Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2015-00110-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2015-00110-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2015-00110-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Proceso: Medio de control de reparación directa
CADUCIDAD EN OCUPACIÓN POR OBRAS CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA-Cómputo desde que
finalizan las obras, que es cuando se materializa el daño, con independencia de que la entidad legalice la
ocupación con posterioridad. CERTEZA DEL DAÑO-Demostración indispensable para la responsabilidad.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 8 de julio del 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. La decisión fue la siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas, conforme a lo expuesto.
TERCERO: En firme la sentencia archivar el expediente, previa anotación en los
libros y en el programa ‘SAMAI’.”1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al daño derivado de la escasez y
contaminación de agua, así como de la ocupación permanente, ambos causados
por el INVIAS con ocasión de la ejecución de las obras del proyecto vial “Cruce de
la Cordillera Central - Túneles del II Centenario - Túnel de la Línea segunda calzada
Calarcá - Cajamarca y obras”.
1 Expediente digital. Índice SAMAI 184, expediente ante el Tribunal Administrativo de Quindío.
Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 24 de noviembre de 2014, por medio de apoderado judicial, los señores Luz Dary
Aguirre Pérez y Javier Aguirre Sabogal2 presentaron demanda, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara
patrimonialmente responsable al INVIAS por los perjuicios causados con la
construcción de un proyecto vial, en los términos de la subsanación de la demanda3:
“PRIMERO.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsable al
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, de los perjuicios causados a mis
mandantes con motivo de la Construcción de la Obra Pública —Proyecto vial CRUCE
DE LA CORDILLERA CENTRAL - TUNELES DEL II CENTENARIO - TÚNEL DE LA
LÍNEA Y SEGUNDA CALZADA CALARCA - CAJAMARCA y OBRAS ACCESORIAS,
dentro del Proyecto vial CONSTRUCCION DE LA VIA IBAGUE - ARMENIA y
conforme los hechos de la demanda
SEGUNDO.- Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, a pagar a mis
mandantes, LUZ DARY AGUIRRE PEREZ y JAVIER AGUIRRE SABOGAL, por los
perjuicios materiales (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) con motivo de los
daños causados y de que trata la declaración anterior.
TERCERO.- Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, a pagar a mis
mandantes, LUZ DARY AGUIRRE PEREZ y JAVIER AGUIRRE SABOGAL, por
concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de: SETENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS MLC ($79.500.000) de acuerdo con las pruebas anexas
a esta demanda.
CUARTO.- Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, a pagar a mis
mandantes, LUZ DARY AGUIRRE PEREZ y JAVIER AGUIRRE SABOGAL, por
concepto de LUCRO CESANTE, la suma de: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($998.218.000.oo) de acuerdo con las pruebas anexas a esta demanda.
Que han de cancelar a mis representados, que con arreglo a las normas legales y los
aportes jurisprudenciales, consiste en la falta de ingreso, al tenor de la definición del
art. 1614 del C.C.
QUINTO.- Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ‘INVIAS’, a pagar a mis
mandantes, LUZ DARY AGUIRRE PEREZ y JAVIER AGUIRRE SABOGAL, los
PERJUICIOS MORALES ocasionados con base en los hechos y circunstancias
establecidos en los hechos de la demanda y en la cuantía determinada por el
despacho judicial.
A los cuales, se debe dar aplicación a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de
1998 en cuanto su valoración, pues los daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales.
SEXTO.- Dar aplicación a la fórmula de matemáticas financieras aceptada por el
Honorable Consejo de Estado y la jurisprudencia reciente, teniendo en cuenta la
indemnización debida o consolidada y la futura. Los cuales tanto para los materiales
como para los morales, solicito respetuosamente al señor Juez dar aplicación a lo
dispuesto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 en cuanto su valoración, pues los
2
Expediente digital en SAMAI ante el Consejo de Estado. ED_001DEMANDAPODERESPD
3 ED_028SUBSANADEMANDAPD.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación
integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales. (…).”
En fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso, como hechos de la
demanda, que los demandantes eran los propietarios de un inmueble rural cuya
actividad principal era la agropecuaria, y en el cual tenían la concesión de aguas
otorgada por la Corporación Regional del Quindío (CRQ) de los nacimientos más
representativos en el predio, para uso doméstico y pecuario. El bien, se manifestó,
estaba ubicado en el municipio de Calarcá, Quindío, en la zona de influencia directa
del proyecto vial “Cruce de la Cordillera Central - Túneles del II Centenario - Túnel
de la Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca y obras accesorias”.
De acuerdo con la narración, en la ejecución del mencionado proyecto se
incumplieron las cargas impuestas por la licencia ambiental concedida por el
Ministerio del Medio Ambiente, lo que redundó en la contaminación de las fuentes
hídricas y, además, ocasionó que el agua que surtía el predio de los demandantes
empezara a escasear, lo que condujo al director territorial del INVIAS a solicitar a
los propietarios del bien un permiso «extraoficial» —es decir, sin surtir ningún
procedimiento de imposición de servidumbre o de enajenación voluntaria por motivo
de utilidad pública, entre otros— para la instalación de una tubería en orden a
conducir las aguas infiltradas hasta las quebradas los Chorros, el Salado y San
Rafael, hasta el río Santo Domingo, y para abastecer a la parte baja del inmueble
de los libelistas y las comunidades situadas en esa zona.
Según se adujo, los propietarios, de buena fe y ante la carencia del agua en sus
predios, aceptaron esta oferta con el compromiso de que la entidad dejaría el
terreno en las mismas condiciones en las que lo había encontrado, situación que no
se cumplió, a lo que se aunó que las construcciones quedaron abandonadas sin
utilidad alguna, derivando en las afectaciones físicas y ambientales en el terreno y
entorno, en la actividad agropecuaria del inmueble y en la depreciación de su valor.
