Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00077-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-33-000-2016-00077-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-33-000-2016-00077-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de noviembre de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
Actor: EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ
SAS ESP
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO ESPECIAL
POR SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN
RELLENO SANITARIO
Síntesis del caso: la empresa demandante alega que la Corporación Autónoma Regional del
Quindío causó un desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas cuando ordenó la
suspensión de actividades de disposición de residuos sólidos en el relleno sanitario Villa Karina
del municipio de Calarcá (Quindío) debido a los riesgos ambientales que podía generar, con
fundamento en el principio de precaución, decisión que le causó un daño antijurídico
consistente en la afectación económica de la empresa y a su “good will”.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo
del Quindío – Sala Primera de Decisión que denegó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 29 de febrero de 2016 (fl. 70 cdno. 1), la
Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP promovió una demanda de
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
reparación directa en contra de la Corporación Autónoma Regional del Quindío
(fls. 1-70 cdno. 1) con las siguientes súplicas:
“1. Que se declare que la Corporación Autónoma Regional del Quindío
es responsable de los daños antijurídicos de que ha sido objeto la
Empresa Multipropósito de Calarcá SA ESP, en especial, por la
realización continua y paulatina -continuada- de acciones ejercidas por
aquella para impedir la realización pacífica y libre de la actividad
licenciada a favor de la empresa de servicios públicos domiciliarios, de
almacenamiento y disposición final de residuos sólidos.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene cancelar a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío a favor de la Empresa
Multipropósito de Calarcá SA ESP, las sumas liquidas de dinero, por
concepto de daño emergente, en las que ha incurrido o deberá incurrir
a lo largo del proceso y en el futuro, tales como:
a) Las originadas en las imposiciones -cargas- ajenas a la Licencia
Ambiental, que han hecho más gravosa la situación de
almacenamiento y disposición final de residuos sólidos; tales como,
estudios y pruebas de laboratorio adicionales a la Licencia ambiental,
para la actividad de control y seguimiento a los términos de la Licencia
por parte de la autoridad ambiental;
b) Las originadas en las imposiciones -cargas- que le fueron impuestas
como requisito para el levantamiento de las medidas preventivas; tales
como, estudios, análisis adicionales impuestos, costo de software,
sistemas para transmisión de datos de lecturas en tiempo real y
pruebas de laboratorio;
c) El pago de honorarios y peritajes en que ha incurrido, para la
presentación de la presente acción;
d) El pago de salarios y demás prestaciones sociales de los
empleados que están en nómina de la empresa, y que están
dispuestos para la operación, recolección, adecuación y
mantenimiento del Vaso Villa Karina;
e) Los emolumentos adicionales en que ha incurrido por concepto
de transporte de los Residuos Sólidos a un Relleno Sanitario diferente
al Parque Ambiental Relleno Sanitario Villa Karina, incluyendo éstos
diferencias en cuanto a uso y consumo de combustible, carros
recolectores adicionales para llevar los residuos a los Rellenos
Sanitarios contratados, costos de reparación de vehículos por cunetaje
en los Rellenos Sanitarios contratados, mantenimiento rutinario más
seguido de los vehículos por el kilometraje adicional, etcétera;
f) El valor diferencial entre la Tonelada de Residuos dispuestos en el
Parque Ambiental Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa Karina y
los Rellenos Sanitarios contratados;
g) Los correspondientes a sanciones de procesos sancionatorios
ambientales, que estén en curso y se demuestre que se han originado
en el cumplimiento de la Licencia Ambiental;
h) Los que se ocasionen con el objeto de volver a adecuar el Vaso Las
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
Azucenas para su funcionamiento, que por el transcurso de tiempo
entre la adecuación inicial y el tiempo del fallo y del levantamiento de
las medidas que impiden el ejercicio libre y pacífico de la actividad
licenciada;
i) Los demás que por dicho concepto se encuentren probados a lo
largo del proceso.
3. Que como consecuencia de la primera pretensión, se ordene
cancelar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío a favor de
la Empresa Multipropósito de Calarcá, las sumas liquidas de dinero,
por concepto de lucro cesante, ha dejado de percibir la empresa
prestadora de servicios públicos, tanto consolidados como hacía el
futuro, tales como:
a) Las ganancias que ha dejado de percibir con ocasión a la
disposición de residuos generados en el Municipio de Calarcá y los
generados en los demás municipios en que opera la empresa NEPSA
DEL QUINDÍO, con quién tiene contrato para el almacenamiento y
disposición final de residuos;
b) Las sumas liquidas de dinero, que por concepto de pérdida de una
oportunidad, deje de percibir como utilidad de la Licencia Ambiental.
c) Los demás que por dicho concepto se encuentren probadas en el
expediente.
4. Como consecuencia de la primera pretensión, que se cancele a la
Empresa Multipropósito de Calarcá S.A. ESP, por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, los daños al Good Will
o buen nombre empresarial que ha sufrido la empresa prestadora de
servicios públicos, en el máximo legal permitido, o en aquel que
aparezca demostrado en el expediente por medio de peritaje, en
especial, los ocasionados por:
a) Las noticias de prensa escrita en que se ha afirmado que la empresa
ha presentado incumplimiento a la Licencia Ambiental, que citen como
fuente la Corporación Autónoma Regional del Quindío o sus
decisiones;
b) Las noticias de prensa visual -televisión- en que se ha afirmado que
la empresa ha presentado incumplimiento a la Licencia Ambiental, que
citen como fuente la Corporación Autónoma Regional del Quindío o
sus decisiones;
c) Las noticias de prensa visual radial en que se ha afirmado que la
empresa ha presentado incumplimiento a la Licencia Ambiental, que
citen como fuente la Corporación Autónoma Regional del Quindío o
sus decisiones;
d) Las noticias presentadas en redes sociales en que se ha afirmado
que la empresa ha presentado incumplimiento a la Licencia Ambiental,
que citen como fuente la Corporación Autónoma Regional del Quindío
o sus decisiones;
e) Las citaciones que se han realizado en el H. Concejo Municipal de
Calarcá donde se ha discutido el posible incumplimiento a la Licencia
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Reparación directa - apelación de sentencia
Ambiental, que citen como fuente la Corporación Autónoma Regional
del Quindío o sus decisiones, o el término de duración de la Licencia;
f) Las juntas que han realizado la entidad Veredas Unidas de
Colombia, donde se ha discutido el posible incumplimiento a la
Licencia Ambiental, que citen como fuente la Corporación Autónoma
Regional del Quindío o sus decisiones, o el término de duración de la
Licencia;
g) Las versiones que han realizado los particulares sobre el tema, en
especial, personas del municipio de Calarcá, donde se ha discutido el
posible incumplimiento a la Licencia Ambiental, que han tomado como
fuente la Corporación Autónoma Regional del Quindío o sus
decisiones, o el término de duración de la Licencia, o las versiones de
prensa, radio, televisión o redes sociales descritas en los literales a),
b), c) o d);
h) Las demás que se encuentren demostradas en el expediente.
5. Como consecuencia de la primera pretensión, y como reparación no
pecuniaria pero adicional a aquella, del daño al GOOD WILL
empresarial, que se ordene al Director de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, que cite a rueda de prensa, donde comparezca
un grupo significativo de medios de comunicación local y nacional,
para que presente disculpas públicas a la Empresa Multipropósito de
Calarcá S.A. ESP, por los daños antijurídicos que se le han
ocasionado. Que la grabación y la constancia de tales disculpas
públicas sea reproducida por el medio de comunicación escrita
con que cuenta la Autoridad Ambiental -gaceta ambiental-, por la
página oficial de la entidad y por las páginas sociales; por el término
continuo que ordene la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
que en todo caso no sea inferior a un (1) día. (…)” (fls. 49 a 52 cdno.
1 – mayúsculas sostenidas del texto original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) Luego de unos estudios técnicos, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío escogió el predio Villa Karina, ubicado en la vereda Chagualá, como la
mejor opción para construir el relleno sanitario del municipio de Calarcá
(Quindío).
2) La Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP adquirió dicho predio a
través de la escritura pública no. 1938 del 14 de noviembre de 2002 otorgada
en la Notaría Primera del Círculo Notarial de Calarcá para el mencionado fin.
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Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
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3) Por medio de la Resolución no. 130 del 28 de febrero de 2003, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío otorgó la licencia ambiental a la Empresa
Multipropósito de Calarcá SAS ESP para ejecutar el proyecto de construcción
y operación del sistema de manejo y tratamiento de residuos sólidos del
municipio de Calarcá (relleno sanitario) a desarrollarse en el predio Villa Karina.
