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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00125-01

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00125-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Aceptar el desistimiento parcial del recurso de apelación presentado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, frente a la pretensión relacionada con el régimen pensional del que es beneficiario Norberto García Torres. Segundo. Confirmar la sentencia del 14 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra Norberto García Torres, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias. Cuarto. Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina identificado con cédula de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la Ugpp, con las facultades y para los fines establecidos en el poder y la sustitución que se encuentran en SAMAI. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 44 Samai, índice 27. 25 Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021) Demandante: Ugpp Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33- 000-2020-00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado Electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 26

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2019-00125-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

18 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Norberto García Torres y Administradora Colombiana de
Pensiones2
Tema: Liquidación pensional - régimen de los empleados del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia de la Penitenciaria Nacional y del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario3

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 14 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Quindío, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. La Ugpp presentó demanda4, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1 En adelante Ugpp.
2 En adelante Colpensiones.
3 En adelante Inpec
4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “5ED_ACTUACIONES_1DEMANDAPODER(.PDF)

NroActua 2”.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución RDP 012261 del 15 de abril de 2014, que
reconoció la pensión de vejez a Norberto García Torres, de conformidad con el
régimen especial de los empleados del Inpec, de conformidad con la Ley 32 de
1986 por 20 años de servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que i) la devolución de las sumas percibidas por concepto del
reconocimiento de la pensión de vejez otorgada a Norberto García Torres; y ii) «el
reconocimiento de la pensión de vejez, en los términos de la resolución demandada, con
aplicación de la ley 32 de 1986 y el IBL del 75% de lo cotizado el último año de servicios.»

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Norberto García Torres nació el 4 de julio de 1956 y prestó sus servicios en el
Inpec.

3.2. Entre el 24 de marzo de 1982 y el 30 de junio de 2009 realizó aportes a Cajanal
y entre el 1° de julio de 2009 y el 31 de agosto de 2014 en el Instituto de Seguros
Sociales hoy Colpensiones

3.3. El último cargo que desempeñó fue el de dragoneante, código 4114, grado 11
en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Calarcá.

3.4. A través de la Resolución 002101 del 26 de junio de 2014, el Inpec le aceptó la
renuncia a partir del 31 de agosto de 2014.

3.5. La Ugpp mediante Resolución RDP 012261 del 15 de abril de 2014 le reconoció
y ordenó el pago de la pensión de vejez, de conformidad con la Ley 32 de 1986
por 20 años de servicio, para lo cual efectuó la liquidación con el 75% de lo
devengado entre el 1° de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2013, en cuantía
de $1.480.218 efectiva a partir del 1° de enero de 2014, pero supeditada retiro
definitivo del servicio, y con la inclusión de la asignación básica, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios prestados, prima de
navidad, prima de servicios y prima de vacaciones.

5 En adelante CPACA.

2

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 121, 122, 123 y 209 de la
Constitución Política; artículos 1, 96, 98, 114, de la Ley 32 de 1986, artículos 1, 2,
4, 6, 7, 11, de la Ley 2090 de 2003, artículo 168 del Decreto Ley 407 de 1994,
artículo 72 de la Ley 65 de 1993, Decreto 1853 de 1994, artículos 273, 279 de la
Ley 100 de 1993, artículo 2 del Decreto 2160 de 1992, y artículo 1 del Decreto 691
de 1994.

5. Asimismo, los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias C-258
de 2013, SU-230 de 2015 y T-109 de 2019 de la Corte Constitucional; y de
unificación del 28 de agosto de 20186 del Consejo de Estado. Así como aquellas
proferidas por la Sección Segunda en relación con los requisitos establecidos en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez con la
aplicación del régimen especial del Decreto 407 de 1992.

6. En cuanto al concepto de violación la Ugpp expuso lo siguiente7:

6.1. Elacto administrativo demandado fue expedido con desconocimiento del
ordenamiento jurídico porque si bien, de conformidad con el Decreto 2090 de 2003,
tenían derecho al régimen especial previsto en los artículos 96 de la Ley 32 de
1986 y 168 del Decreto 407 de 1994, los servidores del Inpec que cumplieran los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, el 1º de
abril de 1994 el demandado no contaba ni con la edad ni con el tiempo de servicios
exigidos en este. Por lo que «lo que los actos transgreden abiertamente la normatividad
citada. […] en cuanto a que no se exigió el número de semanas mínimas cotizadas de las
cuales 700 semanas debe efectuarse cotización especial. Por no ser beneficiario del
régimen de transición».

6.2. Asimismo, la prestación fue reconocida con el promedio de lo devengado
durante el último año de servicio, decisión que desconoció que según el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 el IBL no hace parte del régimen de transición.

6.3. De otra parte, la entidad de previsión que ostentaba la competencia para
efectuar el reconocimiento pensional era Colpensiones toda vez que Norberto

6
Proferida en el expediente con radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
7 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “5ED_ACTUACIONES_1DEMANDAPODER(.PDF)

NroActua 2”.

3

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

García Torres se afilió a esta «de conformidad con el traslado masivo de que trata el
Decreto 2196 de 2009». En ese sentido «[c]onsta en el expediente certificación de
información laboral que establece que el señor PULSARA a partir del 1 de JULIO de 2009
realiza aportes a pensión al ISS, hoy COLPENSIONES, y su [e]status lo cumplió en el año
2011 conforme al decto 2090 artículos 3 y 4, por lo que no es de aplicable el art. 3 del dcto
2196, pues para la entrada en vigencia de este decreto, cuando se hizo el traslado masivo
todavía no había cumplido los requisitos para consolidar su status» (sic).

