RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2014-00227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00227-01

Fecha
31 de mayo de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2014-00227-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA CONFÍRMASE la sentencia de 24 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez contra la Procuraduría General de la Nación por haber proferido, a través de la Procuraduría Provincial de Armenia y la Procuraduría Regional Quindío, los fallos disciplinarios de 3 de noviembre de 2011 y 14 de diciembre de 2011.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2014-00227-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

31 de mayo de 2018

PROCESO DISCIPLINARIO – Personero municipal de armenia / CONDUCTA - / DEBIDO PROCESO – Marco normativo / DEBIDO PROCESO – Valoración probatoria / VALORACIÓN PROBATORIA – Oportunidad de ejercer derecho de defensa y contradicción / DEBIDO PROCESO – No vulnerado / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD – No desvirtuada

A la Jurisdicción Contencioso Administrativa, le corresponde verificar que la prueba que fue recaudada en sede disciplinaria se ajustó a la ley a las garantías constitucionales y procesales señaladas por la ley, con el fin de que éste, en caso de no estar de acuerdo pueda ejercer todos los medios de réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo inculpan y participar de modo activo en todo el proceso. La Sala observa que el disciplinado tuvo dentro del proceso disciplinario la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción de las pruebas decretadas y recaudadas a través de la investigación disciplinaria, por ende no se evidencia que le haya sido vulnerado su derecho al debido proceso por parte de las autoridades disciplinarias. se concluye que en el presente caso existe un extenso material probatorio que da certeza de la ocurrencia de la falta disciplinaria que le fue endilgada dentro del proceso en el cual resultó sancionado tanto en primera como en segunda instancia, y por ende el cargo no tiene prosperidad alguna. Así las cosas, tras el análisis de las pruebas que obran en el expediente, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica no observa la Sala la configuración del cargo de apelación presentado por el recurrente, motivo por el cual la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda y condeno en costas a la parte demandante amerita ser confirmada.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 63001-23-33-000-2014-00227-01(0651-17)

Actor: JHON JAIRO SÁNCHEZ GÓMEZ

Demandado: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Trámite: APELACIÓN SENTENCIA - LEY 1437 DE 2011.
Asunto: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CONTRA FALLOS DISCIPLINARIOS QUE SANCIONARON AL PERSONERO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, CON DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS.
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NEGÓ LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

FALLO SEGUNDA INSTANCIA.

El proceso de la referencia viene con informe de la Secretaría de 21 de julio de 2017, y cumplido el trámite previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez –en calidad de demandante- contra la sentencia de 24 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Procuraduría General de la Nación.

ANTECEDENTES

La demanda y sus fundamentos.

Por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez solicitó la nulidad de los fallos disciplinarios de 3 de noviembre de 2011 y 14 de diciembre de 2011 proferidos por el Procurador Provincial de Armenia (Quindío) y el Procurador Regional de Quindío, respectivamente, a través de los cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública en cualquier cargo o función por el término de diez (10) años.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, el demandante solicitó condenar a la Procuraduría General de la Nación a: i) indemnizar por los perjuicios causados la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) por los emolumentos dejados de percibir en su calidad de Personero de Armenia, los cuales deberán ser indexados al momento del pago y, ii) cancelar por perjuicios morales la suma equivalente a mil (1000) SMLMV.

A continuación la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado de la demandante, así:

Afirmó el apoderado del demandante que el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez mientras se desempeñaba como personero municipal de la ciudad de Armenia (Quindío), se presentó queja disciplinaria contra éste, el 14 de octubre de 2010 por la supuesta agresión física y verbal a la señora Nancy Gaitán Hernández y a dos auxiliares de policía bachilleres.

Indicó que la Procuraduría Provincial de Armenia mediante: i) auto de 18 de mayo de 2011 dio apertura a la investigación disciplinaria, ii) escrito de 26 de agosto de 2011 profirió pliego de cargos y, iii) fallo de primera instancia de 3 de noviembre de 2011 sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término de diez (10) años, al encontrarlo responsable de haber cometido a título de dolo, la falta gravísima consagrada en los numerales 1° y 19 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 111, 112 y 429 de la Ley 599 de 2000.

Manifestó que mediante escrito de 28 de noviembre de 2011 presentó recurso de apelación contra el fallo disciplinario de primera instancia, el cual fue resuelto por la Procuraduría Regional de Quindío mediante fallo de segunda instancia de 14 de diciembre de 2011 confirmando en su integridad la sanción disciplinaria y siendo ejecutada por la Alcaldía de Armenia mediante Resolución 2280 del 26 de diciembre de 2011.

Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante citó como vulneradas las siguientes disposiciones:

El artículo 29 de la Constitución Política.

Como concepto de violación, el apoderado del demandante señaló lo siguiente:

Vulneración del derecho al debido proceso.

Señaló el apoderado del demandante que la autoridad disciplinaria acusada vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que no se decretó una prueba que fue solicitada por el demandante más especialmente de una testigo presencial de los hechos.