Se relató que, a partir de la reclamación administrativa presentada el 28 de
noviembre de 2013 al INVIAS por los propietarios, en la que se solicitó el pago de
los daños causados, la entidad accedió a adquirir las franjas del terreno en las que
había instalado la tubería. No obstante, se alegó que tales negocios jurídicos no
deshacían los perjuicios causados por la ocupación permanente e ilegal que
transcurrió entre la instalación de la estructura hasta la compra del bien, ni el
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
desabastecimiento de las aguas que redundó en la afectación a la actividad
agropecuaria y la provisión a la comunidad, sumado a que, a la fecha de la
radicación de la demanda, la Administración no había terminado la obra, de modo
que los predios continuaban sin acceso al recurso hídrico.
Contestación de la demanda del INVIAS
De manera oportuna y por medio de apoderado judicial4, enlistó las excepciones de
caducidad, inexistencia del daño alegado, ineptitud de la demanda y prescripción.
En los fundamentos de derecho, argumentó que celebró el contrato de obra 557 del
2004 con el objeto de la construcción del túnel piloto – fase uno del túnel de la Línea,
carretera Ibagué-Armenia, en cuya ejecución se debió construir la «tubería de
aducción» para canalizar las aguas de infiltración que provenían de los túneles
Piloto y de la Línea y, así, evitar derrumbes por la constante penetración de agua,
de manera que la entidad tuvo que adquirir los predios necesarios para los efectos,
entre los cuales estaba el de propiedad de los libelistas.
Relató que los acercamientos para surtir el procedimiento de enajenación databan
desde el 2010, habiéndose realizado la oferta formal de compra en el 2014 sobre
dos predios identificados con las matrículas inmobiliarias 282-20278 y 282-17431,
negocios que fueron formalizados mediante las escrituras públicas, posteriormente
registradas.
Añadió que, en el marco del «Proyecto Línea de Aducción – quebrada la Gataۛ», se
indicó a los propietarios que podían hacer uso de las aguas para efectos
agropecuarios, previa autorización de la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, como una medida adicional de aprovechamiento de las aguas de
infiltración, sin que ello obedeciera a la falta del recurso en los predios.
Por otra parte, la contestación puso de presente que —según el libelo incoativo—
el daño se derivaba de las obras del proyecto vial “Cruce de la Cordillera Central -
Túneles del II Centenario - Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá-
Cajamarca”, que corresponde al contrato 3460 del 2008 celebrado con la unión
temporal Segundo Centenario, cuya ejecución inició el 14 de abril del 2009, de lo
4 ED_040CONTESTACIONINVIA.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
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Asunto: Reparación directa
cual se resalta que es inexplicable que los demandantes reclamen perjuicios desde
2006, además de que la concesión de aguas fue otorgada por la CRQ en 2009 hasta
2014. En este orden de ideas, se expuso que no había evidencia de la falta de agua
para el uso del bien de los demandantes, luego, que el daño reclamado no era cierto.
En distintos escritos, la entidad llamó en garantía a los miembros de la unión
temporal Segundo Centenario5, admitidos por el Despacho conductor del proceso
en auto del 26 de enero de 20166. La sociedad Túneles de Colombia S.A.S. —
miembro de la unión temporal— llamó en garantía al Consorcio Conlinea, contratista
del Túnel Piloto – Fase I del Túnel de la Línea – Carretera Ibagué-Armenia del
contrato 557 del 20047, quien hizo lo propio respecto de Confianza S.A., en virtud
del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual8.
Sentencia de primera instancia
El 8 de julio del 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió la sentencia9 en
la que negó las pretensiones de la demanda, porque consideró que el extremo
activo no había probado los elementos suficientes para que se declarara la
responsabilidad del INVIAS y, en consecuencia, determinó no era necesario
pronunciarse respecto de los llamados en garantía.
En efecto, concluyó que no se apreciaba limitación al uso, goce, disfrute o libertad
de disposición del bien, así como que no era posible valorar las pérdidas. Aunó que
el INVIAS había adquirido la porción del bien de Luz Dary Aguirre para construir la
tubería que llevaría el agua del túnel principal y el túnel piloto hasta el río Santo
Domingo en desarrollo de un permiso de vertimiento de agua, y no para el
abastecimiento del predio de los demandantes, para lo cual los propietarios de los
inmuebles debían pedir permiso a la CRQ, situación que no se probó. Finalmente,
arguyó que tampoco se había demostrado que la concesión de aguas otorgada se
hubiera revocado por la extinción de la fuente hídrica.
5 Esto es, a Tecniciviles S.A., Miguel Camilo Castillo, Condux S.A. de C.V., Constructora Herreña
Fronpeca sucursal Colombia, Álvarez y Collins S.A., Constructora Carlos Collins S.A., Promotora
Montecarlo Vías S.A., Túneles de Colombia S.A., Construirte Ltda., Ingenieros Constructores Gayco
S.A. y H&H Arquitectura S.A. Cuaderno llamamientos en garantía:
ED_041LLAMAMI_041LLAMAMIENTOSGTIAI.
6 ED_064AUTOADMITELLAMGTI.
7 Este llamamiento fue admitido por el Tribunal en auto del 29 de julio de 2016.
ED_041LLAMAMI_041LLAMAMIENTOSGTIAI.
8 Admitido mediante auto del 10 de octubre del 2018. ED_041LLAMAMI_041LLAMAMIENTOSGTIAI.
9 Expediente digital. Índice SAMAI 184, expediente ante el Tribunal Administrativo de Quindío.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
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Asunto: Reparación directa
Recurso de apelación
La impugnante10 censuró que en la sentencia se incurrió en una indebida valoración
probatoria, en cuanto insistió en que el daño sí se había probado, aun cuando su
quantum podía ser determinado posteriormente. Señaló que la lesión consistía en
la escasez de agua y en la afectación por la ocupación de la tubería instalada y
abandonada. Reprochó que la primera instancia concluyera que no se había
demostrado la escasez de agua a partir de la no revocatoria de la concesión de
agua, porque lo cierto era que la concesión tampoco se había renovado en 2014.
