Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2018-00160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión gracia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00160-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2018-00160-01
Consejero ponente: William Hernández Gómez
22 de julio de 2021
PENSIÓN GRACIA / REQUISITOS DE LA PENSIÓN GRACIA / DOCENTE TERRITORIAL / DOCENTE NACIONALIZADO / ACUMULACIÓN DE TIEMPOS DE SERVICIO / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
[P]ara la Sala resulta suficientemente claro que los tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de jubilación. […] [L]a Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad de quienes tienen derecho a esta prestación. […] [L]o esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues son aquellos docentes los beneficiarios del régimen prestacional reclamado en el sub lite. […] [D]eterminó que la prueba de calidad de docente territorial se puede acreditar a través del acto administrativo donde conste el vínculo y que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su defecto, también es posible demostrar tal situación con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial o nacionalizado. […] [D]e las pruebas allegadas al sub examine, que el señor José Alirio Villada Suaza prestó sus servicios como docente oficial; sin embargo, no acreditó el tiempo requerido legalmente como docente territorial o nacionalizado para el derecho a la pensión gracia, circunstancia que se encuentra demostrada con los elementos de prueba a los que se hizo alusión y que dan cuenta en debida forma que, si bien se desempeñó como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, su vinculación laboral con posterioridad no resulta apta para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicios docentes bajo vinculación territorial o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional. […] [L]a pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.
FUENTE FORMAL: LEY 114 DE 1913 / LEY 116 DE 1928 / LEY 37 DE 1933 / LEY 91 DE 1989 – ARTÍCULO 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 63001-23-33-000-2018-00160-01(3850-19)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Demandado: JOSÉ ALIRIO VILLADA SUAZA
Referencia: RECONOCIMIENTO PENSIÓN GRACIA. LESIVIDAD. NO ACREDITÓ 20 AÑOS DE SERVICIO EN EL SECTOR DOCENTE OFICIAL EN CALIDAD TERRITORIAL O NACIONALIZADO.
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
DEMANDA
La UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, demandó al señor José Alirio Villada Suaza.
Pretensiones:
Declarar la nulidad de la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, mediante la cual Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al señor José Alirio Villada Suaza, efectiva a partir del 17 de abril de 1992.
Como restablecimiento del derecho solicitó se ordene al señor Villada Suaza reintegrar la totalidad de las sumas canceladas en virtud del acto administrativo que le reconoció la prestación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913 y concordantes.
Fundamentos fácticos relevantes
El señor José Alirio Villada Suaza nació el 17 de abril de 1942.
El demandado acreditó los siguientes tiempos al servicio del Estado: Al departamento del Quindío del 1.° de julio de 1966 hasta el 1.° febrero de 1971 con tipo de vinculación nacionalizada; al Ministerio de Educación Nacional desde el 1.° de febrero de 1971 al 30 de mayo de 1973; en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada Manuel Murillo Toro de Ibagué desde el 14 de mayo de 1973 al 31 de enero de 1975 y; al Instituto Nacional de Educación Media Diversificada José Celestino Mutis desde el 1.° de febrero de 1975 al 24 de marzo de 1996.
Mediante Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, Cajanal reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia de conformidad con la Ley 114 de 1913 y concordantes, efectiva a partir del 17 de abril de 1992.
Según certificados de la gobernación del Quindío, de fecha 25 de diciembre de 2005 el demandado se vinculó en propiedad como nacionalizado del 1.° de julio de 1966 al 31 de enero de 1970 y del 1.° de febrero de 1970 al 7 de febrero de 1971 para un total de 4 años, 7 meses y 7 días y; como nacional, en forma continua, del 3 de febrero de 1975 al 23 de marzo de 1995 con un total de 21 años, 1 mes y 23 días.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de modo que la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones y las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 11 de abril de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«La parte demandada, en la contestación de la demanda, propuso las siguientes excepciones: i) Caducidad de la acción de lesividad, ii) Cobro de lo no debido; iii) buena fe, iv) Prescripción; v) Cumplimiento de los requisitos legales y; vi) Confianza legítima de los actos emitidos por la Administración.