Manifestó que existen dudas respecto a la conducta que le fue endilgada disciplinariamente, en la medida que en ningún momento atacó a la señora Nancy Gaitán Hernández y a los auxiliares bachilleres de la policía Jonathan Ortiz Rozo y Jesús Arnulfo Tapia Zapata, quienes a su parecer no son servidores públicos.

1.3. Contestación de la demanda.

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda, a través de apoderado judicial, oponiéndose a las pretensiones del libelo, con los siguientes argumentos:

Precisó que no existe ninguna vulneración a los derechos al debido proceso y a la defensa, por cuanto se observa en el proceso que el disciplinado tuvo conocimiento de los hechos y las actuaciones disciplinarias, por ende contó con la posibilidad de controvertir las pruebas y las decisiones allí contenidas, por lo que no existe razón para desconocer su connotación disciplinable de su conducta.

Indicó que la autoridad disciplinaria analizó de forma íntegra las pruebas arrimadas al proceso, respetando así el principio de la sana crítica, ajustando su decisión a derecho y ante todo respetando las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales.

Finalmente, manifestó que los auxiliares de policía si son servidores públicos y prestan un servicio público todo ello conforme a lo señalado en la Ley 62 de 1993.

1.4. La sentencia apelada.

El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante, con base en los siguientes argumentos:

Planteó que el hecho de no haberse practicado el testimonio de Natalia Cifuentes Trejos no vulnera el derecho al debido proceso del demandante, pues la entidad sancionatoria decretó todas las pruebas solicitadas y recaudó los testimonios suficientes para esclarecer los hechos que originaron la sanción impuesta, de ésta manera concluyendo que existe suficiente material probatorio que da un alto grado de certeza sobre la conducta que le fue endilgada al demandante.

Precisó que los auxiliares de policía si son servidores públicos en el sentido que si bien no ostentan la calidad de empleados públicos, hacen parte de la Policía Nacional según el artículo 6° de la Ley 62 de 1993 y la Ley 1015 de 2006.

1.5. El recurso de apelación.

El apoderado del demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de 24 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, con los siguientes argumentos:

Expresó que el a quo erró en su decisión al no haber tenido en cuenta que en la instancia disciplinaria se le vulneró el derecho al debido proceso, al no haberse practicado la prueba testimonial de la señora Natalia Cifuentes Trejos la cual era necesaria y fundamental para haber modificado la decisión disciplinaria.

1.6. Alegatos de segunda instancia.

1.6.1. Parte demandada.

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en el sentido que la conducta desplegada por el demandante cuando fungía en calidad de Personero Municipal de Armenia (Quindío) encuadra dentro de las descripciones típicas señaladas en los artículos 111, 112 y 429 de la Ley 599 de 2000 en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, toda vez que se logró probar que el disciplinado ejerció violencia física y verbal contra la señora Nancy Gaitán Hernández y dos auxiliares de policía bachilleres.

1.7. Concepto del Ministerio Público.

La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar el fallo recurrido, con base en los siguientes argumentos:

Sostuvo que no existió transgresión de los derechos al debido proceso y a la defensa, en el sentido que la autoridad disciplinaria podía prescindir de la práctica del testimonio de la señora Natalia Cifuentes Trejos pese a haberse decretado, en la medida que el acervo probatorio que obra en el proceso era suficiente para determinar la comisión de la falta disciplinaria y la responsabilidad del demandante.

Así mismo, expresó que a través del proceso no se observa que haya manifestado el objeto de la práctica de dicho testimonio por ende se estima que esa prueba no tenía el grado de necesidad para evidenciar una situación distinta que pudiera conducir a adoptar una decisión diferente a la tomada por el ente sancionatorio.

CONSIDERACIONES

2.1. Problema jurídico.

Atendiendo a los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación de la parte demandante, corresponde a la Sala determinar:

¿Si, realmente se le vulneró el debido proceso al sancionado, al no haberse practicado la prueba testimonial de la señora Natalia Cifuentes Trejos, la cual a su juicio era necesaria y fundamental para adoptar una decisión disciplinaria diferente de la proferida y así haber sido exonerado de la sanción que le fue impuesta?

I. RESOLUCIÓN DEL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO RELACIONADO CON LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.

Para resolver el primer problema jurídico planteado, es necesario establecer: 1) el marco jurídico relacionado con la vulneración al debido proceso, para luego analizar, 2) el asunto en concreto.

Régimen jurídico relacionado con la vulneración al debido proceso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 734 de 2002 - en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política -, el cual involucra todos los aspectos sustanciales y procesales de la actuación disciplinaria, y señala el derecho al debido proceso así:

“Artículo 6°. Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”. (Subrayado fuera de texto).

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

De esta manera se establece que el sujeto que se encuentra siendo disciplinado deberá ser investigado por el funcionario competente, bajo los presupuestos legales que determine la referida ley, así como no ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes a la conducta que le está siendo imputada.
Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que:

“La Corte ha señalado unos requisitos mínimos que deben observar los funcionarios que gozan de potestad disciplinaria, para que el debido proceso sea efectivo, según los cuales, todo investigado tiene derecho a: “La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas posibles de sanción; la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones.” (Subrayado fuera de texto).