1.2. Contestación de la demanda

7. 1.2.1. Norberto García Torres se opuso a la prosperidad de las pretensiones8 con
fundamento en las siguientes consideraciones:

7.1. El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no le
era aplicable, puesto que era acreedor del régimen pensional establecido en la Ley
32 de 1986.

7.2. La Corte Constitucional mediante sentencia C-663 de 2007 revisó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y concluyó
que el régimen de transición previsto en dicha norma es diferente al establecido en
la Ley 100 de 1993, por lo tanto, no era procedente exigir a los beneficiarios de
este los requisitos establecidos en la mencionada ley, pues se vulnerarían los
principios de inescindibilidad de la ley y favorabilidad en materia laboral.

7.3. Propusocomo excepciones las denominadas estricto cumplimiento a los
mandatos legales, y cobro de lo no debido por ser el demandado un poseedor de
buena fe.

Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones9 con
8. 1.2.2.
fundamento en las siguientes consideraciones:

8.1. En la demanda se pretende que Norberto García Torres reintegre los dineros
que le fueron pagados por concepto de las mesadas pensionales, por lo tanto,
Colpensiones no está legitimado en la causa por pasiva pues el acto acusado fue
proferido por la Ugpp.

8.2. Propuso como excepciones las denominadas falta de legitimación e

8 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“24ED_ACTUACIONES_20CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 2”.
9 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“19ED_ACTUACIONES_15CONTESTDDAVINCULADO(.PDF) NroActua 2”.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

inexistencia de la obligación demandada y prescripción.

1.3. La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia del 14 de mayo de 202010
negó las pretensiones de la demanda y como fundamento de su decisión señaló lo
siguiente:

9.1. De acuerdo con el parágrafo transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2005,
Norberto García Torres tenía derecho a la prestación de vejez de conformidad con
las normas que regulaban el régimen de alto riesgo con anterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 2090 de 2003, esto es, de conformidad con la Ley 32 de 1986.

9.2. En línea con lo anterior, al demandado le era aplicable en su integridad la
mencionada Ley 32, «por lo que, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 no lo es, pues el
acto legislativo […] aclaró de forma concreta lo anterior, y por esa razón, tampoco es
aplicable la regla jurisprudencial de interpretación sobre el IBL realizada por la Corte
Constitucional […] que fue ampliada para todas las normas anteriores a la Ley 100 de
1993 en la sentencia T-109 de 2019».

9.3. En cuanto a los factores que debían incluirse en la liquidación de la prestación,
«se deberá atender la remisión del artículo 114 de la misma Ley 32 de 1986, que señala
que en los aspectos no previstos en ella, se aplicarán las normas vigentes para los
empleados públicos nacionales, y no pudiendo se la Ley 33 de 1985 por estar
expresamente excluidos estos servidores de su ámbito es necesario acudir al Decreto
1045 de 1978».

9.4. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta
por Colpensiones, toda vez que Norberto García Torres adquirió el estatus
pensional el 23 de marzo de 2002, antes del traslado masivo al ISS ordenado por
el Decreto 2196 de 2009 [1° de julio de 2009], por lo que, de acuerdo con el artículo
156 de la Ley 1151 de 2007 y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013
le correspondía a la Ugpp efectuar el reconocimiento pensional.

9.5. Al demandado le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
vejez de acuerdo con el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, pues se vinculó al Inpec
antes de la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo.

10 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“36ED_ACTUACIONES_33SENTENCPRIMERINSTANCIA(.PDF) NroActua 2”.

5

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

1.4. El recurso de apelación

10. La Ugpp solicitó se revocara la sentencia de primera instancia11 con fundamento
en los siguientes argumentos:

10.1. El Decreto Ley 2090 de 2003, incluyó las labores del Inpec como actividades
de alto riesgo, y estableció un régimen de transición para acceder a la pensión con
los parámetros de la regulación anterior, para lo cual en el artículo 6 dispuso:
«quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado cuando
menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el
número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión,
esta les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores
que regulaban las actividades de alto riesgo. PARÁGRAFO. Para poder ejercer los
derechos que se establecen en el presente decreto cuando las personas se encuentren
cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición a los requisitos
especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.»

10.2. Por lo anterior, para el reconocimiento pensional en los términos de las normas
anteriores al Decreto 2090 de 2003, se debían cumplir los requisitos del régimen
de transición previstos, esto es: «i) acreditar al menos 500 semanas de cotización
especial (en actividades de alto riesgo); ii) cumplir el mínimo de semanas que exige la Ley
797 de 2003; y iii) adicionalmente cumplir los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Por ende, el régimen pensional del Inpec, anterior al Decreto 2090 de 2003, es el
Decreto 407 de 1994, que remitió a la fórmula pensional prevista en el artículo 96 de la
Ley 32 de 1986.»

10.3. Eldemandado no cumplió los requisitos establecidos en el mencionado
artículo 36 puesto que el 1° de abril de 1994, tenía 37 años de edad y 12 años de
tiempo de servicio; por tanto, no era beneficiario del régimen de transición en
materia pensional, lo que conlleva a que fuera acreedor del régimen pensional
establecido en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 100 de 1993. De acuerdo con lo
anterior, el demandando tiene derecho a que la pensión sea liquidada con el
promedio de las cotizaciones efectuadas en los últimos 10 años de servicio.

