Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00268-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00268-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00268-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
Demandante : Freiman Alfredo Cárdenas Méndez
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Reconocimiento de pensión de invalidez
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación (parcial) interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala segunda de decisión), mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 117 a 139 c.1). El señor Freiman Alfredo Cárdenas
Méndez, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se «[…] inaplique el artículo 90 del Decreto 094 de 1989
[…] (excepción de inconstitucionalidad), para efectos de reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez», y se declare la nulidad de las Resoluciones
5036 de 20 de noviembre de 2015 y 154 de 19 de enero de 2016, por las cuales
la dirección de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional le negó
al actor una pensión de invalidez.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
condene a la parte accionada a (i) reconocerle pensión de invalidez desde el 27
de agosto de 1996, con un «66.54%» de «[…] pérdida de la capacidad laboral
en actos de confrontación armada y desarrollo de operaciones militares de
restablecimiento del orden público […]»; (ii) pagarle «[…] la diferencia de
indemnización por índices de lesión entre el 66.52[%] dictaminados en las
Juntas y Tribunales Médico Laborales proferidas por los Organismos de
Sanidad Militar en el año 1996, 1997 y 2013 respectivamente, y el 66.54% del
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peritaje médico legal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca cuya estructuración fue el 26 de agosto de 1996 […]»
(sic); y (iii) sufragarle perjuicios materiales y morales. Por último, que las sumas
adeudadas sean actualizadas, se dé cumplimiento a la sentencia en los términos
del CPACA y se condene en costas a la demandada.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que ingresó al Ejército Nacional,
como soldado, «[…] en el año 1990 teniendo un 100% de su capacidad laboral
[…]»; el 11 de febrero de 1996, «[…] en cumplimiento de operaciones de orden
público, efectuaba patrullaje terrestre en la Finca Tesalia […] de Salento
(Quindío), lugar donde resultó herido de gravedad, al sostener varios
enfrentamientos y combates contra otra unidad militar las propias tropas del
ejercito nacional (error tácito) […]» (sic); y el 27 de agosto siguiente, mediante
acta de junta médico-laboral 3029, se le declaró no apto para el servicio, con
una disminución de la capacidad laboral del 63.56%, calificación que fue
recurrida y confirmada con acta 1508 de 23 de noviembre de 1998.
Dice que como la calificación emitida superó el 50% de discapacidad, pidió de
la demandada pensión de invalidez en 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2009 y
2012, lo que «[…] se le negó en tales oportunidades bajo el entendido que no
tuvo el 75% establecido en el Decreto 094 de 1989» (sic).
Aduce que, vía acción de tutela, se ordenó una nueva calificación, la cual se
efectuó por acta de tribunal médico-laboral de revisión militar y de policía 3215-
4739 de 27 de junio de 2013, según la cual es no apto para el servicio con una
discapacidad laboral del «65.56%», concepto con el cual el 8 de noviembre de
2013 insistió en la reclamación de pensión de invalidez, negada con oficio OFI-
1355881/MDNSGDAGPSAP de 13 de noviembre de 2013, porque la
disminución de la capacidad laboral no superó el 75% establecido en el Decreto
94 de 1989.
Que el 5 de agosto de 2015 reiteró su petición con fundamento en el «[…]
principio de la norma laboral más favorable al trabajador en materia de
seguridad social […]» (sic), negada con Resolución 5036 de 20 de noviembre
de 2015.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto demandado los artículos 48 y 53 de la Constitución Política;
38, 39 y 250 de la Ley 100 de 1993; 3 (numeral 3.5) de la Ley 923 de 2004: 9 y
10 de la Ley 772 de 2002; 46 y 48 del Decreto 1295 de 1994, 37 del Decreto
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1796 de 200, 32 del Decreto 4433 de 2004 y 2 del Decreto 1157 de 2014.
Asevera que «[…] en 1996 coexistían varias normas de seguridad social que
regulaban el derecho a obtener la pensión de invalidez (por riesgo común y
riesgo profesional), razón por la cual se debía aplicar la norma más benigna y
favorable [al demandante] con una orientación y fundamentación
constitucional, y que para tal efecto tal derecho más benéfico lo consagraba el
artículo 250 de la Ley 100 de 1993 el cual establece que la calificación del
estado de invalidez derivado de accidente de trabajo o enfermedad profesional
se sujetará a lo dispuesto en la ley para calificación de invalidez por riesgo
común, es decir, reenvía al artículo 38 (invalidez por enfermedad común) de la
misma Ley 100 de 1993, que establece el requisito del 50% de pérdida de la
capacidad laboral para ser beneficiario de la pensión de invalidez, es decir,
que por ser la misma situación jurídica (50% de la perdida de la capacidad
laboral) […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 188 a 208 c.1). A través de apoderada, la
accionada contestó el libelo introductorio de manera extemporánea.
