República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00603-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
Tema: lesividad. Subtema: 1: pensión de invalidez. Subtema 2: obtención de la
prestación mediante dictamen fraudulento. Subtema 3: sujeto de especial
protección. Permanencia en nómina
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandado Henry
Realpe Velasco contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Quinta de decisión, el 9 de julio de 2020, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La Administradora Colombiana de Pensiones1, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó: i) declarar la nulidad de la
Resolución GNR104355 del 20 de mayo de 2013, la Resolución VPB 6616 del 1 de
noviembre de 2013 e igualmente de la Resolución GNR 25663 del 5 de febrero de
2015, que reconocieron y reliquidaron la pensión de invalidez al señor Henry Realpe
Velasco; ii) ordenar al demandado devolver a Colpensiones la totalidad de los
valores pagados por concepto del reconocimiento pensional.
El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de decisión, declaró nulas las
citadas resoluciones y, en consecuencia, condenó al señor Henry Realpe Velasco
a devolver la totalidad de las mesadas pagadas, debidamente indexadas. Asimismo,
1 En adelante Colpensiones.
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
exhortó a la entidad demandante para que, previo retiro de la nómina del señor
Realpe Velasco, realizara un nuevo estudio dirigido a determinar si, en sus
condiciones actuales, puede ser beneficiario del derecho pensional por invalidez.
El demandado Henry Realpe Velasco, a través de apoderado, interpuso recurso de
apelación. Manifestó que su condición de salud actual es crítica, y que Colpensiones
no adelantó investigación administrativa alguna con el fin de establecer que el
dictamen no obedecía a la realidad. También consideró que la controversia debe
ser conocida por la jurisdicción ordinaria.
La Subsección confirmará en su integridad el fallo impugnado, en la medida en que
se acreditaron las causales de nulidad atribuidas a los actos administrativos
demandados.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Colpensiones, a través de apoderada judicial, presentó demanda el 7 de
diciembre de 20172 para lograr la nulidad de las Resoluciones GNR104355 del 20
de mayo de 2013, VPB 6616 del 1 de noviembre de 2013 y GNR 25663 del 5 de
febrero de 2015, por medio de las cuales dicha entidad reconoció y reliquidó la
pensión de invalidez del señor Henry Realpe Velasco.
2.1.1. Pretensiones
2. La entidad demandante además de la nulidad de los actos demandados
solicitó, a título de restablecimiento del derecho, condenar al demandado a la
devolución de la totalidad de los valores a él pagados, con ocasión al
reconocimiento indebido de la pensión de invalidez, de las reliquidaciones
efectuadas sobre esta prestación y del retroactivo que igualmente se reconoció y
pagó en virtud de las citadas resoluciones acusadas de nulidad, desde la fecha en
que se dio la inclusión en nómina. Asimismo, la indexación del valor de la condena
y el pago de los intereses moratorios que se causen.
2 El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto interlocutorio del 30 de enero de 2018, declaró la falta
de jurisdicción y, en tal sentido, ordenó remitir el expediente con destino al Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Armenia, decisión que fue recurrida en su oportunidad por la entidad demandante y confirmada por el mismo
Tribunal en auto del 13 de febrero de 2018. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, a quien le
correspondió por reparto la demanda, a través de auto del 26 de febrero de 2026, igualmente declaró su falta
de competencia para conocer del asunto y ordenó devolver las diligencias con destino al Tribunal Administrativo
del Quindío.
Consecuencia de lo anterior, dicha Corporación, en auto del 29 de mayo de 2018, dispuso remitir el expediente
con destino al Consejo Superior de la Judicatura, para que se dirimiera el conflicto negativo de competencia
suscitado entre jurisdicciones. Al respecto y con providencia del 15 de mayo de 2019, la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, dirimió el conflicto de competencia precitado, asignando el conocimiento del
asunto a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, representada por el Tribunal Administrativo del Quindío.
En acatamiento a dicha decisión, el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante auto del 21 de junio de 2019,
dispuso admitir la demanda presentada por Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad), de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de
derecho que a continuación se sintetizan.
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Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
2.1.2. Hechos
3. El demandado Henry Realpe Velasco radicó ante Colpensiones, el 28 de
febrero de 2012, petición de reconocimiento pensional por invalidez con fundamento
en un dictamen presuntamente emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Quindío, identificado bajo serial 222-11 del 20 de octubre de 2011, a
través del cual se le calificó una PCL equivalente al 54.02%, con fecha de
estructuración del 26 de noviembre de 1996.
4. La solicitud de reconocimiento pensional se identificó con el serial
20136800321691.
