Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00540-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00540-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Demandante : Luz Angelly Carrillo
Demandado : Municipio de Armenia (Quindío)
Tema : Nivelación salarial por recategorización del municipio
de Armenia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 12). La señora Luz Angelly Carrillo, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra el municipio de Armenia (Quindío), para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio DF-PTH-AJL-4230 de 27 de
septiembre de 2016 y de la Resolución 1092 de 19 de diciembre siguiente, a
través de los cuales el municipio de Armenia (Quindío) le negó la nivelación
salarial por el cambio de categoría de ese ente territorial.
A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada
reconocer y sufragar lo adeudado por concepto del «[…] reajuste salarial que
debió efectuarse por la recategorización […]» del aludido municipio, que
comprende «[…] los factores salariales y prestacionales recibidos desde el año
2013», debidamente indexados; por último, se condene en costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que presta sus servicios al
municipio de Armenia (Quindío) desde el 25 de mayo de 2011, en el cargo de
profesional universitaria, código 219, grado 05.
Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
Que, mediante «[…] Acuerdo 097 del 09 de octubre de 2012, expedido por el
Concejo Municipal de Armenia […]», se determinó que la mencionada entidad
territorial «[…] se reclasificaría en primera categoría […]», según la Ley 617
de 2000, a partir de la vigencia fiscal 2013, lo que incrementó las asignaciones
básicas de los cargos de alcalde, personero y contralor, sin embargo, a los demás
empleados públicos del municipio no se les realizó nivelación salarial alguna,
«[…] de conformidad con el límite máximo establecido en el Decreto 1015 del
21 de mayo de 2013».
Afirma que el 22 de septiembre de 2016 solicitó del municipio de Armenia
(Quindío) el ajuste salarial, negado con los actos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos demandados los artículos 13 y 320 de la Constitución
Política; así como la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1015 de 2013, 185 de 2014,
1096 de 2015 y 225 de 2016.
Asevera que la Ley 617 de 2000 estableció una categorización de distritos y
municipios, en atención a su población e ingresos corrientes de libre
destinación, de acuerdo con la cual el concejo de Armenia (Quindío) dispuso
que el municipio sería de primera categoría, a partir de la vigencia 2013.
Que «[…] el Gobierno [n]acional anualmente fija los límites máximos
salariales de los [g]obernadores, [a]lcaldes y [e]mpleados [p]úblicos de las
entidades territoriales, por medio de un Decreto, de conformidad con los
diferentes niveles jerárquicos […]», sin embargo, «[…] la Administración
[m]unicipal, ha evadido su responsabilidad de ajustar los salarios de sus
funcionarios, en consonancia con el ascenso de categoría que se produjo desde
el año 2013 […]».
Arguye que la recategorización realizada no solo implica el aumento del salario
del alcalde, personero y contralor municipales, sino también de los demás
servidores, máxime cuando la alcaldía, a través de Resolución 763 de 2015,
reconoció la necesidad de efectuar la nivelación salarial, lo que «[…] demuestra
la aceptación tácita de responsabilidad por parte del [demandado] en la
vulneración del derecho que le asiste a los servidores públicos de mejorar sus
condiciones salariales y prestacionales».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 76 a 91 vuelto). El municipio de Armenia
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
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Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
(Quindío), a través de apoderado, se opone a la prosperidad de las pretensiones;
y respecto de los hechos de la demanda dice que algunos son ciertos, otros no
y los demás no constituyen situaciones fácticas. Formula las excepciones
denominadas (i) improcedibilidad de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho en el caso objeto de debate, dada la inexistencia legal de los
requisitos que permitan su prosperidad; (ii) ausencia de legalidad del acto
acusado en consideración a que la actuación de la administración se desarrolló
con sujeción al ordenamiento jurídico y la Constitución; (iii) ausencia de causa
efectiva legal para la exigibilidad del reajuste de la asignación mensual
devengada por la demandante; (iv) imposibilidad presupuestal y financiera del
municipio de Armenia (Quindío) para fijar a los empleados públicos una
asignación mensual conforme al tope máximo fijado por el Gobierno nacional;
(v) cobro de lo no debido; (vi) inexistencia de la obligación salarial y
prestacional reclamada; (vii) buena fe; y (viii) prescripción.
