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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00137-01

Fecha
2 de junio de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00137-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 21 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2018-00137-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

2 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 63001-23-33-000-2018-00137-01
Nº interno : 2312-2019
Demandante : Pedro Nel Jiménez Palacino
Demandada : Auditoría General de la República
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema : Insubsistencia –Cargo de libre nombramiento y
remoción; desconocimiento de la Ley de Garantías
y la estabilidad reforzada del actor.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 21 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Pedro Nel Jiménez Palacino, por conducto de apoderado judicial, solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones 0972 y 0973 del 16 noviembre de 2017, respectivamente, proferidas por el Auditor General de la República, mediante las cuales se declaró insubsistente el nombramiento ordinario en el empleo de libre nombramiento y remoción ocupado por el actor y se corrigió un error de transcripción.

Como consecuencia de la nulidad de los actos enjuiciados y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la Auditoría General de la República ha pagar los salarios, primas, reajustes, aumentos de sueldo y demás emolumentos que el actor dejó de percibir desde la fecha de su desvinculación y hasta que se produzca su reintegro. Exigió, que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación del servicio por parte del demandante desde cuando se desvinculó hasta cuando sea efectivamente reintegrado.

Solicitó, que de no reconocerse el reintegro del señor Pedro Nel Jiménez Palacino se ordene a la demandada que a manera de indemnización pague los daños y perjuicios causados, los cuales consisten en el pago de los salarios causados hasta la fecha en la cual debe adquirir el derecho a gozar de su estatus pensional, hecho que acontecerá el 13 de febrero de 2019.

Por último, pretende que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Señaló el apoderado de la parte actora, que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino mediante Resolución 903 del 5 de noviembre de 2015 fue nombrado en el cargo de Gerente Seccional Grado 01 de la planta global de la Auditoría General de la República, asignado a la Gerencia Seccional VII con sede en la ciudad de Armenia.

Advierte el abogado, que el demandante cuenta con 61 años de edad y un total de 1315 semanas cotizadas para acceder a su pensión de vejez; indicó, que dicha situación lo pone en condición de pre-pensionado de acuerdo con lo establecido en la ley y lo resuelto por la jurisprudencia. Expuso, que dicha condición fue comunicada en su momento al señor Auditor General de la República y reiterada posteriormente el 13 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, advirtiendo que los servidores que se encuentran a menos de tres años de cumplir con las exigencias para beneficiarse de la pensión se les debe garantizar la estabilidad reforzada.

Explicó, que a través de la Resolución 0972 del 16 de noviembre de 2017 suscrita por el nominador el 17 del mismo mes y año, el Auditor General de la República desconoció el estatus pensional del actor y la Ley de Garantías Electorales que regían para la fecha de la suscripción del acto administrativo demandado, declarando al señor Pedro Nel Jiménez Palacino insubsistente. Aseguró, que el acto acusado data del día 16 de noviembre de 2017 pero se suscribió el día 17 siguiente; insistió, en que dicho acto fue corregido presuntamente por medio de la Resolución 0973 dudosamente firmada el 16 de noviembre de 2017.

Afirmó, que el acto administrativo impugnado no solo vulneró el derecho adquirido como pre-pensionado que tenía el actor, sino que este se dictó en contravía de la Ley de Garantías Electorales que para la fecha estaba rigiendo. Sostuvo, que las elecciones al Senado y Cámara de representantes estaban convocadas para el 11 de marzo de 2018, es decir a menos de 4 meses de la expedición del acto administrativo demandado.

Finalmente, dijo que el 13 de marzo de 2018 se radicó conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, audiencia que se llevó a cabo el 18 de abril de 2018.

Normas violadas y concepto de violación.

El abogado de la actora señaló como normas violadas las siguientes:

La Constitución Política, los artículos 2, 25, 29, 48 y 53.
De la Ley 790 de 2002.
De la Ley 909 de 2004.

2. La contestación de la demanda.
El apoderado de la Auditoría General de la República, contestó la demanda presentada por el señor Pedro Nel Jiménez Palacino, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones conforme a los siguientes argumentos:

Expone el abogado, que el cargo que ocupaba el actor efectivamente era de libre nombramiento y remoción teniendo en cuenta las calidades y responsabilidades, lo que comportaba un alto grado de confianza por parte del nominador. Consideró, que con base en lo expuesto por la Corte Constitucional en sus múltiples pronunciamientos y dado que el actor afirmó que contaba con 1315 semanas cotizadas para acceder a su pensión, no cabe duda que no tenía una estabilidad reforzada.

Alega, que frente a la declaratoria de insubsistencia de empleados de libre nombramiento y remoción adscritos a entidades de orden nacional en el marco de la Ley de Garantías, la norma contiene restricciones que se encuentran consagradas en los artículos 32, 33, y 38 para a las entidades territoriales a partir del 11 de noviembre de 2017 y para las entidades adscritas a la Rama Ejecutiva desde el 27 de enero de 2018 hasta que se elija el presidente, delimitación que no cobija a la Auditoría General de la República como entidad del orden nacional y organismo de control en materia fiscal.