5. Colpensiones emitió Resolución GNR 104355 del 20 de mayo de 2013, por
medio de la que reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez pretendida,
en cuantía de $ 589.500, pagadera a partir del 1 de junio de 2013.
6. Con posterioridad, la misma entidad expidió la Resolución VPB 6616 del 1 de
noviembre de 2013, por la que resolvió reliquidar la pensión de invalidez ya
reconocida, a partir del 22 de octubre de 2007, y ordenó el pago de un retroactivo
por valor de $ 36.225.200.
7. Luego, Colpensiones emitió la Resolución GNR 25663 del 5 de febrero de
2015 en la que se dio cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Armenia, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Armenia, en sentencia del 15 de noviembre de 2013,
y en la que se dispuso la reliquidación de la pensión de invalidez ya reconocida al
demandado, en cuantía de $142.125, con fecha efectiva desde el 26 de noviembre
de 1996, junto con el pago de un retroactivo pensional por la suma de $88.602.363,
el cual se giró al señor Realpe Velasco en nómina del mes de febrero de 2015.
8. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia, al advertir una serie de
irregularidades en temas de reconocimiento pensional, emitió compulsa de copias
a las autoridades competentes con el fin de que se investigara el dictamen aportado
dentro de un expediente tramitado ante esa autoridad y ordenó a la Junta Regional
de Calificación del Quindío que remitiera copia auténtica del dictamen realizado a
Henry Realpe Velasco. Ante esto, dicha Junta informó que en ningún momento
había emitido dictamen respecto de la persona mencionada.
9. Con fundamento en el oficio 26724 del 16 de febrero de 2016 remitido por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, se informó que esa entidad
no ha emitido calificación respecto del aquí demandado Henry Realpe Velasco. Sin
embargo, obra un dictamen de dicha Junta Regional, identificado bajo el mismo
número de serial y fecha (222-11), de fecha 20 de octubre de 2011, que corresponde
a una persona diferente al señor Henry Realpe Velasco, en el que se calificó al
ciudadano Jesús María Lozano Gualtero.
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
10. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandante, a través de la
Resolución APSUB 2468 del 7 de julio de 2017, solicitó al señor Henry Realpe
Velasco el consentimiento para revocar la Resolución GNR 104355 del 20 de mayo
de 2013. Transcurrido el término previsto en la Ley 1437 de 2011 el administrado
guardó silencio.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
• La Constitución Política.
• La Ley 100 de 1993.
• La Ley 797 de 2003.
• El Acto Legislativo 01 de 2005.
• El Decreto 758 de 1990.
13. Al explicar el concepto de violación, la apoderada de Colpensiones reseñó
que los actos acusados son nulos, por cuanto se emitieron con infracción a la norma
que regula tanto la figura de la invalidez, como de la pensión que se reconoce a la
persona que, por cualquier causa de origen no profesional, hubiere perdido el 50%
o más de su capacidad laboral.
14. Expuso que, tras la investigación administrativa adelantada en el expediente
núm. 0033-16, mediante oficio del 21 de abril de 2016 se dispuso el cierre de dicho
trámite en el que se concluyó que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y
determinación de invalidez aportado y que sirvió de fundamento al momento del
reconocimiento, no fue emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Quindío.
15. Destacó que, aun cuando se solicitó el consentimiento para revocar el acto
administrativo de reconocimiento pensional, para estos casos no se exige este
requisito, toda vez que la actuación adelantada por el demandado indujo en error a
la administradora de pensiones al tomar en cuenta un dictamen que nunca fue
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez.
16. Afirmó que las resoluciones acusadas de nulidad resultan lesivas, toda vez
que a través de ellas se reconoció y reliquidó una pensión de invalidez, con
fundamento en un dictamen que nunca fue realizado al beneficiario del derecho
pensional. Agregó que también se debe entender como lesiva la Resolución GNR
25663 del 5 de febrero de 2015, en razón a que, si bien se trata de un acto de
ejecución que dio cumplimiento a una providencia judicial, esta decisión y la orden
de pago del retroactivo pensional se dieron bajo los mismos defectos de las
resoluciones iniciales, es decir que fueron proferidas en virtud de medios
fraudulentos.
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Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
17. Concluyó que el enriquecimiento sin causa, para el caso bajo análisis, es
claro y pacífico, y que es insostenible alegar la buena fe subjetiva cuando el
asegurado tuvo acceso a la prestación tras allegar un documento no auténtico con
el cual se indujo en error a la entidad.
