Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2014-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2014-00095-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2014-00095-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022
Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Temas: controversias contractuales – régimen especial – caducidad del medio de control
– salvedades en adiciones, suspensiones y contratos adicionales.
Síntesis del caso: un contratista solicitó, entre otras, que se liquidara judicialmente un contrato,
que se restableciera su equilibrio económico y se condenara a la entidad por el incremento
y ajuste de precios y por la mayor permanencia en obra. Dicho acuerdo estaba exceptuado
del régimen de derecho público.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Calderón Ingenieros
S.A. (Calderón Ingenieros) en contra de la Sentencia de 24 de agosto de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Quinta de Decisión,
que declaró probada, de oficio, la caducidad de la acción1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 19 de mayo de 2014, Calderón Ingenieros presentó una demanda2, en
ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra de las
1 El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación
interpuesto en un proceso con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150 del CPACA.
2 F. 1-36 del cuaderno 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P. (EPA), con el objeto de que se
hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):
1. “Que se declare la liquidación en sede judicial del contrato de obra sin
número suscrito entre mi poderdante y la demandada, que tuvo por objeto
“construcción de la estructura de captación, aducción, desarenador,
conducción, bombeo y mitigación, requeridas para la construcción de una
estación de bombeo de agua cruda a la planta de potabilización de acueducto
municipal de la ciudad de Armenia”.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a EMPRESAS
PÚBLICAS DE ARMENIA, a pagar a la demandada la suma de $2.559.079.737,84,
valor calculado hasta el día 11 de marzo de 2014, fecha en la cual se presentó la
reformulación ante procuraduría, suma de dinero requerida para obtener el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, así como lo
correspondiente a incremento y ajuste de precios, además de los costos
generados por mayor permanencia en obra por efectos de falta de diseños, falta
de entrega de sitios de trabajo, etc., durante las suspensiones, prórrogas y periodo
de reparaciones de daños no imputables al contratista, actualización de precios,
retención en garantía con sus respectivos intereses de mora; además de lo anterior
se incremente el valor de la suma que por perjuicios se genere desde el día 11 de
marzo de 2014 hasta la fecha de pago.
Para efectos de lo anterior, adjunto a la demanda se incluyen los cuadros de
cálculo de la reformulación de cuentas presentado ante la Procuraduría.
3. A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los
términos de los artículos 187 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.
2. La parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos relevantes:
3. 1) El 24 de noviembre de 2005, el Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo–FONADE, el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial–
MAVDT y el municipio de Armenia-Quindío celebraron un convenio de apoyo
financiero a fin de aunar esfuerzos “para apoyar la ejecución de las obras
correspondientes al proyecto ‘construcción de una estación de bombeo de
agua que garantice el suministro de agua cruda a la planta de estabilización
de acueducto municipal de la ciudad de Armenia’”.
4. 2) El 27 de agosto de 2007, EPA y Calderón Ingenieros celebraron un
contrato de obra pública para la “construcción de la estructura de captación,
aducción, desarenador, conducción, bombeo y mitigación, requeridas para
la construcción de una estación de bombeo de agua cruda a la planta de
potabilización de acueducto municipal de la ciudad de Armenia”.
5. 3) Este contrato tenía un valor de $2.314.524.312. Su plazo de ejecución
empezó el 21 de septiembre de 2007 y debía finalizar el 21 de marzo de 2008.
Sin embargo, la obra terminó el 12 de junio de 2011.
6. 4) El contrato fue objeto de varias suspensiones y prórrogas, producto de
incumplimientos de EPA: demora en la entrega de diseños definitivos, de
predios, de tubería y accesorios, de permisos viales y ambientales; demora en
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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la reformulación del proyecto; incumplimiento en el pago oportuno de las
actas e intensas lluvias durante distintas etapas de la ejecución.
7. 5) Tales situaciones generaron una mayor permanencia por parte del
contratista e hicieron más onerosa la ejecución de la obra, pues Calderón
Ingenieros tuvo que incurrir en mayores costos administrativos, de materiales,
de mano de obra, etc. La extensión del plazo del contrato implicó su
desequilibrio económico.
