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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00216-01

Fecha
25 de julio de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución No. 3426 del 21 de agosto de 2018, por medio de la cual se declaró que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de invalidez, a favor del Ex – Soldado Voluntario del Ejército Nacional John Fredy Gutiérrez Toro. Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor del señor John Fredy Gutiérrez Toro, identificado con cédula de ciudadanía 9.808.183, dando aplicación a lo establecido en los artículos 38 a 40 de la Ley 100 de 1993, en monto equivalente al 45% del ingreso base de liquidación (lo devengado por el soldado), a partir del día siguiente al retiro de la entidad demandada (1° de agosto de 1995), pero con efectividad a partir del 4 de junio de 2015, por efectos de la prescripción trienal. De los valores reconocidos por concepto de indemnización por disminución sicofísica pagados a través de la Resolución No. 14103 del 23 de septiembre de 1996, se autoriza el descuento debidamente indexado de lo pagado por la entidad demandada al demandante, el cual deberá ser proporcional a lo recibido por él, sin que se afecte su mínimo vital. Cuarto. Declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 4 de junio de 2015. Quinto. Las sumas causadas se deberán actualizar de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y se aplicará la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia. Sexto. La entidad demandada efectuará los reajustes de ley sobre el monto de lo reconocido y dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 del 2011. Séptimo. Sin condena en costas en ambas instancias. Octavo. Desvincular del presente asunto, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Noveno. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2018-00216-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de julio de 2024

Radicación: 63001-23-33-000-2018-00216-01 (1075-2020)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 63001-23-33-000-2018-00216-01 (1075-2020)
Demandante: Jhon Fredy Gutiérrez Toro
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
Vinculado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

Tema: Pensión de Invalidez de miembro del Ejército Nacional.
Ley vigente al momento de estructuración. Se demostró el
porcentaje mínimo exigido del 50% por lesiones o afecciones
médicas ocurridas o contraídas en servicio activo.
Principio de favorabilidad. Aplicación Ley 100 de 1993.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el siete (7) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019) por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor JHON FREDY GUTIÉRREZ TORO instauró demanda en contra de la
NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No 3426 del 21 de agosto de 2018
proferida por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la cual negó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al demandante.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada a
reconocer y cancelar una pensión de invalidez correspondiente al sueldo básico
que devengue en todo tiempo un cabo segundo o marinero del Ejército Nacional,
desde la fecha de estructuración y se cancele desde los 4 últimos años de
presentada la petición.

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Que se realice el pago indexado del retroactivo pensional desde la fecha que
corresponda hasta la fecha de inclusión en nómina y el pago de intereses
moratorios desde la fecha de la sentencia hasta que se haga efectivo el
respectivo pago.

Que se condene a la entidad demandada en costas y agencias en derecho.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que el demandante ingresó al Ejército en condición de soldado regular y al
terminar el servicio militar obligatorio se vinculó como soldado voluntario desde
el 18 de noviembre de 1992 hasta que fue retirado mediante OAP No.1228 de
1995 por incapacidad relativa y permanente.

Que las lesiones ocasionadas al demandante en actividad por actos propios del
servicio le causaron una disminución de la capacidad laboral del 58.5%, según lo
determinó la Junta Médica Laboral No.1464 el 22 de junio de 1995.

Que el Ministerio de Defensa, le negó el derecho por considerar que para la fecha
de retiro, la norma vigente que era el Decreto 94 de 1989 en su artículo 90, exigía
como requisito para obtener la pensión de invalidez una pérdida de la capacidad
igual o superior del 75%; pero que, desconoció normas que favorecen lo
solicitado por el demandante como el Decreto 2728 de 1968 en su artículo 4º y
normas generales para la fecha de estructuración como el artículo 38 de la Ley
100 de 1993, que estable para el reconocimiento de la pensión de invalidez, una
pérdida igual o superior al 50% y que, si bien es cierto esta norma exceptúa a los
miembros de la fuerza pública por tener un régimen especial, él no puede estar
por encima de la norma general por expresa prohibición de las normas
constitucionales en materia laboral.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 13 y 55 de la Constitución
Política; 138 y siguientes de la Ley 1437 de 2011; Ley 4ª de 1992; Decreto 2728
de 1968, Decreto 4433 de 2004 y Ley 923 de 2004.