2.2. Contestación de la demanda
18. El señor Realpe Velasco, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que los actos administrativos cuya nulidad
judicial pretende Colpensiones, no fueron expedidas como resultado de una
actuación fraudulenta o ilegal por parte de su prohijado y tampoco es atribuible a un
yerro de la administración en el procedimiento de expedición de dichas
resoluciones, porque en ningún momento se estableció la falsedad del dictamen.
19. Se opuso a que se declare la nulidad de la Resolución GNR25663 de 2015 y
al orden de devolución de los dineros recibidos, recalcando que esta se expidió en
acatamiento a una decisión judicial y que, en los mismos términos de las decisiones
proferidas previamente, no se dio una actuación fraudulenta ni se demostró la
falsedad del dictamen que dio lugar su emisión.
20. En iguales términos, consideró que no resulta procedente ordenar la
indexación o el reconocimiento de intereses de las sumas pagadas, pues actúo de
buena fe. Además, que al trámite pensional se aportó la verdadera historia clínica,
con lo cual se soportaron las deficiencias y patologías que padece desde el año
1996.
21. En cuanto a los hechos de la demanda se limitó a tener como ciertos algunos
de los presentados por Colpensiones y señaló que no le consta nada de lo
relacionado con el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del Quindío, cuya falsedad se invoca por la entidad demandante. Informó
que fue el abogado que lo representó en ese momento, quien adelantó los trámites
del reconocimiento de la pensión de invalidez.
22. Como excepciones propuso la falta de jurisdicción y las que denominó buena
fe, cosa juzgada, imposibilidad de devolver dineros pagados, existencia de un
verdadero estado de invalidez del demandado, existencia de un proceso ordinario
laboral de primera instancia por nulidad del dictamen y ausencia de control previo
de legalidad de la calificación por parte del Seguro Social sobre la calificación de
pérdida de capacidad.
2.3. Sentencia de primera instancia
23. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de decisión, mediante
sentencia del 9 de julio de 2020, resolvió:
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Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones GNR 104355 del 20 de mayo de
2013, VPB 6616 del 1 de noviembre de 2013 y GNR 25663 del 5° de febrero de 2015,
mediante las cuales COLPENSIONES ordenó el reconocimiento, reliquidación y pago
de una pensión de invalidez en favor del señor HENRY REALPE VELASCO.
SEGUNDO: CONDENAR al señor HERY REALPE VELASCO a devolver a
COLPENSIONES, debidamente indexadas, el valor de todas las mesadas pagadas
que tuvieron soporte en los actos materia de nulidad.
TERCERO: Exhortar a COLPENSIONES para que, antes de retirar al señor HENRY
REALPE VELASCO de la nómina de pensionados a su cargo, realice nuevo estudio,
para efectos de determinar si, en las condiciones actuales, cumple requisitos para
acceder a alguna de las modalidades pensionales existentes, atendiendo que es un
sujeto de especial protección constitucional.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin lugar a condenar en costas.
SEXTO: En firme esta sentencia archivar el expediente, previa anotación en el
programa Justicia Siglo XXI.
24. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso los siguientes
argumentos:
25. Explicó que, del análisis de las pruebas recaudadas, encontró que el señor
Realpe Velasco adelantó un proceso administrativo ante Colpensiones, dirigido al
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, al cual anexó un dictamen con
calificación de pérdida de capacidad laboral presuntamente emitido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, en el que se le fijó un porcentaje
de PCL igual al 54,02 %, con fecha de estructuración el 26 de noviembre de 1996,
y que, en virtud de ello, Colpensiones emitió la Resolución GNR 104355 del 20 de
mayo de 2013, en la que reconoció dicha prestación con efectos a partir del 1 de
junio de ese mismo año.
26. Que, inconforme con esta decisión, el aquí demandado interpuso recurso de
apelación en el que solicitó el pago del retroactivo pensional desde la fecha de
estructuración de su invalidez. La administradora de pensiones accedió, mediante
Resolución VPB 6616 del 1 de noviembre de 2013 y dispuso el pago del retroactivo,
desde el 22 de octubre de 2007.
27. Refirió que el señor Realpe Velasco, mediante demanda cuyo conocimiento
correspondió a la jurisdicción ordinaria, insistió en el pago del retroactivo pensional
desde la fecha de estructuración, pretensión que fue acogida por el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Armenia, mediante sentencia del 4 de septiembre
de 2013, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Armenia, Sala Civil Familia, Laboral, en providencia del 15 de noviembre de 2013;
y que, como consecuencia de esto, Colpensiones procedió a emitir la resolución
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Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
GNR25663 del 5 de febrero de 2015.
