Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-31-000-2011-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Carrera administrativa: uso de las listas de elegibles
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-31-000-2011-00321-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-31-000-2011-00321-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
27 de junio de 2018
CARRERA ADMINISTRATIVA - Uso de las listas de elegibles / CARGOS NO OFERTADOS EN CONCURSO DE MERITOS – Pueden proveerse con lista de elegibles / CARGOS NO OFERTADOS - Presentan similitudes en su naturaleza, perfil y denominación / USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES Cargos no ofertados en concurso de méritos
[D]e acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la provisión de cargos que no fueron ofertados pero que presentan similitudes en su naturaleza, perfil y denominación, es viable siempre que así lo hayan previsto las normas que rijan la carrera administrativa o las que rijan el concurso, razonamiento que se acompasa con lo dispuesto en la presente providencia toda vez que el régimen general contenido en la Ley 909 de 2004, su Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Acuerdo 025 de 2008 contemplaron expresamente la posibilidad de que, una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad convocante utilizara las listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer vacantes no incluidas en la oferta pública de empleos de carrera. En conclusión, la posibilidad de utilizar las listas de elegibles vigentes para proveer cargos en vacancia definitiva que no fueron objeto del concurso depende de la existencia de una disposición expresa que así lo consagre, la cual podrá encontrarse bien sea en los regímenes generales o especiales de carrera administrativa o bien en el reglamento que disponga la entidad convocante para el respectivo concurso público. Así, mientras que el Decreto 1227 de 2005 hizo mandatorio el uso de la lista de elegibles incluso para proveer cargos que no fueron objeto del proceso de selección una vez provistos aquellos que si lo fueron, el Decreto 1894 de 2012 prohibió expresamente dicha opción, restringiendo su uso posterior para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1227 DE 2005 / LEY 909 DE 2004
CONCURSO DE MÉRITOS – Alcaldia de Armenia / EMPLEO DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO – No ofertado en concurso de méritos / LISTA DE ELEGIBLES - Para proveer el cargo ofertado, durante la vigencia de aquella, la Alcaldía de Armenia debía usarla en la provisión de las vacantes definitivas que se presentaran en el mismo empleo, empleos equivalentes o de inferior categoría, ubicados dentro del mismo nivel / USO DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES Cargos no ofertados en concurso de meritos
[H]ay que anotar que el empleo de profesional especializado, código 222, grado 08, que quedó en vacancia definitiva tras la renuncia anotada se encontraba adscrito al Departamento Administrativo Jurídico mientras que aquel que se ofertó en la Convocatoria 001 de 2005 habría pertenecido a la Secretaría de Infraestructura, según lo informó el propio demandante. En ese sentido, dado que no se trató del mismo cargo que fue objeto del proceso de selección, la procedencia del nombramiento en periodo de prueba del demandante estaba condicionada a que el empleo en vacancia pudiera catalogarse como equivalente a aquel, siempre que fuera compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado, para lo cual la entidad territorial debió hacer la solicitud a la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo ordenaba el artículo 9 del Acuerdo 025 de 2008. De las consideraciones que anteceden deviene la ilegalidad del Oficio DF-PTH-AJL-2027 proferido el 23 de junio de 2011 por la Alcaldía de Armenia, por medio del cual se resolvió negativamente el derecho de petición elevado por el demandante para que dicha entidad solicitara un estudio de equivalencia de cargos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, lo nombrara en periodo de prueba en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico de dicha entidad territorial. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Alcaldía de Armenia que, en lo que respecta al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, haga uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 del 27 de julio de 2009 para proveer las vacancias definitivas que se hayan presentado durante su vigencia y conserven tal condición en la actualidad, en relación con el cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA u otro equivalente o de inferior categoría, ubicado dentro del mismo nivel, siempre y cuando sea compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado. En cuanto a la pretensión que formuló el demandante para que le fuera reconocido y pagado el retroactivo correspondiente a salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y demás conceptos de índole laboral, la Sala considera que es improcedente puesto que el derecho que le asistía era el de ser nombrado en periodo de prueba, lo que en modo alguno le garantizaba adquirir los derechos de carrera debido a que ello solo sucede con la aprobación de dicho periodo, circunstancia que en virtud de la incertidumbre que representa no puede ser indemnizada de la forma en que lo solicitó.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018) SE.069
Radicación número: 63001-23-31-000-2011-00321-01(0208-16)
Actor: RICARDO ARTURO RAMÍREZ LONDOÑO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - MUNICIPIO DE ARMENIA
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 27 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Descongestión Itinerante con sede en Armenia, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Municipio de Armenia.
Pretensiones
Solicito se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Oficio DF-PTH-AJL-2027 del 23 de junio de 2011 proferido por el municipio de Armenia, por medio del cual se resolvió negativamente el derecho de petición elevado por el demandante para que dicha entidad solicitara un estudio de equivalencia de cargos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, lo nombrara en periodo de prueba en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico de dicha entidad territorial.
Oficio 2011EE 24556 del 1 de julio de 2011, mediante el cual la Comisión Nacional del Servicio Civil respondió el escrito del 16 de junio de 2011 en el que el hoy demandante puso en conocimiento de la entidad la petición que realizó ante el municipio de Armenia. Aquel acto administrativo se limitó a manifestar que correspondía a la entidad territorial reportar las vacancias y solicitar los estudios de equivalencia para autorizar el nombramiento en periodo de prueba.
A título de restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:
Se ordene al municipio de Armenia reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la vacancia del cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico de la entidad territorial, nombrando en él, en periodo de prueba, al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño.
Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorizar el nombramiento del demandante en el mencionado cargo, en periodo de prueba.
