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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00022-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00022-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Claudia Marina Martínez Gil contra la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI», y ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2018-00022-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63 001 23 33 000 2018 00022 01 (2194-2022)
Demandante: Claudia Marina Martínez Gil
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculada: Betty Leonarda Pérez Peña
Tema: Procuradora judicial en provisionalidad. Retiro del servicio
por provisión del cargo en carrera administrativa.
Competencia del Procurador General de la Nación para
realizar el concurso de méritos.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante en contra de la sentencia de fecha 15 de abril de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, la parte demandante exigió lo
siguiente:

• Anular el Decreto 3687 de 8 de agosto de 2016,1 a través del cual el Procurador
General de la Nación nombró en periodo de prueba a la señora Betty Leonarda
Pérez Peña y consecuentemente dispuso el retiro del servicio de la demandante.

• Anular el oficio SG N° 4352 de 12 de agosto de 2016,2 suscrito por el Secretario
(E) General de la Procuraduría General de la Nación, por medio del cual se le
informó a la demandante la terminación de su vínculo laboral.

• Ordenar el reintegro de la actora al mismo cargo que venía desempeñando o a
otro de igual o superior jerarquía, sin solución de continuidad.

1 Expediente digital, índice 2 SAMAI.
2 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 63 001 23 33 000 2018 00022 01 (2194-2022)
Demandante: Claudia Marina Martínez Gil

• Ordenar a la entidad demandada pagar a la demandante todos los salarios y
prestaciones sociales causadas desde su retiro del servicio y hasta la fecha en
que se produzca su reintegro.

• Ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en los
artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

• La demandante fue nombrada en provisionalidad para desempeñar el cargo de
Procurador Judicial II, Código 3PJ, Grado EC, en la Procuraduría 41 Judicial II
para Asuntos Penales de Armenia.

• Mediante Resolución 040 del 20 de enero de 2015, la accionada dio apertura al
proceso de selección para proveer los cargos de procuradores judiciales y
reglamentó las condiciones generales de la convocatoria.

• Por Resolución 357 de 11 de julio de 2016, la entidad demandada conformó la
lista de elegibles para proveer las vacantes definitivas existentes en el empleo de
la actora, dentro del orden de elegibilidad quedó la abogada Betty Leonarda
Pérez Peña.

• Mediante Decreto 3687 de 8 de agosto de 2016, el Procurador General de la
Nación nombró en periodo de prueba a la citada profesional en el cargo que la
demandante ocupaba en provisionalidad. La anterior decisión fue notificada por
oficio SG N° 4352 de 12 de agosto de 2016.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 2, 13, 25, 53, 125 y 279 de la Constitución política.

• Artículo 182 del Decreto Ley 262 del 2000.

En el concepto de violación, se expuso lo siguiente:

• Violación de la ley y normas superiores: en esencia, señaló que al efectuar
el nombramiento en periodo de prueba de la doctora Betty Leonarda Pérez Peña
y consecuentemente disponer el retiro del servicio de la actora, la Procuraduría
General de la Nación pretermitió la normatividad existente, pues la convocatoria
para proveer esos empleos está viciada de nulidad.

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Demandante: Claudia Marina Martínez Gil

Continuó afirmando que en cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-101 de 2013, la entidad demandada convocó a
concurso de méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales,
patrocinando:

i) La ausencia de una ley que regulara la vinculación de esos funcionarios y
determinara el régimen laboral al cual pertenecen y;

ii) El incumplimiento de la normatividad aplicable al respecto, en tanto única y
exclusivamente la ley es la que debe precisar el régimen laboral aplicable a cada
especialidad.

En línea con ello, adujo que la Corte Constitucional se tomó atribuciones que no
le competían, en razón a que, ante la inexistencia de una ley, no podía ordenar
la realización de una convocatoria pública para la provisión de los empleos de
procuradores judiciales. En consecuencia, aseguró que con la inexequibilidad del
vocablo «procuradores judiciales» contenido en el artículo 182 del Decreto Ley
262 del 2000, esos empleos dejaron de ser de libre nombramiento y remoción y,
por tanto, quedaron desprovistos de un régimen de carrera, motivo suficiente para
que el legislador definiera el sistema al cual pertenecerían.

• Decaimiento del acto administrativo demandado: a juicio de la parte
demandante, el Decreto 3687 de 8 de agosto de 2016 «que designó en periodo
de prueba a la abogada Betty Leonarda Pérez Peña» decayó en sus efectos,
pues con la declaratoria de nulidad de la elección del Procurador General de la
Nación, las decisiones proferidas por él tienen que sufrir las mismas
consecuencias.