10.4. De otra parte, la entidad competente para el reconocimiento pensional era
Colpensiones, pues estuvo vinculado con posterioridad al Decreto 2090 de 2003,
y de conformidad con el traslado masivo de que trata el Decreto 2196 de 2009, es
a esa entidad a quien le compete el reconocimiento de la prestación; pues entre el

11 Samai, índice 2, expediente digital, archivo “40ED_ACTUACIONES_37APELACION(.ZIP)
NroActua 2”.

6

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

1° de julio de 2009 al 31 de agosto de 2014 realizó aportes a pensión al ISS hoy
Colpensiones, por lo que no le es aplicable lo establecido en el artículo 3 del
Decreto 2196 de 2009, pues a la fecha de su entrada en vigencia aún no había
cumplido requisitos para consolidar su estatus pensional.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La Ugpp presentó alegatos de conclusión12 en los que reiteró los
11. 1.5.1.
argumentos expuestos en la demanda y el recurso de apelación.

11.1. Asimismo, insistió en que la normatividad aplicable es el Decreto 2090 de
2003, que señala que el demandado debe cumplir con el requisito de 55 años de
edad y 1300 semanas de cotización de las cuales por lo menos 700 semanas
deben tener cotización especial, por lo que el demandado no tiene derecho al
reconocimiento pensional, pues si bien acredita más de 1.300 semanas exigidas
en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, solo hasta el 19 de septiembre de 2018
acreditó el requisito de 55 años de edad.

12. 1.5.2. Norberto García Torres presentó alegatos de conclusión13 en los solicitó
se confirmara la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío y se
condenara en costas a la entidad demandante, para lo cual reiteró los argumentos
de la contestación de la demanda.

13. 1.5.3. Colpensiones presentó alegatos de conclusión14 en los que solicitó que
se confirmara la sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Quindío del 14 de mayo de 2020, que negó las pretensiones de la demanda y
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
Colpensiones.

13.1. Asimismo,señaló que sobre las pretensiones de la demanda no tiene
conocimiento, pues no ha sido requerida por la Ugpp y tampoco por el demandado.

12 Samai, índice 19, archivo

“61_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 19”
13 Samai, índice 18, archivo

“60_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 18”
14 Samai, índice 17, archivo

“59_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 17”

7

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

1.6. El Ministerio Público

14. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. Cuestiones previas

2.1.1. Sobre el desistimiento del recurso de apelación

15. El artículo 316 del Código General del Proceso15, aplicable para la jurisdicción
de lo contencioso-administrativo en virtud de la remisión señalada en el artículo
306 del CPACA regula el desistimiento de ciertos actos procesales, entre ellos los
recursos interpuestos, en los siguientes términos:

«Artículo 316. Desistimiento de ciertos actos procesales. Las partes podrán desistir
de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos
procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto
de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante
el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso
no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo
que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los
siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén
vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de
forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas
y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres
(3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así
solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas
y expensas» (Subrayado por el despacho).

15 En adelante CGP.

8

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

16. Asimismo, del contenido del artículo 31516 ibidem se extrae que es necesario
para que proceda el desistimiento que el apoderado judicial de la parte que lo
solicita esté expresamente facultado para ello.

17. Es preciso señalar, que la Ugpp a través de escritura pública 139 del 18 de
enero de 202217, otorgó poder general a la firma Legal Assistance Group S.A.S, la
cual es representada legalmente por el abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina
identificado con cédula de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del
Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le reconocerá personería para actuar
en el presente proceso.

18. La Ugpp a través del subdirector general de defensa judicial de la entidad
confirió poder18 al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina para que desistiera del
recurso de apelación presentado en contra de la sentencia del 14 de mayo de 2020,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 63001-23-33-000-2019-00125, presentado por la Ugpp contra Norberto
García Torres, en el cual se solicitó la nulidad de la Resolución RDP 012261 del
15 de abril del 2014, mediante la cual la extinta CAJANAL le reconoció una pensión
de vejez al demandado.

19. Además, en el poder se indica que se otorga la facultad especial para desistir
del medio de control al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina, de acuerdo con el
lineamiento 224 de la Ugpp en el cual resolvió «acoger la recomendación efectuada
por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, en el sentido que, las
reclamaciones que en materia de pensión especial de vejez radiquen los miembros del
Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec vinculados antes de la entrada en vigencia del
Decreto Ley 2090 de 2003, deberán ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el
parágrafo transitorio 5o del Acto Legislativo 01 de 2005, sin que para el efecto sea
necesario acreditar las condiciones descritas en el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993».

16 «Artículo 315. Quiénes no pueden desistir de las pretensiones. No pueden desistir de las

pretensiones:
1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.
En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el
auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso
contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.
2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
3. Los curadores ad lítem».
17 Samai, índice 27, archivo
“67_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 27”
18 Samai, índice 30, archivo
“70_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2023111001110031_167(.pdf)
NroActua 30”

9

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

20. Posteriormente, el abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina presentó
desistimiento parcial19 contra la sentencia de primera instancia en relación con el
reconocimiento pensional y respecto de la liquidación de la prestación señala que
se requiere pronunciamiento judicial, en los siguientes términos:

«Así las cosas, conforme al lineamiento 224, se observa que el señor NORBERTO GARCÍA
TORRES, quien fue vinculado al Inpec antes del 28 de julio de 2003, razón por la cual
aplicaría la postura acogida por la entidad de ser beneficiario del Artículo 96 de la Ley
32 de 1986.

Sin embargo, es imprescindible señalar que la liquidación de la pensión efectuada en
el acto administrativo demandado con el 75% sobre un IBL conformado por el promedio
de lo devengado el último año de servicio, incluyendo los factores salariales de
asignación básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación de
servicios prestados, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, no se
ajusta a lo establecido en el lineamiento anterior, es decir, el demandado se encuentra
inmerso en las reglas exigidas en el numeral 2.1, por cuanto se vinculó al Inpec antes
del 28 de julio de 2003 y consolidó el derecho pensional en vigencia de Ley 100 de
1993), razón por la que, la prestación se debe liquidar con el promedio de lo devengado
en los 10 últimos años de servicio de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, incluyendo únicamente los factores de salario establecidos en el Decreto 1158
de 1994 y en los Decretos 446 de 1994 y Decreto 611 de 2007 siempre y cuando hayan
sido recibidos efectivamente por el demandado, tengan carácter remunerativo y sobre
los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.» (sic).