Alegó que, en 2007, el INVIAS construyó la tubería sin la respectiva compra del
predio, actuación que fue autorizada por los demandantes ante la ausencia de agua
en la heredad y a cambio de que se les permitiera la toma del recurso sin necesidad
de otra autorización. Agregó que, después de construida, la estructura fue dejada
más de 6 años abandonada, y que, aún a la fecha, no se habían instalado las llaves
de conducción de aguas convenidas.
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 17 de agosto del 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío
concedió el recurso presentado11 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto
del 14 de abril del 202312.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202113.
No obstante, posterior a la admisión del recurso, el INVIAS presentó alegatos de
conclusión que, por no resultar procedentes, no serán tenidos en cuenta14.
10 Expediente digital. Índice SAMAI 187, expediente ante el Tribunal Administrativo de Quindío.
11 Expediente digital. Índice SAMAI 190, expediente ante el Tribunal Administrativo de Quindío.
12 Índice SAMAI 7.
13 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021. Sin perjuicio de lo cual, el
INVIAS presentó alegatos de conclusión (índice SAMAI 13).
14 El memorial no hace referencia al recurso de apelación, por lo que no puede tenerse como el
pronunciamiento del que trata el artículo 247.4 del CPACA.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
El Ministerio Público conceptuó que debía confirmarse la decisión del a quo, en
cuanto los demandantes no acreditaron ningún menoscabo a su propiedad privada,
libertad de empresa, ni conmoción sentimental derivada del incumplimiento de los
deberes legales del INVIAS, así como tampoco un rompimiento de las cargas
públicas. Es decir, que no estaba probado que la causa del daño alegado fuera
consecuencia de la construcción de la obra pública15.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 24 de noviembre del 2014, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA,
modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de
apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por
el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $308’000.00016.
15 Índice SAMAI 15.
16 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014 ($616.000) por 500. La pretensión
mayor (artículo157 CPACA) fue estimada en la suma de $998’218.000, por concepto de lucro
cesante, de acuerdo con la subsanación de la demanda.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
2. Medio de control procedente
3. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa, o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos, o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma, o por cualquiera otra causa.
En este caso, se reclama (i) la escasez de agua en la propiedad de los demandantes
producida por la ejecución de la obra pública contratada por el INVIAS en una zona
cercana, y (ii) la ocupación permanente de dicho inmueble por la construcción de la
tubería por parte del INVIAS para la conducción de las aguas infiltradas, sin que la
entidad hubiera gravado o adquirido el terreno.
En consideración a que se trata de daños derivados de hechos de la Administración,
y no de un contrato suscrito entre las partes procesales, ni un acto administrativo,
esta es la vía procesal procedente.
3. Demanda en tiempo
4. La oportunidad en la que la demanda fue presentada es un presupuesto procesal
que el juez debe estudiar de oficio17, incluso si en oportunidades precedentes en el
mismo proceso el asunto ha sido objeto de pronunciamiento, pues la comprobación
de la caducidad, como materia de orden público, se opone al análisis de fondo del
asunto.
5. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren
comenzado a correr se rigen por las leyes vigentes al momento en el que inició su
cómputo18.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia de 9 de febrero de 2012. Exp: 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 9 de octubre de 2013. Exp: 25440. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; reiterada
en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 16 de julio de 2015. Exp: 40325. M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
Demandante: Luz Dary Aguirre Pérez y Javier Aguirre
Sabogal
Demandado: Instituto Nacional de Vías-INVIAS y otros
Asunto: Reparación directa
En este orden de ideas, debe determinarse el momento en el que ocurrieron los
hechos que fundamentan la demanda, que, se recuerda, se circunscriben, por un
lado, a la escasez de agua y, por otro, a la ocupación permanente del inmueble por
la construcción de la tubería.
3.1. Sobre el daño consistente en la ocupación permanente por la
construcción de la tubería
6. En este punto, el pedimento refiere que el INVIAS construyó una tubería
atravesando el predio de propiedad de los actores, sin haber adquirido el bien o
impuesto la respectiva servidumbre, lo que constituyó una ocupación por una obra
con vocación de permanencia, sin perjuicio de la posterior adquisición de la franja
del terreno por parte de la entidad.
3.1.1. Sobre el término de caducidad del medio de control de reparación
directa en los casos de ocupación de inmuebles
7. La jurisprudencia de esta Sección ha sido reiterativa en indicar que la ocupación
puede ser temporal o permanente, distinción que adquiere relevancia por las
afectaciones que se derivan y, de contera, por las reglas que frente al término de
caducidad resultan aplicables. Así:
“Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como
lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad
militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los
fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el
terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.”19.
(Negrillas fuera del texto original).
8. En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala en
el inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad
específica, restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte
una afectación física o material definitiva, de modo que la satisfacción de la
necesidad coincide con la finalización de la invasión. En estos casos, el término de
caducidad se computa desde el día siguiente a aquel en el que cesó la ocupación,
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
septiembre del 2000. Exp: 11417.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
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Asunto: Reparación directa
que es el momento a partir del cual el afectado padece de un perjuicio cierto20,
causado durante el tiempo de la instalación21, salvo que, por razones especiales, el
perjudicado únicamente conozca de la producción del daño con posterioridad, caso
en el cual, el inicio del conteo se desplaza hasta ese momento22.
9. En contraposición, la ocupación permanente es aquella que:
“(…) tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de
dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de permanencia
en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por parte de
la administración (…).”23.
(Negrillas fuera del texto original).