• Desviación de poder: para el abogado censor, el Procurador General de la
Nación no podía aplicar a los procuradores judiciales el régimen de carrera
establecido para los demás empleados de esa entidad, pues al hacerlo incurrió
en una desviación y abuso de poder, en tanto el Congreso de la República es el
único órgano Estatal facultado para definir y estructurar aquel sistema de
selección. Por consiguiente, adujo que ese alto funcionario erró al concluir que
con la sentencia C-101 de 2013, los procuradores judiciales pasaron en forma
inmediata a ser beneficiarios del régimen de carrera del resto de servidores de la
Procuraduría General de la Nación.

• Falsa motivación: arguyó que la falsa motivación del acto administrativo
acusado se estructura al nacer a la vida jurídica con base en un concurso de
méritos llevado a cabo sin existir un régimen especial definido por el legislador,
para proveer los cargos de procuradores judiciales. En tal contexto, señaló que
no es acertado concebir que el Decreto 3687 de 8 de agosto de 2016, se
encuentre conforme a derecho cuando su motivación obedece a un concurso de
méritos que convocó inapropiadamente la demandada, dado que no tenía la
facultad legal para ello.

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Demandante: Claudia Marina Martínez Gil

1.4 Contestación de la demanda.

1.4.1 Vinculado: Betty Leonarda Guerra Sierra

Dentro de la oportunidad de ley, la vinculada contestó la demanda,3 oponiéndose
a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como argumentos de
defensa, esgrimió los siguientes:

• La equiparación establecida en el artículo 280 de la Constitución Política, no es
razón suficiente para concluir que todo concurso de méritos para proveer los
cargos de procuradores judiciales, necesariamente deba ser idéntico al
tradicionalmente diseñado para los jueces y magistrados. Pues como lo ordenó la
Corte Constitucional, para la provisión de dichos empleos deben seguirse las
reglas del sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación, contenido
íntegramente por el Decreto Ley 262 del 2000.

• Para la expedición de la Resolución N° 040 de 20 de enero de 2015, no era
necesaria la expedición de una ley, pues la incorporación automática de los
procuradores judiciales al sistema de carrera administrativa consagrado en el
Decreto Ley 262 del 2000, fue expresamente ordenada por la Corte Constitucional
en una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.

• La legalidad del acto administrativo arriba citado ya fue estudiada por el Consejo
de Estado, razón por la que cualquier pronunciamiento relacionado con el debe
ajustarse a lo resuelto por esa Corporación.

• La convocatoria plasmada en esa resolución fijó las reglas del concurso de
méritos para proveer los cargos de procuradores judiciales; por ello no es
aceptable que después de agotadas sus etapas y efectuados los nombramientos
y los respectivos retiros del servicio, se pretenda cuestionar la legalidad de ese
proceso de selección.

• La posible nulidad de esa convocatoria general no tendría ningún efecto
invalidante frente al acto administrativo de nombramiento de la vinculada, por
cuanto tal actuación constituye para ella una situación jurídica consolidada que le
resulta beneficiosa.

• Finalmente, alegó que el decaimiento de un acto administrativo genera la perdida
de ejecutoria del mismo, pero no afecta su validez.

1.4.2 La Procuraduría General de la Nación: Dentro de la oportunidad de ley,
la accionada contestó la demanda,4 oponiéndose a la prosperidad de sus
pretensiones. Como argumentos de defensa expuso lo siguiente:

3 Expediente digital, índice 2 SAMAI.
4 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Demandante: Claudia Marina Martínez Gil

• La Procuraduría General de la Nación emitió la Resolución N° 040 de 20 de
enero de 2015, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-101 de 2013. En consecuencia, sostuvo que las decisiones proferidas
por aquella Corporación en ejercicio del control de constitucionalidad, son de
“obligatorio cumplimiento” y tienen “efectos erga omnes”, pues así lo ha definido
el artículo 48 de la Ley 270 de 1996. Por ese motivo, afirmó que su defendida
debía acatar en su integridad esa providencia.

• No es cierto que la Corte Constitucional haya legislado con la declaratoria de
inexequibilidad contenida en la señalada decisión, como lo aseveró la parte
demandante, pues nada le impedía adoptar esa decisión al advertir que la norma
era contraria al orden constitucional. Así entonces, ante esa consecuencia, no
podía quedar en el limbo la naturaleza de los empleos de procuradores judiciales
hasta que el Congreso de la Republica legislara sobre el particular. En ese orden,
expresó que esos empleos, al perder la calidad de libre y nombramiento y
remoción, se convirtieron en cargos de carrera administrativa, al tenor de lo
preceptuado en el artículo 125 de la Carta Política.