4) Aprobados los estudios y diseños del relleno sanitario Parque Ambiental Villa
Karina, la empresa de servicios públicos, en el mes de mayo de 2003, inició la
fase de adecuación y posterior operación del relleno sanitario.
5) El 23 de octubre de 2003, la empresa le solicitó a la corporación la ampliación
del relleno sanitario hacia el lote contiguo denominado Las Azucenas, el cual
había obtenido el segundo mejor puntaje apto para el relleno en los estudios
que la corporación había realizado anteriormente y, la corporación expidió la
Resolución no. 0305 del 17 de marzo de 2004 a través de la cual modificó los
artículos 1 y 3 de la Resolución no. 130 de 2003 en el sentido de ampliar el
relleno sanitario a dicho predio.
6) La adecuación de ese nuevo predio inició a finales de diciembre del año 2011
pero, quedó suspendida con las medidas preventivas impuestas por la
corporación con fundamento en el principio de precaución, que fueron las
siguientes:
a) Por medio de la Resolución no. 518 del 21 de marzo de 2014, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío ordenó la suspensión provisional de la
actividad debido a que el 25 de febrero de 2014 técnicos de la subdirección de
regulación y control de la corporación realizaron una visita al relleno sanitario y
encontraron que se estaban contaminando corrientes hídricas y posiblemente
aguas subterráneas por el manejo de los lixiviados que se recirculaban y
mezclaban con aguas lluvias, escurriendo sobre las canaletas hasta la
quebrada El Crucero, afluente del río Quindío; además, concluyeron que el
relleno no contaba con capacidad volumétrica para el almacenamiento y
disposición final de residuos sólidos.
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Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
Al respecto, aunque en efecto había mezcla de aguas lluvias con lixiviados, esa
mezcla no estaba por fuera de los parámetros legales para determinar la
contaminación y, además, el manejo de los lixiviados ordenado por la licencia
ambiental (método de aspersión) cuando existan altas precipitaciones (lo que
ocurrió cuando se realizó la visita) fue lo que generó esa situación; en cuanto a
la capacidad volumétrica, la empresa contrató un estudió que arrojó como
resultado que el vaso contaba con capacidad para seguir operando.
Para el levantamiento de dicha medida la corporación impuso unas
condiciones, las cuales fueron cumplidas por la empresa, sin embargo, la
corporación, por medio de auto proferido el 1 de septiembre de 2014, aunque
consideró que habían desaparecido las causas que originaron la medida
preventiva de suspensión inmediata de actividades en el relleno sanitario, lo
condicionó a realizar actividades tendientes exclusivamente al cierre, clausura
y posclausura del vaso Villa Karina, porque en criterio de la autoridad ambiental,
el relleno se encontraba colmado totalmente en su capacidad para la
disposición final de residuos sólidos.
b) Mediante la Resolución no. 1082 del 21 de mayo de 2014, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío impuso nuevas medidas consistentes en la
suspensión de actividades en el relleno sanitario Parque Ambiental Villa Karina,
lote Villa Karina y Las Azucenas debido a la necesidad de tomar acciones
adicionales por nuevos impactos ambientales no previstos, pues, el servicio
geológico colombiano le informó a la corporación, de manera no oficial, que el
relleno sanitario se encontraba en una zona de recarga del acuífero, de manera
que, si se presentaba fuga o infiltración de lixiviados en el suelo podía
ocasionarse un grave daño ambiental por contaminación con lixiviado de
amplias extensiones del acuífero a través del flujo del agua superficial y
subterránea que se iniciaba en ese lugar, lo cual era un hecho nuevo para la
autoridad ambiental no previsto en la licencia; también recibieron información
no oficial -al parecer, tomada de una tesis de grado académico- de que el
relleno está ubicado sobre unas fallas geológicas que implican probabilidad de
rupturas del suelo y con ello el rompimiento de la geomembrana que contiene
los lixiviados y el deslizamiento en las laderas circundantes del mismo relleno,
además produce un alto riesgo sísmico.
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Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
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En el aludido acto administrativo se condicionó la medida al paso del tiempo de
seis (6) meses y al desarrollo de unas actividades, lo cual la empresa cumplió
y solicitó el levantamiento de las medidas, sin embargo, la corporación en autos
proferidos el 31 de julio y el 13 de noviembre de 2014 consideró que aún no
habían desaparecido las causas que originaron las medidas preventivas y
decidió mantenerlas hasta tanto se diera cumplimiento en su totalidad; el 15 de
diciembre siguiente, la empresa entregó la información requerida, pero, la
corporación decidió no levantar la medida en auto proferido el 14 de febrero de
2015; el 17 de abril siguiente la empresa entregó la información requerida en la
última decisión, pero, luego de tres (3) meses la corporación no dio respuesta,
motivo por el cual la empresa instauró una acción de tutela y aunque el juez de
tutela ordenó una respuesta inmediata por parte de la corporación, esta dio una
que no fue clara, de fondo ni congruente.
7) Desde el momento de la comunicación de la primera medida preventiva
(Resolución no. 518 del 21 de marzo de 2014), la empresa demandante dejó
de disponer los residuos en el relleno sanitario Parque Ambiental Villa Karina,
lo ha debido hacer en otros rellenos sanitarios de la región.
8) Al día de presentación de la demanda, la corporación mantiene la medida
impuesta al relleno sanitario Parque Ambiental Villa Karina “y no se vislumbra
que la medida pueda ser levantada en un futuro, puesto que la medida
preventiva se impuso por el lugar donde se encuentra localizado el relleno
sanitario” (fl. 30 cdno. 1).
9) La empresa demandante realizó grandes inversiones en la adecuación de
los predios Villa Karina y Las Azucenas para que en ellos se realizara la
disposición final de los residuos sólidos de acuerdo con la licencia ambiental
otorgada, de manera que, si no es posible la reapertura del relleno, dichos
gastos llevarían a la liquidación de la empresa.
10) Los actos administrativos proferidos por la corporación (licencia ambiental
y sus modificaciones), así como también las medidas preventivas de
suspensión de actividades son legales, no han sido demandados ni han sido
objeto de suspensión provisional en sede judicial.
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Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
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Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) El hecho generador del daño es la ejecución de las Resoluciones nos. 518
del 21 de marzo de 2014 y 1082 del 21 de mayo de 2014 proferidas por el jefe
de la oficina de procesos sancionatorios ambientales y disciplinarios de la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, mediante las cuales se
impusieron medidas preventivas de suspensión de actividades.
2) El daño comprende los sobrecostos en los que la empresa incurrió debido a
esa suspensión, los ingresos no percibidos y la pérdida del valor comercial del
patrimonio de la empresa.
3) Se trata de un daño antijuridico producido por actos administrativos legales
que causaron un desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas, esto
es, un daño especial.
4) Los actos administrativos son legales, porque fueron expedidos por
funcionario competente, no desconocieron ni vulneraron los derechos de
contradicción o defensa, no fueron expedidos en forma irregular, ni contienen
falsa motivación o desviación de poder, ambos se fundamentan en las normas
aplicables; además, dado que su fundamento es el principio de precaución, el
acto no puede ser demandado por carecer de sustento científico.
5) El beneficiario de la licencia ambiental contaba con la garantía de que las
obligaciones impuestas en la licencia ambiental serían suficientes para
prevenir, mitigar, compensar o corregir los daños ambientales que causara la
actividad, de modo que, si aún con el cumplimiento de los términos de la
licencia, se presenta un daño, las consecuencias que este origine en el medio
ambiente no son de responsabilidad del beneficiario de la licencia.
6) En ese mismo orden de ideas, las consecuencias nocivas que se causen
para el beneficiario de la licencia ambiental con la orden de suspensión de la
actividad tampoco pueden ser tomadas como una carga pública válida, puesto
que, mientras los demás beneficiarios de una licencia ambiental solo deben
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cumplir con las cargas impuestas en esta, la sociedad demandante debe
soportar la suspensión, lo cual resulta desproporcionado.
7) Aunque las medidas preventivas de suspensión de actividades son legales,
sus consecuencias son nocivas para la sociedad demandante y desbordan el
principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues, si la actividad ya estaba
autorizada con la licencia, los hechos nuevos ponen en desigualdad al
demandante respecto a cualquier otro beneficiario de la licencia, en tanto ellos
podrán seguir desarrollando de la actividad siempre y cuando cumplan con sus
obligaciones a cargo; por el contrario, la demandante, por causas externas, no
puede hacerlo y debe incurrir en gastos adicionales.