Véase que esta ocupación no esta no está llamada a cesar, por lo que no puede
sujetarse al mismo derrotero que a la temporal a efectos del cómputo de la
caducidad24, de manera que la jurisprudencia ha determinado que “la ocupación
permanente de un inmueble implica un daño de ejecución instantánea, que se
produce en un único momento claramente determinable en el tiempo y que
establece un punto de referencia para computar el término de caducidad de la
acción de reparación directa”25 (negrillas fuera del texto original).
En casos en los que la ocupación se ha dado “con ocasión de la realización de una
obra pública con vocación de permanencia”, el término “debe calcularse desde que
la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin
haberla podido conocer en un momento anterior”26.
En estos eventos, el propietario del bien ocupado permanentemente sufre, entre
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto
de Unificación del 9 de febrero de 2011. Exp: 38271. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos
ocurridos en rigor del CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia SU-335 de
2023.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
enero de 1994. Exp: 8610; sentencia del 2 de noviembre de 2000, exp: 18086; y del 17 de febrero
de 2005, exp: 28.360. Reiterada en sentencia del 10 de junio del 2009, exp: 22461.
del 16 de julio de 2015. Exp: 40325. M.P. Hernán Andrade Rincón (e).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de
mayo de 2008. Exp: 16922.
23 Ibídem. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. Exp: 3756. Esta definición también se consignó en el auto del
9 de febrero del 2011, exp: 38271.
24 En la medida en la que las situaciones no pueden quedar permanentemente indefinidas,
contrariando la seguridad jurídica. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencias del 9 de mayo de 2012. Exp: 21.906 y del 5 de julio de 2018, exp:
43916, entre otras.
25 Supra, Exp: 38271.
26 Supra, Exp: 38271.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
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Asunto: Reparación directa
otros, la lesión a su derecho real de manera definitiva 27, al punto que la reparación
es compensatoria y consiste en el valor del bien28, sin perjuicio de que se puedan
reconocer otros perjuicios siempre que se prueben, como ocurrió en un caso —
como el aquí debatido— en el que el predio fue invadido durante un período antes
de que la entidad lo expropiara, lo que redundó en que, con el trámite administrativo,
al propietario le fue reconocido el valor del bien, pero no los perjuicios derivados de
la ocupación durante el lapso previo:
“En efecto, quedó visto que el inmueble fue ocupado con anterioridad a la
expropiación; la ocupación se dio en febrero de 1992 en tanto que la sentencia de
expropiación fue confirmada en segunda instancia el día 16 de mayo de 1995 y el
pago del precio del inmueble se realizó el 17 de julio de 1998.
Sucede por tanto que mediante el pago del valor de la totalidad del predio de
propiedad del demandante, que comprende la franja de terreno ocupada
permanentemente por la demandada, cesó el daño antijurídico sufrido por el
demandante con ocasión de la ocupación permanente pero la suma de dinero que
recibió el actor no compensó la totalidad de los perjuicios que soportó con
ocasión de la ocupación, previa y parcial de predio que luego compró
mediante expropiación.”29.
(Negrillas fuera del texto original).
Incluso en esta hipótesis, procede la reparación por los perjuicios causados desde
el momento en el que ocurre la ocupación, con independencia de que, de manera
posterior, la Administración adquiera el predio o imponga la servidumbre. En efecto,
esta legalización entraña la respectiva indemnización únicamente hacia el futuro,
sin que allí se reconozca el menoscabo ocasionado por la ocupación de hecho
previa, que, en cualquier caso, se produjo en el momento en el que ocurrió la
invasión con vocación de permanencia, que coincide —para efectos del cómputo de
caducidad— con la finalización de la construcción.
En otras palabras, el propietario del bien tiene la certeza de la producción del daño
desde que la Administración terminó la construcción en su predio, sin haber
constituido la servidumbre o surtido el trámite de enajenación, momento a partir del
cual, en consecuencia, debe computarse el término de caducidad.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 12 de
febrero de 2004. Exp: 15179. Reiterado en sentencia del 10 de agosto del 2005, exp: 15338.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, exp: 11783; y del
10 de agosto de 2005, exp: 15338. Conclusión que emanaba, en su momento, del artículo 220 del
CCA y, actualmente, del artículo 190 del CPACA.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
mayo del 2001. Exp: 11783.
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Asunto: Reparación directa
3.1.2. Cómputo de caducidad en el caso concreto
10. En este contexto, para esta Sala resulta evidente que, en consideración al daño
reclamado, la caducidad debe contabilizarse desde el momento en el que finalizó la
obra que invadió el predio de los demandantes, que, se reitera, es el momento en
el que se materializó el daño, sin que la posterior adquisición del bien pueda
trasladar el inicio del término.
Sobre este asunto, además, se resalta que este daño no emanó de la compraventa
de los predios por parte del INVIAS que, según está acreditado, se perfeccionó el
28 de febrero del 201430 y se registró el 27 de marzo siguiente31 —que, se resalta,
correspondería a una pretensión contractual— sino de la anterior ocupación carente
de título, al paso que la adquisición del bien únicamente legalizó una situación
irregular que, durante el tiempo que duró, ocasionó el daño concretado en la
limitación ilegítima de la propiedad privada.
11. Los actores alegan que, en 2007, el INVIAS solicitó el permiso para construir la
tubería y que la ocupación ocurrió desde ese mismo año, pues “además de instalar
la tubería, se instalaron viaductos y se construyeron cámaras de quiebre de
presiones, tanques de almacenamiento de aguas y obras civiles de control, que
dejaron abandonadas y sin uso o utilidad alguna”32.