• Es equivocado el argumento de la parte actora relacionado con que antes de
ofertar esas vacantes se debió promover una iniciativa legislativa para regular el
sistema de carrera administrativa de los agentes del ministerio público, por lo que
la exigencia de igualdad frente al régimen de selección de los funcionarios
judiciales resulta improcedente. Lo anterior, por cuanto tal asunto ya fue resuelto
en la citada sentencia de constitucionalidad, al señalar que los cargos en mención
debían pertenecer al régimen actual de carrera de la Procuraduría General de la
Nación. Esa decisión fue reiterada posteriormente en el auto de fecha 6 de
diciembre de 2013, por medio del cual se resolvió la solicitud de nulidad
presentada en contra de esa providencia.

• Finalmente, alegó que la anulación del acto de elección del Procurador General
de la Nación no conlleva el decaimiento del Decreto 3687 de 8 de agosto de 2016,
toda vez que, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado,
en aras de garantizar el orden y la seguridad jurídica, es procedente reconocer la
validez de los actos administrativos expedidos por funcionarios cuyo
nombramiento, designación o elección es anulado posteriormente, pues se
encuentran amparados por la presunción de legalidad.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia adiada 15 de abril de 2021,5 el Tribunal Administrativo del
Quindío negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandante. Con tales propósitos, el a quo, luego de
referenciar: i) el alcance de las decisiones contenidas en la sentencia C-101 de
2013 y en el auto 255 de fecha 6 de diciembre de 2013, emitidos por la Corte
Constitucional; ii) las sentencias de constitucionalidad como fuente directa de

5 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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derecho y de obligatorio acatamiento para las autoridades administrativas y; iii)
los hechos probados, concluyó que:

• El acto administrativos acusado por la demandante se ajustó al orden jurídico
vigente, en la medida que el nombramiento de la señora Betty Leonarda Pérez
Peña, en el cargo de Procurador Judicial II Código 3PJ, Grado EC, en la
Procuraduría 41 Judicial II Penal de Armenia, fue producto de un concurso
público ordenado en una sentencia de constitucionalidad, decisión que era de
obligatorio cumplimiento, máxime cuando dicha providencia definió que ese
empleo tendría la naturaleza jurídica de un empleo de carrera administrativa, lo
que implicaba en forma forzosa que la entidad demandada materializara el
principio del mérito y llevara hasta su culminación el concurso correspondiente,
como mecanismo constitucional y legal para proveer las vacantes de esa estirpe.

• La anulación del nombramiento del Procurador General de la Nación, no afecta
la legalidad de los actos administrativos demandados, en la medida en que en
aquella decisión se analizaron las calidades, el procedimiento y/o las normas
aplicables para acceder al cargo, sin incidencia alguna sobre la presunción de
legalidad que orbita sobre aquellos.

• El Decreto 3687 del 8 de agosto de 2016 no fue expedido con “desviación y
abuso de poder”, por cuanto este siguió los lineamientos contenidos en la
Resolución No 040 del 20 de enero de 2015, y cumpliendo una orden judicial
perentoria y de raigambre constitucional, en la que se estableció con claridad que
no era necesario expedir en forma previa un régimen especial de carrera para tal
efecto. Esto, por cuanto al interior de la Procuraduría General de la Nación existía
un régimen propio «el Decreto Ley 262 de 2000» que contenía íntegramente el
ingreso por méritos, siendo aplicable, tal y como lo hizo la entidad.

• Ese mismo decreto no incurrió en falsa motivación, pues su sustento se centró
en el cumplimiento de la orden judicial contenida en la sentencia C-101 de 2013,
y en la aplicación del mérito como regla general para el ingreso a la carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación.

• Con la expedición de ese decreto se cumplió con el artículo 82 del Decreto Ley
262 de 2000, que indica que los nombramientos provisionales finalizan una vez
se provean los cargos de carrera mediante el sistema de méritos, por lo que no
se verifica actuación antijurídica alguna en la forma de retiro.

• El señalado decreto atendió la realidad jurídica y fáctica que rodeaba la situación
concreta, sin que se adviertan discordancias con el ordenamiento jurídico, puesto
que la normatividad a la que debía ceñirse el trámite del concurso era el ya
vigente Decreto Ley 262 de 2000.

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1.6 Recurso de apelación.

Inconforme con esa decisión, el abogado de la parte demandante la recurrió en
apelación.6 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia
hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

• De conformidad con el artículo 241 de la Norma Superior, la Corte Constitucional
es la intérprete autentica de la Constitución Política, sin embargo, no es la
intérprete de los Decretos Leyes como lo es el 262 de 2000. Por ello, adujo que,
dentro de sus funciones, esa Corte no tiene asignada la potestad para legislar y,
por tanto, la orden consistente en incorporar a los procuradores judiciales al
régimen general de carrera de la Procuraduría General de la Nación, no era de
obligatorio cumplimiento, dada la aludida falta de competencia, lo que a su vez
generó la nulidad de los actos cuestionados por desviación de poder.