2. Posición de la demandada
La Corporación Autónoma Regional del Quindío (fls. 96 a 121 cdno. 1) se opuso
a las pretensiones de la demanda debido a que lo que principalmente llevó a la
imposición de medidas preventivas fueron los reiterativos incumplimientos de
la licencia ambiental por parte de la demandante que llevaron incluso al inicio
de procesos sancionatorios ambientales en su contra que se encuentran en
curso, por lo tanto, la causa del daño deviene de la conducta de la propia
víctima; no tiene sentido que quien busca la indemnización fue quien generó la
restricción, pues, los actos administrativos son una reacción a los impactos
ambientales provenientes de la actividad del particular.
Fueron sistemáticos los requerimientos de información o realización de
actividades sin que se produjera una respuesta oportuna por parte de la actora,
lo que fue determinante para la formulación de cargos en su contra; no podía
realizarse una adecuada labor de control ambiental si no se facilitaba la
información pertinente de su parte, por ejemplo, hubo incumplimiento en la
presentación de la información de hidrología y monitoreo de los pozos de
hidrología; de otro lado, el mal manejo de los lixiviados no obedece al
cumplimiento de la licencia como lo plantea la actora, sino, por el contrario, a
los evidentes incumplimientos en el manejo de la licencia; también había
problemas en la calidad del aire.
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
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Reparación directa - apelación de sentencia
La corporación dio respuesta a los resultados de contramuestras realizadas por
la empresa, pero, estos no cumplieron con el método analítico empleado, no
permitieron cuantificar la concentración exacta de la muestra, no hubo
verificación de la cadena de custodia y la fecha de realización de los análisis
indica que se realizó un mes después de la toma, por esas razones la
corporación no validó esas muestras.
Desde el momento en que el particular decidió obtener la licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad tenía pleno conocimiento de las condiciones en
las que podía ejercer la misma, por ende, un incumplimiento generaba la
reacción estatal para la protección del interés general, de manera que no hay
desequilibrio en las cargas públicas; además, la actividad de disposición de
residuos sólidos tiene un gran riesgo ambiental, por lo que un mal manejo de
ellos puede tener consecuencias sociales muy nocivas, en ese sentido, la
responsabilidad de quien se beneficia de aquella es mayor y, por lo tanto, la
labor de control y seguimiento debe ser más exhaustiva.
En consecuencia, propuso las siguientes excepciones: i) “inexistencia de daño
y cumplimiento de funciones legales”, por no existir daño antijurídico atribuible
a ella, quien ha cumplido sus funciones constitucionales y legales de control y
seguimiento a una licencia ambiental otorgada en virtud de las cuales encontró
incumplimiento de la misma y, por tanto, aplicó las medidas cautelares
procedentes para la prevención de impactos ambientales mayores y la
protección de recursos naturales como expresión del interés general; ii)
“inexistencia de violación del principio de igualdad y del equilibrio de las cargas
públicas”, porque se aplicaron correctivos necesarios derivados de una licencia
ambiental que no fue cumplida por su beneficiario, de manera que nadie puede
ser beneficiario de su propio dolo.
3. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y,
dado que no se presentaron excepciones previas ni encontró ninguna que
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pudiera decidirse de oficio, fijó el litigio1; luego se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes y se fijó fecha de audiencia para su práctica (fls. 154
a 159 cdno. 1), la cual trascurrió en condiciones normales, y se ordenó correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que presentara concepto si a bien lo tenía (fls. 175 a
176 y 180 a 181 cdno. 1).
4. Los alegatos de conclusión
1) La Corporación Autónoma Regional del Quindío (fls. 198 a 213 cdno. 1) adujo
que los testigos de la parte actora resultan ser sospechosos por su vínculo
laboral con la empresa y el dictamen pericial practicado para acreditar los daños
alegados con la demanda presenta una serie de inconsistencias que lo
invalidan; por otra parte, se acreditó que la empresa demandante agotó la
capacidad volumétrica del relleno sanitario lo cual impedía continuar con su
explotación; las medidas cautelares emitidas por la corporación fueron el
resultado de los siguientes incumplimientos por parte dela empresa: i) mezcla
de lixiviados con las fuentes hídricas cercanas, ii) ausencia de medición de
metano, iii) irregularidades en la combustión de gases, iv) existencia de
amenazas geológicas por la ubicación de una falla geológica cercana al relleno,
v) filtración de aguas contaminadas hacia el acuífero regional y vi)
incumplimiento de los estudios exigidos para el levantamiento de las medidas
cautelares.
De otro lado, hubo una indebida escogencia de la acción pues debieron
demandarse a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho los
actos administrativos a través de los cuales se decretaron las medidas de
suspensión, motivo por el cual debe dictarse un fallo inhibitorio y, de manera
subsidiaria, denegarse las pretensiones de la demanda por inexistencia del
daño planteada en la contestación.
1 Lo hizo en los siguientes términos: “¿Es la Corporación Autónoma Regional del Quindío
administrativa y patrimonialmente responsable por el presunto daño antijurídico que demanda
la Empresa Multipropósito de Calarcá ESP haber sufrido como consecuencia de la imposición
de cargas ajenas a la licencia ambiental otorgada, e impedir con ellas la realización pacífica y
libre de la actividad licencia de almacenamiento y disposición final de residuos sólidos?” (fl. 157
cdno. 1).
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2) La parte actora (fls. 214 a 243 cdno. 1) insistió sobre la legalidad de las
resoluciones a través de las cuales se decretaron las medidas de suspensión;
por otro lado, argumentó lo siguiente: i) contrario a lo alegado por la
demandada, se acreditó que el relleno todavía presenta capacidad volumétrica;
ii) se cumplió con lo dispuesto en la licencia ambiental sobre el plan de manejo
de los lixiviados; iii) los informes técnicos aportados por la demandada no
cuentan con soportes por lo que no pueden ser valorados; iv) las decisiones se
tomaron con un informe de laboratorio no válido; v) respecto de los testigos de
la parte demandada, ninguno de ellos ofrece credibilidad; vi) no se logró
acreditar los incumplimientos alegados por la corporación; vii) la imposición del
estudio de vulnerabilidad del acuífero y de amenaza por riesgo sísmico es
imposible porque se necesita importar instrumentos que no puede cubrir la
empresa y la autoridad tenía el deber de colaborar y no lo hizo, la decisión de
la autoridad se basó en el principio de precaución por falta de certeza científica,
y ahora le exigen la comprobación de esa certeza a la empresa, de manera que
se le impuso una carga imposible de cumplir.
3) El Ministerio Público (fls. 182 a 197 cdno. 1) considera que se deben denegar
las pretensiones de la demanda por existir culpa de la víctima como causal
exonerativa de responsabilidad porque la demandante tenía la obligación de
hacer el estudio de impacto ambiental e incluir el componente morfológico del
suelo; al aparecer, nuevos estudios con mayor detalle que evidenciaban fallas
geológicas, es aquella quien debe responder por cualquier daño causado; en
cuanto a la elección del predio, la corporación solo puede brindar asesoría pero
no obliga a la compra del mismo; la falta de análisis en la profundidad del suelo
donde iba a desarrollar la actividad provocó que posteriormente apareciera un
nuevo estudio asumido por la autoridad ambiental como insumo para adoptar
la medida preventiva; es aplicable el mismo análisis respecto de la recarga del
acuífero, pues, en el estudio de impacto ambiental debió establecerse; la
corporación tuvo una información incompleta.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión, en sentencia
del 23 de marzo de 2017 (fls. 245 a 271 cdno. ppal.) denegó las pretensiones
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
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de la demanda para lo cual, en primer lugar, explicó que no se podía analizar
la validez de las medidas impartidas por la corporación, esto es, si se basaron
en pruebas legalmente obtenidas2, como lo pretende la actora, pues, esos
argumentos van dirigidos a atacar la validez de las decisiones, lo cual no es el
objeto de la litis, el análisis se centró en el desequilibrio de las cargas públicas
por los riesgos ambientales debido a la posible contaminación del acuífero y las
fallas geológicas.
La hipótesis planteada en la demanda es el supuesto desequilibrio por la
imposición de realizar un estudio sismológico y de cuidado de las aguas
subterráneas, las cuales son de imposible cumplimiento, aunado al hecho de
que la corporación la asesoró en la compra del lote y por ello es responsable
de los nuevos hallazgos que dieron lugar a la suspensión de las actividades en
el relleno sanitario.
En cuanto a la elección del predio, si bien la corporación prestó una asesoría,
ello no exime de responsabilidad a la empresa prestadora del servicio, quien
estaba en la obligación de estudiar lo necesario para la prestación del servicio.
