Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00247-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00247-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00247-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Demandante : Yetsy Carolina Muñoz Gelves
Demandado : Municipio de Armenia
Tema : Nivelación salarial por recategorización del municipio
de Armenia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 8 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala quinta de decisión), mediante la cual negó las
súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 12). La señora Yetsy Carolina Muñoz Gelves,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Armenia,
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio 4236 de 27 de septiembre de
2016 y la Resolución 1138 de 19 de diciembre siguiente, a través de los cuales
el municipio de Armenia le negó la nivelación salarial por el cambio de
categoría de ese ente territorial.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada reconocer y sufragar lo adeudado por concepto del
«[…] reajuste salarial que debió efectuarse por la recategorización» del
aludido municipio, que comprende «[…] los factores salariales y
prestacionales recibidos desde el año 2013», debidamente indexados; por
último, se le condene en costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que presta sus servicios al
municipio de Armenia desde el 5 de abril de 2010, en el cargo de «Profesional
Universitario, grado 01» (sic).
Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Que, mediante «Acuerdo 097 del 09 de octubre de 2012, expedido por el
Concejo Municipal de Armenia», se determinó que la mencionada entidad
territorial «[…] se reclasificaría en primera categoría», según la Ley 617 de
2000, a partir de la vigencia fiscal 2013, lo que incrementó las asignaciones
básicas de los cargos de alcalde, personero y contralor municipales, sin
embargo, a los demás empleados públicos del municipio no se les realizó
nivelación salarial alguna, «[…] de conformidad con el límite máximo
establecido en el Decreto 1015 del 21 de mayo de 2013».
Agrega que el 22 de septiembre de 2016 solicitó del municipio de Armenia el
reconocimiento del ajuste salarial, negado a través de los actos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 13 y 320 de la Constitución
Política; la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de
2015 y 225 de 2016.
Arguye que la Ley 617 de 2000 estableció una categorización de distritos y
municipios, en atención a su población e ingresos corrientes de libre
destinación, de acuerdo con la cual el concejo de Armenia dispuso que el
municipio sería de primera categoría, a partir de la vigencia 2013.
Que «[…] el Gobierno Nacional anualmente fija los límites máximos salariales
de los Gobernadores, Alcaldes y Empleados Públicos de las entidades
territoriales, por medio de un Decreto, de conformidad con los diferentes
niveles jerárquicos» (sic), sin embargo, «[…] la Administración Municipal, ha
evadido su responsabilidad de ajustar los salarios de sus funcionarios, en
consonancia con el ascenso de categoría que se produjo desde el año 2013».
Dice que la recategorización realizada no solo implica el aumento del salario
del alcalde, personero y contralor municipales, sino también de los demás
funcionarios, máxime cuando la alcaldía, a través de Resolución 763 de 2015,
reconoció la necesidad de efectuar la nivelación salarial, lo que «[…] demuestra
la aceptación tácita de responsabilidad por parte del [demandado] en la
vulneración del derecho que le asiste a los servidores públicos de mejorar sus
condiciones salariales y prestacionales».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 72 a 87 vuelto). El municipio de Armenia,
a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se refirió
a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos son
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
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Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
ciertos, otros no y los demás no constituyen situaciones fácticas. Afirmó que el
reajuste de la asignación mensual que devengan los servidores públicos tiene
unos topes establecidos mediante decretos expedidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y de conformidad con estos los concejos
municipales «[…] TENDRÁN que reajustar el salario hasta el límite máximo
salarial», nivelación que, en todo caso, está limitada a la capacidad financiera
de cada ente territorial.
Aduce que ha realizado los incrementos salariales anuales de sus servidores
públicos en concordancia con las políticas del Gobierno nacional y, en especial,
el comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación del
municipio, pues, además de sus gastos de funcionamiento, también debe
atender los de inversión en componentes de naturaleza social que son
prioritarios y que no le permiten aumentar el valor de la nómina.
1.6 La providencia apelada (ff. 190 a 205). El Tribunal Administrativo del
Quindío (sala quinta de decisión), mediante sentencia de 8 de marzo de 2018,
negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al estimar que «[…]
al intentarse plantear un debate de desigualdad salarial en la fijación del
régimen salarial de los cargos adscritos al municipio de Armenia, no se han
impugnado las decisiones administrativas que materializaron la aparente
desigualdad y que de manera concentrada y en desarrollo de la facultad
constitucional […] ha perfeccionado el Concejo Municipal por medio de los
Acuerdos Municipales […] y […] decretos municipales expedidos por el
alcalde municipal de Armenia que determinan o plasman el valor de la
remuneración mensual de cada cargo» (sic), por lo que los actos acusados solo
reiteran la normativa que rige la materia.
