Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00304-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00304-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00304-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Demandante : Martín Emilio Hincapié Ospina
Demandado : Municipio de Armenia
Tema : Nivelación salarial por recategorización del municipio de
Armenia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 25 de enero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío (sala primera de decisión), mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 12). El señor Martín Emilio Hincapié Ospina, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el municipio de Armenia,
para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio DF-PTH-AJL-4297 de 27 de
septiembre y la Resolución 1113 de 19 de diciembre, ambos de 2016, por los
que el municipio de Armenia le negó la nivelación salarial por el cambio de
categoría de ese ente territorial.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte demandada (i) reconocer y pagar lo adeudado por concepto del
«[…] reajuste salarial que debió efectuarse por la recategorización» del
aludido municipio, que comprende «[…] los factores salariales y
prestacionales percibidos desde el año 2013 […]»; (ii) indexar los valores
adeudados, (iii) sufragar intereses moratorios y (iv) dar cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en
costas.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el accionante que presta sus servicios para
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el municipio de Armenia desde el 24 de junio de 1992, en el cargo de bombero,
grado 2, nivel asistencial, en carrera administrativa.
Que, mediante «[…] Acuerdo 097 del 09 de octubre de 2012, expedido por el
Concejo […] de Armenia […]», se determinó que la mencionada entidad
territorial «[…] se reclasificaría en primera categoría», según la Ley 617 de
2000, a partir de la vigencia fiscal 2013, lo que incrementó las asignaciones
básicas de los empleos de alcalde, personero y contralor; sin embargo, a los
demás servidores públicos del municipio no se les realizó nivelación salarial
alguna, «[…] de conformidad con el límite máximo establecido en el Decreto
1015 del 21 de mayo de 2013 […]».
Agrega que el 22 de septiembre de 2016 solicitó del accionado el
reconocimiento del ajuste salarial, negado a través de los actos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 13 y 320 de la Constitución
Política; la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1015 de 2013, 185 de 2014, 1096 de
2015 y 225 de 2016.
Arguye que la Ley 617 de 2000 estableció una categorización de distritos y
municipios, en atención a su población e ingresos corrientes de libre
destinación, de acuerdo con la cual el concejo de Armenia dispuso que ese ente
sería de primera categoría (Acuerdo 97 de 2012), desde la vigencia 2013.
Que «[…] el Gobierno Nacional anualmente fija los límites máximos salariales
de los Gobernadores, Alcaldes y Empleados Públicos de las entidades
territoriales, por medio de un Decreto, de conformidad con los diferentes
niveles jerárquicos» (sic); empero, «[…] la Administración Municipal, ha
evadido su responsabilidad de ajustar los salarios de sus funcionarios, en
consonancia con el ascenso de categoría que se produjo desde el año 2013
[…]».
Dice que la recategorización realizada no solo implica el aumento del salario
del alcalde, personero y contralor municipales, sino también de los demás
funcionarios, máxime cuando la alcaldía, a través de Resolución 763 de 2015,
reconoció la necesidad de efectuar la nivelación salarial, lo que «[…] demuestra
la aceptación tácita de responsabilidad por parte del [demandado] en la
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vulneración del derecho que le asiste a los servidores públicos […] de mejorar
sus condiciones salariales y prestacionales».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 68 a 83 vuelto). El municipio de Armenia,
por conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y se
refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos
son ciertos y otros no. Asimismo, propuso las excepciones denominadas (i)
improcedibilidad del medio de control, dada la inexistencia legal de los
requisitos que permitan su prosperidad; (ii) ausencia de ilegalidad de los actos
enjuiciados, por cuanto la Administración se sujetó al ordenamiento jurídico;
(iii) ausencia de causa efectiva legal para la exigibilidad del reajuste de la
asignación mensual, (iv) imposibilidad presupuestal y financiera del municipio
para fijar a los empleados públicos una asignación mensual, conforme al tope
máximo fijado por el Gobierno nacional; (v) cobro de lo no debido, (vi)
inexistencia de la obligación salarial y prestacional reclamada, (vii) buena fe y
(viii) prescripción.
Que «[…] en los Decretos por medio de l[o]s cuales se fijan los límites
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las
entidades territoriales, en ningún momento se ordena que a los empleados
públicos se les TIENE que fijar el tope máximo de la asignación mensual, como
lo pretende hacer ver la parte demandante, sino que advierte, que las referidas
Entidades no pueden exceder los topes máximos establecidos en los
mencionados decretos y que PODRÁ llegar hasta el tope máximo salarial, con
base en su situación fiscal» (sic).
Aduce que ha realizado los incrementos salariales anuales de sus servidores
públicos, en concordancia con las políticas del Gobierno nacional y, en
especial, el comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación del
municipio, pues, además de sus gastos de funcionamiento, también debe
atender los de inversión en componentes de naturaleza social que son
prioritarios y que no le permiten aumentar el valor de la nómina.