La imposición de elaboración de estudios de riesgo de contaminación de aguas
geológicas y amenaza por remoción de masas y fenómenos sísmicos no
constituye una carga excesiva para la entidad demandada, dado que el riesgo
ambiental debe ser asumido por la empresa demandante que utiliza y se
beneficia desde el punto de vista económico con la explotación de la actividad,
de manera que está encargada de mitigar ese riesgo en aras de proteger el
medio ambiente de conformidad con lo previsto en el numeral 6 el artículo 1 de
la Ley 99 de 1993; en ese contexto, el demandante no probó el desequilibrio
planteado.
6. El recurso de apelación
La parte actora (fls. 274 a 305 cdno. ppal.) adujo que la tesis del tribunal de
2 Los argumentos en torno a las pruebas sobre el manejo de los lixiviados, capacidad de uno
de los vasos del relleno, manejo de emisión de gases y valoración de las pruebas allegadas
por la entidad demandante al proceso administrativo sancionatorio hacen parte del estudio de
la legalidad del acto que escapan el objeto de la acción.
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
Actor: Empresa Multipropósito de Calarcá SAS ESP
Reparación directa - apelación de sentencia
primera instancia contraría la licencia ambiental porque, al sostener que cuando
el demandante solicitó la licencia no realizó los estudios correspondientes y que
por ello las medidas se dieron por su propia culpa por realizar la actividad bajo
su propio riesgo, le impone al administrado la obligación de conocer un hecho
que no fue evidenciado sino once (11) años después del otorgamiento de la
licencia y sobre lo cual no hay certeza científica sobre los daños ambientales
que pueda ocasionar, con lo cual omitió el hecho de que la actividad se
encontraba licenciada, esto es, desconoció los derechos que tenía la sociedad
derivados de la licencia ambiental; además, presentó los siguientes
argumentos:
1) El a quo no se pronunció respecto del daño alegado y el nexo de causalidad,
pues, estudió el riesgo ambiental como si ese fuera el daño y no el alegado
consistente en las consecuencias económicas desfavorables que implica la
prohibición de realización de una actividad que cuenta con licencia ambiental.
2) Insistió en que las medidas fueron legales, pero, le ocasionaron un daño
antijurídico por contar con una licencia que la facultó para realizar la actividad,
como ocurrió entre el año 2003 y el año 2014, por lo cual la suspensión de
dichas actividades ocasionó un daño económico puesto que con la medida no
puede seguir obteniendo la utilidad.
3) Se demostró que la medida no se adoptó por incumplimientos a la licencia,
porque esos actos no cuentan con “soporte fáctico” (fl. 276 cdno. ppal.), pero,
como esos actos se fundamentan en el principio de precaución, ello los legitima
y soporta su legalidad.
4) El daño especial se genera desde dos ópticas distintas: una frente a las
demás personas que cuentan con licencia ambiental y pueden desarrollar la
actividad licenciada sin que la autoridad ambiental impida su ejercicio y, la otra,
en cuanto a la autoridad ambiental que expide los actos administrativos
causantes del daño, pues, mientras que la administración hace uso del principio
de precaución para tomar una decisión sin certeza científica, le exige al titular
de la licencia la certeza científica para el levantamiento de la medida (estudio
de vulnerabilidad del acuífero y el estudio de riesgo sísmico), cuando no fue
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
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objeto de la litis determinar si contaba o no con los requisitos para hacer uso
del principio de precaución, pues, ambas partes están de acuerdo en que sí, de
manera que no se debía desvirtuar la existencia de la zona de recarga del
acuífero o de la falla geológica en el relleno sanitario.
5) Contrario a lo considerado por el a quo, la empresa sí realizó estudios para
la obtención de la licencia y estos fueron aprobados por la corporación al punto
que otorgó la licencia, de modo que no hubo negligencia en su actuación, tanto
que la licencia se ejecutó libre y pacíficamente durante más de once (11) años.
6) Las medidas de suspensión se impusieron con base en una información
obtenida por la autoridad ambiental con posterioridad al otorgamiento de la
licencia ambiental (un estudio de INGEOMINAS que comenzó en el año 2010
y una tesis académica del año 2007), por tal motivo esa información no podía
ser incluida en los estudios previos al licenciamiento; el hecho generador es el
uso que le dio la corporación a ese conocimiento en el año 2014 con los actos
que impusieron las medidas provisionales.
7) No se pretende obtener el levantamiento de las medidas ante el riesgo
ambiental, se reclama obtener reparación de los perjuicios sufridos con el daño
causado.
8) La empresa no debe soportar el daño económico provocado por los actos
administrativos porque contaba con la licencia ambiental, porque cuando se
obtuvo no se contaba con la información de que el relleno estaba en zona de
falla geológica y de recarga del acuífero regional, porque esa información no es
de carácter oficial y la sociedad no ha incumplido ningún mandato legal o
constitucional.
9) La demandante no ha incumplido con la licencia, pues, la medida se adoptó
en virtud del principio de precaución y, por lo tanto, si bien el particular no puede
continuar ejerciendo la actividad, no está obligado a soportar los daños que
genera dicha medida.
10) La autoridad ambiental de sustrajo de la obligación de realizar actividades
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tendientes al levantamiento de la medida y endilgó toda la responsabilidad al
particular.
11) No hay capacidad para realizar los estudios requeridos por la autoridad, por
consiguiente, las causas que originaron la medida no pueden desaparecer.
12) Por último, si el tribunal consideró que la demandante no cumplió con sus
obligaciones derivadas de la licencia ambiental, la corporación debió proceder
a revocar directamente la licencia y no permitir que continuase con sus efectos
con medida preventiva de suspensión.
7. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte actora se ratificó en todos los motivos de inconformidad expuestos
en el recurso de apelación y solicitó que se revoqué la sentencia de primera
instancia y se acceda a sus pretensiones (fl. 358 cdno. ppal.).
2) La entidad demandada guardó silencio.
3) Por su parte, el Ministerio Público (fls. 359 a 368 cdno. ppal.) solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia por encontrar que con las pruebas
practicadas no es posible establecer la causación de un daño especial
ocasionado por la entidad demandada a la demandante con ocasión de los
procesos sancionatorios ambientales iniciados, como tampoco con la
suspensión provisional de la explotación de la actividad licenciada.
Se acreditó que sobre el relleno sanitario había riesgos de contaminación de
las aguas, así como también, amenaza por remoción de masas de fenómenos
sísmicos, por estar ubicado en el punto cero de la falla geológica, lo cual ponía
en riesgo al acuífero regional, no solo por la contaminación de aguas que surten
a la región sino también por la posibilidad de ocurrencia de los deslizamientos
que afecten la estabilidad de las basuras allí depositadas, con graves
consecuencias para el equilibrio ambiental, riesgo que debía ser atendido como
lo hizo la autoridad ambiental.
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En ese contexto, el adelantamiento del proceso sancionatorio y de las
respectivas suspensiones provisionales no constituye una carga excesiva para
la demandante, toda vez que surgieron como consecuencia de hechos
irregulares acontecidos durante el trámite de la explotación, los cuales no
daban lugar a la revocatoria de la licencia, sino a la corrección de algunas fallas
e irregularidades encontradas, las cuales, una vez corregidas daban lugar a su
levantamiento; la única intención de esas medidas fue conjurar un riesgo
ambiental, prevalida de los principios de prevención y precaución de desastres,
figura jurídica más eficaz que la sugerida por la apelante de la revocatoria
directa de los actos.
En materia ambiental, el riesgo debe asumirlo la entidad ejecutora del proyecto,
esto es, quien se beneficia económicamente, de modo que, ante la necesidad
de mitigar el riesgo, esta debe adoptar medidas para mitigarlo, por lo tanto, las
medias adoptadas por la autoridad ambiental en este caso no rompieron la
igualdad frente a las cargas públicas de la demandante.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna3 corresponde a la Sala determinar
si en este asunto la Corporación Autónoma Regional del Quindío es
3 Dado que las decisiones provocadoras del daño antijurídico alegado fueron la Resolución no.
518 del 21 de marzo de 2014 y la Resolución no. 1082 del 21 de mayo de 2014 expedidas por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la demanda se presentó el 29 de febrero de
2016, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos (2) años de caducidad
para impetrar el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164 del CPACA.
La solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial se presentó el 19 de noviembre de 2015,
la cual fue declarada fallida según constancia expedida el 11 de febrero de 2016 (fl. 79 cdno.
1).
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patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a la sociedad
demandante por el supuesto desequilibrio de la igualdad frente a las cargas
públicas que generó la imposición de las medidas preventivas de suspensión
de las actividades en el relleno sanitario del municipio de Calarcá (Quindío).