Aduce que en los Decretos por medio de los cuales se fijan los límites máximos
salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades
territoriales, en ningún momento se impone la obligación de que a los
empleados públicos se les fije el tope máximo de la asignación mensual, sino
que la disposición normativa prevé la «[…] potestad o facultad […] para
reajustar el salario […]» de aquellos «[…] hasta el límite máximo salarial que
se establece para los empleados públicos del orden nacional […]».
Que ha realizado los incrementos salariales anuales de sus servidores públicos
en concordancia con las políticas del Gobierno nacional y, en especial, el
comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación del municipio,
pues, además de sus gastos de funcionamiento, también debe atender los de
inversión en componentes de naturaleza social que son prioritarios y no le
permiten aumentar el valor de la nómina.
1.6 La providencia apelada (ff. 190 a 200 vuelto). El Tribunal Administrativo
del Quindío, mediante sentencia de 2 de agosto de 2018, negó las súplicas de
la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] al intentarse
plantear un debate de desigualdad salarial en la fijación del régimen salarial
de los cargos adscritos al municipio de Armenia, no se han impugnado las
decisiones administrativas que materializan la aparente desigualdad y que de
manera concatenada y en desarrollo de la facultad constitucional conferida ha
perfeccionado el [c]oncejo [m]unicipal por medio de los [a]cuerdos
[m]unicipales aludidos, y especialmente los decretos municipales expedidos
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
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Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
por el alcalde […] que determinan o plasman el valor de la remuneración
mensual según cada cargo».
Que «[…] en la cadena normativa que concreta el régimen salarial que
gobierna los cargos adscritos al ente territorial interviene el alcalde
municipal, y dentro de un margen también discrecional fija el valor final
aplicable a cada cargo, teniendo en cuenta los lineamientos previstos en los
[a]cuerdos [m]unicipales respectivos y sin posibilidad de sobrepasar los
límites salariales que el Gobierno [n]acional dispone anualmente para los
empleados territoriales; pero el hecho de no haberse atacado las actuaciones
municipales en las cuales se adoptaron decisiones generales sobre la temática,
impide realizar un examen de juridicidad sobre el ejercicio de esa facultad,
según los cargos de la demanda».
1.7 El recurso de apelación (ff. 203 a 226). La actora, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar que, en su «[…] calidad
de emplead[a] públic[a] […] de Armenia, en razón a la imperiosa necesidad
que se ha suscitado en el ente territorial de mejorar las condiciones salariales
y prestacionales de sus trabajadores, considera un reclamo legítimo solicitar a
la Administración que con ocasión a la recategorización […] desde la vigencia
2013, sus condiciones salariales, mejoraran al encontrarse impactadas
positivamente por este hecho generador, ya que entre otros efectos, el ascenso
de categoría tuvo como consecuencia directa el aumento hasta el tope máximo
legal permitido de los salarios del [a]lcalde, el [p]ersonero y el [c]ontralor del
ente territorial a partir de la misma época».
Que «[…] vale la pena cuestionar si efectivamente la finalidad que se ha
perseguido aumentando el salario del [a]lcalde, el [p]ersonero y el [c]ontralor
del [m]unicipio hasta el tope máximo permitido por la Ley guarda
proporcionalidad con el incremento efectuado con base al IPC para el resto de
los empleados […] e igualmente someterse a la justificación que reside en la
facultad discrecional del [a]lcalde y su consecuente margen de configuración
para fijar los mismos, siempre y cuando estos salarios no se encuentren por
debajo del mínimo legal previsto, o si por el contrario, a pesar de que esta
competencia concurrente entre [a]lcaldes y [c]oncejo para establecer los
salarios, pese a ser legal, resulta INJUSTA cuando se utiliza para favorecer a
unos pocos, privando al resto de funcionarios que por derecho podrían
encontrarse beneficiados con una circunstancia positiva, que para el caso
particular puede concretarse en el ascenso de categoría del [m]unicipio» (sic).
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
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Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 24 de agosto de
2018 (f. 329) y admitido por esta Corporación a través de auto de 6 de
noviembre de 2019 (f. 335), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 8 de septiembre de 2021 (f. 341), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad en la que guardaron
silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho al
reconocimiento de la nivelación salarial que pretende, con ocasión de la
recategorización del municipio de Armenia a primera categoría, a partir del año
2013.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
El artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política determina que
corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en
ellas los objetivos y principios que debe seguir el Gobierno nacional para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, mientras que los
artículos 313 (numeral 6) y 315 (numeral 7) ibidem prevén que compete a los
concejos y alcaldes municipales, en su orden, establecer las escalas de
remuneración de las distintas categorías de empleos pertenecientes a la estructura
de la administración territorial y asignar sus emolumentos, con arreglo a los
correspondientes acuerdos.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
En desarrollo de lo anterior, el Congreso expidió la Ley 4ª de 19921, mediante la
cual estableció los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, la
Rama Judicial, el Congreso de la República y los entes de control; y respecto de
los empleados públicos del orden territorial, preceptúa en su artículo 12 que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales debe
ser fijado por el Gobierno nacional, que también ha de señalar el límite máximo
salarial de estos servidores.