En el Concepto de la Violación se señaló que, la resolución por medio de la
cual le fue negada la pensión de invalidez desconoció reconocer derechos
irrenunciables al demandante, rayando con una desviación de poder al no aplicar
las normas que corresponde a sus intereses y la cual es la más beneficiosa,
volcando en la mala fe y abusando de su poder dominante en contra de sus
subalternos al no querer reconocerles prestaciones a las cuales tienen derecho
y con ello, negando cualquier recurso que pudiese haber sido impetrado con
argumentos de alzada.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 23 de enero de 2019, ordenando
además vincular al proceso al Ejército Nacional y a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.

Notificada a la parte demandada y a la vinculada dieron respuesta en los
siguientes términos:

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares hizo referencia a que el demandante
no es titular de asignación de retiro y que lo que se evidencia en la demanda es
que las pretensiones se encaminan a lograr la nulidad de actos administrativos
no emitidos por la entidad y como restablecimiento del derecho situaciones que
no son del resorte de esa autoridad, por tanto, propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional expresó que no hay lugar
al reconocimiento de la pensión, porque el artículo 40 del Decreto 1796 de 2000
dispone que la pensión de invalidez procede cuando haya sido determinada una
disminución de la capacidad laboral del 75% ocurrida durante el servicio, por
causa o razón del mismo, y que, en este caso, la disminución de la capacidad
laboral del señor Jhon Fredy Gutiérrez Toro se evaluó por el Tribunal Médico
Militar y de Policía en un porcentaje de 58.5.

Citó la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 14 de agosto
de 2003, radicación 2911-01, en la que la Corporación se pronunció frente al no
reconocimiento de la pensión de invalidez porque el exsoldado no tenía el
porcentaje mínimo de incapacidad que exigen las normas especiales para las
fuerzas militares y la inaplicación al principio de favorabilidad.

Solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones, el reconocimiento no puede
hacerse efectivo a partir de la fecha en que se pretende, porque se hicieron
exigibles a partir de su requerimiento y porque ha operado la prescripción trienal.

Como excepciones propuso las de: Inexistencia de ilegalidad o nulidad de los
actos administrativos demandados, el acto administrativo demandado fue
expedido por funcionario competente y presunción de legalidad del acto acusado.

En audiencia inicial celebrada el 12 de junio de 2019, el magistrado sustanciador
declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se declaró fallido el
intento conciliatorio, se fijó el litigio, se efectuó el decreto de pruebas y se ordenó
correr traslado para alegar.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

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Radicación: 63001-23-33-000-2018-00216-01 (1075-2020)

El Tribunal Administrativo del Quindío, mediante sentencia del 7 de noviembre de
2019, negó las pretensiones afirmando que normativa aplicable es la que se
encuentre vigente al momento de la estructuración de la invalidez y que, en este
caso, debe considerarse que la disminución de la capacidad se estructuró el 22
de junio de 1995.

Que, aunque el actor busca que se aplique lo dispuesto en el Decreto 2728 de
1968 y la Ley 100 de 1993, es claro, que para la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral que se dio el 22 de junio de 1995, se encontraba
vigente el Decreto 94 de 1989, por lo que es dicha norma la que regula lo atinente
a la prestación que se pretende sea reconocida y la que en su artículo 90 dispone
que para que se tenga derecho a la pensión de invalidez, la incapacidad debe
implicar una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica.

Por último, no condenó en costas a la parte demandante.

EL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, expresando que se
encuentra probado que el demandante ingresó al Ejército como soldado regular
y posteriormente el 18 de noviembre de 1992 se vinculó como soldado voluntario
hasta el 1º de agosto de 1995 cuando fue retirado del servicio por incapacidad
relativa y permanente.

Que las lesiones fueron ocasionadas en actividad por actos propios del servicio
y le causaron una disminución de la capacidad laboral del 58.5% y que, pese a
ello, no se le reconoció la pensión de invalidez, por la incapacidad permanente
que padece.