En último lugar, dijo que por ser la Auditoría General de la República un organismo de control del orden nacional no está sujeta a las restricciones establecidas en la Ley de Garantías Electorales, y por ende la desvinculación del señor Pedro Nel Jiménez no trasgredió el ordenamiento jurídico.

3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 21 de febrero de 2019, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
El a quo consideró, que bajo los lineamientos normativos y jurisprudenciales se verificó que los actos administrativos acusados se ajustaran al orden jurídico vigente, en tanto que el actor a la fecha en que fueron expedidos acreditaba más de 1300 semanas cotizadas para pensión, lo cual implica que no se encontraba en riesgo la consolidación de su expectativa pensional, ya que la única exigencia restante era el cumplimiento de la edad (62 años), condición que puede acreditarse con o sin vinculación laboral vigente; explicó, que las cotizaciones adicionales al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no hacen parte de la garantía de estabilidad reforzada denominada pre-pensión. Por ende, el accionante no se encontraba en la condición antes señalada.

Manifestó, que la Auditoría General de la República es un organismo encargado de realizar el control fiscal de las contralorías del país y está dotada de autonomía técnica, jurídica, administrativa, presupuestal y financiera, conforme a lo previsto en el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia. Agregó, que el Decreto 272 del 2000 confirmó la autonomía de la entidad; asimismo, la Ley 489 de 1998 no contemplan a este ente como parte del ejecutivo.

Sustenta, que las prohibiciones de movimientos de nómina que contempla la Ley 996 de 2005 en época preelectoral no es aplicable a la Auditoría General de la República, por eso es evidente que la decisión de insubsistencia fue emitida por un órgano de control autónomo e independiente de las ramas del poder, y fundamentalmente del poder ejecutivo, motivo por el cual el acto que declaró insubsistente al demandante, no denota un actuar contra legem o con desviación de poder.

Finalmente, señaló que se negaron las pretensiones de la demanda habida cuenta que los actos acusados se encuentran amparados por la presunción de juridicidad, derivada del sometimiento coercitivo de la actividad administrativa al ordenamiento jurídico propio de los Estados Sociales de Derecho, y en virtud de que la parte actora no cumplió con la carga probatoria para desvirtuarla.
4. El recurso de apelación

Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2019, el apoderado del demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia del 21 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en los siguientes términos:

Sostiene el abogado, que en el caso concreto se le vulneraron al demandante los derechos al mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, en la medida que el tribunal justificó su decisión en que el actor se encontraba en un cargo de libre nombramiento y remoción. Afirmó, que aun cuando el actor en diferentes ocasiones informó a su superior jerárquico el estatus de pre-pensionado en el que se encontraba, por faltarle solo tres años para obtener el derecho a su pensión, es claro que la demandada utilizó su facultad discrecional de manera arbitraria para declararlo insubsistente.

Alegó, que los problemas jurídicos planteados quedaron aclarados en el trámite del proceso, pues quedó probado la condición de pre-pensionado del actor. Advirtió, que se puso de presente la jurisprudencia que indica que los empleados de libre nombramiento y remoción son favorecidos del beneficio otorgado a los pre-pensionados, sin observar los condicionamientos que para tal efecto a dejado sentada la jurisprudencia en circunstancias como la puesta en consideración del tribunal, pues no se probó por parte de la demandada la diligencia para registrar en la hoja de vida las razones que dieron lugar a la decisión.

Por último, expuso que la declaración de insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción tiene restricciones aplicables a todos los entes del Estado y a todas las ramas del poder pertenecientes al nivel nacional y territorial en virtud de la Ley 996 de 2005; por ello, la jurisprudencia del Consejo de Estado estableció que “Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital no podrán declarar la insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción desde el 11 de noviembre 2017 y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido”.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 22 de noviembre de 2019, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el respectivo concepto, conforme a lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, de acuerdo con el informe secretarial del 11 de marzo de 2020, las partes presentaron sus alegatos a través del medio electrónico (SAMAI) y el Ministerio Público guardó silencio.

5.1. De la parte demandante.

A través de escrito del 7 de febrero 2020, el apoderado de la parte demandante presentó alegatos de conclusión reiterando en todas sus partes lo expuesto en el recurso de apelación.

En suma, manifestó que si bien es cierto que en el segundo hecho expuesto en la demanda se aseguró que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino al momento de presentar la demanda contaba con 1315.15 semanas cotizadas, de acuerdo con la información recibida de Colpensiones, esa misma entidad, desvirtúo lo antes dicho ya que mediante acto administrativo del 17 de septiembre de 2019 SUB254404, dijo que el demandante no cumplía con el número de semanas cotizadas para acceder al derecho a la pensión de vejez. Afirmó, que como consecuencia de lo anterior la tesis del tribunal pierde vigencia, toda vez que la entidad que certifica el número de semanas cotizadas advirtió que el actor no tiene el derecho, con ello, se allega el acto que negó el derecho pensional para que sea tenido en cuenta como prueba sobreviniente, pues se confirma que el demandante si tenía la calidad de pre-pensionado y el Tribunal Administrativo del Quindío no lo advirtió.