1.6 La providencia apelada (ff. 337 a 352 c.2). El Tribunal Administrativo del
Quindío (sala segunda de decisión), en sentencia de 22 de marzo de 2018,
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que, pese a que los hechos que dieron lugar a la calificación de
pérdida de la capacidad laboral ocurrieron el 11 de febrero de 1996, fecha para
la cual se encontraba vigente el Decreto 94 de 1989, en aplicación de los
principios de favorabilidad y progresividad, y «[…] teniendo en cuenta que el
actor recibió una revaloración de su pérdida de capacidad laboral (PCL),
obtenida mediante acción de amparo el 27 de junio de 2013, en la que el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y [de] Policía dictaminó una
pérdida de la capacidad laboral del 69.56%, es decir, su condición de salud
empeoró, es factible que su situación sea regulada por las disposiciones de la
Ley 923 de 2004, las cuales introdujeron modificaciones a los presupuestos
para el acceso a los miembros de la Fuerza Pública a la pensión de invalidez
[…]»; y su pensión de invalidez se debe liquidar «[…] en proporción del 50%,
con las partidas computables previstas en el artículo 13 del Decreto 4433 de
2004 […]».
En consecuencia, ordenó a la accionada pagar al demandante una pensión de
invalidez «[…] a partir del 07 de agosto de 2002 y de conformidad con el monto
y las partidas de que trata el Decreto 4433 de 2004 art 13, atendiendo a que
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según actas médico laborales Nros. 3029 de 27 de agosto de 1996 y 1508 del
23 de noviembre de 1998 se le declaró no apto para el servicio con disminución
de capacidad laboral del 63.56%, mas los reajustes anuales de ley» (sic), con
efectos ficales desde el 8 de noviembre de 2010 por prescripción trienal; y
descontar lo que se le sufragó al actor «[…] por concepto de indemnización por
disminución de la capacidad laboral resuelta en Resolución No. 13010 de 10
de octubre de 1997, de acuerdo con los lineamientos indicados en la parte
motiva. También deberá descontarse los montos pagados con ocasión del
cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proceso mediante auto
de 17 de agosto de 2017[1]» (sic).
Por último, respecto del pago por perjuicios morales, sostiene que «[…] la
controversia analizada se suscitó en una órbita interpretativa de las normas
aplicables, es decir, existían varias posibilidades de decisión, y el Tribunal optó
por la más beneficiosa a la condición del accionante […]» (sic); y en cuanto a
los «[…] gastos materiales necesarios para agotar la reclamación
administrativa y plantear el proceso judicial, no obra prueba de su existencia
y monto […]», por ende, denegó tales pretensiones.
1.7 Recurso de apelación (ff. 356 a 374 c.2). El actor, por intermedio de
apoderado, interpuso recurso de apelación (parcial), toda vez que se encuentra
inconforme con los aspectos concernientes a: (i) el monto del 50% con que se
ordena liquidar la pensión de invalidez, en su lugar, «[…] se le debe reconocer
[conforme al] artículo 4 del Decreto 2728 de 1968, por ser la norma especial,
más favorable y vigente a su caso en concreto al momento de estructurarse la
pérdida de la capacidad laboral en actos de combate […] liquidada sobre el
75% del salario mensual y la prima de actividad, desde el día 27 de agosto de
1996 […]»; (ii) la prescripción trienal de las mesadas pensionales, pues de
manera periódica insistió en su solicitud; (iii) la decisión de descontar el monto
reconocido por concepto de indemnización, habida cuenta de que carece de
respaldo legal, además de estar expresamente consagrado en el artículo 164 del
CPACA que no es procedente recuperar los dineros pagados a particulares de
buena fe; (iv) denegar el reconocimiento de perjuicios materiales y morales,
punto frente al cual obra material probatorio en el expediente que demuestra
que sí se causaron: y (v) la negativa de condenar en costas a la accionada.
1
Por auto de 17 de agosto de 2017 (ff. 12 a 18 vuelto c. medida cautelar), se dispuso «En consecuencia se ordena
a la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la ejecutoria de este Auto reconozca hacia el futuro y pague al demandante una pensión de invalidez,
correspondiente a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y le garantice la prestación del servicio de salud en
el Sistema de las Fuerzas Militares. El pago de las mesadas pensionales y el beneficio de la afiliación en salud
permanecerá hasta tanto se resuelva de fondo la controversia» (sic).
