Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-31-000-2010-00192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-31-000-2010-00192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Cargo de libre nombramiento y remoción de procurador judicial: naturaleza
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-31-000-2010-00192-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-31-000-2010-00192-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
8 de marzo de 2018
CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE PROCURADOR JUDICIAL - Naturaleza / INSUBSISTENCIA DE PROCURADOR JUDICIAL / FACULTAD DISCRECIONAL / CARGO DE PROCURADOR JUDICIAL – Cambio de naturaleza / SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD - Efecto
Es claro que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela al ser designada como procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, era una empleada de libre nombramiento y remoción. En esa medida, su vinculación, permanencia y desvinculación del servicio, depende de la voluntad del nominador, quien en ejercicio de la facultad discrecional que le atañe, puede decidir al respecto. En este punto debe precisarse que la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el artículo 182 citado, puesto que, en su criterio, estos son cargos que deben ser provistos a través de un concurso público de méritos por ser empleos de carrera administrativa. Pese a lo anterior, la sentencia fue emitida con posterioridad a la expedición del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 que declaró insubsistente a la accionante lo que implica que no puede ser aplicada en el sub examine, en consideración a que dichas decisiones tiene efectos hacia el futuro, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 según el cual «[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr008.html" \l "241" \t "_blank" 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario […]».
CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / FACULTAD DISCRECIONAL – Límites / GRADO DE CONFIANZA
Es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
FACULTAD DISCRECIONAL / DESVIACIÓN DE PODER / CARGA DE LA PRUEBA
Al realizar un análisis en conjunto de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario, no es posible concluir que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento obedeció a fines distintos al mejoramiento del servicio. En efecto, del examen de los documentos no se desprende lo afirmado en la demanda, en el sentido de que el nominador pretendió satisfacer intereses diferentes al buen servicio con el retiro de la demandante, aspecto que debió ser probado por parte de la parte actora en razón al mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, según el cual « […] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
REEMPLAZO DE FUNCIONARIO INSUBSISTENTE – Requisitos mínimos / DESMEJORA DEL SERVICIO
No es una exigencia que quien ocupa el cargo en reemplazo de la señora Sánchez Vela, deba tener más estudios y mejor experiencia profesional, como se ha asegurado en el desarrollo del proceso, solo se requiere que cumpla con los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para el desempeño del cargo (…) con la salida de la demandante no se desmejoró el servicio, pues su reemplazo además de cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo de procurador judicial II, ejerce su labor de forma competente y responsable.
ACTO DE INSUBSISTENCIA – Motivación
Quien es escogido para proveer un empleo de libre nombramiento y remoción lo es en consideración a la confianza con respecto al nominador, razón que también permite a este, disponer libremente sobre el retiro, sin que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público.
ANOTACIÓN EN LA HOJA DE VIDA DEL MOTIVO DE INSUBSISTENCIA DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN
Respecto de la manifestación realizada por la demandante en el sentido de que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida, a pesar de que fue un argumento expuesto hasta el recurso de alzada, se observa que tal y como lo ha sostenido la Corporación dicha omisión no constituye elemento de validez del acto ni requisito para su conformación ni presupuesto para su eficacia, por lo que no puede generar la nulidad del acto sino, a lo sumo, podría llegar a constituir falta disciplinaria para el funcionario que no dio cumplimiento a dicho deber.
FUENTE FORMAL: DECRETO 262 DE 2000 – ARTÍCULO 182 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 241 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 36 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 167 / DECRETO 2400 DE 1968 – ARTÍCULO 26
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C. ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00192-01(2743-16)
Actor: RUTH MARLENE SÁNCHEZ VELA
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Vinculado: Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso iniciado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela contra la Procuraduría General de la Nación.
LA DEMANDA
Pretensiones
Declarar la nulidad del Decreto 063 del 21 de enero de 2010, por medio del cual el procurador general de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela como procuradora judicial II, código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría 40 Judicial II Penal de Armenia, Quindío.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reintegrar a la señora a Sánchez Vela al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría y remuneración, con la inclusión de la totalidad de los salarios desde el 5 de febrero de 2010 hasta el día que sea reintegrada.
Ordenar el pago de todas las prestaciones sociales generadas mientras la demandante haya permanecido separada del servicio, tales como vacaciones, primas vacacionales, prima de navidad, subsidios, auxilios, sobresueldos por antigüedad, otras primas, bonificaciones, aumentos de sueldo.
Computar como efectivamente trabajado y sin solución de continuidad, todo el tiempo durante el cual la accionante permanezca cesante, para efectos de todas las prestaciones sociales y demás efectos legales.
Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.
Fundamentos fácticos
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
La señora Ruth Marlene Sánchez Vela estuvo vinculada a la Procuraduría General de la Nación entre el 6 de junio de 1990 hasta el 4 de febrero de 2010, desempeñando varios cargos en la entidad, siendo el último el de procuradora judicial II, código 3PJ-EC en la Procuraduría 40 Judicial II Penal de Armenia.
2. El procurador general de la Nación a través del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 declaró insubsistente a la demandante, acto administrativo que fue notificado el 4 de febrero de la misma anualidad.
3. Contra la anterior decisión, la señora Sánchez Vela interpuso recurso de reposición el cual fue rechazado por improcedente mediante Resolución 063 del 24 de febrero de 2010.
4. La demandante cuenta con numerosos estudios, cursos y 4 publicaciones, además obtuvo cuantiosas distinciones por la labor desempeñada en la entidad demandada.
6. El día 28 de abril de 2011 se radicó petición de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo del Quindío, la cual fue celebrada el día 26 de julio de la citada anualidad, por lo que al interponerse la presente acción se encontraba dentro del término previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 25, 29, 83, 209, 278 y concordantes de la Constitución Política, así como los artículos 2, 36, 43, 47, 84, 131, 134, 139, 176 y 177 del CCA, artículos 2 y 3 de la Ley 52 de 1982. El Decreto 262 de 2000, la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-1037 de 2003.
Como concepto de violación expuso que el acto acusado está afectado por las siguientes causales de nulidad:
Desviación de poder:
Al respecto indicó que fue retirada del servicio para designar en su reemplazo a una persona que no posee el nivel de preparación académico, ni la experiencia profesional y laboral que posee. Actuación con la que no se buscó y tampoco se produjo el mejoramiento del servicio en el órgano de control mencionado, que hace parte de los fines del Estado y de la función administrativa, incurriéndose por tanto en el defecto mencionado del acto administrativo demandado.
Expuso además que la conducta irregular del procurador hizo nugatorio su derecho al trabajo, puesto que abusando de sus funciones de nominador y cediendo a presiones políticas, ordenó su retiro y nombró en su reemplazo a una persona menos capacitada y con menos experiencia que ella, contrariando deliberadamente el principio del buen servicio, dado que no existió ningún motivo para tal decisión y con su relevo, se desmejoró ostensiblemente el mismo.
Sostuvo que la entidad demandada actuó en contra de la jurisprudencia de esta Corporación e incurrió en desviación de poder, como quiera que la aquí demandante cuenta con la formación profesional y experiencia requeridas para desempeñar las funciones asignadas al cargo de procuradora judicial II que desempeñaba antes de ser declarada insubsistente, gestión varias veces reconocida por sus superiores mediante los diferentes ascensos y distinciones que le fueron otorgados durante su trabajo en la entidad. Sin embargo, contrariando el concepto del buen servicio público, fue removida de su empleo para ser reemplazada por un profesional que carece de la experiencia profesional mínima indispensable para atender las funciones asignadas al cargo.
Finalmente, señaló que se hizo uso de la potestad nominadora para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante, por lo que el señor procurador general al expedir el retiro de la demandante, incumplió los deberes de su cargo. A su juicio tal conducta constituye una falta disciplinaria que amerita ser investigada y sancionada conforme lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
• El apoderado de la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones del escrito introductor y procedió a exponer los siguientes razonamientos:
Frente a los hechos señaló que debían ser probados, asimismo, resaltó que los ascensos a los que hacía alusión la demandante no se presentaron, como quiera que los empleos de libre nombramiento y remoción no eran susceptibles de ese tipo de medidas, por lo que es válido decir que ocupó varios cargos en virtud de la facultad discrecional otorgada al procurador general. Agregó que los actos expedidos con ocasión de la facultad discrecional no eran susceptibles de motivación.
Trajo a colación los artículos 278 de la Constitución Política y 158 y 182 de la Ley 262 de 2000, para concluir que el cargo de procurador judicial es de libre nombramiento y remoción, por lo que el procurador general de la Nación puede acudir a la facultad discrecional para remover a un servidor que ocupe esta categoría de empleos. En este contexto, ha de entenderse que dicha potestad no se funda en un asunto caprichoso, sino que está basada en la permisividad expresa que otorga la Constitución y la ley que define la estructura del ente de control y, en este sentido, la insubsistencia de la demandante se efectuó en virtud de dicha normativa.
Resaltó que la facultad discrecional que se ha conferido al nominador para nombrar y remover a los funcionarios que ocupen un cargo de procurador judicial, ha sido otorgada para que se utilice por necesidades del servicio, así como también para que se puedan llevar avante los objetivos de la entidad, en concordancia con las políticas y orientaciones que fije para el cumplimiento de las funciones propias y del ente que representa. De esta forma, la facultad discrecional debe ejercerse para garantizar la eficacia, la celeridad y el efectivo cumplimiento de los fines del Estado, motivo por el cual se reviste al nominador de la facultad para designar, concretamente en los cargos de libre nombramiento y remoción, a personas que aparte de reunir los requisitos exigidos por la ley, sean eficientes, eficaces e íntegros, así como confiables y se adapten a la estructura de la entidad y a las políticas fijadas para cumplir con los objetivos señalados por la Constitución, la ley y el mismo procurador general de la Nación.