21. Por lo anterior, en consideración a que el abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina
solicitó desistimiento parcial del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, se aceptará la solicitud de desistimiento respecto del régimen aplicable
para el reconocimiento pensional del demandado, por lo tanto, esta Sala se
pronunciará sobre las normas aplicables para la liquidación de la prestación, que
fue controvertida en el recurso de apelación.

2.1. El problema jurídico

22. Consiste en determinar:

22.1. ¿SiNorberto García Torres tenía derecho a la liquidación de la pensión
especial de vejez, como exservidor del Inpec, con la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados durante el último año de servicios?

19 Samai, índice 33, archivo
“76_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20190012501NORBERTO(.pdf)
NroActua 33”

10

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Demandante: Ugpp

22.2. ¿Si Colpensiones era la entidad de previsión competente para reconocer la
pensión especial de vejez de la que es acreedor el demandado, por cuanto estuvo
vinculado a esta con posterioridad al Decreto 2090 de 2003, de conformidad con
el Decreto 2196 de 2009?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de los
empleados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)

23. La Ley 32 de 198620 reguló todo lo relativo al ingreso, formación, capacitación,
ascensos, traslados, retiros, administración y régimen prestacional del personal de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional. Esta ley, en su artículo 96 estableció
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la siguiente manera:

«Artículo 36. Pensión de jubilación. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional, tendrán derecho a gozar de la pensión de jubilación
al cumplir veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos al servicio de la Guardia
Nacional sin tener en cuenta su edad».

24. Luego, fue expedida Ley 65 de 199321, en la que se le otorgaron facultades
extraordinarias al gobierno nacional para dictar normas con fuerza de ley, entre otros
aspectos, sobre el régimen salarial, prestacional y pensional del personal de
seguridad del Inpec, oportunidad en la que el legislador precisó que las nuevas
disposiciones no podían desmejorar los derechos y garantías de quienes para ese
momento ya prestaban sus servicios al instituto.

25. En desarrollo de dichas facultades, el gobierno nacional expidió el Decreto 407 de
199422, norma que en su artículo 168 dispuso:

«Artículo 168. Los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional, que a la fecha de la vigencia del presente decreto se encuentren
prestando sus servicios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos establecidos en el artículo 96
de la Ley 32 de 1986. El tiempo de servicio prestado en la fuerza pública se tendrá en
cuenta para estos efectos.

Con relación a los puntos porcentuales de cotización, serán determinados por el Gobierno

20 «Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y vigilancia».
21 «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».
22«Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario».

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Demandante: Ugpp

Nacional.

Parágrafo 1o. Las personas que ingresen a partir de la vigencia de este decreto, al Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, tendrán derecho a una
pensión de vejez en los términos que establezca el Gobierno Nacional, en desarrollo del
artículo 140 de la Ley 100 de 1993 para las actividades de alto riesgo.

Parágrafo 2o. El personal Administrativo del Instituto se regirá por las normas
establecidas en la Ley 100 de 1993».

26. Así las cosas, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria del Inpec que, para el 21 de febrero de 1994 -fecha de entrada en
vigencia del Decreto 407 de 1994-, se encontraran prestando sus servicios a la
entidad tendrían derecho a gozar de la pensión de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

27. Cabe señalar que la Ley 100 de 1993, en su artículo 139, numeral 2, estableció
que el gobierno Nacional debía determinar cuáles eran las actividades de alto
riesgo que requerían de un tratamiento especial respecto del número de semanas
cotizadas y el monto de la pensión, y fue así como en el artículo 140 ibidem dispuso
lo siguiente:

«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos
requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el
trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a
cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad».

28. Este artículo, catalogó la actividad desarrollada por el Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria del Inpec como de alto riesgo y dispuso
nuevamente que será el gobierno nacional quien debía expedir un régimen para
este tipo de servidores, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un
número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.

29. En relación con los trabajadores que hacen parte de ese cuerpo, el artículo 126
del citado decreto señaló que «[e]l Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional está compuesto por Oficiales, Suboficiales, Dragoneantes, Alumnos y
los Bachilleres Auxiliares que presten el servicio militar en la Institución».

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Demandante: Ugpp

30. Al respecto, esta Sección señaló que, con fundamento en esta norma, era
evidente que las disposiciones contenidas en la Ley 100 «no se les aplican a los
trabajadores comprendidos en esa clasificación»23.

31. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas en el artículo 17, numeral 224, de la Ley 797 de 2003, que reformó
«algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993
y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales»,
expidió el Decreto 2090 de 200325, el cual en su artículo 2, numeral 7, enlistó como
actividad de alto riesgo para la salud del trabajador la desarrollada en el Inpec de
la siguiente manera:

«Artículo 2o. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:

[…]

7. En el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal
dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria,
durante el tiempo en el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en
las actividades antes señaladas en otros establecimientos carcelarios, con excepción
de aquellos administrados por la fuerza pública».

32. En los artículos 3 y 4 ídem se establecieron las condiciones y requisitos para
ser beneficiario de la pensión especial de jubilación, así:

«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima Media
con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en forma
permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior, durante el
número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial durante por lo

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2020,
radicado 20001-23-39-000-2015-00434-01(4589-18), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24 «Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150

numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República
de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que
laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las
condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y
criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas
de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el
equilibrio financiero del sistema
[…]»
25 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican

y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades».