28. Explicó el Tribunal que, luego de la revisión del expediente administrativo que
dio origen a los actos administrativos demandados, encontró que el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Armenia informó a Colpensiones, el 2 de octubre
de 2014, sobre posibles anomalías con los dictámenes emanados de las juntas
regionales de invalidez del Quindío y Risaralda y que se presentaron en los
procesos que se adelantaron ante la jurisdicción laboral. De igual manera advirtió
que no obraba calificación respecto del señor Henry Realpe Velasco, y que el
dictamen 222-11 correspondía a otra persona.
29. A su vez, el Tribunal reseñó que Colpensiones inició una investigación
administrativa especial que se identificó con el radicado 026-16, frente al caso del
señor Realpe Velasco, y en la cual se pudo evidenciar que el dictamen que se aportó
con la solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, ante la administradora
demandante y, en sede judicial, ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Armenia, resultó fraudulento.
30. Por lo anterior, concluyó que lo pagado al señor Realpe Velasco, por
concepto de dicha pensión de invalidez, obedeció a la mala fe con la que actuó en
sede administrativa, al presentar una certificación de calificación de pérdida de la
capacidad laboral que no le corresponde. Situación que incidió de manera directa y
grave en la producción de los actos acusados de nulidad, pues fue el fundamento
de su motivación, lo cual conlleva a la declaratoria de nulidad del acto de
reconocimiento pensional y de los que dispusieron la reliquidación.
31. De otro lado, el Tribunal decidió, en atención a que esta persona cuenta con
64 años y una pérdida de la capacidad laboral acreditada equivalente a un 75 %,
exhortar a Colpensiones, para que, antes de retirar al señor Henry Realpe Velasco
de la nómina de pensionados, adelante un nuevo estudio que determine si, en su
situación actual, puede acceder a una modalidad pensional.
2.4. Recurso de apelación
32. Inconforme con la decisión de primera instancia, el señor Realpe Velasco,
mediante apoderado, interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes razonamientos3:
33. Que actualmente padece de dermatitis alérgica, insuficiencia renal terminal,
pancreatitis, diabetes mellitus insulinodependiente, artritis de rodilla, cataratas en
ambos ojos y retinopatía diabética; enfermedades diagnósticas y tratadas desde el
año 1996 por su EPS, y que desde dicho año se encuentra en condiciones críticas
de salud; situación que empeoró tras el paso del tiempo y ha limitado su capacidad
laboral.
3 Archivo 011RecursoApelacion
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Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
34. Adujo que, en atención a las anteriores patologías, solicitó una valoración de
pérdida de capacidad laboral, la cual fue llevada a cabo por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Quindío, en dictamen 222-11 del 20 de octubre de 2011,
con calificación de PCL del 54.02 % y estructuración del 26 de noviembre de 1996,
tras evaluar patologías como diabetes mellitus, artritis de rodilla y deficiencia visual
por OD.
35. Recalcó que Colpensiones, muchos años después del reconocimiento
pensional, le informó sobre la falta de validez del dictamen emitido por la Junta
Regional de Calificación del Quindío, pero no lo explicó las razones. Por ello y con
el ánimo de demostrar que obró de buena fe, buscó una nueva calificación que
finalmente se dio con el dictamen expedido por ASALUD núm. 2016163438Ef del
30 de abril de 2016, que le otorgó una pérdida de capacidad laboral del 76.68 %,
con fecha de estructuración del 18 de enero de 2010.
36. Al manifestar inconformidad con la valoración anterior, fue remitido a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, que emitió el dictamen
núm. 105297812057 en el que estableció un porcentaje de pérdida de capacidad
laboral equivalente al 80.30% con fecha de estructuración el 14 de septiembre de
2010. Añadió que este dictamen fue apelado y que, finalmente, la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, en dictamen 10529781-16773 del 15 de diciembre de
2017, confirmó lo resuelto por la Junta Regional del Valle del Cauca.
37. Resaltó que la condición del demandante reviste un estado crítico de salud,
que ha empeorado con el paso del tiempo, y que, por ende, sus valoraciones de
pérdida de capacidad laboral han aumentado en su porcentaje, razón por la que se
demandó el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Valle del Cauca, al no tener en cuenta que las patologías del demandado datan del
año 1996 y que, para la época ya contaba con un PCL superior al 50 %.