[…]
El Tribunal puso de presente que la resolución de las excepciones propuestas, debe deferirse al momento del fallo, pues atacan el fondo del asunto, es decir, los argumentos expuestos pretenden enervar el derecho que presuntamente le asiste a la parte demandada de ser beneficiario de la pensión gracia, salvo lo relacionado con la caducidad de la acción de lesividad la cual se resuelve de manera negativa […]
En ese orden de ideas, la excepción de “Caducidad de la acción de lesividad”, no está llamada a prosperar, pues por tratarse de un tema relacionado con una prestación periódica (pensión gracia) no tiene término de caducidad.»
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«¿Está viciada de nulidad la Resolución 13505 el 15 de diciembre de 1994, mediante la cual la hoy extinta CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL- ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del señor JOSÉ ALIRIO VILLADA SUAZA?
En caso afirmativo, deberá determinarse si es viable el restablecimiento del derecho en los términos solicitados en el escrito de demanda, es decir, en el sentido de ordenar el reintegro de la totalidad de las simas canceladas por concepto de pensión gracia.»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 24 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo de Quindío declaró la nulidad de la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia al señor José Alirio Villada Suaza, y negó las demás pretensiones con fundamento en las siguientes razones:
En primer lugar, el tribunal luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial de la pensión gracia indicó que no había lugar al reconocimiento del beneficio pensional concedido en la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, pues el tiempo laborado por el demandado como docente nacional entre el 3 de febrero de 1975 -cuando fue nombrado como profesor II-B de Sociales del Instituto Nacional de Educación Media Diversificada de Ibagué- y hasta el 23 de marzo de 1996 -cuando posteriormente fue traslado en el mismo cargo al INEM de Armenia-, no puede computarse para acceder a la pensión gracia, por haber ostentado en ese lapso un vínculo de carácter nacional.
Adicionalmente, precisó que, la jurisprudencia es reiterada en señalar que los servicios prestados en el INEM, debe tenerse como vinculación de orden nacional, en atención a lo consagrado en el Decreto 1962 de 1969 y como sustento de ello transcribió apartes de una providencia proferida por esta Corporación al respecto.
En segundo lugar, negó la restitución de los dineros percibidos por el demandado, toda vez que la entidad demandante no logró desvirtuar la presunción de buena fe del señor Villada Suaza.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada recurrió la sentencia de primera instancia para que sea revocada y, en su lugar, se nieguen las súplicas de la demanda, pues en su criterio el a quo desconoció que su desempeño como docente fue con vinculación nacionalizada por más de 20 años, lo que le permitía acceder a la pensión gracia, con fundamento en los siguientes razonamientos:
En primer lugar, afirmó que el tribunal omitió valorar: i) la certificación emitida por la gobernación del Quindío del 23 de octubre de 2002, que da cuenta de manera inequívoca que desde el año 1966 hasta el año 1996 el tipo de vinculación al cual estuvo sometido era de carácter nacionalizado; ii) la naturaleza de la entidad que emitió los actos de vinculación, licencias, traslados y terminación del vínculo; iii) la competencia del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, en adelante ICCE, entidad que manifestó hacer parte de la junta administrativa del Fondo Educativo Regional, en adelante FER y; iv) que el cargo de docente directivo desempeñado ante el FER era de carácter territorial.
En segundo lugar, sostuvo que, en razón de su nombramiento en el INEM, institución que se encontraba adscrito al departamento del Quindío, al incorporarse su planta de personal al citado ente territorial de conformidad con el proceso de nacionalización de la educación, ostentó una vinculación como educador nacionalizado por más de 20 años.
