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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00111-01

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00111-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 30 de enero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío (sala primera), que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Ley 4ª de 1992 reprodujo la prohibición constitucional de que «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado», […] estableció, entre los casos exceptuados de esta regla, las asignaciones «[…] que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados» (letra g); y de acuerdo con lo precisado por la sala de consulta y servicio civil de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 […] y la subsección A en fallo de 22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000-2004-02695-01 (0133-10), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, si bien la letra g del artículo 19 de la mentada Ley 4ª se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de tal prerrogativa a aquellos maestros que se jubilen con posterioridad, razón por la cual no es dable condicionar el pago de la pensión de jubilación […] a la fecha de retiro del servicio […]». 14 Memorial adjuntado en SAMAI. 19 Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Magisterio (Fomag), conforme a la parte motiva. 2º. Reconócese personería a la abogada Yeinni Katherin Ceferino Vanegas, con cédula de ciudadanía 1.014.263.207 y tarjeta profesional 290.472 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, en los términos del poder conferido 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2019-00111-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1º) de julio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
Demandante : Aleyda Echeverry Luque
Demandadas : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(Fomag)
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación por aportes
conforme a la Ley 71 de 1988; maestro vinculado con
posterioridad a la Ley 812 de 2003

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 30 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala primera), mediante la cual negó las súplicas
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 1 a 17). La señora Aleyda Echeverry Luque, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones 1933 de 17 de
junio de 2016, por medio de la cual la entidad reconoció pensión de vejez a la
accionante; y 369 de 10 de febrero de 2017, con la que se resuelve un recurso
de reposición contra el acto administrativo anterior y lo revoca, para otorgar la
prestación con la inclusión de unas semanas adicionales aportadas por la actora.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada que «[…] reconozca y pague una pensión de
jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores
al cumplimiento del [e]status jurídico de pensionada, es decir a partir del 5 de
septiembre de 2012», con los correspondientes ajustes anuales; sufragar
intereses moratorios y dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA. Por último, condenarla en costas.

Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que nació el 5 de septiembre
de 1956 y se vinculó a la «secretaría de educación departamental» entre el 22
de marzo de 1979 y el 31 de diciembre de 1998; luego, a la «secretaría de
educación municipal», del 1º de enero de 1999 al 16 de julio de 2006, como
auxiliar administrativa; y en calidad de docente de ese ente territorial desde el
17 de los mismos mes y año.

Dice que, por conducto de Resolución 369 de 10 de febrero de 2017, la parte
demandada resolvió un recurso de reposición contra la Resolución 1933 de 17
de junio de 2016, en el sentido de revocarla y, en consecuencia, le reconoció
pensión de vejez, de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos acusados las Leyes 33 de 1985 (inciso 2º del
artículo 1º), 91 de 1989 (numerales 1 y 2 del artículo 15), 60 de 1993 (artículo
6), 115 de 1993 (artículo 115), 100 de 1993 (artículo 279) y 812 de 2003
(artículo 81) y el Decreto 3552 de 2003 (artículos 1º y 2).

Arguye que «[…] NO PUEDE SER POSIBLE QUE A PESAR DE LA
CLARIDAD del presente tema, al estar demostrado que […] se encontraba
vinculada antes del 23 de junio de 2003, continúe la administración negando el
derecho a reconocer su pensión de jubilación de conformidad con el artículo
1º inciso 2º de la Ley 33 de 1985. [Por ende,] a partir de ese momento se
entiende como vinculada para los efectos del cumplimiento al artículo 81 de la
Ley 812 de 2003. No hay que olvidar que la expresión VINCULADOS, lo que
quiso proteger fue las situaciones de docentes que tuvieran tiempo de servicio
anterior, como lo es el caso de» (sic) la accionante. En estas condiciones,
asevera que el Consejo de Estado indicó que no es «NECESARIO ACREDITAR
QUE A ESTA FECHA, se encontraba laborando, pues esta exigencia no es la
requerida en la norma, sino haber tenido una vinculación con el servicio oficial
antes del 26 de junio de 2003» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 158 a 161). La entidad accionada, a través
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda; se
refirió a cada uno de los hechos de la demanda, en el sentido de que algunos
son parcialmente ciertos y otros no; propuso las excepciones denominadas
legalidad de los actos administrativos, ineptitud de la demanda por carencia de
fundamento jurídico, cobro de lo no debido y buena fe; afirma que «[…] lo
primero que se debe tener en cuenta, es la fecha de vinculación de la

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[d]emandante al servicio oficial docente, que de acuerdo con lo probado en el
proceso, fue ANTES del 26 de junio de 2003 [por consiguiente,] [l]a pensión
ordinaria de jubilación a la que tiene derecho […] en su condición de docente
nacional/nacionalizada, es el previsto en […] la Ley 33 de 1985. Por tanto,
[…] no se podían tomar en cuenta los factores devengados en el último año de
servicios, que no constituyen base de liquidación de los aportes, [por ende,] no
se pueden incluir en la [prestación], de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62
de 1985» (sic).

