Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2017-00605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2017-00605-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
22 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001 23 33 000 2017 00605 01 (5990-18)
Demandante: Rafael Martínez Marín
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión docente. Ingreso Base de Liquidación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 26 de julio del 2018 por el Tribunal Administrativo del
Quindío por medio de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Rafael Martínez Marín formuló demanda ante
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 63001 23 33 000 2017 00605 01 (5990-18)
Demandante: Rafael Martínez Marín
la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en orden a que se declare la
nulidad parcial de la Resolución 412 del 8 de junio del 2000, proferida por el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Regional Quindío, por medio de
la cual se le reconoció una mesada pensional.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: (i) condenar al Fomag al pago de una mesada pensional a partir del 1 de
marzo del 2000, equivalente al 75 % del promedio de los salarios, sobresueldos,
primas y demás factores salariales devengados durante los 12 meses anteriores al
momento del retiro definitivo del servicio; (ii) del valor que resulte de la condena,
descontar lo pagado en virtud de la Resolución 412 del 8 de junio del 2000; (iii)
aplicar los reajustes de ley sobre la mesada pensional reconocida; (iv) pagar las
mesadas atrasadas desde el momento de la consolidación del derecho hasta el
momento de inclusión en nómina de pensionados; (v) que el cumplimiento del fallo
se dé en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 del 2011; (vi) ordenar el pago
de intereses moratorios a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia; y (vii)
condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los
siguientes:
i) El señor Rafael Martínez Marín laboró por más de 20 años en el servicio docente
oficial, motivo por el que le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de
jubilación que fue reliquidada a través de la Resolución 412 del 8 de junio del
2000, para cuyo cálculo no se tuvieron en cuenta la totalidad de factores salariales
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Demandante: Rafael Martínez Marín
devengados durante el último año de servicio, tales como las horas extras y las
primas de navidad, vacaciones y servicios.
ii) Contra el anterior acto administrativo solo procedía el recurso de reposición,
cuya interposición no es obligatoria, por lo que no se adelantaron otras
actuaciones en sede administrativa.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
En el escrito inicial de la demanda se invocaron como violadas las Leyes 33 de
1985; 62 de 1985; 71 de 1988; 91 de 1989; y los Decretos 1045 de 1978 y 1060
de 1989. En desarrolló del concepto de la violación, la parte demandante expuso
los siguientes argumentos:
i) Al señor Rafael Martínez le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de
jubilación en aplicación de las Leyes 91 de 1989, que remite a las condiciones de
la Ley 33 de 1985, que concede una mesada en cuantía del 75 % del salario
promedio que sirvió de base para efectuar aportes al sistema pensional durante el
último año de servicio.
ii) La Ley 33 de 1985 no contiene, de forma taxativa, los factores salariales que
deben conformar el ingreso base de liquidación que debe ser utilizado para
establecer el valor final de la mesada, razón por la que resulta necesario acudir a
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
iii) En el ingreso base de liquidación deben incluirse todos aquellos factores
salariales que hayan sido percibidos por el trabajador de forma continua y como
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Demandante: Rafael Martínez Marín
contraprestación del servicio prestado, pues así lo dispuso el Consejo de Estado
en sentencia de unificación del 10 de agosto del 2010.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, contestó la demanda por medio de memorial visible en los
folios 44 al 60, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, de acuerdo con lo siguiente:
i) En materia de pensiones de jubilación de los docentes del Fondo Nacional de
Prestaciones es necesario acudir a la Ley 91 de 1989 y al Decreto 2831 del 2005,
en donde se establecen las condiciones y el trámite para obtener el
reconocimiento de tal derecho.
ii) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no intervino en el
proceso de reconocimiento de la mesada pensional del demandante, cuyo pago
debe ser asumido por La Previsora S.A. lo que quiere decir que toda decisión que
comprometa los fondos administrados por esa fiduciaria requiere de una
apropiación presupuestal.