La Sala confirmará la sentencia apelada, debido a que no se acreditó el
desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas alegado por la Empresa
Multipropósito de Calarcá SA ESP en este caso concreto, pues, se acreditó que
dichas medidas se impusieron porque la empresa incumplió los términos de la
licencia ambiental, así como también debido a que se encontró la posibilidad
de un riesgo ambiental que, con base en el principio de precaución, debía
suspenderse la actividad y por lo tanto, sus consecuencias ser asumidas por la
empresa.
Para el efecto, la Sala precisa que la demandante insistió, tanto en la demanda
como en el recurso de apelación, que no cuestiona la legalidad de las
decisiones4 ni ninguna falla del servicio en la toma de estas, pues, aunque en
ciertos apartados de sus escritos expone algunos argumentos tendientes a
demostrar reparos en aquellas, lo cierto es que considera que, de cara a los
riesgos ambientales que podía producir la actividad que ejecutaba, con
fundamento en el principio de precaución que no es posible desvirtuar, dichas
decisiones “legales” le produjeron un daño antijurídico que le debe ser
reparado, de manera que el análisis de las pruebas se centra exclusivamente
en esa imputación.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) La demandante sostiene que la orden de suspensión de actividades en el
relleno sanitario Villa Karina del municipio de Calarcá (Quindío) le implicó una
afectación económica y moral que no debe soportar por tratarse de un daño
especial; por su parte, la entidad demandada aduce que ese daño se debe a
su propia negligencia por haber incumplido la licencia ambiental y los
4 Las medidas preventivas ambientales son actos definitivos y pueden ser objeto de control por
parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (Consejo de Estado – Sección Primera,
sentencia proferida el 17 de junio de 2022, proceso no. 17001233100020070038303, MP Nubia
Margoth Peña Garzón).
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requerimientos efectuados por la corporación para que siguiera operando, lo
que conllevó a que se tomara esa decisión; el tribunal de primera instancia
denegó las pretensiones de la demanda por considerar que no hubo el alegado
desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas debido a que se trató
de la asunción de un riesgo por parte de la persona que ejercía una actividad
de gran impacto ambiental y estaba encargada de mitigarlo; en el recurso de
apelación, la parte actora insiste en que no debe soportar el daño causado con
los actos administrativos, porque cuando obtuvo la licencia ambiental no se
conocían los riesgos por los cuales se suspendió la actividad (ubicación del
relleno en zona de falla geológica y recarga del acuífero regional) y la empresa
no ha incumplido ningún mandato legal o constitucional.
2) Es relevante insistir en que en este caso no se ataca la legalidad de los actos
administrativos sino el daño especial producido por la ejecución de estos.
3) En ese contexto, las pruebas válidamente recaudadas demuestran los
siguientes hechos relevantes para la decisión del asunto de la referencia:
a) A través de la Resolución no. 130 del 28 de febrero de 2003, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío otorgó licencia ambiental a la Empresa
Multipropósito de Calarcá SA ESP por el término de duración del proyecto de
construcción y operación del sistema de manejo y tratamiento de residuos
sólidos del municipio de Calarcá (relleno sanitario), a desarrollarse en el predio
Villa Karina ubicado en el casco urbano de dicho ente territorial (fls. 11 a 45
cdno. 1).
Por solicitud de la empresa beneficiaria de la licencia ambiental, la corporación
modificó el contenido de esta en el sentido de ampliar el relleno sanitario al
predio contiguo denominado Las Azucenas, decisión contenida en la Resolución
no. 0305 del 17 de marzo de 2004 (fls. 137 a 141 cdno. 1).
b) Mediante la Resolución no. 518 del 21 de marzo de 2014, la Corporación
Autónoma Regional del Quindío impuso a la Empresa Multipropósito de Calarcá
SA ESP una medida preventiva de suspensión de actividades de funcionamiento
del relleno sanitario Villa Karina por encontrar, luego de una visita técnica
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
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practicada en el lugar por parte de funcionarios de la corporación el 25 de febrero
de 2014, que no contaba con disponibilidad de espacio y que generaba
contaminación a corrientes hídricas y posiblemente a aguas subterráneas por
inadecuado manejo de los lixiviados que se recirculaban y se mezclaban con las
aguas lluvias, escurriendo sobre las canaletas hasta la quebrada El Crucero,
afluente del río Quindío; el levantamiento de dicha medida se condicionó al
cumplimiento de los siguientes requerimientos: i) prohibición de realizar el
vertimiento de lixiviados sobre canaletas de aguas lluvias y sumideros que
descarguen sobre fuentes hídricas, ii) presentar el plan de clausura de vaso
activo y plan de pos clausura para el vaso almacenador activo lote Villa Karina
en un plazo de quince (15) días y, iii) presentar de manera inmediata el plan de
contingencia para el manejo de residuos debido a que la capacidad volumétrica
del vaso lote Villa Karina había sido colmada (fls. 53 a 79 cdno. 1).
c) Por auto proferido el 7 de abril de 2014, la oficina asesora de procesos
sancionatorios ambientales y procesos sancionatorios de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío inició un proceso sancionatorio ambiental en
contra de la empresa ahora demandante por presunta contaminación a
corrientes hídricas por inadecuado manejo de los lixiviados y presunto
incumplimiento a la licencia ambiental contenida en la Resolución no. 130 de
2003 por superar la capacidad de disposición final de residuos sólidos, lo cual
era violatorio de los artículos 8, 34, 36 y 38 del Decreto Ley 2811 de 1974 y el
artículo 24 del Decreto 3930 de 2010 (fls. 84 a 96 cdno. 1).
d) El 8 de abril de 2014, la empresa radicó en la corporación un memorial a
través del cual daba contestación a los requerimientos efectuados en el acto que
ordenó la medida preventiva (fls. 105 a 115 cdno. 1) y, el 30 de mayo siguiente
solicitó que se realizara la visita de verificación y seguimiento para que se
constatara el cumplimiento de dichos requerimientos por parte de la empresa
(fls. 148 a 149 cdno. 1).
e) Luego de varias verificaciones, visitas, tomas de muestras y estudios, por
medio de la Resolución no. 1082 del 21 de mayo de 2014 la Corporación
Autónoma Regional del Quindío impuso a la empresa ahora demandante la
medida preventiva de suspensión de las actividades en el relleno sanitario del
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Expediente 63001-23-33-000-2016-00077-01 (59.250)
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municipio de Calarcá (Quindío) en los lotes Villa Karina y Las Azucenas, la cual
se mantendría hasta tanto la empresa cumpliera con los siguientes requisitos: i)
construcción del segundo pozo en el lote Las Azucenas y monitoreo de
caracterización de línea de base agua subterránea de acuerdo con los
parámetros establecidos en la licencia ambiental y en el Decreto 838 de 2005,
desarrollado por un laboratorio acreditado por el IDEAM; ii) presentar los
resultados de los monitoreos de sedimentos en las quebradas El Crucero, sin
nombre y La Duquesa, para lo cual se debían instalar equipos de monitoreo de
calidad del agua en dichas quebradas; iii) en un plazo de dos meses presentar
un estudio de vulnerabilidad del acuífero a la contaminación por lixiviados, “el
cual deberá ser evaluado por la entidad, para tomar medidas de fondo sobre la
viabilidad de que continúe funcionando el relleno sanitario en la zona” (fl. 263
cdno. 2); iv) presentar en dos meses la propuesta metodológica y el cronograma
de ejecución para evaluar el escenario de riesgo sísmico (fls. 237 a 265 cdno.
2).
Los motivos que llevaron a esa decisión fueron los siguientes: i) había
antecedentes (años 2004, 2005, 2012 y 2013) de sanciones por deficiencia en
el manejo técnico del relleno, requerimientos para no continuar con las obras de
construcción, advertencia de presencia de alta población de moscas, descargue
de lixiviados por perforaciones en la geomembrana de la piscina de lixiviados,
presencia de gallinazos y el vaso presentaba deficiencias en la cobertura
temporal; ii) existían denuncias de la comunidad acerca de la presencia de
moscas y malos olores y contaminación por lixiviados en fuentes hídricas; iii) en
un nuevo informe técnico realizado el 16 de mayo de 2014 se advirtieron
presuntos incumplimientos a la licencia ambiental, tales como: a) no se cumplía
con el número de pozos de monitoreo exigidos por la licencia, fueron cuatro y
solo había uno, lo cual impedía dimensionar el impacto de la contaminación y
cualquier actividad de control; b) se presentaba información incompleta de
resultados de monitoreo de conductividad, temperatura, sólidos totales, sólidos
disueltos, entre otros, y los reportes de la calidad del agua en el pozo uno no
fueron presentados con la periodicidad exigida en la licencia, c) no se presentó
el análisis de sedimentos que la licencia ambiental exigía, lo cual generaba
incertidumbre acerca de los posibles vertimientos de lixiviados; d) en el lote Las
Azucenas no se respetó la franja forestal protectora de la quebrada sin nombre
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estipulada en la licencia ambiental; e) la distancia de la vía interna del relleno a
la quebrada El Crucero no era la permitida en la licencia; f) presunta intervención
en franjas protectoras de las quebradas; g) presunto incumplimiento en la
metodología del monitoreo de emisiones atmosféricas, ruido y material
particulado.