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación interpuesto fue concedido con proveído de 26 de abril
de 2018 (ff. 379 y 380 c.2) y admitido por esta Corporación a través de auto de
14 de agosto de 2020 (ff. 392 y 393 c.2), en el que se dispuso la notificación
personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en
cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 26 de agosto de 2021 (ff. 409 y 412 c.2), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, de conformidad con lo
establecido en el artículo 247 del CPACA, oportunidad aprovechada por las
primeras2.
2.1.1 Entidad demandada. La accionada, por medio de apoderada, pide se
revoque el fallo apelado, para lo cual aduce que «[l]a Corte se ha pronunciado
en diferentes sentencias sobre el particular, al aceptar que el Régimen
Pensional de las Fuerzas Armadas y de Policía es diferente al Régimen
aplicable a la generalidad de las personas, precisamente, por ser diferentes los
sujetos sobre quienes recaen dichas disposiciones, teniendo en cuenta la
naturaleza de los servicios prestados (sentencias C-835 de 2002, C-1032 de
2002, C-101 de 2003 y C-104 de 2003 entre otras)» (sic); y «[…] de
conformidad con la prueba que obra en el expediente administrativo, se tiene
que el [accionante], manifiesta dolores lumbares como consecuencia de una
caída que se le presento a mediados del mes de AGOSTO DE 1996, y a lo cual
no le presto cuidado, y que le estaba repercutiendo debido a la carga del
equipo, cuando ostentaba la calidad de Soldado Voluntario; y ocurrió un
ACCIDENTE DE TRABAJO» (sic).
2.1.2 Parte demandante. El actor, por conducto de apoderado, reitera los
argumentos de la alzada, en cuanto a que está conforme con la decisión de
primera instancia que declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y condenó a la accionada al pago de su pensión de invalidez, sin
embargo, se deben revocar los aspectos concernientes a: (i) el monto de 50%
con que se ordena liquidar la prestación y, en su lugar, como «[…] estructuró
la invalidez del 63.56% desde el 27 de agosto del año 1996 y siendo Soldado
Voluntario, entonces: ✓ Se le debe reconocer […] en dicho porcentaje en un
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Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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primer periodo desde el 27 de agosto del año 1996 y hasta el día 04 de mayo
del año 2016 […]; ✓ […] debe ser aumentada al 66.54% a partir del 05 de
mayo del año 2016 y hasta el 24 de julio del año 2019 […] porcentaje
dictaminado como nueva PCL en peritaje Médico Legal No. 79545178 de la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca del
pasado 05 de mayo del año 2016; ✓ Finalmente […] debe ser aumentada a
partir del 25 de julio del año 2019 en adelante al 100% de las partidas que
devengaba como Soldado Voluntario […] en virtud de la Ley 1979 de fecha 25
de julio del año 2019 […]» (sic); (ii) la prescripción de mesadas, la cual no se
configuró puesto que presentó solicitudes de reconocimiento en 1998, 1999,
2000, 2001, 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; (iii) el ordinal quinto
que ordenó descontar el monto reconocido por concepto de indemnización; y
(iv) la decisión que «[…] deniega las demás pretensiones de la demanda, tales
como los daños y perjuicios materiales y morales, junto con la reparación del
daños causados […], durante todos estos años con las peticiones ante la
administración, la tutela en vía judicial, la demanda de aplicación del
precedente judicial, el peritaje ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, entre otros […] por cuanto dentro del expediente si existen las
suficientes pruebas documentales que permiten soportar[los]» (sic); y la de no
condenar en costas.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a
determinar si al demandante le asiste derecho a que la pensión de invalidez
concedida por el a quo de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley
923 y el Decreto 4433, ambos de 2004, sea liquidada en virtud del artículo 4 del
Decreto 2728 de 1968, por ser la norma más favorable a la fecha en que se
estructuró la pérdida de la capacidad laboral, sobre el 75% del salario mensual y
la prima de actividad, desde el 27 de agosto de 1996, sin declarar prescripción de
mesadas ni ordenar el descuento de lo sufragado por concepto de indemnización;
y al pago de perjuicios materiales y morales y costas procesales.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
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para efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El Decreto 2728 de 1968, «[p]or el cual se modifica el régimen de prestaciones
sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las
Fuerzas Militares», previó:
Artículo 4º. A partir de la vigencia del presente Decreto, el Soldado o
Grumete de las Fuerzas Militares que sean desacuartelado por incapacidad
absoluta y permanente para toda clase de actividades tendrá derecho a que
por el tesoro público se le pague una pensión mensual equivalente al
sueldo básico que corresponda en todo tiempo a todo cabo Segundo o
Marinero y a las prestaciones unitarias a que se refiere al artículo anterior
[subraya la Sala].
Pese a lo anterior, el artículo 2 del aludido Decreto 2728 de 1968, preceptuó que
«[p]ara efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades,
invalideces e indemnizaciones los Soldados y Grumetes quedan sometidos al
“Reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para
el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”».