En ese orden, se tiene que las competencias para fijar el régimen salarial de los
empleados públicos de los entes territoriales han sido consagradas por la
Constitución y la ley de manera concurrente, por cuanto corresponde (i) al
Congreso de la República señalar los objetivos y principios que ha de tener el
Gobierno para fijar dicho régimen; (ii) al Gobierno nacional decretar el límite
máximo de sus salarios; (iii) a los concejos municipales o distritales concretar los
anteriores mandatos, con la adopción de las escalas salariales de los empleos de
sus dependencias, según su categoría; y (iv) al respectivo alcalde adoptar las
asignaciones básicas y emolumentos salariales para cada cargo, sin exceder los
límites previstos para cada año.
En similares términos se ha pronunciado la Corte Constitucional que, mediante
sentencia C-402 de 20132, precisó que dicha distribución de competencias se
justifica en: «[…] (i) la necesidad de reconocer la vigencia del principio de
Estado unitario, que impone que sea el Congreso y el Gobierno los que fijen las
reglas generales en materia de régimen salarial de los servidores públicos; y (ii)
la imposibilidad de vaciar las competencias constitucionales de las entidades
territoriales sobre la determinación de las escalas salariales y los emolumentos
de sus servidores estatales que integran la Rama Ejecutiva en ese ámbito local
[…]».
En el mismo sentido, el Consejo de Estado, en fallo proferido el 27 de febrero de
20133, indicó que «[…] existe una competencia concurrente respecto a la fijación
de la remuneración que como contra prestación de los servicios deben recibir los
empleados públicos del ente territorial, por cuanto si bien se respeta la
1
«Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y
se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y
f) de la Constitución Política».
2
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
3
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 27 de febrero de 2013, expediente 73001-23-
31-000-2009-00102-01 (224-10), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
autonomía otorgada a las autoridades del orden territorial esta se encuentra
enmarcada por: i) Los principios y parámetros generales del régimen salarial
establecidas por el órgano legislativo; ii) Los límites máximos que fija el
Gobierno Nacional; iii) Las escalas de remuneración de los cargos a nivel
territorial, aprobada por las asambleas departamentales o concejos municipales,
según sea el caso en las ordenanzas o los acuerdos correspondientes […]».
Por consiguiente, se concluye que la competencia de las entidades territoriales
respecto del régimen salarial de sus empleados públicos comprende la adopción
de las escalas y grados correspondientes a cada uno de los empleos de sus plantas
de personal y la fijación de las respectivas asignaciones básicas, sin exceder los
límites que el Gobierno nacional impone para cada anualidad.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Constancia laboral de 15 de julio de 2016 (ff. 28 y 29), de la que se extrae
que la actora presta sus servicios al municipio de Armenia (Quindío) desde el
25 de mayo de 2011, en carrera administrativa, y a partir del 28 de enero de
2016 desempeña el cargo de profesional universitario, código 219, grado 05, en
encargo, por lo cual devengó, a título de asignación básica, lo siguiente:
Año Valor
2013 $1.374.500
2014 $1.414.900
$1.485.600
2015
$1.912.800
2016 $2.715.300
b) Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012 (ff. 32 y vuelto), a través del cual la
alcaldesa de Armenia (Quindío) determinó que ese ente territorial, «[…] para
la vigencia fiscal 2013, se clasifica en Categoría Primera» (sic).
c) Escrito de 22 de septiembre de 2016 (ff. 15 y 16), con el que la actora solicitó
el reconocimiento de la nivelación salarial como consecuencia de la
recategorización del mencionado municipio, a partir del año 2013.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
d) Oficio DF-PTH-AJL-4230 de 27 de septiembre de 2016 (ff. 19 a 21) y
Resolución 1092 de 19 de diciembre siguiente (ff. 25 a 27 vuelto), por cuyo
conducto el ente territorial demandado negó el reajuste aludido en la letra
anterior.
