesús Muñoz Yepes había muerto. Sostuvo que Santiago “se
desempeñaba como celador de la finca, durante los días que trabajó conmigo fue
un hombre super honrado, super respetuoso conmigo y con toda mi familia y de
mucha confianza con toda mi familia, eso es todo lo que tengo que decir”.
Manifestó que nunca vio a Santiago de Jesús Muñoz Yepes con armas distintas a
las que usaba para su trabajo de celador en la finca ni con “personas extrañas”.
113Expediente digital, páginas 41 a 43, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
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Igualmente, Carlos Mario Yepes Mejía114, primo de Santiago de Jesús Muñoz
Yepes y administrador de la finca “La Alejandría” ubicada en la vereda Puerto
Espejo de Armenia, declaró ante el Juzgado 55 de Instrucción Penal Militar de
Montenegro que, aunque no conocía muy bien a su primo, lo recomendó con
Carlos Mario Foronda Henao para trabajar como celador en la finca “La
Argentina”. Señaló que conoció a Robert Sepúlveda Cardona porque trabajó con
él en la finca “Toledo”, que “lo tenía en buen concepto”. Indicó que no sabía nada
sobre los hechos en que murieron Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús
Muñoz Yepes. En cuanto a la posibilidad de que los occisos estuvieran dedicados
a extorsionar o hurtar, el testigo dijo que “no tengo nada que decir de ellos”.
Asimismo, Jhon Jairo Restrepo Mejía115, excompañero de trabajo de Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, declaró ante el a quo que trabajó con él en la finca “La Vega”
en Valdivia, Antioquia en 1996 y luego en la finca “La Valeria” hasta finales de
2006, que luego Santiago se fue al Quindío a trabajar a una Lechería porque le
ofrecieron un mejor sueldo. Señaló que en el tiempo que lo conoció no supo que
Santiago tuviera problemas con alguna autoridad judicial o que portara armas de
fuego. Indicó que el occiso tenía una familia numerosa conformada por la madre y
unos 7 hermanos con quienes tenía muy buena relación y que la víctima destinaba
casi el 70% de sus ingresos para ayudarle a su madre, la cual quedó muy
afectada moral y económicamente porque dependía de su hijo.
También Paula Andrea Montoya Gutiérrez116 declaró ante el a quo que estudió con
un hermano de Santiago de Jesús Muñoz Yepes y por eso lo conoció a él y a su
familia unos 10 años antes de su muerte. Señaló que Santiago se dedicaba a la
agricultura y a labores de vigilancia en fincas en Valdivia, en Caldas y en Armenia.
Sostuvo que en el tiempo que lo conoció no supo que Santiago tuviera problemas
con alguna autoridad judicial o que portara armas de fuego. Manifestó que el
114 Expediente digital, páginas 46 a 49, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
115 Expediente digital, páginas 116 a 119, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
116 Expediente digital, páginas 120 a 123, del archivo “ED_C05_01 OTROS-CUADERNO 05
PRUEBAS Y ANEXOS- CONTINUACIÓN EXPEDIENTE 2007-00344 JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
grupo familiar de Santiago de Jesús Muñoz Yepes estaba conformado por su
madre y 13 hermanos, que era una familia muy unida y que Santiago le ayudaba
económicamente a su madre.
Por su parte, Roberto Rengifo Briñez117 quien para la época de los hechos se
desempeñó como investigador del CTI de Armenia y coordinador de la URI de la
Fiscalía en esa ciudad, declaró ante el a quo que en los actos urgentes frente a la
escena en que fallecieron Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz
Yepes, solo actuó como coordinador de logística gestionando la seguridad y
vehículos que se requirieron, pero que no “procesó” la escena.
A su turno, José Ángel Ariza Romero118, investigador criminalístico del CTI de
Armenia para la época de los hechos, declaró ante el a quo que se desplazó con
un grupo de investigadores del CTI para brindarles apoyo prestando seguridad con
armas de largo alcance, mientras sus compañeros procesaban la escena de los
hechos en los que fallecieron Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús
Muñoz Yepes. Señaló que no recordaba si ayudó con la realización de algunas
entrevistas en la escena, pero sí ayudó al perito balístico sosteniendo unos “hilos o
piolas” para ubicar trayectorias, pero “yo no determino las distancias de balística”.
Aclaró que “sí participé en parte de las actividades que se desarrollan en la
investigación de campo prestando asistencia al balístico que desplazaron al sitio,
fue en las actividades de seguridad que se despliegan, esa fue la función básica
que desarrollé en tal evento.”
También Rolando Abbey Núñez Guzmán119 topógrafo, investigador criminalístico
del CTI de Armenia para la época de los hechos, declaró ante el a quo que la
topografía del terreno donde fallecieron Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes la realizó otro investigador del CTI, pero que sí actuó como
balístico de campo, advirtió que “en este caso en particular no se estableció
materialización de trayectoria de disparo por no contar con los elementos
117 Expediente digital, páginas 180 a 185, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
118 Expediente digital, páginas 186 a 189, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
119 Expediente digital, páginas 190 a 194, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
suficientes para tal fin, sí se materializó la trayectoria por escopeta como está en
el informe, hallada en el lugar de los acontecimientos”. Sostuvo que para
determinar la posición de víctimas y victimarios “es necesario, tener en cuenta
unas recomendaciones hechas por el suscrito en el informe ejecutivo realizado por
el coordinador del grupo, debido a que se debe tener un conglomerado de
estudios adicionales expuestos en esa misma recomendación, como es el estudio
de prendas para establecer distancia de disparo, el protocolo de necropsia
analizado por un balístico de laboratorio, estudio de residuos de disparo en
manos, los respectivos cotejos entre vainillas incriminadas y patrones tomados de
las armas involucradas, el respectivo estudio topográfico del sitio de los hechos
donde exista altimetría y planimetría, aspectos obligados para establecer de una
manera cercana las posiciones de víctima y victimario”.
Igualmente, Francisco Javier Cortés Guapacha120 soldado profesional quien
participó de la misión táctica “Felino” el 5 de febrero de 2007, declaró ante el
Tribunal Administrativo de Quindío que “ese día cinco de febrero nos
encontrábamos en el Batallón Cisneros a eso de las diez de la noche, nos leyeron
la orden de operaciones, en esta orden que nos leyeron era para evitar un
secuestro y una extorsión y que iban a asesinar al mayordomo de la finca Playa
Verde, la misión de nosotros porque éramos un grupo especial era evitar que eso
se hiciera, entonces a la 10:30 PM se hizo el movimiento pueblo Tapao -Armenia-
Armenia vía Pereira, nos descargaron en la central e iniciamos el desplazamiento
a pie, como era carretera destapada iniciamos a pie, mi Teniente Rodriguez que
era el comandante que armó el dispositivo a las doce y media de la noche, siete
compañeros militares míos los dejó conmigo en un sitio, los otros a la entrada de
la finca a un lado, y los otros al otro lado de abajo, eran dos grupos de siete, nos
ubicamos nosotros en el sitio donde hay palos frondosos y a eso de las cuatro o
cuatro y media se sintieron unos pasos, mi cabo Murillo se levantó y lanzó la
proclama: ‘somos tropas del Batallón Cisneros’, y los sujetos que estaban ahí
respondieron con fuego. Uno por ser militar busca cubierta de protección y
reacciona, cesó al momento todo y a mí con otro nos mandaron de seguridad a
120 Páginas 170 a 173, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
otro lado y ya a eso de las seis, seis y media que hablamos por la radio, que había
llegado el CTI”. Señaló que él disparó hacia donde vio “los fogonazos”, pero no
sabe si sus compañeros dispararon y no logró identificar visualmente a los
atacantes porque estaba muy oscuro. En cuanto a su ubicación en la escena de
los hechos sostuvo que “nosotros estábamos ubicados en una parte altita, es un
barranco pequeño, nos encontrábamos en posición tendidos y el pasto siempre es
altito”. Manifestó que se encontraba a unos 250 a 300 metros de la entrada a la
finca “Playa Verde” y que el grupo de asalto a unos 650 a 700 metros del ingreso a
esta.