38. Finalmente, reiteró los argumentos relativos a la excepción de falta de
jurisdicción, pues considera que la controversia es de conocimiento de la jurisdicción
ordinaria, en sus especialidades laborales y de seguridad social, tal cual se
establece en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
39. Mediante auto del 25 de noviembre de 20214, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA).
4 C. Principal, folio 787
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3. Consideraciones
3.1. Competencia
40. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Cuestión preliminar
41. La Sala, antes de plantear el problema jurídico que le corresponde resolver,
precisa, frente a la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto en la que
insiste el apelante, que si bien esta fue materia de debate entre las dos autoridades
judiciales que inicialmente conocieron de la demanda que dio origen al presente
proceso, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó, en
providencia del 15 de mayo de 2019, que, conforme al reparto de competencias
constitucional y legalmente establecido, el órgano competente para resolver la
controversia era el Tribunal Administrativo del Quindío5.
3.3. Problema jurídico
42. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y de
conformidad con lo previsto en el artículo 328 6 del Código General del Proceso
(CGP), corresponde a la Sala definir el siguiente problema jurídico:
43. ¿Procede la nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional por
invalidez que tuvo como sustento un dictamen fraudulento, cuando con
posterioridad se advierte que el beneficiario del derecho presenta un porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral equivalente al 80.30%?
44. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) marco normativo de la pensión de invalidez, (iii) hechos probados relevantes y
(iii) caso concreto.
5 C. Conflicto competencia, folios 5 a 17
6 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Demandado: Henry Realpe Velasco
3.4. Marco normativo de la pensión de invalidez
45. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones fue diseñado para
proteger a los afiliados contra los riesgos de vejez, invalidez y muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones establecidas por la ley. La pensión
de invalidez prevista en el literal c) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, está
orientada a proteger al trabajador frente a riesgos o contingencias que surjan debido
a un estado de incapacidad que le impida continuar trabajando.
46. A su turno el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 respecto de la pensión de
invalidez dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen
no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más
de su capacidad laboral».
47. La razón de ser de la pensión de invalidez es proteger a aquellas personas
que hayan perdido al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus habilidades,
destrezas, aptitudes o capacidades necesarias para desempeñar su trabajo habitual
y recibir una retribución económica. Debido a esta situación, estas personas no
pueden continuar cotizando al Sistema General de Seguridad Social, tanto en salud
como en pensiones, como trabajadores activos.
48. Por su parte, el artículo 39 establece los requisitos mínimos que debe cumplir
un afiliado para lograr el reconocimiento de la pensión de invalidez, a saber:
«a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca el estado de invalidez.»
49. Dicho régimen fue reformado en dos oportunidades respecto de la pensión
de invalidez. La primera con la expedición de la Ley 797 de 2003, en cuyo artículo
117 se establecieron nuevos y más exigentes requisitos para el reconocimiento de
dicha prestación8.
50. La segunda, se dio con la promulgación de la Ley 860 de 2003, mediante la
cual se insistió en la imposición de nuevas exigencias para el reconocimiento de la
7 Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1056 de 2003.
8 “El artículo 11 de la Ley 797 de 2003 disponía: “Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 2. Invalidez causada
por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma. Parágrafo. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado
26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”.
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pensión de invalidez. En efecto, el artículo 1º estableció que, para lograr el
reconocimiento de una pensión de invalidez, debían cumplirse los siguientes
requisitos:
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez (aparte resaltado declarado inexequible en sentencia C-428
de 2009).
“2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos
del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez (aparte subrayado declarado inexequible en Sentencia C-
428 de 2009).
“Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez”.
51. Como se puede observar, aunque estos requisitos son menos exigentes que
los establecidos por la Ley 797 de 2003, siguen siendo más severos que los
inicialmente fijados en la Ley 100 de 1993.
52. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia C-428 de 1 de
julio de 2009, declaró inexequibles los apartados uno y dos del artículo 1 de la Ley
860 de 2003 al considerarlos regresivos en materia de seguridad social. Precisó
sobre el punto lo siguiente:
«(…) no puede desconocer, al confrontar los textos normativos del artículo 39
(original) de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los
numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que el Legislador agregó
un requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante. En la
norma -numerales 1° y 2°-, se estipuló la demostración de su fidelidad de cotización
para con el sistema con cotizaciones mínimas del “veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la
fecha de la primera calificación del estado de invalidez”. El establecimiento de una
exigencia adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993,
aparece, prima facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al
hacer más riguroso el acceso a la pensión de invalidez”.