12. El INVIAS, tanto en su contestación como en sus alegatos de conclusión, adujo
que la tubería de aducción que pasaba por el predio de los demandantes había sido
ejecutada con ocasión del contrato 557 del 2004. Ni del texto contractual ni de la
respectiva acta de entrega33 es posible desprender la fecha de construcción o
instalación de la tubería en litigio. Las obras entregadas en el marco de ese contrato
se enlistan así:
30 En dos escrituras públicas, así: del predio con matrícula inmobiliaria 282-20278, en escritura
pública 213 del 28 de febrero de 2014 (ED_002ESCRITURA213. Pruebas demanda); y del predio
con matrícula inmobiliaria 282-17431, en escritura pública 291 del 28 de febrero de 2014
(ED_003CONTRATOCOMPRAVEN. Pruebas demanda).
31 Según dan cuenta los certificados de tradición de los inmuebles expedidos el 6 de junio del 2014.
ED_002ESCRITURA213. Pruebas demanda. Págs. 23 a 25; y ED_003CONTRATOCOMPRAVEN.
Pruebas demanda. Págs. 15 a 19.
32 ED_133ALEGATO_133ALEGATOS. Alegatos de conclusión en primera instancia de los
demandantes. Págs. 2 y 3.
33 Carpeta Onedrive. 102RpaReqActa16-03-2021. 102.2Invias. CONTRATOS INVIAS. Contrato 557
de 2004.
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“1. Acceso al frente Quindío desde la Vía Nacional hasta el portal, con una extensión
de 1.480 m, presenta tramos donde los taludes son inestables y han presentado
procesos de movimientos en masa de diferentes proporciones, aún activos.
2. Acceso al frente Tolima desde la vía Nacional, constituido por una rampa de
acceso y un puente.
3. Patios de maniobras en los frentes Quindío y Tolima: el primero construido en
zona de lleno con material de rezaga y el segundo construido sobre terreno natural
en corte.
4. Un Túnel Piloto, de 8.554,53 m de longitud, cuyo estado se define y especifica en
el Manual de Mantenimiento de las Obras Anexas.
5. Tres túneles anexos al túnel piloto, cuyas características y estado se define y
especifica en el Manual de Mantenimiento de las Obras Anexas.
6. Puentes y trazado de vías de acceso al portal Quindío del túnel Piloto”.
De otra parte, ante la reclamación presentada por los accionantes, en el documento
del 15 de enero del 201434 el INVIAS manifestó que los trabajos se habían ejecutado
en virtud del contrato de obra 2424 del 2007, cuyo objeto era “la construcción de las
obras de conducción de las aguas de infiltración del túnel de la línea a la quebrada
la Gata”, y que se habían recibido el 30 de julio de 2008, aunque en otro momento
se señaló que habían finalizado el 30 de julio de 2010, afirmaciones que, en
cualquier caso, resultan probatoriamente infundadas.
13. Así, del acervo no es posible establecer con exactitud la fecha en la que se
instaló la estructura, ni las circunstancias que, según se manifestó, rodearon la
misma.
No obstante, obra un oficio enviado por la Defensoría del Pueblo Regional de
Quindío al director territorial del INVIAS el 13 de septiembre de 2012, en el que se
señaló que:
“(…) el ciudadano JAVIER AGUIRRE SABOGAL (…) propietario de los predios
rurales ‘La Cristalina’ y ‘El Gólgota’ en asocio con su tía LUZ DARY AGUIRRE
PÉREZ, manifestó a la Defensoría del Pueblo haber autorizado para el año 2007 a
INVIAS, el paso de una manguera de 8 pulgadas para sacar el agua de infiltración
del túnel para llevarla a la quebrada La Gata con el compromiso de realizar el
abastecimiento de agua a sus predios la que al decir de nuestro usuario no funcionó,
abriendo de brecha para enterrar tubería en una extensión de 2.160 metros con
cajas de cemento e instalando tanques que al parecer, tampoco funcionaron,
quedando todo en completo abandono (…)”.35.
34 ED_017RESPUESTRECLAMACA. Pruebas demanda.
35 Oficio 006621 del 13 de septiembre del 2012. ED_012OFICIO6621. Pruebas de la demanda.
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Por su parte, el INVIAS, en misiva del 9 de abril del 2013 dirigida a la Defensoría
del Pueblo, informó que los señores Javier Aguirre y Luz Dary Aguirre:
“manifiestan que ante la escasez de agua presentada al parecer por la ejecución del
proyecto ‘Cruce de la Cordillera Central’ autorizaron para el año 2007 a INVIAS la
instalación de tubería en su predio, incumpliendo al decir de los propietarios
quejosos los términos de ejecución de dicha obra quedando en total abandono (…).
Por lo anterior, esta subdirección dio respuesta (…) en el cual se establece que el
día 11 de Abril [sic] de 2013 a las 8 y 30 am (…) la Dirección Territorial de Quindío
se reunirá con la propietaria del predio para la verificación sobre las afectaciones
manifestadas y concertar visita técnica al predio (…)”.36.
Lo anterior revela que, para el 13 de septiembre del 2012, ya existía esta obra, y las
consecuencias nocivas de la misma ya eran advertidas por los demandantes,
aunado a que la entidad no rechazó la veracidad de las afirmaciones referentes a
su construcción, limitándose a programar una visita técnica con el fin de verificar las
afectaciones y tomar las acciones correspondientes.
De lo expuesto, y a pesar de la precaria gestión probatoria sobre las circunstancias
que rodearon la construcción de la tubería, es razonable concluir que, por lo menos,
para el 13 de septiembre del 2012, las obras existían y sus efectos perjudiciales
eran materia de controversia entre las partes.
En este orden de ideas, y ante el desconocimiento de la fecha exacta en la que
fueron terminadas las obras, la caducidad debe contarse a partir del momento en el
que esta Sala puede comprobar que el demandante conoció del hecho en que
sustenta la presente reclamación, esto es, desde el 13 de septiembre del 2012,
época para la cual ya estaba en vigencia del CPACA37, cuyo artículo 164.2.i dispone
que la demanda de reparación directa debe presentarse en el término de 2 años
contados desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho causante del daño.