También hubo iv) presuntos eventos de contaminación que afectaron el recurso
hídrico (las muestras tomadas y análisis de resultados se hicieron por el
laboratorio de aguas de la corporación que está acreditado por el IDEAM); v)
presuntos eventos de contaminación con lixiviados; vi) incremento ostensible del
parámetro de conductividad en la quebrada El Crucero.
En la parte motiva del acto se explicó que, aunque por varias de esas causas ya
había impuesto sanciones y medidas de prevención, tales conductas eran
reiterativas lo que agravaba la amenaza y riesgo del medio ambiente.
Por otra parte, se presentaron hechos nuevos que ponían en riesgo el medio
ambiente y que no fueron previstos al momento de otorgar la licencia, los cuales
fueron: i) el Servicio Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS) informó a la
entidad acerca de estudios realizados desde el año 2010 y en el año 2014,
entregó resultados en los que se establece que la zona en donde se encuentra
el relleno sanitario es zona de recarga del acuífero, de modo que en caso de
fuga de lixiviado e infiltración del suelo hay riesgo de contaminación del acuífero
regional, y ii) de acuerdo con una tesis de maestría en geología de la Universidad
de Ginebra (Suiza) en 2007, se determinó que en el lugar donde se encuentra
el relleno sanitario existen unas fallas geológicas lo cual implica un alto riesgo
sísmico y con ello rupturas en el suelo que puedan ocasionar rompimientos de
la geomembrana que contiene los lixiviados y deslizamiento de las laderas
circundantes al relleno que podría afectar las aguas superficiales y el acuífero
regional.
Para la imposición de la medida se acudió al principio de precaución consagrado
en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 para lo cual señaló lo
siguiente:
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“En este sentido la normativa permite que en virtud del principio de
precaución se tomen medidas por parte de las autoridades ambientales
que protejan el medio ambiente, sin que deba existir una completa
certeza científica. Sin embargo, obsérvese que en el presente asunto
existen elementos de juicio robustos que permiten identificar el riesgo
en que se encuentra el medio ambiente por posible contaminación del
acuífero regional” (fl. 254 cdno. 2).
Finalmente, se advirtió que la medida se tomó por “los presuntos
acontecimientos de contaminación y presuntas afectaciones ambientales
evidenciados en el relleno sanitario del municipio de Calarcá, lotes Villa Karina
y Azucenas, además del riesgo de contaminación del acuífero regional” (fl. 256
cdno. 2) y de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de 2009.
f) En auto dictado el 28 de mayo de 2014, la oficina asesora de procesos
sancionatorios ambientales y disciplinarios decidió no levantar la medida
preventiva impuesta en la Resolución no. 518 del 21 de marzo de 2014, por
cuanto la empresa no cumplió con los dos primeros requerimientos establecidos
en dicho acto para tal fin (fls. 286 a 290 cdno. 2); luego de los documentos
presentados por la empresa y la visita técnica realizada por la corporación, la
aludida oficina, en auto dictado el 31 de julio de 2014 decidió no levantar las
medidas preventivas impuestas a través de la mencionada resolución y la no.
1082 del 21 de mayo de 2014 por no haber desaparecido las causas que las
originaron, por lo tanto, que estas se mantendrían hasta que se cumplieran las
condiciones establecidas en dichos actos administrativos (fls. 376 a 385 cdno.
2); el 1 de septiembre de 2014 se levantó la medida preventiva impuesta por la
Resolución no. 518 de 2014 por haberse cumplido los requisitos establecidos
para ello, levantamiento que tenía como único fin que se efectuaran las
actividades de cierre, clausura y postclausura del vaso Villa Karina, sin que se
permitiera la disposición de nuevos residuos debido a que se encontraba
colmado totalmente en su capacidad, teniendo en cuenta, además, que quedaba
vigente la medida impuesta en la Resolución 1082 de 2014 (fls. 2261 a 2265
cdno. anexo 13A); en auto del 13 de noviembre de 2014 se decidió no levantar
la medida preventiva impuesto en la Resolución 1082 de 2014 por considerar
que no habían desaparecido las causas que la originaron (fls. 441 a 480 cdno.
2); lo mismo se decidió en autos proferidos el 24 de febrero de 2015 (fls. 2490 a
2495 cdno. anexo 14) y 31 de julio de 2015 (fls. 2511 a 2520 cdno. anexo 14).
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g) La oficina asesora de procesos ambientales sancionatorios y procesos
disciplinarios de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a través de
auto dictado el 15 de junio de 2016 formuló pliego de cargos en contra de la
Empresa Multipropósito de Calarcá SA ESP por incumplimientos de la licencia
ambiental otorgada mediante la Resolución no. 130 de 2003 (fls. 623 a 662 cdno.
3).
Los incumplimientos tuvieron que ver, a título enunciativo, con: el manejo de
lixiviados, manejo de gases, operación del relleno, plan de manejo ambiental,
plan de monitoreo del relleno, plan de cierre y uso final del relleno, ejecución del
plan de cierre y post-clausura, contaminación a fuentes hídricas por el
inadecuado majeo de lixiviados, monitoreo de calidad del aire, monitoreo de
chimeneas e información sobre las fallas geológicas e hidrogeología del sector
donde está ubicado el relleno. Además, se presentaron varias solicitudes de la
comunidad por afectaciones ambientales y en la salubridad desde la ejecución
del proyecto. En la parte motiva se consideró lo siguiente:
“[L]as labores de control y seguimiento a cargo de esta autoridad
ambiental han sido diáfanas en evidenciar presuntos comportamientos
no adecuados por parte del operador, es decir, actividades totalmente
ajenas a la autorización que fuera emitida, lo que sin hesitación alguna
conlleva a la formulación preliminar de reproche a través de este acto
administrativo de cargos” (fl. 644 cdno. 3).
Se identificaron los siguientes impactos ambientales: i) en el recurso del suelo,
impacto visual por alteración del paisaje debido al descapote de cobertura
vegetal con movimientos de tierra, cambios en el área y tipo de cobertura del
suelo por excavación con maquinaria pesada y movimientos de tierra, alteración
de la escorrentía superficial y de la calidad de las aguas, y supresión de flora y
modificación del hábitat de fauna; ii) en el recurso del agua, contaminación por
sólidos en suspensión y vertimientos. No se conocen las resultas del proceso
sancionatorio ambiental.
h) Por otra parte, la parte actora allegó con la demanda un dictamen pericial en
el cual se analizaron los sobrecostos en los que la empresa incurrió y los
ingresos no percibidos debido a la suspensión de las actividades, así como
también la pérdida del valor comercial del patrimonio de la empresa que
implicaría su liquidación una vez quede en firme el cierre del relleno sanitario,
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todo ello desde la primera suspensión (marzo de 2014) hasta cuando se
practicó el dictamen (octubre de 2015); el experticio lo rindió un abogado con
maestría en administración5, cuyos diplomas fueron anexados (fls. 3444 y 3446
cdno. anexo 19).
Para el análisis de los sobrecostos se observaron las principales cuentas
contables de la empresa a través del análisis de los estados financieros e
información suministrada por la empresa, las cuales fueron anexadas al
dictamen, y se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos: contratación de
terceros para la disposición final de residuos sólidos (otros rellenos), nómina de
personal adicional, sobrecostos de operación y mantenimiento, suministro de
combustible, tiquetes de peajes, alquiler de vehículo, compra de vehículo
recolector (debido a que los otros rellenos sanitarios se encontraban a una
mayor distancia).
En cuanto a los ingresos no percibidos, estos correspondieron a los derivados
de los servicios que prestaron los terceros contratados para la disposición final
de residuos solidos que Multipropósito SA ESP no pudo realizar debido a la
suspensión y, por último, respecto de la liquidación de la sociedad, efectuó un
análisis hipotético “en el evento de continuar la suspensión o quedar en firme”
(fl. 3407 cdno. anexo 19), caso en el cual provocaría la pérdida del valor
comercial de la empresa debido a que quedaría incursa en la causal de
disolución obligatoria prevista en el Código de Comercio cuando ocurran
pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital en
sociedades anónimas, por razón de las inversiones en las que incurrió para
poner en funcionamiento el relleno Villa Karina, lo cual se contrasta con las
utilidades de los períodos correspondientes.