8. 6) Además, el contratista incurrió en mayores costos en la etapa de
reparaciones para solucionar los problemas generados en los accesorios
suministrados por la contratante. Dichas reparaciones tardaron
aproximadamente un año más, a la espera del suministro de los repuestos por
parte de EPA.
9. 7) El 19 de abril de 2010, las partes celebraron un contrato adicional.
10. 8) El 14 de junio de 2012, Calderón Ingenieros solicitó el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato y el reconocimiento de los perjuicios
derivados de la mayor permanencia en obra. El 31 de julio de 2012, la entidad
negó dicha solicitud.
11. 9) La entidad se negó a reconocer compensaciones, ajustes,
actualizaciones y el restablecimiento del equilibrio en la liquidación del
contrato de 26 de junio de 20133.
3 Dicha liquidación estableció (se trascribe):
“Que la obra fue entregada por el contratista y recibida a satisfacción en el momento de inspeccionar los trabajos,
tal como consta en el acta final de recibo de obra.
Que en la presente acta de liquidación están incluidos todos los valores por la obra ejecutada.
El contratista manifiesta que de las actas 3 y 4 presentadas a EPA-ESP y canceladas por Fonade se debe los dineros
correspondientes a la retención en garantía hecha por Fonade (10%)
El contratista manifiesta que realizará reclamación por ruptura de equilibrio económico en sede judicial.
El contratista manifiesta que sobre los valores correspondientes al contrato adicional suscrito en el año 2010 se realizó
solicitud de actualización de precios.
(Se anexa a la presente acta oficio CIL-GG-001-2013)
[En la cual el contratista presentó las siguientes salvedades:]
El contratista manifiesta que a la fecha no se le ha pagado la retención en garantía hecha por FONADE de las actas
de obra pagadas con recursos de FONADE.
Que el contratista mediante oficio CIL-GG-003-2012 (folios 8 y 9 Doc fuera del Exp), le hizo a EPA la solicitud de gestión
ante FONADE para que el dinero retenido le sea pagado como requisito para liquidar el contrato.
Así las cosas el contratista manifiesta que el contratante no se encuentra a paz y salvo con el contratista.
El contratista manifiesta haber solicitado a EPA mediante oficio CIL-GG-002-2012 (folio 510 del expediente), que se
hiciera la actualización de precios tal como lo indica el literal (r) del contrato adicional y que la entidad negó dicho
reconocimiento en el oficio GG-0540 el 31 de julio de 2012 (folio 523 del expediente)
Que además en el mismo oficio CIL-GG-002-2012 se solicitó a EPA el restablecimiento del equilibrio económico por
mayor permanencia en obra y que de igual forma fue negado por la entidad contratante.
Además, es de recordar que la entidad deberá responder por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que
les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución
patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir
por el contratista, los costos por mayor permanencia en la obra, la totalidad de las actividades a hoy ejecutadas que
no han sido pagadas (retención en garantía), así como los intereses moratorios, los costos financieros, los ajustes de
precios por cambio de vigencias y en general todos los sobrecostos ocasionados. Es por lo anterior que el contratista
se reserva el derecho de solicitar el restablecimiento del equilibrio económico mediante conciliación ante
PROCURADURIA y si dicha conciliación no prospera reclamarlo ante la autoridad judicial que corresponda”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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12. 10) El 11 de marzo de 2014, Fonade le consignó a Calderón la retención en
garantía.
13. En los fundamentos jurídicos de la demanda, el contratista adujo que
debía restablecérsele el equilibrio económico del contrato de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Además, indicó que el precio debía
ajustarse según el numeral 16.3 del pliego y reiteró su mayor permanencia en
la obra.
14. El actor afirmó que había incurrido en mayores costos por reparaciones y
que, según el pliego, tenía derecho a un ajuste de tarifas y a que se le
reconocieran varios “eventos compensables”, pues el contratante se demoró
en el traspaso del sitio de obra, EPA no permitió el acceso a una parte de la
obra y presentó demoras en los contratos de proveedores de tubería y
accesorios. Además, que la entidad le debía al contratista intereses por el
pago atrasado de algunas actas de obra.