En tercer lugar, destacó además que fue nombrado en el año 1973 por el director del ICCE, antes de realizar la transición y de los FER al iniciar el tránsito con los docentes de orden nacional, los cuales tienen la connotación de nacionalizados al encontrarse vinculados antes del 31 de diciembre de 1980
Al respecto, precisó que desde el año 1970 hasta el año 1975 le fue confiada a la ICCE la dirección administrativa de los INEM, y fue a partir del Decreto 088 del 22 de enero de 1976 que se entregó su administración a la División Especial de Enseñanza Media Diversificada, entidad que era dependiente del Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente, concluyó que para definir si existe lugar al reconocimiento de la pensión gracia se deben analizar los actos de nombramiento y posesión, el tipo de vacante y la plaza del docente, la transición legislativa y el certificado emitido por la Secretaría de Educación del Quindío y que, de existir alguna contradicción en la información consignada en dichos documentos, debió deprecarse la documentación pertinente en busca de la verdad procesal.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La UGPP sostuvo que el señor José Alirio Villada Suaza no cumple con los requisitos de la Ley 114 de 1913, para el reconocimiento de una pensión gracia toda vez que los tiempos de servicios prestados en el Ministerio de Educación Nacional desde el 1.° de febrero de 1971 a 30 de mayo de 1973, en el INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué desde el 14 de mayo de 1973 al 31 de enero de 1975 y en el INEM José Celestino Mutis de Armenia desde el 1.° de febrero de 1975 al 24 de marzo de 1996, son de carácter nacional y, por ende, no son computables para efectos del reconocimiento pensional a su favor, como erradamente lo hizo Cajanal.
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Igualmente indicó que el presente medio de control no cumple con su objeto y requisitos legales, toda vez que no existe claridad respecto al acto demandado, comoquiera que la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, trata es del reconocimiento de una pensión de jubilación. No obstante, precisó que de considerarse que el acto acusado efectivamente reconoce la prestación pensional de gracia, la fecha en la cual se realizó dicho reconocimiento se ajustó a las decisiones jurisprudenciales de ese entonces.
Adicionalmente, destacó que existió una confianza legítima para con el Estado, al creer que efectivamente cumplió con los requisitos legales, para ahora tener que asumir cargas económicas y afectar su mínimo vital en su condición de persona de la tercera edad.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada.
Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia es el siguiente:
¿En el sub judice no se acreditó que el señor José Alirio Villada Suaza hubiese cumplido 20 años de servicio como docente oficial del orden territorial o en calidad de nacionalizado?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el sub examine se demostró fehacientemente por la parte interesada que el señor José Alirio Villada Suaza, a quien le fue reconocida una pensión gracia de jubilación por parte de Cajanal EICE, no cumplió el requisito exigido por la Ley y la jurisprudencia de 20 años de servicio docente territorial o nacionalizado, como se explica a continuación:
La pensión de jubilación gracia
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1. °, acerca de los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», preceptúa lo siguiente:
«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].
Así mismo, el numeral 2 del artículo 15 de la anterior norma limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al señalar textualmente que:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia así:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»
De la misma manera, los requisitos para dicha pensión fueron reiterados en otra sentencia de unificación, en la cual se dijo lo siguiente:
«De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran haber prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta años de edad y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.» [Negrillas fuera de texto].
Finalmente, de forma muy reciente, esta Subsección resolvió un caso similar en donde se hizo alusión a la diferencia entre los docentes nacionales y aquellos que hicieron parte del proceso de nacionalización. Al respecto, en sentencia del 29 de octubre de 2020 se dijo lo siguiente:
«37. Esta Corporación, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos:
«El numeral 3º. Del artículo 4º. Ib. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
Despréndase de la precisión anterior, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.»
38. De lo anterior, se infiere que la citada prestación se causa únicamente para los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal. Es claro entonces, que el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas.
39. Al respecto, esta Subsección en sentencia de 27 de abril de 2016 expresó con base en la sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997 de la Sala Plena de la misma Corporación, que no serán computables los tiempos de servicio ejercidos en planteles nacionales ni aquellos que provengan de nombramientos efectuados por el Gobierno Central, así:
«2.3.2. De la vinculación del personal docente.
En lo que respecta a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 consagró la descentralización administrativa en el sector de la educación, y dispuso que:
«Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes. […]
Parágrafo 1º.- Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon. […]
Artículo 10º.- Los Gobernadores, Intendentes y Comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.
Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del Alcalde, el Ministerio podrá mediante Resolución trasladar tal competencia.”
[…]
De tal manera y de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso No. S-699 de la cual fue ponente el Magistrado doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, sólo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales, departamentales o nacionalizados. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional.»