Es entonces por tal razón que puede decirse que para ocupar un empleo de libre nombramiento y remoción no es suficiente un factor único, sino que por el contrario, debe cumplirse con un conjunto de requisitos, donde confluyan la confianza, la acreditación de requisitos mínimos, la disponibilidad y la acuciosidad para cumplir con todas y cada una de las funciones.
De igual manera, señaló que el acto administrativo demandado no requería de motivación, como quiera que la facultad discrecional no debe ser sustentada por cuanto está provista de presunciones legales, en este sentido aclaró, que la insubsistencia de la señora Sánchez Vela no atendió a cuestiones diferentes a las previstas por la ley. Además, es claro que el ingreso de la demandante a la entidad se presentó mediante nombramiento de carácter ordinario para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, motivo por el cual no se encuentra amparada por ningún elemento propio de la carrera administrativa.
Por otra parte, resaltó que este tipo de decisiones están fundadas en la presunción de legalidad y en la prestación del buen servicio, por lo que la carga de la prueba para desvirtuarlas radica en el demandante, quien no allegó ni solicitó prueba alguna que permita acreditar los hechos expuestos en el escrito inductor.
Respecto al argumento referido en la demanda de que la servidora cumplió a cabalidad las funciones, ello no es un elemento que deba considerarse plausible, toda vez que cualquier funcionario o servidor público tiene el deber moral y legal de actuar de conformidad con el ordenamiento y ejercer correctamente las competencias a él asignadas, por lo que el cargo efectuado en el libelo introductor en cuanto a que tiene más experiencia y estudios que su reemplazo, no es un elemento trascendental para decretar la insubsistencia.
Por otra parte expuso que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, quien ocupó la plaza de la demandante, posee las condiciones suficientes para fungir como procurador judicial, además que cuenta con la experiencia propia de la especialidad por más de 18 años.
Desvirtuó el cargo de desviación de poder afirmando que no existió desmejoramiento del servicio y que lo único que debe verificarse en estos casos, es que el reemplazo del funcionario saliente cumpla los requisitos propios del empleo.
Propuso la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del trámite de conciliación como requisito de procedibilidad». Afirmó que casi la totalidad los hechos, los fundamentos de derecho y las pruebas que se plantearon en el escrito de la demanda, se omitieron esbozar en la solicitud de conciliación prejudicial, motivo por el cual no puede ahora aceptarse toda la argumentación sobre la cual la entidad no tuvo oportunidad de pronunciarse en la conciliación.
• Por su parte, Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción y solicitó que sean denegadas las pretensiones acorde con lo siguiente:
Inicialmente, manifestó que el cargo desempeñado por la parte actora es de libre nombramiento y remoción el cual puede ser provisto de manera discrecional por el nominador. Aunado a lo anterior adujo que no puede pretenderse que el hecho de haber desempeñado una buena labor otorgue una prerrogativa de permanencia en el empleo, pues ello iría en contra de lo que ha dispuesto la ley y la jurisprudencia respecto al tema.
En este este sentido, señaló que el acto proveniente de dicha facultad no necesita motivación, pues de aceptarse la tesis de la demandante, el cargo se convertiría en uno de carrera, dado que al tener el servidor público buena hoja de vida y desempeño, se haría imposible removerlo del cargo, interpretación que riñe con los preceptos constitucionales que regulan la materia.
Arguyó que no es cierto que la demandante tenga mejor hoja de vida que la suya, como quiera que el desempeño del cargo de procurador judicial penal exige conocimientos en materia de derechos humanos y derecho penal, cualidades que cumple ampliamente, como quiera que cuenta con las especialidades y experiencia amplia en el tema. Agregó que resulta un desatino la afirmación de que fue nombrado por afinidades políticas, cuando toda su vida se dedicó a laborar en la Fiscalía General de la Nación.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
• Ruth Marlene Sánchez Vela
La accionante centró sus alegatos en reiterar que debe ser reintegrada al cargo toda vez que no hubo justificación alguna para que el procurador general la declarara insubsistente, circunstancia que se probó con las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario. Agregó que al examinarse con justicia y detenimiento su hoja de vida se observa la preparación intelectual y experiencia con la que cuenta, aunado a la ausencia de sanciones disciplinarias, de ahí que se pueda predicar que en el acto enjuiciado operó una verdadera desviación de poder.
Por otra parte, hizo énfasis en la vulneración de las normas constitucionales y legales que se presentaron al no motivarse el acto administrativo que la desvinculó del servicio, siguiendo esta línea argumentativa afirmó que el acto de remoción sin la más mínima justificación a favor del buen servicio, convierte el acto enjuiciado en arbitrario, por lo que es procedente la nulidad impetrada. Para apoyar su argumento citó apartes jurisprudenciales de sentencias proferidas por la Corte Constitucional en las cuales se analiza el deber de motivación de los actos administrativos.
• Procuraduría General de la Nación.
La entidad accionada ratificó todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió en que en el expediente no existen pruebas conducentes que puedan desvirtuar la legalidad del acto administrativo enjuiciado, lo cual se traduce en la falla de la carga de la prueba que le corresponde a la demandante, sin lograr demostrar el desmejoramiento del servicio alegado.
En relación con las pruebas testimoniales y documentales practicadas al interior del proceso, indicó que las mismas persiguieron únicamente demostrar la idoneidad y el cabal cumplimiento de los deberes que la demandante cumplía como servidora, pero sin que se lograse acreditar que su retiro implicó de manera alguna la desmejora en el servicio.
El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío, declaró impróspera la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad» y denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en el siguiente razonamiento:
En lo que respecta al citado medio exceptivo, señaló que al analizar el texto del libelo introductor y el escrito de la conciliación extrajudicial, se advertía que ambos son congruentes en cuanto a su objeto, es decir, sobre el aspecto central o principal de la controversia, la cual busca obtener la revocatoria o nulidad del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 y el consecuente reintegro al cargo que venía desempeñado o a uno de igual o mayor categoría, por lo que el a quo declaró no probada la excepción incoada.
En lo atinente al fondo del asunto, una vez analizó la naturaleza del cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto 202 de 2000 concluyó que el empleo de procurador judicial II que desempeñaba la demandante, era de libre nombramiento y remoción, hasta antes de la expedición de la sentencia C-101 de 2013, providencia cuyos efectos no pueden afectar situaciones consolidadas. En consecuencia, afirmó que la declaratoria de insubsistencia obedece al ejercicio de la facultad discrecional del nominador.
Así mismo, aseveró que aunque los actos discrecionales no exigen motivación, ello no implica que se pueda ejercer tal facultad en forma arbitraria, pues en todo caso debe obedecer a las finalidades inherentes a la función pública, implícitas en la norma que autoriza la facultad discrecional, pues en caso contrario se incurriría en desviación del poder.
Igualmente, en cuanto al cargo de desviación de poder, el Tribunal efectuó el análisis probatorio de la hoja de vida del señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez quien reemplazó a la demandante en el cargo de procurador y consideró que el servicio no había sufrido desmejora, toda vez que se acreditó que el mismo reunía las calidades necesarias para el ejercicio del empleo para el que fue nombrado, sin que aquello implique demeritar la capacitación y experiencia de la señora Sánchez Vela.
Consideró que la citada situación no era suficiente para predicar que el acto enjuiciado se expidió con una finalidad distinta al buen funcionamiento de la administración y el interés general.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó en lo siguiente:
En primer lugar, advirtió que en la providencia recurrida no se realizó un estudio de todo el acervo probatorio allegado al plenario, pues no hubo pronunciamiento respecto de los testimonios practicados y solo se evidencia la comparación de las hojas de vida de la demandante y de la persona que la reemplazó, pero no se tiene en cuenta que la señora Ruth Marlene tiene 19 años de servicio que se traducen en una gran experiencia, la cual debe tener prevalencia al momento de tomar una decisión de la continuidad o no de un servidor público en el cargo.
De igual manera, afirmó que ninguna causa justificativa a favor del buen servicio público operó en la declaratoria de insubsistencia de la demandante, pues tanto la prueba documental como testimonial demostraron que su cargo lo ejerció con honestidad, capacidad, estudio y consagración en la labor que le fue encomendada durante todo su desempeño laboral. En este escenario, se tiene que la ausencia de sanciones disciplinarias, la experiencia, las obras escritas, los diferentes cargos y su capacidad intelectual, dan al traste con su remoción injustificada, de allí que se pueda aseverar que en el acto administrativo demandado operó una verdadera desviación de poder. Calificó el retiro de la señora Ruth Marlene como injustificado por la experiencia, toda vez que su reemplazo no tiene una hoja de vida siquiera parecida, lo que configura una flagrante desviación de poder.
Continuó su intervención afirmando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara, consistente, uniforme y reiterada sobre el deber de motivar los actos administrativos y que, si bien es cierto, la facultad discrecional es una excepción a la regla general, la misma no puede ser arbitraria o caprichosa y en ningún momento libera al funcionario del deber de obrar conforme a los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa. Agregó que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida para cumplir con los fines estatales.
Finalmente, arguyó que los límites establecidos a las facultades discrecionales están dados por el hecho de que la medida debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa y adicionalmente, ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad proceda a motivar directamente el acto administrativo, lo cual sería una muestra del apego a los lineamientos de la Constitución.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
• La Procuraduría General de la Nación ratificó todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió en que el retiro del servicio de los empleados de libre nombramiento y remoción no deben motivarse y que no se desmejoró el servicio, como quiera que el reemplazo de la demandante en el cargo de procurador judicial, cumple con todos los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para ejercer la labor que le fue encomendada.
• El Ministerio Público a través de la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado, luego de efectuar un resumen de lo discurrido en el proceso, citó los artículos 278 Superior y 7 y 182 del Decreto 262 de 2000, para señalar que no fue probada la desviación de las finalidades respecto a la función administrativa, pues quien sucedió en el cargo a la accionante ejerció debidamente y no basta con la mera afirmación, pues se debe demostrar que hubo elementos extraños que torcieron la finalidad de la facultad discrecional y la función pública encomendada, debido a que los testimonios rendidos dieron cuenta del buen desempeño laboral de la accionante, pero de manera alguna de hechos tendientes a esquivar el mejoramiento del servicio, situación que permite solicitar que se confirme el fallo recurrido.