iii) Finalmente propuso las excepciones de omisión del requisito de procedibilidad,
falta de integración del contradictorio, vinculación de litisconsorte, ineptitud
sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia del demandado, caducidad, inexistencia de la causa, prescripción,
cobro de lo no debido y buena fe.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
1.3 La sentencia apelada
El 26 de julio del 2018, el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Quinta de
Decisión, accedió a las pretensiones de la demanda, pues declaró la nulidad de la
Resolución 412 del 8 de junio del 2000, por la cual se reliquidó la mesada
pensional del demandante, y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la
parte accionada incluir en el ingreso base de liquidación todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, es decir, además de los ya
incluidos en sede administrativa, las horas extras y las doceavas partes de la
prima de navidad y la prima de exclusividad.
El sustento de la anterior decisión fue el siguiente:
i) El señor Rafael Martínez Marín tiene derecho a que su pensión de jubilación sea
calculada con base en el régimen que le es aplicable, tal como lo ha considerado
la Corte Constitucional en sentencias T-235 del 2002 y T-351 del 2010, que en el
presente caso resulta ser aquel aplicable a los docentes oficiales afiliados el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ii) El Consejo de Estado1 ha fijado una línea clara, según la cual para liquidar la
mesada pensional es necesario tener en cuenta todos los aquellos emolumentos
devengados por el empleado, aunque sobre ellos no se hubieren efectuado
cotizaciones, «sin perjuicio de que se haga el descuento respectivo por esos
valores que no se descontaron a favor del sistema en su debido momento».
1 No se identificaron los antecedentes a los que se hace alusión.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
iii) De conformidad con el certificado de salarios aportado al proceso, el señor
Martínez Marín devengó los factores de sueldo, prima de vacaciones, prima de
navidad, prima de exclusividad y horas extras doble jornada. Estos últimos 3
factores no fueron incluidos en el ingreso base de liquidación para calcular la
mesada, a pesar de tener la vocación de conformar el IBL.
iv) De acuerdo con lo anterior, hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado
y ordenar la inclusión de los factores dejados de computar, así como declarar la
prescripción de las sumas causadas antes del 23 de noviembre del año 2014.
Además, se dispuso el ajuste de lo adeudado, en los términos del artículo 192 de
la Ley 1437 del 2011.
1.4. El recurso de apelación
Por medio de memorial visible en los folios 87 al 96, la parte demandada interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con
las siguientes razones de disentimiento:
i) El fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quindío no se ajusta al
ordenamiento jurídico, pues el artículo 3 del Decreto 3752 del 2003 2 [sic] dispuso
que la base de liquidación de la mesada pensional no puede ser distinta de la
base de cotización al sistema pensional.
ii) El ingreso base de liquidación para calcular la pensión de los docentes
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 91 de
2 El artículo 3 del Decreto 3752 del 2003 fue derogado por el artículo 160 de la Ley 151 del 2006.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
1989 debe estar conformado por los factores descritos en el Decreto 1158 de
1994, los cuales coinciden con aquellos sobre los cuales se realizaron aportes por
el riesgo de vejez.
iii) El derecho del señor Rafel Martínez no debe ser reclamado al Ministerio de
Educación Nacional, pues el reconocimiento y pago de derechos a cargo del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio está en cabeza de la entidad
territorial y de la sociedad fiduciaria administradora del fondo [sic].
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Solo la parte demandada allegó alegatos de conclusión por medio de memorial
visible en el índice 37 del portal Samai, en donde reiteró los argumentos del
recurso de apelación y solicitó que se le absuelva de las pretensiones de la
demanda
1.6. El Ministerio Público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a determinar si los factores salariales cuya inclusión ordenó el
Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia de primera instancia del 26 de
julio del 2018 tienen la vocación de conformar el ingreso base de liquidación de la
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Demandante: Rafael Martínez Marín
mesada pensional del señor Rafael Martínez Marín y si es la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la
entidad encargada de reconocer y pagar el derecho reclamado.