Se condene al municipio de Armenia y a la Comisión Nacional del Servicio Civil a reconocer y pagar a favor del actor el retroactivo correspondiente a salarios, factores salariales, prestaciones sociales, aportes al sistema general de seguridad social y cajas de compensación familiar, desde el 1 de octubre de 2009, cuando pasó a ocupar el primer lugar en la lista de elegibles, hasta que se haga efectivo el nombramiento solicitado.
Subsidiariamente, en caso de que ya se haya convocado a concurso y provisto el cargo en cuestión, se condene al municipio de Armenia y a la Comisión Nacional del Servicio Civil a reconocer y pagar a favor del actor el retroactivo correspondiente a salarios, factores salariales, prestaciones sociales, aportes al sistema general de seguridad social y cajas de compensación familiar, desde el 1 de octubre de 2009, cuando pasó a ocupar el primer lugar en la lista de elegibles, hasta que se realice el nombramiento respectivo con el nuevo titular del derecho.
Aunado a la pretensión inmediatamente anterior, se ordene a las entidades demandadas concederle al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño el derecho a la reincorporación en otro cargo de la planta de personal o a la indemnización de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
Se ordene la actualización de las sumas a las que resulten condenados los demandados, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
Se condene en costas a los demandados.
Fundamentos fácticos
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
La Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la convocatoria 1 de 2005 por medio de la cual convocó a concurso abierto de méritos los empleos en vacancia definitiva pertenecientes a la rama ejecutiva del sector público, provistos o no mediante nombramiento provisional o encargo.
El señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño participó en dicha convocatoria, ocupando la posición segunda en la lista de elegibles conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Resolución 576 del 27 de julio de 2009, para proveer el empleo 12836 correspondiente al cargo de profesional especializado, código 22, grado 08, con funciones jurídicas de la Alcaldía de Armenia.
A través de la Resolución 696 del 15 de septiembre de 2009, el municipio de Armenia efectuó el nombramiento en periodo de prueba, a partir del 1 de octubre del mismo año, de quien había ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, el que por lo tanto pasó a asumir el hoy demandante.
El actor presentó derecho de petición el 3 de noviembre de 2009 ante la Alcaldía de Armenia solicitando que en caso de existir un empleo vacante correspondiente al cargo de profesional especializado, código 222, grado 08 u otros equivalentes, se hiciera uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 de 2009, aun cuando estuviesen provistos con nombramientos provisionales o en encargo. No obstante lo anterior, la entidad no dio respuesta a la solicitud.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del Oficio 01-1117 del 28 de abril de 2010, respondió la petición de consulta elevada por el señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño informando que «[…] de presentarse una solicitud por parte del Municipio de Armenia, así como de los municipios y gobernaciones para los cuales se realizó la Convocatoria, para proveer un empleo igual o equivalente al que usted concursó, será comunicado por parte de la CNSC […]».
El cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Jurídico de la Alcaldía de Armenia quedó en vacancia temporal en virtud de la comisión que se le concedió a su titular, el abogado Jairo Zorrilla Díaz, para ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción a partir del 2 de enero de 2008.
Por medio de la Resolución 126 del 4 de marzo de 2008, la entidad territorial nombró en provisionalidad en dicho cargo a la abogada Ligia Londoño Osorio.
El abogado Jairo Zorrilla Díaz presentó renuncia al cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Jurídico de la Alcaldía de Armenia, la cual fue aceptada a partir del 16 de junio de 2009 a través de la Resolución 411 del 12 de junio de 2009.
No obstante dicha renuncia condujo a la vacancia definitiva del cargo, el municipio de Armenia se abstuvo de proveerlo con la lista de elegibles vigente, prevista en la Resolución 576 del 27 de julio de 2009, en la que el hoy demandante pasó a ocupar el primer lugar, prefiriendo continuar con el nombramiento en provisionalidad.
El 30 de mayo de 2011, en vigencia de la lista de elegibles mencionada, el hoy demandante le solicitó al municipio de Armenia que lo nombrara en dicho cargo y puso esta petición en conocimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil para que procediera al estudio de equivalencia de cargos y a la autorización del nombramiento.
La entidad territorial respondió extemporáneamente la solicitud a través del Oficio DF-PTH-AJL-2027 del 23 de junio de 2011 manifestando que el nombramiento del actor era improcedente como quiera que no habían vacantes equivalentes dentro de la planta global y el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08 CA que solicitó no hacía parte de la oferta pública ya que para la época de la fecha del concurso de méritos estaba siendo desempeñado por su titular.
Dicho acto administrativo no le fue debidamente notificado al actor, por lo que le fue imposible agotar los recursos de la vía gubernativa.
La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Oficio 2011EE del 1 de julio de 2011 en el que informó que el municipio de Armenia le había reportado una vacante del empleo 12836, denominado profesional especializado, código 222, grado 8, asociado a la prueba 132 y que para el mencionado empleo se había conformado lista de elegibles en la que, en ese momento, él ocupaba el primer lugar.
Dicha entidad envió copia del oficio antedicho al municipio de Armenia, sin embargo no adoptó procedimientos de verificación ni medidas coercitivas para verificar que se hiciera uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 de 2009.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 2, 25, 53 y 125 de la Constitución Política; 11, 12, 23, 27 y 28 de la Ley 909 de 2004; 7, 8 y 33 del Decreto 1227 de 2005; y 3, 10, 11, 22 y 23 del Acuerdo 159 de 2011 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Como concepto de violación explicó que el Oficio DF-PTH-AJL-2027 del 23 de junio de 2011, proferido por el municipio de Armenia, infringió las normas en que debía fundarse al desconocer las siguientes reglas relativas al procedimiento para el uso de las listas de elegibles:
El nombramiento en provisionalidad no puede superar el término de 6 meses, mucho menos cuando hay lista de elegibles para su provisión (artículo 8, Decreto 1227 de 2005).