La señora Ruth Marlene Sánchez Vela no se pronunció en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero precisar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
Problema jurídico
1. ¿El material probatorio aportado al expediente demuestra que el Decreto 063 del 21 de enero de 2010 por el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, tuvo como fin el desmejoramiento del servicio?
De la naturaleza del cargo del actor
El Decreto 262 de 2000, modificó la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación. El artículo 182 ibidem, clasificó los cargos de la entidad así: i) de carrera administrativa; ii) de libre nombramiento y remoción y iii) de período fijo. La misma norma estableció que los procuradores judiciales, por ser empleados de confianza del procurador general de la Nación, hacían parte del segundo grupo de funcionarios, bajo el siguiente tenor literal:
« […]
ARTICULO 182. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(...)
• Procurador Judicial […]». (Resaltado de la Sala).
Bajo los parámetros expuestos, es claro que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela al ser designada como procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, era una empleada de libre nombramiento y remoción. En esa medida, su vinculación, permanencia y desvinculación del servicio, depende de la voluntad del nominador, quien en ejercicio de la facultad discrecional que le atañe, puede decidir al respecto.
En este punto debe precisarse que la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el artículo 182 citado, puesto que, en su criterio, estos son cargos que deben ser provistos a través de un concurso público de méritos por ser empleos de carrera administrativa.
Pese a lo anterior, la sentencia fue emitida con posterioridad a la expedición del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 que declaró insubsistente a la accionante lo que implica que no puede ser aplicada en el sub examine, en consideración a que dichas decisiones tiene efectos hacia el futuro, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 según el cual «[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr008.html" \l "241" \t "_blank" 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario […]».
Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción
La existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.
En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.
Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.
Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Por su parte, el artículo 36 del CCA señala: «En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa», contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».
Caso concreto
En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver el problema jurídico planteado:
Documentales
• La señora Ruth Marlene Sánchez Vela se desempeñó en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, desde el 07 de julio de 2003 hasta el 4 de febrero de 2010.
• Mediante Decreto 063 del 21 de enero de 2010 se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en el empleo mencionado, decisión que fue notificada personalmente el 04 de febrero de 2011.
El jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela laboró en la entidad desde el 6 de junio de 1990 y el último cargo que desempeñó fue el de procuradora 40 judicial II penal de Armenia hasta el 4 de febrero de 2010.
• Documentos de la hoja de vida de Ruth Marlene Sánchez Vela, así como certificaciones expedidas por fiscales y jueces penales de armenia que dan cuenta de su buen desempeño en su función de procuradora judicial II penal de Armenia .
• Documentos contentivos de la hoja de vida del señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, remitidos por la Procuraduría General de la Nación.
• Estadísticas presentadas a la Procuraduría General de la Nación por parte de la señora Sánchez Vela en virtud de su desempeño como procuradora judicial II penal.
Testimoniales
Así mismo, se practicaron los siguientes testimonios, los cuales, según lo afirmado por la parte demandante en el recurso de alzada, no fueron analizados por el juez a quo y demuestran la desviación de poder en el acto administrativo enjuiciado, veamos:
• Edgar Alfonso Sáenz en su calidad de juez penal del circuito de conocimiento de armenia manifestó que: la señora Ruth Marlene como representante del Ministerio Público intervenía en toda clase de audiencias, de toda clase de delitos, participaba como interviniente de la actuación, pues no intervenía en todas las audiencias porque ellos tienen una facultad discrecional y adicionalmente ejercen el cargo en otros despachos como en el Juzgado Especializado, ante el Tribunal y las indagaciones y diligencias que se realizan en la etapa de indagación, no está en todas pero participa como principal es ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento. PREGUNTADO: ¿Cómo puede calificar el cumplimiento de las funciones de la Dra. Ruth Marlene Sánchez Vela en cuanto a la puntualidad, sus intervenciones y la calidad de las mismas? CONTESTÓ: La verdad me parece complejo calificar un interviniente dentro del proceso penal porque el sistema está diseñado para una discusión de partes y ese es el eje central de la discusión del proceso penal, y el Ministerio Público está en representación a veces de parte de la defensa y otras de parte de la Fiscalía, y uno desde el punto de vista del rol como juez la discusión central la genera la Fiscalía y la Defensa, el Ministerio Público comparte el de una de esas partes, pero independientemente ella fue una persona muy cumplida, con muy buen desempeño (sic) con aportes significativos en la parte fáctica, jurídica para cumplir los fines del proceso penal. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gutiérrez, si como funcionario de la Procuraduría interviene en los juicios que se han adelantado en sus despachos (sic) si interpone recursos y cómo ha considerado el servicio del Ministerio Público a través del Dr. Manuel Guillermo? CONTESTÓ: Si (sic) lo conozco al Dr. Manuel Guillermo es la persona que sustituyó en el cargo a la dra. Ruth Marlene Sánchez Vela, es el representante del Ministerio Público ante el despacho que dirijo, si (sic) participa en las diferentes audiencias que se realizan en el despacho, si (sic) ha discutido decisiones que se han tomado, ha interpuesto recursos a decisiones que se han tomado por parte de este servidor judicial, y en el desempeño de su rol como interviniente dentro del proceso penal hace aportes en las audiencias en la parte relativa o en las discusiones que se generan en las audiencias en la parte relativa a los hechos, en la parte jurídica, y considero que un servidor igualmente muy bueno en el desempeño de sus funciones […]»(sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (ff. 328 y 329 del cuaderno de pruebas).
A su turno, la señora María Lili Naranjo Patiño, fiscal segunda especializada quien depuso: […] Si (sic) conozco a la dra. Ruth Marlene verdaderamente no recuerdo cuándo la conocí, creo si no estoy equivocada fue en el año 2007 o 2006, la conocí como procuradora judicial intervinimos en varios procesos que se surtieron con ocasión de la Ley 906 sistema penal oral acusatorio, como funcionaria la verdad excelente, dentro del sistema penal oral demostró una capacidad intelectual para intervenir en las audiencias de juicio oral, en ocasiones no coincidimos en nuestros criterios para solicitar o hacer peticiones al señor Juez de conocimiento, respetándole siempre sus argumentaciones por tener un contenido y un fundamento jurídico que hacía viable procedente (sic) su análisis por parte del Juez. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez y si nos puede describir sus comportamiento jurídicos en los procesos donde ha intervenido siendo usted fiscal. CONTESTÓ: Si (sic) conozco al dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, creo que lo conocí a mediados del 2010, no recuerdo tampoco la fecha, lo conocí como Procurador 40 Judicial que reemplazó a la Dra. Ruth Marlene, he (sic) actuado siendo Procurador Judicial ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado en unas tres o cuatro ocasiones considero que el dr. tiene bagaje jurídico en mi percepción personal, hemos tenido discusiones antagónicas, que como funcionaria respeto y en su comportamiento jurídico no tengo nada más que decir […](sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (f. 330 del cuaderno de pruebas).
De igual forma, el testigo Oscar Manrique Buitrago en su calidad de fiscal quinto seccional, afirmó que la aquí demandante era una persona con amplios conocimientos jurídicos, respetuosa del ordenamiento jurídico y competente para el desempeño del cargo como procuradora, además sostuvo que conocía al señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez el cual la reemplazó y que igualmente era competente para el desarrollo del cargo y las actividades que le corresponde (f. 331 del cuaderno de pruebas).
Carlos Alberto Arturo Martínez, directivo de un medio local el cual refirió que en un restaurante de la ciudad de Armenia se reunieron él y la señora Ruth Marlene con el entonces senador Ricardo Arias Mora, con el fin de informarle su destitución como procuradora, su trayectoria y buen desempeño en el cargo durante varios años y de solicitarle una cita con procurador general, a la cual el senador accedió.
Al ser indagado si el senador les manifestó los motivos de la salida del cargo de la señora Ruth Marlene y el nombramiento de su reemplazo, contestó […] El senador manifestó conocer al doctor que iba a reemplazar en el cargo a la doctora igual manifestó que era un muy buen hombre y que había desempeñado un papel muy destacado en este país siendo fiscal y además creo recordar que manifestó que dentro de las atribuciones que tenía el Procurador para ejercer estos cambios estaba intentando como recompensarle al doctor quien había sido fiscal en este cargo dándole la oportunidad de estar cerca de su familia y de ejercer un cargo que tiene bastante dignidad. PREGUNTADO: ¿De esa conversación y de lo que usted conoce a qué podemos atribuir la desvinculación de la dra. Ruth Marlene Sánchez Vela de la Procuraduría? CONTESTÓ: Bueno primero quiero dejar presente que hace más de un año fue esa reunión y que es difícil recordar textualmente lo que se manifestó en ella, entonces aclarada esa situación quiero comentarles que la reunión fue muy corta que lo que recuerdo en la percepción (sic) es que el procurador conocía a quien trasladó y reemplazó en el cargo a la dra. Ruth Marlene que también sabía de sus bondades profesionales y que quería compensarle el ejercicio de lo que le había aportado a nuestra Nación dándole la posibilidad de que laborara en la región donde había nacido, donde estaba su familia, también recuerdo que la dra. Marlene le hizo hincapié que esa no era una ventaja que ella poseía y que había ejercido su profesión en muchos sitios de Colombia y que sentía que ese no era un muy buen argumento a considerar, por lo menos justo, también me quedó la percepción en esa reunión que el senador conocía a quien iba a reemplazar a la dra. Ruth Marlene (…) PREGUNTADO: En respuesta anterior manifiesta usted con (sic) haberse conversado sobre las razones del nombramiento del reemplazo de la dra. Ruth Marlene, las mismas provinieron en algún momento de una fuente oficial de la Procuraduría General de la Nación? CONTESTÓ: No, quiero aclarar a todos los presentes que lo que yo conozco de este caso proviene de dos fuentes, primero de los comentarios que le escuché varias veces y casi siempre en eventos sociales a la dra. Ruth Marlene Sánchez y segundo de la conversación informal que tuvimos en el Hotel Armenia en la ocasión que nos reunimos con el senador Ricardo Arias Mora, en ese entonces, es decir que nunca he conocido información de fuentes oficiales de la procuraduría (ff. 332 a 334 del cuaderno de pruebas).