Reiteró, que en el asunto bajo estudio no se observa que la decisión discrecional corresponda a la enmarcada en el ordenamiento jurídico, sino que da la impresión que es una decisión con tinte político, pues no solo se hace en contravía de la garantía supra legal que protege al pre-pensionado, sino que se realiza dentro del marco previo a las elecciones como se demostró.

5.2. De la parte demandada.

Mediante memorial radicado el 13 de febrero de 2020, la abogada de la Auditoría General de la República presentó alegatos de conclusión convalidando todo lo expuesto en la contestación de la demanda.

Advirtió, que en el caso concreto no se avizora que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino esté amparado por un fuero de estabilidad reforzada, como quiera que el cargo desempeñado en la Auditoría General de la República correspondió a un empleo de libre nombramiento y remoción. Además, señaló que la Auditoría General de la República al ser un organismo de control del orden nacional no estaba sujeta a las restricciones establecidas en la Ley de Garantías, y por ende, con la desvinculación del demandante la entidad no trasgredió el ordenamiento jurídico.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico.

La Sala debe estudiar en los términos del recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, si procede revocar el fallo de primera instancia, dado que de acuerdo al criterio del abogado los actos administrativos deprecados están viciados de nulidad, en la medida que estos fueron expedidos con inobservancia de la Ley de Garantías Electorales y sin tener en cuenta que el señor Pedro Nel Jiménez tenía calidad de pre-pensionado.

Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala abordará los siguientes aspectos: 2.1 De la insubsistencia; 2.2. De la insubsistencia como causal de retiro de los empleos de libre nombramiento y remoción; 2.2.1 Aplicación de las restricciones de los artículos 32 y 38 de la Ley 996 de 2004 a las entidades u órganos de control; 2.3 De las pruebas; y 2.4. Caso concreto.

2.1. De la insubsistencia.

Como concepto primigenio de insubsistencia, esta figura debe entenderse como un mecanismo que tienen las autoridades administrativa para remover o retirar del servicio al personal adscrito a su planta de personal, dejando sin efectos sus nombramientos; dicha facultad, redunda en la esfera de lo discrecional y lo reglado, donde lo primero le permite a la entidad nominadora apreciar con libertad la conveniencia de la medida de desvinculación amparada en las razones del servicio, y en la segunda es necesario que para su declaratoria la administración se apegue al reglamento y a los procedimientos que le permitan tomar esa decisión.

Sobre este concepto, la doctrina ha dicho que “La declaratoria de insubsistencia es una medida prevista por nuestra legislación a favor de la administración y como tal amparada por la presunción de legalidad. Pero tal presunción es desvirtuable probando que el acto de insubsistencia se hizo con abuso o desviación de las atribuciones propias del funcionario que lo expidió, situación que se da cuando el agente que la decreta persigue fines contrarios a los de buen servicio, que son obviamente los que deben perseguir las autoridades investidas de esta facultad…”.

2.2. De la insubsistencia como causal de retiro de los empleos de libre nombramiento y remoción.

Para referirnos al tema propuesto, es necesario precisar que el contenido del artículo 125 Constitucional establece:

“(…)

Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

(…)

Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

(…)”

Por otra parte, el artículo 1º de la Ley 909 de 2004, hizo mención a los empleos que hacen parte de la función pública según el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus cometidos, así:

“(…)
Artículo 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública.

Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad.

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:
a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción;
c) Empleos de período fijo;
d) Empleos temporales.

(…)”

Ahora bien, respecto a su clasificación el artículo 5º ibídem, sostuvo:

“(…)

“ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

(…)”

Sobre las causales de retiro de los empleos de libre nombramiento y remoción, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, dispuso:

“(…)

ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;

(…)”

Respecto de la naturaleza, clasificación y retiro del servicio de los empleos de libre nombramiento y remoción, esta Colegiatura con sentencia del 29 de abril de 2021, dispuso:

“(…)

La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2º, establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción en los siguientes términos:

ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;

(…)

PARÁGRAFO 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. (…)”.

Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir equivale a la satisfacción del interés general y, por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad.

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

(…)”

Conforme al anterior recuento normativo y jurisprudencial, la Sala estima que los empleos de libre nombramiento y remoción hacen parte de aquellos que conforman la función pública; de acuerdo con la Ley 909 de 2004, los empleos regulados por esta disposición son de carrera administrativa con excepción de los denominados de libre nombramiento y remoción, los cuales tiene como funciones naturales la dirección, conducción y orientación institucional en caminada a la aplicación de políticas o directrices institucionales, por lo que su retiro del servicio podrá hacerse declarando la insubsistencia del nombramiento bajo la premisa de la racionalidad, proporcionalidad y la razonabilidad.

2.2.1. Aplicación de las restricciones de los artículos 32 y 38 de la Ley 996 de 2004 a las entidades u órganos de control.

Sobre la interpretación de los artículos 32 y 38 de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), esta Corporación en reiteradas ocasiones ha dicho que las prohibiciones establecidas en la norma antes referida fueron establecidas por el legislador con el fin de garantizar la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones de los empleos públicos. Ahora, en lo referente a su aplicación, este Alto Tribunal a explicado que esta disposición no solo es aplicable a los servidores públicos que hacen parte de la Rama Ejecutiva, sino a todos los servidores públicos en general incluyendo a los vinculados a los órganos de control.