1.7 El recurso de apelación (ff. 192 a 215). Inconforme con el anterior fallo,
la actora interpuso recurso de apelación, puesto que, con fundamento en la
recategorización del municipio, la «Asociación de Empleados Públicos del
Municipio de Armenia» presentó pliego de solicitudes tendiente a obtener la
respectiva nivelación salarial, pues se «[…] ha generado desde la vigencia del
año 2013, una constante diferencia salarial, desfavorable a la generalidad de
los empleados del ente territorial, ya que sus salarios y factores salariales SÍ
se han incrementado conforme a los porcentajes fijados anualmente por el
Gobierno Nacional, sin quebrantar los lineamientos legales que para tal efecto
se prevén, empero, no se ha otorgado la distinción que corresponde entre un
Municipio de Primera Categoría y uno de Segunda Categoría para tal efecto».
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
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Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Que «[…] la desigualdad no se advierte respecto del contenido y las
regulaciones establecidas en [los decretos reglamentarios que fijan los
máximos salariales de los servidores territoriales], sino del trato inequitativo a
través del cual, el Alcalde del Municipio y el Concejo Municipal, han
desbordado las facultades que les han sido conferidas en la Constitución y la
Ley para fijar los salarios, en cuanto se han favorecido evidentemente las
asignaciones del Personero, el Contralor y las de las del mismo Alcalde, sin
incluir a la generalidad de empleados para que obtuvieran beneficios en ese
sentido, a pesar de que el ascenso de categoría fuera una situación común y de
relevancia para todos los empleados públicos del Municipio» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 5 de abril de 2018
(f. 216) y admitido por esta Corporación a través de auto de 6 de noviembre de
2019 (f. 219), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 229), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que todos los
sujetos procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación1, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la nivelación salarial que pretende, con ocasión de la
recategorización del municipio de Armenia a primera categoría, a partir del año
2013.
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Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
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Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Constancia laboral de 15 de julio de 2016 (ff. 28 y 29), de la que se extrae
que la actora presta sus servicios al municipio de Armenia desde el 5 de abril
de 2010, en el cargo denominado «Profesional Universitario código 209 grado
01», y devengó, a título de asignación básica, lo siguiente:
Año Valor
2013 $1.878.000
2014 $1.933.000
$2.030.100
2015
$2.496.4002
2016 $2.715.400
b) Acuerdo 97 de 28 de septiembre de 2012 (f. 31 vuelto), a través del cual la
alcaldesa de Armenia determinó que ese ente territorial, «[…] para la vigencia
fiscal 2013, se clasifica en Categoría Primera».
c) Escrito de 22 de septiembre de 2016 (ff. 15 y 16), con el que la actora solicitó
el reconocimiento de la nivelación salarial como consecuencia de la
recategorización del mencionado municipio, a partir del año 2013.
d) Oficio 4236 de 27 de septiembre de 2016 (ff. 18 a 19 vuelto) y Resolución
1138 de 19 de diciembre siguiente (ff. 25 a 27 vuelto), por cuyo conducto el
ente territorial demandado negó el reajuste aludido en la letra anterior.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora presta
sus servicios al municipio de Armenia desde el 5 de abril de 2010, en el cargo
denominado «Profesional Universitario código 209 grado 01»; (ii) a través de
Acuerdo 97 de 28 de septiembre de 2012, la alcaldía de ese ente territorial lo
clasificó en la primera categoría establecida en el artículo 2° de la Ley 617 de
2000, para la vigencia fiscal 2013; y (iii) mediante oficio 4236 de 27 de
septiembre de 2016, confirmado con Resolución 1138 de 19 de diciembre
siguiente, ese municipio negó el pago de la nivelación salarial solicitada por la
demandante con fundamento en la referida recategorización.