Dover Galíndez Quiceno121 soldado profesional quien participó de la misión táctica
“Felino” el 5 de febrero de 2007 declaró ante el a quo que “el cuatro de febrero de
2007 salimos del Batallón Cisneros, a eso de las diez de la noche formamos, nos
leyeron las ordenes de operaciones, nos dijeron que íbamos a cumplir una misión
porque supuestamente había una extorsión en contra del señor de la finca,
entonces nos dirigimos hacia la vía a Pereira por la vereda los Pinos, llegamos al
sitio por ahí a las diez y media, nos descargaron los camiones, y nos metimos
hacia los potreros y comenzamos a desplazarnos en saltos vigilados, según lo que
mi teniente Rodriguez nos había dicho, cuando llegamos al sitio donde debíamos
llegar ya cuando mi teniente nos organizó, porque iban más o menos como 18,
entonces nos dividieron en tres grupos, y como a las cuatro de la mañana bajaron
unos sujetos y mi cabo Murillo lanzó la proclama: ‘somos tropas del Batallón
Cisneros’, y los manes lo que hicieron fue reaccionar con fuego hacia nosotros y
entonces nosotros contestamos hacia el fuego y ya esperamos ahí, mi teniente
llamó para acordonar el sector y nosotros nos fuimos de seguridad y ya como a las
cinco y media llegó el CTI y le hicieron el levantamiento”. Señaló que “uno de
noche no ve nada, ahí disparamos varios del grupo de asalto”. Insistió en que
“como de noche no se ve nada, entonces venían como dos bultos y allí fue cuando
mi cabo lanzó la proclama”. Sobre su ubicación en la escena de los hechos señaló
que “estábamos sobre un barranco alto y hay pineras a los lados, por el otro lado
121 Páginas 174 a 177, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
potrero, una carretera destapada como para vehículos pequeños, la visibilidad no
era muy buena y como es frio siempre hay nubosidad”.
Asimismo, Héctor Fabio Gallón Micolta122 soldado profesional quien participó de la
misión táctica “Felino” el 5 de febrero de 2007 declaró ante el tribunal que “nos
formaron en el Batallón, nos leyeron la orden de operaciones y esta era que
estaban extorsionando al señor de la finca, que posiblemente lo iban a matar o a
extorsionar, la operación se llamaba 035 felino, de ahí que nos embarcáramos en
un camión, de ahí salimos hacia la vereda los Pinos, nos bajamos más arribita de
la entrada de la finca por unos potreros, llegamos hasta la entrada de la finca
tomamos la medida de seguridad y ahí nos quedamos hasta que mi cabo Murillo
lanzó la proclama: ‘Alto somos tropas del Batallón Cisneros’ y comenzaron a
disparar, y entonces intercambiamos disparos más o menos de diez a quince
minutos, estaba muy oscuro, mi cabo dijo que al parecer había unas bajas de ahí
mi cabo nos sacó y acordonó el sitio hasta que llegó el CTI y de ahí ellos nos
preguntaron que si habíamos disparado y dijimos que sí. El CTl hizo el
levantamiento y nos devolvimos al Batallón”. Sostuvo que él disparó “pero como
eso estaba muy oscuro no sé quién más disparó, estábamos divididos en tres
grupos”. En cuanto a su ubicación y a la visibilidad señaló que “estábamos en un
barranco en una parte alta y había pinos y los sujetos pasaban por el lado de
abajo por la carretera emparedada que va a la finca, a los lados había pinos y está
la carretera, la visibilidad era muy mala, era muy oscuro, no se podían identificar
las personas porque estaba muy oscuro, solo se veían los fogonazos”.
Por su parte, Jovan Alonso Nova Sepúlveda123 declaró ante el a quo que conoció
a Robert Sepúlveda Cardona desde que este tenía unos 6 o 7 años porque era
amigo de una tía de este. Señaló que el grupo familiar de la víctima estaba
conformado por la mamá que se llama Flor Maria, el hermano mayor Fabian
Andrés, la hermana menor Yulissa, la abuela María Bernarda y el padrastro
Gildardo. Sobre la muerte de Robert manifestó que la madre de este le contó que
122 Páginas 177 a 181, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
123 Páginas 186 a 189, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
lo habían encontrado muerto en el municipio de Salento “a manos del Ejército”.
Indicó que “Robert siempre fue trabajador, le ayudaba a la mamá, no trataba mal a
la mamá, era muy buena persona, pendiente de la abuela, no mantiene en
problemas, nunca le vimos una navaja, un revolver, hacia deporte, jugaba futbol,
pescaba, íbamos a la ciclovía”. Señaló que para la época de su muerte Robert
“estaba trabajando para la vereda de Pueblo Rico, él trabajaba con nosotros en el
rio, pero para esos días, se acabó el trabajo y ese día que murió él había
madrugado a trabajar, pero no sé a dónde". Luego manifestó: “de lo que yo sé en
el sector de Salento no tenía ni familia ni donde trabajar, pero de resto en el
Quindío no sé”.
Igualmente, Juan Daniel Jaramillo Patiño124 declaró ante el a quo que conoció a
Robert Sepúlveda Cardona desde que eran niños porque fueron vecinos, que este
vivía con su mamá, su padrastro y sus hermanos. Señaló que se enteró de la
muerte de Robert por cuenta de su familia. En cuanto al comportamiento social del
hoy occiso señaló que “era excelente, era amigable, muy social con toda la gente,
él estaba en todo, trabajador, colaborador, activo, jugaba futbol, caminaba,
montaba en bicicleta”. En cuanto a la actividad económica de Robert el testigo
manifestó que “el salió el lunes a trabajar y ya pues al otro día apareció muerto, él
trabajaba en varias cosas, sacaba arena en pantanillo en inmediaciones de
Montenegro y Armenia, trabajaba en fincas. Él trabajaba en las fincas cerca de
Pueblo Rico, cerca al municipio, no retirado porque él siempre iba a amanecer a
su casa”. Señaló que Robert Sepúlveda Cardona no usaba armas de fuego ni
tenía relación con grupos al margen de la ley.
Finalmente, Clarivel Ramírez125 declaró en la primera instancia que conoció a
Robert Sepúlveda Cardona desde que eran niños porque fueron vecinos, que este
vivía con su mamá, su padrastro y sus hermanos y su abuela María Bernarda,
aunque esta vivía en Pereira, pero que “se mantenía mucho con ellos”. En cuanto
a la muerte de la víctima señaló que “los comentarios que se dicen es que
124 Páginas 190 a 193, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
125 Páginas 194 a 198, del archivo “ED_C12_01 OTROS-CUADERNO 12 PRUEBAS Y ANEXOS-
CUADERNO DE PRUEBAS III TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
apareció muerto por los lados de Salento”. En cuanto al comportamiento social de
Robert señaló que “él era muy buen muchacho, se manejaba bien con la mamá, le
ayudaba a los hermanitos para el estudio, era buen hermano, buen compañero, él
trabajaba para la familia. Trabajaba en el rio sacando material, arena, balastro
para vender y en el campo, lo que resultara, embolsando plátano, azadón” y que
no usaba armas de fuego ni tenía relación con grupos al margen de la ley.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 217126 del Código de
Procedimiento Civil, se observa que los testimonios de Andrés Felipe Flores
Morales, José Fabián Tejada Yepes, Carlos Mario Foronda Henao, Carlos Mario
Yepes Mejía, Jhon Jairo Restrepo Mejía, Paula Andrea Montoya Gutiérrez, Jovan
Alonso Nova Sepúlveda, Juan Daniel Jaramillo Patiño y Clarivel Ramírez no
presentan sospechas de parcialidad. Aunque conocían a las víctimas, incluso,
aunque José Fabián Tejada Yepes y Carlos Mario Yepes Mejía eran primos de
Santiago de Jesús Muñoz Yepes, no hay indicios de una relación especial que
pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses, pues se limitaron a
testificar sobre su conocimiento de los hechos, del núcleo familiar, de la actividad
económica y del comportamiento social de Robert Sepúlveda Cardona y Santiago
de Jesús Muñoz Yepes. Lo mismo se predica de los testigos Roberto Rengifo
Briñez, José Ángel Ariza Romero y Rolando Abbey Núñez Guzmán, miembros del
CTI de Armenia, quienes se limitaron a declarar sobre su conocimiento de la
escena de los hechos en la que fallecieron las víctimas.
No obstante, los testimonios de los miembros del cuerpo militar, específicamente
Francisco Javier Cortés Guapacha, Dover Galíndez Quiceno y Héctor Fabio
Gallón Micolta son considerados sospechosos. Esta sospecha se debe a su
vínculo laboral con la entidad demandada y su participación directa en la ejecución
de la misión táctica “Felino” el 5 de febrero de 2007, respecto de la cual emitieron
sus testimonios.
126“Artículo 217. Testigos Sospechosos. Son sospechosas para declarar las personas que en
concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas.”
61
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Empero, debe destacarse que los testimonios sospechosos serán valorados
conforme lo ha manifestado esta Corporación, es decir, examinados de cara a las
demás pruebas que reposan en el expediente y de acuerdo con las circunstancias
propias del asunto litigioso. En este punto cabe anotar que frente a los testimonios
sospechosos127 y aquellos considerados como de oídas128, esta Corporación ha
destacado que su valoración deberá efectuarse de manera conjunta con los
medios de convicción acopiados en el proceso, pero con especial cuidado para
efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso
con el fin de evitar que los hechos resulten distorsionados.