Para mayor ilustración, es necesario traer a colación la sentencia del 31 de mayo de 2016, la cual señaló:

“(…)

Al reformarse parcialmente la Constitución Política para consagrar la reelección presidencial, el Acto Legislativo No. 2 del 2004 se ocupó de prohibir a los empleados de la rama judicial, de los órganos electorales, de control y de seguridad, "tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas", y ordenó que para los demás empleados, la ley estatutaria debería señalar las condiciones para su participación en tales actividades.

En cumplimiento de la norma constitucional fue expedida la ley 996 del 2005; ella regula distintos aspectos de las elecciones presidenciales, con o sin la participación del Presidente y el Vicepresidente en ejercicio como candidatos; y en el Título III, aplicable en todos los procesos electorales para cargos de elección popular, desarrolla la "participación en política de los servidores públicos", estableciendo para el efecto varias prohibiciones dirigidas a los "empleados del Estado", sin distinción, a las cuales agrega otras destinadas expresamente a las autoridades locales.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profirió la sentencia C-1153 de noviembre 1 de 2005, en ejercicio de la revisión oficiosa del proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.

En dicho ordenamiento legal, se establecieron algunas prohibiciones o limitaciones entre las cuales, se encuentra la consagrada en el artículo 32 de la referida ley estatutaria que a su tenor reza de la siguiente manera:

“Articulo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente…”

La limitación o restricción que el legislador estableció respecto de la garantía laboral en lo atinente a la no afectación de la nómina en épocas prelectorales, no resulta sino solo aplicable a la rama ejecutivo del poder público.

En ese sentido, considera la Sala que la restricción o limitación establecida en el artículo 32 de la ley 996 de 2005 debe entenderse de manera restrictiva, es decir, que no puede hacerse extensiva la misma a los demás órganos del Estado, porque de haber sido esa la interpretación que se le debía dar a dicho texto legal- extender la prohibición a los demás entes estatales- , el mismo legislador así lo hubiese delimitado, tal como si sucedió con el artículo 33 de la referida ley, en la cual, de manera expresa y sin equivoco alguno, estableció la limitación de contratación directa en todos los entes del Estado. O en su defecto, el órgano rector y guardián de la constitución al momento de pronunciarse sobre el estudio o control de constitucionalidad de la misma lo habría dejado por sentado, tal como ocurrió con los apartes declarados inexequibles del artículo 38 de la pluricitada ley.

En congruencia con lo antes señalado, la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto con radicación  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22029" \l "0" 1720, sobre las restricciones y prohibiciones contenidas en los artículo 32 y 33 de la ley 996 de 2005 y reiterado en el concepto de fecha 10 de junio de 2010, radicado No 11001-03-06-000-2010-00066-00, Número interno 2.011, dijo:

"En este orden de ideas, la interpretación sistemática de las disposiciones consagradas en los artículos 32, 33 y el parágrafo del artículo 38 de la ley 996 de 2005 lleva a concluir que dichas normas contienen restricciones y prohibiciones para periodos preelectorales diferentes; las dos primeras, de manera específica para los cuatro meses anteriores a la elección presidencial; el último, de manera más genérica para los cuatro meses anteriores a las elecciones para cualquier cargo de elección popular a que se refiere la ley– incluido el de Presidente de la República-; de manera que dichas restricciones no se excluyen sino que se integran parcialmente, lo que permite concluir que en periodo preelectoral para elección de Presidente de la República, a todos los entes del Estado, incluidos los territoriales, se aplican las restricciones de los artículos 32 y 33 con sus excepciones, así como las del parágrafo del artículo 38. En cambio, para elecciones en general, excluyendo las correspondientes a Presidente de la República, a las autoridades territoriales allí mencionadas sólo se aplican las restricciones contenidas en el parágrafo del artículo 38.

El hecho de que los artículos 32 y 33 de la ley 996 de 2.005 contengan prohibiciones y restricciones aplicables, las primeras en la Rama Ejecutiva; las segundas a todos los entes del Estado, específicamente para el periodo que precede las elecciones presidenciales, mientras que el parágrafo del artículo 38 ibídem, abarca un periodo preelectoral más genérico, con prohibiciones aplicables sólo a autoridades territoriales, hace que en sana hermenéutica no sea posible hacer extensivas las excepciones que el artículo 33 consagra para las prohibiciones y restricciones de los artículos 32 y 33, a las prohibiciones del artículo 38 parágrafo, pues no sólo se refiere a dos postulados de conducta diferentes, sino que se trata de normas de carácter negativo cuya interpretación es restrictiva; y además no puede olvidarse que el legislador en el artículo 32 de la ley en comento, expresamente extendió la excepción a las restricciones contenidas en el artículo 33, únicamente para los casos de prohibición enunciados por dicho artículo 32".