La Sala encuentra que el dictamen pericial está debida y detalladamente
explicado, fundamentado, cuenta con los soportes que le sirvieron de base para
5 En su hoja de vida se consignó el siguiente perfil: “Abogado, con opción en finanzas y Máster
of Business Administration -MBA- de la Universidad de Los Andes, con experiencia específica
en estructuración financiera, valoración financiera de activos intangibles, valoración financiera
de firmas (sociedades), valoración jurídico-financiera de contingencias judiciales, consultoría
financiera al área corporativa y de litigios de firmas de abogados, gerencia financiera de
empresas, negociación de transacciones corporativas, negociación de proyecto de inversión,
cátedra en finanzas y creación de empresas de la Universidad de los Andes (fl. 3435 cdno.
anexo 19).
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la experticia, tales como facturas, contratos, certificados de pagos, estados de
cuentas bancarias, entre otros, además, el perito acreditó la calidad en la que
actuó, todo lo cual permite que la prueba sea pertinente, útil y conducente.
i) Finalmente, en el proceso se practicaron los siguientes testimonios:
• Los solicitados por la parte actora fueron:
(i) José Luis Arias Cardona: bacteriólogo, fue subgerente operativo de
Multipropósito SA, ahora es asesor del mayor accionista de la empresa.
Manifestó que al relleno Villa Karina le faltaba un 20% para cumplir su cabalidad
y que el vaso Las Azucenas no estaba en uso todavía; la compañía cumplió con
la totalidad de los estudios, se hizo un buen manejo de lixiviados con piscinas y
no ha habido contaminación de aguas subterráneas, se necesitaría de una lluvia
extraordinaria para que se rebozaran las piscinas; no está de acuerdo con los
resultados de los análisis de la CAR; explicó que el sistema de drenaje de las
aguas lluvias del relleno se hace como se previó en la licencia, esto es, que hay
unas zanjas perimetrales que van todas cubiertas con la geomembrana donde
se conducen hacia el cuerpo de agua final, y los lixiviados que se producen en
el fondo del vaso, se llevan a las piscinas y los gases metano y ácido sulfhídrico
son quemados a través de las 63 chimeneas que posee el relleno y que fueron
construidas desde su inicio (CD fl. 179 cdno. 1).
(ii) Jorge Arturo Sanabria Sánchez: ingeniero civil, representante legal y
miembro de la junta directiva de Multipropósito SA, manifestó que el relleno Villa
Karina todavía tiene capacidad de almacenamiento pues, la CAR se equivocó
en el cálculo porque el levantamiento topográfico es quien determina la
capacidad, no la sumatoria de toneladas como lo hizo la CAR; explicó cómo fue
la construcción del relleno; aseguró que el manejo de los lixiviados es el que
está contemplado en la licencia y, aunque reconoció la tesis doctoral de las fallas
geológicas, dijo que no hay evidencia de la existencia del acuífero;
Multipropósito SA ha cumplido con la licencia; los estudios requeridos por la
corporación son excesivamente costosos e innecesarios, pues, no hay
evidencia de un acuífero, solo se ven aguas de escorrentía. (CD fl. 179 cdno. 1).
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(iii) Pablo Cubillos Aguirre: abogado, fue quien rindió el dictamen pericial
aportado con la demanda y lo explicó en su declaración (CD fl. 179 cdno. 1).
• Los solicitados por la entidad demandada fueron:
(i) Patricia Rojas Sánchez: ingeniera sanitaria, funcionaria de la corporación
desde el año 2000 en la subdirección de gestión ambiental del grupo de gestión
integral de recursos hídricos quien, hizo un concepto técnico sobre la calidad del
agua, tanto superficial como subterránea del relleno objeto del presente asunto,
dijo que se monitoreó la quebrada Crucero que es la que colinda con el relleno,
en la cual se encontró incremento de cloruros (sustancias contaminantes) y de
la conductividad (salinidad del agua) y demanda química de oxígeno de cubo; el
resultado fue un problema de contaminación debido al mal manejo de los
lixiviados (líquido que produce la descomposición de la materia orgánica); se
recomendó instalar un equipo de monitoreo permanente; no se pudo hacer el
análisis de sedimentos porque la empresa no presentó el reporte, lo cual era un
requisito de la licencia, los sedimentos permiten retener los contaminantes; es
importante tener en cuenta que la licencia ambiental prohíbe cualquier tipo de
vertimiento de lixiviados a las fuentes hídricas; en el momento de la toma de la
muestra no estaba lloviendo, había llovido los días anteriores (CD fl. 179 cdno.
1).
(ii) Héctor Fabián Triviño Arbeláez: ingeniero químico, trabaja en la corporación
desde el año 2004 en el laboratorio de aguas, toma las muestras físico químicas
de los usuarios en los vertimientos de fuentes hídricas del departamento; fue
quien tomó la muestra el 25 de febrero y dio los resultados; explicó en forma
general como se realiza la toma de muestras, la cadena de custodia que se debe
respetar y que él solamente presenta los resultados pero no es quien los analiza;
dijo que el laboratorio de aguas de la corporación está certificado por el IDEAM
(CD fl. 179 cdno. 1).
(iii) María Fernanda López Sierra: ingeniera industrial, magíster en desarrollo
sostenible y medio ambiente y labora en la corporación en la oficina de control
y seguimiento ambiental en el tema de emisiones atmosféricas; manifestó que
se hizo una revisión en el año 2014 al relleno y que se evidenciaron
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incumplimientos de la licencia consistentes en la frecuencia de presentar los
informes de los monitoreos de gases, específicamente en la medición de gas
metano no se presentó ni un solo estudio desde el año 2003 a 2014 el cual debía
ser anual, además, los laboratorios no eran acreditados por el IDEAM; cada mes
debían hacerse unos estudios en las chimeneas (metano, ácido sulfúrico y
porcentaje de explosividad) y no fue así; tampoco se hicieron las mediciones de
ruido con la periodicidad requerida; ningún estudio de la calidad de aire
(presencia de metano); en algunos casos se presentaron porcentajes superiores
a los límites permitidos para los contaminantes monitoreados (CD fl. 179 cdno.
1).
(iv) James Cataño Herrera: abogado, trabaja en la corporación como jefe asesor
de procesos sancionatorios, refirió que la medida cautelar se encuentra vigente
porque la empresa no ha cumplido con los requerimientos efectuados por la
entidad (CD fl. 179 cdno. 1).
(v) Adriana Lucía Duque Velasco: geóloga, labora en la subdirección de
regulación y seguimiento ambiental de la corporación desde 1994, ha hecho
parte del equipo técnico que hace control y seguimiento a la licencia ambiental
desde 2014; dijo que evidenciaron eventos de contaminación del acuífero
regional para lo cual tuvieron en cuenta datos suministrados por Multipropósito
SA; se vio un afloramiento hacia la parte del vaso más inferior, lo cual significa
que presentaba problemas de deslizamientos lentos; en relación con la tesis
académica que advirtió sobre la presencia de una falla geológica en la zona
donde está ubicado el relleno, explicó las razones por las cuales se tuvo en
cuenta como una de las causas para imponer la medida de suspensión; en
cuanto a los estudios requeridos para el levantamiento de la medida, dijo que la
empresa presentaba información sobre amenaza sísmica y vulnerabilidad del
acuífero en muchos informes, pero, que era información desarticulada y
errónea, y que esa exigencia se hizo porque la licencia le pertenece a
Multipropósito SA. Por último, frente a la pregunta de a cuál otra empresa se le
había solicitado estudios similares en el departamento del Quindío contestó lo
siguiente:
“En este momento pues no hay otro proyecto con condiciones tan
particulares como un relleno que se maneja alta potencial contaminante
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y con estos rasgos naturales de zona de recarga y zonas de falla como
para exigirle, sin embargo, le hago la aclaración que si existiera otro
proyecto con las mismas implicaciones ubicados en esta zona, donde
tenga condiciones similares, la corporación tendría que hacerle las
mismas exigencias” (CD fl. 179 cdno. 1).
4) De conformidad con los anteriores elementos de prueba, la Sala encuentra
acreditado el daño, sin embargo, este no es antijurídico ni mucho menos
imputable a la entidad demandada, en tanto no se probó un desequilibrio de la
igualdad frente a las cargas públicas en los términos alegados por la sociedad
actora.