Pues bien, en las demandas acumuladas se argumenta que Robert Sepúlveda
Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes fueron “ejecutados” por miembros del
Ejército Nacional, sin que se presentara un combate con las víctimas.
Sin embargo, la versión oficial afirma que las muertes de Robert Sepúlveda
Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes tuvieron lugar en contacto armado
entre las víctimas y tropas del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia en
inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la vereda Los Pinos del
municipio de Salento, en desarrollo de la misión táctica “Felino”, la cual se
encontraba respaldada en el anexo de inteligencia No. 0476 del 4 de febrero de
2007 suscrito por el comandante del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia y el
oficial de inteligencia de la misma Unidad Militar y en el documento contentivo de
esa Misión elaborado el 4 de febrero de 2007 por comandante del Batallón No. 8,
pues desde esa data tenían información de la presencia de miembros del frente 50
de las FARC y nuevas bandas emergentes de delincuencia al servicio del
narcotráfico, quienes estarían efectuando labores de inteligencia delictiva con la
misión de recuperar el territorio, intimidar a la población, realizar secuestros a
comerciantes y ganaderos, sabotear la política de paz del Gobierno Nacional y
efectuar ajusticiamientos a quienes no los apoyaran para crear temor en la región
(hechos probados 7.1.3. y 7.1.4.)
127 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262.
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, Rad. 17629.
62
Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Al efecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 351 y 352 del CPC, se
advirtió la presunción de autenticidad de los informes militares, dado su carácter
de documentos públicos, expedidos por funcionarios de esta naturaleza, en
ejercicio de su cargo, a los que la jurisprudencia les reconoce pleno valor
probatorio salvo que su autenticidad sea desvirtuada o, en palabras del
mencionado artículo 352, “mientras no se compruebe lo contrario”. Dicho esto, se
advierte que la presunta autenticidad de los informes militares es de aquellas
establecida por el legislador, denominadas presunciones iuris tantum, que admiten
prueba en contrario.
Así entonces, se observa que la misión táctica “Felino” tenía como fin “capturar o
someter por la fuerza o, en caso de resistencia armada, neutralizar a los miembros
de las milicias proselitistas de las FARC, bandas emergentes y bandas
delincuenciales organizadas que delinquen en la región” (hecho probado 7.1.4.), lo
que, en principio, coincide con el motivo por el cual miembros del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia arribaron a las inmediaciones de la finca “Playa Verde”
ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de Salento, pues como lo declararon
los soldados profesionales Francisco Javier Cortés Guapacha, Dover Galíndez
Quiceno y Héctor Fabio Gallón Micolta, su misión era evitar el hurto, extorsión y/o
posible homicidio del administrador de la finca “Playa Verde”, esto es, la posible
acción de delincuentes.
Igualmente, en el informe de patrullaje del 5 de febrero de 2007, el comandante el
Grupo Especial Atila I del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia señaló que “se
tuvo contacto armado con un grupo de 02 delincuentes, los cuales reaccionaron
abriendo fuego con armas cortas contra la tropa ante la proclama y solicitud de
requisa –‘Alto somos tropas del Ejército Nacional!’” ante lo cual la tropa reaccionó
“buscando protección y abriendo fuego para repeler el ataque ya que era muy
corta la distancia con estos individuos”, lo que dio como resultado la muerte de
dos sujetos (hecho probado 7.1.5.), pero en dicho informe no se relata con
claridad y detalle las circunstancias de modo en que habría ocurrido dicho
combate, no indica por qué se lanzó la proclama, si los atacantes estaban muy
cerca como dice, por qué los soldados participantes de dicho encuentro señalan
que estaba muy oscuro y que no pudieron ver a sus agresores y tampoco hablan
de ninguna solicitud de requisa.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
De hecho, el soldado profesional Francisco Javier Cortés Guapacha declaró en
este proceso que él disparó donde vio “los fogonazos”, pero no sabe si sus
compañeros dispararon y no logró identificar visualmente a los atacantes porque
estaba muy oscuro. En cuanto a su ubicación en la escena de los hechos sostuvo
que se encontraba tendido en un barranco en una parte alta.
Por su parte, el soldado profesional Dover Galíndez Quiceno señaló que “como a
las cuatro de la mañana bajaron unos sujetos, y mi cabo Murillo lanzó la proclama:
‘somos tropas del Batallón Cisneros’, y los manes lo que hicieron fue reaccionar
con fuego hacia nosotros y entonces nosotros contestamos hacia el fuego”, pero
luego aclaró que la visibilidad no era buena, que “como de noche no se ve nada,
entonces venían como dos bultos y allí fue cuando mi cabo lanzó la proclama” y
que estaban sobre un barranco alto. De ahí que su declaración siembra dudas
acerca de si vio o no a los atacantes, pues primero habla de dos sujetos y luego
de “bultos”.
Finalmente, el soldado profesional Héctor Fabio Gallón Micolta sostuvo que luego
de que escuchó la proclama comenzaron a disparar, pero no aclaró quiénes, que
luego se inició un intercambio de disparos, que como estaba muy oscuro tampoco
supo quien más disparó, pero luego manifestó que, en cuanto a su ubicación
estaba en un barranco en una parte alta “y los sujetos pasaban por el lado de
abajo por la carretera emparedada que va a la finca”, pero que “la visibilidad era
muy mala era muy oscuro, no se podían identificar las personas porque estaba
muy oscuro, solo se veían los fogonazos”, de ahí que su declaración no es clara
acerca de si vio a los supuestos atacantes, pues al parecer, primero los vio pasar
por la carretera, pero luego dijo que no se podían identificar.
Además, se advierte que ni el comandante del Batallón No. 8 “Cisneros” de
Armenia ni el oficial de operaciones de esa misma Unidad Militar rindieron
declaración alguna en procedimiento judicial o disciplinario respecto de los
documentos antes referidos, en las que se ratificaran o ampliaran el contenido de
estos.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
No obstante que el comandante del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia certificó
que durante la misión táctica “Felino”, durante un supuesto contacto armado “con
grupos al margen de la ley en el sector de la la vereda Los Pinos del municipio de
Salento” los militares dispararon 175 municiones calibre 5.56, de las cuales 67
vainillas fueron recolectadas en la escena de los hechos y resultaron compatibles
con los fusiles marca Galil usados por los militares (hechos probados 7.1.10. y
7.1.13.), lo cierto es que no es clara la existencia de una agresión por parte de la
victimas que desatara un intercambio de disparos, como lo refieren los militares,
pues lo que se obtiene de las pruebas y de los mismos relatos oficiales, es que los
uniformados se encontraban en una posición más alta y que significaba una
ventaja frente a sus supuestos agresores, que dispararon abundante munición
contra los civiles y que no se probó que las armas atribuidas a estos en la escena
hubieran sido disparadas contra los militares.
Ello es así, dado que, si bien se determinó que el arma tipo revólver calibre 38
special se encontraba en buen estado de funcionamiento, que era apta para
disparar y había sido accionada anteriormente, no se pudo determinar el tiempo
trascurrido entre el último disparo y la prueba realizada; (hecho probado 7.1.15.);
además, no se determinó uniprocedencia ni funcionamiento de los cartuchos del
mismo calibre encontrados en la escena, pues no se realizó el estudio respectivo.
En cuanto a la escopeta calibre 12 Remington, el perito balístico no pudo
determinar su estado de funcionamiento, debido a que esta arma fue impactada,
es decir, recibió disparos y consideró necesario que un armero la desarmara para
verificar si tenía un cartucho o una vainilla en recámara, lo que orientaría sobre si
la escopeta fue o no disparada en el acontecimiento de los hechos (hecho
probado 7.1.15.). Al respecto, se tiene entonces que el dictamen balístico no
permite establecer de manera concluyente el origen del impacto que recibió el
arma, ni si este provino de fuego cruzado o de otro hecho anterior. Esta
observación resulta relevante, en tanto la indeterminación del origen del impacto
impide afirmar que el arma haya sido accionada por las víctimas, lo que refuerza la
necesidad de aplicar el principio de interpretación favorable a las víctimas (in dubio
pro victimae).
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Además, no se practicó estudio de residuos de disparo en mano a las víctimas ni a
sus prendas, que si quiera pudiera inducir, junto con otros elementos probatorios,
que estas accionaron armas de fuego en la escena de los hechos.