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Demandante: Ugpp

menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán derecho a la
pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en el artículo
siguiente.

Artículo 4. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:

1. Haber cumplido 55 años de edad.

2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.

La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años».

33. El artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, dispuso un régimen de transición de la
siguiente forma:

«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1826 de la Ley 797 de
2003».

34. Sobre esta norma, corresponde realizar las siguientes precisiones:

35. i) El primer inciso de esta última norma fue declarado exequible de manera
condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-633 del 29 de
agosto de 200727, «en el entendido de que para el cómputo de las ‘500 semanas de
cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

36. ii)
El Decreto 2090 de 2003 estableció un régimen de transición para los
servidores públicos que ejercen actividades de alto riesgo, consistente en que

26 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
27 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado por lo menos 500 semanas,
tendrían derecho a que una vez cumplidas el mínimo de semanas cotizadas
exigidas en la Ley 797 de 200328, la pensión de jubilación les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

37. Al respecto, si bien el Decreto 2090 de 2003 dispuso requisitos para la transición
de un régimen pensional especial de riesgo y a su vez requisitos para ser
beneficiario del régimen de transición general, lo cierto es que esta corporación ha
señalado que la interpretación que más favorece al trabajador es la que permite la
aplicación preferente de la regla de transición de la norma especial. Sobre el
particular esta Subsección señaló:

«En criterio de la Sala, entender que a partir de la literalidad de la norma que el
régimen especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización
especial, exige para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los
requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado
y más gravoso, pues el señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas
[…].

Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que
se refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una
situación desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se
encontraba próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las
condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.

La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.

Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y
los cambios legislativos a través de un régimen de transición»29.

28 «Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas

se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta
llegar a 1.300 semanas en el año 2015».
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de marzo de 2021,

radicado 20001233900020140031801 (1362-16) M.P. César Palomino Cortés.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
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38. iii) En relación con el requisito de cumplir «el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión», esto es, que se debe atender lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 9 de la aludida Ley 797 que modificó el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, debe señalarse que de acuerdo con la
interpretación que ha realizado esta Corporación y la Corte Constitucional de la
norma, este requisito equivale a 1000 semanas de cotización bajo el entendido de
que es condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no
como un requisito para acceder al derecho pensional. Así se ha señalado30:

«La Sala debe precisar que la hermenéutica del inciso primero del artículo 6 del Decreto
2090 de 2003 en el que se fijan los requisitos o condiciones del régimen de transición
especial para actividades de alto riesgo, permite señalar: i) que son beneficiarios del
régimen de transición especial quienes a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en
vigencia del Decreto 2090 de 200331, hubieren cotizado cuando menos 500 semanas
en cualquier actividad que haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo; ii)
estas personas deben cumplir con “el número mínimo de semanas exigido por la Ley
797 de 2003 para acceder a la pensión”, esto es, un mínimo de 1000 semanas, como
lo establece el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Este mínimo de 1000
semanas de cotización debe entenderse como requisito necesario para ser
beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al derecho
pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6º».
(Resalta la Sala).

39. Así las cosas, se ha entendido que como el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
establece unos supuestos para la transición de un régimen especial y al mismo
tiempo para un régimen general, se debe dar la interpretación que más favorezca
al servidor, es decir, la que permite la aplicación preferente de la regla de transición
que le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de jubilación, con
fundamento en el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política, para lo cual se destaca el siguiente aparte de la mencionada
sentencia C-663 de 2007:

«en el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado
por ambos regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo
cierto es que al existir dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe
prevalecer a la luz de la Constitución aquel régimen que resulte más favorable y
benéfico para el trabajador involucrado, por tratarse de disposiciones
pensionales». [Se resalta]

30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017,
radicado 08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
31 Publicación en el Diario Oficial 45.262

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

40. Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 1950 de 2005 dispuso que a partir de la
entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, a los miembros del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen
de alto riesgo allí establecido; sin embargo precisó que «con anterioridad a dicha
fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón
de los riesgos de su labor, esto es, el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986,
para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes de conformidad con
el Decreto-ley 407 de 1994 en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1835 de 1994».

41. Por su parte, el parágrafo 5 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005,
estableció lo siguiente:

«Artículo 1. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:

[…]

Parágrafo transitorio 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley
100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último
decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes
ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese
entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse
cubierto las cotizaciones correspondientes. [Se resalta]

42. De acuerdo con lo anterior, bastaba con acreditar que la vinculación del servidor
del Inpec hubiese ocurrido con anterioridad al 28 de julio de 2003, fecha de entrada
en vigencia del Decreto 2090 de 2003, para que tenga derecho a las prerrogativas
señaladas en la Ley 32 de 1986.

43. En pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-012
de 2022, sostuvo lo siguiente:

«7.12 La Sala advierte que la interpretación que permite materializar los principios de
supremacía constitucional (artículo 4° Superior) y favorabilidad laboral (artículo 53
Superior) en el caso concreto es aquella que le da primacía al Acto Legislativo 01 de
2005, parágrafo 5° del artículo 1°, con base en el cual se aplica la Ley 32 de 1986 a los
funcionarios del Inpec que hubieren ingresado a la entidad antes de la entrada en
vigencia del Decreto Ley 2090 de 2003, es decir, el 28 de julio de 200332».

44. En consecuencia, los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia

32 «Sobre la fecha exacta en la que inició la vigencia del Decreto Ley, se destaca que su artículo 11

se refiere: “El presente decreto regirá a partir de su publicación […]” Y el Decreto Ley 2090 de 2003
fue publicado en el Diario Oficial 45.262 del 28 de julio de 2003».