1.2. Posición de la parte demandada
15. El 26 de septiembre de 2014, EPA contestó la demanda4, se opuso a las
pretensiones y formuló las excepciones de “inexistencia de pruebas por parte
del demandante que demuestren el presunto desequilibrio económico
contractual”; “excepción de pago”; “exceso de cuantificación de perjuicios”;
“cumplimiento de requisitos por parte de EPA ESP en contrato celebrado”;
“buena fe” y “caso fortuito o fuerza mayor”.
1.3. Sentencia recurrida
16. El 24 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Quindío, Sala Quinta
de Decisión, profirió la Sentencia de primera instancia5 (se trascribe su parte
resolutiva):
“PRIMERO: declarar de oficio probada la excepción de caducidad de la acción
contenciosa administrativa propuesta a través del medio de control de
controversias contractuales por CALDERÓN INGENIEROS S.A. contra las EMPRESAS
PÚBLICAS DE ARMENIA Y otros.
SEGUNDO: condenar en costas a la parte vencida, esto es a la demandante. Por
Secretaría efectúese la liquidación pertinente.
[...]”.
17. El Tribunal declaró la caducidad de la acción con base en las siguientes
consideraciones:
4 F. 71-115 del cuaderno 1.
5 F. 1200-1215 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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18. El 27 de agosto de 2007, EPA y Calderón Ingenieros celebraron un contrato
de obra regido por el derecho privado. El contrato no definió el plazo para su
liquidación, por lo que el Tribunal consideró que, a fin de contar el término de
caducidad, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 debería suplir el silencio de
las partes y luego del 12 de junio de 2011 (día siguiente de la finalización de la
obra), debían sumarse 6 meses (4 meses para la realización de la liquidación
bilateral y 2 para la unilateral) hasta el 13 de diciembre de 2011, plazo a partir
del cual debían contarse 2 años, hasta el 14 de diciembre de 2013.
19. El Tribunal también tuvo en cuenta que la solicitud de conciliación se
presentó el 15 de noviembre de 2013 “por lo que se suspendió el plazo
faltando: 16 días de noviembre y 14 de diciembre, es decir 30 días en total”.
Como la audiencia de conciliación extrajudicial de 3 de abril de 2013 se
celebró después de 3 meses de la solicitud, de acuerdo con el articulo 21 de
la Ley 640 de 2001, el plazo se reanudó el 15 de febrero de 2014, por lo que la
demanda se podía presentar hasta el lunes hábil 17 de marzo de 2014 y como
se presentó el 19 de mayo de 2014, se presentó fuera del término.
1.4. Recurso de apelación
20. El 10 de septiembre de 2018, Calderón Ingenieros presentó un recurso de
apelación6 en contra de la Sentencia de primera instancia. La actora alegó
que la demanda había sido presentada en tiempo. Además, la recurrente
afirmó que se había configurado la causal del artículo 133, numeral 6, del CGP,
que dispone que el proceso es nulo “cuando se omita la oportunidad [...] para
[...] descorrer su traslado”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Condena en costas
2.1. Análisis sustantivo
21. La Sala revocará la decisión de primera instancia, pues considera que el
Tribunal declaró indebidamente la caducidad de la acción. Además, negará
la pretensión de condena y liquidará el contrato en relación con las
salvedades dejadas en la liquidación.
22. A continuación, se estudiarán los cargos formulados en la apelación y las
pretensiones de la demanda:
1) El Tribunal declaró indebidamente la caducidad de la acción
6 F. 1221-1245 del cuaderno del Consejo de Estado.
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23. El contrato fue liquidado bilateralmente el 26 de junio de 20137. Para contar
el término de caducidad es aplicable el inciso 2, literal j (iii) del artículo 164 del
CPACA8, que define que en los contratos que requieran de liquidación y esta
sea efectuada de común acuerdo por las partes, se debe contar un término
de 2 años desde el día siguiente al de la firma del acta. Es decir, que dicho
plazo terminaría el 27 de junio de 2015. Como la demanda fue presentada el
19 de mayo de 2014, esta se presentó oportunamente, por lo que corresponde
a la Sala estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.