A su vez, el señor William López Giraldo quien para la época de los hechos se desempeñaba como juez penal del circuito especializado, depuso que tanto la señora Ruth Marlene como su reemplazo, Manuel Guillermo, en el desempeño de su cargo habían demostrado ser personas estudiosas, responsables y muy dedicados al trabajo que debían realizar (f. 335 del cuaderno de pruebas).
Finalmente, el señor William Millán Monsalve presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, quien señaló que la ex procuradora judicial demandante era afiliada a dicho sindicato y que, con ocasión de su desvinculación, efectuaron reclamaciones ante el procurador general de la Nación tanto escritas como verbales, en las cuales solicitaban reconsiderar la decisión, en consideración a que era una excelente funcionaria y además estaba próxima a adquirir el estatus de pensionada, pero la respuesta fue negativa (f. 359 vto., del cuaderno de pruebas).
Análisis de la sala
Del material probatorio allegado, para la Subsección no queda duda de las condiciones académicas y profesionales de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela, sin embargo, al encontrarse desempeñando un cargo considerado de libre nombramiento y remoción conforme la norma citada anteriormente, hacia procedente que el nominador válidamente la retirara del servicio, en ejercicio de la facultad discrecional, sin necesidad de adelantar procedimiento previo para la expedición del acto o motivar su contenido.
Así mismo, como se indicó en precedencia la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida dentro de los parámetros de la razonabilidad y proporcional a los hechos que le sirven de fundamento, acto administrativo que tiene presunción de que fue expedido con fundamento en supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos y en aras del buen servicio público, presunción legal susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional.
Ahora, la parte demandante afirma que el acto administrativo enjuiciado a través del cual fue retirada del servicio, fue expedido con desviación de poder, ello en razón a que se designó en su reemplazo a un funcionario que en su sentir, no tiene el nivel de su preparación académica y mucho menos su experiencia laboral y profesional, además adujo que estas calidades que posee no fueron valoradas por el procurador general al momento de desvincularla de la entidad, circunstancia que se traduce en un desmejoramiento del servicio.
Pues bien, esta Sala de Decisión encuentra que al realizar un análisis en conjunto de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario, no es posible concluir que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento obedeció a fines distintos al mejoramiento del servicio. En efecto, del examen de los documentos no se desprende lo afirmado en la demanda, en el sentido de que el nominador pretendió satisfacer intereses diferentes al buen servicio con el retiro de la demandante, aspecto que debió ser probado por parte de la parte actora en razón al mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, según el cual « […] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
Dicha situación, tampoco se evidencia de los testimonios practicados, pues todos son claros en señalar que la aquí accionante tuvo un buen desempeño en las labores a ella encomendadas en el desarrollo de su función como procuradora judicial en Armenia, Quindío, no obstante ello, todos son también coincidentes en afirmar que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, funcionario que la reemplazó, lleva a cabo una muy buena labor como agente del Ministerio Público en dicha entidad.
En ningún momento los testigos señalan que se desmejoró el servicio como consecuencia de su nombramiento, es más, los deponentes sostuvieron que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez es una persona competente para el desarrollo del cargo y desarrolla con responsabilidad y criterio jurídico las actividades que le corresponden como procurador judicial II penal.
En lo que atañe a lo dicho por Carlos Alberto Arturo Martínez en cuanto afirmó que se reunieron con un senador para buscar una cita con el procurador general y que les manifestó que el traslado se había dado para ayudar al señor Manuel Guillermo a que estuviera cerca de su familia, se tiene que el deponente aseguró que todo fue de oídas y que tal comentario no provino de ningún miembro de la Procuraduría General de la Nación quien efectuó dicha afirmación, empero en gracia de discusión, la misma, no desvirtúa la presunción de legalidad de mejoramiento del servicio, pues como se demostró, el reemplazo de la demandante ejerce su labor en iguales condiciones que la funcionaria saliente, además de cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, aspecto que se estudiará más adelante.
De las declaraciones recibidas tampoco se concluye que el acto de insubsistencia hubiera sido expedido con un fin torcido, además, no puede dejarse de lado que la especial confianza del nominador en el servidor de libre nombramiento y remoción es lo que justifica, en gran medida, su permanencia en el mismo y que es precisamente lo que habilita para que disponga su retiro de manera discrecional.
En esa medida, no es una exigencia que quien ocupa el cargo en reemplazo de la señora Sánchez Vela, deba tener más estudios y mejor experiencia profesional, como se ha asegurado en el desarrollo del proceso, solo se requiere que cumpla con los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para el desempeño del cargo, los cuales son verificables por la Subsección en este caso.
En efecto, se observa que de conformidad con la Resolución 450 de 2000, modificada por la Resolución 208 de 2009 «Manual de Funciones de la Procuraduría General de la Nación» vigente para la época de los hechos, los requisitos para desempeñar el cargo de procurador judicial II ante la justicia penal, además de ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y no tener inhabilidades o incompatibilidades, eran tener el título de abogado y experiencia profesional no inferior a 8 años, la cual el señor Manual Guillermo supera ampliamente, como quiera que obtuvo el título de abogado el 10 de septiembre de 1992, es especialista en derecho constitucional, así como en derecho penal y criminología y, respecto a su experiencia, laboró en la Fiscalía General de la Nación desempeñando varios cargos, desde el 25 de noviembre de 1992 hasta el 11 de febrero de 2010.
En consecuencia, se concluye que con la salida de la demandante no se desmejoró el servicio, pues su reemplazo además de cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo de procurador judicial II, ejerce su labor de forma competente y responsable.
En lo que respecta a lo alegado por el accionante referente a que la facultad discrecional no es absoluta y que el acto que declaró la insubsistencia debió ser motivado so pena de vulnerar el debido proceso, la Subsección debe precisar que, de acuerdo con lo explicado en precedencia en esta providencia, quien es escogido para proveer un empleo de libre nombramiento y remoción lo es en consideración a la confianza con respecto al nominador, razón que también permite a este, disponer libremente sobre el retiro, sin que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público.
Finalmente, respecto de la manifestación realizada por la demandante en el sentido de que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida, a pesar de que fue un argumento expuesto hasta el recurso de alzada, se observa que tal y como lo ha sostenido la Corporación dicha omisión no constituye elemento de validez del acto ni requisito para su conformación ni presupuesto para su eficacia, por lo que no puede generar la nulidad del acto sino, a lo sumo, podría llegar a constituir falta disciplinaria para el funcionario que no dio cumplimiento a dicho debe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C. ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho. SE. 031
Radicado: 630012331000201000192 01 (2743-2016)
Actor: Ruth Marlene Sánchez Vela
Demandado: Nación Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho– Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Quindío, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso iniciado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela contra la Procuraduría General de la Nación.
LA DEMANDA
Pretensiones
Declarar la nulidad del Decreto 063 del 21 de enero de 2010, por medio del cual el procurador general de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela como procuradora judicial II, código 3PJ, grado EC, en la Procuraduría 40 Judicial II Penal de Armenia, Quindío.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reintegrar a la señora a Sánchez Vela al cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior categoría y remuneración, con la inclusión de la totalidad de los salarios desde el 5 de febrero de 2010 hasta el día que sea reintegrada.
Ordenar el pago de todas las prestaciones sociales generadas mientras la demandante haya permanecido separada del servicio, tales como vacaciones, primas vacacionales, prima de navidad, subsidios, auxilios, sobresueldos por antigüedad, otras primas, bonificaciones, aumentos de sueldo.
Computar como efectivamente trabajado y sin solución de continuidad, todo el tiempo durante el cual la accionante permanezca cesante, para efectos de todas las prestaciones sociales y demás efectos legales.
Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.
Fundamentos fácticos
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
La señora Ruth Marlene Sánchez Vela estuvo vinculada a la Procuraduría General de la Nación entre el 6 de junio de 1990 hasta el 4 de febrero de 2010, desempeñando varios cargos en la entidad, siendo el último el de procuradora judicial II, código 3PJ-EC en la Procuraduría 40 Judicial II Penal de Armenia.
2. El procurador general de la Nación a través del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 declaró insubsistente a la demandante, acto administrativo que fue notificado el 4 de febrero de la misma anualidad.
3. Contra la anterior decisión, la señora Sánchez Vela interpuso recurso de reposición el cual fue rechazado por improcedente mediante Resolución 063 del 24 de febrero de 2010.
4. La demandante cuenta con numerosos estudios, cursos y 4 publicaciones, además obtuvo cuantiosas distinciones por la labor desempeñada en la entidad demandada.
6. El día 28 de abril de 2011 se radicó petición de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Administrativo del Quindío, la cual fue celebrada el día 26 de julio de la citada anualidad, por lo que al interponerse la presente acción se encontraba dentro del término previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 25, 29, 83, 209, 278 y concordantes de la Constitución Política, así como los artículos 2, 36, 43, 47, 84, 131, 134, 139, 176 y 177 del CCA, artículos 2 y 3 de la Ley 52 de 1982. El Decreto 262 de 2000, la Ley 797 de 2003 y la sentencia C-1037 de 2003.