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que (i) la actora presta
sus servicios al municipio de Armenia (Quindío) desde el 25 de mayo de 2011,
en carrera administrativa, y para el 15 de julio de 2016 (fecha de la certificación
aportada), desempeñaba el cargo de profesional universitaria, grado 219, grado
05, en encargo; (ii) a través de Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012, la alcaldía
de ese ente territorial lo clasificó en la primera categoría establecida en el artículo
2º. de la Ley 617 de 2000, para la vigencia fiscal 2013; y (iii) mediante oficio
DF-PTH-AJL-4230 de 27 de septiembre de 2016, confirmado con Resolución
1092 de 19 de diciembre siguiente, ese municipio negó el pago de la nivelación
salarial solicitada por la demandante con fundamento en la referida
recategorización.
En el sub lite, la demandante pretende sea ordenada la nivelación y reajuste
salarial del cargo que desempeña, con ocasión de la recategorización del
municipio de Armenia (Quindío) a partir del año 2013. Para desatar tal cuestión,
la Sala advierte que la categorización de las entidades territoriales encuentra su
fundamento en la Ley 617 de 2000, que prescribe:
Artículo 2o. Categorización de los distritos y municipios. El artículo
6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así:
"Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los
distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e
ingresos corrientes de libre destinación, así:
[…]
Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con
población comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil
(500.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación
anuales sean superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos
mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales.
Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con
población comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil
(100.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación
anuales sean superiores a cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
(100.000) salarios mínimos legales mensuales.
[…]
Parágrafo 5o. Los alcaldes determinarán anualmente, mediante
decreto expedido antes del treinta y uno (31) de octubre, la categoría
en la que se encuentra clasificado para el año siguiente, el respectivo
distrito o municipio.
Para determinar la categoría, el decreto tendrá como base las
certificaciones que expida el Contralor General de la República sobre
los ingresos corrientes de libre destinación recaudados efectivamente
en la vigencia anterior y sobre la relación porcentual entre los gastos
de funcionamiento y los ingresos corrientes de libre destinación de la
vigencia inmediatamente anterior, y la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre
población para el año anterior.
Con base en dicha norma, la entonces alcaldesa de Armenia (Quindío) expidió
el Acuerdo 97 de 9 de octubre de 2012, a través del cual, conforme a las
respectivas certificaciones de la Contraloría General de la República y del
Departamento Nacional de Estadística (Dane), dispuso que, para la vigencia
2013, el municipio sería de primera categoría, lo que permitió un aumento en
las asignaciones básicas previstas para los empleos de alcalde, personero y
contralor, que no fue extendido a los demás empleados del ente territorial, como
pretende la actora.
Al respecto, la sección segunda de esta Corporación ha tenido la oportunidad
de pronunciarse en casos de similares contornos fácticos, frente a los que ha
concluido que la recategorización de un ente territorial no implica un ajuste
inmediato de la asignación básica de todos sus servidores. Sobre el particular,
en sentencia de 21 de mayo de 20204, la subsección A de esta sección dijo:
Ahora bien, tal como lo ha precisado esta Corporación […], el hecho
de que el Municipio de Armenia haya ascendido de categoría no
implica per se que se deban incrementar los salarios de todos los
empleados que laboran para el ente territorial, pues ese superávit en
relación con los ingresos corrientes de libre destinación debe ser
designado a satisfacer todas las necesidades básicas de las personas
más desprotegidas dentro de la sociedad, esto es, el gasto social.
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2020, expediente 63001-23-
33-000-2017-00288-01 (3962-18), C. P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
Si bien es cierto que en el momento de presentación de la demanda
había una diferencia entre el aumento salarial del alcalde, el
personero, y el contralor respecto de los demás servidores del ente
territorial, no por ello se puede ordenar un incremento del salario en
favor de la demandante , por cuanto: (i) no se han vulnerado los topes
fijados por el Gobierno Nacional de la asignación básica mensual de
los empleados públicos de las entidades territoriales; (ii) el municipio
de Armenia actuó dentro del marco legal que le ha sido conferido por
la Constitución, y con respeto de los límites fijados en la Ley 617 de
2000; (iii) no se ha vulnerado el principio de «a trabajo igual, salario
igual», pues los empleos respecto de los cuales se pretende la
nivelación tienen diferentes requisitos y responsabilidades; y (iv) no
se trata de disposiciones expedidas por una misma autoridad
administrativa en las que de manera caprichosa se establezcan
diferencias no justificadas, sino de normas expedidas una por el
concejo municipal, y la otra, por la alcaldía, por lo que cada cual actuó
dentro de los límites de sus competencias.