• El alto tribunal carecía de competencia para interpretar el Decreto Ley 262 de
2000 y para señalar cuál era el régimen aplicable a los procuradores judiciales,
pues ello es del resorte exclusivo del Congreso de la Republica.

• El a quo, a través de la sentencia apelada, avaló que la Corte Constitucional se
inmiscuyera en asuntos propios de la Rama Legislativa, desconociendo el
principio de división de poderes existente en el Estado colombiano.

• Las sentencias judiciales, entiéndase la C-101 de 2013, no constituye fuente de
obligaciones cuando el juzgador excede sus facultades, como sucedió en el caso
de marras.

• La declaratoria de inexequibilidad de la expresión «procurador judicial» no
transformó automáticamente esos cargos en provisionales, porque se
desconocía el sistema de carrera que les sería aplicable.

• La sentencia C-101 de 2013 no constituye un precedente obligatorio en relación
con la determinación del sistema de carrera aplicable a esos funcionarios, toda
vez que esta no fue la ratio decidendi de la misma. Por ello, alegó que en esa
providencia el alto tribunal se ocupó de resolver el problema jurídico planteado
en la demanda, que consistía en definir si el cargo de procurador judicial era o no
de libre nombramiento y remoción o de carrera, sin que se propusiera dentro de
las pretensiones que se resolviera por la Corte Constitucional, cuál sería el
régimen de carrera aplicable, en caso de la declaratoria de inexequibilidad de la
norma que los calificó como de libre nombramiento y remoción.

• El juzgador de primera instancia debía apartarse de lo dispuesto en la sentencia
C-101 de 2013, pues ella no reunía los requisitos para tener fuerza vinculante a
saber: i) que en la ratio decidendi de esa providencia se encontrara una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio decidendi resolviera

6 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y; iii) que los
hechos del caso actual sean equiparables a los resueltos anteriormente.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso: Mediante auto de fecha 24 de abril de 2024,7 se
admitió el recurso de apelación.

1.7.2 Pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación

Se registra pronunciamiento en el índice 29 de la plataforma SAMAI. Sin
embargo, el abogado que suscribió ese documento no funge como apoderado de
esa entidad en este proceso.

Pues bien, tramitado en forma legal el proceso y al no observarse ninguna causal
de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada,
previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
presentados por las partes demandante y demandada.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos en el respectivo recurso de apelación. No obstante, en
caso de que ambas partes hayan recurrido toda la sentencia, el superior resolverá
sin limitaciones.

En el caso concreto, como el apoderado de la parte actora fue el único que apeló
la providencia de primer grado, la resolución de la alzada se limitará a los
argumentos allí expuestos.

7 Índice 24 SAMAI.
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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2.3 Problema jurídico.

De conformidad con los argumentos planteados por el recurrente, le corresponde
a la Sala establecer sí ¿La sentencia C-101 de 2013 no constituye un precedente
judicial de aplicación obligatoria frente al presente asunto y, por tanto, el a quo
estaba obligado a apartarse de ella al momento de emitir la sentencia de primera
instancia?

En el camino de resolución de estos interrogantes, la Subsección estudiará: i) el
carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad proferidas por la Corte
Constitucional y; ii) la naturaleza del cargo de procurador judicial.

2.3.1 El carácter vinculante de las sentencias de constitucionalidad
proferidas por la Corte Constitucional.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 241 Superior «A la Corte
Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución». Para el ejercicio de esa especial labor se le atribuyeron una serie
de funciones, entre las que se destaca «Decidir sobre las demandas de
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza
de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10
y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento
en su formación». Así, en aras de robustecer esa atribución, el artículo 243 de la
Constitución Política instituyó que:

«ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria
y la Constitución».

En cuanto al principio de cosa juzgada arriba referenciado, la Corte Constitucional
ha expresado que tiene doble connotación: la primera, relacionada con el
impedimento de ese tribunal para volver a examinar una disposición previamente
analizada en sede de constitucionalidad «cosa juzgada formal» y, la segunda,
consistente en la prohibición de reproducir el contenido material de la decisión
declarada inexequible mientras subsistan las disposiciones superiores que
determinaron esa decisión «cosa juzgada material».10

Pues bien, es procedente destacar que a nivel legal también se consagraron
postulados similares en orden a fortalecer el control constitucional asignado a esa
Corporación. Así, en el artículo 21 del Decreto Ley 2067 de 1991,11 se estableció
que «Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa

10 Sentencia C-820 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 «Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la

Corte Constitucional».