Que el fallo de primera instancia desconoció los pronunciamientos que ha emitido
el Consejo de Estado frente a casos similares donde se debatieron supuestos
fácticos y jurídicos similares, tanto en el porcentaje de pérdida de capacidad y las
normas vigentes a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.

Que se ha fallado por el órgano de cierre, reconociendo una pensión de invalidez,
teniendo en cuenta la prevalencia de la norma general Ley 100 de 1993 para
proteger la vida digna en conexidad con la salud y la seguridad social, como se
estableció en la decisión del proceso 2150-2012.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del veinticuatro (24) de julio de dos mil veinte (2020), se admitió el
recurso y por auto del diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinte (2020), se
corrió traslado para la presentación de los alegatos de conclusión y,
posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.

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La parte demandante presentó alegatos, reiterando que le asiste derecho al
reconocimiento de una pensión de invalidez a la luz de las normas que rigen la
materia y de los múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, que en casos
en los cuales se debatieron los mismos supuestos fácticos y jurídicos que se
reclaman en este asunto concedieron la prestación.

La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Conforme con el recurso de apelación, la Sala deberá determinar si al señor Jhon
Fredy Gutiérrez Toro, le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión
de invalidez por pérdida de capacidad laboral durante la prestación de su servicio
como soldado voluntario del Ejército Nacional.

De la pensión de invalidez en el régimen especial de la fuerza pública.

Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la invalidez, tanto el
régimen general como los regímenes exceptuados han previsto una prestación
dirigida a solventar las necesidades básicas de aquellas personas que ven
sustancialmente reducidas la posibilidad de explotar su capacidad productiva en
el mercado laboral y, con ello, la de proveerse los medios para su propia
subsistencia y la de su núcleo más cercano. Estas personas, según su condición,
merecen una especial protección constitucional consagrada en los artículos 13,
47, 54 y 68 de la Constitución Política, desarrollada en diferentes disposiciones
del orden interno.

De igual manera, se encuentra contenida en instrumentos de carácter
internacional entre los que cabe destacar la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, que prevé en su artículo 28 que los Estados
Partes deben asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con
discapacidad a programas y beneficios de jubilación.

El Decreto 94 de 1989 en su artículo 90, reguló la pensión de invalidez, de los
soldados y grumetes, así:

«Artículo 90. PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS
Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el
personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al
75% de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y
liquidada así:

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a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando
el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad
sicofísica del 75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando
el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad
sicofísica igual o superior al 95%.».

Posteriormente se profirió el Decreto 1796 de 2000, que, en relación con la
pensión de invalidez a favor de los soldados, preceptuó:

«[...] ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL
PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MILITAR OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES.
Cuando el personal de que trata el presente artículo adquiera una
incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al
75% de su capacidad laboral, tendrá derecho mientras subsista la
incapacidad, a una pensión mensual valorada y definida de acuerdo con la
reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada
como a continuación se señala:

a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y
no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y
no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el
parágrafo primero del presente artículo, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).

PARÁGRAFO 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio será el sueldo básico de un
cabo tercero o su equivalente en la Policía Nacional.

PARÁGRAFO 2. Para los soldados profesionales, la base de liquidación
será igual a la base de cotización establecida en el Régimen de Carrera y
Estatuto del

Personal de Soldados Profesionales.

PARÁGRAFO 3. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
no sea igual o superior al 75% no se generará derecho a pensión de
invalidez. [...]».

La Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos mínimos que tendría
que considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia,
estableciendo respecto de la pensión de invalidez:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,

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que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:

(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la
capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los
Organismos Médico -Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes
especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de
acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad
laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para
acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al
cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso
será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables
para la asignación de retiro. […]». (Resaltado intencional).

Los términos definidos en esta Ley y, por consiguiente, en su respectiva
reglamentación serían aplicables únicamente a hechos ocurridos en misión del
servicio o en simple actividad a partir del 7 de agosto de 2002, pues así lo ordenó
su artículo 6°, declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-
924 de 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de
inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a
la igualdad, es decir, que determinó efectos retroactivos para la aplicación de la
ley.