Así, el término de caducidad corrió desde el 14 de septiembre del 2012 y venció el
14 de septiembre del 2014. Y, si bien la demanda se presentó el 24 de noviembre
de 2014, lo cierto es que la solicitud de conciliación extrajudicial —con la cual se
suspendió el término— se presentó, oportunamente, el 16 de julio de 2014,
declarándose fallida el 30 de septiembre del 201438. De conformidad con lo
36 Oficio 3236 del 9 de abril del 2013. ED_015OFICIO3236. Pruebas de la demanda.
37 Artículo 308 del CPACA: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.”
38 ED_004CONCILIACEXTRAJUD. Pruebas demanda.
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expuesto, esta pretensión se elevó en tiempo.
3.2. Sobre el daño consistente en la escasez del agua
14. El extremo activo reclama que la obra “Cruce de la Cordillera Central - Túneles
del II Centenario - Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca” causó
un daño en las fuentes hídricas y nacimientos de agua en su predio.
Se destaca que el libelo introductorio no señala el momento en el que inició este
detrimento; sin embargo, es posible concluir que, por lo menos para el 9 de abril del
2013, ya los demandantes conocían y habían informado al INVIAS de la situación,
como se extrae de la comunicación de la entidad remitida a la Defensoría del Pueblo
ya referida39.
De esta manera, y no habiendo prueba de que los demandantes conocieran de la
afectación en un momento anterior, esta es la fecha a partir de la cual debe
computarse el término de 2 años, de conformidad con el artículo 164.2.i del CPACA,
por lo cual la pretensión se invocó oportunamente.
4. Legitimación en la causa
15. Los demandantes están legitimados en la causa por activa en virtud de que
acreditaron que, para la época de los hechos, eran propietarios de los bienes
respecto de los cuales alegan los daños reclamados, de lo que dan cuenta las
matrículas inmobiliarias aportadas con la demanda40.
16. El INVIAS lo está por pasiva en consideración a que es la entidad contratante
de la obra “Cruce de la Cordillera Central - Túneles del II Centenario - Túnel de la
Línea y Segunda Calzada Calarcá-Cajamarca”41 a la que se le atribuye la causación
del daño de escasez de agua y de invasión ilegítima y permanente del predio.
39 Oficio 3236 del 9 de abril del 2013. ED_015OFICIO3236. Pruebas de la demanda.
40 CD pruebas demanda. Gólgota primer lote, matrícula inmobiliaria 282-17431 (págs. 2 y 3); Gólgota
segundo lote, matrícula inmobiliaria 282-17432 (págs. 4 y 5); Gólgota tercer lote, matrícula
inmobiliaria 282-17433 (págs. 6 y 7); la Cristalina, matrícula inmobiliaria 282-20278 (págs. 8 y 9).
41 Contrato 3460 del 2008. Carpeta Onedrive. 102RpaReqActa16-03-2021. 102.2Invias.
CONTRATOS INVIAS. Contrato 3460 de 2008.
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II. Problema Jurídico
17. En consideración a los cargos de la impugnación, a esta Sala le corresponde
definir si se acreditaron los daños consistentes en la escasez de agua y en la
ocupación permanente, previa a la enajenación del bien.
III. Análisis de la Sala
3.1. El daño: primer elemento de la responsabilidad civil y del Estado
18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En
ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito42-43 es el primer elemento que debe quedar
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
43 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
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certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”44.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto45, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación46. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”47.
3.2. El daño consistente en la escasez de agua
19. Se reitera que el daño cuya reparación se pretende consiste en que el recurso
hídrico del predio de los demandantes desapareció y fue contaminado. No obstante,
44 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,
debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”
46 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y
104.
47 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802
[fundamento jurídico 4.3].
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esta Sala advierte que la existencia de esta lesión no está acreditada.
Si bien es cierto que los señores Héctor Ferney Velasco Marín48, Valentín Guzmán
Orjuela49 y Arnulfo Roberto Sierra50 depusieron que las fuentes hídricas,
consistentes en las tres quebradas que pasaban por el predio de los demandantes,
habían desaparecido, merece destacarse que las afirmaciones no son específicas
ni detalladas respecto de las condiciones de tiempo y modo relativas a la supuesta
escasez de agua, aunado a que carecen de cualquier sustento en otros medios
probatorios.
En efecto, en la declaración testimonial de Valentín Guzmán se señaló que las
aguas “se secaron”, que “el agua se mermaba”, que hace 19 años, nunca faltaban
las aguas, y que “ahora después de eso, con cualquier veranito las aguas se
secan”51. Asimismo, manifestó:
“Pregunta: desde qué fecha o intervalos de tiempo, presuntamente, hubo una
disminución en el cauce aguas
Respuesta: Desde que empezaron las obras. (…)
Pregunta: Qué intervalos de tiempo.
Respuesta: No sé decirle. (…) No me voy a poner a llevar esta fecha, porque en
esos momentos no me interesaba. (…) Es ahora. Yo le digo más o menos, pero no
le puedo decir porque no estuve presente. (…)”52.
Ante la pregunta del Despacho acerca de si había hecho, en algún momento, tomas
de caudal para comparar el volumen de agua, el testigo afirmó que había advertido
la disminución a partir de la observación53.
El testigo Héctor Ferney Velasco Marín, relató que: “antes de la construcción del
túnel, las fincas tenían fuentes hídricas con muy buenos flujos de agua. Después de
48 Quien afirmó tener tierra en el sector de la heredad de los demandantes. Testimonio solicitado por
la demandante y decretado en la audiencia inicial del 16 de marzo del 2021.
49 Quien afirmó vivir trabajar en la finca la Cristalina, para los demandantes, desde hacía 19 años.
Testimonio solicitado por la demandante y decretado en la audiencia inicial del 16 de marzo del 2021.