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juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las
autoridades y los particulares». Asimismo, en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996
«estatutaria de la administración de justicia», previó:

ARTÍCULO 48. ALCANCE DE LAS SENTENCIAS EN EL EJERCICIO DEL
CONTROL CONSTITUCIONAL. <CONDICIONALMENTE exequible> Las
sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el
siguiente efecto:

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las
normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del
ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio
cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva
constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las
normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace,
tiene carácter obligatorio general.

2. Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces.

De la lectura de estas disposiciones emerge con claridad que las decisiones e
interpretaciones que ese colegiado adopta frente a los textos constitucionales
y legales en el marco de los juicios que adelanta por vía de acción, de revisión
previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, son
obligatorias y vinculantes para todas las autoridades administrativas y
jurisdiccionales.12 En lo que respecta al carácter vinculante y obligatorio de las
decisiones proferidas por la Corte Constitucional, en sentencia T-116 de 2004,
se concluyó:

«La Constitución Política es una norma. Por lo mismo, su aplicación y respeto
obliga a un constante ejercicio hermenéutico para establecer su sentido
normativo. La función definitiva en esta materia corresponde a la Corte
Constitucional, conforme se desprende del artículo 241 de la Constitución. Así, al
ser guardiana de la supremacía e integridad de la Carta, la interpretación que la
Corte haga del texto constitucional es vinculante para todos los operadores
jurídicos, sea la administración o los jueces».

En punto a la interpretación de la «ley», en la sentencia C-820 de 2006, citada
con anterioridad, se expresó que, aunque la interpretación legal compete por
excelencia a los jueces ordinarios, es de la esencia de la función de control de
constitucionalidad de esa Corte determinar «el entendimiento racional, lógico y
práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer». Más adelante,
en esa misma providencia, se concluyó:

«En consecuencia, se reitera que, a pesar de que, por regla general, no
corresponde a la Corte Constitucional determinar el sentido de las disposiciones
legales, porque ello es propio de los jueces ordinarios, en algunos casos, la
Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de
las disposiciones sometidas a control”13, sino que, además, debe fijar la

12 Sentencia T-116 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
13 Sentencia C-128 de 2002.

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Radicado: 63 001 23 33 000 2018 00022 01 (2194-2022)
Demandante: Claudia Marina Martínez Gil

interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente, esto es, señala
la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse.

En tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la Corte Constitucional
debe señalar la interpretación obligatoria de la ley. Esto se realiza, entre otras,
mediante las sentencias interpretativas y aditivas, en las cuales se busca
armonizar los principios de supremacía de la Constitución y democrático o de
conservación del derecho que pueden resultar en tensión cuando una disposición
puede interpretarse de varias formas, una de las cuales resulta contraria a la
Constitución y otras conforme a ella, o cuando el texto legal acusado presenta
vacíos normativos que, tal y como se encuentra, sería inconstitucional».

Siguiendo este derrotero, en sentencia SU-611 de 2017, ese mismo tribunal fijó
las consecuencias del desconocimiento del precedente constitucional en los
siguientes términos:

«En tal orden de ideas, la jurisprudencia constitucional se ha referido a la
procedencia de esta causal de procedibilidad de la acción de tutela a partir de la
vinculación inescindible entre la supremacía constitucional y la obligatoriedad de
la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional. De manera que “[l]a
supremacía del precedente constitucional se deriva del artículo 241 de la
Constitución Política, el cual asigna a la Corte Constitucional la función de
salvaguardar la Carta como norma de normas – principio de supremacía
constitucional. En efecto, esta Corporación ha establecido que, como intérprete
de la Constitución, sus decisiones son obligatorias tanto en su parte resolutiva
como en su ratio decidendi, es decir, la regla que sirve para resolver la
controversia”.

6.5. Lo anterior -según esta Corte- conlleva a que si una autoridad judicial
desconoce la jurisprudencia constitucional se produce “en el ordenamiento
jurídico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexión concreta con
la Constitución, que finalmente se traduce en contradicciones ilógicas entre la
normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intrínseca del sistema, y afectan
la seguridad jurídica. Con ello se perturba además la eficiencia y eficacia
institucional en su conjunto, en la medida en que se multiplica innecesariamente
la gestión de las autoridades judiciales, más aún cuando en definitiva, la
Constitución tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser
negada en nuestra actual organización jurídica”.