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se
expidió el Decreto Reglamentario 4433 de 2004 que, sobre el reconocimiento y
liquidación de la pensión de invalidez, estableció:

«ARTÍCULO 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras
subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por
la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de
conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con
fundamento en las partidas computables que correspondan según lo
previsto en el presente decreto:

(…)»

No obstante lo anterior, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del
proceso radicado 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado se declaró la nulidad de la expresión
«igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%)» contenida en el artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004 pues, con base en lo regulado en el numeral 3.5 del

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artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno Nacional había
excedido la competencia que le fue otorgada para regular la materia al fijar un
parámetro distinto del 50%. Sobre el particular, se dijo:

«[…] Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho
al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu,
cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el
derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que si
esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia
ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no
puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los dispuesto
en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley. De la confrontación entre lo
dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de 2004, y el contenido
del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras aquél
establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo
de retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea
inferior al 50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se
tiene derecho al reconocimiento y liquidación de esa prestación social
cuando la incapacidad laboral de los servidores públicos allí mencionados
sea igual o superior al 75% cuando ella ocurra en servicio activo, en realidad
lo que establece es que cuando sea inferior a ese porcentaje del 75%, no
existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice desarrollar lo
dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma distinta
a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma
que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del
mismo […]».

Posteriormente, en fallo del 23 de octubre de 2014, en el proceso con radicado
11001-03-25-000-2007-00077-01(1551-07), esta Sección precisó el alcance de
aquella sentencia y declaró la nulidad de todo el articulado al considerar que:

«[…] Como surge del análisis conjunto de la totalidad del contenido
normativo del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, los numerales 30.1, 30.2
y 30.3 de esta disposición tienen como punto de referencia necesario que
exista una incapacidad laboral “igual o superior al setenta y cinco por ciento
75%”, ocurrida en servicio activo a los miembros de la Fuerza Pública, esos
tres numerales del artículo citado parten de la base de la existencia de tal
incapacidad para ordenar entonces como será liquidada, pues no se tendría
ningún derecho si esa incapacidad laboral fuese inferior al 75%, lo que
significa que tal liquidación con los porcentajes que allí se señalan, carece
entonces de fundamento, debido a que la disminución de la capacidad
laboral en un porcentaje igual o superior al 75% que le servía de base
desapareció del Ordenamiento Jurídico. Igual ocurre con la base de
liquidación de la pensión de invalidez del personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio y la del personal de soldados
profesionales a que se refieren los parágrafos 1° y 2° del artículo 30 del
Decreto 4433 de 2004, pues estas también parten del supuesto de la
existencia de una incapacidad laboral igual o superior al 75% que exige el
artículo en mención, exigencia esta cuya nulidad ya se declaró por esta
Corporación; y, por la misma razón, resulta también afectada de invalidez la
disposición contenida en el parágrafo tercero de la norma que se analiza por
cuanto ella se refiere a un aumento en un 25% del monto de la pensión de
invalidez que habría de ser liquidada, cuando se cumpla el requisito de la
existencia de una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
75% que afecte a un integrante de la Fuerza Pública y que hubiere ocurrido

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en servicio activo, lo que sirve de base al descuento de ese porcentaje
adicional del 25% para efectos de la sustitución pensional que se ordenan
en el aludido parágrafo 3° de la norma acusada […]».

Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por
la Ley 923 de 2004, expidió el Decreto 1157 de 2014 y en el artículo 2° consagró
lo relativo al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez en los
siguientes términos:

«[...] Artículo 2. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez.
Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico
laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la
prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía
Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a
partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta
cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la
incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con
los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las
partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos
4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:

2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta
y cinco por ciento (75%).

2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e
inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).

2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la
capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%),
e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).

2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco
por ciento (95%).

Parágrafo 1. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado
para la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un
Cabo Tercero o su equivalente en la Armada Nacional, Fuerza Aérea y
Policía Nacional.