40. De lo anterior se concluye que los beneficiarios de la pensión gracia serán aquellos docentes cuya vinculación sea territorial y/o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional, bien sea porque provenga directamente del Gobierno Nacional o se acredite en el plenario que la profesión se ejerció en una institución educativa nacional.» (negrillas fuera de texto original).
De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta suficientemente claro que los tiempos de servicio como docente del orden nacional no pueden ser computados para efectos de los requisitos exigidos para adquirir la pensión gracia de jubilación.
La sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
Ahora bien, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en relación con el tema específico del reconocimiento de la pensión gracia, procedió en la aludida providencia a explicar la incidencia de los recursos con los que se remunera a los docentes (situado fiscal y sistema general de participaciones); la naturaleza de los fondos educativos regionales (FER); y la prueba de la calidad de quienes tienen derecho a esta prestación, y en consecuencia, fijó las reglas de unificación que a continuación se transcriben:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del texto original)
En el presente asunto se acreditó la vinculación de carácter nacional del causante.
En el sub examine, la Sala advierte que lo pretendido a través del recurso de apelación interpuesto por el señor José Alirio Villada Suaza es que se revoque la sentencia de primera instancia por considerar que el a quo no tuvo en cuenta que el tiempo laborado como docente en el INEM de Ibagué y Armenia, lo fue en calidad de nacionalizado, razón por la cual consideró que sí es beneficiario de la pensión gracia.
En ese orden de ideas, se tiene que en el presente asunto está demostrado que el señor José Alirio Villada Suaza nació el 17 de abril de 1942.
Por otra parte, respecto al tiempo de servicios y tipo de vinculación obra la siguiente documentación:
Certificación del 16 de marzo de 1993 emitida por la jefe de personal del departamento del Quindío, de la que se advierte que el señor Villada Suaza prestó sus servicios al citado ente territorial así: i) del 1.° de julio de 1966 hasta el 31 de enero de 1970, como maestro de enseñanza primaria y; ii) del 1.° de febrero de 1970 hasta el 1.° de febrero de 1971 como profesor de enseñanza secundaria.
Certificación del 19 de marzo de 1993, emitida por el rector del Colegio Nacional del Quindío, que da cuenta que el demandado prestó sus servicios a ese plantel como docente de tiempo completo desde el 1.° de febrero de 1971 hasta el 30 de mayo de 1973, fecha en la cual le fue aceptada su renuncia mediante Resolución 5789 de 1973 del Ministerio de Educación Nacional.
Constancia de fecha 17 de marzo de 1993, dictada por el subdirector administrativo del INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde informó que el demandado ingresó a este plantel como profesor II-B de tiempo completo del departamento de Sociales, el 14 de mayo de 1973 -según Resolución 2885 del 15 de junio de 1973-, hasta el 31 de enero de 1975.
Certificación del 15 de marzo de 1993, emitida por el rector del INEM José Celestino Mutis de Armenia, que da cuenta que el señor Villada Suaza prestó sus servicios a ese centro educativo desde el 1.° de febrero de 1975 a la fecha de su expedición.
Certificación expedida el 23 de octubre de 2002 por el director de talento humano (E) de la Gobernación del Quindío, en la que sostuvo que el señor Villada Suaza prestó sus servicios como docente nacionalizado así:
«NOMBRAMIENTO
Mediante Decreto 2020 del 28 de octubre de 1966 es nombrado maestro del Centro de Docentes Armenia de Armenia, a partir del 01 de julio de 1966.
Mediante Decreto 24 del 22 de enero de 1970 es nombrado maestro de la Escuela Normal Nacional del Quindío de Armenia.
Mediante Decreto 67 del 10 de febrero de 1971 es aceptada su renuncia como maestro, a partir del 08 de febrero de 1971.
TRASLADOS
Mediante Resolución 347 del 03 de febrero de 1975 es trasladado al Colegio INEM José Celestino Mutis de Armenia, a partir del 01 de febrero de 1975. Coordinador Unidad Docente.
A partir del 12 de enero de 1990 queda por cuenta del municipio de Armenia, según Decreto Departamental 009 del 12 de enero (fecha en la cual fue entregada la planta de personal docente para ser administrada conforme a la ley 29 de 1989 y demás normas reglamentarias).