Con el fin de resolver el asunto litigioso, cabe precisar que el artículo 150
(numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que corresponde al
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Encargo como «Profesional Universitario código 209 grado 05» desde el 22 de junio de 2015.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los
objetivos y principios que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, mientras que los artículos 313
(numeral 6) y 315 (numeral 7) ibidem prevén que compete a los concejos y
alcaldes municipales, en su orden, establecer las escalas de remuneración de las
distintas categorías de empleos pertenecientes a la estructura de la administración
territorial y asignar sus emolumentos, con arreglo a los correspondientes acuerdos.
En desarrollo de lo anterior, el Congreso expidió la Ley 4ª de 19923, por la cual
estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, la
Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto de
los empleados públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que el
régimen prestacional debe ser fijado por el Gobierno nacional, que también ha de
señalar el límite máximo salarial de estos servidores.
En ese orden, se tiene que las competencias para establecer el régimen salarial de
los empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la Carta
Política y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i) al Congreso
de la República señalar los objetivos y principios que ha de tener el ejecutivo para
fijar dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite máximo de sus
salarios; (iii) a los concejos municipales o distritales concretar los anteriores
mandatos, con la adopción de las escalas salariales de los empleos de sus
dependencias, según su categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las
asignaciones básicas y emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los
límites previstos para cada año.
En similares términos se ha pronunciado la Corte Constitucional4 que, mediante
sentencia C-402 de 2013, precisó que dicha distribución de competencias se
justifica en: «(i) la necesidad de reconocer la vigencia del principio de Estado
unitario, que impone que sea el Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas
generales en materia de régimen salarial de los servidores públicos; y (ii) la
imposibilidad de vaciar las competencias constitucionales de las entidades
territoriales sobre la determinación de las escalas salariales y los emolumentos
de sus servidores estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local».
3
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política».
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Corte Constitucional, sentencia C-402 de 3 de julio de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
En el mismo sentido, el Consejo de Estado5, en fallo proferido el 27 de febrero de
2013, advirtió que «existe una competencia concurrente respecto a la fijación de
la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los
empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta la
autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos municipales,
según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos correspondientes».
Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto de la fijación del régimen salarial de sus empleados públicos comprende
la adopción de las escalas y grados correspondientes a cada uno de los empleos
de sus plantas de personal y la fijación de las respectivas asignaciones básicas, sin
exceder los límites que el Gobierno nacional impone para cada anualidad.
En el sub lite, la demandante pretende sea ordenada la nivelación y reajuste
salarial del cargo que desempeña, con ocasión de la recategorización del
municipio de Armenia a partir del año 2013. Para desatar tal cuestión, la Sala
advierte que la categorización de las entidades territoriales encuentra su
fundamento en la Ley 617 de 2000, que prescribe:
ARTICULO 2o. CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y
MUNICIPIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y
municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes
de libre destinación, así:
[…]
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000)
salarios mínimos legales mensuales.
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios
mínimos legales mensuales.
5
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-
31-000-2009-00102-01(0224-10), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
[…]
PARAGRAFO 5o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la
que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o
municipio.
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los
ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre
población para el año anterior.
Con base en dicha norma, la entonces alcaldesa de Armenia expidió el Acuerdo
97 de 28 de septiembre de 2012, a través del cual, conforme a las respectivas
certificaciones de la Contraloría General de la República y del Departamento
Nacional de Estadística (Dane), dispuso que, para la vigencia 2013, el
municipio sería de primera categoría, lo que permitió un aumento en las
asignaciones básicas previstas para los empleos de alcalde, personero y
contralor que no fue extendido a los demás empleados del ente territorial, como
pretende la actora.
Al respecto, la sección segunda de esta Corporación ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en casos de similares contornos fácticos, frente a los que ha
concluido que la recategorización de un ente territorial no implica un ajuste
inmediato de la asignación básica de todos sus servidores. Sobre el particular,
en sentencia de 21 de mayo de 20206, la subsección A dijo:
Ahora bien, tal como lo ha precisado esta Corporación16, el hecho de que
el Municipio de Armenia haya ascendido de categoría no implica per
se que se deban incrementar los salarios de todos los empleados que
laboran para el ente territorial, pues ese superávit en relación con los
ingresos corrientes de libre destinación debe ser designado a satisfacer
todas las necesidades básicas de las personas más desprotegidas dentro de
la sociedad, esto es, el gasto social.