Al existir nombramiento en provisionalidad, el cargo se encuentra en vacancia definitiva según el numeral 1 del Acuerdo 159 de 2011, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Cuando hay vacancia definitiva de un empleo de carrera es obligación de la entidad territorial solicitar su provisión a la Comisión Nacional del Servicio Civil (artículo 25, Constitución Política y 23, 27 y 28 de la Ley 909 de 2004).
Para la provisión definitiva de empleos de carrera debe tenerse en cuenta a la persona que al momento de producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en la lista de elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva, así como aquella que ocupe tal posición como resultado de un concurso general (Artículo 7, numerales 3 y 4, Decreto 1227 de 2005).
Los anteriores órdenes de elegibilidad aplican a empleos con similitud funcional, esto es, aquellos que tienen la misma denominación, código y grado cuando tienen asignadas funciones iguales o similares y se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o similares (artículo 22, Acuerdo 159 de 2011, emanado de la Comisión Nacional del Servicio Civil).
Seguidamente, el demandante concretó el desconocimiento de estas reglas en el hecho de no haber sido nombrado en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 8, con funciones jurídicas adscrito al Departamento Jurídico del municipio de Armenia a pesar de que este cargo está ocupado en la actualidad mediante nombramiento en provisionalidad y de que el actor está en el primer lugar en la lista de elegibles para el cargo de profesional especializado, código 222, grado 8, con funciones jurídicas adscrito a la Secretaría de Infraestructura de dicha entidad territorial.
De otro lado, consideró que el Oficio DF-PTH-AJL-2027 del 23 de junio de 2011 había incurrido en falsa motivación por las siguientes razones:
Indicó que estaba teniendo en consideración las directrices emanadas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no obstante haber desconocido lo dispuesto en el Decreto 1227 de 2005 y en el Acuerdo 25 del 18 de julio de 2008.
Sostuvo que para la provisión del cargo debía conformarse lista general de elegibles, sin embargo ello no es así ya que esta solo se utiliza cuando no es posible hacer el nombramiento acudiendo a una lista de elegibles existente a través de empleos con similitud funcional.
Al señalar que el cargo en el que pretendía ser nombrado el actor fue provisto mediante nombramiento en provisionalidad y que no hacía parte de la oferta pública, desconoció que el ingreso a la carrera administrativa debe hacerse con base en el mérito. Además, precisó que el municipio de Armenia olvidó que el nombramiento en provisionalidad no obstaba para que se configurara la vacancia y que era su obligación reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los empleos que se encontraban en vacancia definitiva.
En cuanto a esta última entidad, afincó el reproche en la inobservancia de las funciones administrativas y de vigilancia que le imponen los artículos 11 y 12 de la Ley 909 de 2004 pues a pesar de haber sido informados de la situación por el actor y de haber podido proceder a su nombramiento oficioso, asumió una actitud pasiva.
Finalmente, como sustento jurisprudencial de sus consideraciones, esgrimió el fallo de tutela del 17 de febrero de 2011 proferido por la Sección Primera de esta Corporación y las sentencias de la Corte Constitucional SU-133 de 1998 y T-294 de 2011, todas relativas a la aplicación de la lista de elegibles en la provisión de cargos de carrera administrativa.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Ninguna de las entidades demandadas hizo uso de esta oportunidad procesal.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante
La parte actora presentó alegatos de conclusión en los que reprodujo los hechos y el concepto de violación contenidos en la demanda.
Demandadas
Tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como el municipio de Armenia se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión en primera instancia.
MINISTERIO PÚBLICO
No emitió concepto en esta instancia.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia proferida el 27 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Descongestión Itinerante con sede en Armenia, denegó las pretensiones de la demanda.
Como cuestión previa, consideró que el Oficio 2011 EE 24556 del 1 de julio de 2011 proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil no era pasible de control de legalidad ya que por medio de este no se resuelve una solicitud de reconocimiento o no de un derecho ni se pone fin a una actividad de la administración.
Para desatar el fondo del asunto, procedió al estudio de las normas propias de la carrera administrativa que se encargan de regular el proceso de selección o concurso, con apoyo en las cuales reafirmó el derecho que le asiste a aquellos que, habiendo aprobado un concurso de méritos, pasan a integrar una lista de elegibles, así como el carácter excepcional de la provisionalidad.
Seguidamente, aludió a la línea jurisprudencial que creó la Corte Constitucional en cuanto al uso de la lista de elegibles en cargos de carrera administrativa, posición plasmada en la sentencia SU-446 de 2011 según la cual dicha lista únicamente puede utilizarse para la provisión de los cargos vacantes objeto de convocatoria y no otros, a pesar de que estos últimos puedan tener igual naturaleza e identidad que los del concurso. Aunque advirtió que la providencia se refirió al concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, que tiene su base en regulaciones especiales propias no aplicables al régimen ordinario de carrera administrativa, reconoció que la interpretación contenida allí constituye un precedente jurisprudencial que exalta el principio de mérito contenido en el artículo 125 superior.
De otro lado, agregó que el Consejo de Estado, contrariando dicha tesis, había sostenido que aquella lista debía usarse para proveer cargos equivalentes aunque no hubieran hecho parte de la convocatoria pública. No obstante, precisó que se apartaba de tal razonamiento para acoger el de la Corte Constitucional, no solo porque estaba plasmado en un fallo de tutela con efectos inter partes sino también porque sostener lo anterior implicaba reconocer una facultad que no había sido otorgada expresamente en la ley y que tampoco se acompasaba con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, conforme al cual, con la lista de elegibles «[…] se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso […]».