De las anteriores consideraciones se extrae que:

i) Las decisiones dimanadas del ejercicio de la función de control de
constitucionalidad asignada a la Corte, incluyendo las interpretaciones realizadas
para adoptar la respectiva decisión, tienen un carácter vinculante y obligatorio
para todas las autoridades judiciales y administrativas;

ii) Por tanto, el desconocimiento de esos precedentes, amén de constituir una
causal autónoma de procedibilidad de la acción de tutela, implica la trasgresión
al principio de seguridad jurídica, al punto de que no solo patrocina la falta de
coherencia entre la Constitución Política y la ley, sino también resta fuerza a la
unidad que debe tener el sistema normativo y;

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iii) En ejercicio de esa labor, la Corte Constitucional puede fijar el alcance de una
disposición legal con la finalidad de ajustarla a los postulados constitucionales.

2.3.2 La naturaleza del cargo de Procurador Judicial.

El artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, clasificó los empleos al interior de
la Procuraduría General de la Nación, así:

ARTÍCULO 182. CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS. <Aparte tachado
INEXEQUIBLE> Los empleos, de acuerdo con su naturaleza y forma de
provisión, se clasifican así:

1) De carrera
2) De libre nombramiento y remoción
Los empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, con
excepción de los de libre nombramiento y remoción.
Los empleos de libre nombramiento y remoción son:
• Viceprocurador General
• Secretario General
• Tesorero
• Procurador Auxiliar
• Director
• Jefe de la División Administrativa y Financiera del Instituto de Estudios del
Ministerio Público
• Procurador Delegado
• Procurador Judicial
• Asesor del Despacho del Procurador
• Asesor del Despacho del Viceprocurador
• Veedor
• Secretario Privado
• Procurador Regional
• Procurador Distrital
• Procurador Provincial
• Jefe de Oficina
• Jefe de la División de Seguridad
• Agentes adscritos a la División de Seguridad y demás servidores cuyas
funciones consistan en la protección y seguridad personales de los servidores
públicos, cualquiera sea la denominación del empleo.
3. De período fijo: Procurador General de la Nación.

En sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional, al decidir la demanda de
inconstitucionalidad impetrada en contra de la expresión “procurador judicial”
contenida en el numeral 2.º del artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000, declaró
la inexequibilidad de dicha expresión, luego de advertir que esa clasificación
contrariaba lo establecido en el artículo 280 superior, que acoge esos empleos y
los equipara a las «calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones»
previstas para las autoridades jurisdiccionales ante quienes ejercen su labor.
Para tal propósito, esa Corporación declaró que los procuradores judiciales
pertenecían al régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación,
motivo por el que, a partir de la expedición de esa decisión, los cargos en cita
pasaron de ser de libre nombramiento y remoción a empleos de carrera
administrativa. En la sentencia a la que se viene haciendo referencia se afirmó:

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«5.4.3. El artículo 280 constitucional regula situaciones jurídicas de dos tipos de
servidores públicos: los agentes del ministerio público que ejercen su cargo ante
la rama judicial; y los magistrados y jueces ante quienes ellos actúan. Entre los
factores equiparables de unos y otros, se encuentran los “derechos”, al lado de
“categoría y calidades” como de “remuneración y prestaciones”. Ello indica que
la acepción “derechos” adquiere un contenido específico que la diferencia de
otros derechos asociados régimen salarial y prestacional de los procuradores
judiciales. Entre “derechos” objeto de homologación, que no tienen por objeto ni
la remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen
de carrera, que entraña para sus titulares garantías de estabilidad laboral, de
acceso a los cargos y promoción a los mismos a través de la selección y
evaluación objetivos, con base en criterios del mérito y las calidades personales,
propios de la carrera administrativa o judicial; de tal pertenencia a la carrera se
deriva, puntualmente, la garantía de que su nombramiento y remoción no puede
ser el resultado de la discrecionalidad del nominador y de gozar de la estabilidad
que tienen los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus funciones.

5.4.4. El artículo 280 de la Constitución Política refuerza lo anteriormente
señalado, cuando establece que los agentes del Ministerio Público tendrán la
misma “categoría” de los magistrados y jueces ante los que actúan, vocablo que
significa la equivalencia en los cargos que desempeñan unos y otros, la cual se
quebranta con la distinción que realiza la disposición acusada, al clasificar el
cargo de procurador judicial como de libre nombramiento y remoción, cuando los
de los jueces y magistrados ante los que actúan, son de carrera administrativa,
conduciendo a su inexequibilidad.

5.4.5. Así, los procuradores judiciales, en su condición de agentes del Ministerio
Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por
el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera, tienen el derecho a ser
clasificados igualmente como carrera administrativa, en aplicación del artículo
280 constitucional. Tal decisión, además, se aviene con el principio general de la
carrera, prevista en el artículo 125 superior.