El testigo fue tachado de falso por parte de la apoderada del INVIAS en consideración a la relación
de subordinación que tenía con los demandantes. Para los efectos, esta Sala analizará su
declaración conforme a las demás pruebas del expediente.
50 Quien afirmó recoger la leche por la región. Testimonio solicitado por la demandante y decretado
en la audiencia inicial del 16 de marzo del 2021.
51 Grabación audiencia de pruebas del 25 de mayo del 2021. Testimonio de Valentín Guzmán
Orjuela. Minuto 16 a 26 aproximadamente.
52 Grabación audiencia. Aproximadamente minuto 31:40 a 32:32
53 Grabación audiencia. Aproximadamente minuto 35.
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que se construyó el túnel las aguas desaparecieron de estas fuentes hídricas”54. Y
más adelante:
“Pregunta: ¿Cómo se encuentra actualmente esas aguas, en qué condiciones?
Respuesta: Como ha habido época de invierno, en estos momentos, ha vuelto como
a surtir agua (…) no nos ha faltado el agua en el momento (…) en verano sí se pone
bastante difícil la cosa.”55.
En el testimonio de Arnulfo Roberto Sierra se expuso que no conocía la finca pero
que sí pasaba por la región hace más de 20 años, con lo cual le constaba que el
agua se había secado en la cañada de la Gata, y que otras personas, distintas a los
demandantes, le habían manifestado que había sucedido a raíz de la construcción
del túnel, a pesar de lo cual admitió que en invierno sí había agua56.
Se resalta que los testimonios no son contundentes en apuntar a la efectiva escasez
del recurso fluvial; por un lado, señalan que el agua se secó, pero también expresan
que, en épocas de invierno, no escasea; no determinan los tiempos en los que se
empezó a evidenciar la merma, limitándose a indicar que fue a partir de la
construcción del túnel, sin más detalles, y admitiendo que las conclusiones de sus
declaraciones son producto de la observación o de las manifestaciones de terceros,
sin que se hubiera acompañado de alguna prueba técnica o científica acerca de la
reducción real del recurso que los soporte.
A todo lo anterior se agrega que, en el 2009, como bien lo señaló el Tribunal de
primera instancia, la Corporación Autónoma Regional de Quindío le otorgó a Javier
Aguirre Sabogal —en su calidad de propietario del predio la Gólgota, identificado
con número de matrícula inmobiliaria 282-17431— la concesión de aguas
superficiales sobre la “quebrada 1” y “quebrada 2” ubicadas en el predio referido, en
consideración a que, posterior a la visita de los técnicos de la CRQ, se determinó
que existía disponibilidad del recurso hídrico57.
En el artículo tercero de esta resolución, la Corporación dispuso que “se reserva[ba]
el derecho a revisar esta Concesión de Aguas de oficio o a petición de parte, cuando
54 Grabación audiencia de pruebas del 25 de mayo del 2021. Testimonio de Valentín Guzmán
Orjuela. Minuto 38 aproximadamente.
55 Grabación audiencia minuto 39:58 a 40:28 aproximadamente.
56 Grabación audiencia de pruebas del 25 de mayo del 2021. Grabación a partir del minuto 49:16.
57 ED_005RESOLUCION544CRQ. Pruebas demanda.
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considere conveniente y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla, hayan variado”, siendo causales de caducidad, de conformidad con el
artículo noveno del acto administrativo, las contempladas en el artículo 62 del
Decreto 2811 de 1974 que incluye “la disminución progresiva o el agotamiento del
recurso”.
No existe evidencia de que el propietario haya puesto de presente esta situación
ante la CRQ y, por el contrario, se aportó la certificación expedida por la Corporación
de no revocatoria de la Resolución 544 del 200958. Y si bien la impugnante alega
que la concesión tampoco fue renovada en el 2014, como se evidencia en el oficio
de la Corporación del 6 de junio del 201459, en el que se insta a los propietarios a
adelantar el trámite de renovación de concesión, de ello no se desprende
necesariamente que haya sido con ocasión de la escasez del recurso, ni se acreditó
que la abstención de los actores de adelantar las gestiones correspondientes
obedeciera a la carencia de agua.
Por lo anterior, resulta improcedente revisar la causación de los perjuicios que,
según se alega, se derivan de la merma o contaminación del agua, como lo es la
“pérdida de estado en los animales, falta de apetito, trastornos digestivos, reducción
en la producción láctea, alteración en la reproducción y la muerte de algunas
cabezas de ganado”60, y que pretendió probarse, en la subsanación, con una
certificación de un contador público.
20. En criterio de la Sala, de la valoración conjunta de las pruebas no es posible
establecer, con algún grado de certeza que, en efecto, el recurso hídrico del terreno
de los demandantes se hubiera disminuido, por lo cual es menester concluir que no
hay lugar a analizar la responsabilidad de los demandados por este reclamo.
3.3. El daño consistente en la ocupación por la obra de la tubería de
aducción
21. En este punto se recalca que el extremo activo endilga la responsabilidad a la
entidad por cuenta de haber instalado la tubería de aducción en el predio de los
demandantes, antes de haber adquirido la respectiva franja de terreno.
58 125RptaReqActa25-05-2021. CRQ. Correo 2. Complemento información.
59 ED_008SOLICITRENOVCONCE. Pruebas demanda.
60 Hecho octavo de la demanda.
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Sabogal
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Asunto: Reparación directa
Como se señaló previamente, la ocupación permanente por trabajos públicos
entraña, en principio, la lesión permanente al derecho de dominio sobre el bien, por
lo cual la indemnización es compensatoria —por el valor del inmueble— y la
sentencia comporta el título traslaticio de dominio a favor de la entidad61. Sin
embargo, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de que se reconozcan otros
perjuicios, siempre que se pruebe su concreción, como ocurre cuando la ocupación
de hecho precede la enajenación regular, causando daños que no son reparados
con el pago del valor del bien.