Lo expuesto son los requisitos necesarios que debe cumplir la autoridad sancionatoria a la hora de emitir una fallo disciplinario, con el fin de evitar la presencia de una vulneración al debido proceso, dentro de los cuales registra la posibilidad de que el disciplinado pueda controvertir mediante recursos y actuaciones todas las decisiones que se presenten a lo largo del proceso.

Así mismo, la jurisprudencia de ésta Corporación se ha pronunciado respecto del principio al debido proceso en materia disciplinaria de la siguiente manera:

“(…) “El debido proceso como derecho fundamental está referido en materia procesal disciplinaria, a que el inculpado conozca los cargos en forma clara, concisa y oportuna para que pueda ejercer todos los medios de réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo inculpan, presentar alegatos y en general, participar de modo activo en todo el proceso, lo que implica un gran debate con el agotamiento de las instancias a que haya lugar y las garantías que las mismas ofrecen”.

Lo dicho debe armonizarse con el procedimiento disciplinario, que concede una amplia gama de posibilidades para ejercer el derecho de defensa a lo largo de sus diversas etapas. Es por ello, que el control de legalidad y constitucionalidad sobre las decisiones disciplinarias de los actos de la administración confiadas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa no puede convertirse en un nuevo examen de la prueba, como si se tratara de una tercera instancia, dado que el control judicial implica una especialidad y depuración del debate.

De otro lado, tampoco puede afirmarse que los actos de juzgamiento disciplinario son intangibles e invisibles al control jurisdiccional, porque la revisión de legalidad se realiza pero con las restricciones señaladas.

En efecto, le corresponde entonces a la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia probatoria, verificar que la prueba recaudada en el trámite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales primordiales, lo que significa, que la acción objetiva resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba, siempre y cuando esta sea manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa”.

De lo anterior, se observa que a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, le corresponde verificar que la prueba que fue recaudada en sede disciplinaria se ajustó a la ley a las garantías constitucionales y procesales señaladas por la ley, con el fin de que éste, en caso de no estar de acuerdo pueda ejercer todos los medios de réplica, pedir las pruebas, obtener su decreto y práctica, así como controvertir las que lo inculpan y participar de modo activo en todo el proceso.

Análisis del cargo en concreto.

Para determinar si le asiste razón o no al accionante en los puntos antes expuestos, la Sala procede a valorar el material probatorio que reposa en el plenario, teniendo en cuenta que le fueron imputados dos cargos tales como haber causado lesiones a: a) los auxiliares de policía bachilleres Jonathan Ortiz Rozo y Jesús Arnulfo Tapia Zapata y, b) la señora Nancy Gaitán Hernández, de la siguiente manera:

Queja de 15 de octubre de 2010 suscrita por la señora Nancy Gaitán Hernández en la cual indica que: “el día 14 de octubre de 2010 siendo las 7:20 P.M. pasaba por el parque Laureles de Armenia cuando vi a un muchacho agrediendo dos policías auxiliares, luego observe cuando un señor de camisa blanca se acercó a los auxiliares y empezó igualmente a agredirlos físicamente golpes de puño y punta pie, entonces yo empecé a gritarles que no les pegaran a los auxiliares, que ellos estaban cumpliendo con deber, pues todo se inició por que el primero que nombro se bajó a orinar en un árbol del parque y los auxiliares le llamaron la atención y ahí fue cuando empezaron a golpear a estos jóvenes, luego se bajó una muchacha y me dijo es que la policía los está agrediendo a ellos, le respondí, no, por qué yo los vi, ella me dijo, es que él es el Personero, yo seguí, el Personero había llegado a su carro y pase cerca a él y le dije que clase de persona es usted? Todo un personero y agrediendo la fuerza pública, no cumpliendo las normas. Entonces se vino hacía mí y saco su mano y me dio un golpe que rozo mi rostro y termino en el hombro, ahí le sentí olor a trago (…)”.

Queja de 19 de octubre de 2010 suscrito por los patrulleros Jhonatan Ortiz Rozo y Jesús Arnulfo Tapia Zapata en la cual manifiestan: “…el pasado día jueves 14 de octubre del presente año a las 7:20 pm. El señor Personero Jhon Jairo Sánchez Gómez se presentó acompañado de otras dos personas al parque Laures del departamento del Quindío en visible estado de embriaguez (…), uno de los hombres se bajó del automóvil a orinar en el parque (…), el auxiliar bachiller Jonathan Ortiz le hizo un llamado de atención (…) el hombre se rio y comenzó a insultarlos se bajó el señor personero e hizo lo mismo (…) comenzaron a agredirlos físicamente con puños y patadas se bajó la mujer que los acompañaba y comenzó a agredir a el auxiliar Jesús Arnulfo Tapia Zapata pegándole y arañándolo en la cara. Los dos hombres comenzaron a agredir al auxiliar Jonathan Ortiz Rozo con puños y patadas tirándolo al suelo dejándolo gravemente lesionado, la señora Nancy Gaitán Hernández que transitaba por allí les dio a entender que lo que hacían estaba mal diciéndoles “que por que los agredían” el señor personero también agredió a la señora verbal y físicamente”.