Como concepto de violación expuso que el acto acusado está afectado por las siguientes causales de nulidad:
Desviación de poder:
Al respecto indicó que fue retirada del servicio para designar en su reemplazo a una persona que no posee el nivel de preparación académico, ni la experiencia profesional y laboral que posee. Actuación con la que no se buscó y tampoco se produjo el mejoramiento del servicio en el órgano de control mencionado, que hace parte de los fines del Estado y de la función administrativa, incurriéndose por tanto en el defecto mencionado del acto administrativo demandado.
Expuso además que la conducta irregular del procurador hizo nugatorio su derecho al trabajo, puesto que abusando de sus funciones de nominador y cediendo a presiones políticas, ordenó su retiro y nombró en su reemplazo a una persona menos capacitada y con menos experiencia que ella, contrariando deliberadamente el principio del buen servicio, dado que no existió ningún motivo para tal decisión y con su relevo, se desmejoró ostensiblemente el mismo.
Sostuvo que la entidad demandada actuó en contra de la jurisprudencia de esta Corporación e incurrió en desviación de poder, como quiera que la aquí demandante cuenta con la formación profesional y experiencia requeridas para desempeñar las funciones asignadas al cargo de procuradora judicial II que desempeñaba antes de ser declarada insubsistente, gestión varias veces reconocida por sus superiores mediante los diferentes ascensos y distinciones que le fueron otorgados durante su trabajo en la entidad. Sin embargo, contrariando el concepto del buen servicio público, fue removida de su empleo para ser reemplazada por un profesional que carece de la experiencia profesional mínima indispensable para atender las funciones asignadas al cargo.
Finalmente, señaló que se hizo uso de la potestad nominadora para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante, por lo que el señor procurador general al expedir el retiro de la demandante, incumplió los deberes de su cargo. A su juicio tal conducta constituye una falta disciplinaria que amerita ser investigada y sancionada conforme lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
• El apoderado de la Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones del escrito introductor y procedió a exponer los siguientes razonamientos:
Frente a los hechos señaló que debían ser probados, asimismo, resaltó que los ascensos a los que hacía alusión la demandante no se presentaron, como quiera que los empleos de libre nombramiento y remoción no eran susceptibles de ese tipo de medidas, por lo que es válido decir que ocupó varios cargos en virtud de la facultad discrecional otorgada al procurador general. Agregó que los actos expedidos con ocasión de la facultad discrecional no eran susceptibles de motivación.
Trajo a colación los artículos 278 de la Constitución Política y 158 y 182 de la Ley 262 de 2000, para concluir que el cargo de procurador judicial es de libre nombramiento y remoción, por lo que el procurador general de la Nación puede acudir a la facultad discrecional para remover a un servidor que ocupe esta categoría de empleos. En este contexto, ha de entenderse que dicha potestad no se funda en un asunto caprichoso, sino que está basada en la permisividad expresa que otorga la Constitución y la ley que define la estructura del ente de control y, en este sentido, la insubsistencia de la demandante se efectuó en virtud de dicha normativa.
Resaltó que la facultad discrecional que se ha conferido al nominador para nombrar y remover a los funcionarios que ocupen un cargo de procurador judicial, ha sido otorgada para que se utilice por necesidades del servicio, así como también para que se puedan llevar avante los objetivos de la entidad, en concordancia con las políticas y orientaciones que fije para el cumplimiento de las funciones propias y del ente que representa. De esta forma, la facultad discrecional debe ejercerse para garantizar la eficacia, la celeridad y el efectivo cumplimiento de los fines del Estado, motivo por el cual se reviste al nominador de la facultad para designar, concretamente en los cargos de libre nombramiento y remoción, a personas que aparte de reunir los requisitos exigidos por la ley, sean eficientes, eficaces e íntegros, así como confiables y se adapten a la estructura de la entidad y a las políticas fijadas para cumplir con los objetivos señalados por la Constitución, la ley y el mismo procurador general de la Nación.
Es entonces por tal razón que puede decirse que para ocupar un empleo de libre nombramiento y remoción no es suficiente un factor único, sino que por el contrario, debe cumplirse con un conjunto de requisitos, donde confluyan la confianza, la acreditación de requisitos mínimos, la disponibilidad y la acuciosidad para cumplir con todas y cada una de las funciones.
De igual manera, señaló que el acto administrativo demandado no requería de motivación, como quiera que la facultad discrecional no debe ser sustentada por cuanto está provista de presunciones legales, en este sentido aclaró, que la insubsistencia de la señora Sánchez Vela no atendió a cuestiones diferentes a las previstas por la ley. Además, es claro que el ingreso de la demandante a la entidad se presentó mediante nombramiento de carácter ordinario para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, motivo por el cual no se encuentra amparada por ningún elemento propio de la carrera administrativa.
Por otra parte, resaltó que este tipo de decisiones están fundadas en la presunción de legalidad y en la prestación del buen servicio, por lo que la carga de la prueba para desvirtuarlas radica en el demandante, quien no allegó ni solicitó prueba alguna que permita acreditar los hechos expuestos en el escrito inductor.
Respecto al argumento referido en la demanda de que la servidora cumplió a cabalidad las funciones, ello no es un elemento que deba considerarse plausible, toda vez que cualquier funcionario o servidor público tiene el deber moral y legal de actuar de conformidad con el ordenamiento y ejercer correctamente las competencias a él asignadas, por lo que el cargo efectuado en el libelo introductor en cuanto a que tiene más experiencia y estudios que su reemplazo, no es un elemento trascendental para decretar la insubsistencia.
Por otra parte expuso que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, quien ocupó la plaza de la demandante, posee las condiciones suficientes para fungir como procurador judicial, además que cuenta con la experiencia propia de la especialidad por más de 18 años.
Desvirtuó el cargo de desviación de poder afirmando que no existió desmejoramiento del servicio y que lo único que debe verificarse en estos casos, es que el reemplazo del funcionario saliente cumpla los requisitos propios del empleo.
Propuso la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de agotamiento del trámite de conciliación como requisito de procedibilidad». Afirmó que casi la totalidad los hechos, los fundamentos de derecho y las pruebas que se plantearon en el escrito de la demanda, se omitieron esbozar en la solicitud de conciliación prejudicial, motivo por el cual no puede ahora aceptarse toda la argumentación sobre la cual la entidad no tuvo oportunidad de pronunciarse en la conciliación.
• Por su parte, Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción y solicitó que sean denegadas las pretensiones acorde con lo siguiente:
Inicialmente, manifestó que el cargo desempeñado por la parte actora es de libre nombramiento y remoción el cual puede ser provisto de manera discrecional por el nominador. Aunado a lo anterior adujo que no puede pretenderse que el hecho de haber desempeñado una buena labor otorgue una prerrogativa de permanencia en el empleo, pues ello iría en contra de lo que ha dispuesto la ley y la jurisprudencia respecto al tema.
En este este sentido, señaló que el acto proveniente de dicha facultad no necesita motivación, pues de aceptarse la tesis de la demandante, el cargo se convertiría en uno de carrera, dado que al tener el servidor público buena hoja de vida y desempeño, se haría imposible removerlo del cargo, interpretación que riñe con los preceptos constitucionales que regulan la materia.
Arguyó que no es cierto que la demandante tenga mejor hoja de vida que la suya, como quiera que el desempeño del cargo de procurador judicial penal exige conocimientos en materia de derechos humanos y derecho penal, cualidades que cumple ampliamente, como quiera que cuenta con las especialidades y experiencia amplia en el tema. Agregó que resulta un desatino la afirmación de que fue nombrado por afinidades políticas, cuando toda su vida se dedicó a laborar en la Fiscalía General de la Nación.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
• Ruth Marlene Sánchez Vela
La accionante centró sus alegatos en reiterar que debe ser reintegrada al cargo toda vez que no hubo justificación alguna para que el procurador general la declarara insubsistente, circunstancia que se probó con las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario. Agregó que al examinarse con justicia y detenimiento su hoja de vida se observa la preparación intelectual y experiencia con la que cuenta, aunado a la ausencia de sanciones disciplinarias, de ahí que se pueda predicar que en el acto enjuiciado operó una verdadera desviación de poder.
Por otra parte, hizo énfasis en la vulneración de las normas constitucionales y legales que se presentaron al no motivarse el acto administrativo que la desvinculó del servicio, siguiendo esta línea argumentativa afirmó que el acto de remoción sin la más mínima justificación a favor del buen servicio, convierte el acto enjuiciado en arbitrario, por lo que es procedente la nulidad impetrada. Para apoyar su argumento citó apartes jurisprudenciales de sentencias proferidas por la Corte Constitucional en las cuales se analiza el deber de motivación de los actos administrativos.
• Procuraduría General de la Nación.
La entidad accionada ratificó todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió en que en el expediente no existen pruebas conducentes que puedan desvirtuar la legalidad del acto administrativo enjuiciado, lo cual se traduce en la falla de la carga de la prueba que le corresponde a la demandante, sin lograr demostrar el desmejoramiento del servicio alegado.
En relación con las pruebas testimoniales y documentales practicadas al interior del proceso, indicó que las mismas persiguieron únicamente demostrar la idoneidad y el cabal cumplimiento de los deberes que la demandante cumplía como servidora, pero sin que se lograse acreditar que su retiro implicó de manera alguna la desmejora en el servicio.
El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia proferida el 29 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Quindío, declaró impróspera la excepción de «ineptitud de la demanda por falta de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad» y denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en el siguiente razonamiento:
En lo que respecta al citado medio exceptivo, señaló que al analizar el texto del libelo introductor y el escrito de la conciliación extrajudicial, se advertía que ambos son congruentes en cuanto a su objeto, es decir, sobre el aspecto central o principal de la controversia, la cual busca obtener la revocatoria o nulidad del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 y el consecuente reintegro al cargo que venía desempeñado o a uno de igual o mayor categoría, por lo que el a quo declaró no probada la excepción incoada.