22. En el presente asunto, está demostrado que en la propiedad de los
demandantes se instalaron unas tuberías de aducción antes de que las franjas de
terreno fueran adquiridas por el INVIAS en el 2014.
Al efecto, en la respuesta a la reclamación administrativa emitida por la demandada
el 15 de enero del 2014, la entidad admitió haber realizado los trabajos:
“(…) previa autorización expresa y por escrito de la señora Luz Dary Aguirre Pérez,
el día 22 de noviembre de 2007, tal como consta en acta suscrita por la reclamante
y a que la sazón dice: ‘permiso en la finca la Cristalina de propiedad de Luz Dary
Aguirre para realizar la obra de conducción de las aguas infiltradas del túnel la Línea
a la quebrada La Gata, consistente en llevar la tubería desde el túnel paralelo a la
quebrada y en una longitud de 2.5 (ilegible) y a 1.5 mts de profundidad (…)’.” 62
El testimonio de Valentín Guzmán Orjuela confirma que el INVIAS, antes de comprar
los predios, los ocupó con unos tubos durante un lapso aproximado de 6 o 7 años63.
Sin embargo, no se acreditó la ubicación en la que se instaló la tubería, su longitud,
o dimensiones, así como tampoco el momento a partir del cual ocurrió la invasión,
de modo que para esta Sala resulta imposible deducir cuál fue, en concreto, la
afectación que sufrieron los demandantes por virtud de la ocupación previa a la
enajenación, sumado a que el escrito introductorio únicamente señaló que la
ocupación llevó a la depreciación actual del inmueble64.
En este punto se remarca que, como quiera que la entidad adquirió el bien —según
61 Corte Constitucional. Sentencia C-864 del 2004.
62 ED_017RESPUESTRECLAMACA. Pruebas demanda.
63 Grabación audiencia. Minuto 27:41 – 28:54.
64 Hecho 14 de la demanda.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
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se desprende de las escrituras públicas y los respectivos registros65—, sin que el
debate se ligue a un incumplimiento del pago del precio, debe concluirse que el
daño consistente en la afectación plena al derecho de dominio fue indemnizado y,
de contera, es inexistente.
Y respecto de la depreciación de los predios que aún son de los demandantes, con
ocasión a la ocupación de hecho por las tuberías, tendría que concluirse que no se
aportó ninguna prueba que diera cuenta del valor de los terrenos o de su
disminución.
En esta misma línea, se advierte que no se demostró ningún daño adicional
derivado la instalación de la tubería, como lo sería, por ejemplo, la remoción de
pastos o árboles, la afectación de otras edificaciones de los demandantes, o el
descapote del terreno, para cuyos efectos habría tenido que probarse el estado
original del terreno, gestión probatoria que se ausentó. Por el contrario, la
impugnación reconoce que, en el acta de visita del 1 de mayo de 2013 emitido por
el grupo de gerencia ambiental del INVIAS66, se dispone que: “la misma reclamante
informó que no había movimientos en masa que pudiesen ser atribuidos a la
construcción de la obra (tubería)”.
Por su parte, dicho informe reseña los reclamos de la señora Luz Dary Aguirre y
contiene un registro fotográfico en blanco y negro, del cual es imposible deducir
afectación alguna. Lo mismo ocurre con las fotografías impresas en el escrito de
demanda, respecto de las cuales —se suma— no existe certeza sobre la época en
la que fueron tomadas.
Sobre la valoración probatoria de las fotografías debe señalarse, como lo dispuso
la Corte Constitucional, que:
“(…) no depende únicamente de su autenticidad formal sino de la posibilidad de
establecer si la imagen representa los hechos que se le atribuyen, y no otros
diferentes en razón del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los
elementos dentro de la escena capturada. Para ello, el juez debe valerse de otros
medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto.”67.
(Negrillas fuera del texto original).
65 ED_003CONTRATOCOMPRAVEN y ED_002ESCRITURA213. Pruebas demanda.
66 ED_016OFICINVIASENTREGA. Pruebas demanda.
67 Corte Constitucional. Sentencia T-269 del 29 de marzo de 2012.
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Radicación: 63001-23-33-000-2015-00110-02 (69.021)
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Por virtud de lo anterior, la fotografía, en sí, únicamente tiene la virtualidad de probar
que la imagen que en ella consta fue capturada, sin que de ello se derive
necesariamente que lo allí retratado corresponde a los hechos que pretenden
probarse.
En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que no se probó la afectación
concreta por cuenta de la ocupación de hecho, previa a la enajenación.
IV. Conclusión
23. En atención al problema jurídico planteado, esta Sala concluye que no se
demostró la existencia de los daños reclamados, motivo por el cual resulta
improcedente analizar los demás elementos de la responsabilidad. Por lo anterior,
se confirmará la sentencia del a quo.
V. Costas
24. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”, de modo que, según el numeral 3, “[e]n la providencia
del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda”, que, de acuerdo con el numeral 8, sólo
se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.
De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, que, para este asunto, se rigen por el el Acuerdo 1887 de 200368.
68 La demanda se presentó el 24 de noviembre del 2014. El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por
el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los procesos judiciales iniciados a partir de su
publicación.
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Como en el presente asunto se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Quindío, en los términos de la ley, correspondería condenar en costas en la
segunda instancia a la parte que formuló el recurso de apelación que, en este caso,
es el extremo activo; no obstante, se resalta que no se comprobó la causación de
expensas ni de agencias69.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de julio del 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas al recurrente.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE70
NICOLÁS YEPES CORRALES
69 En cuanto a que los alegatos de conclusión presentados no procedían y no hubo pronunciamiento
respecto del recurso.
70 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
24
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