2.2. Marco normativo
Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente
al régimen pensional de docentes oficiales
Para resolver el problema jurídico le corresponde a la Subsección dar aplicación a
la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado3, en la cual se estableció la forma de liquidar la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
conforme a las siguientes reglas:
a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
3Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-014-CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17), Actor: Abadía Reynel
Tolosa
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Demandante: Rafael Martínez Marín
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la
Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado
artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985
son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto
al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que
contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales
1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 %
equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del
rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…]
62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación
sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben
tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente
regla:
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en
cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la
base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso
base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores
sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que
quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se
señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33
de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre
Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en
10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio que obra dentro del proceso, se
establece lo siguiente:
i) El 8 de junio del 2000, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, Regional Quindío, por conducto de los representantes del Ministerio de
Educación Nacional ante el departamento del Quindío y la Oficina de Prestaciones
Sociales del Fondo Educativo Regional del Quindío, reliquidó la pensión de
jubilación que le había sido concedida al señor Rafael Martínez Marín. El acto
administrativo es del siguiente tenor:
Que mediante solicitud radicada bajo el N° 0079 de fecha 06-04-2000 el señor
Rafael Martínez Marín […] solicita el reconocimiento y pago de la reliquidación de
la pensión de jubilación como docente nacional reconocida por el Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Que el retiro definitivo se produjo mediante Resolución N°086 de 02-14-2000
emanado de la Secretaría de Educación Municipal de Armenia.
Que los factores salariales que sirvieron de base para esta liquidación son:
FACTOR VALOR
Sueldo promedio último año $ 1.037.663
Sobresueldo 198.640
Prima de vacaciones 43.263
Subsidio de alimentación 450
Que los fundamentos legales para la reliquidación son entre otros las Leyes 71 de
1988 y 91 de 1989.
En virtud de lo expuesto
RESUELVE
artículo primero: reconocer y pagar a favor de Rafael Martínez Marín […] por
concepto de la reliquidación de la pensión de jubilación la suma de $ 959.992 a
partir del 01-03-2000.
[…]
ii) De acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío, el señor Rafael Martínez Marín devengó, entre el 01
de enero y el 31 de diciembre de 1999, los factores salariales de sueldo, prima de
exclusividad, prima de vacaciones, prima de navidad y horas extras.4
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Pues bien, para resolver el presente asunto es necesario precisar que el señor
Rafael Martínez Marín interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho con el propósito de lograr la nulidad parcial de la Resolución 412 del 8 de
junio del 2000, proferida por la Oficina de Prestaciones Sociales del Fondo
4 Folio 22
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Educativo del Quindío y el Ministerio de Educación Nacional, y que, en
consecuencia, se ordenara reliquidar su mesada pensional en el sentido de incluir,
en el ingreso base de liquidación, todos los factores salariales percibidos durante
el último año de servicio.
Así, en sentencia de primera instancia del 26 de julio del 2018, el Tribunal
Administrativo del Quindío accedió a lo pedido por el demandante, decisión que
motivó la interposición del recurso de apelación que es objeto de pronunciamiento
en esta oportunidad. En ese sentido, los argumentos de la alzada son,
primordialmente, dos, a saber: (i) el referido a los factores salariales que deben
conformar el ingreso base de liquidación; y (ii) el relativo a la competencia del
Misterio de Educación Nacional frente al reconocimiento y pago de la mesada
discutida.
En virtud de lo anterior, resulta necesario aclarar que la competencia del juez de
segunda instancia está dada por los puntos de discordia manifestados por la parte
apelante en relación con la decisión cuestionada, es decir, que al ad quem, en
términos generales, solo le está dado pronunciarse sobre los supuestos de
desacuerdo o discrepancia manifestados por el recurrente. En ese sentido, cabe
precisar que en esta oportunidad no se ha puesto en discusión lo relativo a, por
ejemplo, el régimen aplicable, el régimen de transición, los requisitos para adquirir
el derecho o el periodo de liquidación, sino que tales aspectos fueron establecidos
en sede administrativa y no han sido cuestionados a través del presente medio de
control, razón por la que no serán objeto de análisis.