5.5. Consideraciones finales.

5.5.1. La Corte declarará la inexequibilidad de la norma demandada, por
vulneración del artículo 280 de la Constitución que ordena la equiparación en
materia de “derechos” entre magistrados y jueces y los agentes del ministerio
público que ejercen el cargo ante ellos, entendiendo esta Corte que entre los
derechos a homologar se encuentra el ser considerado de carrera administrativa.

5.5.2. Cabe distinguir que una es la carrera judicial administrada por el Consejo
Superior de la Judicatura y otra la carrera administrativa de la Procuraduría
General de la Nación. Por ello, la incorporación que procede respecto de los
“procuradores judiciales” es a la carrera propia de la Procuraduría General de la
Nación.»

Así mismo, en auto 255 de noviembre de 2013, esa Corte, al resolver un incidente
de nulidad propuesto por la Procuraduría General de la Nación contra aquella
providencia, reafirmó lo expresado en relación con los procuradores judiciales,
así:

«3.2.4. Ahora bien, frente a la afirmación de la Procuraduría de la imposibilidad
de cumplir el mandato de igualdad del artículo 280 constitucional debido a la
divergencia entre los regímenes de la carrera de la procuraduría y la carrera
judicial, encuentra la Corte que ella surge como consecuencia de la interpretación

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errada que hace la solicitante, considerar que el mandato de igualdad contenido
en el artículo 280 constitucional, se refiere a la equiparación de los regímenes de
la carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación y el de la carrera
judicial propia de los Jueces y Magistrados (LE.270/96), y no al “derecho” a que
los cargos de los Procuradores Judiciales sean considerados de carrera, como lo
indicó esta Corporación en la providencia impugnada.

2.3.5. Es por ello que la Corte fue clara en el pronunciamiento acusado, al
establecer - en su numeral 5.5.2. - la necesidad de distinguir entre la carrera
judicial administrada por el Consejo Superior de la Judicatura y la carrera
administrativa de la Procuraduría General de la Nación y que por ello, la
incorporación que procedía respecto de los Procuradores Judiciales era a la
carrera propia de la Procuraduría General de la Nación, en tanto “entre los
“derechos” de los jueces y magistrados, que en virtud del artículo 280
constitucional deben ser extendidos a los agentes del ministerio público que
ejercen su cargo ante ellos, se encuentra de no ser catalogado su empleo por el
Legislador como de libre nombramiento y remoción, es decir, ser reconocido
como cargo de carrera.” sin que se refiera en ningún momento, a que deba
aplicarse en mismo régimen de carrera.

2.4. De las consideraciones anteriores, considera la Sala que no se encuentra
probado que la Corte haya incurrido en una ostensible, probada, significativa y
trascendental violación del debido proceso por la manifiesta incongruencia entre
la parte motiva y la resolutiva de la sentencia, que declaró la inexequibilidad de
la expresión “Procurador Judicial” del numeral 2 del artículo 182 del Decreto Ley
262 de 2000, por la vulneración del artículo 280 de la Constitución Política y
ordenó a la Procuraduría General de la Nación, la convocatoria a un concurso
público para la provisión en propiedad de los cargos de Procurador Judicial.»

Así pues, de las reseñadas consideraciones se concluye que:

i) Con la sentencia C-101 de 2013, la Corte Constitucional varió la naturaleza de
los procuradores judiciales, en el sentido de invalidar su caracterización en los
empleos de libre nombramiento y remoción, para, en su lugar, incluirlos en la
categoría de cargos de carrera administrativa.

ii) Con ese cambio, los adscribió al sistema de carrera administrativa especial de
la Procuraduría General de la Nación -por pertenecer a esa entidad- y desestimó
el régimen de carrera aplicable a los jueces de la república, al considerar que los
postulados de igualdad contenidos en el artículo 280 superior no se extendían al
mismo sistema de selección.

Pues bien, sin necesidad de abordar más consideraciones, esta Sala de
Subsección resolverá el caso concreto.

2.4 Caso concreto

Interrogante único: ¿La sentencia C-101 de 2013 no constituye un precedente
judicial de aplicación obligatoria frente al presente asunto y, por tanto, el a quo
estaba obligado a apartarse de ella al momento de emitir la sentencia de primera
instancia?

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Pues bien, concluye esta Subsección que, en el caso de marras, el a quo no
podía, al momento de dictar la sentencia de primer grado, dejar de aplicar el
precedente constitucional vertido en la sentencia C-101 de 2013. Lo anterior, en
razón a que las normas y citas jurisprudenciales citadas son claras al prescribir
el carácter obligatorio y vinculante de este tipo de decisiones, atributos que
garantizan plenamente los derechos fundamentales al debido proceso y la
seguridad jurídica y, además, persiguen la aplicación uniforme del sistema
normativo, mediante la armonización entre la Constitución Política y las leyes de
la República.