Parágrafo 2. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto Ley 1793 de 2000, serán reconocidas
por el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.

Parágrafo 3. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar

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las funciones elementales de su vida, condición ésta, que será determinada
por los organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de
Defensa Nacional, el monto de la mesada pensional se aumentará en un
veinticinco por ciento (25%). Para efectos de la sustitución de ésta pensión,
se descontará éste porcentaje adicional [...]»

Régimen general de la pensión de invalidez consagrado en la Ley 100 de
1993.

Los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993, regulan los requisitos para
acceder a la pensión de invalidez de origen común y los parámetros para definir
el monto en que ella debe ser reconocida, estableciendo que hay lugar a esta
prestación cuando se sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al
50% que no tenga por causa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.

La Ley 100 de 1993 previó como exigencias para acceder a la pensión, además
de la declaratoria de invalidez en el porcentaje anteriormente aludido, los
siguientes:

«Artículo. 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de
los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por
lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez, y

b) Que, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.

Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del
artículo 33 de la presente ley.».

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 modificó dichos requisitos al
(i) aumentar el número de semanas mínimas de cotización exigidas a 50; (ii)
eliminar el trato diferenciado entre afiliados que se encontraran cotizando al
sistema y los que no lo estuvieran al momento de estructuración del estado de
invalidez y (iii) exigir fidelidad de cotización al sistema con cotizaciones mínimas
del «veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado
de invalidez».

No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia C-428 de 2009, declaró la
inexequibilidad del requisito de fidelidad de cotización al sistema, por ende, el
artículo 1° de la referida ley, quedó del siguiente tenor:

«ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
INVALIDEZ. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003. El
nuevo texto es el siguiente:> Tendrá derecho a la pensión de invalidez el

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afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por enfermedad:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3)
años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%)
del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

2. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de
edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Los
menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior
al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

PARÁGRAFO 2o. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de
las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo
se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.».

Según lo anterior, son tres los factores que permiten determinar si resulta
procedente el reconocimiento de este derecho en el Sistema General de
Seguridad Social. 1. La disminución de la capacidad laboral igual o mayor al 50%,
2. Se debe identificar la fecha de estructuración de la invalidez y, 3. Contabilizar
el número de semanas cotizadas para ese entonces.

El principio de favorabilidad y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993

Cuando al momento de causarse algún derecho se está en presencia de dos o
más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución al caso, en virtud
del principio de favorabilidad, se debe escoger, en su integridad, el texto
normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario
del Sistema de Seguridad Social, estando proscrita la posibilidad de aplicar
parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo que resulta más
beneficioso. Lo anterior en virtud de lo que se conoce como el principio de
inescindibilidad.

Los miembros de la Fuerza Pública y la Policía Nacional se encuentran
exceptuados de la aplicación del régimen general de la Ley 100 de 1993 en virtud
de su artículo 279, que preceptúa:

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha admitido que en aquellos
eventos en los que las normas del régimen especial son distintas a las del
general, representando para sus destinatarios una desmejora injustificada y
evidente que se traduce en un trato discriminatorio y, por consiguiente, violatorio

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del derecho a la igualdad sean aplicadas las normas de carácter general 1, en el
mismo sentido han sido los pronunciamientos por parte del Consejo de Estado
al permitir que, con apoyo en el principio de favorabilidad y el derecho a la
igualdad, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social a los
miembros de la Fuerza Pública.

Resolución del caso concreto

En el presente caso, es necesario analizar el acervo probatorio recaudado y
practicado, a fin de evidenciar si el demandante acreditó el cumplimiento de los
requisitos exigidos para determinar si le asiste derecho al reconocimiento de su
pensión de invalidez.

Se tiene que el demandante prestó servicio militar obligatorio entre el 2 de mayo
de 1991 al 7 de febrero de 1992; luego, se vinculó como soldado voluntario desde
el 18 de noviembre de 1992 hasta el 1º de agosto de 1995, para un total de tiempo
de servicio de 3 años, 5 meses y 18 días2.