1.3 La providencia apelada (ff. 218 a 238). El Tribunal Administrativo del
Quindío (sala primera), en sentencia de 30 de enero de 2020, negó las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que la demandante «[…]
se vinculó al servicio docente el 17 de julio de 2006, esto es, con posterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 […], por ello no es beneficiaria
de la transitoriedad consagrada en el artículo 81 de esta norma y por
consiguiente el régimen pensional bajo el cual se encuentra cobijada no es otro
que el general contemplado en las Leyes 100 de 1993 [y] 797 de 2003 […].
Valga aclarar que […] si bien realizó aportes para pensión a la Caja Nacional
de Previsión y al hoy liquidado ISS, estos tuvieron una causa distinta al servicio
docente […] por ende no tiene derecho a que se le apli[quen] normas
anteriores, como la Ley 33 de 1985 o […] 71 de 1988».

1.4 El recurso de apelación (ff. 244 a 253). Inconforme con la anterior
decisión, la accionante, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de
apelación, toda vez que «[…] ha laborado por más de 20 años en entidades
públicas, por lo que cuenta con 1.823 semanas reportadas […]. En el mismo
sentido, se encuentra vinculada a la docencia oficial […]. Por lo anterior, es
dable concluir que por remisión directa del artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
ha de entenderse que las normas aplicables al caso en concreto son la [L]ey 71
de 1988, pues está en concordancia con lo establecido en las [L]eyes 33 y 62
de 1985 […]».

Que «[…] la vida laboral y los aportes con miras a cubrir el riesgo de vejez
[…], iniciaron en el privado con cotizaciones al Instituto de Seguro Social para
finalizar con el servicio de la docencia oficial […] al [Fomag] como caja de
previsión. De conformidad con la historia laboral es que se fundamenta la
aplicación de la pensión por aportes consagrada en el artículo 7 de la Ley 71
de 1988, pues se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en este,
dado que, al haber nacido el 5 de septiembre de 1957, [cumplido] la edad de

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Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación
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55 años el 5 de septiembre de 2015 y alcanz[ado] un total de 21 años de servicio
con aportes por labor realizada en el sector público docente». Por tanto, «[…]
se solicita el reconocimiento y pago de la pensión en cuantía equivalente al
75% del salario y todos los [emolumentos] que devengó durante el año
inmediatamente anterior al cumplimiento del [e]status» (sic para toda la cita).
Agrega que el ejercicio de la labor docente es compatible con la pensión de
jubilación, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 224 de 1972.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 19 de febrero de
2020 (f. 255 c. 2) y admitido por esta Corporación a través de auto de 2 de
diciembre de 2021 (f. 264 c. 2), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 24 de marzo de 2022 (f. 266 c. 2), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras para reiterar sus argumentos de defensa y apelación1.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la accionante le asiste derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de
1988; o por el contrario, carece de razón, pues ingresó a la docencia oficial con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y, en esa medida, el
régimen aplicable es el contemplado en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
como lo concluyó el a quo.

1
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del
problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución
jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

3.3.1 Del régimen pensional docente. Lo primero que ha de anotarse es que la
Ley 100 de 1993 fue expedida con la finalidad, entre otras, de acabar la
diversidad de regímenes pensionales existentes; no obstante, con el objetivo de
evitar menoscabar derechos de personas que se encontraban próximas a ser
pensionadas o tuviesen cierto tiempo de servicios, se previó el régimen de
transición y se establecieron excepciones al sistema integral de seguridad social
como en su artículo 279, que establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se exceptúa a
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo
será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida [...] (resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley
2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter
de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo
relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que
en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún
tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial,
en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la ley 43 de 1975.
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3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han
cumplido los requisitos para su exigibilidad.
[…]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de
enero de 1990, será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial, de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de
1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por
las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se
expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

[…]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º. de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una
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Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
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pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del
sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen
prestacional del que gozan en cada entidad territorial, de conformidad con las
normas vigentes, es decir, que el reconocimiento de la pensión de jubilación
ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma legal
vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles
con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a
los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.