Si bien es cierto que en el momento de presentación de la demanda había
una diferencia entre el aumento salarial del alcalde, el personero, y el
contralor respecto de los demás servidores del ente territorial, no por ello
se puede ordenar un incremento del salario en favor del demandante, por
cuanto: (i) no se han vulnerado los topes fijados por el Gobierno Nacional
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Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), sentencia de 21 de mayo de 2020, expediente 63001-23-
33-000-2017-00288-01(3962-18), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las
entidades territoriales; (ii) el municipio de Armenia actuó dentro del marco
legal que le ha sido conferido por la Constitución, y con respeto de los
límites fijados en la Ley 617 de 2000; (iii) no se ha vulnerado el principio
de «a trabajo igual, salario igual», pues los empleos respecto de los cuales
se pretende la nivelación tienen diferentes requisitos y responsabilidades;
y (iv) no se trata de disposiciones expedidas por una misma autoridad
administrativa en las que de manera caprichosa se establezcan diferencias
no justificadas, sino de normas expedidas una por el concejo municipal, y
la otra, por la alcaldía, por lo que cada cual actuó dentro de los límites de
sus competencias.
En este punto es necesario señalar que precisamente el concejo municipal
dentro del debate democrático establece las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos y concretamente
fijan el que corresponde al alcalde, por lo que no son de recibo los
argumentos expuestos por la parte demandante según los cuales los
miembros de esa corporación se limitan a aprobar lo que la máxima
autoridad del municipio les impone.
De igual modo, por medio de fallo de 29 de agosto de 20197, esta subsección
advirtió:
En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación29, obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las
autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos aportados
por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales que imperan en
un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.
Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o descienda
de categoría, debe tener en cuenta además de los topes salariales fijados
por el Gobierno Nacional, las finanzas y el presupuesto, de manera que no
comprometa su equilibrio y sostenibilidad financiera, pues de lo contrario
sería un ente insostenible y quizás inviable.
En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden territorial,
no significa que el Concejo de Armenia al determinar la escala salarial del
respectivo municipio, esté en la obligación de estipular como
remuneración para cada una de las categorías de empleos de la entidad, el
límite máximo fijado, sino que debe tener en cuenta es que no exceda tales
márgenes.
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Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-
23-33-000-2017-00309-01(4136-18).
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante como
Profesional Universitario, con el establecido por el Gobierno Nacional
para los empleos de los entes territoriales, toda vez que, el Concejo del
Municipio de Armenia tiene la autonomía para la fijación de este, siendo
limitante el máximo fijado por el Gobierno a través de sus decretos
nacionales y, por supuesto, las finanzas y el presupuesto. Vale la pena citar
un antecedente similar al aquí debatido y en el que se concluyó30:
“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-examine la
Asamblea podía fijar la escala de remuneración de los empleos
del nivel Departamental, entre los cuales se encuentran los de la
Contraloría, sin sobrepasar el límite que estableció el Gobierno
Nacional. Por tanto, no tiene fundamento la petición del actor,
por cuanto no es posible sostener que se debe aplicar las mismas
escalas salariales que hayan establecido en el orden Nacional o
en especial en la Contraloría General de la República (…)”.
Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio de
Armenia haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se deban
incrementar los salarios de todos los empleados que laboran para el ente
territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos corrientes de
libre destinación debe ser designado a satisfacer todas las necesidades
básicas de las personas más desprotegidas dentro de la sociedad, esto es,
gasto social.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, no resulta viable ordenar
la nivelación salarial perseguida por la actora, por cuanto la recategorización
del municipio demandado no implica que los salarios de todos sus servidores
deban ser ajustados inmediatamente; el ente accionado ha fijado las
asignaciones de sus funcionarios con sustento en las competencias que la
Constitución y la ley le otorgan, sin exceder los topes establecidos por el
Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue expuesta una situación de
desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de la misma categoría, grado
o nivel, que pudiera derivar en una distinción negativa injustificada hacia la
interesada.
Por último, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20168, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la accionante, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.
11
Expediente: 63001-23-33-000-2017-00247-01 (2195-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Yetsy Carolina Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará parcialmente la sentencia de primera
instancia, que negó las súplicas de la demanda, y revocará la condena en costas,
que incluye las agencias en derecho, impuesta a la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.° Confírmase parcialmente la sentencia de 8 de marzo de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío (sala quinta de decisión), que negó las
súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Yetsy Carolina
Muñoz Gelves contra el municipio de Armenia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
2.° Revócase la condena en costas impuesta a la demandante, que incluye las
agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.
3.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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