Las trascripciones de las quejas otorgadas por la señora Nancy Gaitán Hernández y los señores Jonathan Ortiz Rozo y Jesús Arnulfo Tapia Zapata permiten observar claramente que: 1) los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2010, 2) un contratista de la Personería Municipal de Armenia se bajó del automóvil a realizar sus necesidades fisiológicas en el parque Laureles a lo cual los auxiliares de la policía bachilleres le llamaron la atención y éste procedió a insultarlos, 3) el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez siempre se presentó como el Personero Municipal de Armenia y en visible estado de embriaguez, 4) la señora Nancy Gaitán Hernández fue agredida verbal y físicamente por el personero municipal de Armenia al haber reprochado su conducta frente a los policías bachilleres.

En el expediente también reposan las declaraciones del 7º de octubre de 2011 recepcionadas por el Procurador Provincial de Armenia – Quindío y rendidas por los auxiliares de la policía bachilleres, Jesús Arnulfo Tapia Zapata y Jonathan Ortiz Rozo dentro del proceso disciplinario adelantado contra el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez, en las cuales se observa lo siguiente:

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR JESÚS ARNULFO TAPIA ZAPATA EL 7º DE OCTUBRE DE 2011 ANTE LA PROCURADORÍA PROVINCIAL DE ARMENIA – QUINDÍO.

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, en qué lugar supuestamente el ciudadano LUIS HERMES, estaba haciendo su necesidad fisiológica, cuando se le llamó la atención. CONTESTO: Eso fue en el parque laureles, nosotros armábamos una carpa en toda la esquina (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar en qué momento se inicia la riña o altercado y si usted estaba presente al momento del inicio. CONTESTO: Yo estaba presente, eso fue siete y veinte de la noche, cuando se presentó el inconveniente, me encontraba con JONATAN ORTIZ ROSO, que era mi compañero. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si en el momento del altercado con el señor LUIS HERMES, llegan otras personas a intervenir y de qué forma lo hacen. Y si recuerda como estaban vestidos. CONTESTO: Se bajó una muchacha que estaba en el vehículo y el señor JHON JAIRO, pues a agredirnos físicamente, solo me acuerdo del señor JHON JAIRO que era el de la camisa blanca. Y de la nada aparecieron dos sujetos pues no sé quiénes eran, no recuerdo bien eso, uno de ellos me sacó un arma blanca, no recuerdo como estaban vestidos, todo fue tan rápido”.

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR JONATHAN ORTIZ ROZO EL 7º DE OCTUBRE DE 2011 ANTE LA PROCURADORÍA PROVINCIAL DE ARMENIA – QUINDÍO.

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho, en qué lugar supuestamente el ciudadano LUIS HERMES, estaba haciendo su necesidad fisiológica, cuando se le llamó la atención. CONTESTO: Fue donde nosotros armábamos la carpa, eso fue al ladito de la carpa, la carpa siempre queda acomodada en el parque laureles (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar en qué momento se inicia la riña o altercado y si usted estaba presente al momento del inicio. CONTESTO: Si porque nosotros estábamos ahí cuando llevaron a orinarse, en ese momento como había tanta gente esperando el bus, habían unas señoras, nosotros fuimos y le llamamos la atención, yo fue el que hable porque mi compañero estaba ahí prestándome apoyo y si estaba ahí porque la pela que me pegaron fue mucha. PREGUNTADO: Sírvase manifestar al despacho si en el momento del altercado con el señor LUIS HERMES, llegan otras personas a intervenir y de qué forma lo hacen. Y si recuerda como estaban vestidos. CONTESTO: Pues sí, llegaron otras dos personas, el señor LUIS HERMES y la otra persona que llegó fueron los que me agredieron a mí, la otra mujer que agredió a mi compañero, después llegaron otros dos que no sé de donde salieron. Ahí llegaron otros dos que no sabían de dónde venían y le sacaron un arma blanca a mi compañero como un destornillador, en realidad nosotros nos dimos cuenta que usted era el personero porque ella empezó a gritar, nos amenazaron”.

Las declaraciones antecedidas reiteran lo manifestado en los escritos señalados en los folios 213, 214 y 218 del cuaderno principal 1°, en lo que respecta a: 1) el sitio donde se presentaron los hechos fue en el parque Laureles de la ciudad de Armenia, 2) el señor Luis Hermes Millán se bajó de un carro a hacer su necesidad fisiológica ante lo cual dos auxiliares de policía bachilleres le llamarón la atención, 3) que el señor que se encontraba de camisa blanca era el personero municipal de la ciudad de Armenia – Quindío, el cual también procedió a agredir a los policías involucrados.