En lo atinente al fondo del asunto, una vez analizó la naturaleza del cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto 202 de 2000 concluyó que el empleo de procurador judicial II que desempeñaba la demandante, era de libre nombramiento y remoción, hasta antes de la expedición de la sentencia C-101 de 2013, providencia cuyos efectos no pueden afectar situaciones consolidadas. En consecuencia, afirmó que la declaratoria de insubsistencia obedece al ejercicio de la facultad discrecional del nominador.
Así mismo, aseveró que aunque los actos discrecionales no exigen motivación, ello no implica que se pueda ejercer tal facultad en forma arbitraria, pues en todo caso debe obedecer a las finalidades inherentes a la función pública, implícitas en la norma que autoriza la facultad discrecional, pues en caso contrario se incurriría en desviación del poder.
Igualmente, en cuanto al cargo de desviación de poder, el Tribunal efectuó el análisis probatorio de la hoja de vida del señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez quien reemplazó a la demandante en el cargo de procurador y consideró que el servicio no había sufrido desmejora, toda vez que se acreditó que el mismo reunía las calidades necesarias para el ejercicio del empleo para el que fue nombrado, sin que aquello implique demeritar la capacitación y experiencia de la señora Sánchez Vela.
Consideró que la citada situación no era suficiente para predicar que el acto enjuiciado se expidió con una finalidad distinta al buen funcionamiento de la administración y el interés general.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó en lo siguiente:
En primer lugar, advirtió que en la providencia recurrida no se realizó un estudio de todo el acervo probatorio allegado al plenario, pues no hubo pronunciamiento respecto de los testimonios practicados y solo se evidencia la comparación de las hojas de vida de la demandante y de la persona que la reemplazó, pero no se tiene en cuenta que la señora Ruth Marlene tiene 19 años de servicio que se traducen en una gran experiencia, la cual debe tener prevalencia al momento de tomar una decisión de la continuidad o no de un servidor público en el cargo.
De igual manera, afirmó que ninguna causa justificativa a favor del buen servicio público operó en la declaratoria de insubsistencia de la demandante, pues tanto la prueba documental como testimonial demostraron que su cargo lo ejerció con honestidad, capacidad, estudio y consagración en la labor que le fue encomendada durante todo su desempeño laboral. En este escenario, se tiene que la ausencia de sanciones disciplinarias, la experiencia, las obras escritas, los diferentes cargos y su capacidad intelectual, dan al traste con su remoción injustificada, de allí que se pueda aseverar que en el acto administrativo demandado operó una verdadera desviación de poder. Calificó el retiro de la señora Ruth Marlene como injustificado por la experiencia, toda vez que su reemplazo no tiene una hoja de vida siquiera parecida, lo que configura una flagrante desviación de poder.
Continuó su intervención afirmando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional es clara, consistente, uniforme y reiterada sobre el deber de motivar los actos administrativos y que, si bien es cierto, la facultad discrecional es una excepción a la regla general, la misma no puede ser arbitraria o caprichosa y en ningún momento libera al funcionario del deber de obrar conforme a los principios constitucionales y legales que rigen la función administrativa. Agregó que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida para cumplir con los fines estatales.
Finalmente, arguyó que los límites establecidos a las facultades discrecionales están dados por el hecho de que la medida debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa y adicionalmente, ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta cierta y concurrente al acto que origina el despido, sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad proceda a motivar directamente el acto administrativo, lo cual sería una muestra del apego a los lineamientos de la Constitución.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
• La Procuraduría General de la Nación ratificó todos y cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Insistió en que el retiro del servicio de los empleados de libre nombramiento y remoción no deben motivarse y que no se desmejoró el servicio, como quiera que el reemplazo de la demandante en el cargo de procurador judicial, cumple con todos los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para ejercer la labor que le fue encomendada.
• El Ministerio Público a través de la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado, luego de efectuar un resumen de lo discurrido en el proceso, citó los artículos 278 Superior y 7 y 182 del Decreto 262 de 2000, para señalar que no fue probada la desviación de las finalidades respecto a la función administrativa, pues quien sucedió en el cargo a la accionante ejerció debidamente y no basta con la mera afirmación, pues se debe demostrar que hubo elementos extraños que torcieron la finalidad de la facultad discrecional y la función pública encomendada, debido a que los testimonios rendidos dieron cuenta del buen desempeño laboral de la accionante, pero de manera alguna de hechos tendientes a esquivar el mejoramiento del servicio, situación que permite solicitar que se confirme el fallo recurrido.
La señora Ruth Marlene Sánchez Vela no se pronunció en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Sea lo primero precisar, que de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
Problema jurídico
1. ¿El material probatorio aportado al expediente demuestra que el Decreto 063 del 21 de enero de 2010 por el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, tuvo como fin el desmejoramiento del servicio?
De la naturaleza del cargo del actor
El Decreto 262 de 2000, modificó la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación. El artículo 182 ibidem, clasificó los cargos de la entidad así: i) de carrera administrativa; ii) de libre nombramiento y remoción y iii) de período fijo. La misma norma estableció que los procuradores judiciales, por ser empleados de confianza del procurador general de la Nación, hacían parte del segundo grupo de funcionarios, bajo el siguiente tenor literal:
« […]
ARTICULO 182. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de provisión, se clasifican así:
1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
(...)
• Procurador Judicial […]». (Resaltado de la Sala).
Bajo los parámetros expuestos, es claro que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela al ser designada como procuradora 40 judicial II penal de Armenia, código 3PJ, grado EC, era una empleada de libre nombramiento y remoción. En esa medida, su vinculación, permanencia y desvinculación del servicio, depende de la voluntad del nominador, quien en ejercicio de la facultad discrecional que le atañe, puede decidir al respecto.
En este punto debe precisarse que la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 28 de febrero de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión «Procurador Judicial» contenida en el artículo 182 citado, puesto que, en su criterio, estos son cargos que deben ser provistos a través de un concurso público de méritos por ser empleos de carrera administrativa.
Pese a lo anterior, la sentencia fue emitida con posterioridad a la expedición del Decreto 063 del 21 de enero de 2010 que declaró insubsistente a la accionante lo que implica que no puede ser aplicada en el sub examine, en consideración a que dichas decisiones tiene efectos hacia el futuro, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 según el cual «[…] Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr008.html" \l "241" \t "_blank" 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario […]».
Límites constitucionales y legales para el ejercicio de la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción
La existencia de cargos de libre nombramiento y remoción en la administración pública se ha justificado en la necesidad de admitir el ejercicio de la discrecionalidad en la facultad nominadora como una atribución que reside en ciertos funcionarios para conformar su equipo de trabajo con personal de la más alta confianza, con miras al mejoramiento del servicio. Tal potestad, se traduce en la libre escogencia de sus inmediatos colaboradores, máxime si se trata de seleccionar a aquellos que demandan una mayor confidencialidad y cercanía con las políticas a implementarse por parte del administrador de turno.
Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera según el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.
En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos, ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza.
Por ende, resulta razonable que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.
Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargos lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan a adoptar una u otra decisión, empero, la remoción debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, se han identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza y, c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Por su parte, el artículo 36 del CCA señala: «En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa», contenido normativo que supone la existencia de una razón o medida entre el fundamento de hecho y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la «razonabilidad».
Caso concreto
En el plenario se aportaron los siguientes medios de prueba relevantes a efectos de resolver el problema jurídico planteado:
Documentales
• La señora Ruth Marlene Sánchez Vela se desempeñó en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, desde el 07 de julio de 2003 hasta el 4 de febrero de 2010.
• Mediante Decreto 063 del 21 de enero de 2010 se declaró insubsistente el nombramiento de la demandante en el empleo mencionado, decisión que fue notificada personalmente el 04 de febrero de 2011.
El jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación certificó que la señora Ruth Marlene Sánchez Vela laboró en la entidad desde el 6 de junio de 1990 y el último cargo que desempeñó fue el de procuradora 40 judicial II penal de Armenia hasta el 4 de febrero de 2010.
• Documentos de la hoja de vida de Ruth Marlene Sánchez Vela, así como certificaciones expedidas por fiscales y jueces penales de armenia que dan cuenta de su buen desempeño en su función de procuradora judicial II penal de Armenia .
• Documentos contentivos de la hoja de vida del señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, remitidos por la Procuraduría General de la Nación.
• Estadísticas presentadas a la Procuraduría General de la Nación por parte de la señora Sánchez Vela en virtud de su desempeño como procuradora judicial II penal.
Testimoniales
Así mismo, se practicaron los siguientes testimonios, los cuales, según lo afirmado por la parte demandante en el recurso de alzada, no fueron analizados por el juez a quo y demuestran la desviación de poder en el acto administrativo enjuiciado, veamos:
• Edgar Alfonso Sáenz en su calidad de juez penal del circuito de conocimiento de armenia manifestó que: la señora Ruth Marlene como representante del Ministerio Público intervenía en toda clase de audiencias, de toda clase de delitos, participaba como interviniente de la actuación, pues no intervenía en todas las audiencias porque ellos tienen una facultad discrecional y adicionalmente ejercen el cargo en otros despachos como en el Juzgado Especializado, ante el Tribunal y las indagaciones y diligencias que se realizan en la etapa de indagación, no está en todas pero participa como principal es ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento. PREGUNTADO: ¿Cómo puede calificar el cumplimiento de las funciones de la Dra. Ruth Marlene Sánchez Vela en cuanto a la puntualidad, sus intervenciones y la calidad de las mismas? CONTESTÓ: La verdad me parece complejo calificar un interviniente dentro del proceso penal porque el sistema está diseñado para una discusión de partes y ese es el eje central de la discusión del proceso penal, y el Ministerio Público está en representación a veces de parte de la defensa y otras de parte de la Fiscalía, y uno desde el punto de vista del rol como juez la discusión central la genera la Fiscalía y la Defensa, el Ministerio Público comparte el de una de esas partes, pero independientemente ella fue una persona muy cumplida, con muy buen desempeño (sic) con aportes significativos en la parte fáctica, jurídica para cumplir los fines del proceso penal. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gutiérrez, si como funcionario de la Procuraduría interviene en los juicios que se han adelantado en sus despachos (sic) si interpone recursos y cómo ha considerado el servicio del Ministerio Público a través del Dr. Manuel Guillermo? CONTESTÓ: Si (sic) lo conozco al Dr. Manuel Guillermo es la persona que sustituyó en el cargo a la dra. Ruth Marlene Sánchez Vela, es el representante del Ministerio Público ante el despacho que dirijo, si (sic) participa en las diferentes audiencias que se realizan en el despacho, si (sic) ha discutido decisiones que se han tomado, ha interpuesto recursos a decisiones que se han tomado por parte de este servidor judicial, y en el desempeño de su rol como interviniente dentro del proceso penal hace aportes en las audiencias en la parte relativa o en las discusiones que se generan en las audiencias en la parte relativa a los hechos, en la parte jurídica, y considero que un servidor igualmente muy bueno en el desempeño de sus funciones […]»(sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (ff. 328 y 329 del cuaderno de pruebas).