24. Por otra parte, en pro del principio de economía procesal, la Sala no
ahondará en el estudio de la nulidad del proceso en virtud de la falta de
traslado de la excepción de caducidad de la acción. Ello, primero, porque el
interés de Calderón Ingenieros era que se revocara la declaratoria de
caducidad del medio de control –lo cual se resolverá en esta Sentencia– y el
instrumento procesal para abogar por su derecho de defensa era el recurso
de apelación. Segundo, porque, en todo caso, procedía el rechazo de plano
de la solicitud, según el último inciso del artículo 135 del CGP9, pues no existe
una causal de nulidad por omitir la oportunidad para descorrer el traslado de
una excepción declarada de oficio.
2) La Sala no reconocerá el desequilibrio económico del contrato en virtud
de su régimen especial
25. Para estudiar este punto, es indispensable destacar que el régimen del
contrato no es de derecho público. Este contrato fue celebrado por una
empresa de servicios públicos. Además, este fue financiado por el Banco
Mundial y en aplicación del numeral 1 del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007,
que dispone que “los contratos […] financiados en su totalidad o en sumas
iguales o superiores al 50% con fondos de los organismos de cooperación,
asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de
tales entidades”, este fue gobernado por el reglamento del BID.
26. En efecto, según el numeral 4 del “Llamado a Licitación”10, esta se llevaría
a cabo “conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN)
establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisiciones con préstamos del BIRF y créditos de la AIF, de mayo de 2004”.
Luego, el numeral 2.1 del pliego11 (“fuente de fondos”) señaló que “el
prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los
fondos del préstamo del Banco Mundial identificado en los DDL, para sufragar
parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los
7 F. 3-7 del cuaderno de anexos 3.
8 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de
marzo de 2021, exp. 55335.
9 “El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este
capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada
o por quien carezca de legitimación”.
10 F. 118-120 del cuaderno 1.
11 F. 116-185 del cuaderno 1.
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pagos elegibles en virtud del Contrato para las Obras”. El numeral 3.1 de las
Condiciones Especiales del Contrato indicó que “la ley que gob[ernaba] el
contrato e[ra] la ley de Colombia”.
27. Con ocasión del régimen especial del contrato, las disposiciones del
Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico no resultan
aplicables. En consecuencia, la reclamación de la ruptura del equilibrio
financiero deberá ser rechazada12.
28. Ahora bien, si se interpretan las pretensiones para aplicar las normas de
derecho privado13 relevantes en materia de alteración de las condiciones de
ejecución, sería necesario recurrir al artículo 868 del Código de Comercio
sobre excesiva onerosidad sobrevenida. Analizadas en el marco de esa
norma, la reclamación será rechazada por las razones que se explican a
continuación.
29. La excesiva onerosidad sobrevenida tiene una lógica distinta al
desequilibrio económico, pues pretende remover, a futuro, las dificultades que
se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución. Por
esto, el artículo 868 del Código de Comercio exige que las circunstancias
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del
contrato, deben alterar una “prestación de futuro cumplimiento a cargo de
una de las partes”. Esto guarda coherencia con las potestades que otorga al
juez el inciso segundo de ese artículo, pues este autoriza a ordenar el reajuste
o la terminación del contrato; órdenes que no tendrían sentido en relación
con una prestación ejecutada o un contrato terminado.
30. Respecto de esta norma, Hinestrosa sostuvo: “se concluye que quien ya
pagó, logró sortear las dificultades que se le oponían y, por lo mismo, no
cuenta con razones valederas para volver sobre hechos cumplidos. [...] de
modo que si la demanda de reajuste o terminación se introduce luego de
ejecutada la prestación devenida más onerosa, ya no existe sujeta materia
para la actividad judicial, pues no hay contrato que cambiar, u obligación
que reajustar, pues todo concluyó por cumplimiento-pago”14.
31. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia15, en idéntico sentido, ha
señalado que “bien se advierte del factum normativo, que la revisión versa
sobre ‘la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes’,
esto es, no cumplida ni extinguida. La vigencia del contrato y la pendencia de
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 8 de
septiembre de 2021, exp. 61617; Salvamento de voto de Alberto Montaña a la Sentencia: Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de abril de 2021, exp. 48962.