Nótese entonces, que la restricción contenida en el artículo 32 de la ley 996 de 2005 resulta aplicable solo a la rama ejecutiva, mientras que las prohibiciones establecidas en el artículo 38 y parágrafo de la misma norma resultan aplicables a todos los entes del Estado. Ello por cuanto que, con la suspensión de las vinculaciones que afecten a la nómina estatal durante el periodo en que el candidato presidente puede estar en campaña electoral, constituye una garantía de una mayor equidad de condiciones entre este candidato- presidente- y los demás aspirantes a la Presidencia de la República, en cuanto a través de esas vinculaciones se pueden buscar favores políticos.

Así mismo, el artículo 38 de la ley citada en precedencia instituyó las siguientes prohibiciones:
“Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido:

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera por razones políticas, durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones.
La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.
Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa…”

Ahora bien, los textos subrayados fueron declarados inexequible por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18212" \l "0" sentencia C-1153 de 2005. En ese orden, el referido artículo 38 establece algunas prohibiciones, en principio, para los servidores públicos autorizados por la Constitución para el ejercicio de actividad política.

Lo anterior permitiría pensar que tal restricción estaría orientada a los servidores públicos que hacen parte de la rama del poder ejecutivo, por cuanto que, serian aquellos que sin duda alguna tienen una alta vocación o componente político, razón por la que, dentro de las prohibiciones se encuentran el presionar a sus subalternos para que apoyen determinada causa política, el difundir propaganda electoral en medios de comunicación oficiales, el favorecer laboralmente a quienes dentro de su entidad participen en igual causa política, el ofrecer beneficios a los ciudadanos para influir en su intención de voto y el despedir funcionarios de carrera por razones de buen servicio entre otras.

Sin embargo, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo, al intervenir en el proceso de constitucionalidad en comento, sostuvieron que el inciso primero del artículo 38 se prestaba para entender que los funcionarios de la rama judicial, los de los órganos electorales, de control y de seguridad, al no estar incluidos expresamente, no se verían cubiertos por tales prohibiciones y podrían desconocerlas sin que tal conducta fuera reprochada, para lo cual, solicitaron se declarase inexequible la expresión “a excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad”  y la palabra “demás” contenidas en el inciso primero del artículo prenombrado artículo.

En efecto, la Corte Constitucional al compartir la postura esgrimida por el Ministerio Publico y, al considerar que para evitar todo tipo de equívoco en cuanto a la extensión de la prohibición a todos los servidores públicos, declaró inexequible las expresiones a “excepción de” y que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución”, quedando de esa manera claro que los sujetos pasivos de las prohibiciones enunciadas son todos los servidores públicos.

Lo anterior permite inferir que el propósito pretendido con la prohibición es garantizar en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones de acuerdo al pronunciamiento del máximo órgano de la jurisdicción constitucional, no solo es aplicable a los servidores públicos que hacen parte de la rama ejecutiva sino que, se extiende a todos los servidores en general, entre los que se encuentran, precisamente, aquellos que habían sido objeto de excepción en el texto original de la norma, valga decir, a los órganos de control.
(…)”

2.3. De las pruebas.

Con el fin de desarrollar el caso concreto, para la Sala es necesario hacer un recuento del acervo probatorio que reposa en el expediente, así:

Registro civil del señor Pedro Nel Jiménez Palacino.

Reporte de semanas cotizadas en pensión, expedido por Colpensiones indicando que el informe es desde enero de 1967 a noviembre de 2017.

Oficio del 1º de agosto de 2017, mediante el cual el señor Pedro Nel Jiménez Palacino informa que está próximo al alcanzar los requisitos necesarios para adquirir el estatus de pensionado, hecho que le impide generar la renuncia al cargo.

Resolución ordinaria 0903 del 5 de noviembre de 2015, por la cual se nombra al doctor Pedro Nel Jiménez Palacino en el cargo de libre nombramiento y remoción como Gerente Seccional Grado 01 de la Planta Global de la Auditoria General de la República, asignado a la Gerencia Seccional VII de la ciudad de Armenia.

Correo electrónico del 13 de octubre de 2017, en el cual el señor Pedro Nel Jiménez Palacino adjuntó documentos donde expresa situaciones relacionadas con su condición de pre-pensionado.

Oficio del 13 de octubre de 2017, dirigido a la Directora de Talento Humano de la Auditoria General de la República, con el cual el actor pone de presente que se encuentra dentro de la figura llamada “retén social”.

Oficio del 17 de noviembre de 2017, dirigido al Auditor General de la República y la Directora de Talento Humano de la Auditoria General de la República, reiterando los oficios anteriores.

Resolución ordinaria 0972 del 16 de noviembre de 2017, mediante la cual se declaró insubsistente a partir del 16 de noviembre de 2017 el nombramiento ordinario del doctor Pedro Nel Jiménez Palacino, en el empleo de libre nombramiento y remoción de Gerente Seccional Grado 01 de la Planta Global de empleos de la Auditoria General de la República.

Resolución 0973 del 16 de noviembre de 2017, por la cual se corrigió un error de digitación en la Resolución 0972 del 16 de noviembre de 2017.

Resolución 254404 del 17 de septiembre de 2019, mediante la cual se le negó el reconocimiento pensional al señor Pedro Nel Jiménez Palacino.