En cambio, se demostró el uso de múltiples armas de manera indiscriminada
contra los occisos por parte del personal castrense y por un número plural de
soldados entrenados en combate que fueron partícipes en el operativo, como la
misma demandada lo certificó (hechos probados 7.1.6., 7.1.10., 7.1.13.), quienes
les dispararon a las víctimas aproximadamente a 12 metros de distancia (hecho
probado 7.1.12.). causándoles heridas mortales en diferentes partes de su cuerpo
así: a Robert Sepúlveda Cardona, quien recibió 9 impactos directos y 4 roces de
proyectil de arma de fuego, los cuales fueron efectuados de la siguiente manera: i)
de frente, en el codo derecho, en el pecho, en el abdomen, en la pierna izquierda;
ii) un roce en la frente, otro en el muslo derecho, otro en el brazo izquierdo y otro
en el hombro izquierdo; iii) de espaldas, en ambos brazos, ambas piernas, espalda
media y cadera izquierda y; iv) de forma lateral (en trayectoria de derecha –
izquierda, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante) en el hemitórax
derecho y en la rodilla derecha; como se describe en la necropsia y en el informe
del investigador del laboratorio de balística del CTI de Pereira (hechos probados
7.1.8. y 7.1.20.).
En cuanto a Santiago de Jesús Muñoz Yepes, las pruebas dan cuenta de que este
recibió 10 impactos directos y dos roces de proyectil de arma de fuego los cuales
fueron efectuados de la siguiente manera: i) de frente, en la región submaxilar,
hombros, pecho, pierna izquierda y rodilla derecha; ii) de espaldas, en la región
media escapular derecha, región escapular inferior derecha, pulmón derecho,
brazo izquierdo – hombro izquierdo y muslo izquierdo con fractura conminuta del
fémur izquierdo y: iii) dos roces de proyectil de arma de fuego, uno en el lado
derecho del cuello y otro en el muslo derecho; tal como aparece en la necropsia y
en el informe del investigador del laboratorio de balística del CTI de Pereira
(hechos probados 7.1.9. y 7.1.20.).
Asimismo, en cuanto a las trayectorias de los impactos de arma de fuego, se
probó que Robert Sepúlveda Cardona fue impactado 5 veces en dirección de
adelante hacia atrás del cuerpo de la víctima, 3 de ellas con elevaciones
66
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orientativas de disparos hechos hacia la victima que estaba de pie o en
movimiento y las otras 2 con inclinaciones que indican que la víctima estaba en el
piso en el momento de recibir los disparos y, finalmente, 4 disparos hechos de
atrás hacia delante del cuerpo de la víctima, es decir, de espaldas, en posición de
vulnerabilidad y luego de que ya había recibido 5 disparos, a los que deben
sumarse los 4 roces de proyectiles distribuidos en cara, muslo derecho, brazo
izquierdo y hombro izquierdo (hecho probado 7.1.20.).
Igualmente, Santiago de Jesús Muñoz Yepes fue impactado 10 veces, de las
cuales 2 fueron en dirección de adelante hacia atrás del cuerpo de la víctima, una
de ellas con elevación orientativa de disparos hechos hacia el herido estando en
movimiento y la otra con inclinación que aumenta la probabilidad de que el hoy
occiso hubiese estado en el piso en el momento de recibir los disparos; los otros 8
disparos fueron hechos de atrás hacia delante del cuerpo de la víctima, dos con
marcadas elevaciones de que se habrían hecho en el mismo plano del terreno de
la víctima o que esta iba en movimiento agachada, el resto de los impactos tienen
marcadas inclinaciones que indican que la víctima estaba en el piso en el
momento de recibir los disparos, es decir, en una posición vulnerable, en
desventaja de movilidad, a lo cual deben sumarse los 2 roces de proyectil de arma
de fuego que recibió en el lado derecho del cuello y otro en el muslo derecho.
De hecho, aunque no todos los disparos efectuados por la tropa impactaron a las
víctimas, el informe de balística corroboró que la posición de las 67 vainillas en el
lugar de los hechos, las materializaciones realizadas y la orientación de las
proyecciones de dichas trayectorias, orientan al aumento de la probabilidad que
los tiradores en su gran mayoría se encontraban sobre el talud y que disparaban
de arriba hacia abajo en dirección a las víctimas (hecho probado 7.1.20).
Todo lo anterior coincide con lo declarado por los militares en este proceso,
cuando señalaron que se encontraban en un barranco en una parte alta, a una
altura que no se estableció en los informes de laboratorio y que ninguno de los
uniformados precisó, pero que indica que estos últimos estaban en posición de
ventaja respecto de los heridos, lo cual desvirtúa que hubo un ataque por parte de
las víctimas en una posición en que estas representaran peligro para la tropa y, en
67
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todo caso, como ya se advirtió, no existe prueba alguna de que estas hayan
accionado armas de fuego en el lugar de los hechos, la noche de sus muertes.
Además, aun en el evento de dar por probado que las víctimas dispararon el arma
tipo revólver calibre 38 special y la escopeta calibre 12 Remington, bajo el
entendido de que en el lugar de los hechos se encontraron 3 vainillas calibre 38
special y 1 pistón de potencia calibre 12, esto arrojaría un total de 4 disparos,
frente a por lo menos 67 disparos de fusil de los militares para “defenderse” de sus
atacantes, en un período de 10 a 15 minutos, que según la declaración del
soldado profesional Héctor Fabio Gallón Micolta fue lo que duró el intercambio de
disparos, lo que hace cuestionar cuánto pudo tomarle a las víctimas hacer 4
disparos, de modo que los uniformados sintieran la necesidad de hacer, al menos,
67 en respuesta, “cuando las lesiones en los cadáveres orientan a la poca
movilidad que pudieron tener dentro de la escena del crimen y la distribución de
las vainillas calibre 5.56 mm en el sitio, orientan la realización de disparos
seguidos y no espaciados con cambios bruscos de dirección”, como lo estableció
el informe de balística (hecho probado 7.1.20.).
De modo que, ante las circunstancias antes descritas, desvirtúan lo dicho en los
informes militares y en las declaraciones de estos acerca de la existencia de un
combate con los hoy fallecidos y, más bien, indica un estado de indefensión de las
víctimas, dadas las diferentes trayectorias antes descritas.
Además, los testigos Carlos Mario Foronda Henao, Jhon Jairo Restrepo Mejía,
Paula Andrea Montoya Gutiérrez, Jovan Alonso Nova Sepúlveda, Juan Daniel
Jaramillo Patiño y Clarivel Ramírez quienes fueron vecinos de las víctimas, se
refirieron a Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes como
personas de bien, trabajadoras, que no usaban armas de fuego ni tenían relación
alguna con grupos al margen de la ley.
De igual manera, se comprobó que Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes carecían de antecedentes judiciales, como lo certificaron el
funcionario responsable del sistema SIAN y la SIJIN del Departamento de Policía
de Quindío (hecho probado 7.1.17.).
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Además, aunque los testigos Andrés Felipe Flores Morales y José Fabián Tejada
Yepes declararon que Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz
Yepes se encontraban en inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la
vereda Los Pinos del municipio de Salento el 5 de febrero de 2007 para cometer
un hurto, incluso, para atentar contra la vida del administrador del lugar, no existe
ninguna otra prueba que corrobore sus dichos, de hecho, solo se allegó un
certificado de una denuncia que habría sido presentada por José Fabián Tejada
Yepes el 2 de febrero de 2005, más no la denuncia ni que este hubiera acusado
de tales hechos a alguna de las víctimas (hecho probado 7.1.2.). Por el contrario,
los demás testigos que conocieron a los hoy fallecidos, dieron cuenta de un
comportamiento social diferente, de que Robert y Santiago eran jóvenes
trabajadores del campo, a quienes no les conocían problemas o acciones
delictivas.
Igualmente, es necesario advertir que las víctimas estaban amparadas por la
presunción de inocencia y, respecto de su posible participación en actividades
delictuales, al margen de su inocencia o responsabilidad penal, conservaban sus
derechos a la vida y a ser judicializados con el pleno de garantías procesales y
sustanciales, como lo recordó recientemente esta Sala de Subsección129.
Además, no podía presumirse que por encontrarse las víctimas en el lugar de los
hechos a altas horas de la madrugada debían estar delinquiendo, pues como lo
declaró Carlos Mario Foronda Henao, la noche del 4 de febrero de 2007 Santiago
de Jesús Muñoz Yepes se fue de la finca donde trabajaba porque iba a verse con
un primo “referente a un trabajo”, y ello coincide con que el administrador de la
finca “Playa Verde” era primo del hoy difunto.