13 Cabe aclarar que el derecho privado integra los contratos celebrados por entidades estatales que se gobiernen
por regímenes especiales. Tal es, precisamente, el caso del contrato bajo estudio, que, una vez excluido de la Ley 80
de 1993, se ciñe al reglamento y a las especificaciones del BID, incluidas en este.
14 Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones II, de las fuentes de las obligaciones: negocio jurídico, volumen 2,
p. 523.
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 21 de febrero de 2012, exp. 11001-3103-040-2006-
00537-01
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la prestación, conforman condiciones ineludibles. Menester el vigor del
contrato, y que la obligación no sea exigible, haya cumplido, ejecutado o
agotado”.
32. En el caso no existe ninguna prestación de futuro cumplimiento que pueda
ser objeto de revisión o terminación judicial, de conformidad con lo señalado
por el artículo 868 del Código de Comercio. Así las cosas, la reclamación
relativa al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato será negada
como consecuencia de que el contrato que dio origen a la controversia
terminó y fue liquidado.
3) No hay lugar a declarar el incremento y ajuste de precios, ni la mayor
permanencia en obra, ni los incumplimientos alegados por la actora
33. Las reclamaciones de la actora relativas al incremento y ajuste de precios
y a la mayor permanencia en obra tienen todas como causa directa el
aumento del plazo contractual. En el expediente obran varias suspensiones y
prórrogas al contrato, pero ninguna de ellas incluye salvedades dejadas por
el contratista.
34. Las siguientes fueron las suspensiones del contrato:
• Suspensión de 17 de diciembre de 200716. En ella “el contratista
dej[ó] constancia que la presente suspensión no ser[ía] motivo de
reclamación alguna ante las EPA”;
• Suspensión de 14 de enero de 200817;
• Suspensión de 15 de mayo de 200818 . En ella “las partes acuerdan
que la suspensión del contrato no generará gastos de
administración adicionales por permanencia en obra o lucro
cesante a cargo de Fonade”.
• Suspensión de 2 de octubre de 200819;
• Suspensión de 22 de mayo de 200920. En ella “el contratista dej[ó]
constancia que la presente suspensión no ser[ía] motivo de
reclamación alguna ante las EPA”;
• Suspensión de 7 de septiembre de 201021;
• Suspensión de 7 de febrero de 201122.
35. Los siguientes fueron los contratos adicionales:
16 F. 94-95 del cuaderno 2.
17 F. 384-385 del cuaderno 2.
18 F. 96 del cuaderno 2.
19 F. 506-507 del cuaderno 3.
20 F. 99-100 del cuaderno 2.
21 F. 49 del cuaderno 5.
22 F. 58 del cuaderno 5.
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• Contrato adicional de 17 de marzo de 200923. En este “el
contratista dej[ó] constancia que la presente suspensión no ser[ía]
motivo de reclamación alguna ante las EPA”;
• Contrato adicional de 19 de abril de 201024;
• Contrato adicional de 7 de febrero de 201125. En este se
estableció (se trascribe): “cláusula sexta VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: todas las demás cláusulas del contrato principal
no modificadas en el presente contrato adicional continúan
vigentes y su exigibilidad permanece” y
• Contrato adicional de 5 de mayo de 201126.
36. Se reitera que ninguna de las suspensiones ni de los contratos adicionales
tenían salvedades e, incluso, varios de ellos incluían renuncias a
reclamaciones futuras por parte del contratista. La Sala destaca que tales
salvedades eran indispensables a fin de que, posteriormente, el contratista
pudiera reclamar el pago de los perjuicios derivados de tales acuerdos. De
hecho, “del principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos
propios se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden
prosperar cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las
modificaciones, adiciones, prorrogas [o] suspensiones”27. En virtud de lo
anterior, no puede concederse la pretensión de condena relativa a la
declaración del incremento y ajuste de precios ni a la mayor permanencia en
obra.
37. Adicionalmente, un negocio jurídico, en su definición más sencilla, es una
manifestación de voluntad tendiente a la producción de efectos jurídicos, en
particular a la creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones.