En este punto es necesario señalar que precisamente el concejo
municipal dentro del debate democrático establece las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos
y concretamente fijan el que corresponde al alcalde, por lo que no son
de recibo los argumentos expuestos por la parte demandante según
los cuales los miembros de esa corporación se limitan a aprobar lo
que la máxima autoridad del municipio les impone.
De igual modo, por medio de fallo de 29 de agosto de 2019 5, esta subsección
advirtió:
En efecto, la fijación de un límite máximo para los salarios, como lo
sostuvo esta Corporación […], obedece a la necesidad de dar
cumplimiento “(…) a la economía, eficiencia y eficacia en el gasto
público. Principio que tiene sustento constitucional y que impone a
las autoridades el deber de hacer un uso adecuado de los recursos
aportados por la comunidad, en aras de lograr los objetivos sociales
que imperan en un Estado Social de Derecho, como el nuestro. (…)”.
Por tal motivo, un municipio indistintamente de que ascienda o
descienda de categoría, debe tener en cuenta además de los topes
salariales fijados por el Gobierno Nacional, las finanzas y el
presupuesto, de manera que no comprometa su equilibrio y
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Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2019, expediente 63001-23-
33-000-2017-00309-01 (4136-18).
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
sostenibilidad financiera, pues de lo contrario sería un ente
insostenible y quizás inviable.
En otras palabras, el hecho de que el Gobierno Nacional establezca
anualmente unos topes salariales para los empleados del orden
territorial, no significa que el Concejo de Armenia al determinar la
escala salarial del respectivo municipio, esté en la obligación de
estipular como remuneración para cada una de las categorías de
empleos de la entidad, el límite máximo fijado, sino que debe tener
en cuenta es que no exceda tales márgenes.
Entonces, no es posible equiparar el salario de la demandante como
Profesional Universitario, con el establecido por el Gobierno
Nacional para los empleos de los entes territoriales, toda vez que, el
Concejo del Municipio de Armenia tiene la autonomía para la fijación
de este, siendo limitante el máximo fijado por el Gobierno a través de
sus decretos nacionales y, por supuesto, las finanzas y el presupuesto.
Vale la pena citar un antecedente similar al aquí debatido y en el que
se concluyó […]:
“(…) En ese orden de ideas, es evidente que en el sub-
examine la Asamblea podía fijar la escala de remuneración
de los empleos del nivel Departamental, entre los cuales se
encuentran los de la Contraloría, sin sobrepasar el límite
que estableció el Gobierno Nacional. Por tanto, no tiene
fundamento la petición del actor, por cuanto no es posible
sostener que se debe aplicar las mismas escalas salariales
que hayan establecido en el orden Nacional o en especial
en la Contraloría General de la República (…)”.
Bajo ese contexto, si bien es cierto, es positivo para el Municipio de
Armenia haber ascendido de categoría, ello no implica per se que se
deban incrementar los salarios de todos los empleados que laboran
para el ente territorial, pues ese superávit en relación con los ingresos
corrientes de libre destinación debe ser designado a satisfacer todas
las necesidades básicas de las personas más desprotegidas dentro de
la sociedad, esto es, gasto social.
Por consiguiente, de acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, no resulta
viable ordenar la nivelación salarial perseguida por la actora, por cuanto la
recategorización del municipio demandado no implica que los salarios de sus
servidores deban ser ajustados inmediatamente; el ente accionado ha fijado las
asignaciones de sus funcionarios con sustento en las competencias que la
Constitución Política y la ley le otorgan, sin exceder los topes establecidos por
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
el Gobierno nacional para cada anualidad; y no fue expuesta una situación de
desigualdad entre cargos o empleos homólogos o de la misma categoría, grado
o nivel, que pudiera derivar en una distinción negativa injustificada hacia la
interesada.
Por otro lado, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho
que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 20166, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
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Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
(Quindío)
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
accionante, se revocará la condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas, y se revocará la condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las súplicas de la demanda en
el proceso instaurado por la señora Luz Angelly Carrillo contra el municipio de
Armenia (Quindío), por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
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Expediente: 63001-23-33-000-2017-00540-01 (5643-2018)
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Luz Angelly Carrillo contra el municipio de Armenia
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2º. Revócase la condena en costas impuesta a la demandante, que incluye las
agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.
3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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