Obran a folios 407, 408 y 409 las declaraciones recepcionadas el 11º de octubre de 2011 por el Procurador Provincial de Armenia – Quindío y rendidas por las siguientes personas: i) Bernardo Velásquez Mahecha, ii) Carlos Enrique Gaitán Giacometto y, iii) Julián Andrés Zuluaga Gallego, en las cuales se observa lo siguiente:

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR BERNARDO VELÁSQUEZ MAHECHA EL 11º DE OCTUBRE DE 2011 ANTE LA PROCURADORÍA PROVINCIAL DE ARMENIA – QUINDÍO.

“PREGUNTADO: Doctor BERNARDO, usted donde se encontraba el día 14 de 2010. CONTESTO: Yo residía en la calle 19 norte, número 15-66, bloque uno, apartamento 302, del conjunto residencial las torres de laureles, era mi costumbre sacar una mascota después de mi labor profesional, llevarlo al parque de laureles, (…) casualmente el día 14 de octubre del año 2010, a eso de las siete y veinte más o menos PM, (…) cuando un muchacho bajito, estaba haciendo deposición urinaria, en un árbol, inmediatamente unos policiales bachilleres lo requirieron pues seguramente fueron mal requerido puesto que se enfrentaron con este ciudadano, a lo que lo golpearon los policiales bachilleres, (…) posteriormente una camioneta paró, se bajaron dos persona y la emprendieron con los policías bachilleres, eso fue muy rápido, e inmediatamente se fueron, en ese momento de la discusión alcance a ver al señor Personero de Armenia, que es figura pública, una señora gordita bajita lo requirió, insultándolo, y el personero salió hacia la carrera catorce como al sector del portal del Quindío, SAO, (…)”

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE GAITÁN GIACOMETTO EL 11º DE OCTUBRE DE 2011 ANTE LA PROCURADORÍA PROVINCIAL DE ARMENIA – QUINDÍO.

“PREGUNTADO: usted donde se encontraba el día 14 de octubre de 2010. Aproximadamente a las siete de las noche. CONTESTO: Yo en ese momento estaba en el norte pero venía bajando porque yo resido acá en el centro, en ese trayecto pasé por el parque laureles y me di cuenta de un altercado que se estaba presentando entre dos policías bachilleres con un muchacho que estaba orinando en un árbol, en ese momento que pasé estaban forcejeando ellos, había una señora, en ese momento apareció un señor que al otro día me di cuenta que era el personero de Armenia, él se acercó a los policías y empezó a separarlos a ellos, (…) de un momento a otro aparecieron dos señores de civil empezaron a pelear con los dos policías, ese señor que yo dije que era el personero, empezó a irse hacia la 14, (…). PREGUNTADO: De qué manera observó usted que el señor Personero actúo, en qué posición estaba, en forma defensiva u ofensiva, (…) CONTESTO: Desde que yo vi que se acercó a los policías él estaba tratando de separarlos a ellos, estaba tratando de calmar los ánimos en ese momento, no fue capaz, creo que lo alcanzaron a golpear (…)”

DECLARACIÓN RENDIDA POR EL SEÑOR JULIÁN ANDRÉS ZULUAGA GALLEGO EL 11º DE OCTUBRE DE 2011 ANTE LA PROCURADORÍA PROVINCIAL DE ARMENIA – QUINDÍO.

“PREGUNTADO: usted donde se encontraba el día 14 de octubre de 2010. Aproximadamente a las siete de las noche. CONTESTO: me desplazaba en mi automóvil por el parque laureles. PREGUNTADO: En esas circunstancias, usted observó algún hecho que considerara irregular en el sector del parque laureles. CONTESTÓ: Si, yo observó una discusión entre dos auxiliares y un joven, paso por el frente de ellos (…) desciende una persona de un carro, para mediar entre los dos auxiliares y el otro muchacho (…) en ese momento pasa una señora, la señora no tiene nada que ver en el problema (…)”.

De los anteriores testimonios se concluye que: i) los hechos en cuestión acaecieron el 14 de octubre de 2010 en el parque Los Laureles del municipio de Armenia (Quindío), ii) un señor de contextura baja y delgada se encontraba realizando una deposición urinaria en un árbol del parque Los Laureles, por lo cual dos auxiliares bachilleres de la Policía Nacional lo requirieron para que no efectuara tal actuación y, iii) ante tal situación apareció un ciudadano vestido con camisa blanca –que posteriormente se da cuenta que es el personero del municipio de Armenia – Quindío-, quien al parecer empezó a golpear a los policías bachilleres.

También se observan los informes técnicos médicos legales de lesiones no fatales de 15 de octubre de 2010 realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Seccional del Quindío – Sede Armenia, a los siguientes señores:

Nancy Gaitán Hernández quien presenta “edema y dolor en la palpación a nivel de cara anterior de hombro izquierdo, dolor a la movilización de hombro izquierdo pero con arco de movimiento conservados, así como edema de cuero cabelludo de 4x4 cm a nivel de región parieto occipital derecha, no se palpan fracturas. Producidas con un mecanismo contundente y con incapacidad definitiva de ocho (8) días”.