Según Resolución Ministerial No. 6001 del 20 de diciembre de 1995, queda por cuenta de Departamento a partir del 21 de diciembre de 1995 (fecha en la cual fue certificado el Departamento y se le regresó a la Planta de Personal Directivo, Administrativo, Operativo y Docente Nacionalizados).
Mediante Decreto 250 del 27 de marzo de 1996 es aceptada su renuncia por pensión de Invalidez como maestro, a partir del 24 de marzo de 1996.»
Certificación expedida el 25 de diciembre de 2005 por la Secretaría de Educación Departamental del Quindío, en la que se indica que prestó sus servicios en nivel básica secundaria i) como docente nacionalizado así: del 1.° de julio de 1966 hasta el 31 de enero de 1970 para el municipio de Armenia y del 1.° de febrero de 1970 hasta el 7 de febrero de 1971 en la Escuela Normal Nacional de Quindío; y ii) como docente nacional así: del 1.° de febrero de 1975 hasta el 23 de marzo de 1996.
De otro lado, al dossier se aportó copia de los siguientes actos administrativos de nombramiento y aceptación de renuncias del señor José Alirio Villada Suaza:
Decreto 202 del 28 de octubre de 1966, por medio del cual el gobernador del departamento del Quindío lo nombró para las instituciones urbanas del municipio de Armenia.
Decreto 0024 del 22 de enero de 1970, por medio del cual el gobernador del departamento de Quindío lo nombró como docente en secundaria en la Normal.
Decreto 0067 del 10 de febrero de 1971, por medio del cual el gobernador del departamento de Quindío aceptó la renuncia por él presentada como profesor de la Normal Integrada del Quindío, a partir del 8 de febrero de 1971.
Resolución 0272 del 3 de febrero de 1971, por medio del cual el Ministro de Educación Nacional lo nombró como profesor de enseñanza secundaria en el Colegio Nacional Jesús María Ocampo de Armenia (Quindío).
Resolución 5324 del 4 de junio de 1973, por medio del cual el Ministro de Educación Nacional lo nombró como profesor externo en el Colegio Nacional de Jesús María Ocampo de Armenia (Quindío).
Resolución 5789 del 12 de junio de 1973, a través de la cual el Ministro de Educación Nacional le aceptó la renuncia por él presentada como profesor de enseñanza secundaria del Colegio Nacional Jesús María Ocampo de Armenia (Quindío), a partir del 25 de mayo de 1973.
Resolución 2885 del 15 de junio de 1973, por medio del cual el Gerente General encargado del ICCE lo nombró en el cargo de profesor II-B de sociales en el INEM de Ibagué.
Resolución 0347 del 3 de febrero de 1975, por medio del cual el Gerente General del ICCE lo trasladó del INEM Ibagué para ejercer el mismo cargo en el INEM de Armenia.
Decreto 00250 del 27 de marzo de 1996, a través del cual el gobernador del departamento del Quindío lo retiró del servicio a partir del 24 de marzo de 1996.
Así mismo, se observa que a través de la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994, la desaparecida Cajanal EICE reconoció y ordenó el pago de una pensión gracia en favor del señor Villada Suaza, y en el cual se tuvieron en cuenta los siguientes servicios prestados al Estado:
« ENTIDAD DESDE HASTA DÍAS
DEDUCIDOS LABORALES
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 660701 710130 1650
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 710201 930430 8010
[…]
Que el último cargo desempeñado fue el de PROFESOR en MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL»
Ahora, el tribunal concluyó que el causante laboró como docente territorial o nacionalizado durante el período comprendido entre el 24 de noviembre de 1966 al 31 de enero de 1970 y del 3 de febrero de 1970 al 7 de febrero de 1971, para un total de 4 años, 7 meses y 7 días; mientras que sus vinculaciones posteriores, esto es, entre el 3 de febrero de 1975 hasta el 23 de marzo de 1996 lo fue como docente nacional, motivo por el cual no satisfizo el tiempo suficiente para que le fuera reconocido dicho beneficio. Por su parte, el demandado sostiene que se desempeñó como docente con vinculación nacionalizada por más de 20 años.