En ese sentido, en cuanto a los factores salariales que deben hacer parte del
ingreso base de liquidación es necesario precisar que, de acuerdo con la
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Demandante: Rafael Martínez Marín
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril del 2019,
el ingreso base de liquidación para efectos de calcular las pensiones de jubilación
de los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003
debe estar conformado por aquellos factores salariales sobre los cuales se
efectuaron aportes al sistema pensional, de conformidad con el artículo 1 de la Ley
62 de 1985.
De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de la pensión de jubilación del señor
Rafael Martínez debe ajustarse exclusivamente a aquellos emolumentos que
conformaron la base de cotización y que se encuentran expresamente enlistados
en la Ley 62 de 1985. Así las cosas, para determinar si le asiste razón o no al
apelante único, es necesario acudir a las pruebas aportadas al proceso, de forma
que pueda establecerse si los factores salariales cuya inclusión ordenó el Tribunal
Administrativo del Quindío fueron objeto de aportes al sistema pensional, de modo
que se justifique su inserción en el ingreso base de liquidación del demandante.
De ese modo, a partir del certificado visible en el folio 22 el señor Martínez Marín
devengó, durante el último año de servicio, los factores correspondientes a sueldo,
prima de exclusividad, prima de vacaciones, prima de navidad y horas extras
doble jornada, percibidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2000.
Entonces, de conformidad con los factores enlistados en la Ley 62 de 1985, el
pensionado tiene derecho a que su base de liquidación esté conformada por los
siguientes factores: sueldo y horas extras doble jornada.
Ahora, en cuanto a los factores de prima de exclusividad y prima de navidad, cuya
inclusión fue ordenada por el Tribunal Administrativo del Quindío, esta Subsección
encuentra que no tienen la vocación de conformar el ingreso base de liquidación
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Demandante: Rafael Martínez Marín
del demandante, razón por la que se impone el deber de modificar la sentencia
apelada, en el sentido de excluir tales emolumentos de la orden de reliquidación
impartida por el a quo, al paso que se mantendrá lo dispuesto en relación con el
factor de horas extras, toda vez que este sí se encuentra enlistado en la norma
citada.
En estas condiciones, de la revisión del acto administrativo cuestionado se
advierte que en sede administrativa la parte demandada calculó el monto del
derecho pensional discutido teniendo en cuenta los factores de sobresueldo, prima
de vacaciones y subsidio de alimentación, los cuales, en virtud de la sentencia de
unificación del 25 de abril del 2019 no deberían hacer parte del ingreso base de
liquidación; sin embargo, se mantendrá su inclusión en el IBL, debido a que su
exclusión haría más gravosa la situación del demandante, quien acudió a la
jurisdicción de lo contencioso – administrativo en procura de mejorar las
condiciones de su mesada.
En este punto, es importante señalar que en el expediente no obra prueba de que
el señor Martínez Marín haya devengado el subsidio de alimentación antes citado;
no obstante, tal emolumento fue incluido por el Fomag en el acto demandado,
razón por la que no se emitirán consideraciones sobre el particular, en atención a
que una conclusión negativa sobre el estudio de dicho factor afectaría
negativamente el derecho pensional del señor Martínez Marín, objeto que sería
ajeno y contrario a las pretensiones y el propósito del presente medio de control.
Así las cosas, la pensión del señor Rafael Martínez debe calcularse con base en
los factores salariales utilizados por el Fondo de Prestaciones Sociales del
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Magisterio en sede administrativa5 y, además, debe incluirse el relativo a las horas
extras por ser un factor enlistado en la Ley 62 de 1985.
Finalmente, sobre la competencia de la entidad demandada para el
reconocimiento y pago de la mesada pensional objeto de estudio, es importante
indicar que el legislador, mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, dispuso
la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y
estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad, entre otras, es el pago de las
prestaciones sociales de sus afiliados, esto es, de los docentes.
Así se advierte en el artículo 5.º ibídem:
ARTÍCULO 5o. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrá
los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.
2. Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará
con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del
Fondo.
3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el
estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y
constituir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las
obligaciones que en materia prestacional deba atender el Fondo, que además
pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el
Ministerio de Hacienda.
4. Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le
corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.