17

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

Penitenciaria y Carcelaria del Inpec vinculados antes del 28 de julio de 2003, tienen
derecho a que la pensión de jubilación les sea reconocida en los términos
establecidos en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

2.3. Caso concreto

45. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

45.1. Norberto García Torres nació el 4 de julio de 195633 y laboró en el Inpec como
dragoneante, desde 24 de marzo de 1982 al 31 de agosto de 2014, lapso en el
cual acumuló un tiempo de servicio de 32 años, 5 meses y 7 días34.

45.2. A través de la Resolución 002101 del 26 de junio de 201435, expedida por la
directora general del Inpec, le fue aceptada la renuncia a partir del 31 de agosto
de 2014, del cargo que desempeñaba como dragoneante 4114, grado 11.

45.3. Certificados salarios desde el año 1994 hasta el 201336, proferido por la
coordinadora del grupo de tesorería del Inpec. Según estos, durante el último año
de servicios percibió asignación básica, las primas de navidad, de vacaciones y de
servicios, la bonificación por servicios y los auxilios de alimentación y transporte

45.4. Mediante la Resolución RDP 012261 del 15 de abril de 201437, la Ugpp le
reconoció pensión de vejez en aplicación de la Ley 32 de 1986 y el Decreto 407 de
1994, con el 75% del promedio de lo devengado entre el 1° de enero de 2013 y el
30 de diciembre de 2013, con la inclusión de los factores salariales de la asignación
básica, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificaciones por servicios
prestados, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones. La cuantía
de la prestación resultó en $1.480.218, efectiva a partir del 1º de enero de 2014;
con efectos fiscales a partir del retiro definitivo del servicio.

33 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“7ED_ACTUACIONES_3EXPEDIENTADTIVODDO(.PDF) NroActua 2” copia cédula de ciudadanía
visible a folio 108.
34 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“7ED_ACTUACIONES_3EXPEDIENTADTIVODDO(.PDF) NroActua 2” certificado información
laboral y Resolución 002101 del 26 de junio de 2014 visibles a folios 126 y 132.
35 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“7ED_ACTUACIONES_3EXPEDIENTADTIVODDO(.PDF) NroActua 2” visible a folio 132.
36 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“7ED_ACTUACIONES_3EXPEDIENTADTIVODDO(.PDF) NroActua 2” visible a folios 117 a 123.
37 Samai, índice 2, expediente digital, archivo
“7ED_ACTUACIONES_3EXPEDIENTADTIVODDO(.PDF) NroActua 2” visible a folios 103 a 105.

18

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

2.4. Análisis sustancial

46. Pararesolver el problema jurídico planteado es preciso señalar que en el
presente asunto no es objeto de controversia el régimen pensional aplicable a
Norberto García Torres, es decir, la Ley 32 de 1986 como fue reconocida la pensión
de vejez en el acto acusado, pues la Ugpp desistió parcialmente del recurso de
apelación frente al régimen que le aplicó al demandado.

47. En el recurso de apelación la entidad señaló que el demandando es beneficiario
del régimen pensional establecido en el Decreto 2090 de 2003 y la Ley 100 de
1993, por lo que no tenía derecho a que la pensión de vejez fuera liquidada
conforme con los requisitos de monto y tasa, establecido en normas anteriores;
sino que debía liquidarse de acuerdo con los factores salariales devengados
durante los últimos 10 años de servicio.

48. Ahora, en consideración a que el demandado ingresó al Inpec antes de la
vigencia del Decreto 2090 de 2003 tenía derecho al reconocimiento de la pensión
por cumplir con el tiempo de servicio en los términos del artículo 96 de la Ley 32
de 1986. Sin embargo, esta disposición nada estableció en relación con la forma
en la que esta debía liquidarse, por lo que se debe tener en cuenta que en el
artículo 114 ibidem se determinó que en los aspectos no previstos en la ley, se
aplicarían las normas vigentes para los empleados públicos nacionales, lo cual fue
reiterado en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994.

49. En ese orden, por virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 114 de
la Ley 32 de 1986, reiterada en el artículo 184 del Decreto 407 de 1994, en los
aspectos no previstos allí, debe acudirse a lo regulado en las normas vigentes para
los empleados públicos nacionales. De esta manera, el artículo 4 de la Ley 4ª de
1966 señala que «las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los
trabajadores de una o más entidades de Derecho Público, se liquidarán y pagarán
tomando como base el setenta y cinco por ciento (75 %) del promedio mensual obtenido
en el último año de servicios»38.

50. En ese sentido, con respecto a los factores salariales, tal como se indicó antes,
deben incluirse los previstos en el Decreto 446 de 1994, a saber: las primas de
navidad [artículo 2], de vacaciones [artículo 3] y de servicios [artículo 4], los
subsidios de transporte [artículo 13] y de alimentación [artículo 14], y la bonificación

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia proferidas el 22 de octubre de 2020, dentro del proceso con radicado 88001 23 33 000
2014 00006 01(4678-14); criterio reiterado en providencias del 4 de mayo de 2023 (1736-2017) y
del 22 de junio de 2023 (3466-2021).

19

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

por servicios prestados [artículo 18]39. Por el contrario, no constituyen factor salarial
la prima de riesgo [artículo 11] y el subsidio familiar [artículo 15].