Así las cosas, a fin de desatar el recurso de apelación de la parte demandada, debe señalarse que, de conformidad con la sentencia de unificación citada en precedencia, se definió que lo esencialmente relevante frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues son aquellos docentes los beneficiarios del régimen prestacional reclamado en el sub lite.
Así mismo, determinó que la prueba de calidad de docente territorial se puede acreditar a través del acto administrativo donde conste el vínculo y que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales o, en su defecto, también es posible demostrar tal situación con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual fue sometido el docente oficial fue de carácter territorial o nacionalizado.
Bajo ese entendido, la Sala comparte la decisión adoptada por el tribunal bajo las siguientes razones:
En primer lugar, debe reiterarse la distinción que ha hecho el legislador entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en lo relacionado con su tipo de vinculación, bajo el entendido de que, según el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, la clasifica en dos grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional (personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal nacionalizado y territorial).
En ese contexto, debe acudirse a los actos de nombramiento del docente, de lo cual se advierte que no existe discusión acerca de que el tiempo laborado por él en condición de maestro nacionalizado desde el 24 de noviembre de 1966 al 31 de enero de 1970 y del 3 de febrero de 1970 al 31 de enero de 1971, tal como se desprende los Decretos 202 de 1966, 0024 1970 y 0067 de 1971 suscritos por el gobernador del departamento del Quindío. Tampoco lo hay respecto del tiempo laborado como docente nacional entre el 3 de febrero de 1971 hasta el 25 de mayo de 1973, comoquiera que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional, con Resoluciones 0272 de 1971 y 5324.
En cuanto a los actos de nombramiento efectuados por el gerente General del ICCE - Resoluciones 2885 del 15 de junio de 1973 y 0347 del 3 de febrero de 1975-, en los cuales se designó al demandado desde el 14 de mayo de 1973 como docente II-B de sociales en el INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué y; posteriormente trasladado para ejercer el mismo cargo en el INEM José Celestino Mutis de Armenia, hasta el 24 de marzo de 1996, también lo fue en la calidad de educador nacional. Lo anterior porque, si bien los actos de nombramiento no fueron expedidos por el Ministerio de Educación Nacional, el ICCE era un establecimiento público del orden nacional, adscrito a dicha cartera ministerial, a partir de lo cual se infiere que, contrario a lo manifestado por la parte apelante en su recurso, este ente no pertenecía a ningún fondo educativo regional.
Al respecto, debe precisarse que el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares - ICCE fue creado mediante el Decreto 2394 del 16 de septiembre de 1968, «[…] como establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para el cumplimiento de las funciones que en adelante se determinan. El Instituto estará adscrito al Ministerio de Educación Nacional, su domicilio será en la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer dependencia en otros municipios.». Así las cosas, los servicios de docencia prestados por el señor Villada Suaza en el INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué y posteriormente para el INEM José Celestino Mutis de Armenia, obedeció, se reitera, al nombramiento y traslado efectuado por un establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.
De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1962 de 1969, por medio del cual se crearon dentro de un programa de modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en el país, los INEM y se precisó que estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional, en los siguientes términos:
«Artículo 1. Establécese en el país la enseñanza media diversificada entendida como la etapa posterior a la educación elemental y durante la cual el alumno tiene oportunidad de formarse integralmente, a la vez que puede elegir entre varias áreas de estudio, la que más se ajuste a sus necesidades, intereses y habilidades Así, el alumno podrá ingresar a la universidad o desempeñar más efectivamente una determinada función en su comunidad.
[...]
Artículo 3. El programa de educación media diversificada se desarrollará en los institutos nacionales de educación media diversificada (INEM) y en los demás establecimientos que el Ministerio de Educación autorice para ello.»