1.6 La providencia apelada (ff. 191 a 206 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Quindío (sala primera de decisión), mediante sentencia de 25 de enero de
2018, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al concluir que
«[…] el Presidente de la República fija de forma anual el límite máximo de los
salarios de los empleados del nivel territorial, razones por las que las
autoridades competentes (Concejo y Alcalde) fijan los salarios conforme a la
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estructura de la entidad, la nomenclatura de los cargos y el presupuesto, de
manera libre dentro de dichos límites. Adicionalmente, del hecho de que el
Alcalde, al Personero y al Contralor municipal se les haya fijado su
remuneración en el límite antes indicado, no se desprende que a los demás
empleados se les tenga que aumentar en la misma proporción, pues no existe
analogía entre sus funciones como los funcionarios de más alto grado y
representatividad dentro del ente municipal y los demás, por lo que en modo
alguno existe trato discriminatorio o desigual injustificado» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 210 a 229). Inconforme con el anterior fallo,
el actor interpuso recurso de apelación, puesto que, con fundamento en la citada
recategorización, la «Asociación de Empleados Públicos del Municipio de
Armenia» presentó pliego de solicitudes tendiente a obtener la respectiva
nivelación salarial, toda vez que se «[…] ha generado desde la vigencia del año
2013, una constante diferencia salarial, desfavorable a la generalidad de los
empleados del ente territorial, ya que sus salarios y factores salariales SÍ se
han incrementado conforme a los porcentajes fijados anualmente por el
Gobierno Nacional, sin quebrantar los lineamientos legales que para tal efecto
se prevén, empero, no se ha otorgado la distinción que corresponde entre un
Municipio de Primera Categoría y uno de Segunda Categoría para tal efecto»
(sic).
Que «[…] la desigualdad no se advierte respecto al contenido y las
regulaciones establecidas en [los decretos reglamentarios que fijan los
máximos salariales de los servidores territoriales], sino del trato inequitativo a
través del cual, el Alcalde del Municipio de Armenia, ha desbordado las
facultades que le han sido conferidas en la Constitución y la Ley para fijar los
salarios, en cuanto se han favorecido evidentemente las asignaciones del
Personero, el Contralor y las de las de el mismo, sin incluir a la generalidad
de empleados para que obtuvieran beneficios en este sentido, a pesar de que el
ascenso de categoría fuera una situación común y de relevancia para todos los
empleados públicos […]» (sic) de ese ente territorial.
Advierte que no resulta justo que el salario del alcalde haya aumentado en un
43,1% para el año 2013, mientras que el suyo lo fue solo en un 4% y algunos
cargos del nivel técnico sí fueron ajustados al tope máximo fijado por el
Gobierno nacional.
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con proveído de 15 de febrero de 2018
(f. 331) y admitido por esta Corporación a través de auto de 20 de noviembre
de 2019 (f. 337), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 8 de septiembre de 2021 (f. 343), para
que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que
guardaron silencio (f. 344).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación1, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste derecho al
reconocimiento de la nivelación salarial que pretende, con ocasión de la
recategorización del municipio de Armenia a primera categoría, a partir del año
2013; o si, por el contrario, no hay lugar a ello, dado que el alcalde no está
obligado a fijar los salarios con el tope máximo, como lo concluyó el a quo.
3.3 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Constancia laboral de 8 de julio de 2016 (ff. 26 a 27 vuelto), de la que se
extrae que el demandante presta sus servicios para el municipio de Armenia
desde el 24 de junio de 1992, en el cargo denominado «Bombero código 475
grado 02 Carrera Administrativa», y ha devengado, a título de asignación
1
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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básica:
Año Valor
2013 $1.029.100
2014 $1.059.400
2015 $1.112.400
2016 $1.210.000
b) Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012 (ff. 29 y 30), a través del cual la alcaldesa
de Armenia determinó que ese ente territorial, «[…] para la vigencia fiscal
2013, se clasifica en Categoría Primera».
c) Escrito de 22 de septiembre de 2016 (ff. 15 y 16), con el que el actor solicitó
el reconocimiento de la nivelación salarial como consecuencia de la
recategorización del mencionado municipio, a partir del año 2013.
d) Oficio DF-PTH-AJL-4297 de 27 de septiembre de 2016 (ff. 18 a 19 vuelto)
y Resolución 1113 de 19 de diciembre siguiente (ff. 23 a 25 vuelto), por cuyo
conducto el demandado negó el reajuste aludido en la letra anterior.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) el accionante
labora para el municipio de Armenia desde el 24 de junio de 1992, en el empleo
de bombero, código 475, grado 2, en carrera administrativa; (ii) a través de
Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012, la alcaldía de ese ente territorial lo clasificó
en la primera categoría establecida en el artículo 2º de la Ley 617 de 2000, para
la vigencia fiscal 2013; y (iii) mediante oficio DF-PTH-AJL-4297 de 27 de
septiembre, confirmado con Resolución 1113 de 19 de diciembre, ambos de
2016, ese municipio negó el pago de la nivelación salarial solicitada por el
demandante con fundamento en la referida recategorización.