En relación con la pensión de invalidez en el régimen especial de las fuerzas
militares y los requisitos exigidos para acceder a ella, el artículo 60 del Decreto
1836 de 19793 dispone esa prestación para el personal de oficiales, suboficiales,
soldados y agentes de la fuerza pública, así:
Pensión de Invalidez del Personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes. -
A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y
Agentes, adquiera una incapacidad durante el servicio, que implique una
pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho
mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el
Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los
respectivos Estatutos de Carrera así:
a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina
una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95% fijado
determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina
una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no
3
«Por el cual se determinan las normas relativas a la Capacidad Sicofísica, las Incapacidades, Invalideces e
Indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y
la Policía Nacional».
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alcance al 95%.
c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina
una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.
Por su parte, el Decreto 94 de 19894, en su artículo 90, sobre dicha prestación,
establece:
Pensión de invalidez del personal de Soldados y Grumetes. A partir de la
vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes
de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que
implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica
tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual
pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:
a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando
el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad
sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente,
cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la
capacidad sicofísica igual o superior al 95%.
La anterior disposición es aplicable al personal de la fuerza pública a partir del
11 de enero de 1989, en tanto que los artículos 15 y 87 de ese estatuto prevén
lo concerniente a la clasificación de las incapacidades y tipos de invalidez, así
como las tablas para la evaluación de estas, para lo cual debe tenerse en cuenta
factores como la edad y la clase de lesión, con el propósito de determinar la
indemnización que debe reconocerse y pagarse, según el momento en que
ocurrieron los hechos y sus circunstancias.
Posteriormente, el Decreto 1796 de 20005, en sus artículos 37 y 38, previó:
Artículo 37. Derecho a indemnización. El derecho al pago de
indemnización para el personal de que trata el presente decreto, que hubiere
sufrido una disminución de la capacidad laboral se valorará y definirá de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el
efecto, y se liquidará teniendo en cuenta las circunstancias que a
4
«Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del
personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes,
Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional».
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«Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, así
como lo relacionado con las incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por
lesiones de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la
Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal
no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993».
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continuación se señalan:
a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad
y/o accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad
profesional y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente
relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de
mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto
internacional.
[…]
Artículo 39. Liquidación de pensión de invalidez del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio y para los soldados
profesionales. Cuando el personal de que trata el presente artículo
adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida
igual o superior al 75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras
subsista la incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de
acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el
efecto, y liquidada como a continuación se señala:
a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no
alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no
alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el
parágrafo 1o del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
Parágrafo 1o. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de
un cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
Parágrafo 2o. Para los soldados profesionales, la base de liquidación será
igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y
Estatuto del Personal de Soldados Profesionales.
Parágrafo 3o. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no
sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de invalidez.
A su vez, el artículo 48 del mencionado Decreto 1796 de 2000 dispuso que el
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procedimiento y los criterios de disminución de la capacidad laboral e
indemnización continuarían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989.
Luego, la Ley 923 de 20046, en lo concerniente a la pensión de invalidez para
los miembros de la fuerza pública, preceptuó en su artículo 3°:
Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes
de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea
fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
[…]
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder
al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta
por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación
de retiro.
Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza
Pública a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la
capacidad sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la
capacidad laboral que previo concepto de los organismos médico-
laborales militares y de policía así la ameriten, sin perjuicio de la
indemnización a que haya lugar.
[…].
Igualmente, el artículo 6º. de la Ley 923 de 2004 estableció los efectos
temporales de esa norma en lo que tiene que ver con las pensiones de
sobrevivencia y de invalidez; al respecto, prescribió que dichas prestaciones
serían reconocidas para los hechos ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es
decir, que dispuso efectos retroactivos para la aplicación de la ley. Este artículo
fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional en sentencia C-924
de 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de
inconstitucionalidad incoada con fundamento en la vulneración del derecho a la
igualdad.
6
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
10
Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
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En esa oportunidad, la sala plena de la Corte Constitucional declaró exequible
el mencionado artículo 6º. de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que
la citada norma no quebrantaba el derecho a la igualdad en la medida en que
«[…] la retroactividad prevista por el legislador, no se orienta a brindar
protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de ella, sino que
busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de las
finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus
circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse
de las condiciones previstas en el nuevo régimen».
Por su parte, el Decreto 4433 de 20047, en lo atañedero al reconocimiento y
liquidación de la mentada prestación, estipuló:
Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por
la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo
previsto en el presente decreto:
30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)
e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).
30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%)
e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).
30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco
por ciento (95%).
Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
7
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública».
11
Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
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para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de
un Cabo Tercero o su equivalente en la Policía Nacional.
Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas
por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.
[…].
Mediante sentencia de 28 de febrero de 20138, esta Corporación declaró la
nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)»,
contenida en el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, pues se concluyó que el
Gobierno nacional había excedido la competencia que le fue otorgada para
regular la materia en el numeral 3.5 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, a
partir de las siguientes consideraciones:
Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu,
cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el
derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que
si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la
propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal
virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de
los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios,
requisitos superiores a los establecidos por esa ley.
De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la
Ley 923 de 2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004,
surge que mientras aquél establece que no se tiene el derecho a la pensión
de invalidez o al sueldo de retiro correspondiente cuando la disminución
de la capacidad laboral sea inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433
de 2004 al señalar que se tiene derecho al reconocimiento y liquidación de
esa prestación social cuando la incapacidad laboral de los servidores
públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra
en servicio activo, en realidad lo que establece es que cuando sea inferior
a ese porcentaje del 75%, no existe el derecho. Es decir mediante ese
Decreto que dice desarrollar lo dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se
está creando una norma distinta a la que estableció el artículo 3° numeral
3.5 de la Ley mencionada, norma que, además excluye del derecho a
quienes deberían ser beneficiarios del mismo.
De acuerdo con el recuento normativo efectuado y de la precitada providencia,
en virtud de la Ley 923 y el Decreto 4433, ambos de 2004, la pensión de
invalidez para los miembros de la fuerza pública, entre ellos, los soldados
8
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 28 de febrero de 2013, expediente 11001-03-25-000-2007-
00061-00(1238-07).
12
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regulares, procede cuando las autoridades médico-laborales determinen una
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% ocurrida en servicio, pero
no exige que sea atribuible, por causa o con ocasión de este.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) De acuerdo con hoja de liquidación de servicios 150 de 10 de febrero de 1997
(ff. 38 y 39 c.1), el actor prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado
voluntario desde el 10 de octubre de 1992 hasta el 1° de octubre de 1996.
b) Según informativo administrativo por lesión de 29 de febrero de 1996, en
hechos ocurridos el 11 de los mismos mes y año, en la finca La Tesalia del
municipio de Salento (Quindío), el demandante, en calidad de soldado, resultó
«[…] herido por arma de fuego PENETRANTE A ABDOMEN HERIDAS
MÚLTIPLES DE [Í]LEON, COLON SIGMOIDE LAPAROTOMÍA
EXPLORATORIA» (sic) [f . 11 c.1], que de acuerdo con el Decreto 94 de 1989
«[…] ocurrió en servicio por causa de heridas en combate en tareas de
mantenimiento del orden público» (sic).
c) Acta 3029 de 27 de agosto de 1996, de junta médico-laboral militar, adscrita
a la dirección de sanidad militar (ff. 12 a 14 c.1), por la cual se califica la pérdida
de capacidad laboral del actor en 63.56%, como consecuencia de «1. HERIDA
POR ARMA DE FUEGO ABDOMINAL Y CON VARAZO IXQ. CON LESIÓN
DE TEJIDOS BLANDOS QUE REQUIRIÓ LAPAROTOMÍA Y RESECCIÓN
DE INTESTINO DELGADO Y COLOSTOMÍA QUE DEJA COMO
SECUELAS: a) RESECCIÓN INTESTINO DELGADO REPERCUSIÓN
FUNCIONAL. b) CICATRIZ QUELOIDE DOLOROSA ABDOMINAL. c)
CICATRIZ BRAZO IZQ. QUELOIDE DOLOROSA. 2. TRAUMA ACÚSTICO
QUE DEJA COMO SECUELAS: a) HIPOACUSIA BILATERAL DE 25
DECIBELES. 3. ASTIGMATISMO AMBOS OJOS AV: ODI 20/200 – 20/30»
(sic).
d) Resolución 13010 de 10 de octubre de 1997, mediante la cual el Ministerio
de Defensa Nacional reconoce al actor $10.268.175, por los conceptos de «48
doceavas de bonificación especial por 4 años» e indemnización (ff. 16 a 18 c.1).