51. Por lo expuesto, esta Subsección encuentra que el demandante tenía derecho
a que su pensión fuera reconocida como lo efectuó la entidad de previsión en el
acto demandado, esto es, con la inclusión de la asignación básica, las primas de
navidad, de vacaciones y de servicios, la bonificación por servicios y los auxilios
de alimentación y transporte, factores que fueron percibidos por el demandado
durante el último año de servicios, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

52. De otra parte, se advierte que el Tribunal Administrativo del Quindío concluyó
que toda vez que la normativa aplicable a los empleados del Inpec no estableció
los factores para la liquidación de la pensión de vejez, se debía aplicar el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978 dentro de los cuales se encuentran los incluidos por
la Ugpp en la liquidación de la pensión del demandado.

53. Al respecto, es preciso resaltar que si bien en la jurisprudencia del Consejo de
Estado se han aplicado los factores salariales señalados en el Decreto 1045 de
1978, a partir de la vigencia del Decreto 446 de 1994 se estableció el régimen
prestacional de los servidores públicos del Inpec, por lo tanto es procedente dicha
normativa para calcular el IBL40, como lo ha señalado esta Corporación en los
siguientes términos: «[…] De acuerdo con lo anterior, debido a que en el régimen
específico del Inpec no se estableció la forma en la que se debe liquidar la pensión, esta
Sala concluye que, para quienes son beneficiarios de la Ley 32 de 1986, el derecho
pensional se debe liquidar con el 75% del promedio mensual obtenido en el último año de
servicios con los factores establecidos en el Decreto 446 de 1994».

54. En tal sentido, se evidencia que en la liquidación realizada por la Ugpp no se
desconoció el régimen del cual es beneficiario Norberto García Torres, pues se
incluyeron los factores salariales previstos en el Decreto 446 de 1994, devengados
por el demandado. Así las cosas, se confirmará la sentencia apelada en ese
aspecto.

2.4.1. En cuanto a la competencia para el reconocimiento pensional

55. En el recurso de apelación la Ugpp reprochó la decisión del a quo de declarar
probada la excepción de falta de legitimación en la causa de Colpensiones, al
considerar que esta era la competente para efectuar el reconocimiento pensional

39 ibidem
40 Consejo de estado, sentencia del 22 de octubre de 2020, radicado: 88001-23-33-000-2014-

00006-01(4678-14)

20

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

pues el demandado estuvo vinculado con posterioridad al Decreto 2090 de 2003,
y de conformidad con el traslado masivo de que trata el Decreto 2196 de 2009, es
a esa entidad a quien le compete el reconocimiento de la prestación; pues entre el
1° de julio de 2009 al 31 de agosto de 2014 realizó aportes a pensión al ISS hoy
Colpensiones, por lo que no le es aplicable lo establecido en el artículo 3 del
Decreto 2196 de 2009, pues a la fecha de su entrada en vigencia aún no había
cumplido requisitos para consolidar su estatus pensional.

56. Al respecto, como se explicó, Norberto García Torres tenía derecho al
reconocimiento pensional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 32 de 1986 y
el Decreto 407 de 1994, al cumplir «veinte (20) años de servicio, continuos o
discontinuos al servicio de la Guardia Nacional sin tener en cuenta su edad». Por lo que,
acreditó las exigencias de este régimen el 24 de marzo de 2002, por cuanto se
vinculó al Inpec ese día de 1982 y prestó sus servicios de manera ininterrumpida
hasta el 31 de agosto de 2014.

57. Con el fin de resolver el cuestionamiento relacionado con la competencia de la
entidad de previsión, se encuentra pertinente el pronunciamiento efectuado por la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado41 en el que sostuvo que,
para reconocer y pagar las pensiones, la distribución de competencias asignadas
a la UGPP y a Colpensiones deberá ser entendida de la siguiente manera:

«a. Compete a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas personas que
antes del 1º de julio de 2009 adquirieron el derecho a la pensión, es decir, cumplieron
los requisitos de edad y número de semanas cotizadas o tiempo de servicios exigidos,
siempre y cuando estuvieran afiliadas en ese momento a Cajanal.

b. Compete también a la UGPP el reconocimiento de las pensiones de aquellas
personas que, estando afiliadas a Cajanal o a otras cajas, fondos o entidades públicas
autorizadas por el artículo 52 de la Ley 100 de 1993 para administrar pensiones en el
régimen de prima media, cumplieron el requisito de tiempo de servicios o número de
semanas cotizadas exigido por la ley, y se retiraron o desafiliaron del régimen de prima
media con prestación definida antes de la cesación de actividades de la respectiva caja,
fondo o entidad, para esperar el cumplimiento de la edad.

41
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 24 de febrero de 2020, radicación: 11001-03-06-000-2019-00198-00. M.P. Óscar
Darío Amaya Navas; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conflicto negativo de
competencias del 17 de febrero de 2021, radicación: 11001-03-06-000-2020-00244-00. M.P. Edgar
González López.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

c. En los demás casos, el reconocimiento y pago de las pensiones en el régimen de
prima media con prestación definida compete a Colpensiones, como administradora
general de dicho régimen en la actualidad».

58. En esa línea, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 12
de junio de 2020 concluyó42:

«42. Con base en lo anterior, se puede establecer que de conformidad con las reglas
establecidas por los artículos 6º del Decreto 813 de 1994, 1º del Decreto 2527 de 2000
y 3º y 4º del Decreto 2196 de 2009, la UGPP es competente para decidir sobre una
solicitud pensional, en los siguientes eventos:

i) Cuando el afiliado cumplió el estatus jurídico de pensionado antes del 1º de julio de
2009, fecha en que se efectuó el traslado de que trata el artículo 4º del decreto 2196
de 2009 (se entiende que debía estar afiliado a CAJANAL al momento de adquirir el
estatus).

ii) Cuando el afiliado cumplió los 20 años de servicio cotizados a CAJANAL sin tener la
edad, antes del 1º de julio de 2009 y si se retiró de esta a la espera de la edad y sin
haberse afiliado al ISS o al régimen de ahorro individual.

iii) Cuando el afiliado cotizante cumplió los 20 años de servicios con CAJANAL al 1º de
abril de 1994, pero no tenía para esa fecha el requisito de edad y este último lo reunió
antes del 1º de julio de 2009, sin importar que se haya afiliado al ISS, en cualquier
momento.

iv) Cuando el afiliado cumplió en su totalidad con el estatus jurídico de pensionado,
antes del 1º de abril de 1994 en CAJANAL, así se haya trasladado con posterioridad al
ISS.