Igualmente, no por su presencia en las inmediaciones de la finca “Playa Verde”
ubicada en la vereda Los Pinos del municipio de Salento, los militares podían
suponer que las víctimas estaban delinquiendo, pues ello pudieron verificarlo los
uniformados, quienes por su capacidad de armamento y la cantidad de personal
se encontraban en posibilidad de reducirlas a las víctimas y verificar sus
129Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 54255.
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antecedentes, antes que disparar indiscriminadamente contra ellos y darles
muerte, toda vez que las circunstancias no constituían una excepción a la
presunción constitucional de inocencia y al deber también fundamental de la
fuerza pública de proteger la vida de los civiles, ni significaban un riesgo actual
para la tropa que justificara la reacción con armas de fuego.
De ahí que las pruebas recaudadas no permiten determinar con certeza que, el 5
de febrero de 2007, en inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la
vereda Los Pinos del municipio de Salento, ocurrió un combate entre Robert
Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes y miembros del Batallón
No. 8 “Cisneros” de Armenia, pues, si bien, tampoco se estableció por qué las
víctimas se encontraban ese día en ese lugar, no se comprobó que hubieran
atacado o disparado armas de fuego contra los militares.
Con todo, la Sala considera justificado establecer en este caso un estándar
probatorio flexible y favorable a la parte demandante por no haber tenido control
sobre los hechos ni circunstancias, que sí lo tuvo la demandada por haber
participado en los hechos y haber tenido acceso y control de la zona donde
ocurrieron aquellos y, ante la dificultad de establecer una hipótesis del caso
factible, lo cual ha sido admitido por esta Corporación en asuntos similares al
formulado en este proceso, sin que ello comporte, en modo alguno, la creación de
una presunción de responsabilidad, pero sí permite la morigeración del régimen y
carga de las pruebas de la demandante, lo que, sin embargo, no suple el deber de
prueba que asiste a los extremos que integran la litis de establecer “el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como
lo prevé el artículo 177 del Código de procedimiento Civil.
Lo anterior por cuanto, como lo ha señalado la Corte Constitucional130, tanto la
jurisprudencia nacional como internacional ha reconocido la dificultad que
representa para las víctimas cumplir con el rigor probatorio en las acciones
judiciales, por lo que se ha establecido la posibilidad de flexibilizar los estándares
probatorios en casos en que ocurran graves violaciones de derechos humanos,
130Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José
Fernando Reyes Cuartas.
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como, por ejemplo, las llamadas ejecuciones extrajudiciales, sumarias y
arbitrarias.
Es así como la Corte destaca que el Consejo de Estado ha admitido que
demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía de
proteger la vida de los habitantes del territorio nacional131 y de controlar a sus
uniformados en el cumplimiento de la labor encomendada132 encierra dificultades
probatorias porque la mayoría de ellos ocurren en circunstancias asociadas al
conflicto, en lugares remotos y las víctimas son personas que se encontraban en
estado de indefensión. Por ello, ha flexibilizado los estándares probatorios a efecto
de demostrar la responsabilidad patrimonial del Estado, aceptando, por ejemplo,
que las pruebas trasladadas de procesos penales o disciplinarios, se analicen en
este contexto con un rasero menor. Asimismo, que en el evento en que haya una
incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios supuestos fácticos, “el juez
deberá privilegiar racionalmente aquellas que acrediten un grado superior de
probabilidad lógica o de probabilidad prevaleciente, resultado que se obtiene
aplicando las reglas de la experiencia que incluyen conocimientos técnicos, leyes
científicas o generalizaciones del sentido común”133.
La Corte Constitucional también resaltó que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la sentencia del 29 de julio de 1988 del caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras, señaló que los criterios de valoración probatoria son menos
formales por la gravedad de las conductas que encierran, de ahí que lo
correspondiente sea aceptar que la prueba directa -documental o testimonios- “no
es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia”. De
tal forma que la Corte Interamericana consideró que “[l]a prueba circunstancial, los
indicios y las presunciones, pueden utilizarse siempre que de ellos puedan
inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”. Pues a juicio de esa Corte
internacional “a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre
violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar
131 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 14 de julio de 2016, CP: Marta Nubia Velásquez Rico, exp. 35029.
132 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 30 de agosto de 2018, exp. 56451
133 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 30 de agosto de 2018, Exp. 56451.
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sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado
quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su
territorio”.
Finalmente, la Corte Constitucional destacó su propia jurisprudencia al respecto e
indicó que, de tiempo atrás, en la sentencia T-926 de 2014, advirtió que en los
casos en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos humanos, la
valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse, admitiendo la
posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes de la
responsabilidad estatal. Con posterioridad, en la sentencia SU-035 de 2018, esa
Corte concluyó que, con ocasión del principio de equidad, procedía la
flexibilización de la valoración probatoria en los casos que comprometen
violaciones a los derechos humanos, puesto que en ellos se presenta “una ruptura
deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del daño y la prueba del
perjuicio”. Lo anterior, debido a manifestaciones de poder irregular, desequilibrios
de fuerzas o estructuras de delincuencia institucional y organizada.
Aunado a lo expuesto, la sentencia SU-062 de 2018 reiteró la jurisprudencia
unificada en la materia, según la cual “existe un imperativo de flexibilizar los
estándares probatorios y de fortalecer el deber de los jueces de ejercer las
potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la justicia material
con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las partes
involucradas. Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, el uso de las
inferencias judiciales razonables”. En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte
ratificó que en los asuntos que involucran ejecuciones extrajudiciales, la presencia
de algunos “elementos, conductas o actuaciones pueden ser indicios de
responsabilidad del Estado”. Finalmente, en consonancia con los fallos de
unificación referidos, mediante la sentencia T-214 de 2020 la Corte analizó dos
acciones de tutela presentadas contra las decisiones de la jurisdicción contencioso
administrativa en el marco de procesos de reparación directa por presuntas
ejecuciones extrajudiciales. En esa oportunidad, la Corte recalcó que “en materia
de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez
debe, entre otros; (i) flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la
preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales
razonables; (iv) aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en
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el proceso de reparación directa; (v) eventualmente exigirle al Estado que
demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial; y (vi) hacer uso de las
pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes.”
Con base en todo lo anterior, la Corte Constitucional134 en providencia reciente
destacó cómo de manera uniforme y consolidada, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido la necesidad de que el juez ordinario flexibilice los estándares
probatorios frente a la demostración de la acción u omisión del Estado, otorgando
mayor protagonismo a la prueba indiciaria, en atención a las dificultades
probatorias que comportan los casos que comprometen graves afectaciones a los
derechos humanos, como los denominados falsos positivos o ejecuciones
extrajudiciales.
Así, en virtud de lo anterior, cabe resaltar que cuando no existe prueba directa que
permita determinar con certeza la causa del daño, como lo ha señalado esta Sala
en situaciones similares135, es posible que, a partir de la existencia y valoración de
unos hechos debidamente probados y mediante la aplicación de las reglas de la
experiencia136, se establezca la existencia de otros que a priori se desconocen y
que permiten establecer la causa, en este caso, si la víctima murió en un
enfrentamiento con miembros del Ejército Nacional o no.
Al efecto, es menester poner de presente que según reiterada jurisprudencia del
Consejo de Estado el indicio es una prueba indirecta que construye el juez con
apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente
acreditados en el proceso, para así deducir determinadas consecuencias, lo
construye, dado que es una prueba representativa, que no percibe directamente
como sí lo hace, por ejemplo, con una inspección judicial137. Esa construcción
indiciaria supone una exigente labor crítica, cuya apreciación debe ser en
134 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José
Fernando Reyes Cuartas.
135 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24
de abril de 2024, exp. 52313.
136 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de noviembre de 2021, exp. 54097.
137 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 10 de julio de 2013, Exp. 27913, reiterada por la Corte Constitucional, Sala Plena, en
la sentencia SU-060 del 21 de marzo de 2021, MP: José Fernando Reyes Cuartas.
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conjunto, en los términos del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil,
teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con los
demás medios de prueba.
Así, se tiene que el indicio está integrado por los siguientes elementos: i) los
hechos indicadores, que son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se
dejan al actuar, que deben estar debidamente probados en el proceso; ii) una
regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, que es el
instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento; iii) una inferencia
mental, que es el razonamiento, la operación mental o el juicio lógico crítico que
hace el juzgador, dando lugar a la relación de causalidad entre el hecho indicador
y el hecho desconocido; y iv) el hecho que aparece indicado, esto es, el resultado
de esa operación o inferencia mental138.