Por consiguiente, cuando el censor afirmó que la Corte Constitucional no podía
ordenar la inscripción de los cargos de procuradores judiciales al sistema de
carrera administrativa de la Procuraduría General de la Nación desconoció:

i) La fuerza vinculante y obligatoria de las decisiones proferidas en el marco de
los procesos de control de constitucionalidad a que se ha venido haciendo
referencia.

ii) Que dentro de las funciones como máximo intérprete de la Constitución
Política, la Corte puede definir el alcance de intelección de una disposición legal,
como en efecto ocurrió con la escogencia del régimen de carrera administrativa
que debía cobijar los empleos de procuradores judiciales, luego de su exclusión
del catálogo de cargos de libre nombramiento y remoción.

iii) Que la Ley si reglamentó todo lo atinente al régimen de carrera de esos
funcionarios y, por tanto, no se requería una nueva intervención del Congreso de
la República al respecto. Ello, en atención a que, tal y como lo reconocieron la
Corte Constitucional en la sentencia en cita y esta Corporación en la providencia
que resolvió la demanda de nulidad presentada en contra de la Resolución 040
del 20 de enero de 2015 -contentiva de la convocatoria general a concurso de
méritos para la provisión de los cargos de procuradores judiciales-,14 el ejecutivo
nacional, a través del Decreto Ley 262 de 2000 y en cumplimiento de las
facultades extraordinarias recibidas del legislativo primario -Ley 573 de 2000-,
reguló todos los aspectos atinentes al sistema de carrera administrativa de la
Procuraduría General de la Nación.

iv) Que a la luz de lo establecido en el artículo 183 ejusdem «La carrera de la
Procuraduría es un sistema técnico de administración de personal, que tiene por
objeto garantizar la eficiencia de la entidad y ofrecer igualdad de oportunidades
para el acceso a ella, la estabilidad en los empleos y la posibilidad de ascender,
como también establecer la forma de retiro de la misma».

v) Que el uso de las reglas de ese sistema se activa ante la existencia de
vacantes definitivas en los empleos de carrera administrativa «artículo 184 ibid.»;

14 Sección Segunda, sentencia de 30 de julio de 2021, expediente con radicado interno (0740-2015), C.P.

Gabriel Valbuena Hernández.

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sin que la norma en mención distinga los orígenes de esos cargos como
condicionante para pertenecer a ese régimen.

vi) Que el artículo 186 ibidem prevé que cuando un empleo de libre
nombramiento y remoción es convertido en un cargo de carrera
administrativa, se debe adelantar el concurso de méritos respectivo, en orden a
garantizar su provisión definitiva.

Así entonces, es claro que la Corte Constitucional, en el marco de su función de
protectora y guardia de la Carta Política y en ejercicio de su poder de
interpretación de la Constitución y de la ley, consideró que lo más ajustado al
orden jurídico era la adscripción de los empleos de los procuradores judiciales al
sistema de carrera de la Procuraduría General de la Nación, máximo porque la
norma especial que contempla la estructura orgánica de esta entidad contiene
las reglas necesarias para garantizar el mérito en la función pública de estos
cargos. Admitir lo contrario, implicaría el desconocimiento de las decisiones
emitidas por aquella Corporación Judicial, con las consecuencias arriba
señaladas, amén de que, como bien lo concluyó esta Sección:

«era totalmente innecesaria la expedición de una nueva ley de carrera para ser
aplicada a los concursos públicos de mérito dirigidos a la provisión de los cargos
de procurador judicial, pues estando en vigencia el Decreto Ley 262 de 2000, ello
llevaría al absurdo de permitir la coexistencia de dos sistemas de carrera
administrativa distintos en el seno de la Procuraduría General de la Nación, uno
de los cuales sería aplicable a los concursos para la selección por mérito de los
procuradores judiciales y otro para los demás concursos que deba adelantar ese
organismo de control».15

En conclusión, de cara a lo expuesto, y teniendo presente que los argumentos
formulados en el recurso de apelación no prosperaron, se confirmará la sentencia
de primera instancia.

2.5 Condena en costas en segunda instancia.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

15 Ejusdem.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 15 de abril de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda promovida por la señora Claudia Marina Martínez Gil contra la
Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – «SAMAI», y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Con impedimento aceptado)16

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

16 Mediante auto de 27 de octubre de 2022, se aceptó el impedimento manifestado por el citado Consejero

de Estado. (Ver índice 11 de SAMAI).

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