2.4. Caso concreto.

Expuso el abogado del demandante, que la declaración de insubsistencia de un empleo de libre nombramiento y remoción tiene restricciones aplicables a todos los entes del Estado y a todas las ramas del poder pertenecientes al nivel nacional y territorial en virtud de la Ley 996 de 2005.

Para resolver el cargo expuesto por el apoderado del actor, es necesario advertir que no existe duda que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino fue nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción como Gerente Seccional Grado 01 de la Planta Global de la Auditoria General de la República, asignado a la Gerencia Seccional VII de la ciudad de Armenia.

Ahora bien, se ha dicho desde esta Corporación que este tipo de empleos hacen parte de aquellos que conforman la Función Pública y dentro de la naturaleza de sus funciones están la dirección, conducción y orientación institucional; asimismo, se ha insistido en que este tipo de empleos requieren el más alto grado de confianza para su desempeño, y que su retiro podrá hacer utilizando la figura de la insubsistencia conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004; claro está, teniendo en cuenta los criterios de racionalidad, proporcionalidad y la razonabilidad.

Dicho lo anterior, y descendiendo al caso sub examine debe recordarse que mediante sentencia C-1153 de 2005 expedida por la Corte Constitucional se realizó el control de constitucionalidad de la “Ley Estatutaria de Garantías Electorales”. La anterior providencia, dijo que en el artículo 38 de la norma en comento estableció algunas prohibiciones en principio para los servidores públicos que hacen parte de la Rama Ejecutiva; sin embargo, dentro de las intervenciones realizadas por la Procuraduría General de la Nación y la Personería del Pueblo que se dieron en el curso del trámite constitucional, se dijo que del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 fácilmente se podía pensar que los funcionarios que hacen parte de la Rama Judicial, de los órganos electorales y de control y seguridad se encontraban excluidos de la aplicación de esta norma.

De lo expuesto, la Corte Constitucional con el fin de evitar otras interpretaciones declaró inexequibles las expresiones contenidas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, así a “excepción de” y “que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución”; con la anterior declaración, el Alto Tribunal Constitucional dejó zanjada la discusión en lo que tiene que ver con la aplicación de las prohibiciones del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, para todos los servidores públicos sin excepción. Lo anterior, nos permite concluir que la prohibición del canon antes mencionado, no solo es para los empleados de la rama ejecutiva, sino también para los órganos de control como es el caso de la Auditoria General de la República.

Del análisis anterior, la Sala estima que podría considerarse la nulidad de la Resolución 0972 del 16 de noviembre de 2016, mediante la cual el Auditor General de la República declaró insubsistente al señor Pedro Nel Jiménez Palacino, sino fuera porque, el numeral 5º del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 estableció como prohibición para los servidores públicos solo la desvinculación de funcionarios de carrera; ahora bien, teniendo en cuenta que el empleo de libre nombramiento y remoción ocupado por el actor es una excepción a la regla general, la cual indica que los empleos de los organismos y las entidades reguladas por la Ley 909 de 2004 son de carrera administrativa, es evidente que la decisión contenida en el acto deprecado goza de presunción de legalidad.

En los mismos términos lo expuso esta Subsección en la sentencia del 31 de mayo de 2016 citada en precedencia, cuando dijo:

“(…)

Empero, el numeral quinto (5) del mencionado artículo 38 de la ley 996 de 2005, prohibió a los servidores públicos de cualquier ente del Estado, despedir a funcionario de carrera administrativa alegando razones de buen servicio, no siendo extensible tal limitación a los empleados de libre nombramiento y remoción.

A manera de colofón, debe precisar la Sala, que la limitación contenida en el artículo 32 de la ley 996 de 2005, debe interpretarse en su sentido restrictivo- tal como lo realizó la H. Corte Constitucional-, es decir, que los destinatarios de la misma solo resultan ser los servidores de la rama ejecutiva del poder público, quienes tiene un mayor poder de nominación y un alto componente político, todo ello en aras de salvaguardar los principios de la función administrativa contenido el artículo 209 de la Carta Superior.

A contrario sensu, el contenido prohibitivo prescrito en el artículo 38 de la prenombrada ley 996 de 2005, resulta aplicable a todos los servidores públicos, incluidos por supuesto, los órganos que inicialmente habían sido exceptuado por la misma normativa, valga decir, los órganos del poder judicial, de control, electorales y de seguridad, ello debido a los efectos de la sentencia C-1153 de 2005, pero en lo atinente a la prohibición de retiro del servicio, solo deviene aplicable a funcionarios de carrera administrativa. (Las negritas y el subrayado es nuestro)

(…)”

Por otra parte, y conforme a lo afirmado por el apoderado de la parte actora en el recurso de apelación, cuando dijo que hay lugar a declarar la nulidad de los actos administrativos demandados porque no se probó por parte de la Auditoria General de la República la diligencia para registrar las razones que dieron lugar al retiro del retiro en la hoja de vida del actor. Desde ya esta Subsección considera que no le asiste razón al demandante, ya que la ausencia de la anotación de las razones para el retiro del servicio en la hoja de vida, no constituye por si sola un elemento de validez del acto que declara la insubsistencia, ni es requisito para su conformación y mucho menos para su eficacia; tal y como lo dijo la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 18 de febrero del 2021 cuando expuso:

“(…)

En lo que toca con la anotación en la hoja de vida de las causas que originaron la desvinculación del servidor público, la Corte Constitucional indicó que:

«9. El artículo 26 del decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que, en la respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la facultad discrecional que se contiene en la norma, de la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de tal decisión, no obstante, lo cual debe dejarse constancia de ella en la hoja de vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las razones que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los medios de defensa judicial a su alcance.