Por lo tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de
los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen
exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de
los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un
régimen legal especial; por ende, es del caso dar aplicación a lo establecido por
la citada Ley 33 al encontrarse regulados en forma expresa los docentes
nacionales y nacionalizados.

En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con
el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 2005, en lo referente al
régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, prescribió que «El régimen
pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados
al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la

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Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que
se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán
los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo
transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que
será de 57 años para hombres y mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma
de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para
empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la
hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés,
precisó:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de
2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la
pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a

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«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8º
de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias».
Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
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la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada
docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al
servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres.

Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º. del
Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al
servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas
normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes
91 de 1985 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 1985 y (ii) las Leyes
812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas
atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de
seguridad social.

3.3.2 De la pensión de jubilación prevista en la Ley 71 de 1988. En principio,
la aludida Ley 100 de 1993 dispuso que las personas que al momento de entrar
en vigencia el sistema de seguridad social integral (1° de abril de 1994) contaran
con treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o
más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios
cotizados, se les reconocerá la pensión de jubilación de conformidad con el
régimen anterior al cual se encontraban afiliados, es decir, la pensión de
jubilación respecto de la edad, tiempo de servicio y monto se les aplicará el
régimen anterior.

Sin embargo, el Acto legislativo 1 de 20054, «Por el cual se adiciona el artículo
48 de la Constitución Política», en su artículo 1º (parágrafo transitorio 4º), fijó
un límite temporal al referido sistema, en el sentido de que «[e]l régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen

4
El cual entró en vigor el 25 de julio de 2005.
9

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dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014».

En lo que atañe al ingreso base de liquidación (IBL) pensional de tales personas,
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 preceptúa que los
beneficiarios del régimen de transición «[…] que les faltare menos de diez (10)
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE» (se subraya).
Respecto de esta norma, la Corte Constitucional5 precisó:

[…] En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al
introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 19936, tal como se desprende del
texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un
régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa
legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían
derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de
transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las
reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de
reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a
transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36… […]

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de
Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el
artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes
el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el
IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b)

5
Corte Constitucional, sentencia C-258 de 2013.
6
El artículo 36 indica: “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año
2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres. || La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas
cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión
de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. || El ingreso base para liquidar la
pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” (negrilla fuera del texto).
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el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás
casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de
1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación
de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta
que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de
las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o
servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla
general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se
entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o
sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación,
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del
trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya
cotizado 1250 semanas como mínimo.”

El precitado derrotero fue acogido por la sala de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado, al estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de
la pensión de jubilación en virtud de la Ley 33 de 1985, mediante sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron
las siguientes reglas de interpretación en torno al tema, así:

[…] Sentar como jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que consagra el
régimen de transición pensional, lo siguiente:

1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de
edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985.

2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

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• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión,
el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones.

Lo anterior, al considerar:

A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir
que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para
liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.

86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición prorrogó
la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos
elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que
se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir
el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de servicios
y el monto de la pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la
Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un
elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base
de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino
como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas7.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las condiciones
para acceder a la pensión, es importante que ese cambio no resulte
traumático o desafortunado para aquellas personas que, si bien no
7
En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió hasta el 31 de
julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014, en el caso que los beneficiarios contaran
con 750 semanas de cotización o su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia
de dicho Acto Legislativo.
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alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, sí
estaban próximos a adquirir tal derecho y venían cotizando con la
confianza legítima que se pensionarían en las condiciones que los
cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en poder
conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la confianza y
la expectativa de los ciudadanos que están próximos a pensionarse, es
decir, garantizar el interés general sin sacrificar del todo el interés
particular. Es importante precisar que un cambio en el sistema de
pensiones necesariamente implica el establecimiento de requisitos y
condiciones, en principio, menos favorables, para adquirir la pensión, por
eso se requiere un periodo de transición que permita implementar de
manera ponderada y equilibrada el nuevo régimen, concretamente, para
aquellas personas que, bajo las condiciones legales anteriores, podrían
adquirir su pensión en un corto periodo de tiempo.