Con base en ello y en el estudio del Acuerdo 025 de 2008, que rigió la convocatoria pública 001 de 2005 por ser el vigente para la fecha de ejecutoria de la lista de elegibles, el Tribunal concluyó que una vez provistos los empleos objeto de concurso, cesaba la posibilidad para los concursantes de ocupar un cargo diferente. Así mismo, señaló que la alusión que hizo tal acuerdo al uso de la lista de elegibles para cargos equivalentes, estaba condicionada a que estos hubieren sido ofertados en la respectiva convocatoria.
En tal virtud, denegó las pretensiones de la demanda al encontrar que no existía prueba alguna de que el municipio de Armenia hubiese manifestado en forma expresa su voluntad de que el registro de elegibles fuese utilizado para ocupar empleos por fuera del número de los convocados, resaltando que el cargo de profesional especializado 222, grado 08 de la Secretaría Jurídica de dicha entidad territorial, pretendido por el actor, estaba ocupado por su titular al momento de efectuarse la convocatoria en cuestión.
ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó en los siguientes términos.
Como argumento central de su inconformidad señaló que la sentencia SU-446 del 26 de mayo de 2011, que sirvió de fundamento para la decisión de primera instancia, no era aplicable al caso de marras como quiera que en ella se unificaron criterios en relación con el concurso de méritos para la provisión de cargos de la Fiscalía General de la Nación, entidad de la que se predican unas reglas y fundamentos jurídicos diferentes a los previstos para la Convocatoria 001 de 2005, concerniente a los empleos de la rama ejecutiva.
En ese orden de ideas, adujo que los cargos de esta última debían regirse por el criterio que estableció el Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 17 de febrero de 2011 (radicado 25000-23-000-2010-03113-01), según la cual la provisión de empleos equivalentes se puede hacer acudiendo a la lista de elegibles vigente para la entidad, sin importar que aquellos no hayan sido ofertados en la convocatoria bien porque son nuevos o bien porque presentan la vacancia definitiva con posterioridad al concurso.
De otro lado, llamó la atención en cuanto al hecho de que habían transcurrido más de 10 años sin que se hubiese realizado un nuevo concurso para la provisión de cargos de la rama ejecutiva, tiempo durante el cual se ha permitido que el empleo en cuestión esté ocupado en provisionalidad o mediante encargo por personas que no han superado la prueba de méritos para acceder a este.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Demandante
Hizo uso de esta oportunidad procesal para reiterar los argumentos que expuso al sustentar el recurso de apelación.
Comisión Nacional del Servicio Civil
La parte demandada aplaudió la decisión del a quo en lo concerniente a la ausencia de control de legalidad del oficio expedido por ella, pues al ser este un documento en el que simplemente se suministra información no puede catalogarse como un acto administrativo.
En cualquier caso, consideró que aun si se llegare a entender que aquel oficio podía ser objeto de control judicial, sería necesario concluir que no se probó la configuración de ninguna de las causales de nulidad de que trata el artículo 137 del CPACA. Para tales efectos, aludió a normas como la Ley 909 de 2004, el Decreto 1227 de 2005 y el Acuerdo 159 del 6 de mayo de 2011, con base en las cuales aseveró que la Comisión Nacional del Servicio Civil únicamente puede usar las listas de elegibles a solicitud de las entidades, petición que no había hecho la Alcaldía municipal de Armenia.
Municipio de Armenia
Se abstuvo de pronunciarse en esta oportunidad procesal.
MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, lo que sustentó en las siguientes consideraciones.
En primer lugar realizó un estudio de la regulación que sobre el concurso de méritos consagran la Ley 909 de 2004 y los Decreto reglamentarios 1227 de 2005, 3820 de 2005 y 4968 de 2007. Seguidamente, concluyó que el Acuerdo 25 del 18 de julio de 2008 era el llamado a regir la lista de elegibles de la que hacía parte el actor y que conforme al mismo no existía la posibilidad de extender dicha lista a empleos equivalentes que no habían sido ofertados ya que una vez provistos los cargos del concurso, cesaba la posibilidad para los concursantes de ocupar uno distinto, interpretación que estimó acorde con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004.
En aras de reforzar su posición, hizo referencia a la sentencia de tutela proferida el 9 de febrero de 2012 (radicado 15001-23-15-000-2011-00407-01) en la que la Sección Quinta de esta Corporación sostuvo que «[…] la lista de elegibles solo puede ser utilizada para el concurso para el cual fue establecida […]».
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se resume en la siguiente pregunta:
¿De conformidad con el artículo 125 constitucional, la Ley 909 de 2004 y demás normas que la complementan, las listas de elegibles vigentes se deben utilizar en la provisión de cargos en vacancia definitiva que no hayan sido objeto del concurso?
Marco normativo de la carrera administrativa y del uso de las listas de elegibles
A la luz del artículo 125 superior, la carrera administrativa se erige como la regla general del empleo público como quiera que todo tipo de cargo cuyo nombramiento no se encuentre regulado en la Constitución o en la ley debe hacerse mediante concurso público.
La Ley 909 de 2004, en su artículo 27, definió la carrera administrativa como un sistema técnico de administración de personal en el que el ingreso, la permanencia y el ascenso deben obedecer íntegramente al mérito, lo que se logra a través de procesos de selección plenamente transparentes y objetivos. Ello redunda no solo en beneficio del interés general y de los fines del Estado, quien tendrá a su servicio a los más calificados, sino también en el de los trabajadores, a quienes de esta forma se les garantiza estabilidad laboral e igualdad de oportunidades de cara al empleo.