Pues bien, siguiendo la técnica de construcción de indicios antes referida, en
primer lugar, en el sub judice, se tiene:
1) Que miembros del Batallón No. 8 “Cisneros” de Armenia del Ejército
Nacional accionaron sus armas de dotación oficial el 5 de febrero de 2007
en inmediaciones de la finca “Playa Verde” ubicada en la vereda Los Pinos
del municipio de Salento, contra Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, como da cuenta la certificación de su participación en
la misión táctica “Felino” y la certificación de gasto de munición (hechos
probados 7.1.6. y 7.1.10.).
2) Que frente al arma tipo revólver calibre 38 special, y la escopeta calibre 12
Remington encontradas en la escena de los hechos, no está probado que
las víctimas usaron esas armas contra los militares pues, como pudo
analizarse en precedencia, no se comprobó cuando fue la última vez que la
primera fue disparada, como tampoco la uniprocedencia, ni compatibilidad
138 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de
mayo de 2007, exp. 5700. Ver, en ese mismo sentido, las siguientes providencias: i) sentencia del
10 de julio de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
exp. 27913, y ii) sentencia del 1º de octubre de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, exp. 53990.
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ni funcionamiento de las 3 vainillas calibre 38, que habrían podido ser
percutidas o relacionadas con dicha arma por ser del mismo calibre y;
tampoco se determinó el funcionamiento de la escopeta calibre 12
Remington (hecho probado 7.1.15.). Igualmente, no se practicaron pruebas
de residuos de disparos en las víctimas o en sus prendas, que, analizadas
en conjunto con otras pruebas pudieran indicar que los hoy occisos
accionaron armas de fuego, es decir, no se comprobó con estudio de
balística ni otra prueba conducente, que las víctimas realizaron disparos en
el lugar de los hechos, en cambio, los miembros del ejército dispararon 175
municiones calibre 5.56.
3) Que Robert Sepúlveda Cardona fue impactado 3 veces cuando estaba en
el piso en el momento de recibir los disparos y, recibió 4 disparos de
espaldas, es decir, desde atrás. Igualmente, que Santiago de Jesús Muñoz
Yepes fue impactado al menos una vez cuando estaba herido y en el piso y
que recibió 8 disparos, por la espalda, es decir, de atrás hacia delante de su
cuerpo, como se describe en las necropsias y en el informe del investigador
del laboratorio de balística del CTI de Pereira (hechos probados 7.1.8.,
7.1.9. y 7.1.20.).
4) Que las víctimas no estaban identificadas en los archivos militares de
inteligencia como posibles delincuentes o miembros de bandas emergentes
o delincuenciales que estaban haciendo presencia en la zona de los
hechos, pues ni por sus nombres o rasgos físicos fueron señalados en
dichos archivos (hecho probado 7.1.3.).
Ahora bien, es pertinente señalar que las reglas de la experiencia han sido
definidas por la doctrina139, como aquel medio a través del cual puede acudir el
operador judicial, en conjunto con su actividad intelectual, para llegar a la
constatación del hecho objeto de la controversia. Sobre este punto, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó que las reglas de la
experiencia se construyen sobre hechos, cuya cualidad es su repetición frente a
139 Taruffo, Michele: Contribución al estudio de las máximas de experiencia, 2023, Editorial Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, pp 25.
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Radicación: 63001233100020090006602 (53432) Acumulado
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los mismos fenómenos bajo determinadas condiciones, para que así puedan ser
tenidas como el resultado de prácticas colectivas sociales que por lo
consuetudinario se repiten dadas las mismas causas y condiciones, y producen
con regularidad los mismos efectos y resultados140. Sobre este concepto también
la Corte Constitucional ha precisado que una máxima de experiencia es principio
de lógica o regla de la ciencia y que debe tener fuerza argumentativa
complementada por la convergencia de los hechos demostrados141.
En segundo lugar, se encuentra que no resulta probable que dos personas, entre
ellas, Santiago de Jesús Muñoz Yepes, quien tenía entrenamiento castrense
(hecho probado 7.1.1.) se enfrenten a 18 miembros del Batallón No. 8 “Cisneros”
de Armenia (hecho probado 7.1.5 y declaración del soldado profesional Dover
Galíndez Quiceno), quienes portaban fusiles y se encontraban en una posición
situacional más favorable en el terreno y que, por tanto, los podían someter y
dispararles desde diferentes ángulos y posiciones. Tal circunstancia conduce a
desestimar, conjuntamente con otras consideraciones, que quienes resultaron
muertos no atacaron a la tropa pues como máxima de la experiencia o del simple
sentido común, resulta que, salvo que se trate de un actuación temeraria o de la
que no se espera salir con vida y que puede considerarse como suicida, nadie con
algún sentido de supervivencia atacaría a un grupo de personas más numeroso,
mejor armado, entrenado y organizado, pues los militares tenían una clara división
de trabajo y estaban organizados en un grupo de asalto y dos grupos de cierre
(hechos probados 7.1.8., 7.1.9 y 7.1.20.).
Un ataque en las circunstancias descritas solo significaría un suicidio o una falta
de adiestramiento, que hace estimar que no pertenecían a una estructura
organizada o a una milicia típica de un grupo armado (subversivo o banda
criminal), lo que permite establecer que quienes hallaron la muerte bajo las
anteriores circunstancias eran civiles de quienes no se probó su participación en
un enfrentamiento con la fuerza pública al momento de su muerte, pues, aunque
Santiago de Jesús Muñoz Yepes perteneció al Batallón de infantería No. 11
140 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de junio de 2016, Rad:
45585.
141 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-073 del 21 de marzo de 2023.
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“Cacique Nutibara”, ello solo permite deducir que tenía algún conocimiento de
cómo funciona la estructura militar y el desarrollo de los operativos, de modo que
sería irracional que, con su conocimiento previo de las actividades militares,
hubiera decidido enfrentarse junto a su compañero a un grupo de soldados que los
superaba ampliamente en número y armas de fuego.
En tercer lugar, lo descrito anteriormente y dados los hechos establecidos
previamente, son indicadores y pueden considerarse como indicio de que las
víctimas en ningún momento atacaron a la tropa ni que los militares hubieran
actuado justificadamente o en legítima defensa, ante alguna agresión alevosa que
permitiera justificar los disparos contra los individuos que hallaron la muerte en el
escenario fáctico señalado.
De ahí que, en cuarto lugar, como resultado de inferir a partir de los hechos
indicadores o conocidos arriba indicados, mediante el sentido común y máximas
de la experiencia y pruebas debidamente recaudadas, como se puede establecer
que la actuación de los militares no obedeció a una respuesta a agresión alguna
por parte de quienes hallaron la muerte en el caso bajo examen ni que la tropa
actuó en legítima defensa, podemos estimar:
1) Que con sus armas de dotación oficial miembros del Batallón No. 8
“Cisneros” de Armenia del Ejército Nacional causaron las muertes de
Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes, el 5 de
febrero de 2007. Esto, valga precisar, también corresponde a un hecho
probado, pues el informe de patrullaje de la misma fecha, suscrito por el
comandante del Grupo Especial Atila I de ese Batallón, el informe
ejecutivo del CTI de Armenia y los protocolos de necropsia dan cuenta
de ello (hechos probados 7.1.5, 7.1.6. y 7.1.8., 7.1.9. y 7.1.11.).
2) Que no existió combate entre las víctimas y los militares, pues no se
comprobó que Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz
Yepes dispararon el arma hallada el día y en el lugar de los hechos en
que fallecieron, es decir, su deceso ocurrió por fuera de un
enfrentamiento, en un acto ilegal e injustificado de los militares.
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3) Que las víctimas no representaban ni representaron peligro para los
militares, pues estos se encontraban en posición de ventaja y estaban
organizados a manera de emboscada, se encontraban ubicados en un
nivel superior respecto de sus supuestos atacantes (víctimas) y que,
tratándose de personas que supuestamente estaban en movimiento o al
acecho para atacar a la tropa no se encuentra explicación de por qué el
número de disparos que recibieron los occisos quienes fueron
impactados 19 veces, muchas de las cuales fueron por la espalda o
estando en el piso, es decir, mientras estaban neutralizados y sin
capacidad de movimiento, en posición de desventaja y en estado de
vulnerabilidad. Lo descrito indica y permite inferir que cuando Robert
Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes recibieron los
disparos estaban en estado de sometimiento y su muerte no obedeció a
que ellos hubieran atacado a la tropa o significado riesgo para ella o que
los militares hubieran actuado en legítima defensa contra un ataque
sorpresivo o alevoso.
4) Que también resulta indicativo de la inexistencia de un ataque
sorpresivo de los occisos que ameritara la reacción de la tropa, el hecho
de que, a pesar de lo expresado por la tropa de haber actuado ante la
agresión sufrida, no hubiera resultado siquiera un militar herido, aunque
supuestamente los civiles habrían actuado de sorpresa.