Jhonatan Ortiz Rozo quien presenta “múltiples excoriaciones en un área de 10x6 cm ubicadas a nivel de cara anterior de hombro derecho, no presenta limitación funcional de hombro derecho, edema a nivel de tejidos blandos en región de pómulo izquierdo, no se palpan fracturas, dolor en la palpación de región retroarticular izquierda, no se encuentran lesiones en piel, (…) Producidas con un mecanismo contundente y con incapacidad provisional de doce (12) días”.

Jesús Arnulfo Tapia Zapata quien presenta “excoriación lineal oblicua de 4 cm a nivel de mejilla derecha, equimosis de 2x2 cm a nivel de mucosa lado derecho de labio superior, piezas dentales sin alteraciones, dolor a la movilización de hombro derecho, arcos de movimiento conservados, equimosis de 7x3 cm a nivel de cara lateral tercio proximal de pierna derecha. Producidas con un mecanismo contundente y con incapacidad definitiva de siete (7) días”.

Katherin López Grisales quien presenta “dolor leve en la movilización de la muñeca derecha, todos los arcos de movimiento conservados, equimosis de 3x1 cm a nivel de brazo derecho cara interna tercio medio, equimosis de 1x1 cm a nivel de antebrazo izquierdo cara posterior tercio distal (…) Producidas con un mecanismo contundente y con incapacidad definitiva de cinco (5) días”.

Luis Hermes Millán Vivas quien presenta “abrasión de 3x1 cm de diámetro localizada región anterior de muñeca derecho, sin limitación funcional, abrasión de 2x 0.2 cm de diámetro localizada en región posterior de muñeca derecha (…) Producidas con un mecanismo contundente y con incapacidad definitiva de seis (6) días”.

Jhon Jairo Sánchez Gómez quien presenta “equimosis de 5x3 cm a nivel de muñeca derecha cara externa, equimosis de 5x5 cm a nivel de la muñeca derecha cara interna, asociado a abrasión de 4x1 cm (…) Producidas con un mecanismo abrasivo y con incapacidad definitiva de cuatro (4) días”.

Visto lo anterior, resulta evidente que las personas que son mencionadas se encontraron en el lugar de los hechos y a causa de la confrontación que se presentó entre ellos, resultaron con lesiones en el cuerpo las cuales provocaron las incapacidades respectivas.

Copia del formato único de noticia criminal de 14 de octubre de 2010, en donde se consigna la denuncia penal por lesiones presentada por los señores Jonathan Ortiz Rozo, Jesús Arnulfo Tapia Zapata y Nancy Gaitán Hernández en contra del Personero Municipal de Armenia y otras personas.

Acta de conciliación con acuerdo de 10 de noviembre de 2010 suscrito entre el disciplinado y la quejosa ante la Fiscalía General de la Nación – Departamento del Quindío el cual señala:

PRETENSIONES DEL CITANTE: La víctima en este asunto manifiesta que su única pretensión es que el señor JHON JAIRO SANCHEZ GOMEZ, reconozca públicamente, ante los medios de comunicación, que se equivocó, que la lesionó simplemente porque intervino para defender a los auxiliares de policía, que lo dicho por ella corresponde a la verdad. (…)”.

PROPUESTA DEL CITADO: Por su parte el señor JHON JAIRO SANCHEZ GOMEZ manifiesta que públicamente está dispuesto a pedir disculpas por lo sucedido y por los perjuicios que pudo causar”.

ACUERDO: Entre las partes entonces se acuerda que públicamente se leerá por parte de JHON JAIRO SANCHEZ GOMEZ el comunicado donde expresa disculpas a la señora NANCY GAITAN HERNANDEZ por el episodio donde ella injustamente resultó lesionada en su integridad física y moral.

Comunicado suscrito por el demandante en el cual manifiesta: “A raíz del incidente sucedido días atrás con dos auxiliares de Policía bachilleres y dos de mis acompañante, lamentablemente y de manera fortuita también se vio involucrada la Señora NANCY GAITÀN HERNÀNDEZ, quien intentando mediar resultó a la postre injustamente lesionada en su integridad física y desde lego moral. En nombre propio y de las personas que me acompañaban, expreso mis sinceras disculpas a la Educadora y espero que episodios de esta naturaleza no se vuelvan a repetir a futuro”.

De las anteriores pruebas y en especial del comunicado suscrito por el demandante mediante el cual pidió excusas a la quejosa a nombre propio y de las personas que lo acompañaban por los hechos sucedidos, se desprende que sin duda alguna existió la comisión de la falta disciplinaria que le fue endilgada respecto de la lesiones personales causadas a la señora Nancy Gaitán Hernández.

Por otra parte, y respecto de la prueba testimonial no practicada se observa en el expediente lo siguiente:

Escrito de descargos del 13 de septiembre de 2011 mediante el cual el disciplinado solicitó como prueba testimonial el de la señora NATALIA CIFUENTES TREJOS.
Citación suscrita el 19 de septiembre de 2011 mediante la cual se citó a la señora NATALIA CIFUENTES TREJOS el jueves 6 de octubre de 2011 a las 10 a.m. ante las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Armenia – Quindío y la cual fue enviada mediante telegrama GR-0783.