De acuerdo con la anterior normativa y la jurisprudencia citada, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y la sala de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el
legislador excluyó del régimen de transición la expectativa de las personas
beneficiarias de este de obtener su pensión con el ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen anterior al que se encontraban afiliadas al entrar en
vigor aquella; por ende, en virtud del principio de favorabilidad, la
correspondiente entidad de previsión social, al momento de la liquidación
pensional deberá determinar el ingreso base de liquidación que le fuera más
benéfico al pensionado, en la medida en que la Ley 100 de 1993 permite optar
por (i) el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hiciere falta entre la
entrada en vigor de la Ley 100 (1° de abril de 1994) y la adquisición del estatus
pensional, si fuere inferior a 10 años; (ii) el promedio de lo aportado durante
todo el tiempo, si el monto es superior, actualizado anualmente con el índice de
precios al consumidor (IPC); o (iii) el promedio de lo cotizado durante los
últimos 10 años, conforme al artículo 21 ibidem.

Ahora bien, para efectos de determinar los factores sobre los cuales se debieron
efectuar cotizaciones, cabe anotar que con el Decreto 691 de 1994,
reglamentario de la Ley 100 de 1993, se incorporaron el sistema general de
pensiones a los servidores públicos (i) de la rama ejecutiva del orden nacional,
departamental, municipal o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;
y (ii) del Congreso de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público,
la Fiscalía General de la Nación, la organización electoral y la Contraloría
General de la República; en cuyo artículo 6° se estableció el salario mensual
base para calcular las cotizaciones al sistema de tales servidores, modificado
13

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por el Decreto 1158 de 1994, que previó los siguientes factores sobre los que se
debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b) gastos de
representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de
antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor salarial; e)
remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g)
bonificación por servicios prestados.

Por otro lado, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la
pensión de jubilación por aportes a la que alude la presente demanda, la Sala se
remite a lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, que dispuso:

Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las
entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es
varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes
que correspondan a las entidades involucradas.

Conforme a la anterior norma, tendrán derecho a una pensión mensual vitalicia
de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado veinte
(20) años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de cincuenta
y cinco (55) años, si es mujer, y sesenta (60), si es hombre.

Cabe anotar que el precitado artículo 7° de la Ley 71 de 1988 fue reglamentado
por el Decreto 2709 de 13 de diciembre de 1994, que preceptúa:

Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere
el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación
por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir
60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten
en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.

14

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Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará
efectiva una vez se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se
requiere la desafiliación de los seguros de invalidez, vejez o muerte y
accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo las excepciones
previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La
pensión de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de
jubilación, invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador
podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación
por aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las
cajas de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces
del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o
distrital y al Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de
la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario
base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no
podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a
quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.

En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, el precitado artículo 8° del Decreto 2709 de 1994 lo establece en un
75% del salario base de liquidación, al paso que prevé expresamente que solo
podrá ser devengada por los servidores públicos al acreditar el retiro definitivo
del servicio.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) De acuerdo con cédula de ciudadanía, la accionante nació el 5 de septiembre
de 1957 (f. 31).

b) Acorde con certificación de períodos de vinculación laboral de 12 de junio
de 2019 de la secretaría de educación de Armenia (f. 28), la accionante prestó
sus servicios de la siguiente manera:

Entidad Cargo Desde Hasta
Secretaría de educación del Quindío Auxiliar 22/03/1979 31/12/1998

15

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administrativo
Secretaría de educación de Armenia Auxiliar 01/01/1999 16/07/2006
administrativo
Secretaría de educación de Armenia Docente 17/07/2006 Activa

c) Del certificado referido en la letra anterior, también se constata que la
demandante realizó sus aportes para pensión así:

Entidad a la cual se realizaron los aportes Desde Hasta
Caja Nacional de Previsión Social 22/03/1979 30/02/2001
Instituto de Seguros Sociales 01/03/2001 16/07/2006
Fiduprevisora 17/07/2006 Activa

d) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL», emanado del Fomag el 23 de mayo de 2019, que informa
que la educadora fue nombrada por medio de Resolución 856 de 2006, en
condición de docente del establecimiento Gustavo Rojas Pinilla, a partir del 17 de
julio de esa anualidad8 (f. 29 y 29 vuelto).

e) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
SALARIOS», elaborado el 12 de junio de 2019 por la precitada entidad, en el que
se evidencia que la docente permanecía activa en el servicio y del 1º de enero de
2011 al 31 de diciembre de 2012 devengó asignación básica, primas de navidad y
vacaciones y subsidio de alimentación (f. 30 y 30 vuelto).

f) Mediante Resolución 1933 de 17 de junio de 2016, el secretario de educación
de Armenia, en representación del Fomag, le reconoció a la demandante pensión
de vejez a partir «de la fecha que se produzca su retiro como docente de
[v]inculación MUNICIPAL – SITUADO FISCAL», con el «80% del promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales cotizó […] durante los últimos 10 años
anteriores al cumplimiento del [e]status de pensionad[a]» (sic), en el monto de
$1.063.911 (ff. 24 a 26).

g) Inconforme con la anterior decisión, la accionante interpuso recurso de
reposición al considerar que el «FNPSM – SEM» incurrió en error, toda vez que
no le «[…] tuvo en cuenta el tiempo de servicio como auxiliar administrativo para
efectos de aplicación del régimen de transición», resuelto por Resolución 369 de
10 de febrero de 2017, en el sentido de revocar el acto administrativo censurado
y, en su lugar, otorgó la prestación de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y

8
Hasta la fecha de expedición del certificado, la accionante no se había retirado del servicio oficial.
16

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797 de 2003, en cuantía de $1.063.911, a partir del 6 de septiembre de 2014, con
una tasa de reemplazo del 80% (ff. 20 a 22 vuelto).

Como corolario de lo anterior se tiene que la demandante (i) nació el 5 de
septiembre de 1957; (ii) prestó sus servicios, en condición de auxiliar
administrativa de la secretaría de educación del Quindío, del 22 de marzo de
1979 al 31 de diciembre de 1998 (19 años, 9 meses y 19 días); en la secretaría
de educación de Armenia, en el mismo cargo, entre el 1º de enero de 1999 y el
16 de julio de 2006 (7 años, 6 meses y 15 días); y en calidad de docente en el
referido ente municipal desde el 17 de julio de 2006 (activa para el 23 de mayo
de 2019); (ii) mediante Resolución 369 de 10 de febrero de 2017, la secretaría de
educación de Armenia (en representación del Fomag) revocó la Resolución 1933
de 17 de junio de 2016 (con la que se le había otorgado pensión de vejez, pero
sin incluir unos períodos trabajados) y, en su lugar, ordenó reconocer dicha
prestación a la actora de conformidad con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con una tasa de reemplazo del 80% de lo cotizado durante los últimos 10 años, a
partir del 6 de septiembre de 2014 (fecha de adquisición del estatus, al cumplir 57
años de edad).

En el asunto sub examine, la situación pensional de la accionante se rige por las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 (excepto la edad pensional, que es de 57),
dado que su ingreso al servicio educativo oficial (particularmente, en calidad de
docente) ocurrió con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003
(17 de julio de 2006), tal como se hizo en los actos administrativos acusados;
sin embargo, esta normativa no despojó a los docentes de la posibilidad de
acudir a otros regímenes anteriores que les resultaran más favorables, desde
luego, siempre que acrediten que son beneficiarios de la transición de que trata
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por tanto, lo primero que ha de advertirse es que la demandante está amparada
por el régimen de transición previsto en el citado artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que para el 30 de junio de 19959 tenía más de 35 años de edad (37);
y a la entrada en vigor del Acto legislativo 1 de 2005 (25 de julio de esa
anualidad) contaba con más de 750 semanas de cotización (133810).

Ahora bien, de los medios de convicción mencionados en precedencia, se

9
Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores
públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en
la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»
10
26 años, 4 meses y 3 días.
17

Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
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encuentra demostrado que el 5 de septiembre de 2012, esto es, cuando la
demandante cumplió 55 años de edad, contaba con 33 años, 5 meses y 14 días
cotizados en entidades de previsión social del orden nacional y en el ISS, es
decir, más de las dos (2) décadas que exige el artículo 7 de la Ley 71 de 1988,
motivo por el cual le asistiría el derecho a acceder a la pensión de jubilación por
aportes allí prevista, con una tasa de reemplazo del 75%.

No obstante, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, tal como se dejó
indicado en el acápite anterior, de acuerdo con las reglas de interpretación
fijadas tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, en el
inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el legislador excluyó del régimen
de transición la expectativa de las personas beneficiarias de este de obtener su
pensión con el ingreso base de liquidación que consagraba el régimen anterior
al que se encontraban afiliados al entrar en vigor aquella, por lo que se someten
al mandato contenido en aquel inciso y el artículo 21 ibidem, según
corresponda.