Que, siendo valorado por la Junta Médica Laboral Militar el 22 de junio de 1995,
se le determinó una disminución de la capacidad sicofísica correspondiente al
58.5%, clasificándolo como no apto para el servicio militar3, por lo que el 1º de
agosto de 1995, fue retirado del servicio.

Ahora, se hace necesario destacar que el régimen aplicable en el reconocimiento
de la pensión de invalidez, es el vigente a la fecha de estructuración4, en esta
medida, podría decirse que el régimen aplicable al caso del demandante es el
especial contenido en el Decreto 94 de 1989, cuyo artículo 90 exige a los
soldados de las Fuerzas Militares una disminución de la capacidad laboral igual
o superior al 75% y es evidente no lo cumple, porque su calificación es de 58.5%,
sin embargo, en este caso, es viable valerse, por favorabilidad, del régimen
general de pensiones, que prevé una disminución de la capacidad laboral
superior al 50% para poder ser beneficiario de la pensión de invalidez5.

Esto conlleva, a que se consolide el porcentaje mínimo requerido para que el
demandante sea beneficiario de la pensión de invalidez, pues cumple con los
presupuestos de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, esto es, una
disminución de la capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado 50 semanas
dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración,
teniendo en cuenta que el demandante durante su última vinculación prestó sus
servicios durante 2 años, 8 meses y 3 días (folio 93).

1 T-393 de 2 de julio de 2013
2 Folio 18.
3
Folios 15 al 18.
4
Subsección B. radicado: 68001-23-33-000-2015-00114-01(3259-16). Tesis reiterada por la Subsección A
en sentencias del 15 de agosto de 2019, radicado: 25001-23-42-000-2012- 01404-01(4267-15);
del 13 de septiembre de 2021, radicado: 08001-23-33-000-2017-01393- 01(5256-19) y del 14 de
octubre de 2021, radicado: 76001233300020130057201 (2029- 2019); entre otras.
5
En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 3 de mayo de 2018,
radicado: 76001-23-31-000-2012-00059-01 (3189-17).

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Ahora bien, la Junta Médico Laboral del 22 de junio de 1995, practicada al
demandante, en la cual se determinó una discapacidad del 58.5%, no determinó
el momento exacto de estructuración, pero sí dejó en claro que era imputable al
servicio y en razón del mismo, y, por ende, tiene origen laboral. Por ello, la Sala
estimará como tiempo de estructuración del estado de invalidez, el momento en
que aquel fue retirado del servicio, esto es, el 1º de agosto de 1995.

Así, al tener acreditado el señor Jhon Fredy Gutiérrez Toro una pérdida de la
capacidad laboral del 58.5%, y haber completado más de 50 semanas de
cotización anteriores a la fecha de estructuración de la incapacidad laboral, puede
concluirse que le asiste el derecho a la pensión de invalidez, pero con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, cuyo
monto se determina de la siguiente manera según el artículo 40 de la Ley 100 de
1993:

«Artículo 40. Monto de la pensión de invalidez. El monto mensual de la
pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o
superior al 50% e inferior al 66%.

b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese
acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de
cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior
al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de
liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y
comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se
produzca tal estado.»

Por consiguiente, el monto de la pensión de invalidez a la que tiene derecho el
actor es del 45%, por tener un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del
58.5%.

Ahora bien, como en el presente asunto en virtud del principio de favorabilidad
se debe acudir a las previsiones del régimen general contenido en la Ley 100 de
1993, en materia de prescripción el fenómeno opera en contra del demandante
en forma trienal, por lo que, corresponde dar aplicación a las disposiciones
generales previstas en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, que determinan que las acciones que emanan de los

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derechos prescriben en tres años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.

En este sentido, toda vez que el demandante elevó petición el 4 de junio de 20186,
a partir de dicha fecha tenía tres años para presentar la demanda, esto es, hasta
el 4 de junio 2021 y lo hizo el 22 de octubre de 20187, se concluye que no
transcurrieron tres años entre una y otra fecha por lo que la declaratoria de la
prescripción trienal, es a partir del 4 de junio de 2015.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo
de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por
el índice vigente a la fecha en que el demandante obtuvo el estatus pensional.