5 Correspondientes a sueldo, sobresueldo, prima de vacaciones y subsidio de alimentación.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus
obligaciones.
[negrilla fuera de texto]
Ahora bien, en lo que respecta a los a los recursos económicos que hacen parte
del citado Fondo, el artículo 8 ibidem indicó que ellos estarían integrados,
principalmente, por los aportes de los docentes afiliados, en cuantía del 5% del
sueldo básico mensual. En lo que se refiere al manejo de los recursos que
integran el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3
ibidem dispuso que para tal efecto el Gobierno nacional suscribiría un contrato de
fiducia mercantil con una entidad de naturaleza estatal o de economía mixta la
cual se encargaría de su administración.
Posteriormente, el presidente de la República, mediante Decreto 1775 de 3 de
agosto de 1990, reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio; en relación con el trámite de las solicitudes
de reconocimiento y pago de prestaciones económicas de los docentes, se indicó
que debían ser radicadas ante la Oficina de Prestaciones Sociales del respectivo
Fondo Educativo Regional, quien procedería a realizar el estudio de la
documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la
correspondiente resolución de reconocimiento.
Sin embargo, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República
mediante el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, dispuso que las prestaciones
sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el
Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte
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Demandante: Rafael Martínez Marín
de quien administre el Fondo, el cual, en todo caso, debía ser elaborado por la
entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente.
Según lo explicado, las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento
y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene tanto la
secretaría de educación del ente territorial en el cual presta sus servicios el
docente, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento
prestacional, como la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fomag,
a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución.
Por todo lo expuesto se puede determinar que es al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a quien le corresponde, como cuenta
especial de la Nación con independencia patrimonial, contable y estadística, pagar
las prestaciones sociales, como quiera que las secretarías o los fondos regionales
de educación solo se encargan de contribuir al trámite de la solicitud de
reconocimiento pensional, pero no están llamadas a asumir la obligación de pago
del derecho.
Visto lo anterior, si bien el Fondo Educativo Regional del Quindío participó en la
elaboración el acto administrativo demandado, lo cierto es que lo hizo en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por ser la entidad legalmente encargada de elaborar el
proyecto de resolución que reconoce o niega la prestación social, la cual, con
posterioridad, debe ser aprobada o no por la sociedad fiduciaria que administra los
recursos del Fondo de Prestaciones.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Así las cosas, es la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio la llamada a asumir las obligaciones que se
desprendan de la sentencia condenatoria expedida dentro del presente proceso,
razón por la que se concluye que el segundo argumento de la apelación no está
llamado a prosperar.
2.5 De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 20166, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso7, la Sala se abstendrá de condenar
en costas, en cuanto no resultaron probadas y la alzada será resuelta de forma
parcialmente favorable.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia y en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio, la Sala estima
que la sentencia de primera instancia debe ser modificada, en el sentido de excluir
de la orden de reliquidación pensional los factores de prima de navidad y prima de
exclusividad, pues no se encuentran enlistados en la Ley 62 de 1985, al paso que
se mantendrá lo pertinente en relación con el factor de horas extras, pues este sí
debe hacer parte del ingreso base de liquidación del demandante.
7 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Demandante: Rafael Martínez Marín
Además, se arribó a la conclusión de que la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es la entidad
llamada a asumir la obligación que se desprende de la sentencia condenatoria
proferida dentro del presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Modificar el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia
proferida el 26 de julio del 2018 por el Tribunal Administrativo del Quindío, dictada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor
Rafael Martínez Marín en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que se accedió a
las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión, el cual quedará del siguiente modo:
Cuarto: a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reconocer y pagar la mesada pensional del señor Rafael Martínez Marín con
inclusión, en el ingreso base de liquidación y además de los ya tenidos en
cuenta en sede administrativa, del factor de horas extras, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada del 26 de julio del 2018,
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.
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Radicado: 63001 23 33 000 2017 00605 01 (5990-18)
Demandante: Rafael Martínez Marín
Tercero. No condenar en costas de segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el portal Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente8
LBC
8 CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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