Este amparo se establece debido a la forma de provisión de los empleos de dicha naturaleza: Como su nombramiento responde a un concurso público pensado para garantizar un proceso de selección estricto, se busca privilegiar a quienes, en virtud de sus méritos, competencias y calidades profesionales e intelectuales, se han ganado el derecho al cargo.
La ya mencionada Ley 909 también se encargó de desarrollar el mérito como uno de los principios que rigen la función pública, señalando al respecto que:
[…] 2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley […]
De lo anterior se desprende que, por disposición del constituyente y del legislador, el principio de mérito se encuentra inserto en la esencia misma de los empleos de carrera, apareciendo como una de las formas en las que se proyecta la satisfacción de las necesidades del servicio y de los intereses de la comunidad. Lo anterior puesto que el hecho de que las calidades intelectuales, académicas y laborales aparezcan como criterios inherentes en su provisión, juega tanto a favor de los empleados como en beneficio del Estado.
Entendido así, el criterio de mérito concreta los principios de la función administrativa de transparencia, moralidad, imparcialidad e igualdad toda vez que permite asegurar que la función pública sea desarrollada por los mejores y más capacitados funcionarios.
Conforme a lo anterior, una de las manifestaciones esenciales del principio de mérito es la celebración de concursos públicos, los cuales permiten la participación de todos aquellos que, reuniendo los requisitos que demanda el respectivo empleo público, buscan ingresar o ascender en el sistema de carrera administrativa.
Ahora bien, la competencia para adelantar dichos concursos fue conferida a la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que para tales efectos debe suscribir contratos o convenios interadministrativos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella, salvo que decida delegar la facultad para celebrar tales acuerdos en la entidad pública interesada en proveer la vacante.
El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, previó como etapas del concurso (i) la convocatoria, (ii) el reclutamiento o proceso de inscripción (iii) las pruebas, (iv) las listas de elegibles y (v) el periodo de prueba. Una vez agotado el concurso, las personas que en virtud del mérito hubieren sido seleccionadas, nombradas en periodo de prueba y aprobado este, adquieren los derechos de carrera administrativa.
La Ley en comento fue parcialmente reglamentada a través del Decreto 1227 del 21 de abril de 2005, que en su artículo 7 consagró una serie de criterios conforme a los cuales debía procederse a la provisión definitiva de empleos de carrera, así:
[…] Artículo 7. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49304" \l "1" Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 1894 de 2012. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:
7.1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.
7.2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
7.3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
7.4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente para el cargo y para la entidad respectiva.
7.5. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles vigente, resultado de un concurso general.
7.6. Con la persona que haga parte del Banco de Lista de Elegibles, de acuerdo con el reglamento que establezca la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la respectiva entidad […] (negrillas fuera del texto)
Como puede observarse, en vigencia del Decreto 1227 de 2005, una vez agotados los tres primeros órdenes de que trata la norma, los resultados que arroje el concurso público a través de las listas de elegibles entran a jugar un papel importante en la provisión de empleos públicos que se encuentran en vacancia definitiva. Lo relativo a la elaboración de la lista fue regulado por el artículo 31 ibidem, mientras que lo concerniente a su uso se previó en el artículo 33 de la misma norma, así:
[…] Artículo 31. Dentro de un término no superior a cinco (5) meses contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, con base en los resultados del concurso y en riguroso orden de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad que adelantó el concurso de acuerdo con la respectiva delegación, elaborará la lista de elegibles para los empleos objeto del concurso.
[…]
Quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles. Si esta situación se presenta en el primer lugar el nombramiento recaerá en la persona que se encuentre en situación de discapacidad; de persistir el empate, este se dirimirá con quien se encuentre inscrito en el Registro Público de Carrera, de continuar dicha situación se solucionará con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2° numeral 3 de la Ley 403 de 1997 […]
Artículo 33. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49304" \l "2" Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1894 de 2012. Efectuado uno o varios nombramientos con las personas que figuren en la lista de elegibles, los puestos de la lista se suplirán con los nombres de quienes sigan en orden descendente.
Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad para la cual se realizó el concurso deberá utilizar las listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo, en empleos equivalentes o de inferior jerarquía, ubicados dentro del mismo nivel. De esta utilización la entidad tendrá permanentemente informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la cual organizará un banco de listas de elegibles para que, bajo estos mismos criterios, las demás entidades puedan utilizarlas.
La Comisión Nacional del Servicio Civil determinará el procedimiento y los costos para que las listas de elegibles sean utilizadas por entidades diferentes a las que sufragaron los costos de los concursos.
Parágrafo. Quien sea nombrado y tome posesión del empleo para el cual concursó, para uno igual o similar a aquel, con base en una lista de elegibles, se entenderá retirado de esta, como también aquel que sin justa causa no acepte el nombramiento […]
En armonía con ello, el Acuerdo 025 de 2008, en el que la Comisión Nacional del Servicio Civil se encargó de la reglamentación relativa a la conformación, organización y uso de las listas de elegibles y del Banco Nacional de Elegibles para el Sistema General de Carrera, estableció lo siguiente:
[…] Artículo 5. Definición de empleo equivalente. Para efectos del presente Acuerdo, se entiende que un empleo es equivalente a otro cuando tienen asignadas funciones iguales o similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias (sic) labores iguales o similares y tengan una asignación básica mensual igual, superior o inferior sin que en ningún caso la diferencia salarial supere o sea inferior a dos grados de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma nomenclatura, o el 10% de la asignación b{asica cuando se trate de escalas de remuneración diferente.