[…]

10. De esta manera, la lectura completa de la disposición acusada, lleva a concluir sobre su exequibilidad. No sólo la falta de motivación de los actos administrativos de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se vio, no se opone a la Constitución, sino que, en el caso presente, la exigencia de motivación posterior excluye la posibilidad de que la desvinculación así efectuada se erija en un acto arbitrario y caprichoso contra el cual no exista la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, como lo aduce la demanda. No hay en este caso, excepción al principio de publicidad de los actos administrativos, pues el interesado puede conocer la motivación que originó su retiro.  En virtud de lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la proposición jurídica completa conformada por el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, toda vez que la expresión parcialmente acusada, no puede ser considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del texto de la norma.»

No obstante, esta Sala ha considerado que la ausencia de la anotación en la hoja de vida no constituye un elemento de validez del acto, ni requisito para su conformación ni presupuesto para su eficacia. Su omisión no puede, entonces, generar la nulidad del acto sino, a lo sumo, constituye falta disciplinaria para el funcionario que no dio cumplimiento a dicho deber.

En este orden de ideas, una vez efectuado el análisis armónico de las anteriores normas y según lo expresado por el máximo tribunal constitucional, es viable concluir que la declaratoria de insubsistencia de los empleados de libre nombramiento y remoción es la facultad discrecional del nominador que se ejercita a través de un acto administrativo que por su naturaleza es inmotivado, no obstante estar fundado en motivos implícitos, acordes con la efectiva prestación del servicio público.

En otras palabras, el acto por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento de un empleado de libre nombramiento y remoción debe ser inmotivado por el nominador, y el deber de explicar los motivos en la hoja de vida del empleado de las causas que originaron la desvinculación no hace parte de la esencia misma del acto, sino tan solo constituye un antecedente laboral que debe plasmarse en su hoja de vida.

(…)”

Por lo señalado en la anterior cita jurisprudencial, la Sala considera que la omisión en la anotación de las razones que sirvieron de fundamento para declarar insubsistente al señor Pedro Nel Jiménez Palacino en su hoja de vida, no genera per se la nulidad de la Resolución 0972 del 16 de noviembre de 2017.

Sostiene el abogado, que en el caso concreto se le vulneraron los derechos al mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, en la medida que el tribunal justificó su decisión en que el actor se encontraba en un cargo de libre nombramiento y remoción. Afirmó, que aun cuando el actor en diferentes ocasiones informó a su superior jerárquico el estatus de pre-pensionado en el que se encontraba, por faltarle solo tres años para obtener el derecho a su pensión, es claro que la demandada utilizó su facultad discrecional de manera arbitraria para declararlo insubsistente. Advirtió, que se puso de presente la jurisprudencia que indica que los empleados de libre nombramiento y remoción son favorecidos del beneficio otorgado a los pre-pensionados.

Para resolver el vicio de nulidad alegado por el apoderado del señor Pedro Nel Jiménez Palacino, la Sala considera necesario recordar algunos partes de los hechos de la demanda.

Señaló el apoderado de la parte actora, que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino mediante Resolución 903 del 5 de noviembre de 2015 fue nombrado en el cargo de Gerente Seccional Grado 01 de la planta global de la Auditoría General de la República, asignado a la Gerencia Seccional VII con sede en la ciudad de Armenia.

Advierte el abogado, que el demandante cuenta con 61 años de edad y un total de 1315 semanas cotizadas para acceder a su pensión de vejez; indicó, que dicha situación lo pone en condición de pre-pensionado de acuerdo con lo establecido en la ley y lo resuelto por la jurisprudencia. Expuso, que dicha condición fue comunicada en su momento al señor Auditor General de la República y reiterada posteriormente el 13 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, advirtiendo que los servidores que se encuentran a menos de tres años de cumplir con las exigencias para beneficiarse de la pensión se les debe garantizar la estabilidad reforzada.

De lo anterior, la Sala advierte que el actor a través de su apoderado afirmó en los hechos de la demanda que para la época en que se expidió la Resolución 0972 del 16 de noviembre de 2017, mediante la cual el Auditor General de la República declaró insubsistente al señor Pedro Nel Jiménez Palacino este contaba con 61 años de edad y 1315 semanas cotizadas. Revisado, el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones y allegado con el libelo demandatorio visto a folios 19 a 25 del expediente, se puede observar que efectivamente el demandante a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado tenía en promedio 1315,15 semanas cotizadas.