Auto proferido por la Procuraduría Provincial de Armenia de 11 de octubre de 2011, por medio del cual se corrió traslado para alegatos de conclusión, y además se dejó constancia que la señora NATALIA CIFUENTES TREJOS no compareció ni presentó excusa.

Con relación al testimonio de la señora Natalia Cifuentes Trejos el cual fue decretado pero nunca practicado, encuentra la Sala que la testigo fue citada ante las instalaciones de la Procuraduría Provincial de Armenia – Quindío pero que en ningún momento compareció ni presentó excusa, es más en el expediente no se observa la excusa mencionada por el disciplinado y la cual se alega en su escrito de demanda, por ello no es procedente efectuar la nulidad solicitada.

Fallo disciplinario de primera instancia del 3 de noviembre de 2011 proferido por la Procuraduría Provincial de Armenia – Quindío, por medio del cual se resolvió “sancionar al señor Jhon Jairo Sánchez Gómez (…) en su calidad de Personero Municipal de Armenia – Quindío, por la comisión de una conducta calificada como GRAVISIMA A TITULO DE DOLO (…), con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN, POR UN TÉRMINO DE DIEZ AÑOS”, el cual fue notificado mediante edicto el 18 de noviembre de 2011, y recurrido por éste el 28 de noviembre de la misma anualidad.

Fallo disciplinario de segunda instancia del 14 de diciembre de 2011 proferido por la Procuraduría Regional Quindío, mediante la cual se procedió a: “Confirmar la decisión de primera instancia proferida por la PROCURADURÍA PROVINCIAL DE ARMENIA, mediante providencia no 009 del tres (3) de diciembre de 2011, de SANCIONAR al señor JHON JAIRO SÁNCHEZ GÓMEZ (…), en su en su calidad de Personero del Municipio de Armenia, por la comisión de la conducta calificada como GRAVISIMA A TITULO de DOLO (…), con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CUALQUIER CARGO O FUNCIÓN, POR UN TÉRMINO DE DIEZ AÑOS”, el cual fue notificado personalmente al demandante el 16 de diciembre de 2011.

Revisados los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia se observa que se: 1) formuló como cargos: “CARGO UNO: Haber causado lesiones a los auxiliares de policía JONATHAN ORTIZ ROZO y JESUS ARNULFO TAPIA, encontrándose en estado de ebriedad, al tratar de impedir que éstos cumplieran con sus deberes de conminar al contratista de la Personería Municipal de Armenia, señor LUIS HERMES MILLAN VIVAS, orinara en el parque de laureles, a la vista del público, todo ello en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el pliego de cargos (…) CARGO DOS: Haber causado lesiones a la señora NANCY GAITÁN HERNÁNDEZ, en el sector del parque laureles de Armenia Quindío, quien le recordó que sus funciones como personero no eran las de impedir ni agredir a las auxiliares de policía, todo ello en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el pliego de cargos. (…)”, 2) se sancionó al señor Jhon Jairo Sánchez Gómez con destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por un término de diez (10) años”, 3) dichos fallos fueron notificados el 18 de noviembre de 2011 y el 16 de diciembre de la misma anualidad.

Conforme a lo anterior, la Sala observa que el disciplinado tuvo dentro del proceso disciplinario la oportunidad para ejercer su derecho de defensa y contradicción de las pruebas decretadas y recaudadas a través de la investigación disciplinaria, por ende no se evidencia que le haya sido vulnerado su derecho al debido proceso por parte de las autoridades disciplinarias.
De esta manera entonces, se concluye que en el presente caso existe un extenso material probatorio que da certeza de la ocurrencia de la falta disciplinaria que le fue endilgada dentro del proceso en el cual resultó sancionado tanto en primera como en segunda instancia, y por ende el cargo no tiene prosperidad alguna.

En el plenario obran las declaraciones dadas ante la procuraduría de los señores Nancy Gaitán Hernández, Jesús Arnulfo Tapia Zapata, Jonathan Ortiz Roso, Bernardo Velásquez Mahecha, Carlos Enrique Gaitán Giacometto y Julián Andrés Zuluaga Gallego, contrario a la inasistencia de la señora Natalia Cifuentes Trejos quien nunca presentó su excusa, del mismo modo que el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez en ningún momento explicó con exactitud qué era lo que pretendía con la práctica de éste testimonio.

Para que prospere la nulidad por falta de la práctica de una prueba, es necesario que quien la solicite demuestre que dicha prueba es indispensable para evitar una vulneración a su derecho de defensa, pero en el caso concreto se desconocen los elementos de pertinencia, conducencia, necesidad e importancia de la práctica testimonial de la señora Natalia Cifuentes Trejos, así como tampoco probó que la recepción de esta declaración pudiera haber cambiado la decisión y por ende situación del investigado en el proceso.

Así bien, no existen elementos suficientes para considerar que la no recepción de la declaración de la señora Natalia Cifuentes Trejos, constituya una vulneración a los derechos y garantías procesales del investigado, razón por la cual no se decretará la nulidad solicitada en la demanda.