3.4.1. De la pérdida de capacidad laboral como sustento de la pensión de
invalidez
53. La fecha de estructuración de la invalidez y el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral son presupuestos necesarios para determinar si una persona
tiene o no derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez. Mas aún, se
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analiza si el afiliado cotizó las semanas requeridas para tener derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, de conformidad con lo normado
en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de
1993 y en relación con el trámite, se sigue el previsto en el artículo 41 de la Ley 100
de 1993.
3.5. Hechos probados
54. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
55. Henry Realpe Velasco, identificado con la cédula de ciudadanía núm.
10.529.781 solicitó ante Colpensiones, el 28 de febrero de 2012, el reconocimiento
y pago de una pensión de invalidez, con fundamento en el dictamen 222-11 del 20
de octubre de 2011 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío,
en el que estableció como porcentaje de pérdida de capacidad laboral, 54.02 % con
fecha de estructuración el 26 de noviembre de 19969.
56. En respuesta a lo anterior, Colpensiones, mediante Resolución GNR 104355
del 20 de mayo de 201310, reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez a
favor del demandado, en cuantía de $ 589.500, con efectividad a partir del 1 de junio
de 2013.
57. El acto administrativo de reconocimiento pensional fue apelado mediante
escrito del 11 de agosto de 2013 radicado al número 2013-4632064. Colpensiones
resolvió el recurso a través de la Resolución VPB 6616 del 1 de noviembre de 201311
en la que dispuso: i) reliquidar la pensión de invalidez; ii) modificar su fecha de
efectividad al 22 de octubre de 2007; iii) pagar el retroactivo a favor del señor Realpe
Velasco, por valor de $36.225.200. junto con ingreso en nómina a partir del periodo
2013/11.
58. Con posterioridad y en cumplimiento de la sentencia del 4 de septiembre de
2013, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia,
confirmada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil
Familia Laboral, Colpensiones expidió la Resolución GNR 25663 del 5 de febrero
de 201512, a través de la cual ordenó reliquidar la pensión de invalidez reconocida
al demandado, precisó que la fecha de efectividad era el 26 de noviembre de 1996,
y reconoció un nuevo pago por concepto de retroactivo por valor de $ 88.602.363.
59. El Juzgado Segundo Laboral de Armenia advirtió, mediante auto del 24 de
septiembre de 2014, la existencia de anomalías en copias de dictámenes
presentados ante ese despacho para reconocimientos de pensión de invalidez.
Específicamente refirió los emanados de las Juntas de Calificación de Invalidez del
9 C. Principal, folio 77.
10 C. Principal, folios 27 a 28.
11 C. Principal, folios 35 a 39.
12 C. Principal, folios 40 a 42.
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Quindío y Risaralda. De manera concreta y para el caso del señor Henry Realpe
Velasco, la Junta Regional del Quindío afirmó que no encontró en sus archivos
físicos o sistemas de datos calificación alguna que correspondiera al dictamen 222-
1113.
60. En virtud de lo anterior, se compulsaron las correspondientes copias y se
notificó de esta situación a Colpensiones.
61. Según investigación administrativa realizada por el Ministerio de Trabajo, en
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, se pudo establecer que
el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de
invalidez No. 222-11, corresponde a la valoración practicada por dicha junta el día
9 de septiembre de 2011 al señor Jesús María Lozano Gualtero y no al demandado
Henry Realpe Velasco14.
62. Colpensiones adelantó la investigación administrativa especial No. 0033-16,
la cual, mediante auto de cierre 0295-16 del 21 de abril del 2016, concluyó que el
dictamen aportado por el demandado no fue emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Quindío y, en consecuencia, al asegurado no le asiste
derecho al reconocimiento pensional realizado. Por tal razón, se emitió la
Resolución APSUB 2468 del 7 de julio de 201715, en la que se requirió a Henry
Realpe Velasco para que, en el término de un mes, allegara autorización expresa
para revocar el reconocimiento pensional.
3.6. Solución al problema jurídico propuesto
63. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), al no obtener
autorización para revocar el acto administrativo que reconoció la pensión de
invalidez al señor Henry Realpe Velasco, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, con la pretensión de nulidad de la Resolución GNR104355 del 20 de mayo
de 2013, de la Resolución VPB 6616 del 1 de noviembre de 2013, y de la Resolución
GNR 25663 del 5 de febrero de 2015.
64. El Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de decisión, declaró nulas
las citadas resoluciones y condenó al señor Henry Realpe Velasco a devolver a
favor de Colpensiones la totalidad de las mesadas pagadas, debidamente
indexadas y exhortó a la entidad demandante para que, previo al retiro de nómina
del señor Realpe Velasco, realizara un nuevo estudio dirigido a determinar si, en
sus condiciones actuales de salud, puede acceder a otro tipo de modalidad
pensional.