A su turno, la señora María Lili Naranjo Patiño, fiscal segunda especializada quien depuso: […] Si (sic) conozco a la dra. Ruth Marlene verdaderamente no recuerdo cuándo la conocí, creo si no estoy equivocada fue en el año 2007 o 2006, la conocí como procuradora judicial intervinimos en varios procesos que se surtieron con ocasión de la Ley 906 sistema penal oral acusatorio, como funcionaria la verdad excelente, dentro del sistema penal oral demostró una capacidad intelectual para intervenir en las audiencias de juicio oral, en ocasiones no coincidimos en nuestros criterios para solicitar o hacer peticiones al señor Juez de conocimiento, respetándole siempre sus argumentaciones por tener un contenido y un fundamento jurídico que hacía viable procedente (sic) su análisis por parte del Juez. (…) PREGUNTÓ: Sírvase decirle al despacho si conoce al Dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez y si nos puede describir sus comportamiento jurídicos en los procesos donde ha intervenido siendo usted fiscal. CONTESTÓ: Si (sic) conozco al dr. Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, creo que lo conocí a mediados del 2010, no recuerdo tampoco la fecha, lo conocí como Procurador 40 Judicial que reemplazó a la Dra. Ruth Marlene, he (sic) actuado siendo Procurador Judicial ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado en unas tres o cuatro ocasiones considero que el dr. tiene bagaje jurídico en mi percepción personal, hemos tenido discusiones antagónicas, que como funcionaria respeto y en su comportamiento jurídico no tengo nada más que decir […](sic: las mayúsculas y ortografía se transcriben textualmente) (f. 330 del cuaderno de pruebas).
De igual forma, el testigo Oscar Manrique Buitrago en su calidad de fiscal quinto seccional, afirmó que la aquí demandante era una persona con amplios conocimientos jurídicos, respetuosa del ordenamiento jurídico y competente para el desempeño del cargo como procuradora, además sostuvo que conocía al señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez el cual la reemplazó y que igualmente era competente para el desarrollo del cargo y las actividades que le corresponde (f. 331 del cuaderno de pruebas).
Carlos Alberto Arturo Martínez, directivo de un medio local el cual refirió que en un restaurante de la ciudad de Armenia se reunieron él y la señora Ruth Marlene con el entonces senador Ricardo Arias Mora, con el fin de informarle su destitución como procuradora, su trayectoria y buen desempeño en el cargo durante varios años y de solicitarle una cita con procurador general, a la cual el senador accedió.
Al ser indagado si el senador les manifestó los motivos de la salida del cargo de la señora Ruth Marlene y el nombramiento de su reemplazo, contestó […] El senador manifestó conocer al doctor que iba a reemplazar en el cargo a la doctora igual manifestó que era un muy buen hombre y que había desempeñado un papel muy destacado en este país siendo fiscal y además creo recordar que manifestó que dentro de las atribuciones que tenía el Procurador para ejercer estos cambios estaba intentando como recompensarle al doctor quien había sido fiscal en este cargo dándole la oportunidad de estar cerca de su familia y de ejercer un cargo que tiene bastante dignidad. PREGUNTADO: ¿De esa conversación y de lo que usted conoce a qué podemos atribuir la desvinculación de la dra. Ruth Marlene Sánchez Vela de la Procuraduría? CONTESTÓ: Bueno primero quiero dejar presente que hace más de un año fue esa reunión y que es difícil recordar textualmente lo que se manifestó en ella, entonces aclarada esa situación quiero comentarles que la reunión fue muy corta que lo que recuerdo en la percepción (sic) es que el procurador conocía a quien trasladó y reemplazó en el cargo a la dra. Ruth Marlene que también sabía de sus bondades profesionales y que quería compensarle el ejercicio de lo que le había aportado a nuestra Nación dándole la posibilidad de que laborara en la región donde había nacido, donde estaba su familia, también recuerdo que la dra. Marlene le hizo hincapié que esa no era una ventaja que ella poseía y que había ejercido su profesión en muchos sitios de Colombia y que sentía que ese no era un muy buen argumento a considerar, por lo menos justo, también me quedó la percepción en esa reunión que el senador conocía a quien iba a reemplazar a la dra. Ruth Marlene (…) PREGUNTADO: En respuesta anterior manifiesta usted con (sic) haberse conversado sobre las razones del nombramiento del reemplazo de la dra. Ruth Marlene, las mismas provinieron en algún momento de una fuente oficial de la Procuraduría General de la Nación? CONTESTÓ: No, quiero aclarar a todos los presentes que lo que yo conozco de este caso proviene de dos fuentes, primero de los comentarios que le escuché varias veces y casi siempre en eventos sociales a la dra. Ruth Marlene Sánchez y segundo de la conversación informal que tuvimos en el Hotel Armenia en la ocasión que nos reunimos con el senador Ricardo Arias Mora, en ese entonces, es decir que nunca he conocido información de fuentes oficiales de la procuraduría (ff. 332 a 334 del cuaderno de pruebas).
A su vez, el señor William López Giraldo quien para la época de los hechos se desempeñaba como juez penal del circuito especializado, depuso que tanto la señora Ruth Marlene como su reemplazo, Manuel Guillermo, en el desempeño de su cargo habían demostrado ser personas estudiosas, responsables y muy dedicados al trabajo que debían realizar (f. 335 del cuaderno de pruebas).
Finalmente, el señor William Millán Monsalve presidente del sindicato nacional de trabajadores de la Procuraduría General de la Nación, quien señaló que la ex procuradora judicial demandante era afiliada a dicho sindicato y que, con ocasión de su desvinculación, efectuaron reclamaciones ante el procurador general de la Nación tanto escritas como verbales, en las cuales solicitaban reconsiderar la decisión, en consideración a que era una excelente funcionaria y además estaba próxima a adquirir el estatus de pensionada, pero la respuesta fue negativa (f. 359 vto., del cuaderno de pruebas).
Análisis de la sala
Del material probatorio allegado, para la Subsección no queda duda de las condiciones académicas y profesionales de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela, sin embargo, al encontrarse desempeñando un cargo considerado de libre nombramiento y remoción conforme la norma citada anteriormente, hacia procedente que el nominador válidamente la retirara del servicio, en ejercicio de la facultad discrecional, sin necesidad de adelantar procedimiento previo para la expedición del acto o motivar su contenido.
Así mismo, como se indicó en precedencia la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, debe ser ejercida dentro de los parámetros de la razonabilidad y proporcional a los hechos que le sirven de fundamento, acto administrativo que tiene presunción de que fue expedido con fundamento en supuestos de hechos reales, objetivos y ciertos y en aras del buen servicio público, presunción legal susceptible de ser desvirtuada en sede jurisdiccional.
Ahora, la parte demandante afirma que el acto administrativo enjuiciado a través del cual fue retirada del servicio, fue expedido con desviación de poder, ello en razón a que se designó en su reemplazo a un funcionario que en su sentir, no tiene el nivel de su preparación académica y mucho menos su experiencia laboral y profesional, además adujo que estas calidades que posee no fueron valoradas por el procurador general al momento de desvincularla de la entidad, circunstancia que se traduce en un desmejoramiento del servicio.
Pues bien, esta Sala de Decisión encuentra que al realizar un análisis en conjunto de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al plenario, no es posible concluir que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento obedeció a fines distintos al mejoramiento del servicio. En efecto, del examen de los documentos no se desprende lo afirmado en la demanda, en el sentido de que el nominador pretendió satisfacer intereses diferentes al buen servicio con el retiro de la demandante, aspecto que debió ser probado por parte de la parte actora en razón al mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, hoy 167 del Código General del Proceso, según el cual « […] Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».
Dicha situación, tampoco se evidencia de los testimonios practicados, pues todos son claros en señalar que la aquí accionante tuvo un buen desempeño en las labores a ella encomendadas en el desarrollo de su función como procuradora judicial en Armenia, Quindío, no obstante ello, todos son también coincidentes en afirmar que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez, funcionario que la reemplazó, lleva a cabo una muy buena labor como agente del Ministerio Público en dicha entidad.
En ningún momento los testigos señalan que se desmejoró el servicio como consecuencia de su nombramiento, es más, los deponentes sostuvieron que el señor Manuel Guillermo Gómez Gutiérrez es una persona competente para el desarrollo del cargo y desarrolla con responsabilidad y criterio jurídico las actividades que le corresponden como procurador judicial II penal.