5) En efecto, con el dictamen pericial se probó el daño alegado, esto es, los
sobrecostos en los que la empresa incurrió debido a la suspensión de
actividades consistentes en la contratación de otros rellenos para la disposición
final de residuos sólidos, nóminas adicionales, operación de mantenimiento
extra debido al combustible, peajes, alquiler y compra de vehículos debido a que
los otros rellenos estaban más lejos; también el daño comprende los ingresos
que dejó de percibir la empresa por los servicios que prestaron los terceros
contratados para la disposición final de residuos sólidos que Multipropósito SA
ESP no pudo realizar debido a la suspensión.
En cuanto al daño consistente en la supuesta pérdida del valor comercial del
patrimonio de la empresa, se trata de un daño eventual por tratarse de un caso
hipotético, por lo tanto, no existe certeza del mismo.
6) Ahora bien, el daño acreditado no es antijurídico ni imputable a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío debido a que no hay evidencia del alegado
desequilibrio de las cargas públicas en este caso, por las siguientes razones:
a) En primer lugar, es importante advertir que los motivos que llevaron a la
suspensión de las actividades no se centraron exclusivamente en los hechos
nuevos consistentes en la posible existencia de una falla geológica y de un
acuífero regional en la zona donde está instalado el relleno sanitario, sino
también y no menos relevante, en los constantes incumplimientos de la licencia
ambiental por parte de la empresa y en las evidencias ciertas de contaminación
encontradas por la corporación.
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Al respecto, la Resolución no. 518 tuvo como fundamento la contaminación que
se generaba a corrientes hídricas por el inadecuado manejo de los lixiviados,
así como también por el hecho de que el vaso Villa Karina ya estaba lleno y no
tenía disponibilidad para recibir más desechos; por su parte, la Resolución no.
1081 tuvo en cuenta los antecedentes en la deficiencia del manejo técnico del
relleno desde el año 2004, las denuncias de la comunidad, un nuevo informe
técnico que advirtió los presuntos incumplimientos de la licencia ambiental y los
eventos de contaminación que afectaron el recurso hídrico por los lixiviados
(incremento ostensible del parámetro de conductividad en la quebrada El
Crucero); además, los profesionales que tomaron las muestras rindieron
testimonio y dieron cuenta de esos hallazgos.
El artículo 50 de la Ley 99 de 1993 dispone que la licencia ambiental está sujeta
al cumplimiento por parte del beneficiario de “los requisitos que la misma
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación
y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”;
asimismo, el artículo 36 de la Ley 1333 de 2009 (que subrogó el artículo 85 de
la Ley 99) prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales pueden imponer
la medida preventiva de “suspensión del proyecto, obra o actividad cuando
pueda derivarse daño o peligro para el medio ambiente, los recursos naturales,
el paisaje y los ecosistemas o la salud humana o cuando el proyecto, obra o
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia
ambiental; o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos”.
De conformidad con ello, es claro que la empresa debía cumplir con los
requisitos establecidos en la licencia, lo cual no ocurrió, y aunque no se conoce
el resultado del proceso sancionatorio ambiental, se sabe que uno de los
motivos de la suspensión de la actividad fue precisamente incumplimientos de
la licencia, así lo mismo que la evidencia encontrada que ponía en peligro el
medio ambiente, los recursos naturales y los ecosistemas, razones por las
cuales la conducta de la empresa demandante repercutió directamente en el
daño sufrido por ella, pues, por infringir los términos de la licencia, la
demandante incurrió en una conducta que lo hace responsable de las
consecuencias adversas que de ahí se derivan, como la medida impuesta.
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b) En segundo término, aunque otra de las razones de la suspensión de las
actividades fueron hechos nuevos, ello es una carga que debe asumir la empresa
por ser la beneficiaria de la licencia, pues, el Decreto 2820 de 2010, el cual
reglamentaba el título relacionado con las licencias ambientales de la Ley 99 de
1993, vigente en el momento de ocurrencia de los hechos, preveía en el artículo
39 que las actividades sujetas a licencia ambiental “serán objeto de control y
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de: (…) 8.
Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir
impactos ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto”
(se resalta), de esta manera, es una carga prevista en la ley.
Además, en relación con esos hechos sobrevinientes se dio aplicación al principio
de precaución, el cual es un instrumento constitucional y legal que permite
materializar la prevalencia del ambiente sobre otros derechos o garantías como la
libertad de empresa o la propiedad del subsuelo a cargo del Estado, por cuanto el
ambiente está directamente asociado o vinculado con la salud y la vida humanas,
de allí que en casos de duda se deba preferir la protección al ambiente sobre
cualquier actividad económica o industrial.
En ese orden de ideas, cuando la CAR suspendió las actividades de la
demandante, aplicó adecuadamente dicho principio, ante la falta de certeza
absoluta sobre los efectos perjudiciales de aquellas6; por lo tanto, la demandante
tenía la carga de soportar las consecuencias de dicha medida preventiva,
especialmente si estaba al tanto de los riesgos inherentes a su actividad y debía
ser consciente de la posibilidad de intervención estatal, motivo por el cual no se
configura un daño antijurídico.
6 Se precisa que para aplicar el principio de precaución se debe identificar y evidenciar con un
principio de prueba la posibilidad de que existan peligros de daños graves e irreversibles
asociados a la actividad, esto es, como una hipótesis que tiene algún sustento científico mas
no prueba científica total y concluyente. En esa dirección, la Corte Constitucional ha precisado
que el principio de precaución tiene una relación estrecha con el apotegma “in dubio pro
ambiente”, esto es, que ante la duda sobre los posibles o eventuales daños que pueda causar
una actividad al ambiente se debe preferir la protección de este, asimismo, ha establecido que
la “precaución no solo atiende en su ejercicio a las consecuencias de los actos, sino que
principalmente exige una postura activa de anticipación, con un objetivo de previsión de la
futura situación medioambiental a efectos de optimizar el entorno de la vida natural” (Corte
Constitucional, sentencia C-595 de 2010, MP Jorge Iván Palacio Palacio).
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7) Aunque en el recurso de apelación se refiere a que el daño especial se genera
desde dos ópticas distintas, esto es, una frente a las demás personas que cuentan
con licencia ambiental sin que la autoridad impida su ejercicio y, otra respecto de
la autoridad ambiental, esta última no puede ser analizada desde el régimen
jurídico de responsabilidad objetiva, como lo pretende la actora, porque
desconoce por completo su fundamento, en dicho régimen la desproporción de
las cargas siempre se analiza entre los administrados y nunca en relación con la
administración porque es esta quien impone dichas cargas.
8) En todo caso, el argumento de que el requerimiento de los estudios de
vulnerabilidad del acuífero y de riesgo sísmico para levantar la suspensión fue una
carga exagerada o desproporcional corresponde a un cuestionamiento de la
decisión, lo cual no es objeto de la litis, tal como se advirtió en el anuncio del
presente fallo.
9) Ahora bien, la Sala no desconoce que la empresa Multipropósito SA presentó
varios oficios y estudios, así como tampoco que realizó esfuerzos para dar
cumplimiento con los requerimientos de la corporación, sin embargo, estos no
fueron suficientes ni adecuados para que se levantara la suspensión de cara al
riesgo ambiental encontrado, tal como lo explicó la geóloga Adriana Lucía Duque
Velasco.
10) No se probó que otras empresas estuvieran en su misma situación y que no
se les hubieran impuesto las mismas medidas de suspensión, para considerar
que hay un desequilibrio de la igualdad frente a las cargas pública, incluso la
aludida testigo manifestó que si ello fuera así se le debían imponer las mismas
medidas; los testigos solicitados por la parte actora expusieron argumentos
tendientes a controvertir las decisiones, pero, nada relevante respecto del objeto
del presente litigio.
11) En ese orden de ideas, es claro que las consecuencias de la suspensión de
la actividad son cargas que debe soportar la empresa demandante, de un lado
porque la causó su propia actuación por haber incumplido los términos de la
licencia ambiental y, del otro, como consecuencia de unos estudios nuevos que
revelaron un posible riesgo grave de afectación del medio ambiente cuya
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protección debe prevalecer sobre la ejecución de su actividad con fundamento
en el principio de precaución, de manera que la Corporación Autónoma Regional
del Quindío no está llamada a responder por los perjuicios alegados.
3. Conclusión
La Sala confirmará la decisión apelada que denegó las súplicas de la demanda,
debido a que no se probó la antijuridicidad del daño en este caso por no haberse
acreditado un desequilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas
susceptible de reparación.
4. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP, porque la parte demandante fue vencida en el proceso, para lo
cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de manera
concentrada, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP, con inclusión
de las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 23 de marzo de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión.
2°) Condénase a la parte demandante a pagar a la entidad demandada las
costas que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas
por el tribunal de origen; inclúyanse igualmente las agencias en derecho en
segunda instancia en favor de la entidad demandada, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.
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3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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