13 Expediente digital plataforma OneDrive, archivo denominado: «OFICIOJUZGADOSEGUNDOLABORAL»
ubicado en la carpeta 002CdExpedienteAdministrativo_Fl_22
14 Expediente digital plataforma OneDrive, archivo denominado: «PRUEBA DICTAMEN» ubicado en la carpeta
002CdExpedienteAdministrativo_Fl_22
15 Expediente digital plataforma OneDrive, archivo denominado: «APSUB 2468 DEL 7 DE JULIO DE2017»
ubicado en la carpeta 008CdCuadernoAdministrativoColpensiones.
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65. Inconforme con la decisión el demandado, a través de su apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación en el que insistió en los problemas de salud del señor
Henry Realpe y que, afirmó fueron demostrados en el curso del trámite
administrativo y en el proceso judicial que anulo el acto de reconocimiento
pensional. Aunado a que, Colpensiones no le informó sobre las anomalías, que
adujo, se presentaron en el trámite administrativo que concluyó con el
reconocimiento pensional.
66. La Sala, al revisar los antecedentes administrativos que fueron aportados al
expediente ordinario, advierte que, contrario a la afirmación del recurrente
relacionada con la no información por Colpensiones de la validez del dictamen,
quedó demostrado que esta entidad realizó la indagación respectiva con el fin de
determinar la veracidad de los hechos advertidos por el Juzgado Laboral en el que
se tramitó el proceso de reliquidación pensional, como también que la entidad
requirió al señor Henry Realpe Velasco, para que diera su consentimiento, con el
fin de revocar el acto administrativo que le reconoció el derecho y frente al cual
guardo silencio.
67. En este punto de la providencia, es importante destacar que si bien al
presente proceso no se trajo prueba del resultado de la investigación penal
adelantada con ocasión a la compulsa de copias ordenada mediante auto del 24 de
septiembre de 2014, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia16,
esta circunstancia, a juicio de la Sala, no le resta credibilidad al resultado de las
investigaciones administrativas que llevaron a cabo Colpensiones, el Ministerio de
Trabajo y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Quindío y que
concluyeron que el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y
determinación de invalidez No. 222-11, corresponde a la valoración practicada por
dicha junta el día 20 de octubre de 2011 a una persona distinta al aquí demandado
Henry Realpe Velasco17.
68. De esta manera la nulidad del acto administrativo demandado y de los que
se expidieron con posterioridad y reconocieron la reliquidación de la mesada y el
retroactivo pensional, se impone tal y como lo precisó el Tribunal en la sentencia
que es objeto de revisión por esta instancia.
69. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no desconoce la situación actual de salud
del demandado que motivó que el juez de primera instancia exhortará a
Colpensiones, para que, antes de que lo retire de la nómina de pensionados,
adelante un nuevo estudio en el que determine si puede acceder a alguna
modalidad pensional, en garantía de sus derechos fundamentales, teniendo en
cuenta además que se trata de un sujeto de especial protección constitucional, no
16 Expediente digital plataforma OneDrive, archivo denominado: «OFICIOJUZGADOSEGUNDOLABORAL»
ubicado en la carpeta 002CdExpedienteAdministrativo_Fl_22
17 Expediente digital plataforma OneDrive, archivo denominado: «PRUEBA DICTAMEN» ubicado en la carpeta
002CdExpedienteAdministrativo_Fl_22
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solo por su edad18 (tiene más de 60 años), sino por las afectaciones de salud que
viene padeciendo desde hace varios años.
70. En punto al anterior argumento debe precisar la Sala que, al estar en el
escenario del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de lesividad, de ninguna manera es posible entender que se está
disponiendo o definiendo el derecho pensional al demandado pues, será en sede
administrativa que la entidad resuelva lo que corresponda en atención a la
existencia del nuevo dictamen que se aportó al presente proceso, o del que en el
futuro se realice en el trámite pertinente, a juicio de la obligada al reconocimiento y
pago de la prestación.
71. En efecto, es importante destacar que el interés en la pretensión radica, para
el caso concreto, en la demandante Colpensiones dado que, este se traduce en la
manifestación de voluntad que busca un efecto jurídico específico materializado en
la demanda y que no es otro que la nulidad de los actos de reconocimiento pensional
por invalidez expedidos con fundamento en un dictamen que resultó contrario a la
realidad. Por tal razón es importante dejar claro que la protección que en esta
sentencia se otorga guarda correspondencia con los derechos fundamentales del
demandado al mínimo vital, a la salud, a la vida, y permiten hacer efectivos los
principios de universalidad y solidaridad que rigen el sistema de seguridad social19,
pero, sin que ello implique, como ya se dijo, la definición del derecho a recibir
pensión en cualquiera de sus modalidades, pues para ello debe agotar el interesado
el procedimiento administrativo que corresponda.