43.Con base en la misma normativa, se puede determinar que COLPENSIONES es
competente para resolver la solicitud de reconocimiento pensional, cuando:

i) El afiliado completó 20 años de servicios cotizados con CAJANAL, pero cumplió el
requisito de la edad con posterioridad al 30 de junio de 2009 cotizando al ISS.

ii) El afiliado reunió el tiempo de servicios con CAJANAL, pero no tenía la edad estando
afiliado a dicha entidad, y se trasladó al ISS antes del 30 de junio de 2009, es decir,
previo del traslado masivo al ISS producto de la liquidación de CAJANAL.

iii) El afiliado cumplió con 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, pero a la entrada
en vigencia del sistema general de pensiones (1º de abril de 1994) no tenía la edad, y

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de junio de 2020, radicación: 88001-23-

33-000-2017-00040-01 (2116-18). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

cumplió la edad y adquirió el estatus jurídico de pensionado después del 30 de junio de
2009.

iv) El afiliado cumplió 20 años de servicios cotizados a CAJANAL, sin cumplir el
requisito de edad antes del 1º de abril de 1994, y se retiró de esta antes del 1º de julio
de 2009, por traslado voluntario al ISS, cumpliendo la edad estando afiliado a este
instituto, es decir, luego del 30 de junio de 2009.

v) Cuando el servidor público, en cualquier momento, se trasladó voluntariamente al
ISS y cumplió el estatus jurídico de pensionado cotizando con dicha entidad».

59. Así las cosas, para una mejor comprensión, la distribución de las competencias
asignadas a la UGPP y Colpensiones para decidir sobre una solicitud pensional
según las disposiciones previstas en la Ley 100 de 1993 quedarán así:

Competencia de la UGPP Competencia de Colpensiones
• Adquirió el estatus jurídico antes del 1° de - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió
julio de 2009. los 20 años de servicio cotizados a esa
• Al reunir 20 años de servicio cotizados a entidad, pero consumo el requisito de edad
Cajanal, antes del 1° de junio de 2009 se con posterioridad al 30 de junio de 2009,
retiró del servicio a la espera de cumplir el cotizando al ISS.
requisito de edad. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió
• Al 1° de abril de 1994, mientras estaba con el tiempo de servicio, pero no tenía la
afiliado a Cajanal cumplió los 20 años de edad y se trasladó voluntariamente al ISS
servicio, pero no cumplía con el requisito de antes del 30 de junio de 2009.
la edad y este último se consumó antes del - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió
1° de julio de 2009, sin importar que se haya los 20 años de servicio cotizados a esa
afiliado al ISS en cualquier momento. entidad, pero a la entrada en vigencia de la
• Antes del 1° de abril de 1994, mientras se Ley 100 de 1993 no tenía la edad y adquirió
encontraba afiliado a Cajanal adquirió el el estatus pensional después del 30 de junio
estatus pensional, así se haya trasladado de 2009.
con posterioridad al ISS. - Mientras estaba afiliado a Cajanal cumplió
los 20 años de servicio cotizados a esa
entidad, pero a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 no tenía la edad, se trasladó
voluntariamente al ISS antes del 30 de junio
de 2009 y cumplió la edad luego de esta
fecha.
• En cualquier momento se traslado
voluntariamente al ISS y cumplió el estatus
jurídico de pensionado cotizando a dicha
entidad.

60. Por lo expuesto, se advierte que en tanto Norberto García Torres adquirió el
estatus pensional el 24 de marzo de 2002, esto es, antes del 1° de julio de 2009,
de acuerdo con las reglas señaladas, era la Ugpp la entidad que ostentaba la

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Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

competencia para el reconocimiento pensional.

61. Por consiguiente, la Sala confirmará en su totalidad la sentencia proferida el 14
de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda y se declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva de Colpensiones.

2.4. Costas

62. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

63. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

64. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.

65. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

66. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas.

43
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

24

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

3. Reconocimiento de personería

67. Se reconocerá personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina identificado
con cédula de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del Consejo
Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la Ugpp, con las
facultades y para los fines establecidos en el poder que se encuentra en SAMAI. 44

4. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que procede confirmar la
sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Aceptar el desistimiento parcial del recurso de apelación presentado por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, frente a la pretensión relacionada con el
régimen pensional del que es beneficiario Norberto García Torres.

Segundo. Confirmar la sentencia del 14 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío que negó las pretensiones de la demanda presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra Norberto García Torres, de acuerdo con
lo expuesto en esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.

Cuarto. Reconocer personería al abogado Cristian Felipe Muñoz Ospina
identificado con cédula de ciudadanía 75.096.530 y tarjeta profesional 131.246 del
Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la Ugpp, con
las facultades y para los fines establecidos en el poder y la sustitución que se
encuentran en SAMAI.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

44
Samai, índice 27.

25

Radicado: 63001-23-33-000-2019-00125-01 (1418-2021)
Demandante: Ugpp

Sexto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-
000-2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

KGO

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