Artículo 9. Utilización de las listas de elegibles. Una vez provistos los empleos objeto de concurso, las entidades para las cuales se realizó el concurso deberán utilizar las respectivas listas de elegibles para proveer vacantes en empleos iguales o equivalentes, siempre que los mismos sean compatibles con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado, para lo cual deberán hacer la solicitud a la Comisión Nacional del Servicio Civil […]
Con base en estos preceptos es plausible afirmar que, aunque en principio la lista de elegibles debe usarse para la provisión de los cargos que fueron objeto del concurso, luego de proceder de conformidad habrá de utilizarse para proveer el mismo empleo, en caso de que quede vacante con posterioridad, u otros equivalentes o de inferior jerarquía, aun cuando no hubieren sido ofertados en el proceso de selección, bien porque son de nueva creación por ampliación de la planta de personal o bien porque su vacancia definitiva sobrevino al concurso.
Es cierto que el Decreto 1894 del 11 de septiembre de 2012 eliminó los órdenes de provisión consagrados en los numerales 7.5 y 7.6 del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005 y que también modificó el artículo 33 ejusdem al suprimir la posibilidad de hacer uso de las listas de elegibles para la provisión de cargos en empleos equivalentes o de inferior jerarquía ubicados dentro del mismo nivel. No obstante lo anterior, para la época de los hechos que se discuten en el sublite, las citadas normas del Decreto 1227 de 2005 y del Acuerdo 025 de 2008 se encontraban en plena vigencia.
En cuanto a la discusión que ha llegado a suscitar la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional SU-446 de 2011, la Sala considera que no es dable predicar respecto del régimen general de carrera administrativa lo allí resuelto en el sentido de no poder usar la lista de elegibles para la provisión de cargos no ofertados en el concurso, toda vez que esta conclusión se fundamentó en las normas especiales de carrera que regulan a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. No obstante la inaplicabilidad de tal determinación, lo que sí resulta pertinente para el caso por haber sido planteado por el máximo juez constitucional como un criterio general es que:
[…] es potestad del legislador señalar en la ley general de carrera o en las leyes de carrera especial que con el registro de elegibles se pueden proveer cargos diversos a los que fueron ofertados cuando sean de la misma naturaleza, perfil y denominación de aquellos. Facultad que también puede ostentar la entidad convocante, quien en las reglas que regirán el concurso puede señalar expresamente que la lista que se configure servirá para proveer las vacantes que se lleguen a presentar en vigencia de la lista para empleos de la misma naturaleza y perfil. La introducción de este criterio es una pauta de obligatoria observancia para la administración, que le permitirá, en el término de vigencia del registro de elegibles que se llegue a conformar, proveer las vacantes que se lleguen a presentar, por cuanto expresamente habilitó el uso de ese acto administrativo para tal efecto […]
En ese orden de ideas, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la provisión de cargos que no fueron ofertados pero que presentan similitudes en su naturaleza, perfil y denominación, es viable siempre que así lo hayan previsto las normas que rijan la carrera administrativa o las que rijan el concurso, razonamiento que se acompasa con lo dispuesto en la presente providencia toda vez que el régimen general contenido en la Ley 909 de 2004, su Decreto reglamentario 1227 de 2005 y el Acuerdo 025 de 2008 contemplaron expresamente la posibilidad de que, una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad convocante utilizara las listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer vacantes no incluidas en la oferta pública de empleos de carrera.
En conclusión, la posibilidad de utilizar las listas de elegibles vigentes para proveer cargos en vacancia definitiva que no fueron objeto del concurso depende de la existencia de una disposición expresa que así lo consagre, la cual podrá encontrarse bien sea en los regímenes generales o especiales de carrera administrativa o bien en el reglamento que disponga la entidad convocante para el respectivo concurso público. Así, mientras que el Decreto 1227 de 2005 hizo mandatorio el uso de la lista de elegibles incluso para proveer cargos que no fueron objeto del proceso de selección una vez provistos aquellos que si lo fueron, el Decreto 1894 de 2012 prohibió expresamente dicha opción, restringiendo su uso posterior para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos.
Caso concreto
Pruebas
De las pruebas debida y oportunamente aportadas al proceso, la Sala tiene por acreditados los siguientes hechos relevantes para resolver la presente controversia:
A través de la Resolución 576 del 27 de julio de 2009, la Comisión Nacional del Servicio Civil conformó las listas de elegibles para proveer empleos de carrera de la Alcaldía de Armenia convocados mediante la Convocatoria 01 de 2005. ·En el artículo 2 de aquella puede leerse:
[…] ARTICULO 2. Conformar la lista de elegibles para proveer el empleo señalado con el No. 12836 para la Convocatoria No. 001.
Entidad
ARMENIA
Cargo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO – 222 – 08
Convocatoria No.
001
Fecha Convocatoria
05/12/2005 12:00:00 am
Posición
Puntaje
Tipo Doc.
Doc. Identidad
Nombre
1
72,0440
C
41928887
JIMENA ANGULO CAÑAVERAL
2
65,9290
C
18469011
RICARDO ARTURO RAMIREZ LONDOÑO
[…]
En la Resolución 696 del 15 de septiembre de 2009, la Alcaldía de Armenia nombró en periodo de prueba en el cargo de profesional especializado, código 222 grado 08 a la señora Jimena Angulo Cañaveral. La funcionaria tomó posesión del cargo el 1 de octubre de 2009 según consta en el acta de posesión 031 de la misma fecha.