Por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes
por mes, conforme el índice inicial es el vigente al momento de la causación de
cada uno de ellos.

Ahora bien, de los valores reconocidos por concepto de indemnización por
disminución sicofísica pagados a través de la Resolución No. 14103 del 23 de
septiembre de 19968, se autoriza el descuento debidamente indexado de lo
pagado por la entidad demandada al demandante, el cual deberá ser
proporcional a lo recibido por él, sin que se afecte su mínimo vital.

Lo anterior, toda vez que las disposiciones que gobiernan lo relativo a la
indemnización por disminución de la capacidad sicofísica de los miembros de la
Fuerza Pública se encuentran contenidas en el Decreto 94 de 1989, que al
respecto resalta que aquella es incompatible con la pensión de invalidez, dado
que en uno u otro caso, la fuente de la obligación sería la misma, una pérdida de
la capacidad laboral permanente igual o superior al 50%, de manera que no
resultaría admisible justificar ese doble suministro prestacional con base en la
misma causa9.

6
Folio 14.
7
Folio 6.
8
Folios 103 y 104.
9
En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 15 de octubre de 2020,
radicado: 25000-23-25-000-2012-00395-01(0710-17).

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Se ordenará, que los valores adeudados por estos conceptos objeto de condena,
sean actualizados de conformidad con el inciso 4° del artículo 187 del CPACA, y
que la entidad demandada dé cumplimiento a la sentencia con base en los
términos y previsiones de los artículos 189 y 192 ibídem.

Finalmente, se hace preciso manifestar que la orden de reconocimiento pensional
estará a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, entidad
que profirió el acto demandado y es a quien efectivamente le corresponde el pago
de dicha prestación, razón por la cual se desvinculará del proceso a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares; entidad que no intervino en la expedición del acto
administrativo acusado, ni es la llamada de acuerdo a sus competencias a
responder por las pretensiones de la demanda.

En conclusión, la decisión de primera instancia deberá ser revocada, teniendo en
cuenta que el demandante tiene derecho a que se le aplique el régimen general
de pensiones, por favorabilidad, y, en consecuencia, se ordene el reconocimiento
y pago de una pensión de invalidez, conforme a las consideraciones presentadas.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la
conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no,
carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del
art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes en sus escritos
expusieron argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en ninguna de las instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero. Revocar la sentencia del 7 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad de la Resolución No. 3426 del 21 de agosto de
2018, por medio de la cual se declaró que no hay lugar al reconocimiento y pago
de suma alguna por concepto de invalidez, a favor del Ex – Soldado Voluntario
del Ejército Nacional John Fredy Gutiérrez Toro.

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa,
Ejército Nacional, reconocer y pagar una pensión de invalidez a favor del señor
John Fredy Gutiérrez Toro, identificado con cédula de ciudadanía 9.808.183,
dando aplicación a lo establecido en los artículos 38 a 40 de la Ley 100 de 1993,
en monto equivalente al 45% del ingreso base de liquidación (lo devengado por
el soldado), a partir del día siguiente al retiro de la entidad demandada (1° de
agosto de 1995), pero con efectividad a partir del 4 de junio de 2015, por efectos
de la prescripción trienal.

De los valores reconocidos por concepto de indemnización por disminución
sicofísica pagados a través de la Resolución No. 14103 del 23 de septiembre de
1996, se autoriza el descuento debidamente indexado de lo pagado por la entidad
demandada al demandante, el cual deberá ser proporcional a lo recibido por él,
sin que se afecte su mínimo vital.

Cuarto. Declarar prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 4 de junio
de 2015.

Quinto. Las sumas causadas se deberán actualizar de conformidad con el
artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y se aplicará la fórmula indicada en la parte
motiva de esta providencia.

Sexto. La entidad demandada efectuará los reajustes de ley sobre el monto de
lo reconocido y dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y siguientes de la Ley 1437 del 2011.

Séptimo. Sin condena en costas en ambas instancias.

Octavo. Desvincular del presente asunto, a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.

Noveno. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

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Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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