13
Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
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e) Acta 1508 de Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía de
23 de noviembre de 1998 (ff. 19 y 20 c.1), por la que se confirma la decisión de
la junta médica descrita en la letra c).
f) Fallo de tutela proferido el 4 de julio de 2012 (ff. 32 a 44) por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (sala laboral), a través del cual se
amparan los derechos fundamentales del actor y se ordena a la demandada
realizarle una «[…] nueva valoración médica, […] en la cual se actualice su
porcentaje de disminución psicofísica».
g) Acta 3215-4739 de Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía
de 27 de junio de 2013 (ff. 45 a 48 c.1), por medio de la cual se revisa la pérdida
de capacidad laboral del accionante, y en cuyos antecedentes se plasma que la
calificación inicial fue de «69.56%» (sic), y se decide:
[…] por unanimidad RATIFICAR los resultados de la Junta Médico
Laboral 3029 de 27 de Agosto de 1996 […] (sic).
h) Resolución 176727 de 6 de junio de 2014 (ff. 62 y 63 c.1), por la que se
declara que no hay lugar a reparar por disminución de la capacidad laboral al
demandante, porque ya se le había concedido indemnización mediante
Resolución 13010 de 10 de octubre de 1997 y la revisión precitada de 27 de
junio de 2013 solo «[…] RATIFICÓ las conclusiones de la Junta Médico
Laboral No. 3029 de 27 de agosto de 1996» (sic).
i) Escritos de 21 de mayo de 2000, 17 de enero de 2006, 10 de junio de 2009 y
8 de noviembre de 2013, a través de los cuales el actor reclamó de la demandada
el reconocimiento de pensión de invalidez (ff. 21 y 22. 25, 26 a 30 y 49 a 57
c.1).
j) Con oficios 1788 de 14 de febrero de 2002, 517878 de 25 de junio de 2009 y
OFI13-55881 de 13 de noviembre de 2013 y Resoluciones 5036 de 20 de
noviembre de 2015 y 154 de 19 de enero de 2016 (ff. 24, 31, 58 y 59, 64 a 67 y
70 a 72 c.1), el Ministerio de Defensa Nacional negó la pensión de invalidez
deprecada por el actor, para lo cual adujo que su pérdida de la capacidad laboral
fue dictaminada en 63.56% y, por ende, no alcanza el 75% exigido en el Decreto
94 de 1989 para acceder a tal prestación.
k) Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca de 5 de mayo de 2016 (ff. 93 a 99 c.1), que determina el
14
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porcentaje de pérdida de la capacidad psicofísica del accionante en un 66.54%
con base «[…] en lo establecido en el Decreto 091/1989» y cuyo antecedente
fáctico es lo reportado en el acta de la junta médico-laboral militar de 27 de
agosto de 1996, y recibo de pago por $689.454 que el actor sufragó para que se
realizara dicho dictamen (f. 77 c.1).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el demandante (i)
prestó sus servicios al Ejército Nacional, como soldado voluntario, desde el 10
de octubre de 1992 hasta el 1° de octubre de 1996; (ii) el 11 de febrero de 1996
resultó lesionado «[…] en servicio por causa de heridas en combate en tareas
de mantenimiento del orden público» (sic); (iii) mediante Resolución 13010 de
10 de octubre de 1997, el Ministerio de Defensa Nacional le reconoció
$10.268.175, correspondientes a las «48 doceavas de bonificación especial por
4 años» y la indemnización por disminución sicofísica; (iv) en acta 3029 de 27
de agosto de 1996 de junta médico-laboral militar, se le calificó con pérdida de
la capacidad laboral del 63.56%, decisión confirmada por el Tribunal Médico-
Laboral de Revisión Militar y de Policía el 23 de noviembre de 1998 y el 27 de
junio de 2013 (realizada en cumplimiento de un fallo de tutela de 4 de julio de
2012 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala laboral); (v)
pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez el 21 de mayo de 2000, 17
de enero de 2006, 10 de junio de 2009 y 8 de noviembre de 2013, ante lo cual
la accionada respondió de manera negativa con oficios 1788 de 14 de febrero
de 2002, 517878 de 25 de junio de 2009 y OFI13-55881 de 13 de noviembre de
2013 y Resoluciones 5036 de 20 de noviembre de 2015 y 154 de 19 de enero
de 2016, en los que adujo que la disminución de la capacidad laboral del actor
fue dictaminada en 63.56% y, por ende, no alcanza el 75% exigido en el Decreto
94 de 1989 para acceder a tal prestación.
También se halla acreditado que la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá y Cundinamarca efectuó dictamen el 5 de mayo de 2016, en el cual
se incluye como antecedente lo reportado en el acta de la junta médico-laboral
militar de 27 de agosto de 1996 y determina el porcentaje de pérdida de la
capacidad psicofísica del accionante en un 66.54%, con base «[…] en lo
establecido en el Decreto 091/1989».
En cuanto a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo primero
que ha de advertirse es que, como quedó visto en precedencia, pese a que el
artículo 4 del Decreto 2728 de 1968 dispuso que al soldado o grumete de las
fuerzas militares, que fuere desacuartelado por incapacidad absoluta y
permanente para toda clase de actividades, tendría derecho al pago de una
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pensión mensual equivalente al sueldo básico que corresponda en todo tiempo
a un cabo segundo o marinero, también el artículo 2 de la misma normativa
señaló que «[p]ara efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes,
incapacidades, invalideces e indemnizaciones los Soldados y Grumetes quedan
sometidos al “Reglamento General de Incapacidades, Invalideces e
Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional”», el cual ha sido modificado en virtud de los Decretos 1836
de 1979, 94 de 1989, 1796 de 2000 y 4433 de 2004 y la Ley 923 de ese último
año.