5) Que tampoco resulta que las víctimas eran las personas objeto de la
misión táctica “Felino”, pues no se tenía ninguna información de
inteligencia ni referencia alguna de su pertenencia a un grupo armado
ilegal o denuncia de que estaban delinquiendo en la zona, que fue el
argumento con el que los militares pretendieron justificar la misión
táctica “Felino”.
A lo anterior también se suma que el objetivo de la misión táctica “Felino” no
coincide con la denuncia por hurto, que los soldados en sus declaraciones
incurrieron en contradicciones y vaguedades y que las lesiones de las víctimas les
impedían el movimiento como para participar de un combate.
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Para la Sala, todo lo anterior desestima la existencia de un combate como lo
pretendió justificar la versión oficial, debido a que no existe prueba de que las
víctimas se enfrentaron a los militares ni se constituyeron en un peligro para estos,
no se comprobó un acto de legítima defensa de los uniformados que justificara el
uso letal de sus armas, como en efecto lo hicieron, pues prevalecía el derecho
fundamental a la vida de las víctimas, a ser detenidas y puestas a órdenes de la
autoridad competente para ser judicializadas con todas las garantías legales, si es
que a ello había lugar.
De modo que, analizados los anteriores hechos indicadores bajo los parámetros
de la sana crítica y las reglas de la experiencia, es posible tener como hecho
indicado que Robert Sepúlveda Cardona y Santiago de Jesús Muñoz Yepes
fallecieron por fuera de un combate, producto del uso injustificado de la fuerza por
parte del Ejército Nacional, además, dada la desigualdad entre la actuación militar
y las condiciones de las víctimas quienes eran 2 contra 18 militares, no se probó la
presencia de otras personas y no se acreditó que hubieran disparado armas de
fuego contra la tropa.
Finalmente, se recuerda que, como la ha advertido la Sección Tercera de esta
Corporación en asuntos similares, “en el uso de las armas de dotación oficial, por
parte de los miembros de la Fuerza Pública, debe tenerse en cuenta la
contingencia del peligro, lo cual implica que éstos pueden acudir a aquéllas solo
como última medida para proteger su integridad física o la de terceras personas,
evitando siempre cualquier exceso”142, el cual, de producirse, dará lugar a la
declaratoria de responsabilidad del Estado, salvo que se configure una causal
eximente de la misma como la culpa exclusiva y determinante de la víctima o el
ejercicio de la legítima defensa por parte de los uniformados, las cuales, no
operaron en el sub judice.
Así, se demostró una privación arbitraria de la vida de las víctimas – contraria a
derecho – en cuanto lesiona este interés del más alto raigambre y amparo
142Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 45.350 y sentencia del 17 de agosto de 2017, exp. 42041.
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constitucional y convencional, cuya garantía posibilita el disfrute de los demás
derechos y bienes de las personas, entre tanto que su menoscabo lo inhabilita.
En concordancia, debe advertirse la inviolabilidad del derecho a la vida de las
personas, amparado por el artículo 11 de la Constitución Nacional que
expresamente proscribe la pena de muerte, en concordancia con el artículo 93 de
la Constitución Política, según el cual los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su
limitación, incluso, en los estados de excepción, prevalecerán en el orden interno,
ante lo cual se tiene el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos que reconoce el derecho a la vida como inherente a la persona humana,
protegido por la ley, bajo la proscripción expresa, según la cual, “nadie podrá ser
privado de la vida arbitrariamente”, así como el artículo 4.1. de la Convención
Americana sobre Derecho Humanos que expresamente prevé el derecho de toda
persona “a que se respete su vida” bajo la prohibición según la cual “[n]adie puede
ser privado de la vida arbitrariamente”.
Igualmente, además del sacrificio de las vidas de Robert Sepúlveda Cardona y
Santiago de Jesús Muñoz Yepes, se quebrantaron bienes de igual o similar
relevancia, tales como la integridad personal, la honra, la presunción de inocencia
de las víctimas y el total desconocimiento de la dignidad de la persona humana.
Adicionalmente se advierte el flagrante desconocimiento de los principios y reglas
del Derecho Internacional Humanitario – D.I.H. –, específicamente los contenidos
en el IV Convenio de Ginebra de 1949143, en el artículo 3144 común a los cuatro
143 Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.
144 Artículo 3 - Conflictos no internacionales. En caso de conflicto armado que no sea de índole
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las
Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1)
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por
enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias,
tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este
respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba
mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de
rehenes; c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y
degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
Convenios de Ginebra y en su Protocolo Adicional II de 1977145, relativos a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional que
exigen distinguir entre combatientes, entendiendo por tales a las personas que
participan directamente en las hostilidades, y no combatientes, entendidos estos
como todos aquellos que no participan de tales hostilidades, bien porque se trata
de personas civiles o porque siendo combatientes, por cualquier causa, han
depuesto sus armas.
En este sentido, el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra,
compendia las normas esenciales de dichos tratados y las hace aplicables a los
conflictos sin carácter internacional o interno, como es el caso del conflicto armado
colombiano.
Esta norma de ius cogens establece que se debe tratar con humanidad a todas las
personas que no participan en las hostilidades o que caigan en poder del
adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable; prohíbe específicamente
los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los
tratos humillantes, crueles y degradantes y dispone que deben ofrecerse todas las
garantías judiciales, entre otros.
Por su parte, el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que
desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949,
reitera la garantía de trato humanitario, el respeto por la judicialización y garantías
procesales de los infractores penales y la protección general de la población civil,
entre los cuales se resaltan las garantías fundamentales del trato humano
dispuestas en el artículo 4 ibidem, en cuanto establece el derecho de quienes por
cualquier causa no participan en las hostilidades a que se respeten su persona, su
honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas, al trato humanitario sin
distinción desfavorable.
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los
pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo
humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios
a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor,
mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente
Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el status jurídico de
las Partes en conflicto.”
145 Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
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Adicionalmente, se advierte que estos hechos de ejecución extrajudicial, sumaria o
arbitraria, y los de falso positivo se hayan contemplados en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional146, dentro de los denominados crímenes de guerra,
cometidos en el marco del conflicto armado sin índole internacional, previstos
como una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra
de 12 de agosto de 1949, cometidos contra personas que no participen
directamente en las hostilidades. Si bien dicho Estatuto está orientado a
determinar la responsabilidad penal individual y en el sub judice no se juzga la
conducta individual de los agentes estatales, vale la pena resaltar que, por la
actuación del Estado a través de sus agentes, es que se compromete la
responsabilidad civil de este por una conducta que está contemplada no solo en el
derecho interno147 sino en un instrumento internacional aplicable respecto del
Estado colombiano para la época de los hechos148.
Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada, entonces, la falla en el
servicio como criterio de imputación del daño antijurídico al Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional, pues sus miembros hicieron uso excesivo de la fuerza, como
se explicó en precedencia, actuación que fue contraria a su misión constitucional
de proteger la vida de los residentes en Colombia (artículos 2, inciso 2 y 11 de la
Constitución Política) e infringieron la ley (artículo 135 Código Penal), en especial
instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia en materia de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Frente a lo anterior, además, conviene precisar que no obra prueba alguna en el
plenario que acredite el hecho o culpa de las víctimas como causante del daño.
146 Artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma que prohíben los crímenes de lesa humanidad y los
crímenes de guerra.
147 Artículo 135 Código Penal.
148 Colombia ratificó el Tratado de Roma el 5 de agosto de 2002, el cual entró en vigencia para
crímenes de lesa humanidad el 1 de noviembre de 2002 y para crímenes de guerra el 1 de
noviembre de 2009.
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8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se realizará la liquidación de perjuicios, teniendo en cuenta
únicamente la tipología de aquellos que fueron solicitados en la demanda.
8.1.1. La demanda 2007-0034400 peticionó por perjuicios morales 150 SMLMV
para María Cleofe Yepes González y 50 SMLMV para cada uno de los demás
demandantes.
A su turno, en la demanda 2009-0006600, por el mismo concepto, se solicitó el
equivalente a 4.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes.
El Tribunal Administrativo del Quindío condenó al Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales la cantidad de 100 SMLMV
para cada una de las demandantes María Cleofe Yepes González y Flor María
Cardona Garro y 50 SMLMV para el resto de los accionantes.
Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 2014149, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación
Relación Relación afectiva Relación afectiva
afectiva del 4° afectiva no
afectiva del 2° de del 3er de
de familiar
conyugal y consanguinidad o consanguinidad o
paterno – filial civil civil
consanguinidad (terceros
o civil. damnificados)
Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia en
salarios 100 50 35
149 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.