Bajo el anterior contexto, esta subsección en un asunto de similares contornos, arribó a la siguiente conclusión:
«Da cuenta el plenario que el petente cumplía los 50 años de edad el 12 de febrero de 1990 (fl. 13). Ahora, conforme a la certificación obrante a folio 16 del expediente, se evidencia que el señor José Jesús Jaramillo Díaz prestó sus servicios en el INEM "José Félix de Restrepo" de Medellín, desde el 9 de febrero de 1972 hasta el 30 de diciembre del 2003, Establecimiento Educativo cuya planta de personal sin duda alguna depende del Ministerio de Educación, de donde se concluye el carácter nacional del personal docente adscrito a ella.
En efecto, los establecimientos educativos de esta naturaleza. fueron creados por el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 1962 de 1969, dentro de un programa de modernización, especialidad y extensión de la cobertura educativa en el país, como Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, programa a cargo del Ministerio de Educación Nacional. a quien correspondía su dirección, coordinación y financiamiento con cargo a los recursos de la Nación, razón por la que las plantas de personal docente adscritas a dichas instituciones ostentan el carácter nacional. en virtud del origen de los recursos que las sustentan.".
Adicionalmente, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó que el señor Antonio María Méndez Ruiz prestó sus servicios como docente en propiedad con una vinculación Nacional.
A su turno, el 28 de octubre de 1998, el Rector y pagador del INEM Miguel Antonio Caro hicieron constar que el señor Antonio María Méndez Ruiz "trabaja en este Instituto desde el 23 de Marzo de 1973, nombrado par Resolución No. - 0997 de Marzo 6 de 1973 emanada de/ ICCE" (Fis. 108 a 109).
Por su parte, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares - CCE, fue creado mediante el Decreto 2394 de 1968, "como establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para el cumplimiento de las funciones que en adelante se determinan. El Instituto estará adscrito al Ministerio de Educación Nacional, su domicilio sería en la ciudad de Bogotá, pero podrí establecer dependencia en otros municipios".
Es decir que el causante ingreso al servicio de la docencia oficial en virtud de un nombramiento efectuado por un establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.»
De acuerdo con lo anterior, se advierte de las pruebas allegadas al sub examine, que el señor José Alirio Villada Suaza prestó sus servicios como docente oficial; sin embargo, no acreditó el tiempo requerido legalmente como docente territorial o nacionalizado para el derecho a la pensión gracia, circunstancia que se encuentra demostrada con los elementos de prueba a los que se hizo alusión y que dan cuenta en debida forma que, si bien se desempeñó como docente nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, su vinculación laboral con posterioridad no resulta apta para acceder al reconocimiento de una pensión gracia de jubilación, toda vez que no logró acreditar 20 años de servicios docentes bajo vinculación territorial o nacionalizada, descartando de esta forma aquellas del orden nacional.
Conforme con lo expuesto, el señor José Alirio Villada Suaza no podía ser beneficiario del derecho pensional, toda vez que el tiempo de servicios acreditado de carácter nacionalizado, esto es, entre el 24 de noviembre de 1966 al 31 de enero de 1970 y del 3 de febrero de 1970 al 31 de enero de 1971, resultó insuficiente para materializar el beneficio a la pensión gracia y, en consecuencia, le asiste razón al juez de primera instancia cuando declaró la nulidad de los actos acusados.
Ahora bien, si en gracia de discusión se concluyera que el educador tuvo la calidad de docente territorial a partir del 12 de enero de 1990, fecha en la cual el INEM de Armenia quedó bajo la administración del municipio según lo dispuesto por la Ley 29 de 1989 y el Decreto departamental 009 de la misma fecha, o de la Resolución Ministerial 6001 del 20 de diciembre de 1995, cuando se dispuso que la planta de personal directivo pasó a cargo del departamento del Quindío, tampoco alcanzaría a completar el requisito de los 20 años como docente territorial o nacionalizado.
Frente al anterior punto, es necesario resaltar que la finalidad principal de la pensión gracia, es reconocer a aquellos docentes territoriales o nacionalizados un beneficio económico para equilibrar sus ingresos respecto del percibido por los docentes nacionales, ante el déficit fiscal en que se encontraban los entes territoriales para cubrir el pago por la prestación de los servicios al magisterio. De suerte que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales.