En atención a que los hechos que causaron las lesiones que dieron origen a la
disminución de la capacidad laboral del actor ocurrieron el 11 de febrero de
1996, en principio, la norma aplicable al sub lite es el Decreto 94 de 1989. Pese
a ello, como el 27 de junio de 2013, en virtud de un fallo de tutela, obtuvo una
nueva valoración por parte del Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y
de Policía, el a quo estimó que, «en aplicación de los principios de
favorabilidad y progresividad», su caso se regía por la Ley 923 y el Decreto
4433, ambos de 2004.
Ahora bien, el actor hace alusión, en sus alegatos de conclusión, a que se debe
aplicar a su situación la Ley 1979 de 20199, cuyos destinatarios exclusivos son
los «veteranos», entendidos como «[…] todos los miembros de la Fuerza
Pública con asignación de retiro, pensionados por invalidez y quienes ostenten
la distinción de reservista de honor. También son veteranos todos aquellos que
hayan participado en nombre de la República de Colombia en conflictos
internacionales. Así como, aquellos miembros de la Fuerza Pública que sean
víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, por hechos
ocurridos en servicio activo y en razón en ocasión del mismo» (artículo 2), y
para ser reconocido como tal se requiere de la acreditación prevista en artículo
4 ibidem, que establece que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Defensa Nacional, reglamentará los mecanismos de acreditación de los
veteranos de la fuerza pública y creará el registro único de veteranos (base de
datos consolidada), en el que se ingresará la información de los beneficiarios;
sin embargo, el accionante no demostró esa condición, por lo que no se
analizarán las disposiciones allí contenidas.
Conforme a lo anterior, en aplicación del principio de non reformatio in pejus,
9
«Por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la Fuerza Pública
y se dictan otras disposiciones».
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al ser el accionante el único apelante, se mantendrá la decisión del a quo que,
por favorabilidad, resolvió que el presente caso se rige por lo dispuesto en la
Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004, y la Sala desatará los reparos expuestos en
el escrito de alzada.
En lo concerniente a que la efectividad de la pensión de invalidez debe ser desde
el 27 de agosto de 1996, fecha de la primera acta de junta médico-laboral militar,
sin declarar prescripción de mesadas, precisa la Sala que si el Tribunal de
instancia determinó que la «revaloración de su pérdida de capacidad laboral
(PCL) obtenida mediante acción de amparo el 27 de junio de 2013» daba lugar
a la aplicación de las mencionadas normas de 2004, debió reconocer como fecha
de estructuración de la invalidez y, por ende, del reconocimiento pensional el
27 de junio de 2013, pese a ello, concedió la pensión a partir del «7 de agosto
de 2002, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004» y declaró
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2010, en
atención a que la última solicitud se formuló el 8 de noviembre de 2013, es
decir, en este aspecto también efectuó una interpretación normativa más que
benéfica a los intereses del actor, por lo que, se insiste, en aras de no agravar la
situación del apelante único, se mantendrá tal decisión.
En cuanto al pago de perjuicios materiales y morales, observa la Sala que, como
se dijo en líneas precedentes, en principio la normativa aplicable al actor, dada
la fecha de sus lesiones, era el Decreto 94 de 1989 y, por favorabilidad, el a quo
aplicó la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004, sin que esa situación implique que
la interpretación efectuada por la accionada fuera errónea. Sumado a ello,
aunque en el recurso de apelación se enuncian una cantidad de gastos en los que
incurrió el demandante, no obra constancia o desprendible del pago de estos,
excepto un recibo de lo sufragado para que la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca realizara el dictamen, de 5 de mayo de
2016, fecha para la cual el Ministerio de Defensa Nacional había emitido tres
actos administrativos sobre la situación del accionante, por lo que tampoco se
revocará la decisión del a quo.
Por otra parte, respecto de la orden de «descontar de las sumas que resulten
debidas […] lo que el actor haya recibido por concepto de indemnización […]»,
considera la Sala que esta y la pensión de invalidez son incompatibles, toda vez
que las dos son prestaciones sociales y la primera cubre una contingencia que
también se encuentra protegida con el derecho pensional.