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mínimos 25 15
De conformidad con los registros civiles de nacimiento150 en el expediente está
acreditado que María Cleofe Yepes González era la madre de Santiago de Jesús
Muñoz Yepes y que, Rubia Amparo Muñoz Yepes, Diana Milena Muñoz Yepes,
Viviana Andrea Muñoz Yepes, María Isalia Muñoz Yepes, Luciano Andrés Muñoz
Yepes, María Margarita Muñoz Yepes, Luz Amparo Muñoz Yepes, Luz Enid del
Socorro Muñoz Yepes, Gustavo Ancizar Muñoz Yepes, Piedad Elena Muñoz
Yepes, Leiman Antonio Muñoz Yepes, José Luis Muñoz Yepes y Jesús Emilio
Muñoz Yepes eran sus hermanos.
Igualmente, se comprobó con los registros civiles de nacimiento151, que Flor María
Cardona Garro era la madre de Robert Sepúlveda Cardona, que Yulissa Posada
Cardona y Fabián Andrés Sepúlveda Cardona eran sus hermanos y que María
Bernarda Garro era su abuela.
En tal virtud, les corresponde por concepto de perjuicios morales, las sumas
reconocidas por el a quo, de acuerdo con la jurisprudencia de unificación antes
citada, razón por la que se confirmará tal reconocimiento.
8.1.2. Por otro lado, la demanda 2007-0034400 solicitó condenar a la accionada a
pagar, a título de lucro cesante, la suma de $31’354.000 para María Cleofe
Yepes González.
El Tribunal a quo negó esta indemnización, al considerar que no se demostró que
Santiago de Jesús Muñoz Yepes se encargaba de la manutención económica de
la demandante.
Pues bien, frente al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de
la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
150 Expediente digital, páginas 19 y 25 a 48, del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04
PRUEBAS Y ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
151 Expediente digital, páginas 86 a 91 y 96, del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01
PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los
perjudicados.
Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente152, es decir, debe probarse que la víctima era
laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba
ayuda económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el
salario con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante, el testigo
Carlos Mario Foronda Henao declaró que para la época de los hechos Santiago de
Jesús Muñoz Yepes trabajaba como celador en la finca “La Argentina” ubicada en
la vereda Pueblo Rico del municipio de Montenegro. Igualmente, Jhon Jairo
Restrepo Mejía declaró que Santiago destinaba casi el 70% de sus ingresos para
ayudarle a su madre. Por su parte, Paula Andrea Montoya Gutiérrez declaró que la
víctima se dedicaba a la agricultura y a labores de vigilancia en fincas en Valdivia,
en Caldas y en Armenia y que con su trabajo le ayudaba económicamente a su
madre.
De manera que estos testimonios acreditan que la víctima se dedicaba a una
actividad productiva lícita trabajando como celador de fincas, de la cual derivaba
su sustento y con el que le ayudaba económicamente a su madre María Cleofe
Yepes González. Adicionalmente, se sabe por la copia auténtica de su registro
civil de nacimiento153, que Santiago de Jesús Muñoz Yepes nació el 25 de enero
de 1975, por tanto, para la fecha de su muerte (5 de febrero de 2007) contaba con
32 años.
152 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de
mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
153 Expediente digital, página 19 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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De acuerdo con la jurisprudencia de unificación de esta Sección 154 si cuando
mueren los hijos entre los 18 y 25 años de edad se requiere prueba de que los
padres, beneficiarios de la obligación alimentaria no tengan los medios para
procurarse su propia subsistencia, más aún si el fallecido es una persona mayor,
como en el caso de la víctima que tenía 32 años, por tanto, se debía probar que
esta se encargaba de la manutención de sus padres, en este caso, de su madre.
Aunque no se acreditó que Santiago de Jesús Muñoz Yepes tuviera hijos, pareja o
que hubiera conformado un hogar independiente, tampoco se probó que su madre
María Cleofe Yepes González dependiera económicamente de él, pues aunque
los testigos atrás mencionados señalaron que este le ayudaba económicamente,
ello no basta para dar por probada la dependencia económica o un aporte
relevante, concreto ni continuo, para establecer que la referida demandante
tuviera una dependencia de la víctima para su sustento y que esta, a pesar de ser
mayor de 25 años y ser soltero, aún contribuía de forma continua al hogar
materno, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección155.
Tampoco se demostró que María Cleofe Yepes González, madre de Santiago de
Jesús Muñoz Yepes, se encontrara en una situación incapacitante, sin una
pensión o seguro que la cubriera por enfermedad o invalidez o en otra situación
similar que le impidiera realizar una actividad económica. Solo se comprobó que
para la fecha de la muerte de su hijo (Santiago de Jesús Muñoz Yepes), contaba
con 58 años156.
154 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 05001-23-31-000-2001-03068-01(46005), CP: Danilo Rojas
Betancourth.
155 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 20 de noviembre de 2017, exp. 2700-1233-1000-2008-00056-01(38475), CP: Jaime
Enrique Rodríguez Navas: “La pretensión del recurrente se negará toda vez que con los
testimonios rendidos por Juan Carlos Virissimo Chamorro y Pulidor Zamora Angulo, no demostró la
dependencia económica familiar respecto del fallecido Eide Salas Paredes, pues en ellas solo se
refiere a una ‘ayuda’ y colaboración que el occiso les suministraba pero de ninguna manera son
relevantes ni concretas en cuanto a su continuidad, porcentaje, etc. Además, la víctima al momento
de su fallecimiento contaba con 28 años de edad, y según la jurisprudencia de esta Corporación se
presume que el hijo a partir de los 25 años, hace vida independiente respecto de su núcleo
familiar”.
156 Expediente digital, página 22 del archivo “ED_C04_01 OTROS-CUADERNO 04 PRUEBAS Y
ANEXOS-ANEXO EXPEDIENTE 2007-00344, JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE
QUINDÍO(.pdf) NroActua 122.pdf”, índice 122 Samai.
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De ahí que, ante la falta de prueba de la dependencia económica, no puede
presumirse que, por la pérdida de un hijo, de quien no se probó que tuviera hijos o
su propio hogar, automáticamente, los padres sufrieran un menoscabo cierto de
sus ingresos, menos en este caso en que no se probó que la demandante no
pudiera procurarse su propia subsistencia y que tiene otros 13 hijos, también
demandantes, quienes podrían socorrerla, razón por la cual, se negará la
indemnización solicitada por lucro cesante.
8.1.3. También en la demanda 2007-0034400 se pidió por “daño a la vida de
relación”, el equivalente a 200 SMLMV para María Cleofe Yepes González.
Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios
reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de
perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados157, que establece la
compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación
no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano.
Sin embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de
una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la
víctima directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o
posibles para consolidar la reparación integral del daño158.
Así las cosas, es decir, toda vez que el reconocimiento pecuniario por afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se
reservó única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente
caso no es procedente el reconocimiento peticionado para cada uno de los
demandantes, por cuanto estos acuden a la jurisdicción en calidad de víctimas de
rebote o indirectas, y no de directos damnificados.
8.1.4. Finalmente, en la demanda 2009-0006600 se solicitó, como medidas de
reparación no pecuniaria las siguientes: i) que se adelanten y culminen la
157 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251, 28804 y 32988.
158 Ibidem.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
investigación integral respectiva para sancionar a los responsables del homicidio
de Robert Sepúlveda Cardona; ii) que la demandada pida disculpas públicamente
a los familiares de la víctima; iii) que la demandada preste asistencia médica
psicosocial a los familiares de la víctima, a efectos de recuperar su salud psíquica
y moral; iv) que la demandada publique en los diarios de circulación nacional, “que
las víctimas fueron masacradas a manos de miembros del Ejército Nacional”.
El Tribunal Administrativo del Quindío negó la medida correspondiente a la
asistencia médica psicosocial, dado que no se probó una afectación distinta a la
moral ya reconocida ni la necesidad de tal asistencia. En cambio, ordenó, como
medida de satisfacción, que la entidad accionada publique los apartes referentes
al uso desproporcionado de la fuerza descritos en la providencia de primera
instancia, en forma visible para el personal militar que desarrolló el operativo, así
como en la página web del Ejército Nacional y/o de las Fuerzas Militares, a efectos
de que en todo operativo se tengan en cuenta y un evento de estas características
no se vuelva a repetir.
Toda vez que la medida decretada no fue materia de apelación y que contribuye a
la cimentación de la memoria histórica, con el propósito de que hechos como el
objeto de la presente demanda no se repitan, esta Sala de Subsección la
confirmará.
En suma, de conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida el
29 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, según lo expuesto en
precedencia.
9. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda y las mismas no se hallan
probadas.
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Demandante: María Cleofe Yepes González y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Quindío, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.
CUARTO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
89
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