Así las cosas, dado que al 30 de junio de 1995 (fecha de entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 para los servidores territoriales) a la actora le faltaban más de
10 años para adquirir el estatus pensional, esta le debe ser calculada con el
promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, conforme al
artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Por ende, de concederle esta prestación le
sería menos favorable que la que actualmente recibe, en la medida en que el
IBL pensional que aquí procede sería igual, pero la tasa inferior (75%), lo que
sin duda la perjudicaría, al recibirla en un 80% del ingreso base.

Lo anterior, máxime cuando, en lo concerniente a la efectividad fiscal de la
pensión de jubilación, si bien esta Colegiatura ha precisado que no está
condicionada al retiro definitivo del servicio del profesor oficial11, la sala
mayoritaria, en reciente fallo12, modificó su criterio (del cual el consejero
ponente se ha apartado13) en cuanto a que dicha excepción «[…] se deriva […]

11
Ver de esta subsección, entre otros, fallo de 25 de marzo de 2021, expediente 76001-23-33-000-2013-00696-
01 (3698-2018), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter: «En este orden de ideas, se colige que si bien la letra g del
artículo 19 de la mentada Ley 4ª se refiere a las asignaciones que a la fecha de su entrada en vigor beneficiarían
a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de tal prerrogativa a aquellos maestros
que se jubilen con posterioridad, habida cuenta de que la norma hace alusión a las disposiciones que para esa
época favorecían a los profesores jubilados, interpretación que guarda armonía con la regulación aplicable y
vigente para los maestros a la promulgación de la Ley 4ª de 1992, razón por la cual no es dable condicionar
la pensión de jubilación del accionante al retiro del servicio […]».
12
Sentencia de 14 de agosto de 2020, expediente 15001-23-33-000-2015-00737-01 (4509-2017).
13
Ibidem, al estimar que «[…] resulta procedente acceder a la pretensión atañedera a la efectividad de la
pensión de jubilación, en el sentido de que no se debe condicionar su goce al retiro del servicio, dada la calidad
de docente oficial del departamento de Boyacá de la accionante […]», por cuanto aunque «El artículo 19 de la
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Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

de la exclusión de la Ley 100 de 1993, a donde […] se encuentran afiliados la
generalidad de los servidores públicos […]», por lo que «[…] la condición
particular del pensionado para ostentar un beneficio concreto derivado de la
ley debe analizarse respecto del régimen de donde se desprende su derecho
[…]». En consecuencia, en armonía con tal postura, la compatibilidad de la
asignación devengada como maestro y la pensión de jubilación, solo está
dirigida a los reconocimientos fundados en el régimen docente, situación que
tampoco la beneficiaría de aplicarle la Ley 71 de 1988, por transición de la Ley
100.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

Por último, comoquiera que quien se halla legalmente habilitado para ello
confirió poder en nombre de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se reconocerá
personería a la profesional del derecho destinataria de este14.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 30 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío (sala primera), que negó las súplicas de la demanda
en el proceso instaurado por la señora Aleyda Echeverry Luque contra la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

Ley 4ª de 1992 reprodujo la prohibición constitucional de que «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más
de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado», […] estableció, entre los casos exceptuados de
esta regla, las asignaciones «[…] que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados» (letra g); y de acuerdo con lo precisado por la sala de consulta y
servicio civil de esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 […] y la subsección A en fallo de
22 de noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000-2004-02695-01 (0133-10), C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero, si bien la letra g del artículo 19 de la mentada Ley 4ª se refiere a las asignaciones que a la fecha de
su entrada en vigor beneficiarían a los docentes oficiales pensionados, no quiere decir que se excluya de tal
prerrogativa a aquellos maestros que se jubilen con posterioridad, razón por la cual no es dable condicionar
el pago de la pensión de jubilación […] a la fecha de retiro del servicio […]».
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Memorial adjuntado en SAMAI.
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Expediente: 63001-23-33-000-2019-00111-01 (2648-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aleyda Echeverry Luque contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

del Magisterio (Fomag), conforme a la parte motiva.

2º. Reconócese personería a la abogada Yeinni Katherin Ceferino Vanegas, con
cédula de ciudadanía 1.014.263.207 y tarjeta profesional 290.472 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fomag, en los términos del poder conferido

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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