En este orden de ideas, resulta evidente que en el régimen de las fuerzas
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militares y la Policía Nacional tanto el reconocimiento de la indemnización
como la pensión de invalidez tienen génesis en la pérdida o disminución de la
capacidad laboral a la que se pueden enfrentar sus miembros, en especial por el
nivel de peligro que implica la prestación de su servicio. Así lo ha precisado
esta Colegiatura10, al sostener:
En efecto, de las características del régimen prestacional de las Fuerzas
Militares, emerge que la naturaleza jurídica de ambos derechos es la de
una prestación que tiene la finalidad de cubrir el riesgo de pérdida de la
capacidad laboral al que están enfrentados, de manera especial, los
miembros de las Fuerzas Pública, propósito que se enmarca en el concepto
que esta Sección ha tenido de prestación social, como se desprende del
siguiente aparte:
«[…] Las prestaciones sociales, por su parte, han sido
establecidas por el Legislador para cubrir los riesgos o
necesidades del trabajador que se originan durante la relación
de trabajo. Estas pueden estar representadas por dinero,
servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar las
contingencias a que suele verse sometida la persona que labora
al servicio de un empleador. La Corte Suprema de Justicia las
ha definido como aquello que debe el patrono al trabajador en
dinero, especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de
la ley, por haberse pactado en convenciones colectivas, en
pactos colectivos, en el contrato de trabajo, establecida en el
reglamento interno de trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier
acto unilateral del patrono; para cubrir los riesgos o necesidades
del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o
con motivo de la misma […]11».
En ese sentido, habida cuenta de que el origen de las aludidas prestaciones
confluye en un solo empleado público y en igual contingencia, resulta
injustificado que se otorguen dos reconocimientos en forma simultánea, por
ende, al concederse al demandante la pensión de invalidez como consecuencia
de la disminución de su capacidad laboral, era dable que en la sentencia objeto
de reproche se ordenara el descuento de la indemnización que recibió, pues de
no hacerse de esa manera se incurriría en una doble compensación prestacional
por la misma causa.
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, providencia de 11 de
mayo de 2020, expediente 08001233100020110105701 (2209-2015).
11
Consejo de Estado, Sección, Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2011, radicación: 52001-23-
31-000-2003-00451-01(1016-09), actor: Serafín Rombo Burbano y otros.
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Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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En similar sentido, la sección segunda del Consejo de Estado12 ha considerado
la procedencia de la devolución de la indemnización, cuando esta se causa por
la misma circunstancia que motiva el reconocimiento de la pensión de invalidez
del servidor, en los siguientes términos:
[...] la Sala no comparte el argumento del Tribunal en cuanto declaró, con
fundamento en el Decreto 1213 de 1990, la compatibilidad de la pensión
de invalidez, reconocida a favor del actor, y la indemnización por
disminución de su capacidad, toda vez que como lo ha sostenido de forma
consistente y reiterada esta Sección13 ambas prestaciones comparten su
causa eficiente, esto es, la merma en la capacidad sicofísica de los
miembros de la Fuerza Pública lo que implica en la práctica que su
reconocimiento simultáneo constituya una doble compensación [...].
Por consiguiente, como era incompatible la indemnización por incapacidad
relativa, que se concedió por medio de Resolución 13010 de 10 de octubre de
1997, con el reconocimiento de la pensión de invalidez por la pérdida absoluta
y permanente de la capacidad laboral que se concedió en primera instancia, no
le asiste razón al demandante en sus argumentos de apelación.
Por último, se evidencia que en el ordinal quinto de la parte decisoria de la
sentencia de primera instancia, se consignó que la indemnización por
disminución de la capacidad laboral se concedió con Resolución 176721 del 6
de junio de 2014, lo que resulta ser un error mecanográfico porque la correcta
es la Resolución 13010 de 10 de octubre de 1997, por lo que las partes podrán
solicitar su corrección del a quo o este proceder de oficio.
Por otro lado, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho
que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 201614, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
12
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 20 de
marzo de 2013, radicación 05001-23-31-000-2002-02922-01 (1471-12). También puede consultarse fallo de 9 de
abril de 2014, subsección A, proceso 18001-23-31-000-2005-00076-01(0863-11).
13
Consejo de Estado, Sección, Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2011, radicación: 52001-23-
31-000-2003-00451-01(1016-09), actor: Serafín Rombo Burbano y otros.
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
19
Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Freiman Alfredo Cárdenas Méndez contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no procede
la condena en costas en ambas instancias.
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Expediente 63001-23-33-000-2017-00268-01 (2926-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Freiman Alfredo Cárdenas Méndez contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que
accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, pero por las razones
expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1.º Confírmase la sentencia proferida el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala segunda de decisión), que accedió de manera
parcial a las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Freiman
Alfredo Cárdenas Méndez contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, pero por las razones expuestas en la parte motiva del presente
fallo.
2.° Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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