Con el fin de decidir el asunto litigioso, cabe precisar que el artículo 150
(numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que corresponde al
Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los
objetivos y principios que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, mientras que los artículos 313
(numeral 6) y 315 (numeral 7) ibidem prevén que compete a los concejos y
alcaldes municipales, en su orden, establecer las escalas de remuneración de las
distintas categorías de empleos pertenecientes a la estructura de la
administración territorial y asignar sus emolumentos, con arreglo a los
correspondientes acuerdos.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
En desarrollo de lo anterior, el legislador expidió la Ley 4ª de 19922, por la cual
estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional,
la Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto
de los servidores públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que
su régimen prestacional debe ser fijado por el Gobierno nacional, que también
ha de señalar el límite máximo salarial de ellos.
En ese orden, se tiene que las competencias para establecer el régimen salarial
de los empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la
Carta Política y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i) al
Congreso de la República señalar los objetivos y principios que ha de tener el
ejecutivo para fijar dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite
máximo de sus salarios; (iii) a los concejos municipales o distritales concretar
los anteriores mandatos, con la adopción de las escalas salariales de los empleos
de sus dependencias, según su categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las
asignaciones básicas y emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los
límites previstos para cada año.
En similares términos se ha pronunciado la Corte Constitucional3 que, en
sentencia C-402 de 2013, sostuvo que dicha distribución de competencias se
justifica en: «(i) la necesidad de reconocer la vigencia del principio de Estado
unitario, que impone que sea el Congreso y el Gobierno los que fijen las reglas
generales en materia de régimen salarial de los servidores públicos; y (ii) la
imposibilidad de vaciar las competencias constitucionales de las entidades
territoriales sobre la determinación de las escalas salariales y los emolumentos
de sus servidores estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito
local».
En el mismo sentido, el Consejo de Estado4, en fallo proferido el 27 de febrero
de 2013, advirtió que «existe una competencia concurrente respecto a la
fijación de la remuneración que como contra prestación de los servicios deben
recibir los empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta
la autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
2
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política».
3
Corte Constitucional, sentencia C-402 de 3 de julio de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-
31-000-2009-00102-01 (224-10), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos
municipales, según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos
correspondientes».
Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto de la fijación del régimen salarial de sus empleados públicos
comprende la adopción de las escalas y grados correspondientes a cada uno de
los empleos de sus plantas de personal y la fijación de las respectivas
asignaciones básicas, sin exceder los límites que el Gobierno nacional impone
para cada anualidad.
En el sub lite, el actor pretende sea ordenada la nivelación y reajuste salarial del
cargo que desempeña, con ocasión de la recategorización del municipio de
Armenia a partir del año 2013. Para desatar tal cuestión, la Sala advierte que la
categorización de las entidades territoriales encuentra su fundamento en la Ley
617 de 2000, que prescribe:
ARTICULO 2o. CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS Y
MUNICIPIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:
“Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y
municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes
de libre destinación, así:
[…]
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000)
salarios mínimos legales mensuales.
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000)
habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean
superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios
mínimos legales mensuales.
[…]
PARAGRAFO 5o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría en la
que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo distrito o
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
municipio.
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre los
ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente en la
vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos de
funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre
población para el año anterior.
Con base en dicha norma, la entonces alcaldesa de Armenia expidió el Acuerdo
97 de 9 de octubre de 2012, a través del cual, conforme a las respectivas
certificaciones de la Contraloría General de la República y del Departamento
Nacional de Estadística (Dane), dispuso que, para la vigencia 2013, el
municipio sería de primera categoría, lo que permitió un aumento en las
asignaciones básicas previstas para los empleos de alcalde, personero y
contralor que no fue extendido a los demás servidores del ente territorial, como
pretende el accionante.
Al respecto, la sección segunda de esta Corporación ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en casos de similares contornos fácticos, frente a los que ha
concluido que la recategorización de un ente territorial no implica un ajuste
inmediato de la asignación básica de todos sus empleados. Sobre el particular,
en sentencia de 21 de mayo de 20205, la subsección A dijo:
Ahora bien, tal como lo ha precisado esta Corporación16, el hecho de que
el Municipio de Armenia haya ascendido de categoría no implica per
se que se deban incrementar los salarios de todos los empleados que
laboran para el ente territorial, pues ese superávit en relación con los
ingresos corrientes de libre destinación debe ser designado a satisfacer
todas las necesidades básicas de las personas más desprotegidas dentro de
la sociedad, esto es, el gasto social.