Las condiciones de esa creación, modificación o extinción de derechos serán
aquellas que las partes acuerden en el negocio, así como aquellas que hagan
parte del acuerdo por ser supletivas o de orden público.
38. Por lo anterior, si las partes de un contrato lo modifican, ello quiere decir
que la relación nacida del contrato se altera en los términos acordados en ese
negocio jurídico; pues la voluntad conjunta de las partes así lo ha querido. Así,
si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga y no modifican la
cláusula de valor, ni tampoco indican que esta alteración en el tiempo de
ejecución tendrá un costo adicional, con ello están determinando que ese
negocio jurídico de suspensión o prórroga se hará en esas condiciones; esto
es, sin que implique un costo extra para la entidad.
23 F. 97-98 del cuaderno 2.
24 F. 121-130 del cuaderno 2.
25 F. 51 del cuaderno 5.
26 F. 557-558 del cuaderno 3.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de marzo
de 2021, exp. 41752.
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Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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39. Ello es especialmente cierto para materias relacionadas con un negocio
jurídico solemne, en donde, si se modifica el plazo, pero no el valor, difícilmente
podría forzarse judicialmente la modificación de este último como
consecuencia de un acuerdo de las partes sobre la alteración de aquel.
40. Esta lógica derivada directamente de la teoría del negocio jurídico se
relaciona, además, con el principio de buena fe y la doctrina de los actos
propios. Esto es así, pues resultaría contrario a ellos permitir que una parte
prevalezca en juicio desconociendo que prestó su voluntad en la celebración
de un negocio jurídico, sin advertir a su contraparte que aceptaba con reserva
lo que estaba firmando. Por ejemplo, que aceptaba la suspensión, pero
escondía que ello generaría un costo para su contraparte contractual, o que
aceptaba la prórroga del contrato, pero que sus efectos no impactarían
algunos asuntos que demandaría posteriormente.
41. En todo caso, la Sala no reconocerá la condena solicitada por la actora,
pues está acreditado que, mediante el contrato adicional de 19 de abril de
201028, la contratante adicionó $1.240.961.186 al valor del contrato “en razón
de que durante la revisión inicial de los diseños, realizada entre la interventoría
y el contratista, se evidenció que los diseños iniciales no presentaban los
detalles, despecies y demás información necesaria para adelantar una
adecuada construcción, debiéndose por tanto proceder a corregir las
inconsistencias encontradas en cada componente”. Así, se incrementó el
valor del contrato y se incluyeron obras adicionales. El contratista, sin
embargo, no probó que las fallas y la ausencia de diseños alegadas hubieran
generado sobrecostos, aparte de los reconocidos mediante dicho contrato
adicional.
42. Por último, corresponde a la Sala referirse a los incumplimientos alegados
por la parte actora. En la pretensión segunda, Calderón Ingenieros señaló que
se le debía la retención en garantía, sin embargo, en los hechos de la
demanda indicó que el 11 de marzo de 2014, Fonade le había consignado el
valor correspondiente a esta. Lo anterior está probado mediante un recibo de
19 de marzo de 201429, que acredita el pago de Fonade al contratista de
$85.991.145. Por lo tanto, no se reconocerá esa petición.
43. En relación con los intereses de mora derivados del pago tardío del dinero
retenido en garantía, cabe citar la cláusula 48.2 de la Condiciones Generales
del Contrato, que disponía que (se trascribe):
“Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al
28 F. 121-130 del cuaderno 2.
29 F. 929 del cuaderno 5.
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
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Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos”.
44. En el proceso está probado que el 30 de junio de 2011, el interventor
certificó la Terminación de las Obras30. Luego, mediante la certificación de 5
de marzo de 2014, EPA definió que “no se presentaron defectos dentro de
periodo de responsabilidad [por defectos]”, en virtud de lo anterior, Fonade
restituyó al contratista la retención en garantía.