Finalmente, respecto a lo expuesto por el demandado en sus alegatos de conclusión ante esta Corporación relacionado con el hecho de que no existe certidumbre respecto del acto administrativo demandado, la Sala advierte que dicho argumento no fue planteado en primera instancia ni en el recurso de apelación, de modo que se trata de un aspecto que no debe ser analizado en esta instancia en tanto la competencia del ad quem se encuentra limitada a los razonamientos expuestos en el recurso de apelación que ataquen la sentencia, por lo que este nuevo planteamiento resultaría en una vulneración a los derechos de debido proceso y defensa de la entidad demandante quien no tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a este.
Con todo, la Sala advierte que si lo pretendido por el demandado es que se tenga la Resolución 13505 del 15 de diciembre de 1994 como acto que reconoció la pensión ordinaria de jubilación en favor del señor José Alirio Villada Suaza y no una pensión gracia, debe resaltarse que la competencia para proferir dicho acto recaía en el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y no de la entidad demandante, precisamente porque el demandado fungió por más de 20 años como docente oficial.
Además, debe precisarse que en el expediente obra prueba de que al señor José Alirio Villada Suaza le fue reconocida pensión de invalidez, según Resolución del 29 de agosto de 1996 proferida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (folio 274), y que en la Resolución 002177 del 3 de mayo de 2001, que resolvió el recurso de apelación contra el acto presunto que negó el reajuste de la pensión reconocida a través del acto aquí demandado, en la cual se afirma que se solicitó la reliquidación de la pensión gracia, se advierte entonces que la Resolución 013505 del 15 de diciembre de 1994 sí reconoció la prestación regulada por la Ley 114 de 1913.
Conclusión: El señor José Alirio Villada Suaza no reúne la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, comoquiera que no acreditó 20 años de vinculación como docente territorial o nacionalizada, y los tiempos que trabajó en calidad de docente nacional no pueden ser computados para la causación de la prestación.
Decisión de segunda instancia
Por lo expuesto, la Sala considera que se debe confirmar la sentencia proferida el 24 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado y negó las demás pretensiones.
Condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, se precisa que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, la subsección resalta que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se reconoció y reliquidó una pensión gracia.
En ese sentido conforme al artículo 188 del CPACA, no es viable la condena en costas, toda vez que en este tipo de eventos en que se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte vencida en el litigio, cuando resulte afectado con la decisión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra del señor José Alirio Villada Suaza.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Folio 2.
Folios 1 vto. y 2.
Folios 343 a 359.
En adelante INEM.
Sentencia del 7 de marzo de 2013, expediente 08001233100020100069701 (2459-2012).
Folios 366 a 373.
Según memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 13.
Según memorial allegado vía correo electrónico, adjunto a SAMAI, visible a índice 14.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de l997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. SUJ-SII-11-2018 de 21 de junio de 2018. Demandante: Gladys Amanda Hernández Triana.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 29 de octubre de 2020. Radicación: 25000-23-42-000-2015-03743-01 (578-2018). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-. Demandado: Gilma Barrera de Martínez y María del Carmen Rojas Torres.
Expediente No. S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, dentro del expediente radicado 3075-14.
Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto 102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
Artículo 73 (numerales 8 y 15) del Decreto 525 de 1990.
Folios 67.
Folio 62.
Folio 63.
Folio 64.
Folio 65.00
Folio 102 frente y vto.
Folio 119 y 120.
Folios 283 y 284.
Folios 289 a 291.
Folios 289 a 291.
Folios 303 a 305.
Folios 306 a 308.
Folio 310.
Folio 312.
Folios 313 y 314.
Folio 104 frente y vto.
Folios 76 y 77.
Según el acta de posesión visible a folio 294.
«Artículo 1°. crease el instituto colombiano de construcciones escolares (I.C.C.E.), como establecimiento público, esto es, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, para el cumplimiento de las funciones que en adelante se determinan. El Instituto estará adscrito al Ministerio de Educación Nacional, su domicilio será en la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer dependencia en otros municipios.»
Por el cual ser establece la enseñanza media diversificada en el país.
Sentencia del 26 de marzo de 2006, N.I. 2356-2008
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.».
PAGE
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00160-01(3850-2019)
Demandante: UGPP
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.