Si bien es cierto que en el momento de presentación de la demanda había
una diferencia entre el aumento salarial del alcalde, el personero, y el
contralor respecto de los demás servidores del ente territorial, no por ello
se puede ordenar un incremento del salario en favor del demandante, por
cuanto: (i) no se han vulnerado los topes fijados por el Gobierno Nacional
de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las
entidades territoriales; (ii) el municipio de Armenia actuó dentro del marco
legal que le ha sido conferido por la Constitución, y con respeto de los
límites fijados en la Ley 617 de 2000; (iii) no se ha vulnerado el principio
5
Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), sentencia de 21 de mayo de 2020, expediente 63001-23-
33-000-2017-00288-01 (3962-18), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
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Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
de «a trabajo igual, salario igual», pues los empleos respecto de los cuales
se pretende la nivelación tienen diferentes requisitos y responsabilidades;
y (iv) no se trata de disposiciones expedidas por una misma autoridad
administrativa en las que de manera caprichosa se establezcan diferencias
no justificadas, sino de normas expedidas una por el concejo municipal, y
la otra, por la alcaldía, por lo que cada cual actuó dentro de los límites de
sus competencias.
En este punto es necesario señalar que precisamente el concejo municipal
dentro del debate democrático establece las escalas de remuneración
correspondientes a las distintas categorías de empleos y concretamente
fijan el que corresponde al alcalde, por lo que no son de recibo los
argumentos expuestos por la parte demandante según los cuales los
miembros de esa corporación se limitan a aprobar lo que la máxima
autoridad del municipio les impone.
De igual modo, por medio de fallo de 29 de agosto de 20196, esta subsección
advirtió:
En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación29, obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a las
autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos aportados
por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales que imperan en
un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.
Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o descienda
de categoría, debe tener en cuenta además de los topes salariales fijados
por el Gobierno Nacional, las finanzas y el presupuesto, de manera que no
comprometa su equilibrio y sostenibilidad financiera, pues de lo contrario
sería un ente insostenible y quizás inviable.
En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden territorial,
no significa que el Concejo de Armenia al determinar la escala salarial del
respectivo municipio, esté en la obligación de estipular como
remuneración para cada una de las categorías de empleos de la entidad, el
límite máximo fijado, sino que debe tener en cuenta es que no exceda tales
márgenes.
Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante como
Profesional Universitario, con el establecido por el Gobierno Nacional
para los empleos de los entes territoriales, toda vez que, el Concejo del
Municipio de Armenia tiene la autonomía para la fijación de este, siendo
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Consejo de Estado (sección segunda, subsección B), sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-
23-33-000-2017-00309-01 (4136-18).
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
limitante el máximo fijado por el Gobierno a través de sus decretos
nacionales y, por supuesto, las finanzas y el presupuesto. Vale la pena citar
un antecedente similar al aquí debatido y en el que se concluyó30:
“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-examine la
Asamblea podía fijar la escala de remuneración de los empleos
del nivel Departamental, entre los cuales se encuentran los de la
Contraloría, sin sobrepasar el límite que estableció el Gobierno
Nacional. Por tanto, no tiene fundamento la petición del actor,
por cuanto no es posible sostener que se debe aplicar las mismas
escalas salariales que hayan establecido en el orden Nacional o
en especial en la Contraloría General de la República (…)”.
Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio de
Armenia haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se deban
incrementar los salarios de todos los empleados que laboran para el ente
territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos corrientes de
libre destinación debe ser designado a satisfacer todas las necesidades
básicas de las personas más desprotegidas dentro de la sociedad, esto es,
gasto social.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, no resulta viable ordenar
la nivelación salarial perseguida por el demandante, por cuanto la
recategorización del accionado no implica que los salarios de todos sus
servidores deban ser ajustados inmediatamente; el municipio demandado ha
fijado las asignaciones de sus funcionarios con sustento en las competencias
que la Constitución y la ley le otorgan, sin exceder los topes establecidos por el
Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue expuesta una situación de
desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de la misma categoría, grado
o nivel, que pudiera derivar en una distinción negativa injustificada hacia el
interesado.
Por último, dado que el actor en el recurso de apelación solicita se revoque en
su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en costas, la Sala
estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por remisión expresa del
artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la
temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión
con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera
inexorable la imposición de tal condena. En este sentido, se pronunció esta
Corporación, en sentencia de 1º de diciembre de 20167, así:
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01
(1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada:
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00304-01 (1735-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Martín Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder del accionante, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia,
en cuanto negó las pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en
costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta al demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 25 de enero de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera de decisión), en cuanto
negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por el señor Martín
Emilio Hincapié Ospina contra el municipio de Armenia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º. Revócase la condena en costas impuesta al actor, que incluye las agencias
en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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