El 30 de mayo de 2011, el hoy demandante elevó derecho de petición ante la alcaldía de Armenia mediante el cual solicitó:
[…] Que por existir vacancia en el empleo del nivel PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222 Grado 08 perteneciente al Departamento Administrativo Jurídico de la Alcaldía de Armenia, se utilice la lista de elegibles vigente existente a la fecha, como es la Resolución 576 del 27 de Julio de 2009 emanada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y en consecuencia se solicite ante esa entidad autorizar el nombramiento en periodo de prueba del suscrito […] quien se encuentra actualmente en el primer lugar en el orden de elegibilidad para un cargo equivalente de profesional especializado, código 222 grado 08 con funciones jurídicas similares […]
Mediante escrito fechado el 16 de junio de 2011, el hoy actor dio traslado del derecho de petición antedicho a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Por medio de Oficio DF-PTH-AJL-2027 del 23 de junio de 2011, la Alcaldía de Armenia dio respuesta al derecho de petición que le presentó el señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, en los siguientes términos:
[…] mediante convocatoria No. 001 de 2005, la Administración Municipal de Armenia ofertó los empleos vacantes que venían siendo ocupados en calidad de provisional o encargo para ser provistos mediante concurso de méritos, sin pertenecer a la misma el empleo Profesional Especializado, Código 222 Grado 08 CA, toda vez que para la época estaba siendo desempeñado por su titular, razón por la cual actualmente para la provisión de empleos se tienen en cuenta las directrices emanadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil […] no es posible acceder a su solicitud de nombramiento en el empleo Profesional Especializado Código 222 Grado 08, toda vez que el mismo fue provisto mediante nombramiento en provisionalidad y no hace parte de la oferta pública que este ente territorial le hiciere a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para desarrollar la convocatoria No. 001 de 2005 […]
Por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil se pronunció frente al traslado que le hiciere el actor mediante Oficio 2011EE24556 del 1 de julio de 2011.
La Alcaldía de Armenia, mediante Resolución 126 del 4 de marzo de 2009, nombró a la señora Ligia Londoño Osorio en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08 CA, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico Municipal «[…] el cual se encuentra vacante de manera temporal, en razón a que su titular se encuentra desempeñando un empleo de Libre Nombramiento y remoción en Comisión […]». La funcionaria tomó posesión del cargo el 5 de marzo de 2008 según consta en acta 003 de la misma fecha.
El señor Jairo Zorrilla Díaz presentó renuncia al cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA, la cual fue aceptada a partir del 16 de junio de 2009, mediante Resolución del 12 de junio de 2009 con número ilegible.
Análisis de la Sala
El señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño pretende que la lista conformada por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Resolución 576 del 27 de julio de 2009 para proveer el empleo de profesional especializado – 222- 08-, señalado en la Convocatoria 001 de 2005 con el número 12836, sea usada para que se efectúe su nombramiento en periodo de prueba en un cargo de la misma entidad que no fue ofertado en dicho proceso de selección.
Según quedó dicho, en virtud del artículo 33 del Decreto 1227 de 2005, «[…] Una vez provistos los empleos objeto del concurso, la entidad para la cual se realizó el concurso deberá utilizar las listas de elegibles en estricto orden descendente para proveer las vacantes que se presenten en el mismo empleo, en empleos equivalentes o de inferior jerarquía, ubicados dentro del mismo nivel […]».
De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, está acreditado que el hoy demandante participó en la Convocatoria 001 de 2005 por el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, Secretaría de Infraestructura, quedando de segundo en la lista de elegibles que estableció la Resolución 576 del 27 de julio de 2009, la cual tendría vigencia hasta el 26 de julio de 2011. No obstante, con el nombramiento de la señora Jimena Angulo Cañaveral en el cargo ofertado, quien había ocupado el primer puesto, el actor pasó a posicionarse en tal lugar.
Como consecuencia de lo anterior, una vez agotada la lista de elegibles para proveer el cargo ofertado, durante la vigencia de aquella, la Alcaldía de Armenia debía usarla en la provisión de las vacantes definitivas que se presentaran en el mismo empleo, empleos equivalentes o de inferior categoría, ubicados dentro del mismo nivel.
En efecto, se encuentra probado dentro del proceso que con la renuncia del señor Jairo Zorrilla Díaz, aceptada desde el 16 de junio de 2009, quedó en vacancia definitiva un cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA, en el Departamento Administrativo Jurídico Municipal, en el que fue nombrada en provisionalidad la señora Ligia Londoño Osorio.
Lo anterior demuestra que, mientras estuvo vigente la lista de elegibles en la que el demandante pasó a ocupar el primer lugar, sí existió al menos un empleo de carrera vacante definitivamente que no fue reportado por la Alcaldía de Armenia a la Comisión Nacional del Servicio Civil, bajo el argumento inaceptable de que el mismo no había sido ofertado en la Convocatoria 001 de 2005.
No obstante, hay que anotar que el empleo de profesional especializado, código 222, grado 08, que quedó en vacancia definitiva tras la renuncia anotada se encontraba adscrito al Departamento Administrativo Jurídico mientras que aquel que se ofertó en la Convocatoria 001 de 2005 habría pertenecido a la Secretaría de Infraestructura, según lo informó el propio demandante.
En ese sentido, dado que no se trató del mismo cargo que fue objeto del proceso de selección, la procedencia del nombramiento en periodo de prueba del demandante estaba condicionada a que el empleo en vacancia pudiera catalogarse como equivalente a aquel, siempre que fuera compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado, para lo cual la entidad territorial debió hacer la solicitud a la Comisión Nacional del Servicio Civil, conforme lo ordenaba el artículo 9 del Acuerdo 025 de 2008.
De las consideraciones que anteceden deviene la ilegalidad del Oficio DF-PTH-AJL-2027 proferido el 23 de junio de 2011 por la Alcaldía de Armenia, por medio del cual se resolvió negativamente el derecho de petición elevado por el demandante para que dicha entidad solicitara un estudio de equivalencia de cargos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, lo nombrara en periodo de prueba en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico de dicha entidad territorial.