45. De lo anterior se colige que EPA tenía la obligación de pagar al contratista
la mitad del total retenido –correspondiente a $42.995.572.5– desde el 1 de
julio de 2011, por lo que se le reconocerán al contratista intereses de mora
sobre dicho valor calculados entre esa fecha y el 19 de marzo de 2014,
correspondientes a $45.202.649,41, de conformidad con la siguiente fórmula:
TASA DE
INTERÉS
APLICABLE
DÍAS DE VALOR INTERESES INTERESES
BASE DESDE HASTA 1,5 IBC (E.A.) EXPRESADA EN
MORA PERIODO ACUMULADOS
DECIMALES
(PERIÓDICA
DIARIA)
$ 42.995.572,50 1/07/11 30/09/11 92 27,95% 0,000675 $ 2.755.310,10 $ 2.755.310,10
$ 45.750.882,60 1/10/11 31/12/11 92 29,09% 0,000700 $ 3.040.850,91 $ 5.796.161,02
$ 48.791.733,52 1/01/12 31/03/12 91 29,88% 0,000717 $ 3.286.236,80 $ 9.082.397,81
$ 52.077.970,31 1/04/12 30/06/12 91 30,78% 0,000735 $ 3.603.354,54 $ 12.685.752,36
$ 55.681.324,86 1/07/12 30/09/12 92 31,29% 0,000746 $ 3.954.937,13 $ 16.640.689,49
$ 59.636.261,99 1/10/12 31/12/12 92 31,34% 0,000747 $ 4.241.366,05 $ 20.882.055,53
$ 63.877.628,03 1/01/13 31/03/13 90 31,13% 0,000743 $ 4.413.946,18 $ 25.296.001,71
$ 68.291.574,21 1/04/13 30/06/13 91 31,25% 0,000745 $ 4.789.839,03 $ 30.085.840,74
$ 73.081.413,24 1/07/13 30/09/13 92 30,51% 0,000730 $ 5.073.360,25 $ 35.159.200,99
$ 78.154.773,49 1/10/13 31/12/13 92 29,78% 0,000714 $ 5.306.662,46 $ 40.465.863,44
$ 83.461.435,94 1/01/14 19/03/14 78 29,48% 0,000708 $ 4.736.785,97 $ 45.202.649,41
TOTAL $ 45.202.649,41
46. Luego, la demandante afirmó que había incurrido en mayores costos por
reparaciones y que según el pliego, tenía derecho a un ajuste de tarifas y a
que se le reconocieran varios “eventos compensables”. Además, señaló la
entidad le debía intereses por el pago atrasado de algunas actas de obra. Sin
embargo, el contratista no hizo referencia a tales incumplimientos en las
salvedades dejadas en el acta de liquidación, por lo que estos no pueden ser
estudiados ni reconocidos.
4) Liquidación del contrato
47. Se entiende que como las partes liquidaron bilateralmente el contrato y el
contratista dejó salvedades en el acta, procede la liquidación judicial
30 F. 800 del cuaderno 4.
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
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Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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respecto de los aspectos incluidos en las salvedades, los cuales,
evidentemente, no fueron objeto de acuerdo. La Sala liquidará el contrato en
relación con las salvedades dejadas en el acta de liquidación y declarará que
Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P. le adeuda a Calderón Ingenieros S.A.
$45.202.649,41, relativos a los intereses de mora derivados del pago tardío del
50% del dinero retenido en garantía.
2.2. Condena en costas
48. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA31 y el numeral 1 del artículo
365.1 del CGP32, la Sala se abstendrá de condenar en costas, pues el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante prosperó parcialmente.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
REVOCAR la Sentencia de 24 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Quindío, Sala Quinta de Decisión, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR liquidado judicialmente el contrato de 27 de
agosto de 2007 celebrado entre Empresas Públicas de Armenia-EPA
E.S.P. y Calderón Ingenieros S.A., en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR a Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P. a
pagar a Calderón Ingenieros S.A. $45.202.649,41, suma relativa a los
intereses de mora derivados del pago tardío del 50% del dinero retenido
en garantía.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
31 “Artículo 188: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
32 “Se condenará en costas a [...] quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación [...]”.
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Radicación: 63001-23-33-000-2014-00095-02 (62528)
Demandante: Calderón Ingenieros S.A.
Demandada: Empresas Públicas de Armenia-EPA E.S.P.
Referencia: controversias contractuales
Decisión: revocar la Sentencia apelada
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firmado electrónicamente firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
aclaración de voto
firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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