72. Ahora bien, lo expuesto conduce a la Sala a concluir que no basta con
exhortar a la entidad, sino que se hace necesario emitir una orden perentoria a
Colpensiones, para que, en atención a la condición de sujeto de especial protección
constitucional del demandado 20 , se pronuncie sobre el estado de invalidez y el
derecho que podría derivar de tal situación en adelante, en un término de dos (2)
meses siguientes a la notificación de esta decisión.
73. En consecuencia, el retiro de la nómina de pensionados del señor Henry
Realpe Velasco solo procederá cuando la entidad defina el derecho pensional
derivado de la condición de invalidez actual, pues solo así se logrará hacer efectivo
18 Ley 2055 de 2020 art. 2. “Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una
edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros,
el de persona adulta mayor.
19 Sentencia T-046 de 2024: la inobservancia de los preceptos legales que regulan la valoración de la pérdida
de la capacidad laboral y la negativa por parte de las entidades obligadas a realizar la valoración de la persona
cuando su situación de salud lo requiere, configuran una transgresión del derecho a la seguridad social. De
igual forma, se erigen en obstáculos para el goce de las garantías fundamentales a la salud, la vida digna y el
mínimo vital. Esto, al impedir determinar el origen de la afección y el nivel de alteración de la salud y de la
pérdida de capacidad laboral del trabajador o del usuario del sistema.
20 T-1178 de 2008. La condición de sujetos de especial protección constitucional en lo que respecta a los adultos
mayores adquiere mayor relevancia cuando: (i) los reclamos se hacen en el plano de la dignidad humana, o (ii)
está presuntamente afectada su “subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital entre otros.
Así, le corresponde a las autoridades y, particularmente, al juez constitucional obrar con especial diligencia
cuando se trate de este tipo de personas, pues, en atención a sus condiciones de debilidad manifiesta, resulta
imperativo aplicar criterios eminentemente protectivos a favor de las mismas.
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y consolidar el derecho que pueda tener y proteger sus garantías fundamentales.
3.6. Conclusión de la decisión
74. La Sala modificará el exhorto dado a Colpensiones, y emitirá una orden
perentoria para que se estudie la nueva situación del demandado conforme al
dictamen que se aportó al proceso o el que la entidad considere pertinente ordenar.
En lo demás se confirmará el fallo apelado, que accedió a las pretensiones de la
demanda, en la medida en que no era posible el reconocimiento de la pensión de
invalidez del demandado, con fundamento en un dictamen fraudulento.
75. Finalmente, es necesario reconocer al abogado David Jesús Vivas Córdoba,
identificado con cédula de ciudadanía 1.085.282.075 de Pasto y tarjeta profesional
268.535 del C.S. de la J. 21 , como apoderado sustituto de Colpensiones, 22 de
conformidad con el poder de sustitución presentado el 9 de junio de 2024.
3.7. Costas
76. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario23 de la Subsección sobre el artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, consistente en que, para decretar la condena en costas, debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo
tanto, la Sala se abstendrá de imponer costas en esta instancia, dado que no se
advierte que el señor Henry Realpe Velasco haya incurrido en las anteriores
conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21 No registra sanciones vigentes
22 Memorial presentado el 9 de julio de 2024 visible en la anotación 00036 de SAMAI
23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
16
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00603-01 (1475-2021)
Demandante: Colpensiones
Demandado: Henry Realpe Velasco
Falla:
Primero: Revocar el exhorto emitido por la primera instancia en el numeral tercero
de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en su lugar:
Ordenar a Colpensiones pronunciarse sobre el estado de invalidez del señor
Henry Realpe Velasco y el derecho que podría derivar de tal situación en
adelante, en un término perentorio de dos (2) meses contados a partir de la
notificación de esta decisión, tiempo durante el cual deberá continuar en la
nómina de pensionados.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, Sala Quinta de decisión, el 9 de julio de 2020, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Tercero: Sin condena en costas.
Cuarto: Reconocer al abogado David Jesús Vivas Córdoba, identificado con cédula
de ciudadanía 1.085.282.075 de Pasto y tarjeta profesional 268.535 del C.S. de la
J, como apoderado sustituto de Colpensiones.
Quinto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase,
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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