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Alcaldía de Armenia que, en lo que respecta al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, haga uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 del 27 de julio de 2009 para proveer las vacancias definitivas que se hayan presentado durante su vigencia y conserven tal condición en la actualidad, en relación con el cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA u otro equivalente o de inferior categoría, ubicado dentro del mismo nivel, siempre y cuando sea compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado.
En cuanto a la pretensión que formuló el demandante para que le fuera reconocido y pagado el retroactivo correspondiente a salarios, prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y demás conceptos de índole laboral, la Sala considera que es improcedente puesto que el derecho que le asistía era el de ser nombrado en periodo de prueba, lo que en modo alguno le garantizaba adquirir los derechos de carrera debido a que ello solo sucede con la aprobación de dicho periodo, circunstancia que en virtud de la incertidumbre que representa no puede ser indemnizada de la forma en que lo solicitó.
DECISIÓN
Conforme a lo expuesto, se procederá a revocar la sentencia proferida el 27 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Descongestión Itinerante con sede en Armenia, que denegó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, se declarará la nulidad del Oficio DF-PTH-AJL-2027 que expidió la Alcaldía de Armenia el 23 de junio de 2011, por medio del cual se resolvió negativamente el derecho de petición elevado por el demandante para que dicha entidad solicitara un estudio de equivalencia de cargos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, lo nombrara en periodo de prueba.
Adicionalmente, se ordenará a la Alcaldía de Armenia que, en lo que respecta al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, haga uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 del 27 de julio de 2009 para proveer las vacancias definitivas que se hayan presentado durante su vigencia y conserven tal condición en la actualidad, en relación con el cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA u otro equivalente o de inferior categoría, ubicado dentro del mismo nivel, siempre y cuando sea compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado.
No hay lugar a condenar en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revócase la sentencia de primera instancia proferida el 27 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala de Descongestión Itinerante con sede en Armenia, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró el señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño en contra del municipio de Armenia y de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En su lugar, se dispone
Declárase la nulidad del Oficio DF-PTH-AJL-2027 proferido el 23 de junio de 2011 por la Alcaldía de Armenia, por medio del cual se resolvió negativamente el derecho de petición elevado por el demandante para que dicha entidad solicitara un estudio de equivalencia de cargos ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y, posteriormente, lo nombrara en periodo de prueba en el cargo de profesional especializado, código 222, grado 08, adscrito al Departamento Administrativo Jurídico de dicha entidad territorial.
Ordénase a la Alcaldía de Armenia que, en lo que respecta al señor Ricardo Arturo Ramírez Londoño, haga uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 576 del 27 de julio de 2009 para proveer las vacancias definitivas que se hayan presentado durante su vigencia y conserven tal condición en la actualidad, en relación con el cargo de profesional especializado, código 222, código 08 CA u otro equivalente o de inferior categoría, ubicado dentro del mismo nivel, siempre y cuando sea compatible con los requisitos y el perfil del rol del empleo convocado.
Segundo: Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Reconózcase personería a la abogada Mónica Amparo Mantilla Navarrete, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 52.454.477 y es portadora de la T.P. 127.892 del C. S. de la J., para actuar como apoderada de la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos del poder que le fue otorgado, el cual obra en el folio 276 del expediente.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoria JORM
Ff. 2-4.
Ff. 4-9.
Ff. 9-21.
No refirió el radicado ni el número del expediente.
F. 174.
Ff. 200-220.
F. 222.
F. 222.
Ff. 224-241.
Ff. 244-254.
Ff. 264-268.
Ff. 280-283.
Ff. 285-293.
[…] ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción […]
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Artículo 2, numeral 2, de la Ley 909 de 2004.
Ley 909 de 2004, artículo 30.
Aunque fue derogado por el Acuerdo 150 del 16 de septiembre de 2010, considera la Sala debe ser el referente en el caso de marras puesto que se encontraba vigente no solo para cuando adquirió firmeza la lista de elegibles sino también para el 16 de junio de 2009, fecha en que quedó en vacancia definitiva el cargo en que pretende ser nombrado el demandante.
Sobre la viabilidad del uso de las listas de elegibles para la provisión de cargos no ofertados en el concurso público bajo la vigencia del Decreto 1227 de 2005 pueden verse las siguientes decisiones proferidas por esta Corporación: sentencia del 30 de julio de 2015, Sección Segunda, radicación 050012331000201101740 01, Actor: Rosalba Ardila Restrepo; fallo de tutela del 7 de diciembre de 2016, radicación 25000-23-27-000-2016-00019-01 (AC), Actor: Myriam Andrea Rojas; fallo de tutela del 1 de marzo de 2012, Sección Cuarta, radicación 76001-23-31-000-2012-00018-01 (AC), actor: Claudia Rocío Ramos.
Al respecto el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 1894 de 2012, modificatorio del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005, previó lo siguiente: «[…] Parágrafo 1°. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 […]».
En aquella oportunidad, consideró que la Fiscalía General de la Nación estaba obligada a proveer única y exclusivamente el número de cargos ofertados en las convocatorias de 2007, por lo siguiente: «[…] i) la decisión inicial del legislador de eliminar plazas determinó el número de las que se podían ofertar; ii) la cantidad de empleos a proveer con el concurso era una regla específica que no se podía inobservar iii) ni el legislador ni la entidad previeron expresamente que el registro de elegibles debería ser utilizado para ocupar empleos por fuera del número de los convocados […]»
Ff. 48-51.
Ff. 90-91.
F. 22, cuaderno de pruebas.
Ff. 32-40.
Ff. 41.
Ff. 43-44.
Ff. 45-47.
Ff. 19-20, cuaderno de pruebas.
F. 21, cuaderno de pruebas.
F. 25, cuaderno de pruebas.
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