En lo que atañe a lo dicho por Carlos Alberto Arturo Martínez en cuanto afirmó que se reunieron con un senador para buscar una cita con el procurador general y que les manifestó que el traslado se había dado para ayudar al señor Manuel Guillermo a que estuviera cerca de su familia, se tiene que el deponente aseguró que todo fue de oídas y que tal comentario no provino de ningún miembro de la Procuraduría General de la Nación quien efectuó dicha afirmación, empero en gracia de discusión, la misma, no desvirtúa la presunción de legalidad de mejoramiento del servicio, pues como se demostró, el reemplazo de la demandante ejerce su labor en iguales condiciones que la funcionaria saliente, además de cumplir con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, aspecto que se estudiará más adelante.
De las declaraciones recibidas tampoco se concluye que el acto de insubsistencia hubiera sido expedido con un fin torcido, además, no puede dejarse de lado que la especial confianza del nominador en el servidor de libre nombramiento y remoción es lo que justifica, en gran medida, su permanencia en el mismo y que es precisamente lo que habilita para que disponga su retiro de manera discrecional.
En esa medida, no es una exigencia que quien ocupa el cargo en reemplazo de la señora Sánchez Vela, deba tener más estudios y mejor experiencia profesional, como se ha asegurado en el desarrollo del proceso, solo se requiere que cumpla con los requisitos mínimos de experiencia y preparación académica para el desempeño del cargo, los cuales son verificables por la Subsección en este caso.
En efecto, se observa que de conformidad con la Resolución 450 de 2000, modificada por la Resolución 208 de 2009 «Manual de Funciones de la Procuraduría General de la Nación» vigente para la época de los hechos, los requisitos para desempeñar el cargo de procurador judicial II ante la justicia penal, además de ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y no tener inhabilidades o incompatibilidades, eran tener el título de abogado y experiencia profesional no inferior a 8 años, la cual el señor Manual Guillermo supera ampliamente, como quiera que obtuvo el título de abogado el 10 de septiembre de 1992, es especialista en derecho constitucional, así como en derecho penal y criminología y, respecto a su experiencia, laboró en la Fiscalía General de la Nación desempeñando varios cargos, desde el 25 de noviembre de 1992 hasta el 11 de febrero de 2010.
En consecuencia, se concluye que con la salida de la demandante no se desmejoró el servicio, pues su reemplazo además de cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para desempeñar el cargo de procurador judicial II, ejerce su labor de forma competente y responsable.
En lo que respecta a lo alegado por el accionante referente a que la facultad discrecional no es absoluta y que el acto que declaró la insubsistencia debió ser motivado so pena de vulnerar el debido proceso, la Subsección debe precisar que, de acuerdo con lo explicado en precedencia en esta providencia, quien es escogido para proveer un empleo de libre nombramiento y remoción lo es en consideración a la confianza con respecto al nominador, razón que también permite a este, disponer libremente sobre el retiro, sin que sea necesario u obligatorio expresar los motivos que lo llevan a adoptar tal decisión, en tanto se presume que es emitida en aras de mejorar el servicio público.
Finalmente, respecto de la manifestación realizada por la demandante en el sentido de que se debe dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, en tanto exige dejar constancia del hecho y de las causas que ocasionaron el retiro del servicio en la respectiva hoja de vida, a pesar de que fue un argumento expuesto hasta el recurso de alzada, se observa que tal y como lo ha sostenido la Corporación dicha omisión no constituye elemento de validez del acto ni requisito para su conformación ni presupuesto para su eficacia, por lo que no puede generar la nulidad del acto sino, a lo sumo, podría llegar a constituir falta disciplinaria para el funcionario que no dio cumplimiento a dicho deber.
De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:
La naturaleza del empleo ocupado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC es de libre nombramiento y remoción.
Las calidades profesionales y personales de la demandante no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.
Con la declaratoria de insubsistencia no se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se aportó prueba que diera cuenta de que la función no se hubiera seguido desarrollando de la misma forma.
No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a fines diferentes que al mejoramiento del servicio.
En conclusión:
El material probatorio aportado al expediente no demuestra que el Decreto 063 del 21 de enero de 2010, por medio de la cual el procurador general de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC estuvo inspirada en fines distintos al mejoramiento del servicio.
Adicionalmente, de los documentos allegados al expediente no se desprende que con la declaratoria de insubsistencia se desmejoró el servicio, dado que su reemplazo cumplía con los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se probó que la labor se hubiera dejado de desarrollar en las mismas condiciones en las que se venía haciendo.
Aceptación de impedimento:
Por considerar que se configura la causal prevista en la segunda parte del numeral 9.º del artículo 141 del CGP, se acepta el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Quindío que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Ruth Marlene Sánchez Vela contra la Procuraduría General de la Nación.
Reconocimiento de personería y renuncia
Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, el día 29 de abril de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en contra de la Procuraduría General de la Nación.
Segundo: Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.
Tercero: Aceptar el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
De acuerdo con lo expuesto, se verificaron los siguientes aspectos:
La naturaleza del empleo ocupado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC es de libre nombramiento y remoción.
Las calidades profesionales y personales de la demandante no le otorgaban fuero de estabilidad en el cargo.
Con la declaratoria de insubsistencia no se desmejoró el servicio, en razón a que su reemplazo cumplía los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se aportó prueba que diera cuenta de que la función no se hubiera seguido desarrollando de la misma forma.
No se demostró que la decisión de desvinculación obedeció a fines diferentes que al mejoramiento del servicio.
En conclusión:
El material probatorio aportado al expediente no demuestra que el Decreto 063 del 21 de enero de 2010, por medio de la cual el procurador general de la Nación declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en el cargo de procuradora 40 judicial II penal de Armenia, Código 3PJ, grado EC estuvo inspirada en fines distintos al mejoramiento del servicio.
Adicionalmente, de los documentos allegados al expediente no se desprende que con la declaratoria de insubsistencia se desmejoró el servicio, dado que su reemplazo cumplía con los requisitos y formación para el desempeño del cargo y no se probó que la labor se hubiera dejado de desarrollar en las mismas condiciones en las que se venía haciendo.
Aceptación de impedimento:
Por considerar que se configura la causal prevista en la segunda parte del numeral 9.º del artículo 141 del CGP, se acepta el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto la Subsección considera que se impone confirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Quindío que denegó las pretensiones de la demanda presentada por Ruth Marlene Sánchez Vela contra la Procuraduría General de la Nación.
Reconocimiento de personería y renuncia
Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, el día 29 de abril de 2016, que denegó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Ruth Marlene Sánchez Vela en contra de la Procuraduría General de la Nación.
Segundo: Reconocer personería a la abogada Gina María Sáenz Muñoz, identificada con cédula de ciudadanía 1.018.403.130 y tarjeta profesional 188.177 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Procuraduría General de la Nación, conforme el poder a ella conferido visible en el folio 407 del cuaderno principal. Así mismo, de conformidad con el artículo 76 del Código General del Proceso, se le acepta la renuncia al poder presentada obrante a folio 446 del expediente.
Tercero: Aceptar el impedimento presentado por el doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ff. 2 a 24 del cuaderno principal. Folios 157 a 185 del cuaderno principal. Folios 289 a 297 del cuaderno principal. Quien fue vinculado al proceso como tercero interviniente a través de providencia del 31 de enero de 2011 obrante a folio 285. Folios 347 a 352 ibidem. Al respecto, Sentencia SU-250 de 1998, C-371 de 1999 y C-734 de 2000. Folios 353 a 369 ibidem. Ver constancia obrante a folio 370 ibidem. Folios 373 a 383 ibidem. Folios 385 a 397 del cuaderno principal. Folios 410 a 436 ibidem. Folios 438 a 444 vto. ibidem. Ver constancia secretarial en el folio 445.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicación: 050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya. Sentencia T-372 de 2012. Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA. Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas. Folios 31 y 34 del cuaderno principal. Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas. Folios 83 a 146 del cuaderno principal. Folios 194 a 324 ibidem. Folios 75 a 327 del cuaderno de pruebas.
«PROCURADURÍA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN ASUNTOS PENALES. CODIGO (sic) Y GRADO: 3PJ-EC o 3PJ-EG (…) III. REQUISITOS: Los establecidos en la ley para los jueces y magistrados ante quienes actúan. » (Negrillas del texto). Folio 203 del cuaderno principal. Folios 302 y 303 ibidem. Folios 220 del cuaderno principal y 344 del cuaderno de pruebas. Ff. 2 a 24 del cuaderno principal. Folios 157 a 185 del cuaderno principal. Folios 289 a 297 del cuaderno principal. Quien fue vinculado al proceso como tercero interviniente a través de providencia del 31 de enero de 2011 obrante a folio 285. Folios 347 a 352 ibidem. Al respecto, Sentencia SU-250 de 1998, C-371 de 1999 y C-734 de 2000. Folios 353 a 369 ibidem. Ver constancia obrante a folio 370 ibidem. Folios 373 a 383 ibidem. Folios 385 a 397 del cuaderno principal. Folios 410 a 436 ibidem. Folios 438 a 444 vto. ibidem. Ver constancia secretarial en el folio 445.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Ver entre otros la providencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, radicación:
050012333000201200285 01 (3685-2013), Actor: Edgar Augusto Arias Bedoya. Sentencia T-372 de 2012. Contenido normativo que corresponde al artículo 44 del CPACA. Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas. Folios 31 y 34 del cuaderno principal. Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas. Folios 83 a 146 del cuaderno principal. Folios 194 a 324 ibidem. Folios 75 a 327 del cuaderno de pruebas.
«PROCURADURÍA DELEGADA PARA EL MINISTERIO PUBLICO (sic) EN ASUNTOS PENALES. CODIGO (sic) Y GRADO: 3PJ-EC o 3PJ-EG (…) III. REQUISITOS: Los establecidos en la ley para los jueces y magistrados ante quienes actúan. » (Negrillas del texto). Folio 203 del cuaderno principal. Folios 302 y 303 ibidem. Folios 220 del cuaderno principal y 344 del cuaderno de pruebas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 5 de octubre de 2017, radicación: 75001-23-31-000-2007-00336-01(2310-11), Actor: Esperanza Reyes Balcázar.
PAGE
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.