De esta manera entonces, se concluye que en el presente caso existe un extenso material probatorio que da certeza de la ocurrencia de la falta disciplinaria que le fue endilgada dentro del proceso en el cual resultó sancionado tanto en primera como en segunda instancia, y por ende el cargo no tiene prosperidad alguna.

Así las cosas, tras el análisis de las pruebas que obran en el expediente, y de acuerdo a las reglas de la sana crítica no observa la Sala la configuración del cargo de apelación presentado por el recurrente, motivo por el cual la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda y condeno en costas a la parte demandante amerita ser confirmada.

En consecuencia, queda claro, que los actos administrativos disciplinarios se encuentran debidamente sustentados, por lo tanto, habrá lugar a confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto negó la anulación de los actos administrativos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA

CONFÍRMASE la sentencia de 24 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Quinta de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Jhon Jairo Sánchez Gómez contra la Procuraduría General de la Nación por haber proferido, a través de la Procuraduría Provincial de Armenia y la Procuraduría Regional Quindío, los fallos disciplinarios de 3 de noviembre de 2011 y 14 de diciembre de 2011.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoria JORM/DCSG
Folio 627 del cuaderno principal 2°. Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…). Folios 117 al 122 del cuaderno principal 1°. Ley 1437 de 2011, artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…). Comprendidos desde el 22 de diciembre de 2011 al 29 de febrero de 2012. Los cuáles serán divididos en 500 SMLMV para el demandante, 166.66 SMLMV para su cónyuge Luz Helena Hincapié Peláez, 166.66 SMLMV para su hija Carolina Sánchez Hincapié y 166.66 SMLMV para su hijo Juan Sebastián Sánchez Hincapié. Periodo constitucional 2008 – 2012. Folios 297 al 301 del cuaderno principal 1°. Folios 357 al 370 del cuaderno principal 2°. Folios 4 al 55 del cuaderno principal 1°.
“Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. 19. Amenazar, provocar o agredir gravemente a las autoridades legítimamente constituidas en ejercicio o con relación a las funciones. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002 y el texto en cursiva EXEQUIBLE”. Artículo 111. Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si pasare de noventa (90) días, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 429. Violencia contra servidor público. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202" \l "43" Modificado por el art. 43, Ley 1453 de 2011. El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. Por la cual se expide el Código Penal
Folios 469 al 484 del cuaderno principal 2°. Folios 56 al 116 del cuaderno principal 1°. Resolución 0034 de 2011. Folios 164 al 166 del cuaderno principal 1°. Folio 186 al 208 del cuaderno principal 1°.
"Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República. ARTICULO 5°. Definición. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la paz ciudadana”.

Folios 566 al 576 del cuaderno principal 2°.
"Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República. ARTICULO 6°. Modificado por el art. 1, Ley 180 de 1995. Personal Policial. La Policía Nacional está integrada por oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley.
“por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”. Folios 579 y 580 del cuaderno principal 2°. Folios 609 al 626 del cuaderno principal 2°.
“Artículo 111. Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes (…)”.
“Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años”.
“Artículo 429. Violencia contra servidor público. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43202" \l "43" Modificado por el art. 43, Ley 1453 de 2011. El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.
“Por la cual se expide el Código Penal”.
“Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Numeral declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14717" \l "0" C-124 de 2003, y por la  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38659" \l "0" C-720 de 2006”. Folios 598 al 605 del cuaderno principal 2°. Sentencia C-013/01. Corte Constitucional. M.P.: MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ. Fecha: 17 de enero de 2001. Ref: Expediente D-3132. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A". C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Fecha: 16 de febrero de 2012. Rad.: 11001-03-25-000-2009-00102-00(1454-09)

Folios 213 vto. y 214 del cuaderno principal 1°.
Folio 218 vto. del cuaderno principal 1°.
Folio 405 del cuaderno principal 2°.
Folio 406 del cuaderno principal 2°.
Folio 407 del cuaderno principal 2°.
Folio 408 del cuaderno principal 2°.
Folio 409 del cuaderno principal 2°.
Folio 214 vto. del cuaderno principal 1°.
Folio 219 del cuaderno principal 1°.
Folio 220 del cuaderno principal 1°.
Folio 397 del cuaderno principal 2°.
Folio 397 vto. del cuaderno principal 2°.
Folio 398 del cuaderno principal 2°.
Folios 220 vto. al 223 del cuaderno principal 1°.
Folios 263 vto. y 265 del cuaderno principal 1°. Por medio de la cual se dio por terminado el proceso relacionado con el delito de lesiones personales dolosas.
Folio 401 del cuaderno principal 2°.
Folios 372 vto. 376 del cuaderno principal 2°.
Folio 378 del cuaderno principal 2°.
Folio 410 del cuaderno principal 2°.
Folios 4 al 55 del cuaderno principal 1°.
Folio 453 vto. del cuaderno principal 2°.
Folios 469 al 484 del cuaderno principal 2°.
Folios 56 al 116 del cuaderno principal 1°.
Folio 530 del cuaderno principal 2°.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.