En ese orden de ideas, la Sala coincide con lo expuesto por el a quo en la sentencia apelada cuando dijo que “…bajo los lineamientos normativos y jurisprudenciales se verificó que los actos administrativos acusados se ajustaran al orden jurídico vigente, en tanto que el actor a la fecha en que fueron expedidos acreditaba más de 1300 semanas cotizadas para pensión, lo cual implica que no se encontraba en riesgo la consolidación de su expectativa pensional, ya que la única exigencia restante era el cumplimiento de la edad (62 años), condición que puede acreditarse con o sin vinculación laboral vigente; explicó, que las cotizaciones adicionales al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, no hacen parte de la garantía de estabilidad reforzada denominada pre-pensión. Por ende, el accionante no se encontraba en la condición antes señalada…”.

Ahora bien, fenecidas las oportunidades probatorias previstas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el apoderado de la parte actora allegó con los alegatos de conclusión copia de la Resolución SUB 254404 del 17 de septiembre de 2019, mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – le negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor Pedro Nel Jiménez Palacino, por considerar que solo acreditó 1.281 semanas cotizadas; aunado a lo anterior, el mismo acto administrativo en su parte considerativa expuso “…se le informa al pensionado que una vez verificada su historia laboral, se evidencia que se encuentra en curso el proceso de actualización y gestión de recuperación de los tiempos que fueron trasladados del régimen de ahorro individual RAIS al Régimen de prima media administrado por Colpensiones, empero es de anotarse que dichas validaciones dependen de un ente externo y que en la medida que se reciba la información por parte de la administradora de fondo de pensiones RAIS correspondiente, se subsanaran las inconsistencias y se acreditaran correctamente los ciclos que la AFP reporte (…)”.

Ciertamente, sería del caso que la Sala evaluara sí el demandante a partir de la negativa para obtener su derecho pensional tenía la calidad de pre-pensionado, sino fuera porque revisado el Sistema Integral de Información de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, se pudo constatar que el señor Pedro Nel Jiménez Palacino identificado con cédula de ciudadanía 13.643.388 de Buenavista, es beneficiario de una pensión de vejez reconocida y pagada por la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – a través de la Resolución 224280 del 22 de octubre de 2020. En efecto, la Sala no estudiará a fondo el cargo aludido, por encontrar que este es un hecho superado; en consecuencia, los vicios de nulidad alegados por el actor no están llamados a prosperar.

DECISIÓN

Por lo anterior, la Sala confirmará en todas sus partes la sentencia del 21 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 21 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/vistas/documentos/evalidador.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
(En comisión de servicios)
Folios 148 a 156.
Folios 72 a 75
Folios 148 a 156

Folios 161 a 166
Folio 185
Folio 224
Folios 198 a 212
Folios 221 a 223
Derecho Administrativo Laboral; Decimotercera edición 2018, Diego Younes Moreno; editorial Temis; Capítulo XIV, numeral III, pág. 534.
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”
Sentencia del 29 de abril de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. 250002342000201603884-01 (4681-17); demandante: María del Pilar Escobar Parra; demandada Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente No. 250002325000201000254-01, No. INTERNO: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-372 de 2012. Sentencia del 31 de mayo de 2016; C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Rad. 50001233100020100056301 (4780-14); demandante: Claudia Cuellar Afanador; demandada: Procuraduría General de la Nación. Acto Legislativo No. 2 del 2004 (dic.27), "Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones". D. O. No. 45.775 de dic.28/04. Art. 1º: "Modificase los incisos 2º y 3º del artículo 127 de la Constitución Política y adiciónense dos incisos finales al mismo artículo, así: / A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución. / Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria. (…)"
Ley 996 de 2005 (nov. 24), "Por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones." D. O. No. 46.102 de nov. 24/05. Ver sentencia C-1153-2005 en la cual, la corte constitucional señaló lo siguiente: “(…) La Sala comparte las opiniones arriba expuestas. No obstante, estima que para evitar todo tipo de equívoco en cuanto a la extensión de esta prohibición a todos los servidores públicos se hace preciso declarar inexequible las expresiones a “excepción de” y “que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución”. Únicamente de esta manera habrá total claridad en que los sujetos pasivos de las prohibiciones enunciadas son todos los servidores públicos...”
Folio 18
Folios 19 a 25
Folio 26
Folio 28
Folio 29
Folio 30
Folios 32 y 33. Folio 34
Folio 35 y vuelta. Folios 193 a 197.
“(…) La Sala comparte las opiniones arriba expuestas. No obstante, estima que para evitar todo tipo de equívoco en cuanto a la extensión de esta prohibición a todos los servidores públicos se hace preciso declarar inexequible las expresiones a “excepción de” y “que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución”. Únicamente de esta manera habrá total claridad en que los sujetos pasivos de las prohibiciones enunciadas son todos los servidores públicos...”. ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido: “(…) 5. Aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de carrera (…)”
Sentencia del 18 de febrero de 2021; C.P. Gabriel Valbuena Hernández; Rad. 250002342000201304482-01 (1955-2016); demandante: Andrés Uribe Preciado.
“ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS.

Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. <Numeral modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2080_2021_pr001.html" \l "53" 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.”
Folios 193 a 197
Folios 148 a 156.

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Número interno: 2312-2019
Demandante: Pedro Nel Jiménez Palacino
Demandada: Auditoría General de la República

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